Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 44001-23-40-000-2021-00136-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 44001-23-40-000-2021-00136-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 44001-23-40-000-2021-00136-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
25 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de concejal
Número único de radicación: 440012340000202100136-01
Solicitante: Carlos Julio Moscote Medina
Concejal: José Ramiro Bermúdez Cotes
Asunto: Resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia
proferida en un proceso de pérdida de investidura
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el señor Carlos Julio Moscote
Medina –en adelante el Solicitante- contra la sentencia de 30 de noviembre de 2021
proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, en primera instancia.
La presente providencia contiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve: las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El Solicitante pidió, en ejercicio del respectivo medio de control, que se decrete la
pérdida de investidura del señor José Ramiro Bermúdez Cotes, Concejal del Distrito
de Riohacha, para el período 2016 – 2019, -en adelante el Concejal-, porque, a su
juicio, incurrió en la incompatibilidad establecida en el literal b) del numeral 1 del
artículo 39 de la Ley 734 de 5 de febrero de 20021, como causal de pérdida de
1 Por la cual se expide el Código Disciplinario Unico.
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investidura prevista en el numeral 2.° del artículo 55 de la Ley 136 y en el numeral 1.°
del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 20002.
Pretensión
2. La pretensión que fundamenta la solicitud de pérdida de investidura es la
siguiente:
“[…] Con fundamento en los anteriores hechos solicito la pérdida de investidura para
el señor JOSÉ RAMIRO BERMÚDEZ COTES en su condición de concejal del distrito
de Riohacha-La Guajira elegido para el periodo 2016 – 2019, por violación al régimen
de incompatibilidades del articulo 39 Numeral 1 literal B de la Ley 734 del 2002,
incurriendo en la perdida de investidura contemplada en el numeral 2 del artículo 55
de la ley 136 de 1994 y numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 del 2000, en razón a
que el concejal del distrito de Riohacha JOSÉ RAMIRO BERMÚDEZ COTES elegido
para el periodo 2016-2019, violó el régimen de incompatibilidades al renunciar el 03
de agosto del 2019 quedando incompatibilizado hasta el 31 de diciembre del mismo
año y sin esperar que transcurriera el tiempo de la prohibición que contempla el
artículo 43 de la Ley 617 del 2000, desde el 07 de noviembre hasta el 10 de diciembre
del 2019, actuó de manera dolosa gestionando la recepción de los asuntos y recursos
públicos de la alcaldía distrital de Riohacha como alcalde electo para el periodo 2020-
2023 dándole aplicación a la ley 951 del 2005 en concordancia con la directiva N° 009
del 8 de julio del 2019 de la Procuraduría General de la Nación, para lo cual designó
un equipo de trabajo los cuales firmaron los formatos y actas empalme e informe
ejecutivo de gestión ante el alcalde distrital de Riohacha JUAN CARLOS SUAZA
MÓVIL y demás autoridades administrativas como son secretarios de despacho y
directores de las diferentes secretarias de la alcaldía distrital de Riohacha quienes
también firmaron realizando la entrega, designados por el ex alcalde JUAN CARLOS
SUAZA MÓVIL como se evidencia en las certificaciones del 22 de abril del 2021, 06
de julio del 2021 y 13 de agosto del 2021 con su respectivo oficio y actas de empalme
e informe ejecutivo de gestión, violando con este comportamiento el artículo 39 del
numeral 1 del literal b de la Ley 734 del 2002, incurriendo en la pérdida de su
investidura que establece el numeral 2 del artículo 55 de la ley 136 de 1994 y el
numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 del 2000 […]”.
Presupuestos fácticos
3. El Solicitante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar su
pretensión3:
3.1. El señor Bermúdez Cotes fue elegido Concejal del Distrito de Riohacha, para
el período 2016 – 2019.
2 Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona
la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.
3 Los supuestos fácticos planteados están contenidos en el escrito de solicitud de pérdida de investidura (folios
2 a 31) y en su reforma (folios 47 a 343).
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3.2. El Concejal se inscribió a la candidatura por la Alcaldía Distrital de Riohacha,
el 25 de julio de 2019.
3.3. El Concejal renunció a su investidura, el 3 de agosto de 2019; la cual le fue
aceptada el mismo día por la plenaria del Concejo Distrital de Riohacha, por este
motivo fue declarada la vacancia absoluta del cargo, mediante Resolución núm. 033
de 5 de agosto de 2019.
3.4. El señor Bermúdez Cotes resultó elegido como Alcalde del Distrito de Riohacha
en las elecciones realizadas el 27 de octubre de 2019, se expidieron las respectivas
credenciales y se declaró la elección, el 6 de noviembre de 2019, y se posesionó, el 1
de enero de 2020.
3.5. El señor Juan Carlos Suaza Móvil, quien se desempeñó como Alcalde del
Distrito de Riohacha, previo al señor Bermúdez Cotes, le entregó el acta de informe
de gestión y realizó el proceso de empalme con este último y su equipo de trabajo,
desde el 7 de noviembre hasta el 10 de diciembre de 2019, en aplicación a lo
establecido en la Ley 951 de 31 de marzo de 20054, en concordancia con la Directiva
núm. 009 de 8 de julio de 20195 expedida por el Procurador General de la Nación.
3.6. El informe de gestión referido supra y las respectivas actas fueron suscritas por
funcionarios de la alcaldía “[…] que en su momento de acuerdo con el artículo 1906
de la Ley 136 de 1994, tenían autoridad administrativa como son los secretarios de
4 “Por la cual se crea el acta de informe de gestión”. En su artículo 1.º establece “[…] La presente ley tiene por
objeto fijar las normas generales para la entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos del Estado
colombiano, establecer la obligación para que los servidores públicos en el orden nacional, departamental,
distrital, municipal, metropolitano en calidad de titulares y representantes legales, así como los particulares que
administren fondos o bienes del Estado presenten al separarse de sus cargos o al finalizar la administración,
según el caso, un informe a quienes los sustituyan legalmente en sus funciones, de los asuntos de su
competencia, así como de la gestión de los recursos financieros, humanos y administrativos que
tuvieron asignados para el ejercicio de sus funciones. […]” (Destacado fuera del texto).
5 Dirigida a los Gobernadores, Alcaldes Distritales, Metropolitanos y Municipales, Procuradores Provinciales y
Regionales, Personeros Municipales y Jefes de Oficina de Control Interno de Gestión de las Entidades
Territoriales o, quien haga sus veces y con asunto “[…] Cumplimiento de las leyes 951 de 2005, 1151 de 2007
y 1551 de 2012 – cierre de gestión y proceso de empalme. Leyes 1712 de 2014 y 1757 de 2015 – transparencia,
acceso a información pública y participación ciudadana. Decreto 1083 de 2015 – modelo integrado de
planeación y gestión MIPG. […]”.
6 “[…] ARTÍCULO 190. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Esta facultad además del alcalde, la ejercen los
secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los gerentes o jefes de las entidades
descentralizadas, y los jefes de las unidades administrativas especiales, como superiores de los
correspondientes servicios municipales.
También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o convenios; ordenar gastos
con cargo a fondos municipales; conferir comisiones, licencias no remuneradas, decretar vacaciones y
suspenderlas, para trasladar horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados reconocer horas extras,
vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los funcionarios que hagan parte
de las unidades de control interno y quienes legal o reglamentariamente tengan facultades para investigar las
faltas disciplinarias. […]”.
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Despacho y también directores, entre otros funcionarios […]” y por personas
designadas por el Alcalde electo para recibir los asuntos y los recursos públicos de
cada dependencia.
Causal de pérdida de investidura alegada y argumentos que sustentan la
solicitud
4. El Solicitante manifestó que el señor Bermúdez Cotes incurrió en la
incompatibilidad establecida en el literal b) del numeral 1 del artículo 397 de la Ley 734,
como causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 2.° del artículo 55 de la
Ley 136 y en el numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 617.
5. Los argumentos que sustentan la solicitud de pérdida de investidura son, en
síntesis, los siguientes:
5.1. Señaló que el Concejal presentó renuncia a su investidura, el 3 de agosto de
2019, lo cual generó una incompatibilidad por el resto de su período, el cual finalizaba
el 31 de diciembre de 2019, según lo establecido en el artículo 438 de la Ley 617.
5.2. Indicó que el señor Bermúdez Cotes gestionó la recepción de los asuntos y
recursos públicos de la Alcaldía Distrital de Riohacha como Alcalde electo para el
período 2020 – 2023, desde el 7 de noviembre hasta el 10 de diciembre de 2019, sin
esperar que transcurriera la duración de la incompatibilidad establecida en el artículo
43 de la Ley 617, “[…] para lo cual designó un equipo de trabajo los cuales firmaron
los formatos y actas empalme e informe ejecutivo de gestión ante el Alcalde Distrital
de Riohacha y demás autoridades administrativas como son Secretarios de
Despacho y Directores de las diferentes Secretarias de la Alcaldía Distrital de
Riohacha quienes también firmaron realizando la entrega, designados por el ex
7 El Solicitante citó el artículo en los siguientes términos: “[…] ARTÍCULO 39. OTRAS INCOMPATIBILIDADES.
Además, constituyen incompatibilidades para desempeñar cargos públicos, las siguientes:
1. Para los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de las juntas administradoras locales, en
el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción, desde el momento de su elección y hasta cuando esté
legalmente terminado el período:
b) Actuar como apoderados o gestores ante entidades o autoridades disciplinarias, fiscales,
administrativas o jurisdiccionales. […]” (Destacado incluido en el texto).
8 “[…] ARTICULO 43. DURACION DE LAS INCOMPATIBILIDADES. El artículo 47 de la Ley 136 de 1994
quedará así:
"Artículo 47. Duración de las incompatibilidades. Las incompatibilidades de los concejales municipales y
distritales tendrán vigencia hasta la terminación del período constitucional respectivo. En caso de renuncia se
mantendrán durante los seis (6) meses siguientes a su aceptación, si el lapso que faltare para el vencimiento
del período fuere superior.
Quien fuere llamado a ocupar el cargo de concejal, quedará sometido al mismo régimen de incompatibilidades
a partir de su posesión. […]”.
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Alcalde Juan Carlos Suaza Móvil como se evidencia en las certificaciones de 22 de
abril del 2021, 06 de julio del 2021 y 13 de agosto del 2021 con su respectivo oficio
y actas de empalme e informe ejecutivo de gestión, violando con este
comportamiento el artículo 39 del numeral 1 del literal b de la ley 734 del 2002,
incurriendo en la pérdida de su investidura que establece el numeral 2 del artículo
55 de la ley 136 de 1994 y el numeral 1 del artículo 48 de la ley 617 del 2000 […]”.
5.3. Refirió que, según lo establecido en el literal b) del numeral 1.º del artículo 39 de
la Ley 734, constituyen incompatibilidades para desempeñar cargos públicos para los
diputados actuar como gestores ante entidades o autoridades administrativas.
5.4. Precisó que, aun cuando la Ley 734 fue derogada por la Ley 1952 de 28 de enero
de 20199, razón por la cual el artículo 39 referido supra quedaría derogado a partir del
29 de marzo de 202210, la Ley 734 resultaba aplicable al caso objeto de examen, en
la medida que al momento de los hechos descritos en la solicitud de pérdida de
investidura se encontraba vigente.
5.5. Expuso que la sentencia de 23 de agosto de 2018 proferida por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado11 estudió la configuración de la
incompatibilidad establecida en el literal b) del numeral 1.º del artículo 39 de la Ley
734, “[…] al estar un concejal en ejercicio actuando como apoderado o mandatario
judicial en un proceso contra el mismo municipio del que es miembro del concejo […]”.
5.6. Señaló que la sentencia T – 147 de 7 de marzo de 2011 proferida por la Corte
Constitucional12 señaló que el literal b) del numeral 1.º del artículo 39 de la Ley 734 es
una incompatibilidad de tipo disciplinario aplicable a la pérdida de investidura de
concejales.
5.7. Afirmó que el señor Bermúdez Cotes actuó de manera dolosa porque tenía
conocimiento del régimen de incompatibilidades de los concejales, debido a que uno
9 Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas
disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.
10 “[…] ARTÍCULO 265. VIGENCIA Y DEROGATORIA. <Artículo modificado por el artículo 73 de la Ley 2094
de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Las disposiciones previstas en la presente ley, y las contenidas en la
Ley 1952 de 2019, que no son objeto de reforma, entrarán a regir nueve (9) meses después de su promulgación.
Durante este período conservará su vigencia plena la Ley 734 de 2002, con sus reformas. […]”.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de
23 de agosto de 2018 proferida dentro del proceso identificado con el número único de radicación
050012333000201300127-01(2230-14), C.P. Gabriel Valbuena Hernández;
12 Corte Constitucional, Sentencia de 7 de marzo de 2011 proferida dentro del expediente T-2.768.074, M.P.
Mauricio González Cuervo. Fallo objeto de revisión: Sentencia del Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Jurisdiccional Disciplinaria de 22 de junio de 2010.
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de los deberes de los servidores públicos era conocer y darle cumplimiento a las
normas constitucionales y legales que rigen su cargo.
Contestación de la solicitud de pérdida de investidura13
6. El Concejal, por conducto de apoderado, dentro de la oportunidad procesal
correspondiente, se refirió a la solicitud de pérdida de investidura14, en el sentido de
solicitar que se nieguen las pretensiones, con fundamento en los siguientes
argumentos:
6.1. Se pronunció en relación con los hechos de la solicitud y señaló que no era
cierto que el equipo de trabajo del señor Bermúdez Cotes hubiera recibido
materialmente asuntos y recursos públicos por parte de quienes hacían parte de la
administración saliente de la Alcaldía Distrital de Riohacha, desde el 7 de noviembre
hasta el 10 de diciembre de 2019.
6.2. Indicó que las causales de pérdida de investidura son de aplicación restrictiva
y que la jurisprudencia del Consejo de Estado15 ha considerado que las conductas y
circunstancias previstas como prohibidas o incompatibles en materia disciplinaria
deben analizarse al margen del estudio del proceso de pérdida de investidura. En ese
sentido, adujo que teniendo en cuenta que las incompatibilidades establecidas en la
Ley 734 no se les atribuyó como consecuencia la pérdida de investidura, “[…] mal
hace el demandante en invocar tales previsiones normativas como sustento de sus
previsiones […]”.
6.3. Refirió que las incompatibilidades establecidas en el artículo 39 de la Ley 734
no son aplicables al proceso de pérdida de investidura de concejales, por cuanto las
13 Cfr. Documento denominado “44001234000020210013601_T132918548636143499
“3_44001234000020210013601EXPEDIENTEDIGI202204114828” “000-2021-00136-00”. Folios 344 a 363
Documento aportado en forma digital.
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Cfr. Documento denominado “44001234000020210013601_T132918548636143499
“3_44001234000020210013601EXPEDIENTEDIGI202204114828” “000-2021-00136-00”. Folios 2 a 31
(solicitud) y 47 a 343 (reforma). Documento aportado en forma digital.
15 Al respecto, hizo referencia a las siguientes decisiones: Sentencia de 7 de marzo de 2002 proferida dentro
del proceso identificado con el número único de radicación 50001-23-31-000-2001-00346-01(7716) (PI), C.P.
Manuel Santiago Urueta Ayola; Sentencia de 14 de marzo de 2002 proferida dentro del proceso identificado con
el número único de radicación 50001-23-31-000-2001-00368-01(7715) (PI), C.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo; Sentencia de 30 de octubre de 2008 proferida dentro del proceso identificado con el número único de
radicación 63001-23-31-000-2007-00148-01(PI), C.P. Martha Sofía Sanz Tobón; Sentencia de 4 de mayo de
2011 proferida dentro del proceso identificado con el número único de radicación 68001-23-31-000-2010-00713-
01(PI), C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, y Sentencia de 31 de agosto de 2017 proferida dentro del
proceso con número único de radicación 08001-23-33-000-2016-00753-01 (PI), C.P. María Elizabeth García
González.
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incompatibilidades previstas para dicho proceso estaban reguladas, de forma
especial, en las leyes 136 y 617.
6.4. Afirmó que la conducta cuestionada por el Solicitante no era constitutiva de
incompatibilidad alguna, debido a que en el proceso de empalme referido supra el
señor Bermúdez Cotes no actuó como gestor. En ese sentido, expuso que la gestión
que configura incompatibilidad es la que tiene como finalidad obtener resultados en
beneficio propio o de intereses particulares, ajenos a la colectividad que representa,
y, en el caso concreto, el propósito de la actuación fue dar cumplimiento a lo
establecido en la Ley 951, en concordancia con la Directiva núm. 009 de 8 de julio de
201916 expedida por el Procurador General de la Nación.
6.5. Expuso que la sentencia de 23 de agosto de 2018 proferida por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado17 no era un precedente aplicable
al caso sub examine, debido a que “[…] fue proferida en el escenario natural, esto
es, dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho donde se
controvertía una sanción disciplinaria – y no una desinvestidura – lo que ratifica
nuestra tesis y es que el régimen de incompatibilidades previsto en el artículo 39 de
la Ley 734 de 2002 esta circunscrito a juicios disciplinarios […]”.
La audiencia pública establecida en los artículos 11 y 12 de la Ley 1881
7. La audiencia pública tuvo lugar el 24 de noviembre de 2021 con asistencia y
participación del Solicitante de la pérdida de investidura, el Concejal y su apoderado,
y el Ministerio Público.
La sentencia proferida por el Tribunal, en primera instancia18
8. El Tribunal Administrativo de Sucre, mediante sentencia proferida el 30 de
noviembre de 2021, en primera instancia, dispuso “[…] NEGAR las pretensiones de
16 Dirigida a los Gobernadores, Alcaldes Distritales, Metropolitanos y Municipales, Procuradores Provinciales y
Regionales, Personeros Municipales y Jefes de Oficina de Control Interno de Gestión de las Entidades
Territoriales o, quien haga sus veces y con asunto “[…] Cumplimiento de las leyes 951 de 2005, 1151 de 2007
y 1551 de 2012 – cierre de gestión y proceso de empalme. Leyes 1712 de 2014 y 1757 de 2015 – transparencia,
acceso a información pública y participación ciudadana. Decreto 1083 de 2015 – modelo integrado de
planeación y gestión MIPG. […]”.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de
23 de agosto de 2018 proferida dentro del proceso identificado con el número único de radicación
050012333000201300127-01(2230-14), C.P. Gabriel Valbuena Hernández;
18 Cfr. Documento denominado “44001234000020210013601_T132918548636143499
“3_44001234000020210013601EXPEDIENTEDIGI202204114828” “000-2021-00136-00”. Folios 521 a 557
Documento aportado en forma digital.
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la demanda de pérdida de investidura incoada por el ciudadano Carlos Julio
Moscote Medina contra el señor José Ramiro Bermúdez Cotes, en su condición de
Concejal del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, período 2016 –
2019. Lo anterior, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia
[…]”.
Consideraciones del Tribunal
9. Como fundamento de su decisión, consideró, en síntesis, lo siguiente:
9.1. Señaló que el problema jurídico que se debía resolver estaba orientado a
determinar “[…] si se configuran en el sub judice, los elementos objetivo y subjetivo
que permiten despojar al señor José Ramiro Bermúdez Cotes de su investidura de
Concejal del Distrito de Riohacha, período 2016 – 2019, al presuntamente incurrir
en la causal de desinvestidura establecida en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley
136 de 1994 y en el numeral 1.º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, al haber
infringido el régimen de incompatibilidades previsto en el artículo 39, numeral 1,
literal b, de la Ley 734 de 2002, en razón de haber participado en el proceso de
empalme de la alcaldía distrital de Riohacha en los meses de noviembre y diciembre
de 2019 […]”.
9.2. Indicó que se negarían las pretensiones invocadas en la solicitud de pérdida
de investidura, debido a que las conductas constitutivas de infracciones en la Ley
734 no eran sancionables con el medio de control de pérdida de investidura, por
tratarse de un proceso independiente a la acción disciplinaria.
9.3. Refirió que no era posible aplicar interpretaciones extensivas a las causales
de pérdida de investidura, por cuanto se debían respetar los límites taxativos
establecidos para su configuración, razón por la cual no se podía invocar como
causal de pérdida de investidura una que era propia de la acción y del régimen
disciplinarios.
9.4. Explicó que, en ese sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado había
reiterado la autonomía e independencia entre la pérdida de investidura y la acción
disciplinaria, teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y los fines que persiguen 19
19 Sobre el particular, citó la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, Sentencia de 30 de octubre de 2008, C.P. Martha Sofía Sanz Tobón”.
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y la clara intención del Constituyente de 1991 de excluir la infracción a las normas
disciplinarias como causal de pérdida de investidura20.
9.5. Adujo que la incompatibilidad establecida en literal b) del numeral 1.º del
artículo 39 de la Ley 734 no podía examinarse a partir del medio de control de
pérdida de investidura y precisó que las “[…] conductas sancionables debían estar
plenamente determinadas en la Constitución Política o en la ley con el objeto de
excluir cualquier tipo de arbitrariedad en la aplicación de los supuestos fácticos y
normativos que realice el juez, quien deberá estar siempre sometido al espectro
conductual fijado por la literalidad de la prohibición o circunstancia causante de la
pérdida de investidura21 […]”.
9.6. Indicó que, contrario a lo expuesto por el Solicitante, la sentencia T – 147 de
7 de marzo de 2011 proferida por la Corte Constitucional22 enfatizó en la autonomía
de la acción disciplinaria y el medio de control de pérdida de investidura, por cuanto al
tener causas, finalidades y propósitos distintos, no era posible aplicar las faltas
disciplinaria establecidas en la Ley 734 al medio de control de pérdida de investidura,
en los siguientes términos:
“[…] El proceso disciplinario llevado acá contra el accionante no pretendía
salvaguardar los bienes jurídicos que protege la pérdida de la investidura; sino que
buscaba resguardar los bienes jurídicos constitucionales de la moralidad pública, la
transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad,
celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia en el desempeño de
un cargo, empleo o función pública.
Como resultado de dicho proceso disciplinario, la Procuraduría General de la Nación
encontró que se había cometido una falta disciplinaria que daba lugar a la imposición
de la sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.
El hecho de que ambas sanciones, entonces, tengan la naturaleza disciplinaria,
no implica que no puedan ser determinadas por las autoridades competentes
por cuanto surgen de causas diferentes y tienen finalidades y propósitos
20 Al respecto, citó las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, Sentencia de 4 de mayo de 2011 proferida dentro del proceso identificado con el número único
de radicación 68001-23-31-000-2010-00713-01(PI), C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, proceso identificado con el número
único de radicación 88001-23-33-000-2016-00075-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés (E);
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 9 de septiembre de
2021 proferida dentro del proceso identificado con el número único de radicación 70001-23-33-000-2021-00014-
01(PI), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
21 (cita original de la sentencia): “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
Consejero Ponente: Hernando Sánchez Sánchez, Sentencia del once (11) de junio de dos mil veinte (2020),
Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de concejal, Núm. único de radicación:
170012333000201800611-02”.
22 Corte Constitucional, Sentencia de 7 de marzo de 2011 proferida dentro del expediente T-2.768.074, M.P.
Mauricio González Cuervo. Fallo objeto de revisión: Sentencia del Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Jurisdiccional Disciplinaria de 22 de junio de 2010.
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distintos, como se ha visto. Al respecto la Corte ha indicado que “no se viola el
principio constitucional del non bis in ídem cuando una misma conducta es juzgada
por dos jurisdicciones diferentes, con base en normas de categoría, contenido y
alcances distintos, lo cual encuentra sustento en la autonomía de los diferentes
mecanismos del ius puniendi del Estado. […]” (Destacado incluido en el texto).
9.7. Expuso que la jurisprudencia del Consejo de Estado23 ha señalado que al
alcalde que se ha desempeñado como concejal, dentro de los 12 meses anteriores
a la fecha de su elección, no se le aplica la causal de inelegibilidad del numeral 2.º
del artículo 3724 de la Ley 617.
9.8. Señaló que era viable que un concejal se presentara en la contienda electoral
para ser elegido alcalde, en la medida que la única limitación era la establecida en
el artículo 44 de la Ley 136, según la cual “[…] [n]adie podrá ser elegido para más
de una corporación o cargo público ni para una corporación y un cargo, si los
respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente […]”
(Destacado incluido en el texto).
9.9. Indicó que, si no existía incompatibilidad por el hecho de que un concejal
aspirara a ser elegido alcalde, en consecuencia, tampoco habría incompatibilidad si
el alcalde elegido participaba en el proceso de empalme establecido en la Ley 951,
máxime si se tenía en cuenta que el artículo 5.º de la referida norma preveía como una
obligación del servidor público entrante recibir el informe de gestión y la respectiva
acta para revisar su contenido y el artículo 28 señaló que una de las causales de
exclusión de responsabilidad disciplinaria era el cumplimiento de un deber
constitucional o legal.
9.10. Concluyó “[…] se reafirma la tesis de negar las pretensiones de la demanda,
regentada también por la señora delegada del ministerio público en su concepto oral
emitido ante este tribunal, por lo que la sala se releva de estudiar los demás
argumentos y pruebas traídas a autos por el actor y acopiadas de oficio por el
23 (cita original de la sentencia): “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
Sentencia de fecha 13 de mayo de 2005, expediente Nº 3588, Magistrado Ponente: Darío Quiñones Pinilla”.
24 “[…] Articulo 37. Inhabilidades para ser Alcalde. El artículo 95 de la Ley 136 de 1994, quedará así:
"Artículo 95. Inhabilidades para ser alcalde. No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado
alcalde municipal o distrital:
[…].
2. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado
público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio, o quien como
empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador del gasto
en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el
respectivo municipio.
[…]”.
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despacho sustanciador para analizar los demás elementos atinentes al juicio de
responsabilidad política, entre otros, los atinentes a la configuración del elemento
subjetivo […]”.
El recurso de apelación presentado por el Solicitante25
10. El Solicitante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 30 de
noviembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira con el
objeto de que se revoque dicha providencia y, en su lugar, decretar la pérdida de
investidura del Concejal, con fundamento en los siguientes argumentos:
10.1. Indicó que la causal de pérdida de investidura por violación al régimen de
incompatibilidades invocada en la solicitud se configuró porque así lo determinó la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia de 23
de agosto de 2018 proferida dentro del proceso identificado con el número único de
radicación 050012333000201300127-01(2230-14)26.
10.2. Reiteró que la sentencia T – 147 de 7 de marzo de 2011 proferida por la Corte
Constitucional27 señaló que el literal b) del numeral 1.º del artículo 39 de la Ley 734 es
una incompatibilidad de tipo disciplinario aplicable a la pérdida de investidura de
concejales.
10.3. Afirmó que la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 2.° del
artículo 55 de la Ley 136 y en el numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 617 incluyó todas
las incompatibilidades de los concejales y, en especial, las establecidas en el artículo
39 de la Ley 734, en la medida que no hizo excepciones expresas en relación con los
asuntos disciplinarios.
10.4. Explicó que el Tribunal no tuvo en cuenta en su análisis que el artículo 43 de
la Ley 136 estableció que cuando un concejal renuncia al cargo las
incompatibilidades se mantienen 6 meses después, lo cual “[…] no le permitió al
25 Cfr. Documento denominado “44001234000020210013601_T132918548636143499
“3_44001234000020210013601EXPEDIENTEDIGI202204114828” “000-2021-00136-00”. Folios 562 a 576
Documento aportado en forma digital.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de
23 de agosto de 2018 proferida dentro del proceso identificado con el número único de radicación
050012333000201300127-01(2230-14), C.P. Gabriel Valbuena Hernández;
27 Corte Constitucional, Sentencia de 7 de marzo de 2011 proferida dentro del expediente T-2.768.074, M.P.
Mauricio González Cuervo. Fallo objeto de revisión: Sentencia del Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Jurisdiccional Disciplinaria de 22 de junio de 2010.
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Tribunal analizar y determinar con claridad que el hecho de que la norma acusada
(el literal b del numeral 1 del artículo 39 de la Ley 734) pertenezca al Código
Disciplinario no le da la competencia a la Procuraduría General de la Nación de
disciplinar o sancionar a un concejal que haya violado el régimen de
incompatibilidades después que renunció a su cargo porque dejó de ser servidor
público, por lo tanto la sanción de esta norma cuando un concejal deja de ser
servidor público y después viola el régimen de incompatibilidades, a quien le
corresponde darle aplicación es a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,
mediante la pérdida de investidura […]”.
Traslado del recurso de apelación
11. Surtido el traslado del recurso de apelación, el Concejal ratificó los
argumentos presentados por este en el curso del proceso y las consideraciones
expuestas por el Tribunal, al proferir la sentencia, en primera instancia.
12. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
13. Para efectos metodológicos de la decisión, la Sala procederá al estudio de:
i) la competencia de la Sala; ii) el problema jurídico; iii) la calificación habilitante; iv)
el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales del medio de control de
pérdida de investidura; v) el marco normativo y desarrollos jurisprudenciales de la
causal de pérdida de investidura por violación al régimen de incompatibilidades; vi)
las incompatibilidades establecidas en el artículo 39 de la Ley 734 y el proceso de
pérdida de investidura de concejales, regulado de forma especial en las leyes 136
y 617; y vi) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
14. Vistos: i) el parágrafo 2.° del artículo 48 de la Ley 617, sobre pérdida de
investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de
juntas administradoras locales; ii) la Ley 1881, en especial, su artículo 22, sobre la
aplicación de esa normativa a los procesos de pérdida de investidura de concejales
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y diputados; iii) el artículo 15028 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201129, sobre
competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia; y iv) el artículo 13 del
Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 201930: la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer del
presente asunto.
15. Agotados los trámites inherentes a la solicitud de pérdida de investidura de
que trata este asunto y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo
actuado, se procede a decidir el caso sub lite.
16. Vistos los artículos 32831 y 32032 de la Ley 1564, la Sala se pronunciará
únicamente en relación con los reparos o argumentos planteados por el apelante.
Problema Jurídico
17. Corresponde a la Sala determinar, con fundamento en el recurso de
apelación, si el señor José Ramiro Bermúdez Cotes incurrió o no en la causal de
pérdida de investidura prevista en el numeral 2.° del artículo 55 de la Ley 136 y en el
numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 617, por violación al régimen de
incompatibilidades. En ese sentido, se analizará si la conducta del concejal
constituye causal de pérdida de investidura por violación del régimen de
incompatibilidades y, en caso de encontrarlo configurado, se estudiará el elemento
subjetivo, con el objeto de establecer si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia proferida el 30 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de La
Guajira, en primera instancia.
La calificación habilitante
18. Visto el literal “b” del artículo 5 de la Ley 1881, la Sala encuentra probado la
calidad de concejal del señor Bermúdez Cotes, según consta en el formulario E-26
28 Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080.
29 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
30 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado
31 “[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. […]”
32 “[…]ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. […]”
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CON suscrito por los miembros de la Comisión Escrutadora Municipal33, mediante
el cual se le declara Concejal del Distrito de Riohacha, para el período 2016 – 2019.
19. En ese orden de ideas, la investidura de concejal del señor Bermúdez Cotes
se tiene por cierta en la medida en que el documento anteriormente indicado
constituye prueba de dicha calidad, lo cual lo hace sujeto pasivo del medio de control
de pérdida de investidura.
Marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales del medio de control de
pérdida de investidura
20. Vistos los artículos 18434 de la Constitución Política; 14335 de la Ley 1437 y
las leyes 134, 617, 1881 y 2003, en especial, el artículo 1 de la Ley 1881.
Desarrollos jurisprudenciales
21. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha
considerado que la pérdida de investidura es una acción pública que da origen a un
proceso de carácter jurisdiccional y sancionatorio36 de propósito ético, con
consecuencias políticas, que tiene por objeto el estudio de la conducta de los
miembros de corporaciones públicas de elección popular y como consecuencia la
pérdida de parte de los derechos políticos; y que tiene por fundamento la protección
y la preservación del principio de representación y de la dignidad en el ejercicio del
cargo que confiere el voto popular.
22. El fundamento de este proceso sancionatorio es preservar la dignidad del
cargo público de elección popular a través del control que ejercen los ciudadanos
sobre sus representantes cuando estos incurran en conductas contrarias al buen
33 Cfr. Documento denominado “44001234000020210013601_T132918548636143499
“5_44001234000020210013601EXPEDIENTEDIGI202204114828”. Folios 3 a 16. Documento aportado en
forma digital.
34 Constitución Política. Artículo 184. La pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado de
acuerdo con la ley y en un término no mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud
formulada por la mesa directiva de la cámara correspondiente o por cualquier ciudadano.
35 Ley 1437 de 2011. Artículo 143. Pérdida de Investidura. A solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara
correspondiente o de cualquier ciudadano y por las causas establecidas en la Constitución, se podrá demandar
la pérdida de investidura de congresistas.
Igualmente, la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental, del Concejo Municipal, o de la junta
administradora local, así como cualquier ciudadano, podrá pedir la pérdida de investidura de diputados,
concejales y ediles.
36 Sentencia de 27 de septiembre de 2016, proferida en el proceso con radicación número (SU) 11001-03-15-
000- 2014-03886-00, Consejero Ponente Alberto Yepes Barreiro
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servicio, al interés general o a la dignidad que ostentan. Se trata de conductas que
comportan la defraudación del principio de representación.
23. La Sala Plena37 puso de presente que, atendiendo la especial naturaleza de
la pérdida de investidura, esta acción tiene las siguientes características: i)
constituye un juicio de responsabilidad que conlleva la imposición de una sanción
de carácter jurisdiccional que castiga la transgresión al código de conducta que los
miembros de las corporaciones públicas de elección popular deben observar
atendiendo la naturaleza representativa de la investidura que ostenta; ii) es una
sanción de carácter jurisdiccional porque la competencia para decretarla es
atribuida exclusivamente al Consejo de Estado; iii) la pérdida de investidura es la
sanción más grave que puede imponerse a una persona que ha sido elegida en una
corporación pública de elección popular porque implica la separación inmediata de
las funciones que venía ejerciendo como integrante de esa corporación y, por
expresa disposición de la propia Constitución Política, la inhabilidad permanente
para serlo de nuevo en el futuro; iv) los procesos de pérdida de investidura limitan
o reducen algunos derechos fundamentales previstos en la Constitución como el de
ser elegido.
24. En esa misma orientación, la Corte Constitucional38 consideró que la pérdida
de investidura es una acción pública de carácter sancionatorio prevista en la
Constitución y la ley, que tiene como finalidad castigar a los miembros de las
corporaciones públicas que incurran en conductas consideradas reprochables por
ser incompatibles con la dignidad del cargo que ostentan.
25. En el proceso de pérdida de investidura se deben aplicar las garantías
constitucionales del debido proceso, conforme lo consideró la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia proferida el 23 de marzo de 201039. En ese orden,
las conductas sancionables deben estar plenamente determinadas en la
Constitución Política o en la ley con el objeto de excluir cualquier tipo de
arbitrariedad en la aplicación de los supuestos fácticos y normativos que realice el
juez, quien deberá estar siempre sometido al espectro conductual fijado por la
37 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; Sentencia de 29 de agosto de 2017,
Expediente: 110010315000201601700-00(PI), M.P. Milton Chaves García.
38 Sentencia SU-426 de 2016, Magistrada Ponente Gloria Stella Ortíz Delgado.
39 Número único de radicación 110010315000200900198-00(PI).
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literalidad de la prohibición o circunstancia causante de la pérdida de investidura, lo
cual constituye una materialización del principio de interpretación restrictiva.
26. Asimismo, es importante resaltar que, por las particularidades del proceso de
pérdida de investidura y, en especial, a su carácter sancionador, en él se debe dar
plena aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso, en particular,
en cuanto se refiere a la observancia de, entre otros, los principios pro homine, in
dubio pro reo, y de legalidad.
27. Es de importancia resaltar que el juicio de responsabilidad que se realiza en
el marco de la pérdida de investidura no puede ser considerado de ninguna manera
como un juicio de responsabilidad objetiva; por el contrario, en los términos de la ley
1881, modificada por la Ley 2003, y conforme con la jurisprudencia de las altas
cortes40, una vez verificada la configuración del elemento objetivo, se debe proceder
al estudio del elemento subjetivo41.
28. En efecto, el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4 de la Ley
2003 de 19 de noviembre de 2019, establece que “[…] [e]l proceso sancionatorio de
pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá
en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa,
hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura establecidas en
la Constitución […]”42 (Destacado fuera de texto).
29. En suma, el estudio de cada caso se debe realizar teniendo en cuenta que la
pérdida de investidura es un juicio de carácter sancionatorio, lo cual implica que el
juez debe realizar un análisis integral de la responsabilidad bajo una estricta
aplicación de los principios que gobiernan el debido proceso, en especial, los de
interpretación restrictiva y pro homine; y, con fundamento en ello, determinar si la
conducta se subsume en el supuesto fáctico de la norma que establece como
consecuencia jurídica la pérdida de la investidura y si se configura o no el elemento
subjetivo43.
40 Corte Constitucional, Sentencia SU 424 de 2016.
41 En criterio de la Corte Constitucional “[…] atiende a las circunstancias particulares en las que se presentó la
conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se
enderezó a esa acción u omisión […]”.
42 Normativa aplicable a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados, de conformidad con
el artículo 22 de la Ley 1881, según el cual “[…] Las disposiciones contenidas en esta ley serán aplicables, en
lo que sea compatible, a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados […]”.
43 La Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU 424 de 2016, precisó que el juez de este proceso
sancionatorio debe determinar: i) si se configura la causal y ii) si a pesar de que ésta aparezca probada, existe
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Principio de interpretación restrictiva de las causales de pérdida de investidura
30. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y la
Sección Primera han considerado que, en virtud de la naturaleza sancionatoria de la
pérdida de investidura, se exige la aplicación estricta de ciertas garantías dentro de
las cuales se encuentra que las normas aplicables para que se configuren las causales
son de aplicación restrictiva44; lo anterior en atención a que las prohibiciones, en tanto
limitan la libertad y los derechos de las personas, son de origen constitucional y legal;
y, en consecuencia, la tipificación de sus causas, vigencia, naturaleza y efectos es
rígida y taxativa y su aplicación es restrictiva, de manera que se excluye la analogía y
la interpretación extensiva.
31. En efecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia de
21 de julio de 2015, consideró que dentro de los procesos de pérdida de investidura
son aplicables diversas garantías, entre las cuales resulta relevante “[…] destacar la
atinente a que las causales de pérdida de investidura de los congresistas deban ser
concebidas como de derecho estricto, de orden público y de interpretación
restrictiva, pues no puede perderse de vista que la pérdida de investidura es una
sanción que impide al afectado el ejercicio pleno de sus derechos políticos en
el futuro y a perpetuidad […]”. Asimismo, señaló “[…] que en su jurisprudencia, tanto
la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han puesto de presente que las
normas que establecen derechos y libertades constitucionales deben interpretarse de
manera que se garantice su más amplio ejercicio, y que aquellas normas que los
limiten mediante el señalamiento de inhabilidades, incompatibilidades y
calidades para el desempeño de cargos públicos, deben estar consagradas
expresamente en la Constitución o en la ley y no pueden interpretarse en forma
extensiva sino siempre, con la finalidad enunciada, en forma restrictiva […]”.
32. La Corte Constitucional en la sentencia SU-515 de 2013 consideró que, dado
el carácter sancionatorio del proceso de pérdida de investidura, la entidad del castigo,
así como los contenidos constitucionales que se encuentran en juego, a él le son
alguna circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya actuado de buena fe o,
en caso de que la causal lo admita, se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general
exista alguna circunstancia que permita descartar la culpa.
44 Ver: i) Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; número único de radicación:
110010315000201200059-00, sentencia de 21 de julio de 2015. C.P. doctora María Claudia Rojas Lasso; y ii)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; número único de radicación:
230012333004201500489-01; C.P. doctor Guillermo Vargas Ayala.
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aplicables la totalidad de garantías del debido proceso sancionatorio, dentro de las
cuales tiene una importancia categórica los principios de reserva legal, taxatividad y
favorabilidad. Asimismo, consideró que estas causales “[…] son de orden público, de
interpretación restrictiva y “que no cabe su aplicación por analogía ni por
extensión”, ya que tienen por consecuencia una sanción “que impide al
afectado el ejercicio pleno de sus derechos políticos en el futuro y a perpetuidad
[…]” y reiteró que “[…] el legislador está obligado a describir la conducta o
comportamiento que se considera ilegal o ilícito, en la forma más clara y precisa
posible, de modo que no quede duda alguna sobre el acto, el hecho, la omisión o la
prohibición que da lugar a sanción […]” (Destacado fuera de texto).
33. Por último, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia de
3 de noviembre de 2016 consideró que “[…] la interpretación y aplicación restrictiva de
las normas aplicables al régimen de pérdida de investidura también obedece al
principio pro homine que obliga al juez a optar por aquella interpretación más favorable
al hombre y a sus derechos […]”.
Principio pro homine
34. El principio pro homine o pro persona, también denominado “Cláusula de
favorabilidad en la interpretación de los derechos humanos45, ha sido entendido
como el criterio hermenéutico en virtud del cual se debe acudir a la norma más
amplia o a la interpretación más extensiva cuando lo pretendido es el
reconocimiento de derechos46; e inversamente a la norma o a la interpretación
más restrictiva cuando lo pretendido es el establecimiento de restricciones
permanentes al ejercicio de esos derechos o a su suspensión extraordinaria.
35. La Corte Constitucional en la sentencia T-320 de 2009 señaló que el principio
referenciado es aplicable a la interpretación de los derechos fundamentales
establecidos en la Constitución Política al señalar que este “[…] se constituye en
una valiosa pauta hermenéutica [que] ordena la adopción de la interpretación
que mejor se compadezca con los derechos fundamentales en juego, [es decir]
la que sea “más favorable a la protección de los derechos del agenciado” […]”
(Destacado fuera de texto).
45 Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006; M.P. Clara Inés Vargas Hernández
46 Entiéndase Derechos Humanos y derechos fundamentales.
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36. En este orden de ideas, sin desconocer que las autoridades judiciales son
competentes para aplicar e interpretar las normas jurídicas, en virtud del principio
de autonomía e independencia judicial, lo cierto es que esa interpretación debe
propender por una hermenéutica que resulte menos restrictiva de los derechos
fundamentales [lo cual implica una interpretación restrictiva de las causales de
pérdida de investidura] porque, se reitera, el principio pro homine impone al juez
que “[…] sin excepción, entre dos o más posibles análisis de una situación, se
prefiera [aquella] que resulte más garantista o que permita la aplicación de forma
más amplia del derecho fundamental […]”47.
Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales de la causal de pérdida de
investidura por violación al régimen de incompatibilidades
37. Visto el numeral 2.º del artículo 55 de la Ley 136, sobre pérdida de la
investidura de concejal, estos perderán su investidura, entre otros, “[…] 2. Por
violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de
intereses […]” (Destacado fuera de texto).
38. Visto el numeral 1.º artículo 48 de la Ley 617, sobre pérdida de investidura
de concejales municipales, “[…] los diputados y concejales municipales y distritales
y miembros de las juntas administradoras locales perderán su investidura: […] [p]or
violación del régimen de incompatibilidades […]”.
39. Visto el artículo 45 de la Ley 136 que, sobre incompatibilidades de los
concejales, establece lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 45. INCOMPATIBILIDADES. Los concejales no podrán:
1. <derogado por el artículo 96 de la Ley 617>
2. Ser apoderado ante las entidades públicas del respectivo municipio o ante las
personas que administren tributos procedentes del mismo, o celebrar con ellas, por sí
o por interpuesta persona, contrato alguno, con las excepciones que más adelante se
establecen.
3. Ser miembros de juntas o consejos directivos de los sectores central o
descentralizado del respectivo municipio, o de instituciones que administren tributos
procedentes del mismo.
47 Corte Constitucional, sentencia C-438 de 2013. M.P. Alberto Rojas Rios.
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4. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o juridicas de
derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos procedentes
del respectivo municipio o sean contratistas del mismo o reciban donaciones de éste.
5. <Numeral adicionado por el artículo 41 de la Ley 617 de 2000. El texto es el
siguiente:> Ser representantes legales, miembros de juntas o consejos directivos,
auditores o revisores fiscales, empleados o contratistas de empresas que presten
servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo municipio.
PARÁGRAFO 1o. Se exceptúa del régimen de incompatibilidades el ejercicio de la
cátedra.
PARÁGRAFO 2o. El funcionario público municipal que nombre a un concejal para un
empleo o cargo público o celebre con él un contrato o acepte que actúe como gestor
en nombre propio o de terceros, en contravención a lo dispuesto en el presente
artículo, incurrirá en causal de mala conducta […]”.
40. Visto el artículo 47 de la Ley 136, modificado por el artículo 43 de la Ley 617,
estableció sobre la duración de las “incompatibilidades”48 de los concejales, que
“[…] tendrán vigencia hasta la terminación del período constitucional respectivo. En
caso de renuncia se mantendrán durante los seis (6) meses siguientes a su
aceptación, si el lapso que faltare para el vencimiento del período fuere superior
[…]” Asimismo, que “[…] [q]uien fuere llamado a ocupar el cargo de concejal,
quedará sometido al mismo régimen de incompatibilidades a partir de su posesión
[…]”49.
41. Las incompatibilidades han sido definidas por esta Sección como “[…] la
prohibición de ejercer dos actividades o realizar dos roles de manera simultánea,
taxativamente señaladas en la Constitución o en la ley, de modo que para el caso
de los servidores públicos se traduce en la prohibición de desempeñar o ejercer
otros cargos o realizar otras actividades distintas a las que corresponde a las
funciones del cargo de que son titulares […]”50.
42. La Corte Constitucional, mediante sentencia C-903 de 6 de diciembre de
200851, consideró que las incompatibilidades consisten en “[…] una prohibición
48
La Corte Constitucional en la sentencia C-194 de 1995 consideró que la mención normativa debía entenderse
como prohibición y no como incompatibilidad.
49 La redacción original, que corresponde al artículo 46 de la Ley 136 es la siguiente: “[…] Las incompatibilidades
de los concejales tendrán vigencia desde el momento de su elección y hasta seis meses posteriores al
vencimiento del período respectivo. En caso de renuncia, dichas incompatibilidades se mantendrán durante los
seis meses siguientes a su aceptación, salvo para ser nombrado en el cargo de Alcalde Municipal por decreto
cuando las circunstancias lo exigieren. […]Quien fuere llamado a ocupar el cargo de concejal, quedará sometido
al mismo régimen de incompatibilidades a partir de su posesión”. El artículo 46 ejusdem fue modificado por el
artículo 43 de la ley 617.
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 17 de julio
de 2008, identificada con núm. único de radicación 440012331000200800005 01, C.P. Rafael E. Ostau de
Lafont Pianeta.
51 Magistrado Ponente, doctor Jaime Araujo Renteria.
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dirigida al titular de una función pública a quien, por ese hecho, se le impide
ocuparse de ciertas actividades o ejercer, simultáneamente, las competencias
propias de la función que desempeña y las correspondientes a otros cargos o
empleos, en guarda del interés superior que puede verse afectado por una indebida
acumulación de funciones o por la confluencia de intereses poco conciliables y
capaces, en todo caso, de afectar la imparcialidad y la independencia que deben
guiar las actuaciones de quien ejerce la autoridad en nombre del Estado […]”
(Destacado fuera de texto).
43. Asimismo, la Corte Constitucional realizó el estudio del artículo 47 de la ley
ejusdem, sobre “duración de las incompatibilidades”; norma que, se reitera,
establece que “[…] [l]as incompatibilidades de los concejales municipales y
distritales, tendrán vigencia hasta la terminación del período constitucional
respectivo. En caso de renuncia se mantendrán durante los seis (6) meses
siguientes a su aceptación, si el lapso que faltare para el vencimiento del período
fuere superior […]”. Sobre el particular, la Corte explicó lo siguiente:
“[…] Es indudable que al legislador corresponde, ya que es inherente a su
función, determinar cuándo comienza y cuándo finaliza la vigencia de las
incompatibilidades para los cargos públicos cuya regulación le ha sido
encomendada por la Carta, entre ellos el de concejal.
Tal determinación resulta, además, indispensable, por razones de seguridad
jurídica, puesto que la persona elegida debe tener exacto y previo conocimiento
acerca de aquello que es incompatible con la dignidad que ostenta, así como
también tiene derecho a saber el momento preciso en que le es exigible la
observancia de las pertinentes normas y el tiempo durante el cual se extiende
su aplicación.
De la misma manera, la sociedad tiene que estar enterada sobre los mismos
aspectos, para reclamar que el régimen correspondiente sea observado.
La aludida definición legal tiene también relevancia en el campo estrictamente
jurídico, cuando se trate de establecer si en un caso determinado resulta
desconocido el sistema de incompatibilidades y con el fin de deducir, al amparo
de normas preexistentes, la responsabilidad de la persona y la aplicación de
las pertinentes sanciones.
Ahora bien, la extensión de las incompatibilidades en el tiempo debe
guardar proporción con las finalidades perseguidas por el legislador al
establecerlas y no puede implicar el sacrificio injustificado de los
derechos constitucionalmente reconocidos a quien desempeñe el cargo.
Que las incompatibilidades tengan vigencia desde el momento de la elección,
como lo dispone el artículo impugnado, es algo que no contradice los
preceptos superiores y que se explica por el objetivo de impedir que, si bien
no posesionado, pero ya seguro sobre el futuro desempeño del cargo, el nuevo
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concejal haga uso de su poder público potencial para representar y gestionar
todavía intereses privados que puedan entrar en colisión con los del bien
público.
Debe precisarse que, durante el tiempo transcurrido entre la elección y la
posesión, no hay propiamente incompatibilidades sino prohibición de
actuar en papeles diferentes, pues todavía, aunque se tiene la dignidad,
no se la ejerce.
Obviamente, se ajusta a la Carta Política y realiza su sentido la previsión
de las incompatibilidades durante todo el tiempo de ejercicio del cargo de
concejal, pues precisamente es la doble condición simultánea la que lleva
a confundir el ámbito de los fines estatales con el del beneficio privado,
en abierto desacato a los principios constitucionales de imparcialidad y
moralidad en el ejercicio de toda función pública (artículos 123 y 209 C.P.).
Mayor análisis merece la disposición en cuanto prolonga las
incompatibilidades más allá del tiempo durante el cual se ejerce el cargo.
No tiene sentido que la imposibilidad de cumplir otras actividades,
habiendo culminado el período, se torne en absoluta. La filosofía del
sistema no puede consistir en castigar al antiguo funcionario, haciéndole
imposible que, al amparo de inalienables derechos constitucionales, procure su
sustento mediante el trabajo o aspire a nuevos destinos públicos.
Obsérvese, por ejemplo, que, según el artículo 45 de la misma Ley 136 de
1994, entre las incompatibilidades cuya vigencia se extiende por seis meses
después de haber dejado el puesto de concejal, está la de "aceptar o
desempeñar cargo alguno en la administración pública", sin circunscribir la
aplicación de la norma al ámbito del municipio, que sería lo razonable una
vez terminado el período, y la de "vincularse como trabajador oficial o
contratista", también sin distinción alguna sobre el nivel territorial o
administrativo en que pudiera tener lugar la vinculación.
Así, pues, en la norma examinada aparece desvirtuado el concepto
de incompatibilidad, cuyo alcance corresponde al ejercicio de ocupaciones
simultáneas, cuando a todas luces la dualidad, inherente a aquélla,
desaparece desde el momento mismo en que culmina el período o es
aceptada la renuncia.
Pero, por otra parte, la Corte considera que carecería de todo sustento
constitucional una decisión que privara al legislador de la facultad -implícita en
la potestad que le corresponde- de señalar prohibiciones, durante cierto tiempo,
a quien ha ejercido un cargo, en guarda del interés público y de la claridad
que debe prevalecer en las actuaciones de quien acaba de ser funcionario
y hace tránsito al ejercicio de actividades privadas.
Lo ajustado a la Carta Política en esas situaciones no es la consagración de
mandatos extremos que impliquen hacer nugatorios los derechos de la
persona o abrir las posibilidades de indebidas manipulaciones de la
función pública para abonar el terreno de los beneficios particulares, sino
el equilibrio armónico entre el interés común, que la ley preserva
mediante la introducción de límites y restricciones razonables, y el sano
ejercicio de los derechos fundamentales del individuo.
Un debido entendimiento de la norma demandada, bajo las perspectivas
dichas y en desarrollo de una interpretación constitucional sistemática,
permite concluir en su exequibilidad, aunque declarada bajo el supuesto
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de que, por una parte, en el texto legal se ha utilizado impropiamente el
término "incompatibilidades", cuando se hace referencia a los seis meses
que siguen a la dejación del cargo, pues en realidad se trata
de prohibiciones, y, por otra, que éstas no deben interpretarse ni aplicarse
como absolutas, lo que las haría inconstitucionales. De allí resulta que su
alcance admisible, es decir, conforme a los postulados de la Carta
Política, se reduce a impedir que la aceptación o desempeño de cargos,
la celebración de contratos, la realización de gestiones y, en general, las
diferentes tareas que el artículo 45 de la Ley 136 de 1994 denomina
"incompatibilidades", para quien ha dejado de ser concejal, durante los
seis meses siguientes a la culminación del período o la efectividad de la
renuncia, puedan llevarse a cabo en relación con el mismo municipio o
distrito al cual se sirvió en la posición enunciada […]” (Destacado fuera
de texto).
44. En relación con el artículo 47 de la Ley 136, se puede concluir que la sentencia
C-194 de 1995 estableció la siguiente interpretación: el artículo 47 no debe ser
entendido como “incompatibilidad” sino como “prohibición” en la medida en que la
incompatibilidad prohíbe el ejercicio simultáneo de dos condiciones “[…] que lleva a
confundir el ámbito de los fines estatales con el del beneficio privado […]”; lo anterior
en la medida en que, en el supuesto fáctico del artículo 47 no se tiene la doble
condición que genera incompatibilidad porque la persona ya no ostenta la condición
de miembro de corporación pública de elección popular, bien sea por renuncia o por
terminación del periodo.
45. Precisado lo anterior, la Sala procederá a determinar si la conducta del señor
Bermúdez Cotes se subsume en los presupuestos fácticos de alguna de las
incompatibilidades establecidas para los concejales; es decir, si la conducta es
típica de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de
incompatibilidades.
Las incompatibilidades establecidas en el artículo 39 de la Ley 734 y el
proceso de pérdida de investidura de concejales, regulado de forma especial
en las leyes 136 y 617.
46. Visto el artículo 39 de la Ley 734, sobre incompatibilidades para desempeñar
cargos públicos.
47. Vistos los artículos 45, 46 y 4752 de la Ley 136, sobre incompatibilidades,
excepciones y duración de las mismas.
52Artículo modificado por el artículo 43 de la Ley 617.
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48. La Sección Primera de esta Corporación, ha considerado, desde la vigencia
de la Ley 200 de 28 de julio de 199553, Código Disciplinario Único anterior a la Ley
734, que la infracción de aquellas conductas y/o circunstancias previstas como
prohibidas o incompatibles en materia disciplinaria se mantienen al margen del
estudio jurisdiccional del proceso de pérdida de investidura54.
49. Asimismo, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia de
4 de mayo de 201155, señaló, respecto a la Ley 734, “[…] [e]l proceso de pérdida de
investidura es ante todo de naturaleza jurisdiccional y como tal se rige por las
normas especiales que consagran tanto su trámite como sus causales. Tan cierto
es ello que la Ley 734 de 2002 no consagró como sanción principal la pérdida
de la investidura, como sí lo hacía, de manera discutible, la Ley 200 de 1995 en
su artículo 29, numeral 9, lo que pone de manifiesto que dicho proceso, por no ser
del conocimiento de las autoridades administrativas sino judiciales, no tiene la
misma connotación del que se regula en aquella y, por ende, no constituye sanción
dentro de éste. […] Las normas previstas en la Ley 734 de 2002 están dirigidas
al proceso disciplinario que, por su naturaleza, difiere del de carácter
jurisdiccional. De ahí que no pueda afirmarse que tales preceptos deban tener
aplicación preferente, pues no se está en presencia de dos actuaciones de la
misma naturaleza, ni mucho menos con las mismas consecuencias
sancionatorias […]” (Desatacado fuera del texto).
50. De igual forma, la Sección Primera de esta Corporación, en sentencia de 31
de agosto de 201756, indicó “[…] en la actualidad, no está habilitada la invocación
de las incompatibilidades dispuestas en el artículo 39 del Código Disciplinario Único
como causales de pérdida de investidura territorial por violación de dicho régimen
[…]”.
53 Por la cual se adopta el Código Disciplinario Único.
54 Ver, Sentencia de 7 de marzo de 2002 proferida dentro del proceso identificado con número único de
radicación 50001-23-31-000-2001-00346-01(7716) (PI), C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola.
Sentencia de 14 de marzo de 2002 proferida dentro del proceso identificado con número único de radicación
50001-23-31-000-2001-00368-01(7715) (PI), C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
55 Sentencia de 4 de mayo de 2011 proferida dentro del proceso identificado con número único de radicación
68001-23-31-000-2010-00713-01(PI), C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
56 Sentencia de 31 de agosto de 2017 proferida dentro del proceso identificado con número único de radicación
08001-23-33-000-2016-00753-01(PI), C.P. María Elizabeth García González.
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51. Adicionalmente, esta Sección, en reciente sentencia de 9 de septiembre de
202157, consideró que debían “[…] reiterarse que los precedentes de esta Sala que
se prohíjan en esta oportunidad han defendido la autonomía de la institución de
pérdida de investidura con otros regímenes, como el derecho disciplinario, los
cuales difieren no solo desde el punto de vista de su naturaleza, sino también su
objeto y las finalidades que persiguen; esta no fue la intención del constituyente de
1991 y, tampoco, del legislador, y además, por tratarse de una limitación de los
derechos políticos, las causales son taxativas y no admiten interpretaciones
extensivas o analógicas […]”.
Análisis del caso concreto
52. De acuerdo con el numeral 2.° del artículo 55 de la Ley 136, el numeral 1.° del
artículo 48 de la Ley 617, el literal b) del numeral 1 del artículo 39 de la Ley 734 y el
marco normativo: la Sala procede a apreciar y a valorar en su conjunto todas las
pruebas decretadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y aplicando
las de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos
de decidir lo que en derecho corresponda para, en aplicación del silogismo jurídico,
concluir el caso concreto.
Análisis de la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 2.º del
artículo 55 de la Ley 136 y en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617, en el
caso concreto
53. La Sala considera que contrario a lo manifestado por el Solicitante, la
conducta del señor Bermúdez Cotes no constituye causal de pérdida de investidura
por violación del régimen de incompatibilidades en los términos del numeral 2.º del
artículo 55 de la Ley 136 y el numeral 1.° del artículo 48 de la ley 617, en la medida
en que la misma no se subsume dentro de los presupuestos fácticos de ninguna de
las causales taxativas de incompatibilidad de concejal establecidas en el
ordenamiento jurídico y, en especial, en el artículo 45 de la Ley 13658.
57 Sentencia de 9 de septiembre de 2021 proferida dentro del proceso identificado con número único de
radicación 70001-23-33-000-2021-00014-01(PI), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
58 Entre ellas: i) ser apoderado ante las entidades públicas del respectivo municipio o ante las personas que
administren tributos procedentes del mismo, o celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato
alguno, con las excepciones que más adelante se establecen; ii) Ser miembros de juntas o consejos directivos
de los sectores central o descentralizado del respectivo municipio, o de instituciones que administren tributos
procedentes del mismo; iii) celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho
privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos procedentes del respectivo municipio o sean
contratistas del mismo o reciban donaciones de éste; y iv) ser representantes legales, miembros de juntas o
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54. Adicionalmente se puede concluir, teniendo en cuenta el marco normativo y
los desarrollos jurisprudenciales indicados anteriormente, por un lado, que el
artículo 47 de la Ley 136 no debe ser entendido como incompatibilidad” sino como
“prohibición”;
55. Y, por el otro, que en el caso sub examine, en todo caso, no es aplicable el
mandato establecido en el artículo 47 de la Ley 136, modificado por el artículo 43
de la Ley 617, sobre duración de las incompatibilidades porque, como lo ha
explicado esta Corporación, no existe norma constitucional o legal que impida a los
miembros de las corporaciones públicas de elección popular inscribirse, participar y
ser elegido como alcalde para el periodo siguiente en la medida en que no se trata
de una conducta prohibida por la normativa constitucional y legal, máxime si se tiene
en cuenta que en este caso el Concejal renunció a su investidura el 3 de agosto de
2019 y no se cumple el supuesto de aceptación o desempeño simultáneo59.
56. Asimismo, que ni el artículo 47 de la Ley 136 ni el literal “b” del numeral 1 del
artículo 39 de la Ley 734 pueden fundar con éxito una solicitud de pérdida de
investidura por violación del régimen de incompatibilidades, porque la primera
norma no establece una incompatibilidad60 y la segunda es una norma disciplinaria
que, en virtud de la autonomía de la institución de pérdida de investidura con otros
regímenes como el disciplinario, no puede tener como consecuencial la pérdida de
investidura del miembro de la corporación pública de elección popular.
57. De igual forma, la Sala considera que las sentencias invocadas por el
Solicitante para fundamentar que el literal b) del numeral 1.º del artículo 39 de la Ley
734 es una incompatibilidad aplicable a la pérdida de investidura de concejales, no
consejos directivos, auditores o revisores fiscales, empleados o contratistas de empresas que presten servicios
públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo municipio.
59 Sobre el particular, ver: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
proceso de pérdida de investidura identificado con el número único de radicación 700012333000201900281-
01; C.P. doctora Nubia Margoth Peña Garzón; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, proceso de pérdida de investidura identificado con el número único de radicación
230012333000202000406-01; C.P. doctora Nubia Margoth Peña Garzón; y iii) Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de diciembre de 2021, proceso identificado con
el número único de radicación 230012333000202000002-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
60 Sobre el particular, ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 16 de abril de 2020, proceso identificado con el número único de radicación 54001233300020190091-01.
C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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Número único de radicación: 440012340000202100136-01
guardan relación con los presupuestos fácticos objeto del caso sub examine en la
medida en que en esas providencias se abordaron situaciones diversas61.
58. La Sala adicionalmente reitera que la interpretación que se adopta en esta
sentencia guarda armonía con las normas que establecen las causales de pérdida
de investidura sub examine, según se explicó supra, teniendo en cuenta la
naturaleza sancionatoria del juicio de pérdida de investidura que implica la
aplicación de diversos principios, entre ellos, los de interpretación restrictiva y pro
homine.
59. Es importante resaltar que en esta sentencia se prohíjan pronunciamientos
anteriores de esta Sección, entre ellos las sentencias de 31 de agosto de 201762 y
9 de septiembre de 202163, en las cuales se consideró lo siguiente:
“[…] Las Leyes 136 y 617 regulan el régimen de incompatibilidades que de los
concejales debe verificarse en el proceso de pérdida de investidura; es así como los
artículos 45, 46 y 47 de la Ley 136, efectivamente disponen, cuáles son las causales
y eventos de incompatibilidad, sus excepciones y la duración de las mismas […].
Este sistema de prohibiciones, insertado por la Ley 136 y luego modificado por
la Ley 617, fue el producto de un mandato expreso contenido en la Constitución
Política de 1991:
“[…] Artículo 293. Sin perjuicio de lo establecido en la Constitución, la ley
determinará las calidades, inhabilidades, incompatibilidades, fecha de posesión,
períodos de sesiones, faltas absolutas o temporales, causas de destitución y formas
de llenar las vacantes de los ciudadanos que sean elegidos por voto popular para
el desempeño de funciones públicas en las entidades territoriales. La ley dictará
también las demás disposiciones necesarias para su elección y desempeño de
funciones […]”.
Es ese el marco legal, por voluntad constitucional, al cual se circunscribe el
régimen de incompatibilidades cuya transgresión se prevé como causal de
pérdida de investidura de los concejales en los artículos 55, numeral 2, de la
Ley 136 y 48, numeral 1 de la Ley 617, sin que, bajo circunstancia alguna, este
haya previsto la posibilidad de ampliarse o extenderse a otro tipo de normas del
mismo rango y, por lo mismo, sin que sea conducente la adición de eventos de
incompatibilidad establecidos en otro tipo de leyes como la disciplinaria, salvo
61 En la sentencia de 23 de agosto de 2018 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado se hizo referencia a un Concejal en ejercicio actuando como apoderado o mandatario judicial en un
proceso contra el mismo municipio del cual era parte del concejo, en el marco de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el cual se controvertían unos fallos disciplinarios expedidos por la Procuraduría
General de la Nación y en la sentencia T – 147 de 7 de marzo de 2011 se estudió el fallo de 2 de octubre de
2009 expedido por la Procuraduría Regional de Antioquia y confirmado por la Procuraduría Segunda Delegada
para la Vigilancia Administrativa, el 23 de enero de 2010, donde se sancionó con destitución del cargo de
diputado a la asamblea departamental de Antioquia al accionante e inhabilidad general por 15 años.
62 Sentencia de 31 de agosto de 2017 proferida dentro del proceso identificado con número único de radicación
08001-23-33-000-2016-00753-01(PI), C.P. María Elizabeth García González.
63 Sentencia de 9 de septiembre de 2021 proferida dentro del proceso identificado con número único de
radicación 70001-23-33-000-2021-00014-01(PI), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Número único de radicación: 440012340000202100136-01
que sea ese el objeto de la regla legal posterior. Lo anterior, sin perjuicio,
evidentemente, de las causales de incompatibilidad que se llegaren a disponer en los
términos del artículo 293 Superior.
Así las cosas y en síntesis, se advierte, que en el caso concreto, no resulta viable
la judicialización y consecuente análisis de las conductas descritas en la
demanda como constitutivas de infracciones a los artículos 39, numeral 1,
literales a) y b) de la Ley 734 (Código Disciplinario Único) por parte de los
concejales municipales, bajo el entendido de que aquellas no están previstas
en la Leyes especiales 136 ni 617 como causales de incompatibilidad y, menos
aún, le fueron atribuidas como consecuencia jurídica de su vulneración, la
sanción consistente en pérdida de investidura. […].
[…] esas “otras incompatibilidades” que fueron enunciadas en el artículo 39, entre
ellas, los literales a) y b) del numeral 1, invocadas como transgredidas en el sub lite,
surgieron por la necesidad de tipificar como prohibiciones, eventos no descritos en
las incompatibilidades generales de orden constitucional y legal, pero, en cualquier
caso, concebidos dentro de los límites disciplinarios y para las exclusivas
consecuencias disciplinarias. […].
Por lo tanto, de esta ecuación jurídica se puede concluir, bajo las anteriores
consideraciones, que si bien el régimen de incompatibilidades dispuesto en las Leyes
136 y 617, hace parte integral del régimen de incompatibilidades establecido en la
Ley 734, no sucede así lo contrario; esto es que, en la pérdida de investidura de
concejales, regulada en las Leyes 136 y 617, no puede invocarse como causal
de incompatibilidad, una de las hipótesis introducida por la norma del Código
Disciplinario Único. […]”64
“[…] [D]ebe reiterarse que los precedentes de esta Sala que se prohíjan en esta
oportunidad han defendido la autonomía de la institución de pérdida de
investidura con otros regímenes, como el derecho disciplinario, los cuales
difieren no solo desde el punto de vista de su naturaleza, sino también su objeto y las
finalidades que persiguen; esta no fue la intención del constituyente de 1991 y,
tampoco, del legislador, y además, por tratarse de una limitación de los derechos
políticos, las causales son taxativas y no admiten interpretaciones extensivas o
analógicas. […]”65.(Destacado fuera de texto).
60. En atención a todo lo expuesto y teniendo en cuenta que, conforme se indicó
supra, no se encuentra probada la configuración de alguna incompatibilidad que
constituya causal de pérdida de investidura, en los términos numeral 2.º del artículo
55 de la Ley 136 y el numeral 1.° del artículo 48 de la ley 617, esta Sala considera
que no es necesario realizar el estudio del elemento subjetivo en el caso sub
examine.
64 Sentencia de 31 de agosto de 2017 proferida dentro del proceso identificado con número único de radicación
08001-23-33-000-2016-00753-01(PI), C.P. María Elizabeth García González.
65 Sentencia de 9 de septiembre de 2021 proferida dentro del proceso identificado con número único de
radicación 70001-23-33-000-2021-00014-01(PI), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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29
Número único de radicación: 440012340000202100136-01
Reconocimiento de personería
61. Vistos los artículos 160 de la Ley 1437, sobre derecho de postulación, 74 y
75 de la Ley 156466, sobre poderes y designación y sustitución de apoderados.
62. Atendiendo a que, el abogado José Manuel Abuchaibe Escolar, identificado
con la cédula de ciudadanía núm. 8.667.142 y con la tarjeta profesional de abogado
núm. 23.429 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder para
actuar en calidad de apoderado del señor José Ramiro Bermúdez Cotes, y
considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, se le reconocerá la
respectiva personería.
Conclusiones
63. La Sala confirmará la sentencia de 30 de noviembre de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de La Guajira, en cuanto dispuso negar la solicitud de
pérdida de investidura del Concejal, José Ramiro Bermúdez Cotes.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 30 de noviembre de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de La Guajira, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: RECONOCER personería al abogado José Manuel Abuchaibe Escolar,
para actuar en calidad de apoderado del Concejal José Ramiro Bermúdez Cotes,
en los términos y para los efectos del poder conferido que obra en el índice 8 del
aplicativo SAMAI.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera de esta Corporación,
una vez en firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
66 Aplicables en virtud del artículo 22 de la Ley 1881.
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Número único de radicación: 440012340000202100136-01
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
VALDÉS Consejero de Estado
Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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