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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 66001-23-33-002-2015-00293-01

Cosa juzgada en proceso de pérdida de investidura: no se configura cuando se acusan causales distintas

Fecha
8 de junio de 2018
Consejero ponente
María Elizabeth García González
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 66001-23-33-002-2015-00293-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A CONFÍRMASE la sentencia apelada. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 66001-23-33-002-2015-00293-01

Consejero ponente: María Elizabeth García González

8 de junio de 2018

COSA JUZGADA EN PROCESO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA – No se configura cuando se acusan causales distintas / PÉRDIDA DE INVESTIDURA POR INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS - Alcance / INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS - Asignar recursos a objetos prohibidos. Austeridad del gasto público / PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL POR INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS - Por efectuar publicaciones promocionando a servidores públicos, plasmar imágenes y hacer mención a los partidos políticos / PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL - Valoración factor subjetivo / CULPA Y DOLO – Concepto / PÉRDIDA DE INVESTIDURA POR INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS – Deber de diligencia

[E]n las ediciones números 1 y 3 se pone en conocimiento de la ciudadanía que el Concejo Municipal de Pereira posesionó personeros y contralores estudiantiles; que hizo un homenaje a la jornada mundial en la hora del planeta; que realizó sesiones para escuchar las inquietudes, necesidades y problemáticas de los comuneros y líderes comunitarios; que efectuó traslados presupuestales para oxigenar programas del Plan de Desarrollo Municipal; que hizo una inversión histórica para el aeropuerto; que se destinaron recursos para programas de medio ambiente y operativo de emergencias; y que realizó la primera socialización del Plan de Ordenamiento Territorial, etc., actividades todas estas que están enmarcadas en las funciones que corresponde ejercer al Concejo Municipal y que, por ende, encuadran dentro de la divulgación o publicidad oficial. Siendo ello así, tales publicaciones deben someterse a la austeridad del gasto que tuvo como finalidad la expedición de la ley y ante todo en ellas no puede bajo ninguna circunstancia hacerse uso de imágenes, símbolos o logos que tiendan a promocionar a los servidores públicos ni partidos políticos. Pero resulta que en las mencionadas publicaciones aparecen en todas sus páginas las imágenes de los distintos concejales y, particularmente, en la edición núm. 2, solo se trae a colación el nombre de cada uno de ellos acompañado de su hoja de vida y del partido político al cual pertenecen y, curiosamente, ni siquiera se hace alusión a la realización de alguna actividad propia del ejercicio de sus funciones, con lo cual, fácilmente se colige que se está haciendo uso de recursos del Estado para promocionar a servidores públicos, lo que, además de infringir la prohibición consagrada en el artículo 10º de la Ley 1474 de 2011, configura la indebida destinación de dineros públicos y, por ende, hace merecedor al demandado de la pérdida de su investidura. […] [D]e las pruebas obrantes en el expediente, la Sala advierte que el demandado no fue diligente al analizar las normas que prohibían el uso de publicidad oficial para la promoción de servidores públicos pues, de haber sido así, se habría percatado de que la inclusión de las imágenes de los distintos concejales del Municipio de Pereira, acompañadas de sus hojas de vida y del partido político al cual pertenecían, en las publicaciones en las que se apoyó el demandante para solicitar la pérdida de su investidura que, por su contenido, se enmarcaban dentro de la prohibición de divulgación o publicidad oficial, prevista en el artículo 10º, inciso 3º, de la Ley 1474 de 2011, conducta con la cual se configuró la indebida destinación de dineros públicos.

NOTA DE RELATORÍA: Ver providencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 25 de mayo de 2017, Radicación 81001-23-39-000-2015-00081-01, C.P. María Elizabeth García González; Corte Constitucional, sentencia SU-424 de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; y sentencia SU-501 de 2015, M.P. Myriam Ávila Roldán.

NOTA DE RELATORÍA: La presente sentencia se dictó en remplazo de la proferida el 16 de febrero de 2017, la cual fue dejada sin efectos por la Sección Cuarta de esta Corporación mediante sentencia de 17 de mayo de 2018, dictada dentro de la acción de tutela con radicación número 11001-03-15-000-2017-00632-01, por considerar que en la misma se configuró el defecto de desconocimiento del precedente emanado de la sentencia SU-424 de 2016 de la Corte Constitucional.

FUENTE FORMAL: LEY 617 DE 2000 – ARTÍCULO 48 / LEY 1474 DE 2011 – ARTÍCULO 10 / DECRETO 4326 DE 2011 – ARTÍCULO 2 / LEY 1757 DE 2015 – ARTÍCULO 49

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 66001-23-33-002-2015-00293-01(PI)

Actor: DANIEL SILVA ORREGO

Demandado: FERNANDO ANTONIO PINEDA TAMAYO

Referencia: Recurso de apelación contra la sentencia de 21 de septiembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda.

Referencia: EL USO DE PUBLICIDAD OFICIAL PARA LA PROMOCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, ADEMÁS DE INFRINGIR LA PROHIBICIÓN CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 10º DE LA LEY 1474 DE 2011, CONSTITUYE CAUSAL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA POR INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS.

La Sección Cuarta de esta Corporación, mediante sentencia de 17 de mayo de 2018, proferida dentro de la acción de tutela radicada con el núm. 2017-00632-01, dispuso:

“[…] Primero.- REVÓCASE la providencia proferida el 22 de mayo de 2017, por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”. En su lugar,

Segundo.- AMPÁRASE el derecho fundamental al debido proceso del señor Fernando Antonio Pineda Tamayo.

Tercero.- DÉJASE SIN EFECTOS la sentencia de 16 de febrero de 2017, proferida dentro del proceso de pérdida de investidura radicado 2015-00293-01, por el Consejo de Estado, Sección Primera.

Cuarto.- ORDÉNASE al Consejo de Estado, Sección Primera, que en el término máximo de veinte (20) días hábiles, emita un nuevo fallo dentro del proceso de pérdida de investidura 2015-00293-01, conforme con las consideraciones aquí expuestas […]”.

En la parte motiva señaló que en la sentencia objeto de tutela “[…] existió desconocimiento del precedente constitucional por parte de la Sección Primera del Consejo de Estado, pues no aplicó el precedente emanado de la sentencia SU-424 de 2016 de la Corte Constitucional, aún cuando al momento de proferir el fallo objetado este se encontraba vigente […]”, providencia que impone al juez de pérdida de investidura que “una vez verifique la configuración de la causal alegada, examine si en el caso particular se configura el elemento de culpabilidad (dolo o culpa), y si existe alguna circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, en tanto, por tratarse de un juicio sancionador, no puede operar bajo un sistema de responsabilidad objetiva […].”

Siendo ello así, la Sala dará cumplimiento a la orden impuesta por la Sección Cuarta de esta Corporación y procederá a dictar nueva sentencia que resuelva los recursos de apelación oportunamente interpuestos por el demandado y la Procuradora Judicial II Delegada en Asuntos Administrativos núm. 38 de Pereira contra la sentencia de 21 de septiembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual decretó la pérdida de investidura del Concejal del Municipio de Pereira (Risaralda), señor FERNANDO ANTONIO PINEDA TAMAYO.

I-. ANTECEDENTES

I.1-. El ciudadano DANIEL SILVA ORREGO, obrando en su propio nombre, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Risaralda tendiente a que, mediante sentencia, se dispusiera la pérdida de investidura del Concejal del Municipio de Pereira, señor FERNANDO ANTONIO PINEDA TAMAYO, elegido para el período constitucional 2012-2015.

I.2-. En apoyo de sus pretensiones el actor adujo, en síntesis, los siguientes hechos:

Que el demandado en el año 2014, fungió como Presidente del Concejo Municipal de Pereira.

Agregó que, el 22 de septiembre de 2014 el citado Concejo Municipal hizo invitación pública para participar en el proceso de contratación de mínima cuantía núm. 23 de 2014, cuyo objeto fue contratar la impresión y la entrega de sus ejemplares, que condensara la gestión realizada por dicha Corporación Edilicia durante ese año, para lo cual se asignó un presupuesto de $9’450.000.oo.

Indicó que, en tal proceso se presentó como único proponente la sociedad RR EDITORES RAMÍREZ Y RAMÍREZ LTDA., que ocupó el primer orden de elegibilidad por cumplir los requisitos exigidos, cuya propuesta fue de $8’950.000.oo.

Señaló que, mediante comunicación de 30 de septiembre de 2014 el demandado, en su condición de Presidente del Concejo Municipal de Pereira, aceptó la oferta de la mencionada sociedad.

Estimó que, con dicha conducta incurrió en la causal de indebida destinación de dineros públicos, prevista en los numerales 3 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994 y 4 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, por cuanto los periódicos y revistas fueron impresos con policromías, lo cual está proscrito expresamente por el inciso 4° del artículo 10° de la Ley 1474 de 2011, que señala que “En ningún caso las entidades objeto de esta reglamentación podrán patrocinar, contratar o realizar directamente publicidad oficial que no esté relacionada en forma directa con las funciones que legalmente debe cumplir, ni contratar o patrocinar la impresión de ediciones de lujo o con policromias”.

Adujo que, de acuerdo con el inciso 1° del citado artículo tal prohibición cobija a las entidades públicas del orden territorial, esto es, al Concejo Municipal de Pereira, además de que los concejales son servidores públicos, conforme al artículo 123 Constitucional.

Sostuvo que, también se incurrió en la prohibición del inciso 3° del artículo 10° en mención, por cuanto las tres ediciones que conforman el contrato terminaron promocionado a los diecinueve concejales del Municipio de Pereira.

Por lo anterior, consideró que el demandado destinó dineros públicos a objetos prohibidos expresamente por el inciso 4° del artículo 10° de la Ley 1474 de 2011, como es la contratación de impresiones con policromías.

Anotó, además, que en un asunto similar el Consejo de Estado abordó el estudio de una pérdida de investidura en contra del Presidente de la Cámara de Representantes para el período 1998-1999 por varios hechos, entre uno de ellos la publicación de un libro donde se insertó la biografía del Congresista demandado (Expedientes núms. AC-10529 y AC-10968, Consejero ponente doctor Darío Quiñones Pinilla).

I.3-. El demandado, a través de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, para lo cual adujo, principalmente, que la solicitud de pérdida de investidura está soportada en dos cargos atípicos pues, el primero, se edifica en una norma que estaba derogada en el ordenamiento jurídico al momento de suscribir el contrato de informe de gestión; y, el segundo, desconoce una excepción o exclusión de orden legal, establecida en el Decreto 4326 de 2011.

Agregó que, dicho Decreto, expresamente, señala que contratos como el que se suscribió en el sub lite no puede ser considerado como aquellos de publicidad oficial, por lo que, a su juicio, las pretensiones están soportadas en interpretaciones caprichosas y subjetivas del demandante sobre “contrato de publicidad oficial” y “utilización de publicidad oficial para promoción de servidores públicos” que no corresponden a la verdad real y jurídica vigente en el caso concreto.

Estimó que, el demandante en su deseo desmedido, temerario y de protagonismo injustificado, leyó el texto derogado del inciso 4° del artículo 10° de la Ley 1474 de 2011, que consagraba la palabra “policromía” y de ahí procedió a construir de manera temeraria y desproporcionada la causal de pérdida de investidura.

Señaló que, al no encontrarse fundamentada la prohibición de realizar impresiones con policromías en normativa vigente alguna, se entiende automáticamente desvirtuado el primer cargo de desinvestidura que el actor denominó “IMPRESIÓN CON POLICROMÍAS”, situación que lo releva, al igual que al Tribunal, de entrar a estudiar de fondo lo planteado al respecto por el demandante.

Frente al segundo cargo, referente a la promoción de servidores públicos por medio de publicidad oficial, adujo que dicho cargo tampoco está llamado a prosperar por cuanto el contrato celebrado “INFORME DE GESTIÓN” no puede catalogarse jurídicamente como un contrato de publicidad oficial en los términos del artículo 10° de la Ley 1474 de 2011, por exclusión expresa del Decreto 4326 de 2011, que consagra que “No se considera publicidad oficial, las divulgaciones que realicen las entidades públicas con la finalidad de promover los asuntos de su competencia y la satisfacción del derecho a la información de los ciudadanos.”

Como argumentos subsidiarios de defensa, señaló:

1.- Indebida interpretación del contrato celebrado, toda vez que el actor interpreto el contrato en comento como de publicidad en los términos del artículo 10° de la Ley 1474 de 2011, cuando es de informe de gestión; que en parte alguna del contrato se habla de la promoción de servidores públicos y, que, además el informe de gestión es un deber del Concejo frente a la comunidad y órganos de control en cumplimiento de la misión de la Corporación, quienes tienen derecho a ser informados de todas las actividades realizadas por el Concejo en cada año de sesiones.

2.- Inexistencia de promoción de servidores públicos en publicidad oficial, debido a que, a su juicio, el hecho de enunciar sus nombres y demás datos en igualdad de condiciones para todos, satisface el derecho que tienen los ciudadanos a conocer como está conformada la Corporación Edilicia, sobre la cual ellos ejercen veedurías y su derecho al voto, por lo que dicha información se hace a título informativo.

Adujo que respecto a las imágenes o nombres, la norma las condiciona a que induzcan a confusión, pero que el actor en parte alguna indicó las razones que le llevan a pensar que las imágenes, nombres u otros elementos identificables, generan confusiones frente a los principios de objetividad, efectividad, transparencia y austeridad que rigen dichos preceptos jurídicos.

3.- Su conducta de Concejal siempre ha estado ausente de motivación indebida, pues basta con examinar de manera integral los estudios previos, el contrato y los informes de gestión, para concluir que se celebró en cumplimiento del deber legal de informar oportunamente a la comunidad de todas las tareas y gestiones realizadas por el Concejo.

4.- La finalidad del informe de gestión contratado, no fue otra que brindar toda la información posible a la comunidad para garantizar a futuro la participación de ellos en la vida política y administrativa del Municipio de Pereira. Que, por ello en la página 4 de la edición núm. 2, se destaca la visión, misión y objetivos institucionales del citado Concejo Municipal, lo cual está acorde con los artículos 2° y 20 de la Constitución Política y 3° de la Ley 1437 de 2011.

Que el principio de publicidad de las actuaciones de las autoridades públicas se encuentra consagrado igualmente en el artículo 209 Constitucional.

5.- El contrato se celebró bajo la función legal y constitucional, habida cuenta de que se atendieron las necesidades de la Corporación y las normas sobre contratación estatal, el que, además, no ha sido objeto de reproche por su celebración, objeto o ejecución, a través de los medios de control previstos en el CPACA y las facultades de responsabilidad fiscal y disciplinaria propias de los órganos de control.

6.- La causal de indebida destinación de dineros públicos no genera una responsabilidad objetiva, como de manera equivocada lo interpreta el actor, amén de que no probó que su conducta estaba dirigida a propósitos no autorizados.

7.- La solicitud de pérdida de investidura procede por hechos serios, probados y contundentes, conforme lo ha sostenido el Consejo de Estado frente a la causal de indebida destinación de dineros públicos, al estimar que atendiendo las graves consecuencias que comporta para quien la sufre, solo debe perderse por hechos que jurídicamente se ajusten a las previsiones legales.

8.- Interpretación restrictiva de las causales de pérdida de investidura, lo cual quiere desconocer el actor al pretender que con supuestos imaginarios se concluya que el contrato celebrado es de publicidad oficial, que estaba direccionado a promover a servidores públicos y que las imágenes, nombres o demás datos generan confusión que afectan los principios de efectividad y objetividad protegidos por el artículo 10° de la Ley 1474 de 2011.

9.- La pérdida de investidura está sujeta a los principios generales del derecho sancionador, por cuanto se trata de una acción pública de tipo punitivo, por lo que, como lo ha precisado la Jurisprudencia del Consejo de Estado, le corresponde tanto al demandante como al Estado acreditar debidamente la existencia de la causal en que se habría incurrido y la conducta constitutiva de la falta, lo cual no ocurre en el sub lite, pues el actor pretende que con la simple enunciación de unos hechos, sin pruebas que los respalden, se dé por acreditada la causal endilgada.

10.- La Jurisprudencia citada por el actor no es aplicable al caso concreto, dado que dicho precedente tiene que ver con la impresión de un libro de un Congresista con datos biográficos en policromía que para ese entonces sí estaba prohibido; que la normativa analizada es completamente diferente, pues no versa sobre un contrato de informe de gestión, no aparecieron en igualdad los datos de todos los integrantes del Congreso y no se basó en la interpretación y alcance del artículo 10° de la Ley 1474 de 2011.

Agregó que, los informes de gestión no se realizaron en ediciones de lujo, por lo que no representó mayores gastos para el erario, mientras que en el caso traído a colación se incluyeron solapas que hicieron más costosa la publicación, la que fue catalogada como edición de lujo.

11.- La causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos, en su opinión, no le resulta aplicable por cuanto no concurren los presupuestos, pues el contrato celebrado no pretendía que se cumplieran actividades o propósitos no autorizados legalmente, habida cuenta de que no es ilegal o indebido o inconveniente informarle a la comunidad de Pereira sobre el Concejo Municipal, sus integrantes y las gestiones adelantadas por esa Corporación durante determinado tiempo.

Añadió que, la publicidad de la integración del Concejo Municipal y de su gestión es completamente lícita, la cual nace del derecho de las personas a que se dé aplicación a los principios de la función administrativa; que las publicaciones e impresiones en general estaban previstas en el presupuesto del Concejo Municipal de Pereira para la vigencia fiscal del año 2014; que prueba de ello es que se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal núm. 492 de 22 de septiembre de 2014 por valor de $9’450.000.oo; que las publicaciones contratadas no estaban prohibidas; que el actor no insinuó que celebrar y ejecutar el contrato en mención constituyó un detrimento patrimonial para el Concejo Municipal o para el Municipio; que no pretendió obtener o derivar beneficio alguno, pues el hecho de aparecer la foto de los concejales en el informe no indica que se tratara de fines publicitarios o de campaña personal o de algún partido político, dado que todos los concejales ya habían sido elegidos y que lo que pretendió era que los habitantes de la Ciudad de Pereira conocieran la gestión que la Corporación realizó durante determinado período; y que es lógico que una persona que participó en las elecciones conozca al Concejal por el cual votó, pero no sepa quiénes son los demás, como igual ocurre con aquellas personas que no ejercieron el voto.

12.- Temeridad y mala fe del demandante, por cuanto falta a la verdad al omitir decir todo lo que contienen los informes de gestión del año 2014, en los cuales se hizo alusión a la Corporación en general, sin determinar los logros particulares, los proyectos de Acuerdo presentados por cada Concejal; no se consignaron razones o motivos por los cuales se debía apoyar a tal o cuál Concejal, es decir, que se presentaron informes generales de la Corporación, sin promociones o direccionamientos específicos y mucho menos indebidos.

II-. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El a quo accedió a las pretensiones de la demanda, argumentado para ello, en síntesis, lo siguiente:

Luego de relacionar el material probatorio obrante en el proceso y transcribir jurisprudencia del Consejo de Estado en la que se estudió la causal que se le endilga al Concejal demandado, esto es, la indebida destinación de dineros públicos, en relación con el primer cargo, consistente en impresión con policromías de los ejemplares contentivos del informe de gestión del Concejo Municipal de Pereira, correspondiente al año 2014, manifestó que le asistía razón tanto al demandado como al Agente del Ministerio Público, en cuanto afirmaron que dicho cargo no tenía vocación de prosperidad, por cuanto el artículo 232 del Decreto 019 de 2012, que modificó el inciso cuarto del artículo 10° de la Ley 1474 de 2011, derogó la expresión policromía, por lo que resultaba forzoso concluir la falta de fundamento fáctico y jurídico frente a dicho cargo.

En cuanto a la solicitud realizada por el actor en la audiencia pública, prevista en el artículo 10° de la Ley 144 de 1994, referente a que la cita del texto original de la norma invocada, que incluía la frase “o con policromías”, se debía inaplicar por vía de excepción de inconstitucionalidad el Decreto 019 de 2012, debido a que el Presidente de la República desbordó las facultades otorgadas por el legislador al suprimir dicha expresión, señaló, con apoyo en jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que no era procedente tal petición, por cuanto resultaba contrario al debido proceso sorprender al investigado aceptando como típica una conducta que al momento de la ocurrencia de los hechos objeto de reproche no se encontraba positivizada en el ordenamiento jurídico, en virtud de derogatoria.

Agregó que dado el carácter punitivo de la acción de pérdida de investidura, proceso en el que están en juego intereses tales como los derechos políticos de los ciudadanos, debe observarse con rigor máximo el debido proceso -que engloba los principios de reserva legal, tipicidad o taxatividad y favorabilidad, entre otros-.

Respecto del segundo cargo, relativo a la indebida destinación de dineros públicos por virtud de promoción de servidores públicos por medio de publicidad oficial, consideró que el mismo tenía vocación de prosperidad, por lo siguiente:

Que la Ley 1474 de 12 de julio de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, en su artículo 10° aclara que los recursos que destinen las entidades públicas y las empresas y sociedades con participación mayoritaria del Estado del orden nacional y territorial, en la divulgación de los programas y políticas que realicen, a través de publicidad oficial o de cualquier otro medio o mecanismo similar que implique utilización de dineros del Estado, deben buscar el cumplimiento de la finalidad de la respectiva entidad y garantizar el derecho a la información de los ciudadanos.

Agregó que, dichas entidades están obligadas a publicar periódicamente en su página de internet toda la información relativa al presupuesto, planificación y gastos en las actividades antes descritas, señalando que en esta publicidad oficial se procurará la mayor limitación, entre otros, en cuanto a contenido, extensión, tamaño y medios de comunicación, de manera tal que se logre la mayor austeridad en el gasto y la reducción real de costos.

Que, aunado a lo anterior, dicha disposición prohíbe el uso de publicidad oficial, o de cualquier otro mecanismo de divulgación de programas y políticas oficiales, para la promoción de servidores públicos, partidos políticos o candidatos, o que hagan uso de su voz, imagen, nombre, símbolo, logo o cualquier otro elemento identificable que pudiese inducir a confusión.

Señaló que, la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos consiste, entre otras conductas, en la utilización de los recursos del Estado en fines prohibidos por la ley, como lo es la promoción de funcionarios públicos, en este caso, los concejales de la ciudad de Pereira, que se evidencia de manera preponderante en los ejemplares de edición núm. 1 de octubre de 2014 (folios 69 y siguientes del cuaderno núm. 1), núm. 2 de noviembre de ese año( folios 73 y siguientes, ibídem) y núm.3 de diciembre de ese año (folios 77 y siguientes, ibídem), en los cuales los temas oficiales propios del informe de gestión 2014 del Consejo Municipal de Pereira, se revelan en proporción secundaria a la alusión de imágenes y hojas de vida de los funcionarios públicos de dicha Corporación Administrativa, quedando incurso el ordenador del gasto dentro de la prohibición consagrada al inicio del artículo 10° de la Ley 1474 de 2011, que alude a “[…] el uso de publicidad oficial, o de cualquier otro mecanismo de divulgación de programas y políticas oficiales, para la promoción de servidores públicos, partidos políticos […]”, sin que necesariamente la tipicidad de la conducta deba enmarcase en la totalidad del contenido normativo de la referida disposición, en cuanto “[…] o candidatos, o que hagan uso de su voz, imagen, nombre, símbolo, logo o cualquier otro elemento identificable que pudiese inducir a confusión […]”.

Sostuvo que, si en gracia de discusión se admitiera que la tipicidad de la conducta dependiera de lo dispuesto en la parte final del artículo 10° de la Ley 1474 de 2011, en cuanto la promoción de servidores públicos en la publicidad oficial o en cualquier otro mecanismo de divulgación tenga la aptitud de “inducir a confusión”. De todas maneras, dicho elemento hará presencia y se hallará implícito en la medida que se quiere aprovechar el medio o mecanismo de información oficial para destacar a los servidores públicos en franco desconocimiento o contravención de la disposición legal.

Indicó que, el Estatuto Anticorrupción contenido en la Ley 1474 de 2011, si bien consideró legítima la necesidad institucional de informar o publicitar los programas y las políticas oficiales, bajo los parámetros contenidos en su artículo 10°, también propendió por disuadir el impulso de los servidores públicos de promocionarse así mismos y/o a otros servidores, so pretexto de la publicidad oficial o aprovechando los diferentes medios o mecanismos de información o de divulgación que impliquen la destinación de recursos públicos.

Que, por lo anterior, dicha Ley es tajante al prohibir el uso de publicidad oficial, o de cualquier otro mecanismo de divulgación, para la promoción de servidores públicos, partidos políticos o candidatos, como inclusive prohibido el uso de la voz imagen, nombre, símbolo, logo o cualquier otro elemento identificable que permita caminar desde la publicidad oficial a la publicidad personalizada del servidor público.

Anotó que, no encontró el verdadero móvil sustentado por el demandado, en cuanto a que las revistas informativas objeto de discusión tuvieran como única finalidad mostrar a la comunidad en abstracto las gestiones y tareas realizadas por el Concejo Municipal de Pereira para el año 2014, dado su menor desarrollo dentro de cada uno de los ejemplares, en contraste con la copiosa y preponderante carga fotográfica de las imágenes y otra información de los funcionarios públicos -concejales que se incluyen en las tres ediciones elaboradas durante la vigencia del año 2014, descritas de manera específica en la página 3 de la edición núm. 1 (folio 70), en la portada, páginas 2, 3, 6, 7 y 8 de la edición núm. 2 (folios 73 y siguientes) y de la página 12 de la edición núm. 3 (folio 82 vuelto), lo cual demuestra sin duda alguna la intención publicitaria para con los miembros que integran dicha Corporación Administrativa y la promoción propia del demandado como Presidente de dicha Corporación.

De lo anterior, estimó que las publicaciones contratadas, bajo las condiciones en que fueron reproducidas, sí encuadran en la prohibición del artículo 10° de la Ley 1474 de 2011, toda vez que las mismas disfrazan el mecanismo de divulgación o información oficial en el instrumento en que se promocionan los concejales -servidores públicos-, dada la exuberante impresión de imágenes, nombres, información personal y hasta de los partidos políticos a los que pertenecen, ejemplar núm. 2, reiteración de sus imágenes en tales ediciones, que saturan el contenido de las mismas y, por ende, desdibujan el fin primordial de estos instrumentos, que no es otro, que la satisfacción del derecho a la información a la ciudadanía en general, de las políticas y programas oficiales permitidos por la ley y bajo la celosa salvaguarda del principio de austeridad del gasto público.

Resaltó que, si bien la realización de dichos ejemplares fue precedida por un contrato de mínima cuantía núm. 23 de 2014, tal como consta en los documentos obrantes a folio 140 y siguientes del expediente, el actuar del contratista en desarrollo del mismo, la sociedad RR Editores y Ramírez Ramírez Ltda., estaba supeditado a los precios, términos y condiciones de dirección y manejo que fueron establecidos por el contratante Concejal en su condición de Presidente del Concejo de Pereira, señor FERNANDO ANTONIO PINEDA TAMAYO, para el año 2014, para efectos de la condensación de la gestión del Concejo Municipal de Pereira de dicho año, en un diario informativo de amplia circulación, según deja entrever de los razonamientos efectuados por el demandado, por cuanto la responsabilidad en el contenido de cada edición, está suscrita única y exclusivamente en la entidad administrativa, presidida por el Concejal Pineda Tamayo.

No compartió la afirmación del demandado ni del Agente del Ministerio Público, en el sentido de que las ediciones informativas expedidas por el Concejo Municipal para el año 2014, no constituían publicidad oficial y en tal medida se encontraban amparadas por la excepción contemplada en el artículo 2° del Decreto 4326 de 2011, dado que dicha disposición refiere que “[…] no se consideran actividades de divulgación de programas y políticas, ni publicidad oficial, aquellas que realicen las entidades públicas con la finalidad de promover o facilitar el cumplimiento de la Ley en relación con los asuntos de su competencia, la satisfacción del derecho a la información de los ciudadanos o el ejercicio de sus derechos, o aquellas que tiendan simplemente a brindar una información útil a la ciudadanía, como pueden ser entre otras […]”, pues estas características no se encuentran contenidas en los ejemplares reproducidos por el Concejo Municipal de Pereira para el año 2014, teniendo en cuenta que con la excesiva inserción de imágenes alusivas a los concejales que integran la Corporación, que se evidencian continuamente en cada aparte de las ediciones, no puede establecerse que el objetivo sea demostrar las gestiones, actividades y en general no logran la satisfacción del derecho a la información de los ciudadanos, como bien lo estipula la norma para que sean considerados como publicidad no oficial o actividades de divulgación de programas y políticas.

Por último, en cuanto a la conducta temeraria que le endilga el demandado al actor, al plantear la causal de nulidad en el texto derogado del inciso cuarto del artículo 10° del Decreto 1474 de 2011 y faltar a la verdad por cuanto omite señalar todo el contenido del informe de gestión y solo muestra las imágenes de los concejales, pretendiendo con ello que se vea la “promoción de cada uno de ellos”, se relevó de realizar pronunciamiento alguno al respecto, teniendo en cuenta la prosperidad de la causal de indebida destinación de dineros públicos, por virtud de promoción de servidores públicos por medio de publicidad oficial, por parte del Concejal del Municipio de Pereira Fernando Antonio Pineda Tamayo.

III-. FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS

III.1.- El demandado, además de reiterar los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, insistió en que un informe de gestión no se puede calificar como publicidad oficial o divulgación de uno o varios programas o políticas del Concejo Municipal, dado que el Decreto 4326 de 2011 en su artículo 2° señala que no se consideran actividades de divulgación de programas y políticas, ni publicidad oficial “[…] aquellas que realicen las entidades públicas con la finalidad de promover o facilitar el cumplimiento de la Ley en relación con los asuntos de su competencia, la satisfacción del derecho a la información de los ciudadanos o el ejercicio de sus derechos, o aquellas que tiendan simplemente a brindar una información útil a la ciudadanía […]”.

Reiteró que, el Decreto es claro en señalar que hay actividades de las entidades públicas que dada su naturaleza, origen y finalidad, no constituyen publicidad oficial.

Agregó que, el informe de gestión, hoy llamado rendición de cuentas, se encuentra actualmente definido en el artículo 49 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015; y que para el caso del Presidente del Concejo consagra en el artículo 59 que los “Los Presidentes de las Juntas Administradoras Locales, de los Concejos y de las Asambleas y de sus comisiones permanentes, elaborarán un informe de rendición de cuentas del desempeño de la respectiva célula, mínimo, una vez al año dentro de los tres primeros meses a partir del segundo año”.

Que la citada Ley 1757 de 2015, al unificar el concepto de informes que se deben presentar, en ninguna parte los tipifica “publicidad oficial o divulgación de programas o políticas”.

Adujo que, si bien es cierto que para el momento de los hechos no existía la Ley 1757, la misma debe ser aplicada por el principio integrador de favorabilidad y pro homine, porque claramente define el informe o rendición como un deber funcional de las entidades llamadas por la ley a hacerlo; se comprende por su naturaleza, origen y finalidad.

Agregó que, armonizando el artículo 59 de la Ley 1757 de 2015 con el Decreto 4326 de 2011, a su juicio, surge con suficiente claridad que el informe de gestión nada tiene que ver con publicidad oficial ni divulgación de programas o políticas específicas del Concejo Municipal.

Señaló que, la sola existencia de las fotos de los 19 concejales que conforman el Concejo Municipal de Pereira no constituye prueba que permita afirmar el deseo irrefutable de promover a servidores públicos, además de que no obedece a una excesiva inserción de imágenes alusivas a los concejales.

Agregó que, promover implica un deseo inequívoco de rendirle culto especial a quien se promueve; que ese culto especial debe estar acompañado de hechos, expresiones, dedicatorias u otras, que demuestren ese deseo subjetivo de mejorar a alguien; y lo más importante, que se manifieste hacia qué o hacia dónde se quiere promover, lo que implicaría abrir un párrafo especial dedicado a la o las personas o partidos, llenos de expresiones que desentonen frente a quienes no se desea promover.

Afirmó que, en el informe de gestión no se le abre capítulo especial a ninguna persona ni partido, ni se menciona el futuro de nadie, ni se plantean elogios o apoyos hacia algún cargo vacante o una meta específica de alguien; y que como lo mencionó, fue elegido Presidente del Concejo por 10 votos de 19 posibles y el informe no se sale de un contexto institucional.

Por lo ello, estimó que el a quo hizo mal en suplir la función de legislador y proceder a tipificar una conducta sancionable, por vía de la interpretación judicial, además de que no se estaba en época pre electoral o electoral; que su único interés era cumplir con un deber legal, lo cual encuentra respaldo en el artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, que consagra que “[…] Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva: […] e) Todos los informes de gestión, evaluación y auditoría del sujeto obligado; […]”.

Señaló que, la norma sabiamente introdujo el elemento descriptivo “confusión”, para evitar que fotografías publicadas en igualdad de condiciones sean calificadas como resultado de un comportamiento indebido o deshonesto; que lo que repudia la disposición que se le endilga es que las fotografías “induzcan a confusión”, es decir, a su juicio, que generen una reacción desigual, de ventaja, de provecho que no se perciba como correcto, pero aún así la norma no es clara con el elemento “induzcan a confusión”.

Estimó que, la conducta es atípica, pues se ha demostrado que las fotos están insertadas en un informe de gestión, el que conforme a la Ley es una actividad propia de la naturaleza, origen democrático y ajustada a los fines del Concejo Municipal de Pereira; que de acuerdo con el Decreto 4326 de 2011 y las Leyes 1712 de 2014 y 1757 de 2015, no fue definido ni se puede considerar como publicidad oficial o divulgación de programa o política alguna; e igualmente, que la intención de promover a servidores públicos debe ser seria, evidente y clara hacia un proceso o resultado que implique un culto especial o propósito, lo cual no se vislumbra en el expediente.

Que, por lo tanto, esos elementos identificables “induzcan a confusión” no se pueden predicar de publicaciones en igualdad de condiciones que simplemente hacen referencia a personas que ostentan la calidad de concejales, porque el informe versa sobre sus actividades durante un año específico.

Agregó que, la ley no expresa cuántas fotos son las permitidas y qué tamaño deben tener, por lo que no puede aceptarse que criterios de saturación, exuberancia y otros similares sean los argumentos para declararle la sanción más drástica que existe y que afecta su derecho fundamental constitucional de ser elegido.

Que, el a quo no tuvo en cuenta las reglas y principios ampliamente decantados por la jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en materia de pérdida de investidura de Congresistas, las cuales son vinculantes, tales como la buena fe, favorabilidad, pro homine, inocencia y la regla de interpretación restrictiva de las causales, etc.

Adujo que, si la ley define lo que debe contener un informe de gestión, la interpretación adecuada es proceder a su constatación.

Indicó que, además, no se tuvo en cuenta la existencia del precedente del Tribunal Administrativo de Casanare, esto es, la sentencia de 2 de febrero de 2015 (Expediente núm. 2014-00252-00), que si bien no es obligatorio, sí demuestra que en un caso similar al sub examine las imágenes de los concejales en una publicación no dieron lugar a la pérdida de investidura.

Señaló que, el operador judicial no puede razonar de manera parcial para hallar una conducta sancionable, máxime si no hay prueba que demuestre promoción de servidores públicos o candidatos o partidos políticos en dichas ediciones de informes de gestión, con el fin de inducir a confusión a la ciudadanía.

III.2.- Por su parte, la Procuradora Judicial II Delegada en Asuntos Administrativos núm. 38 de Pereira, en el recurso de alzada, insistió en que la conducta de celebrar un contrato para el informe de gestión del Concejo Municipal de Pereira para el año 2014, es atípica por no encuadrar dentro de la prohibición consagrada en el inciso 3° del artículo 10° de la Ley 1474 de 2011.

Estimó que, surge un interrogante en el sentido de establecer si el informe de gestión encuadra dentro de la descripción de la disposición antes mencionada o dentro de lo regulado en el artículo 2° del Decreto 4326 de 2011.

Indicó que, al conceptuar ante el a quo, manifestó que dicho informe de gestión encuadraba dentro del artículo 2° del Decreto 4326 de 2011, porque tal informe no correspondía a una actividad de divulgación de programas y políticas como tampoco de publicidad oficial, sino a actividades propias del Concejo Municipal con la finalidad de promover y facilitar el cumplimiento de la Ley, en relación con asuntos de su competencia y la satisfacción del derecho constitucional y legal a la información por parte de los ciudadanos, puesto que uno de sus deberes especiales es garantizar el fortalecimiento de la democracia participativa.

Que, por tal razón, el informe de gestión no corresponde a una publicidad oficial para divulgar un programa o una política específica que estuviera adelantando el Concejo; que el mismo constituye el cumplimiento de un deber legal de rendir su informe de gestión ante la ciudadanía en general para el cabal ejercicio de sus derechos fortaleciendo la democracia participativa y ante las entidades públicas para efectos de sus competencias.

Señaló que, lo natural, lógico y común es que esté compuesto por las fotografías de los concejales, sin importar su tamaño y por las actividades desarrolladas durante el año 2014, siempre y cuando correspondan a la verdad.

Indicó que, un informe de gestión de los concejos municipales, dada su naturaleza, origen y finalidad constitucional y legal, per se, no constituye publicidad oficial en los términos afirmados por el demandante y el Tribunal.

En cuanto a que el informe de gestión contiene demasiadas imágenes de los concejales, anotó que se colocó bajo el mismo pie de igualdad una foto de cada Concejal y que por tratarse de 19 implicaba un espacio relevante en el informe, pero que en modo alguno de ello se pueda colegir una promoción de servidores públicos.

Agregó que, el principio de interpretación restrictiva de las causales no puede llevar a la regla general que cada imagen que institucionalmente se coloque de un servidor público conlleve una promoción reprochable; que, además, no se conoce norma jurídica que prohíba incluir fotos de los concejales en un informe de gestión y tampoco que por el solo hecho de colocarlas se tipifique una promoción de servidores públicos.
Sostuvo que, el a quo desconoció los principios de inocencia y favorabilidad, pues no analizó circunstancias que favorecían al investigado, siendo la más relevante la austeridad en el gasto público, pues con ese valor cumplió con altos estándares de calidad, deber legal de la Corporación y que la empresa seleccionada por su alto reconocimiento alejaba cualquier asomo de duda de corrupción respecto a algún detrimento patrimonial; y que con su actuar claramente se estaban garantizando los principios de efectividad, transparencia y objetividad.

Señaló que, no hay prueba en el expediente que dé grado de certeza de que el interés que se persiguió en dicho informe era la promoción de servidores públicos; que lo normal de todo informe o imagen institucional es que aparezcan las fotografías de quienes las representan ante la sociedad y demás autoridades, por lo que tal aspecto por sí solo no puede ser suficiente para edificar un interés injusto o ilegal.

Agregó que, las diferentes hipótesis interpretativas que puedan surgir de las imágenes no suplen el derecho probatorio; y que la tipicidad y culpabilidad con la consecuente responsabilidad no puede estar en la hipótesis del intérprete, pues la prueba en dicho sentido debe brillar por si sola en la actuación; que de no ser así se estaría ante un defecto fáctico.

Sostuvo que, la prohibición del artículo 10° de la Ley 1474 de 2011, contiene unos elementos subjetivos y descriptivos que lo califican de manera especial, los cuales no se pueden escindir como se sostuvo en el salvamento de voto, de la manera como lo pretende el a quo, para extender sus efectos a las actividades preceptuadas en una norma diferente, como lo es el artículo 2° del Decreto 4326 de 2011.

Que, el a quo obvió el elemento subjetivo y específico del tipo, consistente en que los elementos identificables “pudiesen inducir a error”, exigido en la misma prohibición, por considerar que las excesivas imágenes, hacían innecesario analizar la confusión exigida en la norma, porque todas eran evidentes, claras y contundentes a promover a todos los concejales, es decir, le dio un significado o calificativo diferente a la palabra “confusión” bajo el entendido de que las fotografías por su claridad y contundencia suplían o eximían el elemento del tipo “confusión”, generándose un defecto sustantivo, porque el contenido íntegro o completo de la disposición no tiene conexidad material con los presupuestos del caso, por lo que no era correcto escindir la norma.

Consideró que, el juez de primer grado no tuvo en cuenta que la ratio decidendi de la sentencia SU-515 de 2013 de la Corte Constitucional, al resolver desfavorablemente el deseo del demandante de inaplicar el Decreto Ley 019 de 2012 por vía de excepción de inconstitucionalidad, pues en ella se dice que debe prevalecer y resguardar la importancia de las garantías propias del proceso de pérdida de investidura, como son la complejidad propia del derecho sancionatorio, el nivel de exigencia en cuanto al rigor con que se apliquen las garantías del debido proceso, el amparo de la presunción de inocencia, la pérdida de los derechos políticos del ciudadano, los principios de tipicidad o taxatividad y favorabilidad, entre otros.

Afirmó que, el contrato celebrado no fue para la promoción de servidores públicos, pues por muchas imágenes que tenga el informe, el resumen hecho por el Tribunal, sí demuestra todas las gestiones desarrolladas por el Concejo durante el año 2014, las que tienen respaldo legal por favorabilidad en el inciso 3° del artículo 59 de la Ley 1757 de 2015, que contempla los mínimos de los informes del Presidente de un Concejo Municipal; y que el volumen de las fotografías considera que están acordes con la naturaleza democrática, política, pluralista y participativa que identifica de manera especial a los Concejos Municipales.

IV-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El señor Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa, en su vista de fondo, se muestra partidario de que se confirme la sentencia apelada, en síntesis, por lo siguiente:

Luego de hacer una descripción sucinta del contenido de los ejemplares de las ediciones 1, 2 y 3 de octubre, noviembre y diciembre de 2014, respectivamente, manifestó que le asistió razón al a quo al considerar que se incurrió en la prohibición del artículo 10° de la Ley 1474 de 2011, puesto que no sería lógico que la tipicidad de la conducta dependiera de lo dispuesto en la parte final de la citada disposición, toda vez que la misma está implícita en la medida en que se quiera aprovechar el medio o mecanismo de información oficial para destacar a los servidores públicos en abierta contravención a la disposición legal.

Que, precisamente, la Ley 1474 de 2011, frente a dicha situación, propendió por apartar la intención de los servidores públicos de promocionarse a sí mismos y/o a otros servidores, escudándose en la publicidad oficial o aprovechando los diferentes medios o mecanismos de información o divulgación que impliquen la destinación de recursos públicos.

Agregó que, comparte lo considerado por el Tribunal cuando sostiene que no encuentra el verdadero móvil de las revistas informativas en cuanto que tengan como única finalidad la de mostrar a la comunidad las gestiones y tareas realizadas por el Concejo Municipal de Pereira para el año 2014, dado su poco desarrollo dentro de cada uno de los ejemplares, en contraste con la copiosa y preponderante carga fotográfica de las imágenes y otra información de los funcionarios públicos, -concejales-, que se incluyó en las tres ediciones elaboradas durante la vigencia del año 2014.

Añadió que, los ejemplares publicitarios contratados por quien era el Presidente del Concejo Municipal de Pereira para la vigencia del año 2014, bajo las condiciones que fueron reproducidas, como lo sostuvo el a quo, sí encuadran en la prohibición del artículo 10° de la Ley 1474 de 2011, dada la exuberante impresión de imágenes, nombres, información personal y hasta de los partidos políticos a los que pertenecen, como consta en el ejemplar núm. 2, reiteración de sus imágenes en tales ediciones, que saturan el contenido de las mismas y, por ende, desdibujan el fin primordial de estos instrumentos, que no es otro que la satisfacción del derecho a la información a la ciudadanía en general, de las políticas y programas oficiales permitidos por la ley, con fundamento en el principio de austeridad del gasto público.

En cuanto a la aplicación de la excepción consagrada en el Decreto 4346 de 2011, en el sentido de que las ediciones informativas en cuestión no constituyen publicidad oficial, estimó que no es de recibo, toda vez que no reúnen las características exigidas en la norma, teniendo en cuenta que con la excesiva inserción de imágenes alusivas a los concejales que integran la Corporación, las cuales se evidencian continuamente en cada aparte de las ediciones, no puede establecerse que el objetivo sea demostrar las gestiones y actividades realizadas; que en general no logran la satisfacción del derecho a la información de los ciudadanos, como lo consagra la norma para que sean considerados como publicidad no oficial o actividades de divulgación de programas y políticas.
En conclusión, consideró que concurren los elementos de configuración de la conducta típica establecida en el artículo 10° de la Ley 1474 de 2011, según la cual se puede determinar que el Concejal demandado incurrió en la prohibición de uso de publicidad oficial, que prohíbe el uso de cualquier otro mecanismo de divulgación de programas y políticas, en este caso el informe de gestión del Concejo Municipal de Pereira de 2014, con la finalidad de promocionar, esto es, dar a conocer, incrementar el nivel de aceptación de los señores concejales del Municipio de Pereira o de sus partidos políticos, visibilizarlos ante la comunidad en general, tal conducta es prohibida por la ley, sin que resulte de recibo aceptar que la tipicidad de la misma depende de lo descrito en la parte final de la norma, cuando el texto normativo ofrece claridad en este sentido de que prohíbe el uso de publicidad oficial o de cualquier otro mecanismo de divulgación.

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cuestión Previa

Es preciso advertir que en sentencia de 9 de febrero de 2017 (Expediente núm. 2016-00080-01 (PI), Consejero ponente doctor Carlos Enrique Moreno Rubio (E)), se confirmó la sentencia de primer grado que decretó la pérdida de investidura del mismo demandado en este proceso, pero por tratarse de una causal distinta no opera el fenómeno de la cosa juzgada y, por ello, el pronunciamiento que ha de hacerse en este caso es de fondo.

La causal en que se fundamenta la solicitud de pérdida de investidura, es la prevista en el artículo 48, numeral 4, de la Ley 617 de 2000, el cual prevé:

“Artículo  48.- Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:
[…] 4. Por indebida destinación de dineros públicos […].”

El a quo en el fallo objeto de apelación decretó la pérdida de investidura del señor FERNANDO ANTONIO PINEDA TAMAYO, Concejal del Municipio de Pereira, por haber incurrido en la causal prevista en el numeral 4 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, -indebida destinación de dineros públicos-, habida cuenta de que utilizó recursos del Estado en fines prohibidos por la ley, como lo es la promoción de funcionarios públicos, -en este caso los concejales de la ciudad de Pereira-, prohibición contenida en el artículo 10° de la Ley 1474 de 2011.

Como ya se indicó, tal decisión fue objeto del recurso de apelación por parte del Concejal demandado y la Procuradora Judicial II Delegada para Asuntos Administrativos núm. 38 de Pereira, cuyas inconformidades las hacen consistir, en síntesis, en lo siguiente:

.- El demandado insistió en que un informe de gestión no se puede calificar como publicidad oficial o divulgación de uno o varios programas o políticas del Concejo Municipal, dado que el Decreto 4326 de 2011 en su artículo 2° señala que no se consideran actividades de divulgación de programas y políticas, ni publicidad oficial, “[…] aquellas que realicen las entidades públicas con la finalidad de promover o facilitar el cumplimiento de la Ley en relación con los asuntos de su competencia, la satisfacción del derecho a la información de los ciudadanos o el ejercicio de sus derechos, o aquellas que tiendan simplemente a brindar una información útil a la ciudadanía […]”.

Agrega que el informe de gestión, hoy llamado rendición de cuentas, se encuentra actualmente definido en el artículo 49 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015; y que para el caso del Presidente del Concejo consagra en el artículo 59 que “[…] Los Presidentes de las Juntas Administradoras Locales, de los Concejos y de las Asambleas y de sus comisiones permanentes, elaborarán un informe de rendición de cuentas del desempeño de la respectiva célula, mínimo, una vez al año dentro de los tres primeros meses a partir del segundo año […]”.

Que la citada Ley 1757 de 2015, al unificar el concepto de informes que se deben presentar, en ninguna parte los tipifica “publicidad oficial o divulgación de programas o políticas”.

Aduce que si bien es cierto que para el momento de los hechos no existía la Ley 1757, la misma debe ser aplicada por el principio integrador de favorabilidad y pro homine, porque claramente define el informe o rendición como un deber funcional de las entidades llamadas por la ley a hacerlo.

Anota que armonizando el artículo 59 de la Ley 1757 de 2015 con el Decreto 4326 de 2011, a su juicio, surge con suficiente claridad que el informe de gestión nada tiene que ver con publicidad oficial ni divulgación de programas o políticas específicas del Concejo Municipal.

Indica que, además, no se tuvo en cuenta la existencia del precedente del Tribunal Administrativo de Casanare, esto es, la sentencia de 2 de febrero de 2015 (Expediente núm. 2014-00252-00), que si bien no es obligatorio, sí demuestra que en un caso similar al sub examine las imágenes de los concejales en una publicación no dio lugar a la pérdida de investidura.

2.- Por su parte, la Procuradora Judicial II Delegada en Asuntos Administrativos núm. 38 de Pereira, en el recurso de alzada, insistió en que la conducta de celebrar un contrato para el informe de gestión del Concejo Municipal de Pereira para el año 2014, es atípica por no encuadrar dentro de la prohibición consagrada en el inciso 3° del artículo 10° de la Ley 1474 de 2011.

Indicó que, al conceptuar ante el a quo, manifestó que dicho informe de gestión encuadraba dentro del artículo 2° del Decreto 4326 de 2011, porque tal informe no correspondía a una actividad de divulgación de programas y políticas como tampoco de publicidad oficial, sino a actividades propias del Concejo Municipal con la finalidad de promover y facilitar el cumplimiento de la Ley, en relación con asuntos de su competencia y la satisfacción del derecho constitucional y legal a la información por parte de los ciudadanos, puesto que uno de sus deberes especiales es garantizar el fortalecimiento de la democracia participativa.

Que, por tal razón, el informe de gestión no corresponde a una publicidad oficial para divulgar un programa o una política específica que estuviera adelantando el Concejo; que el mismo constituye el cumplimiento de un deber legal de rendir su informe de gestión ante la ciudadanía en general para el cabal ejercicio de sus derechos fortaleciendo la democracia participativa y ante las entidades públicas para efectos de sus competencias.

Para resolver la controversia, la Sala tiene en cuenta lo siguiente:

Está acreditado en el proceso que el demandado fue elegido Concejal del Municipio de Pereira para el período 2012-2105, conforme al Acta de Escrutinio, visible a folio 14 del cuaderno principal núm. 1.

Igualmente, que fungió como Presidente del citado Concejo Municipal en el año 2014, en cuya condición, el 23 de septiembre de ese año, hizo una invitación pública al Proceso de Contratación de Mínima Cuantía núm. 23 de 2014, cuyo objeto era “La impresión y la entrega de sus ejemplares, que condense la gestión del CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA del año 2014, en un diario o informativo de amplia circulación local”, siendo el único proponente la sociedad Editores Ramírez y Ramírez Ltda., cuya oferta fue aceptada en comunicación de 30 de ese mes y año por el aquí demandado, la cual obra a folios 63 y 64 del cuaderno principal núm. 1, en la cual se lee:

“[…] Pereira, Septiembre 30 de 2014

Señor
JAVIER IGNACIO RAMÍREZ MUNERA
Representante Legal
RR EDITORES RAMIREZ Y RAMIREZ LTDA.
Carrera 8 Número 22-75
Pereira

Asunto: Comunicación de Aceptación de oferta de Invitación de Mínima Cuantía Número 23 de 2014.

Como es de su conocimiento, el Concejo Municipal de Pereira, adelantó el proceso de contratación por la modalidad de selección de mínima cuantía N° 23 de 2014, cuyo objeto es: “Impresión y entrega de sus ejemplares, que condense la gestión del CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA del año 2014, en un diario o informativo de amplia circulación local.

El proceso de contratación se adelantó conforme a lo previsto en el decreto 1510 de 2013, del cual según la evaluación realizada por los funcionarios designados para el efecto, usted ocupó el primer lugar en el orden de elegibilidad por precio, cumpliendo además, con todos los requisitos exigidos en la invitación pública, razón por la que el Comité Evaluador recomendó adjudicarle el compromiso de la invitación pública de mínima cuantía número 23 de 2014.

En razón a lo anterior, el Representante legal del Concejo Municipal de Pereira, FERNANDO ANTONIO PINEDA TAMAYO […] MANIFIESTA LA ACEPTACIÓN EXPRESA E INCONDICIONAL DE LA OFERTA presentada por la empresa RR EDITORES RAMIREZ Y RMIREZ LTDA […], por valor de OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS […] y un plazo de tres (03) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Para la ejecución del contrato deberá contactarse con la Secretaría General de la Corporación […]

Así mismo, se le comunica que la supervisión del contrato, será realizada por el Secretario General doctor ALEXANDER PEREZ BUSTAMENTE.

La comunicación de aceptación conjuntamente con la oferta constituye para todos los efectos el contrato celebrado.

Para la ejecución se dispondrá la expedición del respectivo registro presupuestal.

Cordialmente,

FERNANDO ANTONIO PINEDA TAMAYO
Presidente […]”.

A folio 65 obra el certificado núm. 1150 de 30 de septiembre de 2014, en el que consta que en la citada fecha se efectuó el registro presupuestal a favor de R.R. EDITORES, cuyo objeto es la impresión de tres informes de gestión y distribución, del código presupuestal 2.1.2.07 “IMPRESOS, PUBLICACIONES Y LIB, DE CONSULTA”, por la suma de $8’950.000.oo.

Como ya se indicó, el a quo encontró configurada la indebida destinación de dineros públicos y, por ende, decretó la pérdida de investidura del Concejal demandado, por considerar que incurrió en la prohibición prevista en el inciso 3° del artículo 10° de la Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, el cual prevé:

“Artículo  10. Presupuesto de publicidad. Reglamentado por el Decreto Nacional 4326 de 2011. Los  recursos que destinen las entidades públicas y las empresas y sociedades con participación mayoritaria del Estado del orden nacional y territorial, en la divulgación de los programas y políticas que realicen, a través de publicidad oficial o de cualquier otro medio o mecanismo similar que implique utilización de dineros del Estado, deben buscar el cumplimiento de la finalidad de la respectiva entidad y garantizar el derecho a la información de los ciudadanos. En esta publicidad oficial se procurará la mayor limitación, entre otros, en cuanto a contenido, extensión, tamaño y medios de comunicación, de manera tal que se logre la mayor austeridad en el gasto y la reducción real de costos.
Los contratos que se celebren para la realización de las actividades descritas en el inciso anterior, deben obedecer a criterios preestablecidos de efectividad, transparencia y objetividad.
Se prohíbe el uso de publicidad oficial, o de cualquier otro mecanismo de divulgación de programas y políticas oficiales, para la promoción de servidores públicos, partidos políticos o candidatos, o que hagan uso de su voz, imagen, nombre, símbolo, logo o cualquier otro elemento identificable que pudiese inducir a confusión. […]” (Negrilla fuera de texto)
Modificado por el art. 232, Decreto Nacional 019 de 2012. En ningún caso las entidades objeto de esta reglamentación podrán patrocinar, contratar o realizar directamente publicidad oficial que no esté relacionada en forma directa con las funciones que legalmente debe cumplir, ni contratar o patrocinar la impresión de ediciones de lujo o con policromías.
Parágrafo 1°. Derogado por el art. 50, Ley 1551 de 2012. Las entidades del orden nacional y territorial que tengan autorizados en sus presupuestos rubros para publicidad o difusión de campañas institucionales, deberán reducirlos en un treinta por ciento (30%) en el presente año, tomando como base para la reducción el monto inicial del presupuesto o apropiación presupuestal para publicidad o campaña. Una vez surtida la reducción anterior, en los años siguientes el rubro correspondiente sólo se podrá incrementar con base en el Índice de Precios al Consumidor.
Parágrafo 2°. Lo previsto en este artículo no se aplicará a las Sociedades de Economía Mixta ni a las empresas industriales y comerciales del Estado que compitan con el sector público o privado o cuando existan motivos de interés público en salud. Pero en todo caso su ejecución deberá someterse a los postulados de planeación, relación costo beneficio, presupuesto previo y razonabilidad del gasto.
Parágrafo 3°. Las entidades del orden nacional y territorial a que se refiere esta disposición están obligadas a publicar periódicamente en su página de Internet toda la información relativa al presupuesto, planificación y gastos en las actividades descritas en el inciso primero de este artículo.”

La parte recurrente estima que las publicaciones cuestionadas no corresponden a divulgación oficial, de conformidad con el artículo 2º del Decreto Reglamentario 4326 de 11 de noviembre de 2011, que es del siguiente tenor:

“Artículo 2°. Actividades no comprendidas. No se consideran actividades de divulgación de programas y políticas, ni publicidad oficial, aquellas que realicen las entidades públicas con la finalidad de promover o facilitar el cumplimiento de la Ley en relación con los asuntos de su competencia, la satisfacción del derecho a la información de los ciudadanos o el ejercicio de sus derechos, o aquellas que tiendan simplemente a brindar una información útil a la ciudadanía, como pueden ser entre otras:
a). Las originadas en actividades o situaciones de riesgo, cuya difusión tiende a prevenir o disminuir la consumación de daños a la ciudadanía;
b). Las notificaciones, comunicaciones o publicaciones legalmente dispuestas;
c). La comunicación o publicación de los instrumentos y demás documentos que deba realizar, de acuerdo con el ordenamiento jurídico;
d). La información de orden legal que sea de interés general para la ciudadanía”.

Del contenido de la Ley 1474 de 2011, claramente se advierte que dentro de las medidas administrativas para la lucha contra la corrupción, fue voluntad del legislador proscribir en su artículo 10° la utilización de los recursos del Estado para finalidades ajenas a la divulgación de programas y políticas públicas que desarrolle la respectiva entidad; e igualmente, que a través de la divulgación oficial se promuevan servidores públicos, partidos políticos o candidatos, bajo la utilización de su voz, nombre, imagen, símbolo o logo.

El Gobierno Nacional al reglamentar la Ley 1474 de 2011 a través del Decreto 4326 de 2011, en su artículo 2° señala como actividades no comprendidas dentro de la publicidad oficial, las que realicen las entidades públicas para promover o facilitar el cumplimiento de la ley en relación con los asuntos de su competencia, norma esta que sirve de sustento al demandado y al Ministerio Público para considerar que las publicaciones cuestionadas no constituyen publicidad oficial.

Al respecto estima la Sala que no asiste razón a los recurrentes por cuanto del texto de las publicaciones se advierte que en ellas se hace una relación de los Proyectos de Acuerdo que se han expedido a lo largo del período que cobija a las mismas y de las actividades que en materia ambiental, presupuestal y funcional se han efectuado por parte de la Corporación Edilicia (folios 69 a 72 vuelto y 77 a 82). Es decir, que se trata de una divulgación de los programas y políticas públicas, a que alude el artículo 10º de la Ley 1474 de 2011 y no de que en virtud de aquellas se esté promoviendo o facilitando el cumplimiento de la ley, o informando a la ciudadanía sobre una actividad de riesgo para prevenir o disminuir daños, ni que se estén haciendo notificaciones o publicaciones legalmente establecidas, etc.

En efecto, claramente se observa que en las ediciones números 1 y 3 se pone en conocimiento de la ciudadanía que el Concejo Municipal de Pereira posesionó personeros y contralores estudiantiles; que hizo un homenaje a la jornada mundial en la hora del planeta; que realizó sesiones para escuchar las inquietudes, necesidades y problemáticas de los comuneros y líderes comunitarios; que efectuó traslados presupuestales para oxigenar programas del Plan de Desarrollo Municipal; que hizo una inversión histórica para el aeropuerto; que se destinaron recursos para programas de medio ambiente y operativo de emergencias; y que realizó la primera socialización del Plan de Ordenamiento Territorial, etc., actividades todas estas que están enmarcadas en las funciones que corresponde ejercer al Concejo Municipal y que, por ende, encuadran dentro de la divulgación o publicidad oficial.

Siendo ello así, tales publicaciones deben someterse a la austeridad del gasto que tuvo como finalidad la expedición de la ley y ante todo en ellas no puede bajo ninguna circunstancia hacerse uso de imágenes, símbolos o logos que tiendan a promocionar a los servidores públicos ni partidos políticos.

Pero resulta que en las mencionadas publicaciones aparecen en todas sus páginas las imágenes de los distintos concejales y, particularmente, en la edición núm. 2, solo se trae a colación el nombre de cada uno de ellos acompañado de su hoja de vida y del partido político al cual pertenecen y, curiosamente, ni siquiera se hace alusión a la realización de alguna actividad propia del ejercicio de sus funciones, con lo cual, fácilmente se colige que se está haciendo uso de recursos del Estado para promocionar a servidores públicos, lo que, además de infringir la prohibición consagrada en el artículo 10º de la Ley 1474 de 2011, configura la indebida destinación de dineros públicos y, por ende, hace merecedor al demandado de la pérdida de su investidura.

Cabe resaltar que la sentencia a que alude el recurrente, del Tribunal Administrativo del Casanare, fue revocada por esta Corporación a través de providencia de 28 de enero de 2016, precisamente, porque el demandado al haber ordenado unas publicaciones en policromía violó la disposición legal que las prohibía e incurrió en la causal de indebida destinación de dineros públicos sancionable con la pérdida de su investidura.

Finalmente, advierte la Sala que no es de recibo el argumento del demandado en cuanto afirma que las publicaciones corresponden a la rendición de cuentas consagrada en la Ley 1757 de 6 de julio de 2015, toda vez que, como él mismo lo reconoce, esta norma es posterior a los hechos materia del proceso. Y, en todo caso, aún admitiendo en gracia de discusión, que sus disposiciones le son favorables lo cierto es que si tales publicaciones, de conformidad con la citada ley constituyen un deber funcional, a ellas se aplica la austeridad en el gasto y la prohibición de plasmar imágenes y hacer mención a los partidos políticos.

• ANÁLISIS DEL ELEMENTO SUBJETIVO EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE TUTELA.

Respecto a la segunda inconformidad del demandado con el fallo apelado, consistente en que el a quo no realizó el análisis del elemento de responsabilidad subjetiva, la Sala observa lo siguiente:

La Corte Constitucional en la sentencia SU-424 de 11 de agosto 2016 (Magistrada ponente doctora Gloria Stella Ortiz Delgado), precisó que en los procesos de pérdida de investidura una vez verificada la causal endilgada, el juez debe examinar “[…] si en el caso particular se configura el elemento de culpabilidad (dolo o culpa) de quien ostenta la dignidad, esto es, atiende a las circunstancias particulares en las que se presentó la conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó a esa acción u omisión […]”; que, asimismo, […] debe determinar si se configura la causal y si a pesar de que esta aparezca acreditada, existe alguna circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya actuado de buena fe o, en caso de que la causal lo admita, se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general exista alguna circunstancia que permita descartar la culpa […]” (Negrillas fuera de texto).

En consideración a esta postura de la Corte Constitucional, la Sala en sentencia indicada a pie de página, señaló que el “[…] proceso de pérdida de investidura exige, entonces, a partir de estos claros parámetros, la observancia del derecho fundamental al debido proceso del demandado, particularmente, de los principios pro homine, in dubio pro reo, de legalidad (las causales son taxativas y no hay lugar a aplicar normas por analogía), objetividad, razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y culpabilidad […]”; y que de acuerdo con la sentencia SU-501 de 6 de agosto de 2015 (Magistrada ponente doctora Myriam Ávila Roldán), se requiere acreditar un mínimo de culpabilidad para que sea impuesta la sanción, dado que en los procesos de pérdida de investidura no es posible calificar el grado de culpabilidad (dolo, culpa grave o leve) y, por ende, tampoco modular la sanción.

Por tal razón, estudió el elemento subjetivo, en el caso particular, a partir del análisis del dolo y la culpa.

Para tal efecto, señaló:

“[…] Precisado lo anterior, el abordaje del aspecto subjetivo requiere el análisis del dolo y la culpa, entendido el primero como la intención positiva de lesionar un interés jurídico, entretanto la segunda atañe a un concepto que está ligado a la diligencia debida para el desarrollo de determinada actividad.

Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa, deben analizarse los elementos que constituyen el aspecto subjetivo de la misma, los cuales corresponden al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud, esto es, si el sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico.

En los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía plenamente que su comportamiento era constitutivo de una causal de pérdida de investidura, estaríamos ante una situación de total intención en la realización de la misma y, por ende, de un grado de culpabilidad doloso. En aquellos eventos en los que se concluya que el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta, pero que en virtud de la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad debía saber que la misma resultaba contraria a derecho, se está ante un comportamiento culposo, de no mediar sólidas circunstancias que se lo hubieran impedido.

[…]Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los presupuestos señalados en el artículo 63 del Código Civil, el cual prevé:

“ARTICULO 63. CULPA Y DOLO. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.
Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.
Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.
El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.
Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.
El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.
En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el marco normativo que rige el cargo al cual se aspira, es una obligación general para quien pretende acceder a la función pública, incluso en los eventos de elección popular, sin embargo el entendimiento de dichos requisitos debe analizarse de acuerdo con las condiciones personales del sujeto, esto es el grado de formación, su profesión, las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo solicitar conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de la referida inhabilidad, para con base en ello, determinar si se obró con el cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por el contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa que impida el reproche subjetivo de su obrar.

Esta conducta corresponde, según el citado artículo 63, a la falta de cuidado que los hombres emplean ordinariamente en los negocios propios. La Ley 136 establece en su artículo 42 las calidades o requisitos positivos con los que debe contar un candidato para ser elegido Concejal Municipal, esto es, ser ciudadano en ejercicio y haber nacido o ser residente del respectivo municipio o de la correspondiente área metropolitana durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la inscripción o durante un período mínimo de tres (3) años consecutivos en cualquier época.

A su vez, en su artículo 43, esta Ley prevé las inhabilidades o requisitos negativos de los que debe carecer el candidato al Concejo para ser elegido y ejercer la curul, dentro de las cuales se encuentra, como ya se ha explicado, haber intervenido en el año anterior a las elecciones, en la celebración de contratos con entidades públicas en interés propio o de terceros, para ser ejecutados en el mismo Municipio al cual aspira a ser Concejal.

Ambos tipos de requisitos son de obligatoria observancia, revisión y análisis previos por parte de todo ciudadano que pretenda ser elegido Concejal Municipal. Esa, es una diligencia que surge como debida en el ordinario transcurrir del proceso de inscripción del respectivo candidato, siéndole por demás exigible en medio de las normales medidas de cuidado y precaución que tenía que adelantar para llegar a la certeza del cumplimiento de los mismos y, por ende, de una candidatura reglamentaria y sometida a las condiciones legales para ejercer el cargo de Cabildante.

Al respecto, el artículo 9º del Código Civil, según el cual, “la ignorancia de las leyes no sirve de excusa”, fue objeto de examen de constitucionalidad por la Corte Constitucional, que en dicha ocasión explicó lo siguiente, que ahora de prohíja:

“[…] Precisamente la disposición que hoy se cuestiona, fue demandada como contraria al contenido del artículo 16 de la Carta anterior, que implícitamente recogía el principio de igualdad. Y al desechar el cargo, dijo la Corte Suprema, en fallo elaborado por el Magistrado Luis Carlos Sáchica: “Es la igualdad jurídica, que otorga iguales facultades e impone idénticos deberes, y da igual protección a unos y a otros. Esto es, se repite, una igualdad de derechos y no de medios. Si no se acepta este principio, se rompe la unidad y uniformidad del orden jurídico, atomizado en múltiples estatutos particulares, o sea, en un sistema de estatutos privados privilegiados […]

[…] Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora equivale a establecer un privilegio a su favor violatorio de la igualdad constitucional y generador del caos jurídico”.

[…]

Es claro, desde luego, que el deber jurídico implícito en la ficción supone, a la vez, una obligación ineludible a cargo del Estado: promulgar las leyes, pues sólo a partir de ese acto se hace razonable la efectividad de las consecuencias jurídicas que pueden seguirse de su inobservancia.

No puede desprenderse de lo anterior que la educación juegue un papel insignificante en el conocimiento del derecho y en el cumplimiento de los deberes que de él se desprenden (aunque a menudo se utiliza para evadirlos sin dejar rastro). Por esa razón, entre otras, el derecho a acceder a ella ocupa un lugar importante en la Carta. Pero no puede argüirse razonablemente que quienes carecen de educación o tienen dificultades para conocer la ley, se encuentran imposibilitados para conocer sus deberes esenciales y que por tanto deban ser relevados de cumplirlos […] (Negrillas fuera de texto)”.

Al aplicar dichos lineamientos al caso bajo examen, con miras a definir este elemento subjetivo, el análisis de la conducta debe dirigirse a establecer si el señor FERNANDO ANTONIO PINEDA TAMAYO conocía o debía conocer que la suya era constitutiva de indebida destinación de dineros públicos, para determinar si existió dolo o culpa en su comportamiento.

En el caso del dolo, el objeto de prueba está encaminado a determinar el pleno conocimiento que tiene el sujeto sobre que determinada conducta (en el sub lite el uso de recursos del Estado en fines prohibidos por la ley, como fue promocionar a los servidores públicos, en este caso a los concejales del Municipio de Pereira, a través de la inclusión en las publicaciones en mención de sus imágenes, sus hojas de vida y el partido al cual pertenecía cada uno de los 19 concejales), constituye una indebida destinación de dineros públicos, pues ante dicho conocimiento, la ejecución de la conducta demuestra la intención de permanecer en ella.

Y para determinar si la conducta fue culposa, tiene que estar demostrado, al menos, que el sujeto debía conocer su ilicitud en virtud de la diligencia que para ejercer sus funciones como Concejal del Municipio de Pereira (Risaralda) y, por ende, como servidor público, le era menester desplegar.

Precisado lo anterior y de las pruebas obrantes en el expediente, la Sala advierte que el demandado no fue diligente al analizar las normas que prohibían el uso de publicidad oficial para la promoción de servidores públicos pues, de haber sido así, se habría percatado de que la inclusión de las imágenes de los distintos concejales del Municipio de Pereira, acompañadas de sus hojas de vida y del partido político al cual pertenecían, en las publicaciones en las que se apoyó el demandante para solicitar la pérdida de su investidura que, por su contenido, se enmarcaban dentro de la prohibición de divulgación o publicidad oficial, prevista en el artículo 10º, inciso 3º, de la Ley 1474 de 2011, conducta con la cual se configuró la indebida destinación de dineros públicos.

Ahora, cabe señalar que dentro del proceso no hay prueba alguna de la cual pueda inferirse que el demandado previamente haya realizado solicitudes de conceptos jurídicos que avalaran la viabilidad de la inclusión de las imágenes de los concejales que hacían parte del Concejo Municipal de Pereira, sus hojas de vida y partidos políticos a los cuales pertenecían o jurisprudencia relacionada, que permitiera establecer que con ello no se estuviera promocionando a servidores públicos y de esta manera quedar exonerado de responsabilidad alguna frente a tales hechos.

Además, el demandado tampoco alegó la existencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que justifiquen haber incurrido en la causal de indebida destinación de dineros públicos, que se le endilga.
Por lo tanto, si bien la Sala no cuenta con elementos probatorios que le permitan inferir que el señor FERNANDO ANTONIO PINEDA TAMAYO sabía que la prohibición del uso de publicidad oficial para la promoción de servidores públicos constituía causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos y que, aun así, de forma dolosa, optó por hacerlo, lo cierto es que sí quedó demostrado que, teniendo un deber de diligencia ordinaria que atender en el marco de sus funciones -las que debía saber-, evidentemente no lo satisfizo con el cuidado mediano que las personas emplean normalmente en sus negocios propios, incurriendo en un descuido que tornó en negligente su conducta, es decir, que lo hizo actuar con la culpa objeto de verificación en el análisis subjetivo de esta causal de pérdida de investidura.

Así las cosas, al quedar configurados los elementos objetivo y subjetivo en el estudio de la causal de pérdida investidura de concejal prevista en el artículo 48, numeral 4, de la Ley 617, la Sala procederá a confirmar la sentencia apelada, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 8 de junio de 2018.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de enero de 2016, C.P. María Claudia Rojas Lasso, número único de radicación 85001-23-33-000 2014-00252-01.
Cabe señalar que para la fecha en que se notificó la citada sentencia, esto es, 17 de noviembre de 2016, ya se había proferido el fallo apelado en el proceso de la referencia, razón por la cual el a quo no estaba obligado a estudiar el elemento subjetivo para resolver la solicitud de pérdida de investidura.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de mayo de 2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 81001-23-39-000-2015-00081-01.
Proferida por la Corte Constitucional.
Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, marzo 30 de 1978.
Corte Constitucional, sentencia C-651 de 1997, Magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz.

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