Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2025-01851-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2025-01851-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-41-000-2025-01851-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
5 de marzo de 2026
Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandada: Superintendencia de Notariado y Registro
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01851-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01851-01
Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandada: Superintendencia de Notariado y Registro
Tema: Revoca negativa y ordena cumplimiento - Uso de publicidad
oficial para fines ajenos a los relacionados con las funciones
de las entidades estatales.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la
sentencia de 4 de diciembre de 2025, por medio de la cual la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las
pretensiones de la acción de cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de cumplimiento
En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, la Fundación para el
Estado de Derecho (en adelante, Fedederecho), por medio de su representante
legal, presentó demanda contra la Superintendencia de Notariado y Registro (en
adelante, SNR) con el fin de obtener el cumplimiento de lo previsto en los incisos
primero, tercero y cuarto del artículo 10 de la Ley 1474 de 2011, formuló las
siguientes pretensiones:
[…] Ordenar a la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO a dar cumplimiento a lo
dispuesto en los incisos 1 (parcial), 3 y 4 del artículo 10 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto
Anticorrupción) en los siguientes términos:
i) Que toda actividad de publicidad oficial adelantada por la entidad a través de sus canales oficiales
de comunicación o mediante campañas coordinadas con otras entidades del orden nacional se limite a
buscar el cumplimiento de la finalidad institucional asignada por la ley, orientándose a informar a la
ciudadanía sobre sus programas, planes, proyectos y servicios.
ii) Que se abstenga de utilizar la publicidad oficial o cualquier otro mecanismo de divulgación o
comunicación institucional, para la promoción o exaltación de servidores públicos, o para replicar
mensajes ajenos a su objeto legal.
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iii) Que se proceda al retiro de las publicaciones que no se ajusten a la finalidad institucional ni a las
funciones legales de la entidad y que contravengan las prohibiciones previstas en los incisos 1, 3 y 4
del artículo 10 de la Ley 1474 de 2011-Estatuto Anticorrupción-. Este requerimiento no se limita a la
campaña sobre la NUEVA EPS ni a un episodio particular, sino que cobija cualquier publicación de la
entidad que reproduzca mensajes ajenos a su objeto misional, tanto en el pasado como hacia el
futuro.
iv) Que se adopten medidas administrativas internas -como directrices, protocolos o circulares- que
garanticen que las futuras campañas o piezas comunicacionales de la entidad cumplan de manera
estricta con el régimen de publicidad oficial.
2. Hechos
La parte actora aseguró que el 12 de septiembre de 2025, el presidente de la
República, mediante alocución pública, se refirió a los hallazgos de la Contraloría
General de la República en materia de salud relacionados con la Nueva EPS.
Agregó que, posterior a ello, varias entidades estatales, entre las que se encuentra
la SNR, replicaron en sus cuentas oficiales de comunicación algunos de los
pronunciamientos que el presidente llevó a cabo en su discurso y acompañaron
los respectivos mensajes con la etiqueta #SeRobaronLaSalud.
Argumentó que la misionalidad del SNR no guarda relación directa con el sector
salud, puesto que esta es una entidad descentralizada, técnica, con personería
jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonial, cuya función es «[l]a
orientación, inspección, vigilancia y control de los servicios públicos que prestan
los Notarios y los Registradores de Instrumentos Públicos, la organización,
administración, sostenimiento, vigilancia y control de las Oficinas de Registro de
Instrumentos Públicos, con el fin de garantizar la guarda de la fe pública, la
seguridad jurídica y administración del servicio público registral inmobiliario, para
que estos servicios se desarrollen conforme a la ley y bajo los principios de
eficiencia, eficacia y efectividad», según el artículo 4 del Decreto 2723 de 2014.
Puso de presente que dichos mensajes que replicó la entidad accionada a través
de su cuenta de la red social «X» estuvieron acompañadas de piezas publicitarias
que hacían referencia a una temática propia del sector salud y en las que se
enfatizaba en los mensajes emitidos por el presidente de la República. Aseguró
que, por medio de tal cuenta oficial, la entidad convocó a la movilización
programada para el 24 de octubre de 2025 en la Plaza de Bolívar y acompañó
estos mensajes publicitarios del eslogan #El24ALaPlaza.
Señaló que, de conformidad con algunas fuentes periodísticas, dichas
comunicaciones «harían parte de una estrategia de comunicación coordinada por
el Gobierno Nacional» con el objetivo de «visibilizar el colapso del modelo EPS,
legitimar la intervención estatal y posicionar al presidente como líder que actúa
desde la verdad, la justicia y la soberanía».
Sostuvo que tales publicaciones realizadas a través de la cuenta oficial de «X» de
la SNR son publicidad oficial cuyo contenido no se ajusta a su objeto misional, en
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la medida en que los mensajes replicados son de carácter gubernamental ajenos a
las finalidades y funciones propias de la entidad, lo cual está prohibido por los
incisos tercero y cuarto del artículo 10 de la Ley 1474 de 2011.
3. Admisión de la demanda
En auto de 14 de noviembre de 20251, el ponente de la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda
y ordenó la vinculación de la SNR.
4. Informe
La SNR, en síntesis, se opuso a las pretensiones afirmando que, conforme a los
artículos 12 y 29 de la Ley 1480 de 2011, las publicaciones cuestionadas no
constituyen publicidad ni una forma de comunicación orientada a influir decisiones
de consumo, porque no anuncian condiciones objetivas o específicas de productos
o servicios.
Asimismo, sostuvo que no integra ni opera redes destinadas a manipular la
opinión pública en redes sociales, ni recibe o realiza pagos por ello, de modo que
no incurre en malas prácticas que afecten el debate público o vulneren derechos
como la honra, la intimidad y el buen nombre; por el contrario, afirma que la
demanda busca censurar su cuenta en X, creada para interactuar con la
ciudadanía sobre asuntos de interés general.
5. Sentencia de primera instancia
En decisión de 4 de diciembre de 2025, la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó que, aunque los trinos sobre
temas como Nueva EPS y convocatorias a movilizaciones son impropios por su
dificultad para encuadrarlos en el objeto misional de la entidad, no configuran
incumplimiento del artículo 10, porque la finalidad central de esa norma es regular
la publicidad oficial para proteger el erario, y en el caso no se acreditó erogación
de recursos por publicidad en redes; además, precisó que la difusión de la imagen
del presidente puede ajustarse a la norma si no favorece partidos o candidatos y
atiende a su investidura constitucional, ni encontró acreditado que las notas
periodísticas demostraran una estrategia coordinada; por todo ello, negó las
pretensiones.
1 Previa inadmisión de la demanda, a través de auto de 29 de septiembre de 2026, porque no se acreditó el
agotamiento del requisito de procedibilidad de la renuencia.
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6. Impugnación
La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia, sostuvo que el
Tribunal se equivocó al no acceder a lo pretendido, como fundamento de
inconformidad, manifestó que pese a reconocer que los contenidos difundidos por
la SNR no se relacionan con su objeto misional, equivocadamente se determinó
que no hay incumplimiento del artículo 10 (incisos 1, 3 y 4) de la Ley 1474 de 2011
con base en criterios no previstos en la norma (p. ej., tratar el asunto como mera
anomalía y ligar la prohibición a la protección del erario).
Afirmó que i) el fallo introduce excepciones inexistentes al permitir la difusión de
publicidad ajena a las funciones de la entidad por razón de las condiciones
especiales del presidente, cuando la norma no distingue entre servidores públicos
ni habilita ese trato diferenciado; y (ii) que existe una interpretación errónea al
restringir la prohibición a la existencia de una erogación presupuestal directa,
desconociendo que la prohibición también cubre la publicidad oficial realizada
directamente por la entidad, incluso a través de sus canales institucionales.
Finalmente, alegó que la conducta infractora persiste, lo que hace actual y exigible
el deber legal cuyo cumplimiento se reclama, y por ello solicita revocar la
sentencia y, en su lugar, declarar el incumplimiento pues la publicidad de la
entidad se ha orientado por fuera de la finalidad institucional.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 4
de diciembre de 2025 de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y 243 del CPACA, así como en el artículo 13,
numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 2019 proferido por la Sala
Plena del Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta
de esta corporación para conocer de «las apelaciones contra las providencias
susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en
primera instancia en las acciones de cumplimiento».
2. Problemas jurídicos a resolver
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 4
de diciembre de 2024. Para lo anterior, la Sala plantea los siguientes aspectos a
dilucidar:
¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a la accionada, respecto del cumplimiento del del artículo 10 de la Ley
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1474 de 2011, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de
1997?
¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?
De ser superados los anteriores interrogantes, ¿debe revocarse la sentencia de
primera instancia y ordenar el cumplimiento de la disposición legal invocada por la
parte actora?
3. Razones jurídicas de la decisión
La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso
concreto; y (iv) el fondo del asunto.
3.1. Generalidades
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo2 para que toda persona pueda «acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo
1.º de la Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la
autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos».
Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el
medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en atención de sus funciones públicas.
De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló:
2 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU),
sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto
Yepes Barreiro, sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E) y sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-
2022-00203-01 (ACU), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
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[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo3.
Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando
el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción
de cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]4.
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de
la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos
[ii., iii. y iv.], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.
Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe
o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por
tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de lo pretendido.
3
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.
4 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices.
6
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3.2. Normas contra las que procede la acción
Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la
óptica de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados
por el presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por
los artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política5.
Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad
de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte
Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta
acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas»6.
Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado7.
Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.
Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,8 a menos que estén apropiados;9 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales, en este último caso, el juez
5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia
de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-
2004-0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-
2011-00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
8
Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-2000-
4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-
2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
7
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competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
superior10.
3.3. De la renuencia
El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este11 y
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.
Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»12. Igualmente, esta Sección13 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida
a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos[14] (Negrillas fuera de texto).
10 Sentencia antes citada.
11Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en
renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas,
es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».
12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063
(ACU), MP. Mauricio Torres Cuervo.
13
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-
2011-00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.
14 En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.
ACU-2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».
8
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En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la
solicitud».
Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución
en renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de
cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o
porque, «aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al querer del
ciudadano»15.
En el caso concreto, el accionante acompañó con la demanda copia de un escrito,
del 23 de septiembre de 2025, de lo anterior da cuenta el siguiente elemento
probatorio:
15 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17
de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en
todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
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La entidad, respondió que la información divulgada pretende dar a conocer las
políticas, planes y programas, además de las actividades del presidente, así como
cumplir los fines del Estado, sin que implique el incumplimiento del artículo 10 de
la Ley 1474 de 2011.Lo anterior, resulta suficiente para que la Sala entienda
agotado el requisito de constitución en renuencia, conforme el artículo 8.º de la
Ley 393 de 1997, respecto del artículo invocado en la pretensión de la demanda.
3.4. Normas que se piden cumplir y procedencia de la acción
La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la observancia de
una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone
determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad; es decir, su objeto es
el acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. La demandante invocó como
disposición incumplida el artículo 10 de la Ley 1474 de 2011 que dispone lo
siguiente:
ARTÍCULO 10. Presupuesto de publicidad. Los recursos que destinen las
entidades públicas y las empresas y sociedades con participación mayoritaria
del Estado del orden nacional y territorial, en la divulgación de los programas y
políticas que realicen, a través de publicidad oficial o de cualquier otro medio o
mecanismo similar que implique utilización de dineros del Estado, deben
buscar el cumplimiento de la finalidad de la respectiva entidad y garantizar el
derecho a la información de los ciudadanos. En esta publicidad oficial se
procurará la mayor limitación, entre otros, en cuanto a contenido, extensión,
tamaño y medios de comunicación, de manera tal que se logre la mayor
austeridad en el gasto y la reducción real de costos.
[…]
Se prohíbe el uso de publicidad oficial, o de cualquier otro mecanismo de
divulgación de programas y políticas oficiales, para la promoción de servidores
públicos, partidos políticos o candidatos, o que hagan uso de su voz, imagen,
nombre, símbolo, logo o cualquier otro elemento identificable que pudiese
inducir a confusión.
En ningún caso las entidades objeto de esta reglamentación podrán
patrocinar, contratar o realizar directamente publicidad oficial que no esté
relacionada con las funciones que legalmente debe cumplir, ni contratar o
patrocinar la impresión de ediciones de lujo.
El inciso primero de tal disposición establece el deber16, en cabeza de las
entidades públicas tales como la SNR, de buscar el cumplimiento de la finalidad
de la respectiva autoridad y garantizar el derecho a la información de los
ciudadanos en el ejercicio de divulgación de los programas y políticas que realicen
por medio de la publicidad oficial o de cualquier otro medio o mecanismo similar
que implique el uso de dineros del Estado, tal como el manejo de las cuentas
oficiales de comunicación como las redes sociales, entre las que se encuentra el
16 Sobre los alcanses del artículo 10 de la Ley 1474 de 2011, puede consultarse la sentencia del 5 de febrero
de 2026, radicado 25000-23-41-000-2025-01730-01, M. P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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uso de redes sociales tales como «X». En efecto, el manejo operativo de las redes
sociales implica el uso de recursos públicos, en tanto es necesario destinar un
funcionario para el desarrollo de las labores de publicación y gestión de los
contenidos digitales de la entidad.
Por su parte, dicha norma establece una prohibición, esto es, un deber de una
conducta negativa que consiste en abstenerse de usar la publicidad oficial o
cualquier otro mecanismo de divulgación de la entidad pública, para la promoción
de servidores públicos, partidos políticos o candidatos. De igual forma, la norma
establece un deber, en cabeza de las autoridades estatales, de abstenerse de
patrocinar, contratar o realizar directamente publicidad oficial que no guarde
relación con las funciones que la ley le ha otorgado.
Ahora bien, en el escrito inicial la parte demandante estableció, entre otros, como
hechos constitutivos del incumplimiento de dicha disposición los siguientes.
El 12 de septiembre de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego,
en alocución pública se refirió a unos hallazgos de la Contraloría General de la
República en materia de salud relacionados con algunas irregularidades que
habría efectuado la Nueva EPS. Posterior a ello, el 13 de septiembre de 2025, la
SNR publicó en su cuenta oficial de la red social «X» información sobre dicho
caso, con alusión directa a tales pronunciamientos del señor presidente de la
República y con uso de su imagen. Como prueba de ello, compartió las siguientes
capturas de pantalla:
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A su vez, referenció que, en la misma fecha, mediante dicha cuenta oficial, la SNR
replicó una publicación efectuada desde la cuenta oficial de la Presidencia de la
República que aludía a los pronunciamientos emitidos por el señor Gustavo Petro
Urrego, en su calidad de mandatario, sobre la situación de la aludida EPS. Para
acreditar lo dicho, compartió la siguiente imagen que da cuenta de ello:
Sostuvo que, en el marco de dichas publicaciones, el 14 de septiembre de 2025, la
SNR se refirió nuevamente desde su cuenta institucional a dicho caso, exaltó el
mensaje del presidente de la República sobre el particular y compartió desde su
cuenta oficial una publicación efectuada desde la cuenta de la Presidencia de la
República. De tal forma, adjuntó las siguientes capturas de pantalla:
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Finalmente, la parte actora hizo referencia a una publicación efectuada el 23 de
octubre de 2025 en la cuenta oficial de «X» de la SNR, mediante la cual convocó a
una jornada de movilización programada para el 24 de octubre en la Plaza de
Bolívar de la ciudad de Bogotá D.C., junto con la etiqueta «#El24ALaPlaza».
Como prueba de ello, adjuntó la siguiente imagen:
Al respecto, es pertinente poner de presente que tales pruebas no fueron
controvertidas por la entidad accionada. Por el contrario, en su escrito de
contestación de demanda, como en la respuesta a la renuencia, el SNR reconoció
la veracidad de tales publicaciones y afirmó que correspondían a una información
compartida como parte de una estrategia de comunicación unificada y coordinada.
Frente a ello, es necesario establecer si mediante dicho actuar por parte de la
autoridad accionada se configuró un incumplimiento al mandato de no hacer
consagrado en la norma objeto de esta acción.
En primer lugar, es necesario precisar que, contrario a lo argumentado por la SNR,
estas publicaciones corresponden a una actividad de publicidad oficial de la
entidad cuya ejecución implicó destinación de recursos públicos, lo que permite
que se configure uno de los supuestos de hecho establecidos por la norma. En
efecto, si bien no obra documento que soporte la erogación de dineros del erario
con destinación específica para la ejecución de estas publicaciones, tal como se
indicó con antelación, el funcionamiento de una cuenta oficial de «X» requiere de
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la designación de una persona encargada de la labor de manejo operativo de este
tipo de redes sociales, lo que implica que la entidad designa parte de sus recursos
para que se efectúe dicha función.
Ahora bien, dada la configuración del primer supuesto de hecho –uso de
publicidad oficial que implique el uso de dineros del Estado– es necesario
establecer si mediante dichas publicaciones, la SNR incumplió con el deber de
abstenerse de usar tales medios de divulgación con un objetivo distinto al
cumplimiento de la finalidad y de las funciones previstas por el ordenamiento para
dicha entidad. A su vez, es necesario determinar si la SNR usó sus canales
oficiales de comunicación para la promoción de servidores públicos, partidos
políticos o candidatos.
Con respecto a la prohibición de promoción de servidores públicos y partidos
políticos, la Sala descarta la configuración del incumplimiento de este mandato. A
pesar de que las piezas publicitarias usan la imagen personal del presidente de la
República y comunican algunas iniciativas propias de la política del Gobierno
nacional para dar respuesta a la situación del sector salud que se pone de
presente, se considera que no se cuenta con el material probatorio suficiente que
permita concluir que esta información se divulga con la finalidad exclusiva de
promover a un servidor público o a su partido político. De igual forma, la
convocatoria a la movilización del 24 de octubre no permite concluir que ello tiene
como único objetivo la promoción de la figura del presidente o del partido político
al que pertenece, puesto que a pesar de que el Gobierno nacional participó en la
divulgación de dicha jornada, no es posible extraer de dicha pieza publicitaria que
aquella tuviera lugar con fines exclusivos de exaltar su imagen. Dado que la parte
actora no allegó material probatorio adicional al respecto del cual se pueda
sustraer la desatención de este deber, se descarta el incumplimiento del mandato
en cuestión.
A su vez, está acreditado que algunas de las publicaciones efectuadas desde tal
cuenta oficial se relacionan exclusivamente con afirmaciones del presidente de la
República relacionadas con una situación específica del sector salud, con
hallazgos sobre la Nueva EPS y con el actual contexto de esta entidad promotora
de salud. Por tanto, en principio, la finalidad de estas comunicaciones se
circunscribe a un ámbito de información sobre un escenario de la salud en el país.
Una de tales piezas publicitarias que compartió la SNR tuvo como fin convocar a
la ciudadanía en general a asistir a una movilización cuyo eslogan era «Súmate a
la movilización por la soberanía y la dignidad de nuestro país». La imagen
compartida por la autoridad accionada cuenta con el símbolo oficial del Gobierno
de Colombia, lo que permite concluir que este era, al menos, una de las entidades
que convocaba la jornada de protesta.
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Por su parte, las funciones y el objeto misional de la SNR están contempladas en
los artículos 4 y 11 del Decreto 2723 de 2014. De acuerdo con esta normativa, a la
entidad le corresponde «la orientación, inspección, vigilancia y control de los
servicios públicos que prestan los Notarios y los Registradores de Instrumentos
Públicos, la organización, administración, sostenimiento, vigilancia y control de las
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, con el fin de garantizar la guarda
de la fe pública, la seguridad jurídica y administración del servicio público registral
inmobiliario, para que estos servicios se desarrollen conforme a la ley y bajo los
principios de eficiencia, eficacia y efectividad».
Un estudio comparativo entre las funciones de la entidad accionada y las
publicaciones que esta llevó a cabo por medio de su cuenta oficial permite
evidenciar que estas no guardan ninguna relación directa con el cumplimiento de
su objetivo. En efecto, no es posible establecer alguna relación de las funciones
legales desarrolladas por la SNR y la temática abordada en las piezas publicitarias
que compartió el 13 y 14 de septiembre y el 23 de octubre de 2025. En primer
lugar, sus competencias no están relacionadas directamente con algún ámbito del
sector salud ni con las labores que puedan desempeñar las EPS. A su vez, de la
imagen relacionada con la jornada de movilización del 24 de octubre de 2025 no
es posible extraer alguna relación con las funciones que debe desempeñar la
entidad.
Con respecto a la finalidad de la publicidad oficial, la Corte Constitucional 17 ha
indicado que esta consiste en la divulgación de la información a través de
diferentes medios de comunicación con el fin de dar a conocer bienes, servicios,
planes, programas, proyectos, campañas y demás actividades relacionadas con
las funciones adelantadas por las entidades públicas. El Alto Tribunal ha
establecido que este concepto incluye todas aquellas actividades adelantadas por
las entidades estatales con el fin de difundir información a la ciudadanía sobre los
planes y programas de gobierno de forma objetiva e imparcial y busca transmitir
un mensaje sobre la gestión del Estado mediante el uso de elementos visuales
como las tipografías corporativas esenciales para distinguir a una organización
desde su identidad propia.
Dicha Corte18 ha establecido que la importancia del control en la difusión de la
publicidad estatal está relacionada con la necesidad de evitar inconvenientes
sobre la destinación de los recursos públicos e impedir efectos negativos sobre el
ejercicio del derecho a la libertad de expresión de la ciudadanía. Esto, debido a los
efectos disuasivos que puede tener esta publicidad en la opinión pública, dado que
su distribución arbitraria puede convertirse en un mecanismo de propaganda
política usada para influir en los medios de comunicación, fomentar a los
gobernantes de turno o condicionar el libre ejercicio del derecho a la libertad de
pensamiento y de expresión.
17 Sentencia C-086 de 2025.
18
Ibidem.
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Ello establece la importancia de que existan normas que, como la invocada por la
parte actora, regulen los objetivos legítimos de la publicidad oficial y las
asignaciones de recursos permitidas en el uso de estas herramientas, lo que
impide el ejercicio arbitrario de la divulgación de información con fines, por
ejemplo, electorales o partidarios19. Por su parte, los criterios que establezcan
estas normas sobre la distribución de la propaganda oficial cumplen con el objetivo
de reducir la discrecionalidad y evitar sospechas de algún favoritismo político que
prime sobre el derecho a la información de la ciudadanía. Por tanto, que el
legislador establezca, como en el caso de la norma objeto de esta acción de
cumplimiento, que los recursos publicitarios deben ser asignados según criterios
preestablecidos, claros y transparentes, cumplen con esta finalidad constitucional.
Lo expuesto con antelación establece el sustento constitucional de la relación
intrínseca que, según el artículo 10 de la Ley 1474 de 2011, debe existir entre la
publicidad oficial y el cumplimiento de las funciones de cada una de las entidades
estatales. En dicha medida, la Sala considera que la simple alusión a un tema de
interés general como lo es la situación de la salud pública en el país no puede
justificar en cualquier caso el uso de recursos destinados a la publicidad oficial de
una entidad en particular para la divulgación de información de un sector que no
guarda relación alguna con sus competencias, sus funciones y con la finalidad que
aquella autoridad cumple en el Estado.
Establecer que el mandato contenido en dicha norma es cumplido por cualquier
entidad estatal que divulgue información sobre un tema susceptible de ser
catalogado como de interés público, podría llegar a banalizar tal deber prohibitivo y
permitiría el uso arbitrario de los recursos destinados a publicidad oficial, para
difundir cualquier tipo de información que busque priorizar los intereses del
Gobierno de turno.
No obstante, la Sala pone de presente que pueden existir situaciones particulares
y excepcionales en las que determinadas finalidades superiores del Estado
posibiliten el uso de la publicidad oficial por parte de entidades para la divulgación
de información que no esté directamente relacionada con el cumplimiento de sus
funciones. Estas pueden ser, por ejemplo, situaciones de urgencia que ameriten
que todo el aparato estatal se encause en la comunicación de un asunto que
requiere de máxima difusión. Por tanto, la Sala llevará a cabo un uso del juicio de
proporcionalidad con el fin de determinar su la medida adoptada por la SNR en el
caso en concreto es legítima, mediante el estudio de su idoneidad, necesidad y
proporcionalidad.
La Corte Constitucional20 ha establecido que este juicio es una herramienta
argumentativa y metodológica que puede ser usada para evaluar la racionalidad y
19 Ibidem.
20
Al respecto, véase la sentencia C-234 de 2019 y C-093 de 2020.
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legitimidad de una decisión estatal cuando entran en colisión valores y principios
constitucionales. En el caso en concreto, la SNR insistió en que la divulgación de
las piezas publicitarias en cuestión está amparada por el deber de garantizar el
acceso a la información sobre un aspecto que, a su juicio, es de interés general.
Por tanto, en principio, cumpliría con una finalidad legítima, amparada por las
normas constitucionales. A su vez, esta medida entra en colisión con el mandato
establecido por el legislador sobre el adecuado uso de los recursos destinados a
la publicidad oficial, en los términos que se han expuestos con antelación.
En tal sentido, es necesario en primer lugar revisar la idoneidad de dicha medida.
La Corte Constitucional21 ha establecido que una actuación de la administración es
idónea cuando el medio empleado es adecuado, efectivo y conducente en relación
con el fin planteado. En principio, este uso de los medios oficiales de
comunicación de la entidad conduce a la finalidad propuesta, la cual consiste en
comunicarle a la ciudadanía la situación del sector salud en relación con la Nueva
EPS. Por tanto, la Sala concluye que cumple con este requisito y procede al
examen de la necesidad.
El Alto Tribunal22 ha sostenido que la necesidad de una medida consiste en que el
medio empleado en el caso en concreto es el menos restrictivo de otros principios,
por lo que se considera inválido si existe otro con un impacto inferior y con una
idoneidad semejante para la obtención del propósito de la autoridad. En el asunto
en concreto, la Sala considera que, en la medida en que las piezas publicitarias
fueron desplegadas a partir de una estrategia de comunicación empleada por la
administración para dar a conocer esta situación del sector salud, se contaba con
la posibilidad de difundir esta información exclusivamente mediante los medios
oficiales de las entidades cuyas funciones estuvieran relacionadas con dicho
sector y, con ello, dar cumplimiento a la finalidad establecida por el legislador en
materia de destinación de recursos en publicidad oficial.
En efecto, la Administración contó con la posibilidad de usar los medios oficiales
de entidades como el Ministerio de Salud y las autoridades adscritas a esta cartera
ministerial, lo que hubiera permitido cumplir con la finalidad de que la ciudadanía
accediera a dicha información de interés. Por su parte, también se ha podido optar
por el uso de los canales oficiales del presidente de la República y de la
Presidencia de la República, los cuales cuentan con un amplio margen de difusión
a nivel nacional. En virtud de lo anterior, la Sala considera que no se cumple con
el requisito de necesidad de la medida, puesto que se contaba con la posibilidad
de que la administración empleara otras medidas para la obtención del propósito
previsto. Por tanto, el incumplimiento del mandato establecido en los incisos
primero y cuarto del artículo 10 de la Ley 1474 de 2011 no era necesario.
21 Sentencia C-030 del 2020.
22
Ibidem.
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Ante la existencia de medios que no generaban traumatismo en el cumplimiento
de este deber prohibitivo por parte de la SNR, la Sala concluye que el actuar
adoptado por la entidad demandada no superó el juicio de proporcionalidad ante el
incumplimiento del requisito de necesidad. Por tanto, contrario a lo argumentado
por la defensa de la autoridad, no es posible justificar su actuar desde una
perspectiva constitucional y, en dicha medida, se concluye que la autoridad ha
desatendido el presupuesto normativo objeto de esta acción.
Finalmente, la Sala no pasa por alto que el parágrafo segundo de la norma objeto
de esta acción establece lo siguiente:
PARÁGRAFO 2. Lo previsto en este artículo no se aplicará a las Sociedades
de Economía Mixta ni a las empresas industriales y comerciales del Estado
que compitan con el sector público o privado o cuando existan motivos de
interés público en salud. (Énfasis de la sala).
Al respecto, se considera que el asunto estudiado no está cobijado por la
excepción establecida en la disposición en cita, puesto que a pesar de que
algunas de las publicaciones realizadas por la SNR guardan relación con una
situación de una EPS, esto no implica, en sí mismo, que exista un «motivo de
interés público en salud». Como se ha expuesto, las publicaciones replicadas por
la autoridad demandada corresponden a afirmaciones realizadas por el presidente
de la República en su alocución del 12 de septiembre de 2025 con relación a
hallazgos de la Contraloría General de la República en el marco de la
investigación adelantada contra la Nueva EPS. En tal sentido, esto no se encuadra
en eventos en los que existan «motivos de interés público en salud».
Las publicaciones llevadas a cabo por la SNR están relacionadas con una
situación de índole administrativo por la que actualmente atraviesa una EPS, no
cobijada por la excepción establecida en el parágrafo segundo de la norma objeto
de esta acción.
3.5. Conclusión
La SNR incumplió el mandato establecido en los incisos primero y cuarto del
artículo 10 de la Ley 1474 de 2011, ante el uso de publicidad oficial con fines
ajenos a las competencias y funciones establecidas por el ordenamiento para la
entidad.
En virtud de lo anterior, se revocará la sentencia del 4 de diciembre de 2025 y se
ordenará al superintendente de Notariado y Registro que, en cumplimiento del
mandato expreso contenido en el artículo 10 de la Ley 1474 de 2011, incisos
primero y cuarto, se abstenga en lo sucesivo de orientar la publicidad oficial de la
entidad, adelantada a través de sus canales oficiales de comunicación o mediante
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campañas coordinadas con otras entidades del orden nacional, por fuera de su
finalidad institucional asignada por la ley.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: Revocar la sentencia del 4 de diciembre de 2025 proferida por la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
el cual quedará de la siguiente manera:
DECLARAR el incumplimiento por parte de la Superintendencia de
Notariado y registro del artículo 10 de la Ley 1474 de 2011 incisos
primero y cuarto. En consecuencia, ORDENAR a la SNR que, en
cumplimiento del mandato expreso contenido en el artículo 10 de la Ley
1474 de 2011, incisos primero y cuarto, se abstenga en lo sucesivo de
orientar la publicidad oficial de la entidad, adelantada a través de sus
canales oficiales de comunicación o mediante campañas coordinadas
con otras entidades del orden nacional, por fuera de su finalidad
institucional asignada por la ley.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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