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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2025-01697-01

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2025-01697-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Revocar la sentencia del 27 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, que negó las pretensiones de la acción de cumplimiento, de conformidad con los argumentos expuestos en este fallo. SEGUNDO: Declarar el incumplimiento por parte del Ministerio de Educación Nacional, de lo establecido en los incisos 1, 3 y 4 del artículo 10 de la Ley 1474 de 2011. TERCERO: Ordenar al ministro de Educación Nacional que, en cumplimiento del mandato expreso contenido en los incisos 1, 3 y 4 del artículo 10 de la Ley 1474 de 2011, se abstenga en lo sucesivo de orientar la publicidad oficial de la entidad, adelantada a través de sus canales oficiales de comunicación o mediante campañas coordinadas con otras entidades del orden nacional, por fuera de su finalidad institucional asignada por la ley. CUARTO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-41-000-2025-01697-01

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

19 de febrero de 2026

Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
Rad: 25000-23-41-000-2025-01697-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

CONSEJERO DE ESTADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01697-01
Demandante: FUNDACIÓN PARA EL ESTADO DE DERECHO
Demandado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Tema: Revoca decisión. Uso de publicidad oficial para fines
ajenos a los relacionados con las funciones de las
entidades estatales

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala procede a resolver la impugnación interpuesta por la parte
demandante contra la sentencia de 27 de noviembre de 2025, mediante la cual
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A,
negó las pretensiones de la acción de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud

1. En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la
Constitución y desarrollada por la Ley 393 de 1997, la Federación para el
Estado de Derecho (en adelante, Fedederecho), por medio de su
representante legal, presentó demanda contra el Ministerio de Educación
Nacional con el fin de obtener el cumplimiento de lo previsto en los incisos
primero (parcial), tercero y cuarto del artículo 10 de la Ley 1474 de 2011.

2. Como consecuencia del obedecimiento de las normas invocadas solicitó lo
siguiente:

i) Que toda actividad de publicidad oficial adelantada por la entidad a
través de sus canales oficiales de comunicación o mediante campañas
coordinadas con otras entidades del orden nacional se limite a buscar el
cumplimiento de la finalidad institucional asignada por la ley, orientándose
a informar a la ciudadanía sobre sus programas, planes, proyectos y
servicios.

ii) Que se abstenga de utilizar la publicidad oficial o cualquier otro
mecanismo de divulgación o comunicación institucional, para la
promoción o exaltación de servidores públicos, o para replicar mensajes
ajenos a su objeto legal.

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Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Ministerio de Educación Nacional
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iii) Que se proceda al retiro de las publicaciones que no se ajusten a la
finalidad institucional ni a las funciones legales de la entidad y que
contravengan las prohibiciones previstas en los incisos 1, 3 y 4 del artículo
10 de la Ley 1474 de 2011-Estatuto Anticorrupción- dejando claro que
este requerimiento no se limita a la campaña sobre la descertificación ni
a un episodio particular, sino que cobija cualquier publicación de la entidad
que reproduzca mensajes ajenos a su objeto misional, tanto en el pasado
como hacia el futuro.

iv) Que se adopten medidas administrativas internas -como directrices,
protocolos o circulares- que garanticen que las futuras campañas o piezas
comunicacionales de la entidad cumplan de manera estricta con el
régimen de publicidad oficial.

2. Hechos

3. En resumen, el fundamento fáctico de la demanda es el siguiente:

4. La parte actora aseguró que, el 17 de septiembre de 2025, el presidente de
la República, a través de alocución presidencial, se refirió a la descertificación
de Estados Unidos a Colombia como aliado en la lucha contra el narcotráfico.

5. Argumentó que, tras el anuncio, distintas entidades estatales replicaron
apartes de la alocución en sus redes oficiales, acompañando el mensaje de la
etiqueta #TrumpSeEquivocoDePais, incluidas entidades cuya misionalidad no
guarda relación con la lucha contra el narcotráfico.

6. Entre las entidades se encuentra el Ministerio de Educación Nacional, cuyo
objeto es «liderar la formulación, implementación y evaluación de políticas
públicas educativas, con el fin de asegurar la calidad y la pertinencia en
condiciones de inclusión, así como la permanencia en la atención integral en
las trayectorias». El Ministerio publicó en su cuenta oficial de X (antes Twitter)
información y piezas alusivas a los pronunciamientos del presidente de la
República.

7. Puso de presente que, el 17 de septiembre de 2025, el Ministerio posteó,
en su cuenta oficial de X (antes Twitter), información sobre la alocución que
realizaría el presidente hablando de la descertificación, reiterando la publicidad
al día siguiente.

8. Señaló que, en la cuenta oficial del Ministerio de Educación Nacional
(mineducacioncol) en Instagram se evidencian las publicaciones con el
#TrumpSeEquivocoDePais, que también fueron replicadas en la cuenta oficial
de la entidad en la red social Facebook.

9. Sostuvo que, según información periodística, estas comunicaciones harían
parte de una estrategia de comunicación coordinada por el Gobierno nacional,
orientada a «posicionar la descertificación como una agresión política contra
Colombia, viabilizar los logros reales en la lucha contra el narcotráfico y
proyectar al presidente como líder que defiende la soberanía, la justicia y la
dignidad nacional».

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10. Afirmó que, las publicaciones realizadas a través de la cuenta oficial del
Ministerio de Educación Nacional (@Mineducacion) constituyen publicidad
oficial. Conforme al artículo 10 de la Ley 1474 de 2011, la publicidad oficial
comprende toda forma de comunicación o divulgación institucional dirigida al
público, con el fin de dar a conocer servicios, planes, programas, proyectos o
campañas relacionados con las funciones y competencias de la entidad.

3. Trámite de la solicitud en primera instancia

11. Mediante providencia del 27 de octubre de 20251, el magistrado
sustanciador del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, admitió la demanda y ordenó la notificación al Ministerio de
Educación Nacional.

4. Contestación de la demanda

4.1. El Ministerio de Educación Nacional

15. El apoderado de la entidad se opuso a las pretensiones de la demanda,
con base en los siguientes argumentos.

16. Sostuvo que el inciso primero del artículo 10 de la Ley 1474 de 2011
restringe las actividades de publicidad oficial cuando «implican utilización de
dineros del Estado». En el presente caso las publicaciones fueron elaboradas
de manera orgánica, sin contratación, sin pauta publicitaria y sin erogación
presupuestal alguna. La comunicación institucional se desarrolló a través de
canales digitales de la entidad, como herramienta de interacción con la
ciudadanía dentro del modelo de Gobierno Abierto y Transparencia Digital.

17. Afirmó que, de acuerdo con la sentencia C-507 de la Corte Constitucional
el principio de legalidad del gasto impide cualquier erogación con cargo al
tesoro público no prevista en el presupuesto, pero no limita las actuaciones
institucionales que no generan desembolso ni comprometen partidas
presupuestales.

18. Asimismo, indicó que la actuación del Ministerio de Educación Nacional
refleja coherencia con el marco constitucional de austeridad en el gasto y
responsabilidad en el uso de los recursos públicos. En lo referente a la
finalidad institucional, es la entidad rectora del sector educativo y tiene, entre
sus principales funciones, liderar la formulación, implementación y evaluación
de políticas públicas educativas, orientadas a mejorar la calidad, garantizar la
equidad en el acceso y hacer efectivo el derecho fundamental a la educación.

19. Como consecuencia, afirmó que, en ejercicio de dicha misión, desarrolla
comunicación institucional sobre una posición oficial del Estado colombiano
frente a un asunto de relevancia internacional.

1 Índice 2 de Samai, del expediente digital del Consejo de Estado

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20. Indicó que las publicaciones efectuadas no contienen voz, imagen,
nombre ni símbolos de ningún servidor público. No promueven su aceptación
o posicionamiento político. El contenido fue estrictamente informativo y
orientado a comunicar a la ciudadanía la posición institucional del Estado
colombiano frente a un hecho de interés público.

21. Manifestó que la jurisprudencia del Consejo de Estado (Sección Primera,
sentencia del 16 de febrero de 2017, Rad. 66001-23-33-002-2015-00293-01)
ha precisado que la prohibición sólo se configura cuando existe una utilización
indebida de la publicidad estatal con fines de exaltación o autopromoción,
circunstancia que no se presenta en el caso bajo análisis. Las actuaciones se
encuentran plenamente conectadas con su objeto misional consistente en
«liderar la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas
educativas, con el fin de asegurar la calidad, pertinencia e inclusión en el
servicio educativo» (Decreto 2269 de 2023).

22. Sostuvo que la difusión de información oficial de interés nacional hace
parte de la función educativa, pedagógica y formativa del ciudadano (artículos
67 de la Constitución y 4, numeral 3, de la Ley 115 de 1994), que establece
como fin de la educación «facilitar la participación de todos en las decisiones
que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la
Nación». Como consecuencia, la divulgación de mensajes oficiales sin gasto
público y con contenido informativo no se aparta de las competencias legales
ni del objeto institucional del Ministerio, sino que refuerza su función educativa
de promover el conocimiento y la comprensión crítica de los asuntos públicos.

23. En la era digital las redes sociales institucionales constituyen un canal de
comunicación directa entre la administración y la ciudadanía. Su uso orgánico,
sin pauta publicitaria ni contratación, se enmarca en el principio de Gobierno
Abierto que promueve la articulación tecnológica y la transparencia digital en
la gestión pública. La publicación de mensajes institucionales en canales
oficiales de comunicación, como las redes sociales de la entidad, constituye
un ejercicio legítimo del principio de publicidad que rige la función
administrativa, conforme al artículo 209 de la Constitución.

24. Finalmente, afirmó que se trató de comunicaciones orgánicas, elaboradas
internamente por el equipo de la Oficina Asesora de Comunicaciones del
Ministerio, sin utilizar recursos del presupuesto de publicidad oficial ni destinar
fondos públicos para su difusión. En el caso concreto, la difusión de
información relacionada con la posición del Estado colombiano frente a la
descertificación internacional no constituyó una actuación autónoma del
Ministerio de Educación Nacional, sino una acción enmarcada en la
coordinación comunicativa del Gobierno central, orientada a garantizar la
difusión veraz y uniforme de la postura institucional del Estado colombiano.

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5. Sentencia de primera instancia

25. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
A, en sentencia del 27 de noviembre de 20252, negó las pretensiones de la
acción de cumplimiento, toda vez que encontró que, las publicaciones
censuradas se refieren a la descertificación del Gobierno de los Estados
Unidos de América a Colombia en relación con la lucha contra el narcotráfico.

26. Por tanto, concluyó que se trata de una reacción que encuentra una
explicación razonable en el carácter político de los integrantes del gabinete de
ministros, que hace parte de una entendible solidaridad de gobierno en el
marco de la situación crítica por la que atravesaba la aplicación de una política
estatal.

6. La impugnación3

27. La parte actora solicitó que se revocara el fallo de primera instancia y, en
su lugar, se acceda a las pretensiones de la acción de cumplimiento.

28. Adujo que el artículo 10 de la Ley 1474 de 2011 no consagra excepción
alguna fundada en el carácter político de los ministros, ni habilita a los
servidores públicos o a las entidades estatales a difundir, a través de canales
institucionales, información oficial ajena al objeto misional de la entidad; por
tanto, la sentencia de primera instancia incurre en una interpretación contraria
a la ley, creando una excepción no prevista por el legislador y despojando la
norma de su efecto útil.

29. Sostuvo que el fallo de primera instancia exceptuó el cumplimiento del
régimen de publicidad oficial a partir de una lectura extensiva de los atributos
constitucionales del presidente de la República previstos en el artículo 188 de
la Constitución, bajo la cual sostuvo que los miembros del gobierno cuentan
con un margen de apreciación, derivado de su naturaleza política, para apoyar
la divulgación de información ajena a sus funciones legales, pero alineada con
el respaldo a una política de Estado.

30. Reiteró los argumentos expuestos en la demanda de cumplimiento
relativos a que, el objeto misional del Ministerio de Educación Nacional y las
funciones legales que le han sido asignadas no guardan una relación directa,
específica ni funcional con las publicaciones difundidas a través de sus
canales institucionales.

31. Asimismo, sostuvo que el artículo 3 del Decreto 2269 de 2023 no establece
que Ministerio de Educación Nacional tenga asignadas funciones relacionadas
con la lucha contra el narcotráfico, ni que dicha política estatal comporte para

2 Índice 2 de Samai, del expediente digital del Consejo de Estado.
3 La sentencia del 27 de noviembre de 2025 fue notificada el 18 de diciembre de 2025, y el escrito de

impugnación fue radicado mediante correo electrónico el 15 de enero de 2026, término que se encuentra
oportuno.

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la entidad una función pedagógica que habilite publicidad oficial en ese ámbito.
Menos aún, que su rol resulte determinante en la difusión de ese tipo de
contenidos por su condición de ente rector del sector educativo.

32. Afirmó que, contrario a lo establecido en el fallo de primera instancia, el
artículo 10 de la Ley 1474 de 2011 no se circunscribe solamente a la erogación
de recursos, sino que señala la prohibición de que las entidades patrocinen,
contraten o realicen directamente publicidad oficial ajena a las funciones que
deben cumplir. En esa medida, aun cuando la entidad sostenga que las
publicaciones se realizaron de manera orgánica, y el Tribunal aduzca que no
se aportó prueba sobre el uso de dineros del Estado, la publicación directa de
información a través de los canales de comunicación oficial de la entidad se
inscribe en el alcance de la prohibición establecida en el artículo 10 del
Estatuto Anticorrupción, aspecto que tampoco fue considerado por la
sentencia.

33. Finalmente, sostuvo que el Ministerio de Educación Nacional ha incumplido
la norma objeto de cumplimiento. A la fecha, las publicaciones cuestionadas
permanecen activas en los canales oficiales de la entidad, lo que confirma la
actualidad de la inobservancia del deber legal. Adicionalmente, la conducta
desplegada por la entidad evidencia una transgresión actual y reiterada de la
prohibición y de los deberes establecidos en el Estatuto Anticorrupción. El
Ministerio de Educación persiste en la divulgación de publicidad oficial ajena a
sus funciones.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

34. La Sección Quinta es competente para decidir la impugnación contra la
sentencia dictada el 27 de noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, según lo dispuesto en los
artículos 1504 y 1525 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA) y en el artículo trece del Acuerdo 080 de
2019 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado6.

4 Artículo 150: Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El

Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de
queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este
código.
5 Artículo 152: (…) 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de

cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese
mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.
6 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las apelaciones

contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los tribunales administrativos,
en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.

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2. Objeto de la decisión

35. Corresponde a la Sala resolver si confirma, revoca o modifica la decisión
adoptada por la citada Corporación judicial en la sentencia de 27 de noviembre
de 2025, que negó las pretensiones de la acción de cumplimiento.

36. Con tal fin, deberá absolverse la siguiente pregunta:

(i) ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia del
Ministerio de Educación Nacional de conformidad con lo previsto en el
artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?

37. De ser afirmativa la respuesta a la anterior interrogante, deberá
determinarse, si se cumplen con los requisitos de procedencia.

3. Generalidades de la acción de cumplimiento

38. La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos
contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.

39. Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la
Ley 393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos
mínimos. Estos presupuestos se han identificado y precisado que son los
siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su
imperioso incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir
un perjuicio irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la
solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el
rechazo de la acción de cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º].

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.

(iv) Que no pretenda la protección de derechos que puedan ser garantizados
a través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la
Administración [artículo 9.º].

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40. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos [ii, iii
o iv], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.

41. Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la
Sala precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar
si existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a
los cuales se haya dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s,
[artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad
o no de la/s pretensión/es formulada/s.

4. La constitución de la renuencia

42. En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que «[c]on el propósito de
constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo
y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro
de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud […]».

43. Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado
según el cual «[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de
petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el
requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»7.

44. Esta Corporación también ha considerado que no puede tenerse por
demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en
que la solicitud hecha por el interesado «[…] tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia»8.

45. Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como
la negativa del accionado frente al requerimiento, bien porque no brinde
respuesta oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea contraria
al querer del ciudadano9.

46. Es necesario que la solicitud permita determinar claramente que lo
pretendido por el interesado es el efectivo cumplimiento de un deber legal o
administrativo, cuyo objetivo es precisamente la constitución en renuencia de
la parte demandada.

47. Al respecto, esta Sección ha señalado que:

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de octubre 20

de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
8 Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del expediente ACU-

1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.
9 Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación 25000-23-41-000-
2016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación
15001-33-33-000-2016-00690-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez y sentencia del 15 de septiembre de
2016, radicación 15001-23-33-000-2016-00249-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.

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Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es
importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la
renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no
está sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al
menos contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza
material de ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la
disposición que consagra una obligación y la explicación del sustento en
el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la
acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el
contenido de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el
demandante, pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual
versará el procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos [10] (Negrillas fuera de texto).

48. Como fue establecido en el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de
1997, el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción respecto de
la parte accionada deberá acreditarse con la demanda, so pena de ser
rechazada de plano.

49. En el caso concreto se encuentra la solicitud ante el Ministerio de
Educación Nacional del 23 de septiembre de 2025, en la que la parte actora
pidió el «cumplimiento de los incisos 1, 3 y 4 del artículo 10 de la Ley 1474 de
2011 -Estatuto Anticorrupción-, relacionados con el régimen de la publicidad
oficial».

50. En el proceso obra constancia de la respuesta otorgada por la entidad 11,
el 2 de octubre de 2025, en la que sostuvo que las publicaciones realizadas
por este Ministerio estuvieron dirigidas a informar a la ciudadanía sobre una
postura oficial del Estado colombiano y que no constituyen publicidad indebida
ni transgreden las disposiciones legales vigentes.

51. Por tanto, la Sala encuentra acreditado el requisito de constitución en
renuencia. Como consecuencia, se pasará al estudio de procedencia de este
medio de control.

10 [En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de

junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»]
11 Índice 0002 de Samai del Tribunal.

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5. Normas que se piden cumplir y procedencia de la acción

52. La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la
observancia de normas con fuerza material de ley o de un acto administrativo
que impone determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad; es
decir, su objeto es el acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. La
demandante invocó como disposiciones incumplidas los incisos 1, 3 y 4 del
artículo 10 de la Ley 1474 de 2011, que no han sido derogados. Es decir, nos
encontramos ante una norma vigente y cuyo tenor es el siguiente:

ARTÍCULO 10. Presupuesto de publicidad. Los recursos que destinen
las entidades públicas y las empresas y sociedades con participación
mayoritaria del Estado del orden nacional y territorial, en la divulgación de
los programas y políticas que realicen, a través de publicidad oficial o de
cualquier otro medio o mecanismo similar que implique utilización de
dineros del Estado, deben buscar el cumplimiento de la finalidad de la
respectiva entidad y garantizar el derecho a la información de los
ciudadanos. En esta publicidad oficial se procurará la mayor limitación,
entre otros, en cuanto a contenido, extensión, tamaño y medios de
comunicación, de manera tal que se logre la mayor austeridad en el gasto
y la reducción real de costos.

[…]

Se prohíbe el uso de publicidad oficial, o de cualquier otro mecanismo de
divulgación de programas y políticas oficiales, para la promoción de
servidores públicos, partidos políticos o candidatos, o que hagan uso de
su voz, imagen, nombre, símbolo, logo o cualquier otro elemento
identificable que pudiese inducir a confusión.

En ningún caso las entidades objeto de esta reglamentación podrán
patrocinar, contratar o realizar directamente publicidad oficial que no esté
relacionada con las funciones que legalmente debe cumplir, ni contratar o
patrocinar la impresión de ediciones de lujo.

53. El inciso primero de tal disposición establece el deber, en cabeza de las
entidades públicas tales como el Ministerio de Educación Nacional, de buscar
el cumplimiento de la finalidad de la respectiva autoridad y garantizar el
derecho a la información de los ciudadanos en el ejercicio de divulgación de
los programas y políticas que realicen por medio de la publicidad oficial o de
cualquier otro medio o mecanismo similar que implique el uso de dineros del
Estado, tal como el manejo de las cuentas oficiales de comunicación como las
redes sociales, entre las que se encuentra el uso de redes sociales tales como
«X». En efecto, el manejo operativo de las redes sociales implica el uso de
recursos públicos, en tanto es necesario destinar un funcionario o varios para
el desarrollo de las labores de publicación y gestión de los contenidos digitales
de la entidad.

54. Por su parte, dicha norma establece una prohibición, esto es, un deber de
una conducta negativa que consiste en abstenerse de usar la publicidad oficial
o cualquier otro mecanismo de divulgación de la entidad pública, para la
promoción de servidores públicos, partidos políticos o candidatos. De igual
forma, la norma establece un deber, en cabeza de las autoridades estatales,

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de abstenerse de patrocinar, contratar o realizar directamente publicidad oficial
que no guarde relación con las funciones que la ley le ha otorgado.

55. Ahora bien, en el escrito inicial la parte demandante estableció como
hechos constitutivos del incumplimiento de dicha disposición los siguientes.

56. El 17 de septiembre de 2025, el presidente de la República, a través de
alocución presidencial, se refirió a la descertificación de Estados Unidos a
Colombia como aliado en la lucha contra el narcotráfico. Posterior a ello,
distintas entidades estatales replicaron apartes de la alocución en sus redes
oficiales, acompañando el mensaje de la etiqueta #TrumpSeEquivocoDePais,
incluidas entidades cuya misionalidad no guarda relación con la lucha contra
el narcotráfico. El 18 de septiembre, nuevamente, la entidad se refirió al tema
de descertificación Como prueba de ello, compartió las siguientes capturas de
pantalla:

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57. Adicionalmente, en el recurso de apelación, la parte actora sostuvo que
actualmente el Ministerio continúa publicando este tipo de contenido.

58. Al respecto, es pertinente poner de presente que las pruebas aportadas
con la demanda no fueron controvertidas por la entidad accionada. Por el
contrario, en su escrito de contestación de demanda, el Ministerio de
Educación Nacional reconoció la veracidad de tales publicaciones y afirmó
que, correspondían a una información compartida como parte de una
estrategia de comunicación unificada y coordinada por la Secretaría de Prensa
y Comunicaciones de la Presidencia de la República, en la que participaron
varias entidades públicas.

59. Frente a ello, es necesario establecer si mediante dicho actuar por parte
de la autoridad accionada se configuró un incumplimiento al mandato de no
hacer consagrado en la norma objeto de esta acción.

60. En primer lugar, es necesario precisar que, contrario a lo argumentado por
el Ministerio de Educación Nacional, estas publicaciones corresponden a una
actividad de publicidad oficial de la entidad cuya ejecución implicó destinación
de recursos públicos, lo que permite que se configure uno de los supuestos de
hecho establecidos por la norma. En efecto, si bien no obra documento que
soporte la erogación de dineros del erario con destinación específica para la
ejecución de estas publicaciones, tal como se indicó con antelación, el
funcionamiento de una cuenta oficial de «X» requiere de la designación de una
o varias personas encargadas de la labor de manejo operativo de este tipo de
redes sociales, lo que implica que la entidad designa parte de sus recursos
para que se efectúe dicha función.

61. Ahora bien, dada la configuración del primer supuesto de hecho –uso de
publicidad oficial que implique el uso de dineros del Estado– es necesario
establecer si mediante dichas publicaciones, el Ministerio de Educación
Nacional incumplió con el deber de abstenerse de usar tales medios de
divulgación con un objetivo distinto al cumplimiento de la finalidad y de las
funciones previstas por el ordenamiento para dicha entidad.

62. Con respecto a la prohibición de promoción de servidores públicos y
partidos políticos, la Sala descarta la configuración del incumplimiento de este
mandato. A pesar de que las piezas publicitarias usan la imagen personal del
presidente de la república y comunican algunas iniciativas propias de la política
del Gobierno nacional para dar respuesta a la descertificación por parte del
Gobierno de los Estados Unidos, se considera que no se cuenta con el material
probatorio suficiente que permita concluir que esta información se divulga con
la finalidad exclusiva de promover a un servidor público o a su partido político.

63. De igual forma, la convocatoria a movilizaciones no permite concluir que
ello tiene como único objetivo la promoción de la figura del presidente o del
partido político al que pertenece, puesto que a pesar de que el Gobierno
nacional participó en la divulgación de dichas jornadas, no es posible extraer

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de dichas piezas publicitarias que aquellas tuvieran lugar con fines exclusivos
de exaltar su imagen. Dado que la parte actora no allegó material probatorio
adicional al respecto del cual se pueda sustraer la desatención de este deber,
se descarta el incumplimiento del mandato en cuestión.

64. A su vez, está acreditado que algunas de las publicaciones efectuadas
desde tal cuenta oficial se relacionan exclusivamente con afirmaciones del
presidente de la República relacionadas con la descertificación de Estados
Unidos a Colombia como aliado en la lucha contra el narcotráfico. Por tanto,
en principio, la finalidad de estas comunicaciones se circunscribe a un ámbito
de información sobre las relaciones internacionales y el tema de lucha contra
el narcotráfico.

65. Por su parte, las funciones y el objeto misional del Ministerio de Educación
Nacional están contempladas en el artículo 3 del Decreto 2269 de 2023. De
acuerdo con esta normativa, a la entidad le corresponde:

1. Formular políticas públicas que promuevan el goce efectivo del derecho a la
educación mediante un sistema educativo disponible, permanente, de calidad
y adaptativo.
2. Promover a través de políticas públicas el derecho fundamental a la
educación, mediante el sistema educativo que asegure el acceso, calidad,
pertinencia, permanencia en condiciones de equidad, igualdad, inclusión y
accesibilidad, en todos los niveles de la trayectoria educativa completa.
3. Desarrollar estrategias educativas diversas con enfoque étnico, social, cultural
e inclusivo, para que todas las personas tengan iguales oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida.
4. Expedir la regulación y adoptar los instrumentos de política pública
indispensables para financiar el derecho a la educación y que garanticen el
flujo de recursos para cubrir las necesidades del sistema educativo.
5. Ejercer las acciones de regulación, inspección, vigilancia y control para
garantizar el cumplimiento de los elementos esenciales y los principios del
derecho fundamental a la educación en todo el territorio nacional.
6. Diseñar estándares que definan el nivel fundamental de calidad de la
educación que garantice la formación educativa en las trayectorias completas.
7. Generar directrices, efectuar seguimiento y apoyar a las Entidades
Territoriales para una adecuada gestión del servicio educativo, de
conformidad con los elementos esenciales y los principios del derecho
fundamental a la educación.
8. Estructurar los lineamientos para la educación superior en el marco de la
autonomía universitaria buscando una adecuada gestión del servicio
educativo, de conformidad con los elementos esenciales y los principios del
derecho fundamental a la educación.

66. Un estudio comparativo entre las funciones de la entidad accionada y las
publicaciones que esta lleva a cabo por medio de su cuenta oficial permite
evidenciar que estas no guardan ninguna relación directa con el cumplimiento
de su objetivo como Ministerio de Educación Nacional. En efecto, no es posible
establecer alguna relación de las funciones legales desarrolladas por el
Ministerio y la temática abordada en las piezas publicitarias que compartió el
17 y 18 de septiembre de 2025 y enero de 2026. En primer lugar, sus
competencias no están relacionadas directamente con algún ámbito del sector
de lucha contra el narcotráfico. A su vez, de la imagen relacionada con las

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jornadas de movilización no es posible extraer alguna relación con las
funciones que debe desempeñar la entidad.

67. Con respecto a la finalidad de la publicidad oficial, la Corte Constitucional12
ha indicado que esta consiste en la divulgación de la información a través de
diferentes medios de comunicación con el fin de dar a conocer bienes,
servicios, planes, programas, proyectos, campañas y demás actividades
relacionadas con las funciones adelantadas por las entidades públicas. El Alto
Tribunal ha establecido que este concepto incluye todas aquellas actividades
adelantadas por las entidades estatales con el fin de difundir información a la
ciudadanía sobre los planes y programas de gobierno de forma objetiva e
imparcial y busca transmitir un mensaje sobre la gestión del Estado mediante
el uso de elementos visuales como las tipografías corporativas esenciales para
distinguir a una organización desde su identidad propia.

68. Dicha Corte13 ha establecido que la importancia del control en la difusión
de la publicidad estatal está relacionada con la necesidad de evitar
inconvenientes sobre la destinación de los recursos públicos e impedir efectos
negativos sobre el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de la
ciudadanía. Esto, debido a los efectos disuasivos que puede tener esta
publicidad en la opinión pública, dado que su distribución arbitraria puede
convertirse en un mecanismo de propaganda política usada para influir en los
medios de comunicación, fomentar a los gobernantes de turno o condicionar
el libre ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.

69. Ello establece la importancia de que existan normas que, como la invocada
por la parte actora, regulen los objetivos legítimos de la publicidad oficial y las
asignaciones de recursos permitidas en el uso de estas herramientas, lo que
impide el ejercicio arbitrario de la divulgación de información con fines, por
ejemplo, electorales o partidarios14.

70. Por su parte, los criterios que establezcan estas normas sobre la
distribución de la propaganda oficial cumplen con el objetivo de reducir la
discrecionalidad y evitar sospechas de algún favoritismo político que prime
sobre el derecho a la información de la ciudadanía. Por tanto, que el legislador
establezca, como en el caso de la norma objeto de esta acción de
cumplimiento, que los recursos publicitarios deben ser asignados según
criterios preestablecidos, claros y transparentes, cumplen con esta finalidad
constitucional.

71. Lo expuesto con antelación establece el sustento constitucional de la
relación intrínseca que, según el artículo 10 del Decreto 1474 de 2011, debe
existir entre la publicidad oficial y el cumplimiento de las funciones de cada una
de las entidades estatales. En dicha medida, la Sala considera que la simple

12 Sentencia C-086 de 2025.
13 Ibidem.
14 Ibidem.

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alusión a un tema de interés general como lo es la situación de la
descertificación del país no puede justificar en cualquier caso el uso de
recursos destinados a la publicidad oficial de una entidad en particular para la
divulgación de información de un sector que no guarda relación alguna con
sus competencias, sus funciones y con la finalidad que aquella autoridad
cumple en el Estado.

72. Establecer que el mandato contenido en dicha norma es cumplido por
cualquier entidad estatal que divulgue información sobre un tema susceptible
de ser catalogado como de interés público, podría llegar a banalizar tal deber
prohibitivo y permitiría el uso arbitrario de los recursos destinados a publicidad
oficial, para difundir cualquier tipo de información que busque priorizar los
intereses del Gobierno de turno.

73. No obstante, la Sala pone de presente que pueden existir situaciones
particulares y excepcionales en las que determinadas finalidades superiores
del Estado posibiliten el uso de la publicidad oficial por parte de entidades para
la divulgación de información que no esté directamente relacionada con el
cumplimiento de sus funciones. Estas pueden ser, por ejemplo, situaciones de
urgencia que ameriten que todo el aparato estatal se encause en la
comunicación de un asunto que requiere de máxima difusión.

74. En el caso en concreto, el Ministerio insistió en que la divulgación de las
piezas publicitarias en cuestión está amparada por el deber de garantizar el
acceso a la información sobre un aspecto que, a su juicio, es de interés
general. Por tanto, en principio, cumpliría con una finalidad legítima, amparada
por las normas constitucionales. A su vez, esta medida entra en colisión con
el mandato establecido por el legislador sobre el adecuado uso de los recursos
destinados a la publicidad oficial, en los términos que se han expuestos con
antelación.

75. En tal sentido, es necesario en primer lugar revisar la idoneidad de dicha
medida. La Corte Constitucional15 ha establecido que una actuación de la
administración es idónea cuando el medio empleado es adecuado, efectivo y
conducente en relación con el fin planteado. En principio, este uso de los
medios oficiales de comunicación de la entidad conduce a la finalidad
propuesta, la cual consiste en comunicarle a la ciudadanía la situación de
descertificación del país. Por tanto, la Sala concluye que cumple con este
requisito y procede al examen de la necesidad.

76. El Alto Tribunal16 ha sostenido que la necesidad de una medida consiste
en que el medio empleado en el caso en concreto es el menos restrictivo de
otros principios, por lo que se considera inválido si existe otro con un impacto
inferior y con una idoneidad semejante para la obtención del propósito de la
autoridad. En el asunto en concreto, la Sala considera que, en la medida en

15 Sentencia C-030 del 2020.
16 Ibidem.

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que las piezas publicitarias fueron desplegadas a partir de una estrategia de
comunicación empleada por la Administración para dar a conocer esta
situación de descertificación, se contaba con la posibilidad de difundir esta
información exclusivamente mediante los medios oficiales de las entidades
cuyas funciones estuvieran relacionadas con dicho sector y, con ello, dar
cumplimiento a la finalidad establecida por el legislador en materia de
destinación de recursos en publicidad oficial.

77. En efecto, la Administración contó con la posibilidad de usar los medios
oficiales de entidades como la Cancillería, el Ministerio del Interior y las
autoridades adscritas a estas carteras ministeriales, lo que hubiera permitido
cumplir con la finalidad de que la ciudadanía accediera a dicha información de
interés. Por su parte, también se ha podido optar por el uso de los canales
oficiales del presidente de la República y de la Presidencia de la República,
los cuales cuentan con un amplio margen de difusión a nivel nacional. En virtud
de lo anterior, la Sala considera que no se cumple con el requisito de
necesidad de la medida, puesto que se contaba con la posibilidad de que la
Administración empleara otras medidas para la obtención del propósito
previsto. Por tanto, el incumplimiento del mandato establecido en los incisos
primero y cuarto del artículo 10 del Decreto 1474 de 2011 no era necesario.

78. Ante la existencia de medios que no generaban traumatismo en el
cumplimiento de este deber prohibitivo por parte del Ministerio, la Sala
concluye que el actuar adoptado por la entidad demandada no superó el juicio
de proporcionalidad ante el incumplimiento del requisito de necesidad. Por
tanto, contrario a lo argumentado por la defensa de la autoridad, no es posible
justificar su actuar desde una perspectiva constitucional y, en dicha medida,
se concluye que la autoridad ha desatendido el presupuesto normativo objeto
de esta acción.

79. Finalmente, la sala no pasa por alto que el parágrafo segundo de la norma
objeto de esta acción establece lo siguiente:

PARÁGRAFO 2. Lo previsto en este artículo no se aplicará a las Sociedades de
Economía Mixta ni a las empresas industriales y comerciales del Estado que
compitan con el sector público o privado o cuando existan motivos de interés
público en salud. (Énfasis de la sala).

80. Al respecto, se considera que el asunto estudiado no está cobijado por la
excepción establecida en la disposición en cita, puesto que se trata de una
reacción a la descertificación del país por parte de Estados Unidos. Así se
desprende incluso de las diferentes publicaciones que se pueden encontrar
actualmente en las páginas oficiales del Ministerio y en las que se corrobora
lo dicho por la parte impugnante y que no ha sido negado por la entidad, por
el contrario, insiste en que se trata de la divulgación de mensajes oficiales sin
gasto público y con contenido informativo17:

17 Consultado en https://x.com/Mineducacion/status/2008934726564802887?s=20

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81. Como se ha expuesto, los contenidos divulgados por el Ministerio a través
de su cuenta institucional en «X» corresponden18, de una parte, a afirmaciones
hechas por el presidente de la república en su alocución del 17 de septiembre
de 2025, sobre la descertificación de Estados Unidos a Colombia como aliado
en la lucha contra el narcotráfico y, de otra parte, buscan convocar a la
ciudadanía a una manifestación o movilización pública. Lo anterior no
constituye un «motivo de interés público en salud», que es la excepción
establecida en la norma.

6. Conclusión

82. Ministerio de Educación Nacional incumplió el mandato establecido en los
incisos primero y cuarto del artículo 10 del decreto 1474 de 2011, ante el uso
de publicidad oficial con fines ajenos a las competencias y funciones
establecidas por el ordenamiento para la entidad.

83. En virtud de lo anterior, se revocará la sentencia de primera instancia
proferida el 27 de noviembre de 2025, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, negó las
pretensiones y, en su lugar, declarará el incumplimiento por parte del Ministerio
de Educación Nacional, de lo establecido en los incisos 1, 3 y 4 del artículo 10
de la Ley 1474 de 2011.

84. Como consecuencia, se ordenará al ministro de Educación Nacional que,
en cumplimiento del mandato expreso contenido en los incisos 1, 3 y 4 del
artículo 10 de la Ley 1474 de 2011, se abstenga en lo sucesivo de orientar la
publicidad oficial de la entidad, adelantada a través de sus canales oficiales de

18 https://x.com/Mineducacion/status/2008984212611924206?s=20

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comunicación o mediante campañas coordinadas con otras entidades del
orden nacional, por fuera de su finalidad institucional asignada por la ley.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley

FALLA

PRIMERO: Revocar la sentencia del 27 de noviembre de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A,
que negó las pretensiones de la acción de cumplimiento, de conformidad con
los argumentos expuestos en este fallo.

SEGUNDO: Declarar el incumplimiento por parte del Ministerio de Educación
Nacional, de lo establecido en los incisos 1, 3 y 4 del artículo 10 de la Ley 1474
de 2011.

TERCERO: Ordenar al ministro de Educación Nacional que, en cumplimiento
del mandato expreso contenido en los incisos 1, 3 y 4 del artículo 10 de la Ley
1474 de 2011, se abstenga en lo sucesivo de orientar la publicidad oficial de
la entidad, adelantada a través de sus canales oficiales de comunicación o
mediante campañas coordinadas con otras entidades del orden nacional, por
fuera de su finalidad institucional asignada por la ley.

CUARTO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

QUINTO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Salva el voto
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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