Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2025-01787-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2025-01787-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-41-000-2025-01787-01
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
16 de abril de 2026
Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Rad: 25000-23-41-000-2025-01787-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
CONSEJERO DE ESTADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01787-01
Demandante: FUNDACIÓN PARA EL ESTADO DE DERECHO
Demandado: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Tema: Revoca decisión. Uso de publicidad oficial para fines
ajenos a los relacionados con las funciones de las
entidades estatales
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte demandante contra
la sentencia de 12 de febrero de 2026, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, negó las
pretensiones de la acción de cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud
1. En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la
Constitución y desarrollada por la Ley 393 de 1997, la Federación para el
Estado de Derecho (en adelante, Fedederecho), por medio de su
representante legal, presentó demanda contra el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF) con el fin de obtener el cumplimiento de lo previsto
en los incisos primero (parcial), tercero y cuarto del artículo 10 de la Ley 1474
de 2011.
2. Como consecuencia del obedecimiento de las normas invocadas solicitó lo
siguiente:
i) Que toda actividad de divulgación adelantada por la entidad a través de
sus canales oficiales de comunicación o mediante campañas coordinadas
con otras entidades del orden nacional se limite a buscar el cumplimiento
de la finalidad misional que le asigna la ley, orientándose a informar a la
ciudadanía sobre sus programas, planes, proyectos y servicios.
ii) Que se abstenga de utilizar la publicidad oficial o cualquier otro
mecanismo de divulgación o comunicación institucional, para la
promoción o exaltación de servidores públicos, o para replicar mensajes
ajenos a su misión legal.
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Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
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iii) Que se proceda al retiro de las publicaciones que no se ajusten a la
finalidad institucional ni a las funciones legales de la entidad y que
contravengan las prohibiciones previstas en los incisos 1, 3 y 4 del artículo
10 de la Ley 1474 de 2011-Estatuto Anticorrupción-, dejando claro que
este requerimiento no se limita a la campaña sobre la descertificación ni
a un episodio particular, sino que cobija cualquier publicación de la entidad
que reproduzca mensajes ajenos a su objeto misional, tanto en el pasado
como hacia el futuro.
iv) Que se adopten medidas administrativas internas -como directrices,
protocolos o circulares- que garanticen que las futuras campañas o piezas
comunicacionales de la entidad cumplan de manera estricta con las
limitaciones legales de la publicidad oficial.
2. Hechos
3. En resumen, el fundamento fáctico de la demanda es el siguiente:
4. La parte actora aseguró que, el 12 de septiembre de 2025, el presidente de
la República, a través de alocución presidencial, se refirió a los hallazgos de
la Contraloría General de la República en materia de salud relacionados con
la Nueva EPS.
5. Argumentó que, tras el anuncio, distintas entidades estatales replicaron
apartes de la alocución en sus redes oficiales, acompañando el mensaje de la
etiqueta #SeRobaronLaSalud, incluidas entidades cuya misionalidad no
guarda relación directa con el sector salud.
6. Entre las entidades se encuentra el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, un establecimiento público descentralizado, cuya función es
«propender y fortalecer la integración y el desarrollo armónico de la familia,
proteger al menor de edad y garantizarle sus derechos». El ICBF publicó en
su cuenta oficial de X (antes Twitter) información y piezas alusivas a los
pronunciamientos del presidente de la República.
7. Puso de presente que, el 13 de septiembre de 2025, el ICBF posteó, en su
cuenta oficial de X (antes Twitter), información sobre la alocución que realizó
el presidente hablando de la Nueva EPS, reiterando la publicidad al día
siguiente.
8. Señaló que, en la cuenta oficial del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, el 23 y 24 de octubre de 2025, se volvió a publicar información ajena
a su objeto misional con ocasión de la convocatoria realizada por el presidente
a la movilización «por la soberanía y la dignidad de nuestro país» con la
etiqueta #El24ALaPlaza.
9. Sostuvo que, según información periodística, estas comunicaciones harían
parte de una estrategia de comunicación coordinada por el Gobierno nacional,
orientada a «visibilizar el colapso del modelo EPS, legitimar la intervención
estatal, y posicionar al Presidente como líder que actúa desde la verdad, la
justicia y la soberanía».
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10. Afirmó que, las publicaciones realizadas a través de la cuenta oficial del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (@ICBFColombia) constituyen
publicidad oficial. Conforme al artículo 10 de la Ley 1474 de 2011, la publicidad
oficial comprende toda forma de comunicación o divulgación institucional
dirigida al público, con el fin de dar a conocer servicios, planes, programas,
proyectos o campañas relacionados con las funciones y competencias de la
entidad.
3. Trámite de la solicitud en primera instancia
11. Mediante providencia del 26 de noviembre de 20251, el magistrado
sustanciador del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, admitió la demanda y ordenó la notificación al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar.
4. Contestación de la demanda
4.1. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
12. El apoderado de la entidad se opuso a las pretensiones de la demanda,
con base en los siguientes argumentos.
13. Sostuvo que las actuaciones de la entidad deben examinarse a la luz de
la Ley 1474 de 2011, el Decreto 4326 de 2011, el Decreto 1068 de 2015 y
demás normas concordantes que regulan las actividades de divulgación
institucional, reiterando que no ha existido incumplimiento del artículo 10 de
la Ley 1474 de 2011 ni renuencia en los términos de la Ley 393 de 1997.
14. Afirmó que, de acuerdo con la sentencia C-507 de la Corte Constitucional
el principio de legalidad del gasto impide cualquier erogación con cargo al
tesoro público no prevista en el presupuesto, pero no limita las actuaciones
institucionales que no generan desembolso ni comprometen partidas
presupuestales.
15. Asimismo, indicó que las publicaciones realizadas se enmarcan en su
función como ente rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y en la
protección del interés superior de los niños, niñas y adolescentes,
particularmente respecto del derecho fundamental a salud.
16. Como consecuencia, afirmó que la difusión de dichos mensajes respondió
a la transmisión de informaciones de interés general, sin promoción o
exaltación de servidores públicos, sin erogación adicional de recursos
públicos y en desarrollo de los principios de coordinación interinstitucional, por
lo cual no procede el retiro de las publicaciones ni la adopción de las medidas
solicitadas.
1 Índice 2 de Samai, del expediente digital del Consejo de Estado
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16. Indicó que el ICBF como institución creada para promover y proteger
integralmente los derechos de la niñez y la familia, tiene la función de
adelantar campañas de divulgación relacionadas con la protección de los
menores y la coordinación interinstitucional para la garantía de sus derechos,
por lo que las comunicaciones cuestionadas se encuentran alineadas con su
objeto misional y con el principio del interés superior del menor.
18. Como consecuencia, concluyó que no existe incumplimiento del régimen
de publicidad oficial ni fundamento para la acción de cumplimiento, dado que
las publicaciones se realizaron de manera orgánica, sin costos adicionales y
con el propósito de informar a la ciudadanía sobre asuntos de interés general
vinculados con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
5. Sentencia de primera instancia
19. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
A, en sentencia del 12 de febrero de 20262, negó las pretensiones de la acción
de cumplimiento, toda vez que encontró que si bien algunas de las
publicaciones censuradas pueden referirse a asuntos de coyuntura nacional
que, en sentido estricto, no constituyen programas propios de la entidad, no
se acreditó que tales comunicaciones hubiesen implicado erogación de
recursos públicos destinados a campañas publicitarias, contratación de pautas
o desviación presupuestal alguna.
20. Además, sostuvo que, se demostró que las publicaciones se realizaron de
manera orgánica a través de redes sociales institucionales, sin generación de
gasto público, circunstancia que excluye la afectación del bien jurídico que la
norma pretende proteger, esto es, el uso indebido de recursos estatales en
materia publicitaria.
21. Concluyó que, no se encuentra probado que las comunicaciones
cuestionadas hayan tenido como finalidad la promoción personal de servidores
públicos, partidos o candidatos, ni que se hubiera utilizado la publicidad
institucional para favorecer intereses electorales o partidistas.
6. La impugnación3
22. La parte actora solicitó que se revocara el fallo de primera instancia y, en
su lugar, se acceda a las pretensiones de la acción de cumplimiento.
23. Adujo que el artículo 10 de la Ley 1474 de 2011 no consagra excepción
alguna fundada en el interés general, ni habilita a los servidores públicos o a
las entidades estatales a difundir, a través de canales institucionales,
información oficial ajena al objeto misional de la entidad; por tanto, la sentencia
2 Índice 2 de Samai, del expediente digital del Consejo de Estado.
3 La sentencia del 27 de noviembre de 2025 fue notificada el 18 de diciembre de 2025, y el escrito de
impugnación fue radicado mediante correo electrónico el 15 de enero de 2026, término que se encuentra
oportuno.
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de primera instancia incurre en una interpretación contraria a la ley, creando
una excepción no prevista por el legislador y despojando la norma de su efecto
útil.
24. Reiteró los argumentos expuestos en la demanda de cumplimiento
relativos a que, el objeto misional del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y las funciones legales que le han sido asignadas no guardan una
relación directa, específica ni funcional con las publicaciones difundidas a
través de sus canales institucionales.
25. Afirmó que, contrario a lo establecido en el fallo de primera instancia, el
artículo 10 de la Ley 1474 de 2011 no se circunscribe solamente a la erogación
de recursos, sino que señala la prohibición de que las entidades patrocinen,
contraten o realicen directamente publicidad oficial ajena a las funciones que
deben cumplir. En esa medida, aun cuando la entidad sostenga que las
publicaciones se realizaron de manera orgánica, y el Tribunal aduzca que no
se aportó prueba sobre el uso de dineros del Estado, la publicación directa de
información a través de los canales de comunicación oficial de la entidad se
inscribe en el alcance de la prohibición establecida en el artículo 10 del
Estatuto Anticorrupción, aspecto que tampoco fue considerado en la
sentencia.
26. Finalmente, sostuvo que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha
incumplido la norma objeto de cumplimiento. A la fecha, las publicaciones
cuestionadas permanecen activas en los canales oficiales de la entidad, lo que
confirma la actualidad de la inobservancia del deber legal. Adicionalmente, la
conducta desplegada por la entidad evidencia una transgresión actual y
reiterada de la prohibición y de los deberes establecidos en el Estatuto
Anticorrupción. El ICBF persiste en la divulgación de publicidad oficial ajena a
sus funciones.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
27. La Sección Quinta es competente para decidir la impugnación contra la
sentencia dictada el 12 de febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, según lo dispuesto en los
artículos 1504 y 1525 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
4 Artículo 150: Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de
queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este
código.
5 Artículo 152: (…) 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de
cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese
mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.
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Contencioso Administrativo (CPACA) y en el artículo trece del Acuerdo 080 de
2019 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado6.
2. Objeto de la decisión
28. Corresponde a la Sala resolver si confirma, revoca o modifica la decisión
adoptada por la citada Corporación judicial en la sentencia de 12 de febrero
de 2026, que negó las pretensiones de la acción de cumplimiento.
29. Con tal fin, deberá absolverse la siguiente pregunta:
(i) ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de conformidad con lo
previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?
30. De ser afirmativa la respuesta a la anterior interrogante, deberá
determinarse, si se cumplen con los requisitos de procedencia de la acción y,
en caso de superarse, determinar si existe en cabeza de la demanda un deber
legal que ha sido incumplido.
3. Generalidades de la acción de cumplimiento
31. La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos
contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.
32. Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la
Ley 393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos
mínimos. Estos presupuestos se han identificado y precisado que son los
siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su
imperioso incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir
un perjuicio irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la
solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el
rechazo de la acción de cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º].
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
6 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las apelaciones
contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los tribunales administrativos,
en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.
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circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.
(iv) Que no pretenda la protección de derechos que puedan ser garantizados
a través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la
Administración [artículo 9.º].
33. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos [ii, iii
o iv], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.
34. Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la
Sala precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar
si existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a
los cuales se haya dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s,
[artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad
o no de la/s pretensión/es formulada/s.
4. La constitución de la renuencia
35. En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que «[c]on el propósito de
constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo
y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro
de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud […]».
36. Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado
según el cual «[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de
petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el
requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»7.
37. Esta Corporación también ha considerado que no puede tenerse por
demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en
que la solicitud hecha por el interesado «[…] tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia»8.
38. Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como
la negativa del accionado frente al requerimiento, bien porque no brinde
respuesta oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea contraria
al querer del ciudadano9.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de octubre 20
de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
8 Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del expediente ACU-
1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.
9 Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación 25000-23-41-000-
2016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación
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39. Es necesario que la solicitud permita determinar claramente que lo
pretendido por el interesado es el efectivo cumplimiento de un deber legal o
administrativo, cuyo objetivo es precisamente la constitución en renuencia de
la parte demandada.
40. Al respecto, esta Sección ha señalado que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es
importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la
renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no
está sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al
menos contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza
material de ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la
disposición que consagra una obligación y la explicación del sustento en
el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la
acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el
contenido de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el
demandante, pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual
versará el procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos [10] (Negrillas fuera de texto).
41. Como fue establecido en el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de
1997, el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción respecto de
la parte accionada deberá acreditarse con la demanda, so pena de ser
rechazada de plano.
42. En el caso concreto se encuentra la solicitud ante el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar del 23 de septiembre de 2025, en la que la parte actora
pidió el «cumplimiento de los incisos 1, 3 y 4 del artículo 10 de la Ley 1474 de
2011 -Estatuto Anticorrupción-, relacionados con el régimen de la publicidad
oficial».
43. En el proceso obra constancia de la respuesta otorgada por la entidad 11,
el 7 de octubre de 2025, en la que sostuvo que las publicaciones realizadas
por el ICBF estuvieron dirigidas a informar a la ciudadanía sobre una postura
15001-33-33-000-2016-00690-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez y sentencia del 15 de septiembre de
2016, radicación 15001-23-33-000-2016-00249-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
10 [En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de
junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»]
11 Índice 0002 de Samai del Tribunal.
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oficial del Estado colombiano y que no constituyen publicidad indebida ni
transgreden las disposiciones legales vigentes.
44. Por tanto, la Sala encuentra acreditado el requisito de constitución en
renuencia. Como consecuencia, se pasará al estudio de procedencia de este
medio de control.
5. Normas que se piden cumplir y procedencia de la acción
45. La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la
observancia de normas con fuerza material de ley o de un acto administrativo
que impone determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad; es
decir, su objeto es el acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. La
demandante invocó como disposiciones incumplidas los incisos 1, 3 y 4 del
artículo 10 de la Ley 1474 de 2011, que no han sido derogados. Es decir, nos
encontramos ante una norma vigente y cuyo tenor es el siguiente:
ARTÍCULO 10. Presupuesto de publicidad. Los recursos que destinen
las entidades públicas y las empresas y sociedades con participación
mayoritaria del Estado del orden nacional y territorial, en la divulgación de
los programas y políticas que realicen, a través de publicidad oficial o de
cualquier otro medio o mecanismo similar que implique utilización de
dineros del Estado, deben buscar el cumplimiento de la finalidad de la
respectiva entidad y garantizar el derecho a la información de los
ciudadanos. En esta publicidad oficial se procurará la mayor limitación,
entre otros, en cuanto a contenido, extensión, tamaño y medios de
comunicación, de manera tal que se logre la mayor austeridad en el gasto
y la reducción real de costos.
[…]
Se prohíbe el uso de publicidad oficial, o de cualquier otro mecanismo de
divulgación de programas y políticas oficiales, para la promoción de
servidores públicos, partidos políticos o candidatos, o que hagan uso de
su voz, imagen, nombre, símbolo, logo o cualquier otro elemento
identificable que pudiese inducir a confusión.
En ningún caso las entidades objeto de esta reglamentación podrán
patrocinar, contratar o realizar directamente publicidad oficial que no esté
relacionada con las funciones que legalmente debe cumplir, ni contratar o
patrocinar la impresión de ediciones de lujo.
46. El inciso primero de tal disposición establece el deber, en cabeza de las
entidades públicas tales como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
de buscar el cumplimiento de la finalidad de la respectiva autoridad y
garantizar el derecho a la información de los ciudadanos en el ejercicio de
divulgación de los programas y políticas que realicen por medio de la
publicidad oficial o de cualquier otro medio o mecanismo similar que implique
el uso de dineros del Estado, tal como el manejo de las cuentas oficiales de
comunicación como las redes sociales, entre las que se encuentra el uso de
redes sociales tales como «X». En efecto, el manejo operativo de las redes
sociales implica el uso de recursos públicos, en tanto es necesario destinar un
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funcionario o varios para el desarrollo de las labores de publicación y gestión
de los contenidos digitales de la entidad.
47. Por su parte, dicha norma establece una prohibición, esto es, un deber de
una conducta negativa que consiste en abstenerse de usar la publicidad oficial
o cualquier otro mecanismo de divulgación de la entidad pública, para la
promoción de servidores públicos, partidos políticos o candidatos. De igual
forma, la norma establece un deber, en cabeza de las autoridades estatales,
de abstenerse de patrocinar, contratar o realizar directamente publicidad oficial
que no guarde relación con las funciones que la ley le ha otorgado.
48. Ahora bien, en el escrito inicial la parte demandante estableció como
hechos constitutivos del incumplimiento de dicha disposición los siguientes.
49. El 12 de septiembre de 2025, el presidente de la República, a través de
alocución presidencial, se refirió a los hallazgos de la Contraloría General de
la República en materia de salud relacionados con la Nueva EPS. Posterior a
ello, distintas entidades estatales replicaron apartes de la alocución en sus
redes oficiales, acompañando el mensaje de la etiqueta #SeRobaronLaSalud,
incluidas entidades cuya misionalidad no guarda relación con el sector salud
El 14 de septiembre, nuevamente, la entidad se refirió al tema. Como prueba
de ello, compartió las siguientes capturas de pantalla:
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50. Adicionalmente, el 23 y 24 de octubre de 2025, la entidad hizo uso de sus
redes para publicar información ajena a su objeto misional con ocasión de la
convocatoria realizada por el presidente a la movilización «por la soberanía y
la dignidad de nuestro país» con la etiqueta #El24ALaPlaza.
51. Al respecto, es pertinente poner de presente que las pruebas aportadas
con la demanda no fueron controvertidas por la entidad accionada. Por el
contrario, en su escrito de contestación de demanda, el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar reconoció la veracidad de tales publicaciones y afirmó
que, correspondían a una información compartida como parte de una
estrategia de comunicación unificada y coordinada por la Secretaría de Prensa
y Comunicaciones de la Presidencia de la República, en la que participaron
varias entidades públicas.
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52. Frente a ello, es necesario establecer si mediante dicho actuar por parte
de la autoridad accionada se configuró un incumplimiento al mandato de no
hacer consagrado en la norma objeto de esta acción.
53. En primer lugar, es necesario precisar que, contrario a lo argumentado por
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, estas publicaciones
corresponden a una actividad de publicidad oficial de la entidad cuya ejecución
implicó destinación de recursos públicos, lo que permite que se configure uno
de los supuestos de hecho establecidos por la norma. En efecto, si bien no
obra documento que soporte la erogación de dineros del erario con destinación
específica para la ejecución de estas publicaciones, tal como se indicó con
antelación, el funcionamiento de una cuenta oficial de «X» requiere de la
designación de una o varias personas encargadas de la labor de manejo
operativo de este tipo de redes sociales, lo que implica que la entidad designa
parte de sus recursos para que se efectúe dicha función.
54. Ahora bien, dada la configuración del primer supuesto de hecho –uso de
publicidad oficial que implique el uso de dineros del Estado– es necesario
establecer si mediante dichas publicaciones, el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar incumplió con el deber de abstenerse de usar tales medios
de divulgación con un objetivo distinto al cumplimiento de la finalidad y de las
funciones previstas por el ordenamiento para dicha entidad.
55. Con respecto a la prohibición de promoción de servidores públicos y
partidos políticos, la Sala descarta la configuración del incumplimiento de este
mandato. A pesar de que las piezas publicitarias usan la imagen personal del
presidente de la república y comunican algunas iniciativas propias de la política
del Gobierno nacional para dar respuesta a los hallazgos de la Contraloría
General de la República en el caso de la Nueva EPS, se considera que no se
cuenta con el material probatorio suficiente que permita concluir que esta
información se divulga con la finalidad exclusiva de promover a un servidor
público o a su partido político.
56. De igual forma, la convocatoria a movilizaciones no permite concluir que
ello tiene como único objetivo la promoción de la figura del presidente o del
partido político al que pertenece, puesto que a pesar de que el Gobierno
nacional participó en la divulgación de dichas jornadas, no es posible extraer
de dichas piezas publicitarias que aquellas tuvieran lugar con fines exclusivos
de exaltar su imagen. Dado que la parte actora no allegó material probatorio
adicional al respecto del cual se pueda sustraer la desatención de este deber,
se descarta el incumplimiento del mandato en cuestión.
57. A su vez, está acreditado que algunas de las publicaciones efectuadas
desde tal cuenta oficial se relacionan exclusivamente con afirmaciones del
presidente de la República relacionadas con los hallazgos de la Contraloría.
Por tanto, en principio, la finalidad de estas comunicaciones se circunscribe a
un ámbito de información sobre el sector salud y la Nueva EPS.
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58. Por su parte, las funciones y el objeto misional del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar están contempladas en la Ley 75 de 1968 y reorganizado
conforme a lo dispuesto por la Ley 7 de 1979 y su Decreto Reglamentario No.
2388 de 1979. De acuerdo con esta normativa, a la entidad le corresponde
trabaja por la prevención y protección integral de la primera infancia, infancia
y adolescencia, el fortalecimiento de los jóvenes y las familias en Colombia,
brindando atención especialmente a aquellos en condiciones de amenaza,
inobservancia o vulneración de sus derechos.
59. Además, entre sus objetivos estratégicos están12:
1. Fortalecer el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes a partir de una
oferta que brinde oportunidades, experiencias y escenarios significativos
encaminados a profundizar sus capacidades, habilidades, intereses, talentos
y vocaciones, contribuya a la construcción de su identidad y de su liderazgo e
incidencia en la transformación de sus comunidades y territorios.
2. Fortalecer la atención integral a la primera infancia, con énfasis en el
mejoramiento de las condiciones de calidad, oportunidad y pertinencia de la
educación inicial, aportando a su universalización y a la consolidación de
transiciones armónicas en el sistema educativo bajo un enfoque territorial e
intercultural.
3. Afianzar desde una perspectiva intercultural e inclusiva, las capacidades de
cuidado y crianza de las familias, reconociéndolas como sujeto colectivo de
derechos que en ejercicio de su rol como corresponsables en la garantía de
los derechos de niñas, niños y adolescentes consolidan sus comunidades y
territorios como escenarios de protección integral.
4. Implementar acciones interinstitucionales que favorezcan un adecuado estado
nutricional en la niñez y aseguren a niñas, niños y adolescentes, de acuerdo
con su momento de vida, la disponibilidad de alimentos, el acceso y consumo
de los mismos en la cantidad y las condiciones de calidad e inocuidad
necesarias, a partir del reconocimiento de saberes y prácticas alimenticias de
las familias, comunidades y territorios.
5. Fortalecer la calidad de la gestión del proceso de restablecimiento de
derechos y su oferta, para asegurar la humanización del servicio y la
prevalencia de la atención integral de niñas, niños y adolescentes, con base
en el reconocimiento de las características individuales, familiares,
comunitarias, sociales y culturales.
6. Posicionar el Sistema Nacional de Bienestar Familiar como articulador de la
gestión en el orden nacional y territorial que, garantiza condiciones políticas,
sociales, éticas, técnicas y financieras para el ejercicio pleno de los derechos
de la niñez y las familias con enfoque territorial, inclusivo y diferencial al
servicio de la equidad y la justicia social.
7. Cualificar la capacidad institucional para identificar situaciones, condiciones o
características particulares de las niñas, niños y adolescentes que demandan
atenciones diferenciales garantizando los apoyos y ajustes para asegurar la
inclusión, pertinencia y valoración del acervo cultural dentro del marco de la
atención integral.
8. Consolidar una cultura organizacional basada en la calidad del servicio, el
conocimiento, la innovación, la toma de decisiones a partir de evidencia, el
12 https://www.icbf.gov.co/instituto
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autocuidado, la seguridad y privacidad de la información y la mitigación de los
impactos ambientales, fomentando el bienestar, la mejora continua y el trabajo
digno de su talento humano.
9. Modernizar la gestión de la entidad a través de la adecuación de la
arquitectura institucional, infraestructura tecnológica y el rediseño de sus
programas desde una perspectiva territorial, asegurando procesos técnicos y
administrativos que soporten su gestión misional y garantizando el uso
eficiente y transparente de los recursos.
60. Un estudio comparativo entre las funciones de la entidad accionada y las
publicaciones que esta lleva a cabo por medio de su cuenta oficial permite
evidenciar que estas no guardan ninguna relación directa con el cumplimiento
de su objetivo como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En efecto, no
es posible establecer alguna relación de las funciones legales desarrolladas
por el ICBF y la temática abordada en las piezas publicitarias que compartió el
13 y 14 de septiembre y octubre de 2025. En primer lugar, sus competencias
no están relacionadas directamente con algún ámbito del sector salud. A su
vez, de la imagen relacionada con las jornadas de movilización no es posible
extraer alguna relación con las funciones que debe desempeñar la entidad.
61. Con respecto a la finalidad de la publicidad oficial, la Corte Constitucional13
ha indicado que esta consiste en la divulgación de la información a través de
diferentes medios de comunicación con el fin de dar a conocer bienes,
servicios, planes, programas, proyectos, campañas y demás actividades
relacionadas con las funciones adelantadas por las entidades públicas. La
Corte ha establecido que este concepto incluye todas aquellas actividades
adelantadas por las entidades estatales con el fin de difundir información a la
ciudadanía sobre los planes y programas de gobierno de forma objetiva e
imparcial y busca transmitir un mensaje sobre la gestión del Estado mediante
el uso de elementos visuales como las tipografías corporativas esenciales para
distinguir a una organización desde su identidad propia.
62. Dicha Corte14 ha establecido que la importancia del control en la difusión
de la publicidad estatal está relacionada con la necesidad de evitar
inconvenientes sobre la destinación de los recursos públicos e impedir efectos
negativos sobre el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de la
ciudadanía. Esto, debido a los efectos disuasivos que puede tener esta
publicidad en la opinión pública, dado que su distribución arbitraria puede
convertirse en un mecanismo de propaganda política usada para influir en los
medios de comunicación, fomentar a los gobernantes de turno o condicionar
el libre ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.
63. Ello establece la importancia de que existan normas que, como la invocada
por la parte actora, regulen los objetivos legítimos de la publicidad oficial y las
asignaciones de recursos permitidas en el uso de estas herramientas, lo que
13 Sentencia C-086 de 2025.
14 Ibidem.
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impide el ejercicio arbitrario de la divulgación de información con fines, por
ejemplo, electorales o partidarios15.
64. Por su parte, los criterios que establezcan estas normas sobre la
distribución de la propaganda oficial cumplen con el objetivo de reducir la
discrecionalidad y evitar sospechas de algún favoritismo político que prime
sobre el derecho a la información de la ciudadanía. Por tanto, que el legislador
establezca, como en el caso de la norma objeto de esta acción de
cumplimiento, que los recursos publicitarios deben ser asignados según
criterios preestablecidos, claros y transparentes, cumplen con esta finalidad
constitucional.
65. Lo expuesto con antelación establece el sustento constitucional de la
relación intrínseca que, según el artículo 10 del Decreto 1474 de 2011, debe
existir entre la publicidad oficial y el cumplimiento de las funciones de cada una
de las entidades estatales. En dicha medida, la Sala considera que la simple
alusión a un tema de interés general como son los hallazgos de la Contraloría
en la Nueva EPS no puede justificar en cualquier caso el uso de recursos
destinados a la publicidad oficial de una entidad en particular para la
divulgación de información de un sector que no guarda relación alguna con
sus competencias, sus funciones y con la finalidad que aquella autoridad
cumple en el Estado.
66. Establecer que el mandato contenido en dicha norma es cumplido por
cualquier entidad estatal que divulgue información sobre un tema susceptible
de ser catalogado como de interés público, podría llegar a banalizar tal deber
prohibitivo y permitiría el uso arbitrario de los recursos destinados a publicidad
oficial, para difundir cualquier tipo de información que busque priorizar los
intereses del Gobierno de turno.
67. No obstante, la Sala pone de presente que pueden existir situaciones
particulares y excepcionales en las que determinadas finalidades superiores
del Estado posibiliten el uso de la publicidad oficial por parte de entidades para
la divulgación de información que no esté directamente relacionada con el
cumplimiento de sus funciones. Estas pueden ser, por ejemplo, situaciones de
urgencia que ameriten que todo el aparato estatal se encause en la
comunicación de un asunto que requiere de máxima difusión.
68. En el caso en concreto, el ICBF insistió en que la divulgación de las piezas
publicitarias en cuestión está amparada por el deber de garantizar el acceso a
la información sobre un aspecto que, a su juicio, es de interés general. Por
tanto, en principio, cumpliría con una finalidad legítima, amparada por las
normas constitucionales. A su vez, esta medida entra en colisión con el
mandato establecido por el legislador sobre el adecuado uso de los recursos
destinados a la publicidad oficial, en los términos que se han expuestos con
antelación.
15 Ibidem.
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69. En tal sentido, es necesario en primer lugar revisar la idoneidad de dicha
medida. La Corte Constitucional16 ha establecido que una actuación de la
administración es idónea cuando el medio empleado es adecuado, efectivo y
conducente en relación con el fin planteado. En principio, este uso de los
medios oficiales de comunicación de la entidad conduce a la finalidad
propuesta, la cual consiste en comunicarle a la ciudadanía la situación de
descertificación del país. Por tanto, la Sala concluye que cumple con este
requisito y procede al examen de la necesidad.
70. La Corte17 ha sostenido que la necesidad de una medida consiste en que
el medio empleado en el caso en concreto es el menos restrictivo de otros
principios, por lo que se considera inválido si existe otro con un impacto inferior
y con una idoneidad semejante para la obtención del propósito de la autoridad.
En el asunto en concreto, la Sala considera que, en la medida en que las
piezas publicitarias fueron desplegadas a partir de una estrategia de
comunicación empleada por la Administración para dar a conocer esta
situación de hallazgos en la Nueva EPS por parte de la Contraloría, se contaba
con la posibilidad de difundir esta información exclusivamente mediante los
medios oficiales de las entidades cuyas funciones estuvieran relacionadas con
dicho sector y, con ello, dar cumplimiento a la finalidad establecida por el
legislador en materia de destinación de recursos en publicidad oficial.
71. En efecto, la Administración contó con la posibilidad de usar los medios
oficiales de entidades como el Ministerio de Salud y las autoridades adscritas
a esta cartera ministerial, lo que hubiera permitido cumplir con la finalidad de
que la ciudadanía accediera a dicha información de interés. Por su parte,
también se ha podido optar por el uso de los canales oficiales del presidente
de la República y de la Presidencia de la República, los cuales cuentan con un
amplio margen de difusión a nivel nacional. En virtud de lo anterior, la Sala
considera que no se cumple con el requisito de necesidad de la medida, puesto
que se contaba con la posibilidad de que la Administración empleara otras
medidas para la obtención del propósito previsto. Por tanto, el incumplimiento
del mandato establecido en los incisos primero y cuarto del artículo 10 del
Decreto 1474 de 2011 no era necesario.
72. Ante la existencia de medios que no generaban traumatismo en el
cumplimiento de este deber prohibitivo por parte del ICBF, la Sala concluye
que el actuar adoptado por la entidad demandada no superó el juicio de
proporcionalidad ante el incumplimiento del requisito de necesidad. Por tanto,
contrario a lo argumentado por la defensa de la autoridad, no es posible
justificar su actuar desde una perspectiva constitucional y, en dicha medida,
se concluye que la autoridad ha desatendido el presupuesto normativo objeto
de esta acción.
73. Finalmente, la Sala no pasa por alto que el parágrafo segundo de la norma
objeto de esta acción establece lo siguiente:
16 Sentencia C-030 del 2020.
17 Ibidem.
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PARÁGRAFO 2. Lo previsto en este artículo no se aplicará a las Sociedades de
Economía Mixta ni a las empresas industriales y comerciales del Estado que
compitan con el sector público o privado o cuando existan motivos de interés
público en salud. (Énfasis de la sala).
74. Al respecto, se considera que el asunto estudiado no está cobijado por la
excepción establecida en la disposición en cita, puesto que se trata de una
reacción a los hallazgos de la Contraloría en la Nueva EPS que por sí mismos,
no son considerados como un motivo de interés público en salud. Así se
desprende incluso de las diferentes publicaciones que se pueden encontrar
actualmente en las páginas oficiales del ICBF y en las que se corrobora lo
dicho por la parte impugnante y que no ha sido negado por la entidad, por el
contrario, insiste en que se trata de la divulgación de mensajes oficiales sin
gasto público y con contenido informativo18.
74. Como se ha expuesto, los contenidos divulgados por el ICBF a través de
su cuenta institucional en «X» corresponden, de una parte, a afirmaciones
hechas por el presidente de la república en su alocución del 12 de septiembre
de 2025, sobre los hallazgos de la Contraloría en la Nueva EPS y, de otra
parte, buscan convocar a la ciudadanía a una manifestación o movilización
pública. Lo anterior no constituye un «motivo de interés público en salud», que
es la excepción establecida en la norma.
6. Conclusión
76. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar incumplió el mandato
establecido en los incisos primero y cuarto del artículo 10 del decreto 1474 de
2011, ante el uso de publicidad oficial con fines ajenos a las competencias y
funciones establecidas por el ordenamiento para la entidad.
77. En virtud de lo anterior, se revocará la sentencia de primera instancia
proferida el 12 de febrero de 2026, mediante la cual el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, negó las pretensiones y,
en su lugar, declarará el incumplimiento por parte del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, de lo establecido en los incisos 1, 3 y 4 del artículo 10 de
la Ley 1474 de 2011.
78. Como consecuencia, se ordenará al ICBF que, en cumplimiento del
mandato expreso contenido en los incisos 1 y 4 del artículo 10 de la Ley 1474
de 2011, se abstenga en lo sucesivo de orientar la publicidad oficial de la
entidad, adelantada a través de sus canales oficiales de comunicación o
mediante campañas coordinadas con otras entidades del orden nacional, por
fuera de su finalidad institucional asignada por la ley.
18 Al respecto, ver los fallos del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, sentencia del 5 de febrero de 2026, radicado 25000-23-41-000-2025-01730-01, C.P. Pedro Pablo
Vanegas Gil, sentencia del 19 de febrero de 2026, radicado 25000-23-41-000-2025-01697-01.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley
FALLA
PRIMERO: Revocar la sentencia del 12 de febrero de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A,
que negó las pretensiones de la acción de cumplimiento, de conformidad con
los argumentos expuestos en este fallo.
SEGUNDO: Declarar el incumplimiento por parte del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, de lo establecido en los incisos 1 y 4 del artículo 10 de la
Ley 1474 de 2011.
TERCERO: Ordenar al Instituto de Bienestar Familiar que, en cumplimiento
del mandato expreso contenido en los incisos 1 y 4 del artículo 10 de la Ley
1474 de 2011, se abstenga en lo sucesivo de orientar la publicidad oficial de
la entidad, adelantada a través de sus canales oficiales de comunicación o
mediante campañas coordinadas con otras entidades del orden nacional, por
fuera de su finalidad institucional asignada por la ley.
CUARTO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
QUINTO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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