Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2025-02126-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2025-02126-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 25000-23-41-000-2025-02126-01
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
28 de mayo de 2026
Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Presidente de la República y otro
Rad: 25000-23-41-000-2025-02126-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
CONSEJERO DE ESTADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2025-02126-01
Accionantes: FUNDACIÓN PARA EL ESTADO DE DERECHO
Accionado: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTRO
Temas: Revoca sentencia de primera instancia - Ordena cumplimiento
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 20 de marzo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B, que negó las pretensiones de la acción de
cumplimiento.
1. ANTECEDENTES
1. Solicitud de cumplimiento
1. En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la
Constitución y desarrollada por la Ley 393 de 1997, la Fundación para el
Estado de Derecho - en adelante FEDE Colombia- presentó demanda contra
el presidente de la República y el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República -DAPRE- con el fin de obtener el cumplimiento
de lo previsto en el numeral 2 del artículo 38 de la Ley 996 de 20051.
2. Como consecuencia, la accionante pidió que se abstengan difundir directa o
indirectamente propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido,
agrupación o movimiento político.
2. Pretensiones de la demanda
3. La parte actora solicitó (transcripción literal, incluidos posibles errores):
1 «Por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República, de conformidad con
el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con lo establecido en
el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras disposiciones».
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Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Presidente de la República y otro
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Ordenar al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego y al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE- dar cumplimiento inmediato
a lo establecido en el numeral 2 del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 en los siguientes
términos
i) Que se abstengan, de manera inmediata y hacia el futuro, de difundir -directa o
indirectamente- propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido,
agrupación, movimiento político o candidatura, mediante publicaciones, discursos,
transmisiones, redes sociales, o a través de cualquier otro medio de comunicación
institucional.
ii) Que adopten de manera inmediata las medidas administrativas y técnicas necesarias
para cesar los efectos de la propaganda electoral previamente difundida a través de
canales oficiales, incluyendo el retiro, suspensión o despublicación de piezas,
mensajes, transmisiones, discursos o contenidos institucionales que se enmarquen en
la prohibición prevista en el numeral 2 del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, en cuanto
ello resulte necesario para asegurar el cumplimiento efectivo, continuo y no meramente
formal del deber legal reclamado.
3. Hechos
4. La parte actora sostuvo que, el presidente de la República y el DAPRE han
desplegado, de manera reiterada y sistemática, una conducta consistente en
la difusión de mensajes y pronunciamientos de contenido electoral, tanto a
favor de partidos y proyectos políticos afines como en contra de sectores de
oposición y de candidaturas rivales, a través de sus cuentas personales en
redes sociales y, en múltiples ocasiones, mediante canales institucionales
oficiales del DAPRE.
5. Afirmó la actora que, estas actuaciones, por su contenido, frecuencia y
oportunidad, exceden la defensa legítima de la gestión gubernamental y
amenazan la neutralidad institucional exigida para preservar la integridad, la
igualdad de condiciones y la libertad del electorado de cara a las elecciones
de 2026.
6. Indicó que, el 30 de septiembre de 2023, la Misión de Observación Electoral
–MOE– dirigió una comunicación oficial al presidente de la República, en la
cual manifestó su preocupación por algunos mensajes publicados en su
cuenta de X y en la cuenta institucional de la Presidencia de la República, por
cuanto podrían ser interpretados como una posible intervención en política y
generar un desequilibrio en la contienda electoral. Sostuvo que, la MOE
recordó que los pronunciamientos de autoridades administrativas,
especialmente de quienes ocupan las más altas dignidades del Estado,
pueden afectar la libertad del electorado y exhortó al presidente a preservar
la neutralidad constitucional exigida para el desarrollo de procesos electorales
libres y equitativos.
7. Sostuvo que, el 21 de enero de 2024, el presidente de la República publicó
en su cuenta personal de X (antes Twitter) un mensaje sobre el Pacto
Histórico, partido político al cual se refirió como referente del progresismo
colombiano y latinoamericano. En dicho mensaje convocó a una reunión de
las 1.500 personas elegidas en 2023 para integrar el “congreso progresista”,
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propuso la configuración de un solo partido político, llamó a estructurar un
Frente Amplio en municipios, departamentos y a nivel nacional, y señaló de
manera explícita como objetivo «ganar las elecciones del 2026» para hacer
«irreversible» la transformación política que promueve2.
8. Manifestó que, el 19 de septiembre de 2024, desde la cuenta institucional
@infopresidencia y en el marco de la difusión del discurso del presidente de
la República sobre la reforma pensional, se publicaron mensajes en los que
se aludió de manera expresa a la defensa de un «proyecto progresista», se
hizo referencia a la necesidad de que dicho proyecto «pueda existir en
Colombia, ganar elecciones y gobernar», y se difundieron expresiones que,
junto con promover un proyecto político determinado, identificaron y
caracterizaron de forma negativa a quienes se oponen a dicho proyecto,
presentándolos como una amenaza, todo ello a través de un canal
institucional3.
9. El 15 de marzo de 2024, la cuenta de la Presidencia (@infopresidencia),
replicó el discurso del presidente durante la movilización «Por la vida, el
territorio, la Democracia y la Paz» en Cali, en el que afirmó que era necesario
«obtener más triunfos y no solo en las próximas elecciones», y sostuvo que,
«después de ganar unas elecciones», era preciso continuar con las luchas
para «cambiar a Colombia», vinculando dicho cambio a la victoria electoral4.
10. El 19 de julio de 2025, el presidente de la República publicó en su cuenta
personal de X (antes Twitter) un mensaje en el que manifestó su afiliación al
partido político Pacto Histórico, expresando de manera textual: «Me he
afiliado de primeras al Pacto Histórico. Sueño con un movimiento que sueñe
con la gente en cada barrio y vereda. Una constituyente barrial y veredal»,
acompañando la publicación de material audiovisual relacionado con dicha
manifestación: «me he afiliado de primeras al Pacto Histórico. Sueño con un
movimiento que sueñe con la gente en cada barrio y vereda. Una
constituyente barrial y veredal»5.
11. Durante la misma jornada del 19 de julio de 2025, el presidente de la
República publicó un nuevo mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) en el
que saludó al Pacto Histórico en su convención, reiteró su identificación con
dicho partido y destacó valores que, según sus palabras, lo orientan, como la
«libertad», la «democracia» y la «vida»6.
12. Sostuvo que, el 1 de septiembre de 2025, el presidente de la República
publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje en el que se refirió a la
2 @petrogustavo, 21 de enero de 2024, 8:50 a.m.
https://x.com/petrogustavo/status/1749066908861636769
3 4@infopresidencia, 19 de septiembre de 2024, 3:32 p.m.,
https://x.com/infopresidencia/status/1836865955496157666
4 @infopresidencia, 15 de marzo de 2024, 6:29, p.m.,
https://x.com/infopresidencia/status/1768781619895099400
5 @petrogustavo, 19 de julio de 2025, https://x.com/petrogustavo/status/1946721092019581080
6 @petrogustavo, 19 de julio de 2025, 12:00 p.m.
https://x.com/petrogustavo/status/1946616192694640688
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decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la personería jurídica del
Pacto Histórico, señalando que la “mayoría de oposición en el CNE” pretendía
impedir que dicho partido político tuviera personería jurídica y pudiera
participar en las elecciones que vienen.
13. En el mismo pronunciamiento afirmó que el Pacto Histórico debía «prender
todas las armas (sic)», al considerar que el país se encontraba «ante un golpe
brutal contra la democracia», y calificó esta situación como una «acción
dictatorial del uribismo y sus aliados», promoviendo al mismo tiempo dicho
partido político y descalificando las instituciones electorales y a sectores de
oposición, en el marco de la contienda electoral de 2026:
14. El 26 de septiembre de 2025, el presidente se refirió en su red social X a la
consulta interna del Pacto Histórico destinada a definir su candidato
presidencial y las listas al Congreso de la República7:
15. El 3 de octubre de 2025, el Gobierno nacional convocó a una movilización en
Ibagué. Durante el discurso oficial, el mandatario insistió en «ponerse en
modo constituyente», a recoger firmas y dar apoyo a las listas del Pacto
7 @petrogustavo, 26 de septiembre de 2025, 8:31 a.m.,
https://x.com/petrogustavo/status/1971568363060302123
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Histórico al Congreso en 20268. De igual manera, se refirió a la reelección de
su proyecto y aseguró que en los próximos comicios debe elegirse una
bancada progresista9:
16. De acuerdo con los mensajes de la cuenta de X, @DapreCol 10, el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República participó de
dicha jornada. En su cuenta oficial publicó mensajes alusivos a la jornada de
movilización en Ibagué, en la cual el presidente se refirió a la convocatoria a
una Constituyente, a la reelección de su proyecto político y a la necesidad de
reelegir el proyecto progresista11.
17. Afirmó que, el 6 de octubre de 2025, la Procuraduría General de la Nación
emitió un comunicado dirigido al presidente de la República, a su gabinete y
a los demás servidores públicos, exhortándolos a abstenerse de participar en
política y a garantizar que el proceso electoral se desarrolle en un ambiente
de tranquilidad y respeto institucional. En dicho pronunciamiento se recordó
que el derecho a defender la gestión gubernamental debe ejercerse dentro
del marco constitucional y legal que proscribe la participación en política y la
utilización de recursos, canales o plataformas oficiales para favorecer o
perjudicar a partidos, movimientos o candidaturas12.
8 Presidencia de la República, Alocución del presidente de la República, 3 de octubre de 2025,
1:21:30 en adelante. https://www.youtube.com/watch?v=IzaOpxeRyCM
9 Presidencia de la República, “Palabras del presidente Gustavo Petro Urrego en la movilización por
la democracia, la dignidad y la independencia nacional”, [Discurso], Plaza Murillo Toro, Ibagué, 3 de
octubre de 2025, https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Palabras-del-presidente-Gustavo-
Petro-Urrego-en-la-movilizacion-por-la-demo-251003.aspx
10 @DapreCol, 3 de octubre de 2025 https://x.com/DapreCol/status/1974320086233330182
11 Radio Nacional de Colombia, “Democracia y dignidad…” 3 de octubre, [política]
https://www.radionacional.co/actualidad/politica/democracia-y-dignidad-presidente-petro-movilizo-
mas-de-7000-personas-en-ibague
12 Procuraduría General de la Nación, “llamado del Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach
Pacheco, al Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego y demás servidores públicos”, Boletín
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18. El 25 de octubre de 2025, en respuesta pública a una publicación de la
entonces precandidata presidencial Victoria Eugenia Dávila, el presidente de
la República difundió un mensaje en su cuenta personal de X (antes Twitter)
en el que formuló señalamientos de «extrema gravedad» dirigidos
directamente a la precandidata13.
19. El 27 de octubre de 2025, el presidente de la República publicó en su cuenta
personal de X (antes Twitter) un mensaje en el que se refirió a los resultados
de la consulta interpartidista, agradeciendo el respaldo recibido y afirmando
que el Pacto Histórico constituye la «principal fuerza política de Colombia», al
señalar que tiene «los arrestos de ganar el próximo gobierno». Dicho mensaje
vinculó expresamente los resultados de la consulta y la proyección electoral
futura del Pacto Histórico, en un contexto de contienda política.
20. El 21 de noviembre de 2025, de acuerdo con revelaciones periodísticas, el
presidente durante uno de sus discursos públicos volvió a hacer referencia a
las elecciones de 2026 y dijo que, como jefe de Estado, le corresponde
garantizarlas elecciones, pero «El país solo decide dos cosas, o volvemos a
la gobernanza (…) paramilitar o vamos pa´lante. Yo invito a Colombia a ir
pa´lante» vinculando dicha disyuntiva con el proceso electoral venidero14.
21. El 27 de noviembre de 2025, luego de que se conociera la decisión del
Consejo Nacional Electoral sobre los topes durante la campaña a la
Presidencia de la República, el mandatario se refirió a dicha decisión,
comentando una publicación del medio Blue Radio, en el que aparece la
precandidata presidencial Paloma Valencia15.
22. El 30 de noviembre de 2025, con ocasión de la divulgación de los resultados
de la encuesta de Invamer, el presidente de la República publicó un mensaje
en su cuenta personal de X (antes Twitter) en el que, al referirse a dichos
resultados, aludió a la eventual reelección del denominado «proyecto
democrático», afirmando de manera textual: «Si vuelve a elegirse el proyecto
democrático, Bolívar vivirá en los corazones de todas y todos los colombianos.
Romperemos las cadenas y abriremos las oportunidades aún más para el
pueblo», vinculando expresamente el escenario electoral descrito por la
encuesta con una proyección electoral futura16:
1122, 6 de octubre de 2025,https://www.procuraduria.gov.co/Pages/llamado-procurador-general-
gregorio-eljach-al-presidente-gustavo-petro-y-servidores-publicos.aspx
13 @petrogustavo, 25 de octubre de 2025, 3:21 p.m.,
https://x.com/petrogustavo/status/1982180633347522963
14 Wradio, 21 de noviembre de 2025, wradico [Instagram],
https://www.instagram.com/reel/DRV12PsgGbe/?igsh=MWw3b2tpdHpmYXp5Zg%3D%3D
23@petrogustavo, 27 de noviembre de 2025, 5:47 p.m.
https://x.com/petrogustavo/status/1994176274106073277
15 @petrogustavo, 27 de noviembre de 2025, 5:47 p.m.
https://x.com/petrogustavo/status/1994176274106073277
16 @petrogustavo, 30 de noviembre de 2025, 11:57 p.m.
https://x.com/petrogustavo/status/1995356503578902988
6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C., – Colombia
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23. El 3 de diciembre de 2025, de acuerdo con información pública divulgada por
medios de comunicación, se conoció que el presidente de la República asistió
a una reunión en la que participaron distintos precandidatos presidenciales y
actores políticos vinculados al denominado «Frente Amplio», coalición política
conformada con miras a la participación conjunta en las elecciones de 202617.
24. La parte actora sostuvo que constituyó en renuencia a las demandadas; sin
embargo, en respuesta del 10 de diciembre, el Grupo Jurídico del DAPRE
respondió que el mensaje remitido por FEDE Colombia. no cumplía con los
requisitos para tramitarse como derecho de petición.
4. Actuaciones procesales
25. Mediante proveído del 9 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, admitió la acción de
cumplimiento y ordenó notificar personalmente al presidente de la República
y al DAPRE18.
4.1. Contestaciones a la demanda
26. Dentro del término otorgado ninguna de las accionadas contestó la demanda,
por lo cual, a través de auto del 24 de enero de 2026, se abrió el proceso a
pruebas y, de oficio, se ordenó por Secretaría requerir a las accionadas para
17 Daniel Jerez, “Petro asistió a cena privada con Rodríguez Zapatero y precandidatos del Frente
Amplio” LA FM, 3 de diciembre de 2025, https://www.lafm.com.co/politica/petro-asistio-a-cena-
privada-con-rodriguez-zapatero-y-precandidatos-del-frente-amplio-384364
18 Por auto del 20 de enero de 20262, la inadmitió y ordenó a la demandante corregirla, en el sentido
de; i) indicar claramente las normas con fuerza material de Ley o los actos administrativos frente a
los cuales dirige su demanda, precisando los apartes o artículos contenidos en estas que estima
incumplidos y; ii) aportar los documentos mediante los cuales acredita haber constituido en renuencia
a cada una de las autoridades accionadas, de las normas con fuerza material de Ley o de los actos
administrativos cuyo incumplimiento aduce.
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que allegar un informe a través del cual explicaran la finalidad o las razones
por las cuales realizaron las publicaciones en las diferentes redes sociales y
plataformas, mencionadas por el accionante en su demanda, así como
también la relación existente entre éstas y las funciones atribuidas
constitucional y legalmente; sin embargo, las demandadas guardaron silencio.
27. A través de memorial del 11 de marzo de 2026, la accionante aportó nuevas
pruebas a través de las cuales afirmó que se acredita la ocurrencia de hechos
posteriores y la conducta por parte del presidente de la República, contrarias
al mandato contenido en el inciso segundo del artículo 38 de la Ley 996 de
2005.
4.2. Fallo de primera instancia
28. Mediante sentencia del 20 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, negó las pretensiones de la
acción de cumplimiento.
29. El Tribunal consideró necesario hacer una diferencia entre servidor público y
autoridad pública en el siguiente sentido:
Con fundamento en lo expuesto, se tiene que la categoría de servidor público
comprende a toda persona natural que, en virtud de una relación legal y
reglamentaria o contractual, presta sus servicios al Estado, con independencia del
nivel jerárquico o de la naturaleza de las funciones asignadas.
Por su parte, la noción de autoridad pública tiene un alcance más restringido, en la
medida en que se predica de aquellos servidores que detentan funciones de
dirección, mando o decisión, y que, en tal virtud, cuentan con la potestad jurídica
para cumplir o hacer efectivo el cumplimiento de las normas.
En ese sentido, si bien toda autoridad pública ostenta la calidad de servidor público,
no todo servidor público puede ser considerado autoridad, dado que muchos de ellos
ejercen funciones meramente operativas, técnicas o de apoyo, sin capacidad
decisoria.
Esta distinción resulta relevante, en tanto permite delimitar con precisión los sujetos
obligados en cada caso concreto, especialmente cuando se trata de exigir el
cumplimiento de deberes normativos cuyo acatamiento supone el ejercicio de
competencias decisorias o de dirección propias de una autoridad pública.
30. Como consecuencia, sostuvo que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 5.° de la Ley 393 de 1997, la demanda que se presente en ejercicio
del medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de Ley
debe dirigirse frente aquella autoridad pública o particular en ejercicio de
funciones administrativas con la capacidad jurídica de hacer efectiva la norma
presuntamente desatendida o cumplirla.
31. Por tanto, en el presente asunto, «no es el presidente de la República, ni el
DAPRE, quienes ostentan la competencia para hacer cumplir la prohibición
dirigida a todos los servidores públicos en general de abstenerse de difundir
propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o
movimiento político, a través, entre otras cosas, de publicaciones».
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32. A continuación, sostuvo que, la norma cuyo cumplimiento se pretende, esto
es, el numeral 2.° del artículo 38 de la Ley 909 de 2005, no contempla ningún
mandato claro, expreso y exigible dirigido a determinada autoridad pública,
sino que contiene un prohibición dirigida a los servidores públicos en general,
consistente en abstenerse de difundir propaganda electoral a favor o en contra
de cualquier partido, agrupación o movimiento político, a través, entre otras
cosas, de publicaciones, cuya inobservancia generaría otro tipo de
responsabilidades a cargo del servidor público.
33. Finalmente, concluyó al indicar que, el medio de control ejercido no es el
adecuado para exigir el cumplimiento de deberes, prohibiciones o infracciones
al régimen disciplinario por parte de los servidores públicos. Así, sostuvo que
no se puede confundir la responsabilidad individual del servidor público, con
el acatamiento de normas claras, expresas y exigibles a una determinada
autoridad pública o particular en ejercicio de funciones públicas, de manera
tal que en un eventual escenario de responsabilidad a cargo del presidente
de la República, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 178 de la
Constitución Política, corresponderá a la Comisión de Investigación y
Acusación de la Cámara de Representantes determinar se incurrió en alguna
infracción al régimen disciplinario vigente, sin perjuicio de que se llegase a
acreditar la configuración de otro tipo de responsabilidades.
4.3. Impugnación19
34. Inconforme con la decisión, FEDE Colombia interpuso recurso de
impugnación contra la sentencia que negó las pretensiones.
35. Sostuvo que, contrario a lo afirmado por el tribunal, la acción no se dirige a
que el presidente o el DAPRE exijan a otros servidores públicos el respeto por
la prohibición legal, sino que el referido mandatario y dicha entidad se
abstengan de incurrir directamente en la conducta prohibida; esto es, difundir
propaganda electoral en los términos de la norma cuyo cumplimiento se
requiere.
36. Por tanto, la sentencia incurre en una reformulación indebida de la pretensión,
al atribuirle un alcance que no corresponde con lo efectivamente solicitado.
37. Asimismo, alegó que la norma cuyo cumplimiento se reclama no requiere la
intervención de una autoridad distinta a las accionadas, pues se trata de una
prohibición que se cumple mediante la abstención del propio servidor público
accionado, como consecuencia, las accionadas sí están legitimadas en la
causa por pasiva, pues son destinatarias directas del deber jurídico invocado
y tienen la capacidad de ajustar su conducta al mandato de abstención
previsto en la ley.
19 La sentencia del 20 de marzo de 2026 fue notificada el 17 de abril de 2025 mediante correo
electrónico, y el escrito de impugnación fue radicado a través de ese mismo medio el 22 de abril de
2026, término que se encuentra oportuno.
9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C., – Colombia
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38. Añadió que el artículo 5.° de la Ley 393 de 1997 establece, entonces, que la
acción de cumplimiento se dirige contra la autoridad a la que le corresponda
el cumplimiento de la norma y en el caso concreto, la obligación también le
compete al presidente de la República y al DAPRE.
39. A continuación, sostuvo que la norma sí establece un mandato imperativo
dirigido a todos los servidores públicos, por ende, el presidente y la entidad
son destinatarios directos de la prohibición. Sostuvo que el numeral 2 del
artículo 38 de la Ley 996 de 2005 consagra un mandato de no hacer: regula
una prohibición, esto es, un deber de una conducta negativa que consiste en
abstenerse de difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier
partido, agrupación o movimiento político a través de publicaciones oficiales
y otros medios.
40. Afirmó que, en casos análogos al presente, en los que se ha solicitado el
cumplimiento de mandatos que contienen prohibiciones, el Consejo de Estado
ha declarado su incumplimiento aun cuando la disposición esté dirigida de
manera general a todas las entidades públicas. En estos eventos, el juez de
cumplimiento individualizó el deber en cabeza de la autoridad renuente a partir
de sus actuaciones concretas, sin que el carácter general de la norma impida
su exigibilidad. Así ocurrió, por ejemplo, frente al artículo 10 de la Ley 1474
de 2011, que prohíbe a las entidades estatales realizar publicidad oficial ajena
a sus funciones, en donde el incumplimiento se concretó en cada una de las
entidades demandadas.
41. Finalmente, indicó que, la providencia desconoce que mediante la acción
interpuesta no se busca una consecuencia disciplinaria, sino garantizar la
efectividad material de la ley, cuando una autoridad es renuente a cumplir un
deber jurídico expreso y exigible. La conducta prohibida de difundir
propaganda electoral a favor de o en contra de movimientos, agrupaciones
políticas y candidatos es atribuible al presidente y al DAPRE a la luz de los
hechos relatados en la demanda y, por tanto, la acción de cumplimiento es
procedente para obtener una orden judicial que garantice el respeto por el
mandato legal.
42. Manifestó que, en el presente caso, los eventuales mecanismos de
responsabilidad a los que alude el tribunal no resultan idóneos ni eficaces
para satisfacer dicha finalidad, y están orientados a un objetivo distinto de la
de ordenar que se cumpla el deber legal y garantizar así el cumplimiento
actual y futuro de la prohibición contenida en el numeral 2 del artículo 38 de
la Ley 996 de 2005, en especial, porque la conducta persiste, lo que,
consideró, configura una exigibilidad actual del deber legal.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
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43. La Sección Quinta20 de esta Corporación es competente para decidir la
impugnación contra la sentencia del 20 de marzo de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B,
según lo dispuesto en los artículos 15021 y 15222 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y en el artículo 13
del Acuerdo 080 de 2019, expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado23.
2. Objeto de la decisión
44. Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia
del 20 de marzo de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que negó las pretensiones
de la acción de cumplimiento.
45. Por tanto, la Sala deberá verificar si se cumple con los presupuestos de
procedibilidad y procedencia de la acción de cumplimiento y, en caso de
superarse estos requisitos, deberá establecerse si en el presente caso el
presidente de la República y el DAPRE se encuentran en la obligación de
acatar la disposición legal indicada.
3. Generalidades de la acción de cumplimiento
46. La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos
contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.
47. Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la
Ley 393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos
mínimos. Estos presupuestos se han identificado y precisado que son los
siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando
el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
20 El proyecto inicial no alcanzó la mayoría requerida para su aprobación en la Sala del 21 de mayo
de 2026, como consecuencia fue nombrado como Conjuez el doctor Germánn Bula Escobar.
21 Artículo 150: Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de
las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y
de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del
recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo
245 de este código.
22 Artículo 152: (…) 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de
cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese
mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.
23 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los tribunales
administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.
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8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción de
cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º].
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(iv) Que no se pretenda la protección de derechos que puedan ser garantizados
a través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la
administración [artículo 9.º].
48. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos [ii, iii o
iv], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.
49. Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si
existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella
autoridad o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los
cuales se haya dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s,
[artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad
o no de la/s pretensión/es formulada/s.
4. La constitución de la renuencia
50. En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que «[c]on el propósito de
constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo
y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro
de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud […]».
51. Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado
según el cual «[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de
petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el
requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»24.
52. Esta Corporación también ha considerado que no puede tenerse por
demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en
que la solicitud hecha por el interesado «[…] tiene una finalidad distinta a la
de constitución en renuencia»25.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de octubre
20 de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
25 Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del expediente
ACU-1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.
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53. Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como la
negativa del accionado frente al requerimiento bien porque no brinde
respuesta oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea
contraria al querer del ciudadano26.
54. Es necesario que la solicitud permita determinar claramente que lo
pretendido por el interesado es el efectivo cumplimiento de un deber legal o
administrativo, cuyo objetivo es precisamente la constitución en renuencia de
la parte demandada.
55. Como fue establecido en el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de
1997, el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción respecto de
la parte accionada deberá acreditarse con la demanda, so pena de ser
rechazada de plano.
56. En el caso concreto está acreditado que, el 18 de noviembre de 2025, la parte
actora solicitó al presidente de la República y al DAPRE que dieran
cumplimiento al numeral 2, del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, relativo a la
prohibición de difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier
candidato, organización o movimiento político a través de medios oficiales o
institucionales.
57. Además, obra constancia de la respuesta otorgada por el coordinador del
Grupo de Apoyo Jurídico del DAPRE en la que respondió que, acorde con lo
señalado en el escrito y a lo planteado por la Corte Constitucional, el escrito
no podía ser enmarcado dentro de una petición que cumpliera los
26 Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación 25000-23-41-000-
2016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación
15001-33-33-000-2016-00690-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez y sentencia del 15 de septiembre
de 2016, radicación 15001-23-33-000-2016-00249-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
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presupuestos previstos en la Ley 1755 de 2015 y lo consideró como una
opinión o sugerencia.
58. Lo anterior es suficiente para que la Sala entienda agotado el requisito de
constitución en renuencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8.º de la
Ley 393 de 1997.
5. De la procedencia de la acción de cumplimiento
59. Como se ha referido hasta ahora, la parte actora, con el ejercicio de la
presente acción, pretende que se le ordene al presidente de la República y al
DAPRE que dé cumplimiento al numeral 2, del artículo 38 de la Ley 996 de
2005, relativo a la prohibición de difundir propaganda electoral a favor o en
contra de cualquier candidato, organización o movimiento político a través de
medios oficiales o institucionales.
60. Para la Sala, se cumple con el requisito de que la norma que se solicita acatar
tenga rango de ley o acto administrativo. Igualmente, se satisface el
presupuesto de que el mandato que se solicita atender esté radicado en
cabeza de la autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones
públicas.
61. Lo anterior porque, de conformidad con lo establecido por la Corte
Constitucional, la acción de cumplimiento tiene como destinatario o sujeto
pasivo procesal, a la autoridad renuente en general, en el cumplimiento de la
ley o del acto administrativo. En efecto, una interpretación armónica de las
disposiciones antes mencionadas, conduce a que la acción de cumplimiento
procede de modo general contra cualquier autoridad que incumpla la ley o
un acto administrativo, sin que importe la rama del poder público a la cual
pertenezca, y sin que pueda limitarse su ejercicio respecto de aquellas que
tienen la calidad de administrativas27.
62. Además, la acción no se dirige a que el presidente o el DAPRE exijan a otros
servidores públicos el respeto por la prohibición legal, sino que el mandatario
y dicha entidad se abstengan de incurrir directamente en la conducta
prohibida; esto es, difundir propaganda electoral en los términos de la norma
cuyo cumplimiento se requiere.
63. Respecto del requisito de subsidiariedad, se evidencia que lo pretendido por
el accionante no involucra la protección directa de derechos fundamentales
que puedan ser invocados vía acción de tutela. Tampoco existe otro
mecanismo judicial para hacer efectiva la obligación establecida en la ley.
Adicionalmente, se advierte que la norma objeto de la demanda se encuentra
actualmente vigente.
27Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell y Hernando
Herrera Vergara.
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64. Finalmente, el eventual cumplimiento no implicaría el establecimiento de
gastos.
6. Cuestión previa
65. El tribunal de primera instancia sostuvo que, el medio de control ejercido no
es el adecuado para exigir el cumplimiento de deberes, prohibiciones o
infracciones al régimen disciplinario por parte de los servidores públicos. Así,
sostuvo que no se puede confundir la responsabilidad individual del servidor
público, con el acatamiento de normas claras, expresas y exigibles a una
determinada autoridad pública o particular en ejercicio de funciones públicas,
de manera tal que en un eventual escenario de responsabilidad a cargo del
presidente de la República, de conformidad con lo preceptuado en el artículo
178 de la Constitución Política, corresponderá a la Comisión de Investigación
y Acusación de la Cámara de Representantes determinar se incurrió en
alguna infracción al régimen disciplinario vigente.
66. Al respecto, la Sala debe recordar que las pretensiones están orientadas al
cumplimiento de un deber establecido en una ley estatutaria sin que se esté
estudiando si el presidente de la República incurrió en alguna infracción al
régimen disciplinario vigente.
67. Además, en caso de que la Sala encuentre acreditado el incumplimiento
alegado por la parte actora, la consecuencia únicamente estará orientada al
cumplimiento de lo establecido en la norma sin que ello traiga como
consecuencia una sanción, dado que no está consagrado en la norma.
7. Caso concreto
68. Corresponde a la Sala determinar si el presidente de la República y el DAPRE
incurrieron en incumplimiento del mandato legal contenido en el numeral 2,
del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, el cual establece:
Artículo 38. Prohibiciones para los servidores públicos. A excepción de los
empleados del Estado que se desempeñen en la rama judicial, en los órganos
electorales, de control y de seguridad, a los demás servidores públicos autorizados
por la Constitución, les está prohibido:
(…)
2. Difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación
o movimiento político, a través de publicaciones, estaciones oficiales de televisión y
de radio o imprenta pública, a excepción de lo autorizado en la presente ley (apartes
subrayados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la
sentencia C01153 de 2005).
69. De la lectura de la norma se desprende que establece una prohibición, esto
es, un deber de una conducta negativa en cabeza de los servidores públicos,
que consiste en abstenerse de difundir propaganda electoral a favor o en
contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político, a través de
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publicaciones, estaciones oficiales de televisión y de radio o imprenta pública,
a excepción de lo autorizado en la ley.
70. Con el fin de establecer si el presidente de la República y el DAPRE son
destinatarios de la norma, basta con revisar la sentencia C-1157 de 2003, a
través de la cual la Corte Constitucional realizó la revisión oficiosa del
proyecto de Ley Estatutaria N° 216/05 Senado, N° 235-Cámara, «por medio
de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República, de
conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de
Colombia, y de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004,
y se dictan otras disposiciones».
71. Al respecto, la Corte Constitucional determinó que el artículo 38 establece
algunas prohibiciones para los servidores públicos autorizados por la
Constitución para el ejercicio de actividad política. Dentro de las prohibiciones
se encuentran el presionar a sus subalternos para que apoyen determinada
causa política, el difundir propaganda electoral en medios de comunicación
oficiales, el favorecer laboralmente a quienes dentro de su entidad participen
en igual causa política –a menos que tal favorecimiento provenga de la
participación dentro de un concurso público de méritos-, el ofrecer beneficios
a los ciudadanos para influir en su intención de voto y el despedir funcionarios
de carrera por razones de buen servicio.
72. Además, la Corte Constitucional también fue clara al establecer que el artículo
38 es enunciativo, pues no contiene expresiones como únicamente o
solamente están prohibidas las conductas ahí enunciadas. En esa medida, en
el ejercicio de la actividad política, los servidores públicos también pueden
incurrir en conductas prohibidas si así lo señalan otras disposiciones de rango
legal, en respeto del principio de legalidad y de reserva de ley en materia
sancionatoria.
73. Asimismo, en la sentencia C-794 DE 2014, la Corte Constitucional realizó
algunas consideraciones relacionadas con la prohibición de participación en
política dirigida a los empleados del Estado, en el siguiente sentido:
5.3.3. La prohibición de participar en política dirigida a los empleados del Estado se
apoya en importantes razones constitucionales que se desprenden de una lectura
sistemática de la Carta. En efecto, dicha restricción tiene por objeto (i) preservar el
principio de imparcialidad de la función pública, de la apropiación del Estado por uno
o varios partidos; (ii) asegurar la prevalencia del interés general sobre el interés
particular, ya grupista, sectorial o partidista; (iii) garantizar la igualdad de los
ciudadanos y organizaciones políticas, del trato privilegiado e injustificado que
autoridades o funcionarios puedan dispensar a personas, movimientos o partidos de
su preferencia; (iv) proteger la libertad política del elector y del ciudadano del
clientelismo o la coacción por parte de servidores del Estado, mediante el uso
abusivo de la investidura oficial y la utilización de los recursos del público; y (v)
defender la moralidad pública de la utilización o destinación abusiva de bienes y
dineros públicos. En suma, tales principios, valores y derechos constitucionales
explican y justifican la limitación de derechos de participación política de que son
objeto los servidores del Estado.
[…]
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5.3.5.1. El abuso del derecho acaece cuando el titular lo ejerce en contra de su
finalidad o función. La jurisprudencia ha previsto que constituyen ejercicio abusivo
del derecho de los empleados del Estado a participar, toda actuación que suponga
un incumplimiento de sus deberes o que interfiera en la actividad política. Ha
destacado que se erige en ejercicio abusivo (i) la utilización de “los elementos de su
despacho para hacer proselitismo o para desempeñar en cualquier sentido la
actividad política”28; (ii) el empleo del “tiempo de servicio u horario de trabajo para
gestionar ese tipo de intereses”29; (iii) el uso de “información reservada tomada de
los archivos de la entidad pública a los cuales tiene acceso por razón de su
cargo”30para desarrollar actividades políticas; y (iv) el ejercicio de las competencias
de una forma que incline de forma ilegítima la actuación de Estado “a favor de una
determinada corriente o movimiento político31.
74. Al estudiar a quién estaba dirigido el mandato, expresamente sostuvo que
«para evitar todo tipo de equívoco en cuanto a la extensión de esta prohibición
a todos los servidores públicos se hace preciso declarar inexequible las
expresiones a “excepción de” y “que se desempeñen en la rama judicial, en
los órganos electorales, de control y seguridad, a los demás servidores
públicos autorizados por la Constitución. Únicamente de esta manera habrá
total claridad en que los sujetos pasivos de las prohibiciones enunciadas son
todos los servidores públicos» (resaltos de la Sala).
75. Al respecto, la Constitución Política en su artículo 123 establece que son
servidores públicos «los miembros de las corporaciones públicas, los
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas
territorialmente y por servicios. Los servidores públicos están al servicio del
Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la
Constitución, la ley y el reglamento».
76. Mediante sentencia del 26 de julio de 201832, el Consejo de Estado señaló
que la definición del concepto de funcionario de la siguiente manera: «El
Constituyente Primario utilizó de forma general el concepto de “servidor
público” para comprender a todas las personas naturales que tienen una
relación laboral con el Estado, y trabajan a su servicio para efectos de
asegurar el cumplimiento de sus fines constitucionales. Para referirse a ellos
en forma genérica la Carta también emplea la expresión “funcionarios”, tal
como se evidencia en los artículos 118, 125, 135, 178, 179, 180, 189, 201,
208, 214, 235, 249, 253, 255, 256, 257, 260, 268, 277, 278, 279, 292, 300,
313, 315 y 354».
77. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C - 681 de 2003 definió a
los funcionarios públicos como aquellas «personas naturales que ejercen la
función pública establecen una relación laboral con el Estado y son en
consecuencia funcionarios públicos».
28 Cita original del texto: Sentencia C-454 de 1993.
29 Cita original del texto: Sentencia C-454 de 1993.
30
Cita original del texto: Sentencia C-454 de 1993.
31
Cita original del texto: Sentencia C-454 de 1993.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección B
Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. 26 de julio de 2018. Radicado Número: (4912-14).
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78. Sin embargo, existen diversas formas de relación y por consiguiente
diferentes categorías de funcionarios públicos. La clasificación tradicional
comprende los empleados públicos y los trabajadores oficiales. Esta
clasificación se remonta a la Ley 4a de 1913 la cual definió a los empleados
públicos como los que tienen funciones administrativas y los trabajadores
oficiales aquéllos que realizan las obras públicas y actividades industriales y
comerciales del Estado.
79. El Decreto 3135 de 1968 definió los empleados públicos, quienes están
vinculados a los Ministerios, departamentos administrativos y demás
entidades que ejercen la función pública33.
80. En virtud de la jurisprudencia citada, encontramos que los términos
funcionario y servidor público son utilizados por la norma como denominación
general para las personas que desempeñan cargos en entidades del Estado,
entrando así a diferenciar las categorías en las que se dividen, como lo son
los trabajadores oficiales y los empleados públicos.
81. Finalmente, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, a
través del concepto C.E. 2191 de 2013, estableció que las prohibiciones del
artículo 38 de la Ley 996 de 2005 le son aplicables al presidente de la
República, así lo indicó:
De igual forma le son aplicables al presidente, independientemente de su condición
de candidato, las prohibiciones que de manera general señala el artículo 38 de la
ley 996 de 2005, para todos los servidores públicos, (…).
La norma transcrita contiene los criterios a partir de los cuales el legislador
estatutario habrá de acometer nuevos desarrollos respecto de la participación en
política a que se refiere el artículo 127 de la Constitución. Los ideales de esta
disposición coinciden con la noción de lo que en este concepto se ha denominado
“indebida participación en política”, razón por la cual resulta además conveniente la
inclusión del Presidente de la República en su calidad de servidor público dentro de
las restricciones que dicha norma señala.
82. Así las cosas, el presidente de la República es un servidor público, de elección
popular, a quien le resulta aplicable la prohibición establecida en el numeral
2, del artículo 38 de la Ley 996 de 2005.
83. Sin embargo, no sucede lo mismo en relación con el DAPRE, por cuanto se
trata de un organismo del sector central de la administración pública nacional
que pertenece a la Rama Ejecutiva del poder público en el orden nacional
(artículo 38 de la Ley 489 de 1998); por tanto, no es sujeto pasivo de la norma
y, en ese sentido se confirmará la negativa de las pretensiones en su contra,
por falta de legitimación en la causa por pasiva.
84. Ahora bien, la norma discutida como incumplida impone un deber de una
conducta negativa que consiste en abstenerse de difundir propaganda
33 Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra
Vélez. 26 de julio de 2018. Radicado Número: (4912-14).
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electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento
político, a través de publicaciones, estaciones oficiales de televisión y de radio
o imprenta pública.
85. Al respecto, es necesario establecer qué se entiende por propaganda
electoral. La Ley 1475 de 2011 indicó en su artículo 35 que propaganda
electoral es:
Entiéndase por propaganda electoral toda forma de publicidad realizada con el fin
de obtener el voto de los ciudadanos a favor de partidos o movimientos políticos,
listas o candidatos a cargos o corporaciones públicas de elección popular, del voto
en blanco, o de una opción en los mecanismos de participación ciudadana.
La propaganda a través de los medios de comunicación social y del espacio público,
únicamente podrá realizarse dentro de los sesenta (60) días anteriores a la fecha de
la respectiva votación, y la que se realice empleando el espacio público podrá
realizarse dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de la respectiva
votación.
En la propaganda electoral sólo podrán utilizarse los símbolos, emblemas o
logotipos previamente registrados ante el Consejo Nacional Electoral por los
partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, coaliciones o
comités de promotores, los cuáles no podrán incluir o reproducir los símbolos
patrios, los de otros partidos o movimientos políticos, ni ser iguales o generar
confusión con otros previamente registrados.
86. En el escrito inicial, la parte demandante estableció como hechos constitutivos
del incumplimiento de dicha disposición los siguientes.
87. Sostuvo que, el 21 de enero de 2024, el presidente de la República publicó
en su cuenta personal de X (antes Twitter) un mensaje sobre el Pacto
Histórico, partido político al cual se refirió como referente del progresismo
colombiano y latinoamericano. En dicho mensaje convocó a una reunión de
las 1.500 personas elegidas en 2023 para integrar el «congreso progresista»,
propuso la configuración de un solo partido político, llamó a estructurar un
«Frente Amplio» en municipios, departamentos y a nivel nacional, y señaló de
manera explícita como objetivo «ganar las elecciones del 2026» para hacer
“«irreversible» la transformación política que promueve.
88. A pesar de que el contenido de este y otros mensajes hacen alusión al Pacto
Histórico, la Sala advierte que no cumplen con la condición de ser propaganda
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política, de conformidad con la definición de la Ley 1475 de 201134, dado que
no están dirigidos a obtener el voto de los ciudadanos a favor de un partido o
movimiento político, sino a los integrantes del «Frente Amplio» o del Pacto
Histórico con el fin de impartir instrucciones o emitir opiniones.
89. Sin embargo, obra en el proceso el mensaje del 30 de noviembre de 2025,
con ocasión de la divulgación de los resultados de la encuesta de Invamer, en
el que presidente de la República publicó se refirió a dichos resultados, para
responder a otro mensaje en el cual se invitaba a votar por un candidato en
particular; como consecuencia, aludió a la eventual reelección del
denominado «proyecto democrático», afirmando de manera textual: «Si
vuelve a elegirse el proyecto democrático, Bolívar vivirá en los corazones de
todas y todos los colombianos. Romperemos las cadenas y abriremos las
oportunidades aún más para el pueblo»35:
90. Asimismo, en la alocución presidencial del 3 de octubre de 2025, en Ibagué,
que fue transmitida por Youtube y en redes sociales, el presidente
expresamente indicó36:
Y bien, entonces se trata de ganar, no me dejan porque les da mieditis que yo sea
candidato, pues reelijamos el proyecto y reelijámoslo de dos maneras, en una no
puedo hablar mucho porque también me prohíben, pero habrá una persona aquí
elegida por el pueblo en octubre o en marzo que sea capaz de profundizar las
reformas que hasta ahora nosotros hemos realizado, habrá una bancada que ya no
será grande pero minoría, esa es una tarea si queremos reformas tiene que haber
una bancada mayoritaria progresista en el congreso.
Y algo mayor y es que no dejemos simplemente que las reformas sociales que
necesita Colombia para hacer más justicia social, para ser más paz, para ser más
belleza (…) hagámoslo realidad, no es con esos políticos que huelen a muerte y
cocaína, es con el progresismo, pues porque no convocamos el poder constituyente
miremos la plaza, (…) eso se llama poder constituyente, quién de ellos hace una
34 Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos
políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones.
35 @petrogustavo, 30 de noviembre de 2025, 11:57 p.m.
https://x.com/petrogustavo/status/1995356503578902988
36 https://www.youtube.com/watch?v=IzaOpxeRyCM, minuto 1:20:00 en adelante.
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manifestación de estas (…) pero no es solo llenar plazas, ya se me ha vuelto algo
rutinario, pero no es solamente llenar plazas, es que la gente que se reúne decida,
no solo aplauda o escuche, poder constituyente es que el pueblo decide en una
asamblea nacional constituyente, entonces dice un magistrado por ahí (…) no, es
que no se necesita hay necesidad de una constituyente, ¿quién es usted para decir
eso? ¿quién es quién para decir si no se necesita en el país más desigual del mundo
reformas sociales para construir un estado social de derecho? El único que puede
decidir si sí o no, es el pueblo, porque eso significa el poder constituyente (…) y el
pueblo soberano decidirá (…) las normas es un comité promotor que no seremos
nosotros, que debe ponerlo el pueblo en sus fuerzas sociales, un comité promotor
para recoger dos millones y medio de firmas, ¿ustedes creen que no podemos? (….)
eso solo en las manifestaciones lo hacemos, lo que pasa es que tenemos que
ponernos en modo constituyente, no solo en modo de audición, no solo en modo
movilización, que lo hemos hecho menos mal, pero hay que ponerse no solo en modo
electoral representativo que toca y toca ganar congreso y presidencia, pero lo que
yo estoy proponiendo además, si ustedes quieren, es que nos pongamos en modo
constituyente, es que en cada municipio empiecen los recolectores de firmas (…) y
se presente el proyecto de ley de reglamento de la asamblea y ¿quién lo aprueba?
El próximo Congreso de la República porque este ya se asustó hasta con la reforma
a la salud, el próximo Congreso de la República que tiene que estar lleno de liderazgo
popular y no de los politiqueros, (…) solo se necesitan tres meses (…) no
necesitamos hacer una nueva constitución, la actual sirve, (...) poder constituyente,
lo que el presidente le propone a Colombia no es reelegirse él, aunque participaré
de las elecciones en la constituyente (…).
91. Adicionalmente, el 21 de noviembre de 2025, de acuerdo con la difusión
realizada por W Radio, el presidente durante uno de sus discursos públicos
volvió a hacer referencia a las elecciones de 2026 y dijo que, como jefe de
Estado, le corresponde garantizar las elecciones, pero «El país solo decide
dos cosas, o volvemos a la gobernanza paramilitar, es decir a hace cuatro
años y ya sabemos qué pasó aquí hace cuatro años o vamos pa´lante, solo
hay dos. Yo invito a Colombia a ir pa´lante. (…) pa`lante significan más sedes
universitarias, más tierra para el campesinado, una junta directiva del Banco
de la República que no heche la economía para abajo37».
92. El 1 de septiembre de 2025, el presidente de la República publicó en su
cuenta de X (antes Twitter) un mensaje en el que se refirió a la decisión del
Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la personería jurídica del Pacto
Histórico, señalando que la «mayoría de oposición en el CNE» pretendía
impedir que dicho partido político tuviera personería jurídica y pudiera
participar en las elecciones que vienen.
93. En el mismo pronunciamiento afirmó que el Pacto Histórico debía «prender
todas las armas (sic)» y calificó esta situación como una «acción dictatorial
del uribismo y sus aliados», promoviendo «toda la movilización en Colombia»
porque se trata de que «la primera fuerza del país no esté en las elecciones»:
37 https://www.instagram.com/reels/DRV12PsgGbe/
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94. Así las cosas, de las pruebas obrantes en el proceso, la Sala puede concluir
que, en efecto, el presidente de la República, en algunas de sus
intervenciones públicas y mensajes transmitidos a través de la plataforma X,
ha incumplido la prohibición establecida en el numeral 2 del artículo 38 de la
Ley 996 de 2005 y ha difundido propaganda electoral a favor de su partido
político, a través de publicaciones y en escenarios públicos, en su condición
de servidor público.
95. En efecto, de conformidad con la definición de la Ley 1475 de 2011 de lo que
debe entenderse por propaganda electoral, para la Sala es claro que el primer
mandatario, con el fin de dar continuidad a su plan de gobierno y a lo que el
llama «progresismo», está difundiendo propaganda electoral con el fin de
obtener el voto de los ciudadanos a favor de un mecanismo de participación,
en este caso la asamblea nacional constituyente, así se advierte del discurso
proferido en Ibagué, el 5 de octubre de 2025 y del cual se transcribió el
momento en el cual convocó a la ciudadanía para:
Y bien, entonces se trata de ganar, no me dejan porque les da mieditis que yo
sea candidato, pues reelijamos el proyecto y reelijámoslo de dos maneras, en
una no puedo hablar mucho porque también me prohíben, pero habrá una persona
aquí elegida por el pueblo en octubre o en marzo que sea capaz de profundizar las
reformas que hasta ahora nosotros hemos realizado, habrá una bancada que ya no
será grande pero minoría, esa es una tarea si queremos reformas tiene que haber
una bancada mayoritaria progresista en el congreso.
Y algo mayor y es que no dejemos simplemente que las reformas sociales que
necesita Colombia para hacer más justicia social, para ser más paz, para ser más
belleza (…) hagámoslo realidad, no es con esos políticos que huelen a muerte y
cocaína, es con el progresismo, pues porque no convocamos el poder constituyente
miremos la plaza, (…) eso se llama poder constituyente.
(…) ponerse no solo en modo electoral representativo que toca y toca ganar
congreso y presidencia, pero lo que yo estoy proponiendo además, si ustedes
quieren, es que nos pongamos en modo constituyente (…).
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96. Incluso, se observa que, como consecuencia de estas expresiones y de
algunos de los mensajes publicados, la Procuraduría General de la Nación
exhortó a los servidores públicos a que acaten la ley y la Constitución, en el
siguiente sentido:
Hago un llamado categórico a todos los servidores públicos, desde el señor
presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y todo su gabinete, hasta el más
humilde de los funcionarios, para que en cada rincón del territorio colombiano
acatemos la ley y la Constitución.
Los servidores públicos deben abstenerse de participar indebidamente en política y
deben facilitar que el proceso electoral fluya en completa calma.
El Presidente de la República y los miembros de su gabinete tienen el derecho
legítimo a defender su gestión, su programa, su pensamiento político, siempre y
cuando se haga en el marco de la ley y la Constitución.
Señor presidente, señores ministros, directores de Departamento Administrativo,
superintendentes, gobernadores, alcaldes y funcionarios públicos en general: les
reitero que la Procuraduría General de la Nación está vigilante desde su misión
preventiva y la disciplinaria.
97. Debe observarse que, aun cuando el procurador hace alusión a “su misión
preventiva y la disciplinaria”, el contenido de su pronunciamiento es en efecto
meramente preventivo, y, en ella, la misión disciplinaria no está siendo
desarrollada. Por supuesto, el modo específico de cumplimiento de su misión
disciplinaria habría de tener en consideración aspectos subjetivos relativos a
la condición del funcionario en cuestión, lo cual es evidente en lo que respecta
al presidente de la República, el juzgamiento de cuya conducta es asaz
especial y riguroso, y está específicamente previsto en nuestra carta política.
98. En similar sentido la Sala debe recabar de nuevo en que las pretensiones de
la demanda están orientadas al cumplimiento de un deber establecido en una
ley estatutaria sin que se esté estudiando si el presidente de la República
incurrió en alguna infracción al régimen disciplinario vigente. Por supuesto y
en todos y cualesquiera casos, la acción de incumplimiento, como su nombre
lo indica, implica un juicio de valor sobre el hecho de si se está en efecto ante
un fenómeno de incumplimiento. Pero tal juicio no puede ni debe ser visto
como uno que, por contera, implique un reproche disciplinario. La prédica de
una imbricación de este tenor conduciría al vaciamiento de la acción de
incumplimiento.
99. Finalmente, se advierte que en las providencias proferidas en los proceso
con radicado: 25000-23-41-000-2025-01730-01 del 5 de febrero de 2026,
25000-23-41-000-2025-01851-01 del 5 de marzo de 2026 y 25000-23-41-000-
2025-01787-01 del 18 de marzo de 2026, la Sección Quinta, de forma
unánime, indicó que cuando una autoridad pública emplea canales
institucionales, recursos oficiales o la investidura estatal para difundir
mensajes ajenos a sus funciones constitucionales y legales, se desnaturaliza
el carácter informativo y pedagógico que debe tener la comunicación oficial
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del Estado, en tal medida, ordenó abstenerse de orientar la publicidad y sus
recursos para fines diversos a sus funciones.
100. Como se advierte, dicho incumplimiento podía generar una posible
falta disciplinaria para la autoridad accionada; sin embargo, se consideró que
la acción de cumplimiento era el mecanismo idóneo para obligar a las
accionadas a abstenerse de realizar publicaciones que no involucren sus
funciones.
101. Ocurre lo mismo en el presente asunto, en el que la inobservancia de
la prohibición de difundir propaganda electoral puede acarrear algún tipo de
procedimiento disciplinario, sin que ello impida que dicha disposición sea
exigible mediante la acción de cumplimiento, pues ambas figuras persiguen
finalidades distintas.
102. Como consecuencia, la existencia de una eventual responsabilidad
disciplinaria no sustituye ni excluye el deber de cumplir la norma, ni limita el
derecho de los ciudadanos a acudir ante la jurisdicción para obtener que la
autoridad renuente ejecute el mandato legal incumplido.
103. En virtud de lo anterior, se revocará la sentencia de primera instancia
proferida el 20 de marzo de 2026, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que negó las pretensiones
de la acción de cumplimiento y, en su lugar, declarará el incumplimiento por
parte del presidente de la República, de lo establecido en el numeral 2 del
artículo 38 de la Ley 996 de 2005.
104. Como consecuencia, se ordenará al presidente de la República que,
en cumplimiento del mandato expreso contenido en el numeral 2 del artículo
38 de la Ley 996 de 2005, se abstenga en lo sucesivo de difundir propaganda
electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento
político, a través de publicaciones, estaciones oficiales de televisión y de radio
o imprenta pública.
105. Además, se ordenará al procurador general de la nación que, en virtud
de lo establecido en los artículos 276, 277 de la Constitución Política y el
Decreto 262 de 2000, vigile el cumplimiento de la presente decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Revocar la sentencia proferida el 20 de marzo de 2026 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, de conformidad
con los argumentos expuestos en este fallo.
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SEGUNDO: Declarar el incumplimiento por parte del presidente de la República,
de lo establecido en el numeral 2 del artículo 38 de la Ley 996 de 2005.
TERCERO: Ordenar al presidente de la República que, en cumplimiento del
mandato expreso contenido en el numeral 2 del artículo 38 de la Ley 996 de 2005,
se abstenga en lo sucesivo de difundir propaganda electoral a favor o en contra de
cualquier partido, agrupación o movimiento político, a través de publicaciones,
estaciones oficiales de televisión y de radio o imprenta pública.
CUARTO: Ordenar al procurador general de la nación que, en virtud de lo
establecido en los artículos 276, 277 de la Constitución Política y el Decreto Ley 262
de 2000, vigile el cumplimiento de la presente decisión.
QUINTO: Negar las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con la
parte motiva de esta sentencia.
SEXTO: Notificar la presente decisión a las partes, en la forma prevista en el
artículo 22 de la ley 393 de 1997.
SEXTO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Salva el voto
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Salva el voto
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GERMÁN BULA ESCOBAR
Conjuez
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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