Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-00632-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ausencia de configuración de causales de procedencia del recurso extraordinario de revisión
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-00632-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2017-00632-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
17 de mayo de 2018
AUSENCIA DE CONFIGURACIÓN DE CAUSALES DE PROCEDENCIA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD
[E]n la providencia de primera instancia el a quo declaró desconocido el requisito de la subsidiariedad, bajo el argumento de que en tanto el actor alegó que en el proceso de pérdida de investidura hubo una vulneración del debido proceso por falta de análisis de la culpabilidad, esto se traducía en una “falta de congruencia interna en la sentencia acusada”, lo que configuraba una causal de nulidad y en tal razón era obligatorio que el accionante hubiese interpuesto el recurso extraordinario de revisión, del que no hizo uso. Para la Sala dicho argumento no es de recibo, habida cuenta de que el principio de congruencia de la sentencia supone que los fallos judiciales deben estar acorde con los hechos y las pretensiones esgrimidas en la demanda, lo de ninguna manera significa que el hecho de que una autoridad judicial desconozca un precedente constitucional, implique que el fallo es incongruente. (…) no solo no se vislumbra ninguna nulidad, declarada o aparente, en la sentencia objetada que hiciere procedente el recurso extraordinario de revisión en el caso, sino que tampoco se advierte la configuración de alguna de las causales enumeradas para este efecto en el artículo 250 del CPACA , norma aplicable al caso, lo que reafirma que el actor no cuenta con recursos adicionales para controvertir las decisiones que considera lesivas de sus derechos fundamentales, por lo que la Sala declarará cumplido el requisito de la subsidiariedad.
FUENTE FORMAL: LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 10
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE / ANÁLISIS DEL ELEMENTO SUBJETIVO EN PROCESO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA - Carácter obligatorio / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO
[L]a Sala pudo verificar que la sentencia SU-424 de 2016 fue publicada en la relatoría de la Corte Constitucional el 18 de noviembre de 2016, esto es, 2 meses y 29 días antes de la expedición del fallo objetado de la Sección Primera del Consejo de Estado de 16 de febrero de 2017, por lo que para la Sala no es de recibo el argumento de la autoridad demandada, según el cual dicha sentencia de unificación no constituía precedente en el caso, por cuanto los hechos que fundamentaban la acción de pérdida de investidura habían ocurrido con anterioridad a la expedición de la sentencia supuestamente desconocida. (…) el precedente constitucional emanado de la sentencia Su-424 de 2016 impone que el juez de pérdida de investidura, una vez verifique la configuración de la causal alegada, examine si en el caso particular se configura el elemento de culpabilidad (dolo o culpa), y si existe alguna circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, en tanto, por tratarse de un juicio sancionador, no puede operar bajo un sistema de responsabilidad objetiva. (…) De la lectura de la providencia objetada, la Sala advierte que en la misma no se hizo alusión al precedente constitucional precitado, ni se consignó un acápite específico sobre el análisis del elemento subjetivo de la culpabilidad en la configuración de la causal invocada para retirar la investidura del accionante, mismo que debía ser observado por la autoridad judicial demandada, por lo que se observa una vulneración al derecho fundamental al debido proceso.
NOTA DE RELATORÍA: Con salvamento de voto del consejero Milton Chaves García. En cuanto a la relevancia de los precedentes emanados por la Corte Constitucional, en especial los derivados en las sentencias de unificación de tutela, consultar las sentencias SU-230 de 2015 y SU-611 de 2017, de la Corte Constitucional. Sobre el análisis del juicio subjetivo en los procesos de pérdida de investidura, consultar la sentencia SU-424 de 2016, de la Corte Constitucional y la sentencia de unificación de 27 de septiembre de 2017, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, exp. 11001-03-15-000-2014-03886-00(PI) C.P. Alberto Yepes Barreiro de esta Corporación.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2017-00632-01(AC)
Actor: FERNANDO ANTONIO PINEDA TAMAYO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por el actor, a través de apoderado judicial, contra la sentencia dictada el 22 de mayo de 2017, por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, dentro de la acción de tutela de la referencia, en la que declaró improcedente el amparo solicitado por el accionante.
ANTECEDENTES
Hechos
El actor afirma que fue elegido como concejal del municipio de Pereira para el periodo 2012-2015, y que, en calidad de presidente de esa corporación, celebró un contrato para la impresión y entrega de boletines sobre la gestión realizada por esa corporación, por valor de $9.450.000.
Indicó que en atención a esto, el señor Daniel Silva Orrego solicitó la pérdida de su investidura ante el Tribunal Administrativo de Risaralda, argumentando que los boletines tenían como objetivo promocionar su imagen, lo que vulneraba las prohibiciones del artículo 10, incisos 3 y 4 de la Ley 1474 de 2011 –estatuto anticorrupción- y configuraba la causal de pérdida de investidura por “indebida destinación de recursos públicos”, de conformidad con los artículos 55, numeral 3, de la Ley 136 de 1994 y 48, numeral 4, de la Ley 617 de 2000.
Sostuvo que el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia de 21 de septiembre de 2015, decretó la pérdida de su investidura como concejal del municipio de Pereira, sin analizar el aspecto subjetivo de su conducta, pese a que ese fue uno de los argumentos de la defensa.
Refirió que inconforme con dicha decisión, presentó recurso de apelación en el que solicitó el análisis subjetivo de su conducta y relacionó la sentencia SU-424 de 2016 de la Corte Constitucional, que, alega, estableció que en estos casos el juez contencioso administrativo debe analizar la culpabilidad de manera subjetiva, so pena de la violación al debido proceso.
Relató que la Sección Primera del Consejo de Estado, a través de sentencia de segunda instancia de 16 de febrero de 2017, confirmó la pérdida de investidura, sin hacer el análisis subjetivo de la culpabilidad, ni pronunciarse sobre la mencionada sentencia de unificación.
Fundamentos de la acción
El demandante considera vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso, a la participación política y al ejercicio de cargos y funciones públicas, con la sentencia de segunda instancia de 16 de febrero de 2017, emanada de la Sección Primera del Consejo de Estado, pues, considera, incurre en defecto sustantivo como consecuencia del desconocimiento del precedente establecido en la sentencia SU-424 de 11 de agosto de 2016 de la Corte Constitucional, que, alega, estableció que al momento de realizar el análisis del caso concreto para resolver los casos de pérdida de investidura, el juez debe tener en cuenta todas las garantías que establece un proceso sancionatorio, dentro de las cuales se encuentra no solo la revisión de las causales objetivas de la inhabilidad, sino que, además, se debe atender al carácter subjetivo de la conducta desplegada.
Pretensiones
“1. Por todo lo anterior, solicito al señor Juez, TUTELAR los Derechos Constitucionales Fundamentales a la IGUALDAD, DERECHO AL TRABAJO, DEBIDO PROCESO, A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA, AL EJERCICIO DE CARGOS Y FUNCIONES PÚBLICAS, al incurrir en un vicio de defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial y jurisprudencial SU 424-2016.
2. En consecuencia, le pido al H. Juez Constitucional de tutela DEJAR SIN EFECTOS las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 21 de septiembre de 2015 “que decretó la pérdida de investidura del concejal del municipio de Pereira Fernando Antonio Pineda Tamayo”, y la proferida por la Sección Primera – Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 16 de febrero de 2017, en el proceso radicado 66001-2333-3002-2015-00293-01 (PI)”.
Pruebas relevantes
En el expediente reposa copia de los fallos de 21 de septiembre de 2015 y 16 de febrero de 2017, proferidos por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Plena de Decisión, y el Consejo de Estado, Sección Primera, respectivamente, dentro del proceso de pérdida de investidura Nº 66001-2333-3002-2015-00293-01 seguido en contra del actor.
Oposición
5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Risaralda
El Magistrado ponente de la sentencia de 21 de septiembre de 2015 contestó la acción, en escrito en el que solicitó que no se accediera a las pretensiones por cuanto, señaló, la sentencia acusada se adoptó con base en el análisis ponderado de la normatividad aplicable, frente a la que se observó que el accionante, en su calidad de presidente del Concejo Municipal de Pereira, incurrió en la prohibición consagrada en el artículo 10 de la Ley 1474 de 2011 -estatuto anticorrupción- y en la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos.
Afirmó que en la sentencia objetada no se hizo mención a la sentencia SU-424 de 2016 de la Corte Constitucional, por cuanto para ese momento no había sido proferida, motivo por el cual no se incurrió en vulneración de precedente constitucional alguno.
5.2. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Primera
La Consejera ponente de la sentencia de 16 de febrero de 2017, se opuso a las pretensiones de la demanda, luego de señalar que la sentencia SU-424 de 2016 de la Corte Constitucional fue proferida con posterioridad a los hechos que dieron lugar al proceso de pérdida de investidura, motivo por el cual, considera, la Sección Primera del Consejo de Estado no estaba obligada a realizar pronunciamiento alguno en relación con esta.
Sostuvo que, adicionalmente, la sentencia de la Corte Constitucional antes referida no constituye precedente jurisprudencial, en la medida en que en ella se analizaron sentencias de pérdida de investidura de representantes a la cámara que tenían vínculos de parentesco con funcionarios que ejercían autoridad civil o política, es decir, la prohibición contenida en el numeral 5º del artículo 179 de la Constitución Política, mientras que en la sentencia acusada se estudió la causal de pérdida de investidura de concejales denominada indebida destinación de dineros públicos, contenida en el numeral 4º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, por lo que las situaciones fácticas y jurídicas de las dos providencias no son equiparables.
6. Sentencia de tutela impugnada
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, mediante providencia de 22 de mayo de 2017, declaró improcedente la acción de tutela impetrada por el actor, luego de considerar que en la misma no se encontraban superados los requisitos generales de procedibilidad.
A esta conclusión llegó luego de determinar que, de acuerdo con el artículo 250 del CPACA, una de las causales de la procedibilidad del recurso extraordinario de revisión es la “nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”, la cual, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, comprende la violación al debido proceso –artículo 29 de la Constitución Política- y el vicio de incongruencia interna y/o externa de la sentencia.
Que en tal razón, y en tanto la cuestión constitucional objeto de tutela derivaba de la supuesta vulneración del derecho al debido proceso sustancial, pues el argumento central del actor es que en el proceso de pérdida de investidura hubo una vulneración del debido proceso por falta de análisis de la culpabilidad, “es decir, que existía una falta de congruencia interna en la sentencia acusada”, dicha acusación se subsumía dentro de la causal antes mencionada, por lo que era obligatorio que el demandante agotara el recurso extraordinario de revisión, del que no hizo uso, por lo que incumplió con el requisito general de procedibilidad.
7. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el actor impugnó la decisión de primera instancia y solicitó que fuera resuelta por la Sala Plena del Consejo de Estado, pues a su juicio, el asunto objeto de estudio reviste importancia jurídica y necesidad de unificar la jurisprudencia.
Sostuvo que el juez de tutela de primera instancia pasó por alto las directrices trazadas tanto por la Corte Constitucional, a través de la sentencia de unificación SU-424 de 2016, como por el Consejo de Estado en sentencia de Sala Plena de 27 de septiembre de 2016, “argumentando [la falta de] un requisito que no cumple con los términos necesarios para hacer efectivo el acceso a la justicia” y “apegado a un excesivo ritualismo, como lo es que no se cumplió el requisito de procedibilidad (…) por tener otro recurso o medio judicial como el recurso extraordinario de revisión”.
Aseveró que la regla definida en la referida sentencia de unificación constitucional es aplicable a partir de septiembre de 2016, en todos los procesos de pérdida de investidura, pero que esta no fue aplicada en la sentencia proferida el 16 de febrero de 2017, en la que fue confirmada la sanción política en su contra.
Alegó que el fallo de primera instancia también desconoce lo preceptuado en la sentencia de Sala Plena del Consejo de Estado de 27 de septiembre de 2016, que estableció como regla y precedente, que a partir de la ejecutoria de ese fallo se debía realizar un análisis subjetivo de la conducta del demandado en todos los procesos de pérdida de investidura.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 13 del reglamento interno, la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la impugnación objeto de estudio.
Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, el 22 mayo de 2017, que declaró improcedente el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso, a la participación política y al ejercicio de cargos y funciones públicas solicitado por el actor, por incumplir los requisitos generales de procedibilidad, o si, por el contrario, se debe revocar, amparar los derechos del actor y dejar sin efectos la sentencia de 16 de febrero de 2017, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, dentro del proceso de pérdida de investidura del que fue objeto aquel, por incurrir, supuestamente, en desconocimiento del precedente judicial de la Corte Constitucional establecido en la sentencia SU-424 de 2016 y del Consejo de Estado, en sentencia de Sala Plena de 27 de septiembre de 2016.
Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta corporación judicial en la sentencia de unificación emanada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental. En aquél entonces, este tribunal dijo:
“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. En consecuencia, en la parte resolutiva, se declarará la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales”.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser cuidadosamente verificados, son: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada; c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y f. Que no se trate de sentencias de tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los siguientes: a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado e i. Violación directa de la Constitución.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y de la Corte Constitucional.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada (res judicata) y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. Cuestión previa
En el escrito de impugnación, el actor solicitó que el asunto sea resuelto por la Sala Plena del Consejo de Estado, pues a su juicio el tema reviste importancia jurídica y necesidad de unificar la jurisprudencia. Alegó que el juez de tutela de primera instancia pasó por alto las directrices que la Corte Constitucional fijó en la sentencia de unificación SU-424 de 2016, y el Consejo de Estado en la sentencia de Sala Plena de septiembre 27 de 2016. Agregó que la regla definida en la referida sentencia de unificación es aplicable a partir de septiembre de 2016, en todos los procesos de pérdida de investidura, pero que esta no fue aplicada en la sentencia proferida el 16 de febrero de 2017 por la Sección Primera del Consejo de Estado.
Previo a resolver la impugnación, conviene precisar que la solicitud del actor consistente en que el asunto sea resuelto por la Sala Plena de esta Corporación es improcedente, pues no se advierten razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia que amerite la expedición de una sentencia de unificación.
De igual manera se advierte que si bien en el escrito de tutela el actor alega que los jueces ordinarios de primera y segunda instancia incurrieron en desconocimiento del precedente constitucional, la Sala circunscribirá el estudio exclusivamente a la sentencia de 16 de febrero de 2017, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, pues fue esta la que definió la situación jurídica particular.
4.2. Verificación de los requisitos generales de procedencia
En el asunto objeto de estudio, (i) la acción de tutela es de relevancia constitucional, pues debe definirse si al actor se le vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso, a la participación política y al ejercicio de cargos y funciones públicas cuya protección invoca, con la sentencia proferida el 16 de febrero de 2017 por el Consejo de Estado, Sección Primera. De igual manera, fue posible constatar que las pretensiones presentadas por el actor van encaminadas a que se ordene a la entidad judicial demandada que se profiera un nuevo fallo en el que se tenga en cuenta la sentencia SU-424 de 2016 proferida por la Corte Constitucional, en la cual se fijan una reglas especiales en relación con la pérdida de investidura, por lo que el asunto objeto de estudio reviste de importancia constitucional; (ii) se cumple el requisito de la inmediatez, toda vez que la sentencia se profirió el 16 de febrero de 2017 y la acción de tutela se presentó el 9 de marzo de 2017, esto es, 23 días después, dentro del término prudencial precisado por esta Corporación; (iii) el actor identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración de sus derechos y (iv) la acción no se dirige contra un fallo de tutela.
Ahora bien, en la providencia de primera instancia el a quo declaró desconocido el requisito de la subsidiariedad, bajo el argumento de que en tanto el actor alegó que en el proceso de pérdida de investidura hubo una vulneración del debido proceso por falta de análisis de la culpabilidad, esto se traducía en una “falta de congruencia interna en la sentencia acusada”, lo que configuraba una causal de nulidad y en tal razón era obligatorio que el accionante hubiese interpuesto el recurso extraordinario de revisión, del que no hizo uso.
Para la Sala dicho argumento no es de recibo, habida cuenta de que el principio de congruencia de la sentencia supone que los fallos judiciales deben estar acorde con los hechos y las pretensiones esgrimidas en la demanda, lo de ninguna manera significa que el hecho de que una autoridad judicial desconozca un precedente constitucional, implique que el fallo es incongruente.
En este sentido, si bien en la sentencia objetada no se vislumbra la aplicación de un precedente jurisprudencial vigente al momento de ser proferida, se trató de una decisión congruente con los hechos, pretensiones y excepciones probadas dentro del proceso, hecho que desestima la configuración de la nulidad planteada en primera instancia.
La Sala considera importante clarificar que no solo no se vislumbra ninguna nulidad, declarada o aparente, en la sentencia objetada que hiciere procedente el recurso extraordinario de revisión en el caso, sino que tampoco se advierte la configuración de alguna de las causales enumeradas para este efecto en el artículo 250 del CPACA, norma aplicable al caso, lo que reafirma que el actor no cuenta con recursos adicionales para controvertir las decisiones que considera lesivas de sus derechos fundamentales, por lo que la Sala declarará cumplido el requisito de la subsidiariedad.
Se advierte, entonces, que se han superado los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por lo que la Sala procederá a efectuar el análisis de fondo del asunto.
4.3. La sentencia objetada desconoció el precedente constitucional aplicable
En la sentencia de primera instancia, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, declaró improcedente la acción de tutela impetrada por el actor, luego de determinar que, de acuerdo con el artículo 250 del CPACA, una de las causales de la procedibilidad del recurso extraordinario de revisión es la “nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”, la cual, comprende la violación al debido proceso y el vicio de incongruencia interna y/o externa de la sentencia.
En este sentido, determinó que la vulneración al debido proceso por falta de análisis de la culpabilidad alegada por el actor, configura una falta de congruencia interna en la sentencia acusada, y que dicha acusación se subsumía dentro de la causal antes mencionada, por lo que era obligatorio que el demandante agotara el recurso extraordinario de revisión, del cual no hizo uso y, en tal virtud, incumplió con el requisito general de procedibilidad.
En la impugnación el actor sostuvo que el juez de tutela de primera instancia pasó por alto las directrices trazadas tanto por la Corte Constitucional, a través de la sentencia de unificación SU-424 de 2016, como por el Consejo de Estado en sentencia de Sala Plena de 27 de septiembre de 2016, “argumentando [la falta de] un requisito que no cumple con los términos necesarios para hacer efectivo el acceso a la justicia” y “apegado a un excesivo ritualismo, como lo es que no se cumplió el requisito de procedibilidad (…) por tener otro recurso o medio judicial como el recurso extraordinario de revisión”.
Aseveró que la regla definida en la referida sentencia de unificación es aplicable a partir de septiembre de 2016, en todos los procesos de pérdida de investidura, pero que esta no fue aplicada en la sentencia proferida el 16 de febrero de 2017, en la que le fue confirmada la sanción política.
Igualmente, alegó que el fallo de primera instancia también desconoce lo preceptuado en la sentencia de Sala Plena del Consejo de Estado de 27 de septiembre de 2016, que estableció como regla y precedente, que a partir de la ejecutoria de ese fallo se debía realizar un análisis subjetivo de la conducta del demandado en todos los procesos de pérdida de investidura.
En tanto la inconformidad del actor se encuentra relacionada con la decisión del Consejo de Estado, Sección Primera, de no tener en cuenta la regla de análisis contenida en la sentencia SU-424 de 2016 de la Corte Constitucional en el fallo de segunda instancia del proceso de pérdida de investidura que se adelantó en su contra, la Sala considera pertinente traer a colación algunas consideraciones efectuadas por la Corte Constitucional sobre la relevancia de los precedentes emanados de dicha autoridad judicial, en específico de aquellos derivados de las sentencias de unificación de tutela, como el que se alega desconocido en el caso bajo estudio, esa Corte ha dicho:
“Concretamente, sobre la relevancia de los precedentes constitucionales, la Corte en Sentencia T-656 de 2011 afirmó que “(…) el deber de acatamiento del precedente judicial se hace más estricto cuando se trata de jurisprudencia constitucional, en la medida en que la normas de la Carta Política tienen el máximo nivel de jerarquía dentro del sistema de fuentes del derecho, de modo que las decisiones que determinan su alcance y contenido se tornan ineludibles para la administración. No entenderlo así, resulta contrario a la vigencia del principio de supremacía constitucional”.
La Sentencia T-351 de 2011 explica que el sentido, alcance y fundamento normativo de obligatoriedad de los pronunciamientos de la Corte Constitucional varía según se trate de fallos de constitucionalidad o de revisión de tutelas. No obstante, ambos tienen en común, que se deben acatar (i) para garantizar el carácter normativo de la Constitución como norma de normas, en tanto la Corte Constitucional es el intérprete autorizado de la Carta, y (ii) para unificar la interpretación de los preceptos constitucionales por razones de igualdad. (…)
En este punto es importante aclarar que en el caso de las sentencias de unificación de tutela (SU) y de control abstracto de constitucionalidad proferidas por la Corte Constitucional, basta una sentencia para que exista un precedente, debido a que las primeras unifican el alcance e interpretación de un derecho fundamental para casos que tengan un marco fáctico similar y compartan problemas jurídicos, y las segundas, determinan la coherencia de una norma con la Constitución Política.
En este orden de ideas, se desconoce el precedente constitucional, entre otras hipótesis, cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se omite la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela”. (Negrillas de la Sala).
En este mismo sentido se pronunció la Corte en la sentencia SU-611 de 2017, así:
“En este contexto, las sentencias de revisión que definen el contenido y alcance de los derechos constitucionales vinculan a todos los funcionarios judiciales a la hora de proferir cualquier fallo en su especialidad, de modo que se aplique el ordenamiento a la luz de la interpretación que la Corte haya definido de los derechos superiores que tengan incidencia en el caso objeto de estudio. Sobre tal obligatoriedad esta Corporación ha destacado la incidencia y aplicación del principio de igualdad e indicó con claridad que:
“En síntesis, la Corte ha considerado que la obligatoriedad de la ratio decidendi de los fallos de tutela se desprende del principio de igualdad y del acceso a la administración de justicia pues (de no ser así) la aplicación de la ley y la Constitución dependería del capricho de cada juez - y se habla de capricho precisamente para referirse a los casos en los que los jueces no justifican por qué se apartan de la jurisprudencia de unificación -, de manera tal que casos idénticos o similares podrían ser fallados en forma absolutamente diferente por distintos jueces e incluso por el mismo juez” y al acceso a la administración de justicia porque “…las decisiones de la Corte y su interpretación de la Constitución serían ignoradas por los jueces, en contra del derecho de los asociados a que exista una cierta seguridad jurídica acerca de la interpretación de las normas”.
8.23. Entonces, la vinculación a la jurisprudencia constitucional que también cobija a los órganos de cierre de las demás jurisdicciones, no resulta menguada por la posibilidad que tienen los funcionarios judiciales de apartarse del precedente constitucional contenido en las sentencias de revisión, pues, en todo caso, solamente pueden hacerlo a partir de una sustentación razonable y que se ajuste, a su vez, a los preceptos constitucionales”. (Negrillas de la Sala).
En este sentido, de acuerdo con la jurisprudencia transcrita, los precedentes judiciales constitucionales, en especial aquellos que unifican el alcance e interpretación de un derecho fundamental para casos que tengan un marco fáctico similar, deben ser acatados por las autoridades judiciales de manera estricta, por cuanto las normas de la Carta Política tienen el máximo nivel de jerarquía dentro del sistema de fuentes del derecho, de modo que las decisiones que determinan su alcance y contenido se tornan ineludibles para la administración.
Ahora bien, la Sala pudo verificar que la sentencia SU-424 de 2016 fue publicada en la relatoría de la Corte Constitucional el 18 de noviembre de 2016, esto es, 2 meses y 29 días antes de la expedición del fallo objetado de la Sección Primera del Consejo de Estado de 16 de febrero de 2017, por lo que para la Sala no es de recibo el argumento de la autoridad demandada, según el cual dicha sentencia de unificación no constituía precedente en el caso, por cuanto los hechos que fundamentaban la acción de pérdida de investidura habían ocurrido con anterioridad a la expedición de la sentencia supuestamente desconocida.
Esto, ya que, como se desprende de las consideraciones antes expuestas, las sentencias que unifican el alcance e interpretación de un derecho fundamental para casos que tengan un marco fáctico similar, como ocurre en el presente caso, deben ser acatadas por las autoridades judiciales de manera estricta, por cuanto las normas de la Carta Política tienen el máximo nivel de jerarquía dentro del sistema de fuentes del derecho, de modo que las decisiones que determinan su alcance y contenido se tornan ineludibles para la administración.
A lo anterior, debe sumarse que contrario a lo alegado por la autoridad judicial demandada, la calidad de precedente se predica de la sentencia que existe y ha sido publicada con antelación a la expedición del fallo que ha debido tener en cuenta lo allí decidido, y no en relación con la fecha de ocurrencia de los hechos de la demanda.
Ahora bien, la Sala considera pertinente ahondar en los principios aplicables al proceso de pérdida de investidura, respecto de los cuales la Corte Constitucional, en sentencia SU-424 de 2016, alegada como precedente constitucional desconocido en la impugnación, estableció:
“La pérdida de investidura es una acción pública, que comporta un juicio de naturaleza ética que tiene como propósito proteger la dignidad del cargo que ocupan los miembros de cuerpos colegiados, y permite imponer como sanción no solo la desvinculación de un congresista de su cargo de elección popular, sino también la imposibilidad futura de volver a ocupar un cargo de la misma naturaleza, si éste llega a incurrir en alguna de las causales de procedencia de la figura señaladas en la Carta Política.
Son causales de pérdida de investidura: el incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo, la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades; la indebida destinación de dineros públicos; el conflicto de intereses y el tráfico de influencias debidamente comprobado.
La gravedad de la sanción que se impone, exige que el proceso de pérdida de investidura se lleve a cabo con observancia del debido proceso, particularmente, de los principios pro homine, in dubio pro reo, de legalidad (las causales son taxativas y no hay lugar a aplicar normas por analogía), objetividad, razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad, y culpabilidad.
Los presupuestos anteriores permiten a la Corte concluir que el análisis de responsabilidad que realiza el juez en el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo, pues en un Estado de Derecho los juicios que implican un reproche sancionador, por regla general, no pueden operar bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y las sanciones que se adopten en ejercicio del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de una conducta regulada en la ley (principio de legalidad o tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico (principio de antijuridicidad) y culpable.
Así pues, en lo aquí pertinente, tras verificar la configuración de la causal, el juez de pérdida de investidura examina si en el caso particular se configura el elemento de culpabilidad (dolo o culpa) de quien ostenta la dignidad, esto es, atiende a las circunstancias particulares en las que se presentó la conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó a esa acción u omisión.
En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio debe determinar si se configura la causal y si a pesar de que ésta aparezca acreditada, existe alguna circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya actuado de buena fe o, en caso de que la causal lo admita, se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general exista alguna circunstancia que permita descartar la culpa”.
En este sentido, como lo alega el accionante, el precedente constitucional emanado de la sentencia Su-424 de 2016 impone que el juez de pérdida de investidura, una vez verifique la configuración de la causal alegada, examine si en el caso particular se configura el elemento de culpabilidad (dolo o culpa), y si existe alguna circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, en tanto, por tratarse de un juicio sancionador, no puede operar bajo un sistema de responsabilidad objetiva.
Sentado esto, en la misma sentencia de unificación esa Corporación, al analizar la configuración de las causales de pérdida de investidura, la Corte Constitucional concluyó lo siguiente:
“ (…) las sentencias proferidas por la Sala Plena del Consejo de Estado que declararon la pérdida de investidura no tuvieron en cuenta que los accionantes actuaron con buena fe exenta de culpa, por lo que no se les puede endilgar responsabilidad alguna por estar incursos en la conducta analizada. En efecto, a la luz de un régimen de responsabilidad subjetiva, como el aplicable a la pérdida de investidura, no es posible imponer una sanción perpetua sin antes hacer un análisis subjetivo de la configuración de la causal.
En consecuencia, esta Corporación encuentra que se configuró un defecto sustantivo, pues se omitió la aplicación del principio de culpabilidad que guía el procedimiento de pérdida de investidura. Las consideraciones de las sentencias que decretaron la pérdida de investidura juzgaron la conducta de los accionantes como si se tratara de un régimen de responsabilidad objetiva, e ignoraron que el problema jurídico debía resolverse bajo la óptica de la responsabilidad subjetiva, de conformidad con las garantías mínimas aplicables cuando se restringe en forma vitalicia un derecho político. Por lo tanto, se omitió la aplicación de un elemento de derecho relevante para la resolución del caso. (…)
(ix) Una sentencia proferida en un proceso de pérdida de investidura, incurre en un defecto sustantivo, cuando sanciona a un Representante a la Cámara sin analizar si su conducta se produjo con culpa o dolo.
(x) Así pues, tras verificar la configuración de la causal, el juez de pérdida de investidura examina si en el caso particular se configura el elemento de culpabilidad (dolo o culpa) de quien ostenta la dignidad, esto es, atiende a las circunstancias particulares en las que se presentó la conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó a esa acción u omisión. (Negrillas de la Sala).
Es decir, como lo alega el actor, la jurisprudencia constitucional vigente impone que, bajo la óptica de la responsabilidad subjetiva, en los procesos de pérdida de investidura, sin importar la causal que en ellos se invoque, no es posible imponer una sanción sin realizar previamente un análisis subjetivo de la configuración de la misma.
Dicho sea de paso, en aplicación del principio de igualdad esta regla deberá ser aplicada no solo a los congresistas, sino también a concejales, diputados y miembros de las juntas administradoras locales y todo funcionario que pueda ser objeto del proceso de pérdida de investidura.
De otra parte, el actor señala un desconocimiento de la sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado de 27 de septiembre de 2016.
En esta, la Sala Plena de esta Corporación se refirió al carácter y principios aplicables al proceso de pérdida de investidura, en términos muy similares a los utilizados por la Corte Constitucional, esto es, determinó que en ese tipo de procesos el juez debe efectuar el análisis del elemento subjetivo en la configuración de la causal invocada, así:
“(…) En efecto, por tratarse de un proceso de carácter sancionatorio, se considera que el juez de la pérdida de la investidura está llamado a efectuar un examen diverso al que realiza el electoral, en tanto aquél examina la conducta –aspecto subjetivo- del demandado y éste el acto con el ordenamiento –aspecto objetivo-.
En otras palabras, el ordenamiento constitucional entendido en forma sistemática, artículos 29 y 183, impone considerar a la pérdida de investidura dentro del régimen de responsabilidad subjetivo, en el que la imposición de la sanción no puede tener como único fundamento la verificación de los presupuestos o elementos que estructuran la causal, que es precisamente el juicio que hace el juez de la nulidad electoral.
Bajo este entendido, es decir, que las inhabilidades tienen un carácter objetivo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo considera que cuando en un proceso de nulidad electoral se ha analizado una determinada causal de inhabilidad y el juez de la pérdida de la investidura debe resolver un proceso bajo los mismos presupuestos fácticos y jurídicos que fueron analizados por aquel, esa decisión no es suficiente para enervar la procedencia de la acción de pérdida de la investidura, en tanto a este juez le corresponde efectuar un análisis diferente frente a la configuración de la causal de pérdida, dado que debe examinar el elemento subjetivo, asunto que surge de la naturaleza sancionatoria del juicio de pérdida, que no se contrapone a la naturaleza objetiva del régimen de inhabilidades.
Ha de entenderse, entonces, que la razón para que las sentencias del juez electoral que declaran la existencia de una causal de inhabilidad no puedan constituir plena prueba para sancionar en el proceso de pérdida de la investidura o que su existencia permita alegar la configuración de la cosa juzgada, es que el proceso de nulidad es de carácter objetivo, mientras que el de la pérdida de la investidura es de naturaleza sancionatoria de régimen subjetivo y, por ende, regulado bajo un régimen de responsabilidad basado en el culpa.
Por tanto, corresponderá al juez de la pérdida de investidura hacer el análisis de la conducta del demandado para determinar si, pese a que se recorrió la descripción del supuesto descrito por el Constituyente –configuración de la causal de inhabilidad que es objetivo- existe una razón que permita concluir que no se lesionó la dignidad del cargo y el principio de representación que el Constituyente buscó proteger con la estructuración de la causal como constitutiva de la pérdida”. (Negrillas de la Sala).
“(…) la acción de pérdida de investidura está gobernada por el principio de presunción de inocencia, que se desvirtúa endilgándole al demandado una responsabilidad subjetiva, (…) el juez de la pérdida de la investidura debe realizar un análisis conducta-norma, es decir subjetivo, en tanto debe valorar el comportamiento del demandado a partir de las causales previamente establecidas en la norma fundamental, por lo menos en cuanto a lo que a la violación del régimen de inhabilidades se refiere. Diferencia esta que resulta sustancial entre una y otra acción. (…)
Este régimen constitucional de responsabilidad de carácter subjetivo, se acompasa con lo dispuesto por instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que, en sus artículos 14.2 y 15.1, consagran los principios de culpabilidad e irretroactividad de las penas y sanciones, respectivamente. En el mismo sentido, la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8.2, consagra igualmente dichos principios”.
“El análisis expuesto por la Sala en este acápite, constituye la ratio decidendi de esta decisión y, por tanto, será el precedente y la regla que habrá de aplicarse a partir de la ejecutoria de esta providencia, en todos los procesos de pérdida de la investidura. Por tanto, en cada caso, deberá comprobarse la existencia del elemento de culpabilidad, por tratarse de un régimen sancionatorio de tipo subjetivo”. (Negrillas de la Sala).
De la lectura de la providencia objetada, la Sala advierte que en la misma no se hizo alusión al precedente constitucional precitado, ni se consignó un acápite específico sobre el análisis del elemento subjetivo de la culpabilidad en la configuración de la causal invocada para retirar la investidura del accionante, mismo que debía ser observado por la autoridad judicial demandada, por lo que se observa una vulneración al derecho fundamental al debido proceso.
De la misma forma, en la sentencia de unificación de 27 de febrero de 2018, la Sala Plena del Consejo de Estado estableció como regla de aplicación de la mencionada SU-424 de 2016, lo siguiente:
“Igualmente, considera la Sala que el criterio expuesto en la citada sentencia de unificación que admitió la aplicación del principio de culpabilidad en los procesos de pérdida de investidura, tiene aplicación concreta en los casos posteriores a la decisión de la Corte y cuando la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo asuma el estudio de las respectivas causales invocadas en el curso de la instancia. Con todo, se insiste, en este preciso caso si puede advertirse el análisis de tal elemento subjetivo”.
Por lo anterior, la Sala advierte que en caso existió desconocimiento del precedente constitucional por parte de la Sección Primera del Consejo de Estado, pues no aplicó el precedente emanado de la sentencia SU-424 de 2016 de la Corte Constitucional, aun cuando al momento de proferir el fallo objetado este se encontraba vigente.
Por lo demás, la Sala encuentra que el desconocimiento de un precedente constitucional, como ocurre en el presente caso, constituye un defecto de ostensible magnitud que además implica una disonancia entre la decisión judicial rebatida y la Constitución, lo que amerita la intervención del juez constitucional aun cuando se trate de un fallo dictado por una Alta Corte, conforme con lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2017:
“Como se había mencionado en el acápite sobre los requisitos de procedencia, la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando la demanda se dirige contra un fallo dictado por una Alta Corte -como sucede en el presente caso-, debe cumplir con un requisito de procedencia adicional consistente en que exista una contradicción entre la Constitución Política y el pronunciamiento judicial. (…)”.
Así las cosas, la Sala revocará la providencia de primera instancia, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, el 22 de mayo de 2017, y ordenará al Consejo de Estado, Sección Primera, que negó las pretensiones, y amparará el derecho al debido proceso del accionante, por lo que dejará sin efectos la providencia de 16 de febrero de 2017 y ordenará al Consejo de Estado, Sección Primera, proferir una nueva conforme con las consideraciones aquí expuestas.
5. Razón de la decisión
La Sala revocará el fallo impugnado, pues encontró que la corporación judicial demandada incurrió en desconocimiento del precedente judicial contenido en la de la sentencia de unificación SU-424 de 2016 de la Corte Constitucional, en la decisión de segunda instancia del proceso de pérdida de investidura adelantado en contra del accionante.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- REVÓCASE la providencia proferida el 22 de mayo de 2017, por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”. En su lugar,
Segundo.- AMPÁRASE el derecho fundamental al debido proceso del señor Fernando Antonio Pineda Tamayo.
Tercero.- DÉJASE SIN EFECTOS la sentencia de 16 de febrero de 2017, proferida dentro del proceso de pérdida de investidura radicado 2015-00293-01, por el Consejo de Estado, Sección Primera.
Cuarto.- ORDÉNASE al Consejo de Estado, Sección Primera, que en el término máximo de veinte (20) días hábiles, emita un nuevo fallo dentro del proceso de pérdida de investidura 2015-00293-01, conforme con las consideraciones aquí expuestas.
Quinto.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Sexto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección
Salvo voto
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Consejero
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Consejero
CON SALVAMENTO DE VOTO DEL CONSEJERO MILTON CHAVES GARCÍA
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - Medio judicial idóneo / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia
[L]a acción de tutela resultaba improcedente ante la existencia de otros mecanismos eficaces de control judicial como es el recurso extraordinario de revisión consagrado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, particularmente bajo la causal que se invoca en la tutela, esto es, la vulneración del debido proceso. (…) Adicional a lo anterior, no se desconoció el precedente contenido en la sentencia SU-424 de 2016 porque la Sección Primera del Consejo de Estado, aún con anterioridad a la providencia de la Corte Constitucional, tenía en cuenta el comportamiento subjetivo y consecuentemente la culpabilidad, cuando decide sobre la pérdida de la investidura de diputados o concejales.
Debo separarme de la decisión mayoritaria de la Sala porque la acción de tutela resultaba improcedente ante la existencia de otros mecanismos eficaces de control judicial como es el recurso extraordinario de revisión consagrado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, particularmente bajo la causal que se invoca en la tutela, esto es, la vulneración del debido proceso.
La Sala Plena de esta corporación ha reconocido que la vulneración del debido proceso puede configurar la causal de revisión de nulidad originada en la sentencia, haciendo procedente el recurso extraordinario de revisión.
Adicional a lo anterior, no se desconoció el precedente contenido en la sentencia SU-424 de 2016 porque la Sección Primera del Consejo de Estado, aún con anterioridad a la providencia de la Corte Constitucional, tenía en cuenta el comportamiento subjetivo y consecuentemente la culpabilidad, cuando decide sobre la pérdida de la investidura de diputados o concejales.
En los anteriores términos dejo expresadas las razones de mi salvamento de voto.
MILTON CHAVES GARCÍA
Folio 109.
Ibídem.
Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972.
Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968.
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortíz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.
Sentencia SU-230 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En este caso el ICFES interpuso acción de tutela en contra del Juzgado Quinto Administrativo de Popayán y del Tribunal Administrativo del Cauca, por considerar que dichas autoridades judiciales desconocieron los derechos de la entidad, al emitir sentencias dentro de un proceso de reparación directa en las cuales declararon su responsabilidad, condenándolos al pago de perjuicios morales a favor del demandante. A juicio del actor, las providencias controvertidas adolecen de defectos de carácter fáctico y sustantivo, además de desconocer el precedente del Consejo de Estado en materia de determinación y tasación de perjuicios morales. La Sala concede el amparo al debido proceso de la demandante, por considerar que las sentencias controvertidas adolecen de una motivación en materia de tasación de perjuicios morales, lo que impide el control legal y constitucional del fallo, amenaza el principio de igualdad de trato por parte de las autoridades judiciales para todos los ciudadanos y puede llegar a un grave detrimento del erario público. La Corte concede el amparo invocado y deja sin efecto la sentencia de segunda instancia en lo referente a la tasación de perjuicios morales, ordenando a la respectiva autoridad judicial dictar sentencia de reemplazo.
Ver además sentencias T-468 de 2003 M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinoza.
De la misma forma las sentencias de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado pueden constituir precedente según el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 estudiado por la Corte Constitucional en sentencia C-634 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Cfr. Sentencia T-830 de 2012 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Ver sentenciaS T-1092 de 2007 M.P. Humberto Sierra Porto, T-656 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y T-830 de 2012 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Sentencia T-351 de 2011, en la que se refiere a la reiterada posición al respecto que también se encuentra en las sentencias: C- 104 de 1993, T-566 de 1998 y T-292 de 2006.
Corte Constitucional Sentencia SU-1159 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
Art. 183 de la Carta Política. Sin embargo, otra causal también es la consagrada en el artículo 110 constitucional relacionada con la prohibición a quienes desempeñan funciones públicas, de hacer contribuciones a partidos, candidatos o movimientos políticos.
Art. 179 (El numeral 8 de este artículo fue modificado por el Acto Legislativo 01 de 2003); 180, 181 y 183 de la Constitución Política.
Art. 183 de la Constitución Política.
Art. 182 y 183 de la Constitución Política.
Art. 183 C.P. Al respecto puede consultarse la sentencia C-207 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
Radicación número: 11001-03-15-000-2014-03886-00(PI), Actor: Ricardo Antonio Martínez Hernández, Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
Sentencia Su-573 de 2017 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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