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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02779-00

Fecha
29 de mayo de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-02779-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por Gildardo Santos Chaparro contra la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas. 10 Al consultar SAMAI, en el índice 19 dentro del proceso No. 50001-23-33-000-2024-00302-01, se constató que la notificación se realizó mediante mensaje de datos enviado el 11 de septiembre de 2026 al correo del accionante jhonalex.garcia@gmail.com y santoschaparro1220@hotmail.com. 11 De conformidad con el artículo 205 del CPACA, modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021, la notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación”. En consecuencia, la notificación enviada el 11 de septiembre de 2025, se entiende surtida 2 días hábiles después, esto es, el 15 de septiembre de 2025. 7 de 8 Radicación: 11001-03-15-000-2026-02779-00 Demandante: Gildardo Santos Chaparro Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara improcedente ______________________________________________________________________________________________________________ SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra esta deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin12. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ Firmado electrónicamente ALBERTO MONTAÑA PLATA 12 secgeneral@consejodeestado.gov.co. 8 de 8

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02779-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

29 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

29 de mayo de 2026

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02779-00
Demandante: Gildardo Santos Chaparro
Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Inmediatez

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la sentencia de segunda instancia que revocó la
decisión de primera instancia que accedió a las pretensiones de una demanda de pérdida
de investidura.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Gildardo Santos
Chaparro contra la Sección Primera del Consejo de Estado.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 13 de abril de 2026 Gildardo Santos Chaparro, en nombre propio,
presentó acción de tutela contra la Sección Primera del Consejo de Estado,
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, con ocasión de
la Sentencia de 4 de septiembre de 2025, proferida por la autoridad judicial
accionada dentro del proceso de pérdida de investidura No. 50001-23-33-
000-2024-00302-01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“PRIMERO: AMPARAR mis derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, por DESCONCIMIENTO DEL
PRECEDENTE, solicito DEJE SIN EFECTOS la sentencia proferida el cuatro (4) de
septiembre de dos mil veinticinco (2025) por la Sección Primera del Consejo de
Estado, dentro del proceso de pérdida de investidura con radicado 50001-23-
33- 000-2024-00302-01.

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02779-00
Demandante: Gildardo Santos Chaparro
Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________

TERCERO: ORDENAR a la Sección Primera del Consejo de Estado que profiera
una nueva sentencia de segunda instancia en el referido proceso, que resuelva
el recurso de apelación de manera congruente con el precedente judicial
vinculante y reiterado en materia de conflicto de intereses, garantizando la
supremacía del interés general y la moralidad pública.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:

4. 1) El 27 de octubre de 2019, en el marco de las elecciones de
autoridades territoriales, Farley Carvajal Rey fue elegido concejal para el
municipio de Acacías (Meta) para el período 2020-2023 en representación
del partido político Cambio Radical, quien tomó posesión de dicho cargo el
2 de enero de 2020.

5. 2) El 3 de enero de 2020, los concejales eligieron a Leidy Alexandra
Romero Ureña como secretaria general del concejo municipal para el
período 2020-2023. Entre los candidatos a dicho cargo se encontraba Wilder
Nodier Urbano Rozo, quien también fue candidato al concejo municipal de
Acacías (Meta) en las elecciones territoriales por la lista de partido Cambio
Radical, es decir, que hacía parte de la lista junto con el concejal electo
Farley Carvajal Rey.

6. 3) El 13 de septiembre de 2024, Gildardo Santos Chaparro presentó
demanda bajo radicado No. 50001-23-33-000-2024-00302-00, en ejercicio del
medio de control de pérdida de investidura en contra del concejal Farley
Carvajal Rey por violar el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y
conflicto de intereses previsto en el artículo 11, numeral 14 de la Ley 1437 de
20112, debido a que el señor Carvajal Rey no realizó ninguna manifestación
de impedimento para participar en la sesión llevada a cabo el 3 de enero
de 2020, pese a que conocía y admitió que el señor Urbano Rozo fue su
compañero de lista al concejo.

7. 4) Mediante Sentencia de 7 de noviembre de 2024, el Tribunal
Administrativo de Meta decretó la pérdida de investidura del concejal Farley
Carvajal Rey al encontrar acreditados los elementos objetivo y subjetivo de
la causal de violación al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y
conflicto de intereses previsto en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136
de 1994 y el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000.

2 “ARTÍCULO 11. Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación. Cuando el interés general propio

de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá
declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar
investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su
impedimento por:
(…)
14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas o integradas
también por el interesado en el período electoral coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los
dos períodos anteriores.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02779-00
Demandante: Gildardo Santos Chaparro
Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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8. Sobre el elemento objetivo, se acreditó que el demandado participó
en la sesión de 3 de enero de 2020 en la que se realizó la entrevista y elección
del secretario general del concejo, sin declararse impedido, pese a que
entre los aspirantes se encontraba Wilder Nodier Urbano Rozo, quien integró
la misma lista del partido cambio radical junto con el demandado en las
elecciones de 27 de octubre de 2019, configurándose así la causal de
impedimento del numeral 14 del artículo 11 del CPACA. En esa medida,
desestimó el argumento de la supuesta renuncia verbal del señor Urbano
Rozo a su candidatura como concejal, toda vez que las pruebas
demostraron que él participó efectivamente en los comicios y obtuvo 442
votos.

9. En relación con el elemento subjetivo, la autoridad judicial determinó
que la conducta fue cometida a título de culpa grave, dado que el
demandado, en su condición de abogado, tenía mayor capacidad para
conocer la normativa aplicable, no solicitó asesoría ni conceptos sobre su
situación particular, y no acreditó haber actuado bajo buena fe calificada
sustentada en error invencible.

10. 5) Farley Carvajal Rey presentó recurso de apelación contra la anterior
decisión y señaló que, si bien podría considerarse que objetivamente
estaban cumplidos los presupuestos de la causal, existía una circunstancia
particular que desvirtuaba el elemento subjetivo, pues, el señor Urbano Rozo
había sido amenazado de muerte, lo que lo llevó a renunciar verbalmente
a su candidatura ante directivos del partido cambio radical el 21 de octubre
de 2019, generándole la convicción de que no participó en las elecciones.

11. Con base en ello, sostuvo que no tenía ningún interés en beneficiarlo,
lo que quedaba demostrado con la calificación de 6.3 que le otorgó, siendo
la segunda más baja entre los 7 aspirantes, mientras que a la ganadora le
asignó un puntaje de 8.0. Agregó que su actuación fue transparente, pues
él mismo anunció en la sesión que el señor Urbano Rozo había sido su
compañero de lista, lo que descartaba cualquier ocultamiento. Finalmente,
cuestionó que se le reprochara no haber solicitado asesoría jurídica, cuando
para esa fecha el concejo aún no contaba con asesor jurídico, quien solo
fue contratado a finales de enero de 2020.

12. 6) La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante Sentencia de
4 de septiembre de 2025, revocó la decisión de primera instancia. La Sala
reconoció que las circunstancias fácticas encuadraban en principio en la
causal de impedimento del numeral 14 del artículo 11 del CPACA, sin
embargo, precisó que el concejal logró desvirtuar la existencia del interés
directo, particular y actual mediante la prueba de la calificación que otorgó
a los aspirantes, en la que le asignó a su compañero de lista la segunda
calificación más baja entre los 7 participantes, mientras que otorgó el

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02779-00
Demandante: Gildardo Santos Chaparro
Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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puntaje más alto a Leidy Alexandra Romero Ureña, quien finalmente resultó
elegida como secretaria general. Adicionalmente, el hecho de que el señor
Urbano Rozo no fuera elegido y que la calificación que recibió no influyera
en su designación, reforzó la inexistencia de un interés en su favor. Por ende,
acreditada la inexistencia del interés directo, no se configuró la causal de
pérdida de investidura.

13. Como fundamento de la vulneración, la parte actora argumentó que
la autoridad judicial accionada incurrió en un desconocimiento de
precedente.

14. El accionante alegó el desconocimiento del precedente horizontal de
la Sección Primera del Consejo de Estado en lo concerniente al propósito
ético de la pérdida de investidura, desarrollado en la sentencia CE-Sección
Primera-44001-23-40-000-2020-00030-01(PI), así como la relevancia jurídica
del precedente en esta clase de procesos, conforme con lo señalado en la
sentencia CE-11001-03-15-000-2017-00632-01(AC).

15. En sustento de lo anterior, el accionante relacionó diversas
sentencias3, proferidas por la Sección previamente mencionada, en las que,
a su juicio, se resolvieron supuestos fácticos análogos al debatido en la
providencia censurada. En dichas decisiones, la Sección confirmó la
declaratoria de pérdida de investidura al haberse acreditado la vulneración
del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses
previsto en el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437 de 2011. Con ello,
pretendió demostrar que la Sección ha mantenido una línea decisional
uniforme, según la cual, cuando un concejal participa en un acto de
elección, en ejercicio de sus funciones, respecto de un candidato con quien
compartió lista en elecciones populares, y omite declararse impedido,
procede la declaratoria de pérdida de investidura.

16. Finalmente, el accionante invocó las Sentencias SU-501 de 2015 y T-
086 de 2007 de la Corte Constitucional, en las cuales se calificó el
desconocimiento del precedente judicial como una violación directa de la
Constitución y, a su vez, como un defecto sustantivo, respectivamente.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados4

17. La Sección Primera del Consejo de Estado5 expuso que se apartó de
la posición predominante de la sala con una carga argumentativa

3 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 6 de marzo de 2025. Radicado No. 2024-00321-01, Sentencia

de 2 de mayo de 2025. Radicado No. 2024-00502-01, Sentencia de 24 de julio de 2025. Radicado No. 2024-01329-
02 y Sentencia de 27 de noviembre de 2025. Radicado No. 2024-00175-02
4 Mediante Auto de 16 de abril de 2026, el despacho ponente resolvió (1) admitir la acción de tutela de la

referencia, (2) tener como demandado a la Sección Primera del Consejo de Estado, y (3) vincular al Tribunal
Administrativo de Meta y a Farley Carvajal Rey, como terceros con interés en el asunto.
5 Índice 13 de SAMAI.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02779-00
Demandante: Gildardo Santos Chaparro
Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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suficiente y transparente, de conformidad con lo previsto en la Corte
Constitucional en la Sentencia T-024 de 2024, mediante la cual indicó que,
en este caso, a diferencia de otros, el concejal sí aportó prueba que
desvirtuaba su interés, que fue la baja calificación otorgada a su
compañero de lista. La diferencia fáctica determinante: en un caso
análogo del 6 de marzo de 2025, la defensa no desvirtuó el conflicto de
intereses, mientras que en este sí lo hizo.

18. Advirtió que la presente acción de tutela no superó el requisito de
inmediatez. Para ello explicó que la sentencia atacada fue notificada por
estado el 15 de septiembre de 2025 y la acción de tutela fue radicada el 13
de abril de 2026, es decir, que ya había transcurrido más de 6 meses sin que
el accionante hubiera explicado las razones de su inactividad.

19. De conformidad con todo lo expuesto, solicitó declarar improcedente
la acción de tutela de la referencia, por no cumplir el requisito de inmediatez
y, de manera subsidiaria, que se negara la acción de tutela por no
configurarse el desconocimiento del precedente.

20. Agregó que la providencia cumplió la carga argumentativa de
transparencia y suficiencia exigida por la Corte Constitucional en la
Sentencia T-024 de 2024 para apartarse del precedente.

21. Farley Carvajal Rey6 allegó un escrito en el que sostuvo que el
accionante realmente buscaba reabrir un debate surtido en las instancias
ordinarias y obtener una valoración jurídica diferente a la que dio el órgano
de cierre.

22. Además, señaló que, desde la expedición de la sentencia de 4 de
septiembre de 2025 hasta la radicación de la solicitud de amparo
transcurrieron 7 meses y 12 días, término que superó el periodo prudencial
de 6 meses para acudir a la acción de tutela. Agregó que, por tratarse de
una sentencia de segunda instancia, esta quedó en firme al momento de
que fue proferida sin que hubiera lugar a correr términos de notificación.

23. Aunado a lo anterior, defendió la sentencia cuestionada, en tanto
señaló que fue proferida con pleno rigor jurídico por un órgano colegiado,
con argumentación detallada que explicó por qué su caso era diferente al
de otros concejales, diferencia que radicaba en la prueba de las
calificaciones que él otorgó en el proceso de selección del secretario
general. En consecuencia, solicitó que se declarara improcedente la acción
de tutela de la referencia.

6 Índice 14 de SAMAI.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02779-00
Demandante: Gildardo Santos Chaparro
Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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24. El Tribunal Administrativo de Meta7, a pesar de haber sido notificado
en debida forma, guardó silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.2.
Conclusión.

2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

25. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por no
superar el requisito de inmediatez, por los motivos que pasan a explicarse:

26. La Corte Constitucional8 ha sostenido que, aunque la acción de tutela
no tiene un término de caducidad, la misma debe presentarse dentro de un
“término razonable y proporcionado”, contado a partir del hecho u omisión
generadora de la vulneración o amenaza de derechos fundamentales,
pues, de no ser así, se afectaría la seguridad jurídica, los derechos de
terceros, e incluso, se desnaturalizaría la acción misma. Aunado a ello, en
relación con la acción de tutela contra providencias judiciales, se
comprometería la cosa juzgada y la firmeza de las decisiones judiciales, por
lo cual, según la Corte, aquí, el examen de inmediatez debe ser más estricto.

27. En ese orden, la Corte Constitucional ha señalado que el estudio y
análisis de la inmediatez se debe efectuar a partir del concepto de
razonabilidad, (se trascribe) “teniendo en cuenta las particularidades de
cada caso concreto”.

28. Por su parte, la Sala Plena de esta Corporación, mediante Sentencia
de unificación de 5 de agosto de 20149, estableció, como regla general, que
el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo máximo de 6 meses
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la providencia objeto de
reproche constitucional. No obstante, al igual que la Corte Constitucional,
sostuvo que (se trascribe) “en cada caso concreto deberá evaluarse este
requisito a fin de que no se desvirtúe la razón de ser de la acción de tutela”.

29. Para estudiar o valorar la inmediatez en concreto y establecer si la
acción es procedente, se ha considerado que el plazo oportuno es de 6
meses, salvo que, según la Corte Constitucional, se configuren alguna de
estas circunstancias, que no son taxativas, en el caso sometido a revisión: (1)
el accionante presente razones válidas para su tardanza en presentar la

7 Índice 7 de SAMAI.
8 Sentencia SU-018 de 2018.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de unificación por importancia
jurídica de 5 de agosto de 2014. Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02779-00
Demandante: Gildardo Santos Chaparro
Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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acción constitucional, (2) que a pesar del paso del tiempo, la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales continúe y sea actual o (3) que la
exigencia de la interposición de la acción en un término razonable resulte
desproporcionada, dadas las circunstancias de debilidad manifiesta en la
que se encuentra el demandante.

30. En el presente caso, la solicitud de amparo está orientada a que se
dejen sin efectos la Sentencia de 4 de septiembre de 2025, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, dentro del proceso de pérdida de
investidura No. 50001-23-33-000-2024-00302-01.

31. Ahora bien, se tiene que entre la fecha de notificación de la sentencia
enjuiciada (15 de septiembre de 202510) y la presentación de la acción de
tutela (13 de abril de 2026) transcurrieron 6 meses y 28 días11, por lo que el
plazo que trascurrió no resultó ser razonable.

32. Por último, es preciso poner de presente que la parte actora no
demostró estar en una situación de debilidad manifiesta o que le impidiera
acudir oportunamente ante el juez de tutela con el fin de cuestionar la
providencia por medio de la cual la autoridad judicial accionada negó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.2. Conclusión

33. Tras corroborar que no se superó el requisito de inmediatez, la Sala se
abstendrá de pronunciarse sobre los demás requisitos de procedibilidad y
declarará la improcedencia de la acción de tutela.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada
por Gildardo Santos Chaparro contra la Sección Primera del Consejo de
Estado, por las razones expuestas.

10 Al consultar SAMAI, en el índice 19 dentro del proceso No. 50001-23-33-000-2024-00302-01, se constató que la

notificación se realizó mediante mensaje de datos enviado el 11 de septiembre de 2026 al correo del accionante
jhonalex.garcia@gmail.com y santoschaparro1220@hotmail.com.
11 De conformidad con el artículo 205 del CPACA, modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021, la

notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío
del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación”. En consecuencia, la
notificación enviada el 11 de septiembre de 2025, se entiende surtida 2 días hábiles después, esto es, el 15 de
septiembre de 2025.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02779-00
Demandante: Gildardo Santos Chaparro
Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra esta deberán dirigirlo, dentro del término legal,
al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin12.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

12 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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