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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-000-2025-00167-01

Fecha
16 de julio de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-000-2025-00167-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: 26 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 21 de abril de 2009. Proceso radicado no. 11001-03-25-000-2005-00012-01(IMP)(IJ), C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 32 Radicación: 47001 23 33 000 2025 00167 01 Solicitantes: Carlos Mario Rojas Centeno y Roberto Carlos Correa Muñoz PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente digital al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 47001-23-33-000-2025-00167-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

16 de julio de 2026

Radicación: 47001 23 33 000 2025 00167 01
Solicitantes: Carlos Mario Rojas Centeno y Roberto Carlos Correa Muñoz

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 47001 23 33 000 2025 00167 01
Accionantes: Carlos Mario Rojas Centeno y Roberto Carlos Correa Muñoz
Accionada: Angela María Cedeño Ruíz – Diputada del Departamento del
Magdalena

Tesis: La devolución de un proyecto de ordenanza por falta de unidad de materia
dispuesta por el presidente de una corporación pública territorial, es un acto de
trámite y la procedencia del recurso de apelación frente a dicha decisión ante la
plenaria de la Corporación es una garantía procedimental interna que no
transforma la naturaleza preparatoria e instrumental de la decisión adoptada.

La participación del presidente de la Corporación en la sesión plenaria que
resuelve la apelación contra la decisión por medio de la cual se devolvió un
proyecto de ordenanza por falta de unidad de materia, no genera por sí sola un
interés particular, directo y actual en los términos del artículo 56 de la Ley 2200 de
2022.

La omisión de declararse impedido no constituye causal de pérdida de investidura;
lo que la ley sanciona es la participación en una decisión concreta de quien está
efectivamente incurso en un conflicto de intereses.

La oposición política al gobierno departamental no configura de manera
automática el interés particular, actual y directo a que se refiere la causal de
pérdida de investidura de conflicto de intereses, en tanto dicha oposición es una
manifestación legítima de los derechos políticos y constitucionales que
corresponde a los servidores de elección popular.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

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Radicación: 47001 23 33 000 2025 00167 01
Solicitantes: Carlos Mario Rojas Centeno y Roberto Carlos Correa Muñoz

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el señor Carlos Mario Rojas
Centeno en contra de la sentencia de 29 de agosto de 2025, proferida por la Sala
Plena del Tribunal Administrativo del Magdalena, en primera instancia, mediante
la cual negó la pérdida de investidura de la señora Ángela María Cedeño Ruiz,
elegida como diputada de la Asamblea Departamental del Magdalena, para el
período constitucional 2024-2027.

I. LA SOLICITUD DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA

1.1. Las solicitudes

1. Carlos Mario Rojas Centeno, actuando en nombre propio1 y Roberto Carlos
Correa Múñoz, igualmente en nombre propio, solicitaron decretar la pérdida de
investidura de la diputada de la Asamblea Departamental del Magdalena Ángela
María Cedeño Ruiz, electa para el período 2024-2027, por la violación del régimen
del conflicto de intereses y de las nomas sobre impedimentos y recusaciones
establecidas, entre otras, en los artículos 141 del CGP, 11 numeral 2, 12 y 130 del
CPACA.

1.2. Presupuestos fácticos de las solicitudes

2. Indicaron que el 5 y 6 de marzo de 2025, el Departamento del Magdalena
radicó ante la Asamblea Departamental el Proyecto de Ordenanza núm. 123 de
2025, «por medio del cual se adiciona el superávit fiscal generado al cierre de
vigencia fiscal 2024, y se realizan algunas modificaciones presupuestales dentro
del Presupuesto General de Ingresos y Gastos del Departamento del Magdalena
para la vigencia fiscal 2025».

3. Señalaron que el 28 de marzo de 2025, la diputada Ángela María Cedeño
Ruiz, en su calidad de presidenta de la Asamblea Departamental devolvió el
referido proyecto de ordenanza por la presunta falta de unidad de materia, con

1 Cfr. Índice No. 1 del sistema de gestión judicial del Tribunal, SAMAI.

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fundamento en lo dispuesto en los artículos 131 y 132 del Reglamento Interno de
la Corporación (Ordenanza 162 de 2023).

4. Expresaron que el 31 de marzo de 2025, el Gobernador del Magdalena,
Rafael Alejandro Martínez, interpuso recurso de apelación ante la Plenaria de la
Asamblea en contra de la decisión de devolución, con fundamento en el artículo
132 del Reglamento Interno.

5. Mencionaron que el 7 de abril de 2025, en sesión plenaria de la Asamblea
Departamental, la diputada Cedeño Ruiz presentó escrito manifestando no estar
impedida para participar en la decisión del recurso de apelación. Recalcaron que,
en esta misma sesión, la diputada Linda Luz Cabarcas advirtió que la presidenta
de la Asamblea debía apartarse de la decisión, invocando las normas sobre
impedimentos y recusaciones. Una vez se sometió a votación la proposición sobre
el impedimento, este no prosperó.

6. Afirmaron que la Plenaria negó el recurso de apelación interpuesto por el
Gobernador, ratificando la devolución del proyecto por falta de unidad de materia
y que la diputada Cedeño Ruiz participó y votó esa decisión.

7. Atendiendo estos hechos, los demandantes aseveraron que la diputada violó
el régimen de conflicto de intereses por cuanto participó en la deliberación y
votación de un asunto respecto del cual había emitido la decisión de primera
instancia, sin declararse impedida. A su juicio, la devolución del proyecto
constituyó una decisión de fondo, no un simple acto de trámite y que la
participación posterior de la presidenta en la resolución de la apelación configuró
un conflicto objetivo derivado de haber conocido previamente del asunto. Invocó
como refuerzo de su tesis, los principios de imparcialidad objetiva y subjetiva del
artículo 29 de la Constitución Política.

8. Sostuvieron que la diputada tenía un interés moral y directo en la decisión,
derivado de su condición de opositora al gobierno departamental, lo cual, a su
entender, la motivó a impedir la ejecución de recursos públicos destinados a obras
y servicios en el departamento.

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9. En las demandas se solicitó además la medida cautelar de suspensión de la
elección de la diputada accionada.

II. TRÁMITE DE LA ACUMULACIÓN

10. Las solicitudes de pérdida de investidura objeto de este pronunciamiento
fueron formuladas de manera independiente por Carlos Mario Rojas Centeno y
Roberto Carlos Correa Múñoz ante el Tribunal Administrativo del Magdalena. La
primera solicitud fue presentada el 14 de julio de 2025 por el señor Carlos Mario
Rojas Centeno y radicada bajo No. 47-001-2333-000-2025-00167-00 y fue y
admitida mediante auto del 31 de julio de 2025. La segunda, fue presentada el 30
de julio de 2025 por el señor Roberto Carlos Correa Muñoz, radicada bajo el
radicado No. 47-001-2333-000-2025-00186-00, y admitida por auto del 1 de agosto
de 2025, cuya ponencia correspondió a la Magistrada Martha Lucía Mogollón.

11. Verificada la identidad de sujeto pasivo, causa petendi y objeto litigioso
entre ambos procesos, la Magistrada Mogollón Saker dispuso, mediante
providencia del 12 de agosto de 2025, la remisión del expediente al despacho de
la Magistrada sustanciadora Maribel Mendoza Jiménez para que se estudiara la
pertinencia de la acumulación. Por medio de auto del 19 de agosto de 2025, el
despacho sustanciador ordenó la acumulación del proceso No. 47-001-2333-000-
2025-00186-00 al trámite del proceso No. 47-001-2333-000-2025-00167-00, por
ser este último aquel en el que se profirió la primera admisión.

12. La acumulación se fundamentó en el artículo 16 de la Ley 1881 de 2018,
que dispone que cuando se formulen acusaciones por varios ciudadanos, estas se
acumularán a la admitida primero, siempre que no se haya decretado la práctica
de pruebas, en concordancia con los artículos 148 y 149 del Código General del
Proceso, relativos a la procedencia y competencia en materia de acumulación de
procesos declarativos. El Tribunal constató que ambos trámites se encontraban en
la misma etapa procesal y que la remisión fue ordenada con anterioridad al decreto
de pruebas, cumpliéndose así la exigencia temporal prevista por la ley. En la
misma providencia se decretaron las pruebas solicitadas por los demandantes y
se fijó fecha para la audiencia pública de que tratan los artículos 11 y 12 de la Ley
1881 de 2018.

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III. LA CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD

13. La diputada accionada por conducto de apoderado judicial se opuso a las
pretensiones de las demandas y solicitó su desestimación integral2.

14. Sostuvo que en el caso no se configuraba la causal de pérdida de
investidura por violación del régimen de conflicto de intereses, ya que su actuación
se desarrolló en el ejercicio regular de sus competencias constitucionales, legales
y reglamentarias, sin que se acreditara en su favor, o en favor de terceros
vinculados a ella, un interés particular, actual y directo susceptible de traducirse
en provecho, beneficio o utilidad concreta. Asimismo, solicitó rechazar cualquier
medida cautelar incompatible con la naturaleza del proceso o carente de los
requisitos legales.

15. Adujo que no se satisfacía el elemento objetivo de la causal invocada, por
cuanto la devolución del Proyecto de Ordenanza No. 123 de 2025 por presunta
falta de unidad de materia constituyó un acto de trámite y de control formal
expresamente previsto en el artículo 132 del Reglamento Interno de la Asamblea
Departamental del Magdalena, y no una decisión material o de fondo sobre el
contenido del proyecto. En esa medida, afirmó que la intervención inicial de la
accionada en calidad de presidenta de la Duma respondió únicamente al deber
funcional de asegurar la regularidad del procedimiento legislativo interno.

16. Expuso que la resolución del recurso de apelación correspondía a la Plenaria
de la Asamblea como órgano colegiado, de suerte que la participación posterior
de la presidenta no podía entenderse como «juzgamiento de su propio acto» ni
como revisión unipersonal de una determinación previa. Señaló que, en esa fase,
Ángela Cedeño intervino no solo como presidenta, sino también en su condición
de diputada, con voz y voto en igualdad de condiciones frente a los demás
integrantes de la corporación, de modo que su voto era apenas uno entre varios y
no determinaba por sí mismo el sentido de la decisión colegiada.

17. Señaló que no existe disposición constitucional, legal o reglamentaria que
obligue automáticamente al presidente de la Asamblea a apartarse de la

2 Cfr. Índice No. 22 del sistema de gestión judicial del Tribunal, SAMAI.

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deliberación y votación del recurso de apelación que conoce la Plenaria, cuando
la decisión inicial adoptada por la presidencia recae sobre un control formal del
trámite, como ocurre con la verificación de la unidad de materia.

18. Añadió que aceptar la tesis del actor implicaría crear, por vía interpretativa y
analógica, un impedimento automático no previsto en el ordenamiento,
restringiendo indebidamente los derechos, deberes y facultades reglamentarias de
la diputada, lo cual además afectaría el normal ejercicio de la representación
política para la cual fue elegida.

19. Indicó que no se demostró la existencia de un ánimo de retaliación,
desviación de poder o propósito de favorecer o perjudicar intereses personales o
de terceros. Recalcó que la actuación de la diputada estuvo guiada exclusivamente
por motivaciones funcionales y por el cumplimiento del reglamento interno, sin que
pudiera inferirse válidamente que antepuso una conveniencia privada al interés
general. Incluso afirmó que la sola intervención en decisiones procedimentales o
reglamentarias no configura, por sí misma, conflicto de intereses, mientras no se
acredite un provecho personal o un propósito retaliativo específico.

20. Adujo que la carga probatoria del demandante permanecía insatisfecha,
porque este no individualizó el supuesto beneficio perseguido por la diputada ni
explicó su contenido concreto, esto es, si era económico, patrimonial, moral o en
favor de terceros relacionados. Tampoco precisó el nexo causal entre ese eventual
interés y la participación de Ángela Cedeño en la votación del recurso. Por ello,
calificó los señalamientos de la demanda como afirmaciones genéricas, valorativas
y carentes de demostración suficiente para estructurar la causal del numeral 1 del
artículo 48 de la Ley 617 de 2000.

21. Arguyó que no se configuraba materialmente la causal de pérdida de
investidura, debido a que el régimen de conflicto de intereses opera cuando existe
un interés privado concreto que se contrapone al interés público en decisiones
susceptibles de reportar utilidad personal, como ocurre típicamente en actuaciones
relacionadas con aprobación de ordenanzas, elecciones o nombramientos, pero
no en actos procedimentales internos que, por sí mismos, no generan ventaja
singular para el servidor público. Sobre esa base, concluyó que la devolución del
proyecto y la posterior intervención en la apelación eran manifestaciones del

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cumplimiento de deberes funcionales, no del ejercicio de un interés privado
incompatible con la función pública.

22. Finalmente, invocó como precedente aplicable la sentencia proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado el 11 de noviembre de 2021 (Rad. 47001-
23-33-000-2021-00263-01(PI)), en el caso de la diputada Claudia Patricia Aarón
Viloria, en la cual se estableció que el ejercicio de facultades reglamentarias del
presidente de una asamblea departamental no configura por sí solo el conflicto de
intereses exigido para la pérdida de investidura.

IV. LA SENTENCIA PROFERIDA EN PRIMERA INSTANCIA

23. El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia de 29 de
agosto de 20253, negó la solicitud de pérdida de investidura formulada contra la
diputada Ángela María Cedeño Ruiz, al concluir que no se acreditaron los
elementos estructurales de la causal de conflicto de intereses.

24. De manera general el a quo precisó que el problema jurídico del caso
consistía en determinar si procedía la desinvestidura por la participación de la
diputada en la sesión plenaria del 7 de abril de 2025, en la que se resolvió el
recurso de apelación interpuesto contra la decisión previa de devolver el Proyecto
de Ordenanza núm. 123 de 2025, y si la omisión de manifestar el impedimento
bastaba por sí sola para estructurar la causal alegada.

25. El Tribunal consideró que la devolución del proyecto de ordenanza efectuada
el 28 de marzo de 2025 por la presidenta de la Asamblea, constituyó un control
formal de unidad de materia y, por ende, un acto de trámite previsto
reglamentariamente, más no una decisión material sobre el contenido del proyecto.
En esa dirección, entendió que la actuación de la presidencia se insertó en el
diseño procedimental fijado en los artículos 131 y 132 del reglamento interno de la
Corporación, que atribuyen al presidente la verificación inicial de la unidad de
materia y la devolución del proyecto cuando esta se estime vulnerada.

3 Cfr. Índice No. 40 del sistema de gestión judicial del Tribunal, SAMAI.

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26. Sostuvo que la apelación fue decidida por la Plenaria de la Asamblea como
órgano colegiado, de modo que la intervención posterior de la presidenta no podía
asimilarse a una revisión de su propio acto. Explicó que la decisión del 7 de abril
de 2025 fue adoptada por la Plenaria dentro de una segunda instancia orgánica
prevista en el reglamento, y que la diputada intervino allí con un voto entre varios,
sin que ello transformara el control formal inicial en una decisión material
exclusivamente suya.

27. Igualmente, concluyó que no se acreditó la existencia de un beneficio
particular, actual y directo en cabeza de la diputada, ni tampoco de terceros
vinculados a ella, ni el nexo causal entre ese eventual provecho y su intervención
en la votación. Según la Sala, las afirmaciones de la parte actora sobre un
supuesto “interés político” eran genéricas y no individualizaban un provecho
jurídicamente relevante y prohibido por la ley, razón por la cual no se satisfacían
los elementos estructurales exigidos por el artículo 56 de la Ley 2200 de 2022.

28. También precisó que el Proyecto de Ordenanza núm. 123 de 2025 versaba
sobre una materia presupuestal de alcance general, consistente en la adición del
superávit fiscal de la vigencia 2024 y en modificaciones al presupuesto general de
ingresos y gastos del Departamento para la vigencia 2025. A partir de ello, estimó
que el asunto encuadraba en la exclusión prevista en el literal a) del artículo 56 de
la Ley 2200 de 2022, conforme a la cual no se configura conflicto de intereses
cuando se participa en la discusión o votación de proyectos de carácter general,
en los que el interés del diputado coincide con el de sus electores.

29. Indicó que la sola omisión de manifestación de un impedimento no constituye,
por sí misma, una causal autónoma de pérdida de investidura. Señaló que, aun
cuando esa circunstancia podría suscitar otro tipo de consecuencias, la
desinvestidura solo sería procedente si, además, se demostraba la configuración
material del conflicto de intereses, esto es, la concurrencia de un interés personal
y concreto que comprometiera la decisión. Como ello no ocurrió en el presente
caso, descartó que la omisión alegada bastara para sancionar a la diputada.

30. Con fundamento en todo lo anterior, concluyó que no concurrían los
elementos legales de la causal invocada, por cuanto la actuación del 28 de marzo
de 2025 correspondió a un acto de trámite de control formal, la decisión del 7 de

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abril de 2025 fue adoptada por un órgano colegiado y no se probó un beneficio
particular, actual y directo ni su nexo causal con la intervención de la diputada. En
consecuencia, negó las pretensiones de la demanda de pérdida de investidura.

V. RECURSO DE APELACIÓN

31. El demandante Carlos Mario Rojas Centeno pidió revocar la sentencia
proferida en primera instancia y en su lugar que se decrete la pérdida de la
investidura. Fundamentó su inconformidad en que el Tribunal erró al desestimar la
configuración de la causal invocada al restarle alcance jurídico a la actuación
cumplida por la presidenta de la Asamblea en el trámite del Proyecto de Ordenanza
núm. 123 de 2025.

32. Alegó que el Tribunal se equivocó al atribuir un carácter instrumental a la
devolución del proyecto de ordenanza por falta de unidad de materia, ya que, a su
juicio, se trató de una auténtica decisión reglamentaria de orden material y de
fondo, esto es, de una verdadera manifestación de voluntad de la administración.
Añadió que el reglamento interno de la Asamblea no califica esa actuación como
una simple decisión de trámite y que, por regla general, frente a decisiones de esa
naturaleza no procede recurso alguno. Por el contrario, subrayó que contra la
decisión de devolución sí procede apelación ante la Plenaria, precisamente para
que esta pueda corregirla o mantenerla, lo que, en su criterio, revela que no se
está ante una actuación meramente instrumental.

33. Sostuvo que el Tribunal minimizó indebidamente el alcance de la
participación de la diputada en la Plenaria que resolvió la apelación. En ese
sentido, reprochó que la sentencia de primera instancia se refiriera al
pronunciamiento de la presidenta como una simple «determinación», cuando,
según el apelante se trató de una decisión de fondo cuya confirmación posterior
en Plenaria contó con el concurso decisivo de la propia diputada. Afirmó
expresamente que el voto de Ángela Cedeño fue determinante, en tanto, sin su
intervención y votación, no se habría aprobado en Plenaria la negativa del recurso
de apelación interpuesto contra la decisión inicial.

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34. Cuestionó la conclusión del Tribunal según la cual la falta de declaración de
impedimento no bastaba para estructurar la pérdida de investidura y solo podría
dar lugar, eventualmente, a consecuencias disciplinarias. Sobre ese punto, el
apelante planteó que, si la propia sentencia admitía la eventual relevancia
disciplinaria de la conducta, no se explicaba por qué el Tribunal no compulsó
copias a la Procuraduría General de la Nación para que se adelantara la
correspondiente investigación.

35. Por último, insistió en que sí existía un interés directo y moral de la diputada,
el cual, según afirmó, fue ignorado por el fallo apelado. Señaló que Ángela Cedeño
era opositora al gobierno departamental y que dicha oposición había trascendido
al plano personal, al punto de decirle no a todos los proyectos presentados por el
Departamento. Con base en esto, sostuvo que la diputada sobrepuso sus ideales
personales a los intereses de la comunidad en general y que esa conducta había
incidido en la parálisis de recursos públicos destinados a terminar obras,
suministros, implementación de políticas públicas y dotación de hospitales en el
Departamento del Magdalena.

VI. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

36. Por auto de 16 de diciembre de 20254 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 29 de agosto de 2025,
notificada por correo electrónico el 4 de septiembre de 2025. En este mismo auto
se ordenó correr traslado a la demandada y al Ministerio Público por el término de
tres días, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 14 de la Ley
1881 de 15 de enero de 20185.

37. El traslado del recurso de apelación fue descorrido así:

38. La parte accionada no allegó pronunciamiento dentro del traslado del recurso
de apelación.

4 Cfr. Samai. Índice 00004, expediente principal de segunda instancia.
5 Cfr. “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se

consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.

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39. El Ministerio Público a través de la Procuraduría Delegada de Intervención
10 Quinta ante el Consejo de Estado, rindió concepto el 16 de enero de 20266, en
el que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia. En sustento de su
posición, señaló que dentro del proceso no se logró acreditar la existencia de un
conflicto de intereses en cabeza de la diputada.

40. Asimismo, compartió el razonamiento del Tribunal según el cual no es posible
predicar la configuración de un conflicto de intereses frente a un proyecto de
ordenanza de carácter general, como lo es el presupuesto departamental, de
conformidad con lo previsto en el artículo 56 de la Ley 2200 de 2022.

41. Por último, precisó que no puede afirmarse que el voto de la diputada haya
sido determinante, ya que la decisión con efectos jurídicos es la adoptada por la
mayoría de los integrantes de la Corporación, siendo el voto de la accionada
equivalente al de cualquiera de los demás miembros de la Asamblea
Departamental.

VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
7.1. Competencia

42. La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instancia,
de acuerdo con el artículo 1507 del CPACA, el parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley
617 de 9 de octubre 20008 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20199,
sobre distribución de los procesos entre las secciones del Consejo de Estado.

7.2. Cuestión previa

6 Índice No. 00008 del sistema de gestión judicial SAMAI.
7 En el que se prevé que esta corporación conocerá de las apelaciones interpuestas contra las

sentencias de los tribunales administrativos en primera instancia.
8 Cfr. “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de

1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece que corresponde al Consejo de Estado
conocer en segunda instancia de las pérdidas de investidura que conozcan en primera instancia
los Tribunales Administrativos.
9 Reglamento Interno del Consejo de Estado, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 de 2024,

que regula la distribución de negocios entre las secciones.

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43. La Sala advierte que respecto de la diputada Ángela María Cedeño Ruiz se
han proferido por parte de esta Corporación dos decisiones en procesos de
pérdida de investidura en los que se invocó la misma causal de violación del
régimen de conflicto de intereses, a saber: (i) La sentencia del 17 de octubre de
2025, dictada dentro del radicado núm. 47001-23-33-000-2025-00134-01, y (ii) la
sentencia del 28 de mayo de 2026, proferida dentro del radicado núm. 47001-23-
33-000-2025-00117-01, en la cual se declaró la cosa juzgada respecto de la
primera.

44. No obstante lo anterior, verificados los presupuestos del artículo 303 del
Código General del Proceso, la Sala concluye que el fenómeno de la cosa juzgada
no se configura en el presente asunto, por cuanto no concurre la identidad de
causa petendi del caso sub judice respecto de los casos ya resueltos.

45. En efecto, en los procesos anteriores el reproche formulado contra la
accionada se sustentó en hechos relacionados con su participación en la elección
de la mesa directiva de la Asamblea Departamental para el período 2025 —
sesiones del 26 de noviembre de 2024 y del 6 de marzo de 2025—, la permanencia
en el cargo de presidenta pese a la medida cautelar de suspensión provisional de
su elección, la suscripción de contratos estando suspendida del ejercicio de dicho
cargo y la aceptación de una nueva postulación en la sesión de elección de la
mesa directiva provisional. En aquellos trámites, el interés particular alegado
consistió en la pretensión de conservar la presidencia de la corporación y
beneficiar a los demás diputados vinculados al proceso de elección.

46. En contraste, la solicitud que se examina en el presente proceso se funda en
hechos sustancialmente diferentes, esto es, la devolución del Proyecto de
Ordenanza núm. 123 de 2025 por falta de unidad de materia, dispuesta el 28 de
marzo de 2025, y la posterior participación y votación de la accionada en la sesión
plenaria del 7 de abril de 2025, en la cual se resolvió el recurso de apelación
interpuesto contra dicha devolución. Así las cosas, en el caso sub judice, el interés
particular invocado por los accionantes se estructura sobre la doble participación
de la accionada en un mismo asunto y la supuesta oposición política al gobierno
departamental. Se trata de una causa petendi diferente en la medida en que ni los

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supuestos fácticos ni el interés particular que se pretende atribuir a la diputada
guardan correspondencia con los que sustentaron los procesos anteriores.

47. En consecuencia, al no verificarse la identidad de causa que exige la
configuración de la cosa juzgada, la Sala se encuentra habilitada para
pronunciarse de fondo sobre la solicitud que ocupa su conocimiento.

48. De otra parte se precisa que aunque bien Carlos Mario Rojas, también invocó
como sustento de su petición de desinvestidura las causales de impedimento
consagradas en el numeral 2 del artículo 11 de la Ley 1437 de 18 de enero de
2011 (CPACA) y en el numeral 2 del artículo 141 del Código General del Proceso,
relativas a «haber conocido del asunto, en oportunidad anterior», dado que en el
recurso de apelación no hizo referencia a estas causales ni precisó su
inconformidad en este punto con la decisión del Tribunal, la Sala no abordará estos
temas por restringirse su intervención a los precisos términos en que se formula la
alzada.

7.3. La condición de diputado de la accionada

49. La condición de la señora Ángela María Cedeño Ruiz como diputada de la
Asamblea Departamental del Magdalena para el período constitucional 2024–2027
se encuentra acreditada con el Formulario E-26 ASA de 29 de octubre de 2023,
obrante en el expediente, mediante el cual se declaró su elección.

7.4. Problema jurídico

50. Corresponde a la Sala determinar si procede decretar la desinvestidura de la
accionada, por violación del régimen de conflicto de intereses, con ocasión a su
participación en la sesión plenaria que resolvió el recurso de apelación interpuesto
contra la decisión de devolución de un proyecto de ordenanza presupuestal por
falta de unidad de materia, la cual fue adoptada por la propia accionada en calidad
de presidenta de la Corporación pública territorial.

51. En aras de resolver este interrogante, la Sala examinará si están acreditados
todos los elementos que, conforme al artículo 56 de la Ley 2200 de 2022 y la

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jurisprudencia de esta Corporación, estructuran la causal invocada. A estos
efectos, se abordarán los siguientes temas (i) los supuestos fácticos acreditados
dentro del expediente; (ii) la naturaleza jurídica de la decisión de devolución de un
proyecto normativo por falta de unidad de materia; (iii) la participación de quien
preside la Corporación en la decisión colegiada que resuelve la apelación contra
su propia determinación, como fuente de un supuesto conflicto de intereses; (iv) la
oposición política al gobierno departamental como fundamento del interés
particular, directo y actual exigido por la ley como causal de desinvestidura y (v) la
omisión de declararse impedido como causal autónoma de pérdida de investidura.

7.5. Sobre el elemento objetivo

7.5.1. Los elementos fácticos de la controversia

52. Los demandantes estructuraron la solicitud de pérdida de investidura sobre
unos mismos supuestos fácticos no controvertidos por las partes: (i) Que el 5 y 6
de marzo de 2025, el Departamento del Magdalena radicó ante la Asamblea
Departamental el Proyecto de Ordenanza 123 de 2025, «por medio del cual se
adiciona el superávit fiscal generado al cierre de vigencia fiscal 2024, y se realizan
algunas modificaciones presupuestales dentro del Presupuesto General de
Ingresos y Gastos del Departamento del Magdalena para la vigencia fiscal 2025»;
(ii) Que el 28 de marzo de 2025, la diputada Ángela María Cedeño Ruiz, en su
calidad de Presidenta de la Asamblea Departamental, dispuso la devolución del
proyecto por la presunta falta de unidad de materia, en aplicación de los artículos
131 y 132 del Reglamento Interno (Ordenanza 162 de 2023); (iii) Que el 31 de
marzo de 2025, el Gobernador del Magdalena interpuso recurso de apelación ante
la Plenaria con fundamento en el artículo 132 del mismo Reglamento; y (iv) Que
en la sesión el 7 de abril de 2025, en la cual participó la accionada, se negó la
apelación interpuesta, ratificando la devolución del proyecto.

53. La Sala constató que, en la sesión del 7 de abril de 2025, según consta en el
material probatorio obrante en el expediente, la diputada Cedeño Ruiz presentó
escrito manifestando no encontrarse impedida para participar en la decisión. En el
acta No. 13 del primer periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea

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Departamental del Magdalena, para el periodo constitucional 2024-2027, se
consignó lo anterior en los siguientes términos textuales:

“A la suscrita no le asiste interés particular actual ni directo sobre el mismo,
más allá del cumplimiento de sus funciones como Presidente de la
Corporación para rechazar un proyecto que no reúna los requisitos legales, en
especial si éste no guarda unidad de materia, tal como preceptúa el artículo
132 de la Ordenanza 162 de 2023, así: ”artículo 132, unidad de materia, todo
Proyecto de Ordenanza, debe referirse a una misma materia, serán
inadmisibles las disposiciones que no se relacionen con la misma temática, el
Presidente de la Asamblea rechazará las iniciativas que no se ajusten a este
precepto, pero sus decisiones serán apeladas ante la Plenaria de la Asamblea,
en virtud de lo anterior, no existe mérito alguno, ni razón válida para que me
declare impedida en el trámite y decisión que adopte en la apelación, que se
debe surtir sobre dicho proyecto en esta Corporación, no obstante, en aras de
la transparencia y el debido proceso, en la actuación administrativa someto la
recusación que se me hace ante la Plenaria en la forma como dispone nuestro
reglamento.”10

54. Frente a esa manifestación obra en el plenario prueba de que la diputada
Linda Luz Cabarcas intervino advirtiendo que la presidenta debía apartarse del
conocimiento del punto del orden del día, invocando las normas que regulan el
régimen de impedimentos y recusaciones:

“Cabarcas: En este punto del orden del día tan importante y que durante todos
estos días hemos estado esperando que se llegue el momento de la apelación,
sobre el tema del Superávit y usted lo manifestó en el oficio anteriormente,
pues es lo que nosotros hemos entendido, que usted no se va a declarar
impedida y frente a este tema, yo sí le solicito al señor Secretario que se sirva
por favor leer el documento que yo radiqué en Secretaría, por favor, señor
secretario. La Presidente da la orden al Secretario para darle lectura al
documento presentado por la Diputada Linda Cabarcas siendo las 09:30 am.
El Secretario manifiesta: Estando en el quinto punto, vía WhatsApp recibo el
siguiente documento: Señores, Asamblea Departamental del Magdalena,
ciudad. Referencia: Solicitud de declaratoria de impedimento de la Presidente
de la Asamblea Departamental del Magdalena, para intervenir en el debate y
decisión del recurso de apelación interpuesto contra la devolución del proyecto
de ordenanza 123 del 2025. Respetados Diputados, me permito presentar
ante la plenaria de esta Honorable Asamblea la siguiente solicitud, con base
a los principios de legalidad, de imparcialidad y respecto al debido proceso
legislativo. Hechos 1) El Proyecto de Ordenanza 123 del 2025, fue presentado
por el señor Gobernador del Departamento del Magdalena con el objeto de
adicionar el superávit fiscal 2024 y efectuar modificaciones presupuestales en
la vigencia 2025. 2) Mediante comunicación oficial ADMP 052 del 28 de
febrero del 2025, la Presidencia de la Asamblea Departamental decidió
devolver el mencionado proyecto argumentando presunta violación al principio
de unidad de materia. Tres, frente a dicha decisión el Gobernador interpuso
recurso de apelación ante la plenaria con fundamento al artículo 132 de
reglamento interno, ordenanza 162 del 2023, solicitando que la Corporación

10 Índice No. 00034 del sistema de gestión judicial del Tribunal de primera instancia, SAMAI.

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revoque la devolución y permita el trámite reglamentario del proyecto. Cuarto,
la Presidente de la Asamblea quien fue la autora de la decisión apelada, ha
anunciado su participación activa en el debate y la votación de la plenaria que
resolverá el recurso. Fundamento jurídico de la solicitud de impedimento. 1)
Reglamento Interno de la Asamblea: “Artículo 81, configura conflicto de interés
cuando el interés particular de un Diputado afecta su imparcialidad para
otorgar las decisiones objetivas. Artículo 82, obliga a cualquier Diputado que
tenga un motivo legal o ético a abstenerse, a declararse, impedido ante la
plenaria. 2) Ley 2200 del 2022, artículo 20, es prohibido a las Asambleas
Departamentales en ejercicio de sus atribuciones: “Numeral 7, las demás
establecidas en la constitución y la ley, por aplicación analógica de las
disposiciones de la constitución política en su artículo 183, el artículo 11 de la
ley 1437 del 2011 “cuando el interés general propio de la función pública entre
en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, éste deberá
declararse impedido. Todo Servidor Público que deba adelantar o sustanciar
actuaciones administrativas, realizar investigaciones, prácticas de prueba o
pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su
impedimento por: Numeral 2, haber conocido del asunto en oportunidad
anterior, el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus
parientes, indicados en el numeral precedente. La Presidencia conoció
previamente y emitió la decisión de devolución, hoy en sede de apelación no
debe actuar por ser originaria de la decisión y porque no tiene competencia
para resolver la decisión, sino la plenaria en su conjunto. Se configura el
impedimento cuando un Diputado ha participado previamente en decisiones
que afectan el contenido de lo que posteriormente deba resolverse. 1)
Constitución Política: La intervención indebida en decisiones donde exista
interés directo o violación al régimen de inhabilidad e incompatibilidad puede
dar lugar a la pérdida de investidura. Cuarto, Principio de Imparcialidad
Administrativa y debido proceso, el interés institucional exige que quien fue
proferido un acto administrativo susceptible de ser revisado, no participe en la
decisión del recurso interpuesto contra ese mismo acto por evidente conflicto
de interés. Petición: En consecuencia y con base en las normas citadas
solicitamos, primero, que la Honorable Presidenta de la Asamblea
Departamental se declare impedida para participar en la deliberación y
votación del recurso de apelación presentado contra la decisión que ella
misma profirió. Segundo, que en caso de no hacerlo, la plenaria de la
Asamblea decida sobre su posible impedimento, conforme al procedimiento
reglamentario. Tercero, que se deje constancia de esta solicitud en el Acta de
la sesión con el fin de garantizar el debido proceso y la legalidad de lo actuado.
Esta solicitud se formula con el ánimo de preservar la legalidad del
procedimiento legislativo, proteger la seguridad jurídica de los actos de la
Asamblea y evitar eventuales vicios de nulidad o responsabilidad disciplinaria
y constitucional.”11

55. Igualmente, en la misma acta consta que se sometió a votación una
proposición sobre la recusación de la diputada la cual fue desestimado:

“En consideración a la solicitud puesta por la Diputada Linda Cabarcas,
votación nominal y pública le solicito votación nominal y pública al escrito
presentado por la Diputada Linda Cabarcas, en las cuales me manifiesta que
tengo conflicto de interés para votar la apelación realizada, solicitada por el
señor Gobernador Rafael Martínez, haga el llamado a lista Secretario para la

11 Ibidem

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votación nominal y pública solicitada por la Diputada Linda Cabarcas. El
Secretario procede hacer el llamado a lista para la votación nominal y pública
frente a la proposición. ARIAS ORTIZ EDGAR JERÓNIMO. Positivo,
CABARCAS SUAREZ LINDA LUZ. Positivo, CEDEÑO RUIZ ÁNGELA MARÍA.
Negativo, CHARRIS PIZARRO MARÍA DEL SOCORRO. Positivo, GARCÍA
RIVERA MARTA LILIANA. Negativo, GUERRA ZÚÑIGA MARÍA MARGARITA.
Positivo, GUTIÉRREZ URIBE ALBERTO MARIO. Negativo, JIMÉNEZ
RODRÍGUEZ ROSA IDALIA. Negativo, MARTÍNEZ CANTILLO MALLATH
PAOLA. Negativo, NOYA GARCÍA RAFAEL EMILIO. Positivo, PINEDO
PANETTA YOHAN ALFONSO. Positivo, SÁNCHEZ VÁSQUEZ CANDY
JULIETH. Negativo, ZAWADY PUPO AMED JOSÉ. Negativo. Con 7 votos
negativos y 6 votos positivos ha sido negada la proposición presentada por la
honorable Diputada Linda Cabarcas.”12

56. Posterior a ello consta que la diputada Cedeño Ruiz participó y votó en la
decisión que resolvió negar el recurso de apelación del Gobernador:

“Interviene la Presidente: en este momento vamos a votar la apelación
solicitada por el señor Gobernador del Departamento del Magdalena, en la
solicitud presentada por la Diputada Marta García, para la votación nominal y
pública ante la apelación presentada por el Gobernador del Departamento del
Magdalena. El Secretario procede hacer el llamado a lista para la votación
nominal y pública. ARIAS ORTIZ EDGAR JERÓNIMO. Positivo, CABARCAS
SUAREZ LINDA LUZ. Positivo, CEDEÑO RUIZ ÁNGELA MARÍA. Negativo,
CHARRIS PIZARRO MARÍA DEL SOCORRO. Positivo, GARCÍA RIVERA
MARTA LILIANA. Negativo, GUERRA ZÚÑIGA MARÍA MARGARITA.
Positivo, GUTIÉRREZ URIBE ALBERTO MARIO. Negativo, JIMÉNEZ
RODRÍGUEZ ROSA IDALIA. Negativo, MARTÍNEZ CANTILLO MALLATH
PAOLA. Negativo, NOYA GARCÍA RAFAEL EMILIO. Positivo, PINEDO
PANETTA YOHAN ALFONSO. Positivo, SÁNCHEZ VÁSQUEZ CANDY
JULIETH. Negativo, ZAWADY PUPO AMED JOSÉ. Negativo.”13 (Negrilla de
la Sala).

57. De los hechos descritos, es claro que la accionada intervino en dos
momentos sucesivos: (i) como presidenta de la Corporación, al disponer la
devolución del Proyecto de Ordenanza por falta de unidad de materia y (ii) como
diputada integrante de la Plenaria, al participar y votar en la decisión que resolvió
el recurso de apelación interpuesto contra esa misma devolución. Es esa
secuencia la que a juicio de los demandantes configura la violación del régimen de
conflicto de intereses.

58. Ahora bien, para que la conducta descrita configure la causal de pérdida de
investidura invocada por conflicto de intereses resulta necesario acreditar, de

12 Ibidem
13 Ibidem

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manera concurrente, los elementos que la ley y la jurisprudencia exigen para estos
efectos, a saber: (i) que la accionada ostente la calidad de diputada —extremo ya
verificado—; (ii) que exista en su cabeza un beneficio directo, particular y actual,
de orden económico o moral, derivado de su participación en la decisión; (iii) que
la accionada no hubiese manifestado su impedimento ni haya sido separada del
conocimiento del asunto por recusación; (iv) que efectivamente haya conformado
el cuórum y haya participado en el debate o votación; y (v) que esa participación
haya tenido lugar en un asunto de conocimiento funcional de la Corporación.

59. De los elementos mencionados el debate del caso sub judice se concentra
en el segundo, es decir, en la existencia de un interés directo, particular y actual
que la diputada accionada hubiera antepuesto al interés general al participar en la
sesión plenaria del 7 de abril de 2025. Este análisis, exige abordar en los siguientes
numerales, varios de los reproches planteados por el recurrente frente a la decisión
del a quo y alrededor de los cuales se plantea la existencia del conflicto de
intereses.

7.5.2. Sobre la decisión consistente en la devolución de un proyecto de
Ordenanza por falta de unidad de materia.

60. En este punto el recurrente reprocha que el a quo hubiera considerado que
la decisión de devolución del proyecto de ordenanza era un acto de trámite y no
definitivo a pesar de que contra el mismo era procedente el recurso de apelación.

61. En aras de resolver el este reproche la Sala analizará lo dispuesto en el
Reglamento Interno de la Asamblea Departamental del Magdalena (Ordenanza
162 de 2023) con el fin de establecer qué etapas debe surtir un proyecto de
ordenanza y qué ocurre cuando este es objeto de devolución.

62. El titulo VI, capítulo I, artículos 130 y siguientes del Reglamento mencionado,
establecen los trámites que debe seguir un proyecto de Ordenanza. Por ser
pertinentes para resolver el cuestionamiento del apelante se transcriben las
siguientes disposiciones:

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“ARTÍCULO 130. INICIATIVA Pueden presentar proyectos de Ordenanza ante
la Secretaría General de la Asamblea, el Gobernador, por conducto de sus
Secretarios, los Diputados, el 30% de los Concejales del Departamento, no
menos del diez por ciento (10%) de los ciudadanos inscritos en el censo
electoral del Departamento y el Contralor Departamental en materias
relacionadas con sus atribuciones.116

PARÁGRAFO 1. Los proyectos de Ordenanza que fijen la estructura de la
Administración, las funciones de las diferentes dependencias, las escalas de
remuneración, la creación de establecimientos públicos, sociedades de
economía mixta, empresas industriales y comerciales, el presupuesto
Departamental y en todos los casos las Ordenanzas que decreten inversiones
y participaciones de fondos Departamentales, cesiones de bienes del
departamento y las que creen 115 Artículo 94 Ley 2200 116 Ley 1757 109
servicios a cargo del Departamento, deberán ser presentados a iniciativa del
Gobierno Departamental.

[…]

ARTÍCULO 131. PRESENTACION DE PROYECTOS Todo proyecto será
presentado ante la Secretaría General, en medio magnético, original en físico
y dos copias, la Secretaría lo numerará y lo remitirá a la presidencia para que
determine si hay unidad de materia y luego de subirlo a la página electrónica
lo enviará a la respectiva Comisión. El proyecto deberá tener los siguientes
acápites: 1. Exposición de motivos. 2. Título, encabezado 3. Preámbulo. 4.
Parte dispositiva. Articulado que debe referirse a una misma materia y serán
inadmisibles todas las disposiciones o modificaciones que no se relacionen
con el mismo. 5. Firma legible del autor o autores.

PARÁGRAFO 1. Cada proyecto de Ordenanza debe surtir dos debates,
dejando un intervalo de dos días entre el primer y segundo debate. El primer
debate se realizará en Comisión y el segundo debate se dará en Plenaria.
PARÁGRAFO 2. Los proyectos de las Ordenanzas que violen el principio de
unidad de materia serán devueltos por la presidencia de la Corporación.

ARTÍCULO 132. UNIDAD DE MATERIA Todo proyecto de Ordenanza debe
referirse a una misma materia. Serán inadmisibles las disposiciones que
no se relacionan con la misma temática. El Presidente de la Asamblea
rechazará las iniciativas que no se ajusten a este precepto, pero sus
decisiones serán apelables ante la Plenaria de la Asamblea. Los proyectos
de Ordenanza deben ir acompañados de una exposición de motivos en la que
se expliquen sus alcances y las razones que lo sustentan”. (Negrillas de la
Sala).

63. Además de las citadas, en el titulo VI, capítulo I del mencionado Reglamento
también se establecen los avales normativos, la designación de ponentes, los
términos para rendir ponencia, la acumulación de proyectos, archivos y las
apelaciones a las decisiones de archivo. Estas disposiciones en su conjunto
regulan el orden y el trámite que la Asamblea debe dar a las iniciativas de
ordenanzas con el fin de garantizar la participación de diferentes agentes y el
correcto rol de los diputados.

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64. Visto lo anterior, la Sala evidencia que la finalidad de la decisión de
devolución no es aprobar, negar o modificar el contenido del proyecto, sino
verificar el cumplimiento de un requisito formal previo al inicio del debate de fondo.
Así en efecto se indica en el parágrafo 2 del artículo 131 que dispone «los
proyectos de las Ordenanzas que violen el principio de unidad de materia serán
devueltos por la presidencia de la Corporación», mientras que el artículo 132
establece que las decisiones del presidente en esta materia «serán apelables ante
la Plenaria de la Asamblea».

65. De la lectura sistemática de estas disposiciones se colige que la devolución
cumple una función de filtro procedimental. La decisión sobre la admisibilidad
respecto al contenido del proyecto permanece radicada en la Plenaria de la
Corporación, que es el órgano que ostenta la voluntad colegiada.

66. En el caso concreto, la devolución no hizo imposible continuar la actuación;
por el contrario, activó otra vía dentro del mismo procedimiento, es decir, el recurso
de apelación ante la Plenaria. El trámite no se detuvo de forma definitiva, sino que
se sometió a una fase de revisión interna.

67. Esto significa que la apelación prevista en el Reglamento de la Asamblea es
en realidad un mecanismo de control interno del procedimiento, que permite al
órgano colegiado revisar la actuación de su presidente, sin que ello transforme la
naturaleza de la decisión inicial.

68. En este orden de ideas, puede concluirse que, la actuación de la diputada al
devolver el proyecto de ordenanza por falta de unidad de materia no constituyó,
conforme se indicó, un procedimiento administrativo en el sentido del CPACA, sino
el ejercicio de una competencia reglamentaria atribuida a la Presidencia de la
Asamblea por los artículos 131 y 132 del Reglamento Interno con la finalidad de
encauzar el procedimiento de expedición de las ordenanzas a nivel interno en la
Duma.

7.5.3. Sobre si la participación de la diputada en la decisión colegiada que
resuelve la apelación contra su propia determinación conlleva un
conflicto de interés.

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69. En el caso concreto, los accionantes invocaron como fundamento de sus
pretensiones de desinvestidura, lo establecido en el numeral 1 del artículo 60 de
la Ley 2200 de 22 de febrero de 2022, en concordancia con el numeral 1 del
artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000, que disponen, en lo pertinente,
que los diputados perderán su investidura cuando transgredan el régimen de
conflicto de intereses, así:

“ARTÍCULO 48.- Pérdida de investidura de diputados, concejales
municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras
locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de
juntas administradoras locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del conflicto de
intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar
asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a
las de la ciudadanía en general.

ARTÍCULO 60. PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA. Se decretará la pérdida de
investidura en los siguientes casos:

1. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto
de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar
asuntos que afecten al diputado en igualdad de condiciones a las de la
ciudadanía en general (…)”. (Negrillas de la Sala).

70. Además de las normas citadas anteriormente, tratándose del conflicto de
intereses no puede dejar se verse lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 2200 de
2022, norma especial en el caso de los diputados, define el conflicto de intereses
en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 56. CONFLICTO DE INTERESES. Todos los diputados deberán
declarar los conflictos de intereses que pudieran surgir en ejercicio de sus
funciones. Se entiende como conflicto de interés una situación donde la
discusión o votación de un proyecto de ordenanza, pueda resultar en un
beneficio particular, actual y directo a favor del diputado.

a) Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o
crea indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del diputado
de las que no gozan el resto de los ciudadanos.

b) Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las circunstancias
presentes y existentes al momento en el que el diputado participa de la
decisión.

c) Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica respecto del
diputado, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes
dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero
civil.

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Para todos los efectos se entiende que no hay conflicto de interés en las
siguientes circunstancias:

a) Cuando el diputado participe, discuta, vote un proyecto de ordenanza que
otorgue beneficios o cargos de carácter general, es decir cuando el interés del
diputado coincide o se fusiona con los intereses de los electores.

b) Cuando el beneficio podría o no configurarse para el diputado en el futuro.

c) Cuando el diputado participe, discuta o vote artículos de proyectos de
ordenanza de carácter particular, que establezcan sanciones o disminuyan
beneficios, en el cual, el diputado tiene un interés particular, actual y directo.
El voto negativo no constituirá conflicto de interés cuando mantiene la
normatividad vigente.

d) Cuando el diputado participe, discuta o vote artículos de proyectos de
ordenanza de carácter particular, que regula un sector económico en el cual
el diputado tiene un interés particular, actual y directo, siempre y cuando no
genere beneficio particular, directo y actual.

e) Cuando el diputado participa en la elección de otros servidores públicos
mediante el voto secreto. Se exceptúan los casos en que se presenten
inhabilidades referidas al parentesco con los candidatos.

PARÁGRAFO. Entiéndase por conflicto de interés moral aquel que presentan
los diputados cuando por razones de conciencia se quieran apartar de la
discusión y votación del proyecto.”

71. Sobre el conflicto de intereses como causal de desinvestidura, la
jurisprudencia reiterada de la Sala Plena del Consejo de Estado14 ha señalado que
deben cumplirse y acreditarse los siguientes elementos: (i) la calidad de diputado;
(ii) la concurrencia de un interés directo, particular y actual o inmediato en cabeza
de quien es diputado o su círculo cercano; (iii) su no manifestación de impedimento
o no haber sido separado del conocimiento del asunto por recusación; (iv) haber
conformado el cuórum o participado el diputado en el debate o votación del asunto;
y (v) que esa participación tenga lugar en un asunto de conocimiento funcional del
diputado. La ausencia de cualquiera de estos elementos impide la configuración
de la causal.

14 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 6 de junio de

2017. Proceso radicado no. 11001-03-15-000-2016-02279-00(PI). C.P. Jaime Orlando Santofimio
Gamboa. Vid. además Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. (i)
Sentencia de 5 de marzo de 2018. Proceso radicado no. 11001-03-15-000-2018-00318-00 (antes
11001-03-15-000-2017-02460-00). C.P. Gabriel Valbuena Hernández. (ii) Sentencia del 25 de
septiembre de 2019. Proceso radicado no. 11001-03-15-000-2019-02135-00(PI). C.P. Gabriel
Valbuena Hernández.

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72. Y, en relación con el segundo de los elementos enunciados, igualmente la
Sala Plena de esta Corporación ha precisado:

“No cualquier interés configura la causal de desinvestidura en comento, pues
se sabe que sólo lo será aquél del que se pueda predicar que es directo, esto
es, que per se el alegado beneficio, provecho o utilidad encuentre su fuente
en el asunto que fue conocido por el legislador; particular, que el mismo sea
específico o personal, bien para el congresista o quienes se encuentren
relacionados con él; y actual o inmediato, que concurra para el momento en
que ocurrió la participación o votación del congresista, lo que excluye sucesos
contingentes, futuros o imprevisibles. También se tiene noticia que el interés
puede ser de cualquier naturaleza, esto es, económico o moral, sin distinción
alguna”15.

73. La Corte Constitucional por su parte, prohijando la jurisprudencia del Consejo
de Estado en la materia, ha dicho que el conflicto de intereses se configura
«cuando existe una concurrencia antagónica entre el interés particular y el interés
público que afecta la decisión a tomar y obliga a declararse impedido a quien deba
tomarla»16.

74. Y esta Sección igualmente ha remarcado que el interés que da lugar al
conflicto debe ser particular, directo y actual17, precisando que reviste naturaleza
particular cuando se proyecta directamente sobre el servidor, de modo que el
asunto sometido a debate o decisión repercute en su esfera subjetiva o en la de
su cónyuge o compañero(a) permanente, sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o sus socios. Que el interés
es directo cuando la eventual afectación del servidor, de sus allegados o de sus
socios proviene del mismo asunto que debe conocer, esto es, cuando su fuente es
el asunto sometido a consideración y/o votación. Y, finalmente, es actual o
inmediato cuando se presenta al momento de la actuación, de manera que no
puede ser hipotético, futuro o puramente eventual, sino que debe comportar un

15 Consejo de Estado. Sala Plena De Lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 6 de junio de

2017. Proceso radicado no. 11001-03-15-000-2016-02279-00(PI). C.P. Jaime Orlando Santofimio
Gamboa.
16 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia del 1° de octubre de 2015. M.P. Gabriel Eduardo

Mendoza Martelo.
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de

primero 1 de febrero de 2018. MP. Oswaldo Giraldo López, expediente 66001-23-33-000-2017-
00089-01(PI Sentencia del 18 de febrero de 2021, expediente 85001 2333 000 2020 00012 02. MP.
Roberto Augusto Serrato Valdés. Consejo de Estado- Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
Sentencia del 9 de noviembre de 2016. MP. William Hernández Gómez, expediente. 11001-03-15-
000-2014-03117-00 (PI); entre otras.

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impacto real y contemporáneo en el cabildante municipal, sus familiares o sus
socios.

75. Teniendo en cuenta este marco general y a partir de los hechos probados
dentro del expediente, corresponde a la Sala establecer si la doble participación
de la presidenta —primero al devolver el proyecto y luego al votar en la Plenaria
de la Corporación que resolvió la apelación contra la decisión de devolución—
genera un conflicto de intereses que dé lugar a la desinvestidura con las
características indicadas.

76. Al respecto se hace notar en primer lugar que no obran pruebas ni el apelante
señaló la existencia de algún beneficio que se hubiera configurado en la persona
de la diputada, en su patrimonio, en su imagen, en su reconocimiento o en
cualquier otra esfera subjetiva, al momento de la votación del 7 de abril de 2025.
Tampoco obran pruebas de que la diputada, su cónyuge, compañero permanente
o parientes dentro de los grados legales establecidos, hayan derivado o pudieran
derivar un beneficio específico de la devolución del proyecto de ordenanza o de la
negativa del recurso de apelación interpuesto por el Gobernador.

77. Las afirmaciones sobre la supuesta «parálisis de recursos públicos» o la
«oposición personal» carecen por completo de sustento probatorio que permita
vincularlas con un provecho concreto y directo en favor de la accionada o de su
núcleo familiar cercano.

78. Por lo demás, a juicio de la Sala el ejercicio de funciones reglamentarias
asignadas a quien cumple funciones como presidente de una Corporación pública
territorial no configura per se un conflicto de intereses, tal como lo sostuvo esta
Sección en sentencia de 11 de noviembre de 2021 (Rad. 47001-23-33-000-2021-
00263-0), al indicar que el ejercicio de esta clase de facultades no genera un
beneficio personal susceptible de fundar la causal de pérdida de investidura, en
los siguientes términos:

“La Sala estima que, con independencia de la legalidad o no de la Resolución
Núm. 006 de 24 de marzo de 2021, expedida por la acusada en su condición de
presidenta de la Asamblea Departamental del Magdalena, lo cierto es la
decisión administrativa se cimenta en el ejercicio de unos poderes que el
reglamento de la Corporación le atribuye para mantener el orden en el
ejercicio de las funciones asignadas a los diputados.

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(…)

La sola condición de víctima de las agresiones verbales no impone considerar que
la acusada tuvo una inclinación real y verificable de buscar una retaliación frente
a la conducta del señor RAFAEL EMILIO NOYA GARCÍA o que de la imposición
de la medida correctiva surgiera un provecho, conveniencia o utilidad para la
acusada o los suyos, puesto que la sanción fue el resultado de reiterados actos
de irrespeto verbal por parte del diputado NOYA GARCÍA, no solo frente a la
acusada, sino también frente al diputado JULIO DAVÍD ALZAMORA ARRIETA, y
de la aplicación del reglamento de la Asamblea Departamental del Magdalena,
como puede advertirse del contenido de la Resolución núm. 006 de 24 de marzo
de 2021, citada líneas atrás”18.

79. En este sentido, la decisión de devolver un proyecto por falta de unidad de
materia no reporta en principio a la presidente de la Corporación un privilegio, una
ganancia, una indemnización económica ni la eliminación de obligaciones de las
que no gozan los demás ciudadanos. Tampoco se demostró que de esa actuación
se derivara un provecho para la diputada, su cónyuge, compañero permanente o
parientes dentro de los grados que la ley señala.

80. En ausencia de un interés particular identificado y probado, la mera
circunstancia de que la diputada haya conocido del asunto en una oportunidad
previa (como presidenta en la fase de control formal) y luego haya participado en
la Plenaria que resolvió la apelación, cuando además así lo dispone el Reglamento
de la Asamblea, no satisface los requisitos que la ley y la jurisprudencia exigen
para la configuración de la causal de conflicto de intereses. En síntesis, estima la
Sala que no se acreditó que la diputada estuviera movida por un interés particular
prevalente del interés general, ni que de la decisión pudiera derivar un provecho
para sí o para su círculo cercano.

81. Por lo demás, la afirmación del apelante según la cual el voto de la diputada
en la plenaria de la Corporación fue «determinante» no altera el análisis anterior.
La decisión con efectos jurídicos en un órgano colegiado es jurídicamente la de
éste y no la particular de quienes lo integran. El voto de la presidenta fue
equivalente al de cualquiera de los demás diputados, sin que se haya demostrado
que, de haberse excluido, la decisión hubiera sido distinta. No obstante, aún en

18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 11

de noviembre de 2021. Proceso radicado no. 47001-23-33-000-2021-00263-01(PI). C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés.

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esa hipótesis, la mera incidencia del voto en el resultado no configura el interés
particular exigido por la ley. Lo que la causal sanciona no es la influencia del voto
en la decisión, sino que ese voto haya estado motivado o movido por un beneficio
personal incompatible con el interés general. Esa motivación no fue acreditada.

82. Cabe recordar, tal como se indicó en el numeral 7.5.1. que en la sesión
plenaria del 7 de abril de 2025 la diputada Linda Luz Cabarcas advirtió que la
presidenta debía apartarse de la decisión relacionada con la apelación, invocando
las normas de impedimentos y recusaciones. Igualmente está demostrado que
esa proposición fue sometida a votación por la Corporación y no prosperó y que
esta circunstancia, que no fue objeto de debate en el presente proceso, habilitó la
participación de la accionada en la resolución del recurso de apelación. Dicho en
otros términos, que fue la propia Plenaria de la Asamblea la que en ejercicio de
sus competencias valoró y descartó la existencia de un motivo que sustentara la
separación de la accionada de la decisión sobre el recurso de apelación.

83. De conformidad con lo analizado, la Sala considera que, la doble
participación de la presidenta de la Asamblea Departamental —primero al
devolver el proyecto de ordenanza por falta de unidad de materia y luego al
integrar la Plenaria que resolvió la apelación— no genera, por sí sola, un interés
particular, directo y actual en los términos del artículo 56 de la Ley 2200 de 2022.
La devolución del proyecto fue un acto adoptado en ejercicio de funciones
reglamentarias expresamente asignadas al presidente de la corporación por los
artículos 131 y 132 del Reglamento Interno y la posterior participación en la
Plenaria correspondió al ejercicio de las atribuciones que, como diputada, le son
inherentes en su condición de miembro del órgano colegiado.

7.5.4. La oposición política al gobierno departamental como fundamento del
interés particular, directo y actual exigido por la ley como causal de
desinvestidura

84. El reproche del apelante en este tema se agota en la afirmación genérica de
que la diputada era opositora al gobierno departamental y que esa oposición la
motivó a negar el recurso de apelación. No obran pruebas que acrediten este
señalamiento.

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85. Por lo demás, la oposición política no es, por sí sola, un interés particular en
los términos del artículo 56 de la Ley 2200 de 2022. Por el contrario, es un derecho
constitucional consagrado en el artículo 112 de la Carta Política y desarrollado por
la Ley 1909 de 2018, cuyo ejercicio legítimo no puede ser equiparado a un
beneficio personal.

86. La Sala Novena Especial de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo
de Estado, en sentencia de 25 de septiembre de 2019, al analizar un caso en el
que se alegó un conflicto moral de intereses derivado de la posición política de un
congresista, señaló que los solicitantes deben probar lo siguiente:

“Al considerar los fundamentos expuestos por los solicitantes de la
pérdida de investidura, observa esta S. Especial que ellos dejaron de
explicitar y demostrar cuáles fueron específica y claramente los
intereses personales del Senador cuestionado, de su cónyuge o compañero
o compañera permanente, de alguno de sus parientes dentro del cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o de su socio o
socios de derecho o de hecho que pugnaban con el interés general, y que lo
indujeron a votar en el sentido en que lo hizo, para obtener a partir de su
proceder unos beneficios indebidos o unos provechos personales
dignos de reproche, contrariando los principios éticos y los propósitos
superiores que deben guiar el cumplimiento de sus funciones como
congresista.

En el presente caso, está suficientemente demostrado que el S.T.P. desarrolló
su actividad legislativa en estrecha sintonía con las declaraciones políticas
efectuadas por su partido, cuando en un principio sus directivos decidieron
convertirse en partido de gobierno, y, seguidamente, cuando optaron por
declarar su independencia.”19. (Negrilla de la Sala).

87. Luego, en lo que atañe al interés moral, si bien la jurisprudencia admite su
existencia como configurativo del conflicto de intereses, es claro que este no puede
fundarse en apreciaciones subjetivas o en la mera posición política del diputado.
La Sala Plena del Consejo de Estado ha señalado que, cuando el conflicto de
intereses que se endilga es de orden moral, los beneficios o ventajas deben ser
verificables «material o simbólicamente»20 y pueden estar representados en «la
obtención de réditos en el ejercicio de un poder de dominación, perceptible por un
acrecentamiento de su imagen, reconocimiento, supremacía o temor reverencial,

19 Consejo de Estado. Sala Plena De Lo Contencioso Administrativo. Sala Novena Especial De

Decisión De Pérdida De Investidura. Sentencia del 25 de septiembre de 2019. Proceso radicado
no. 11001-03-15-000-2019-02135-00(PI). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
20 Ibidem.

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vinculante en un sector específico como los gremios, asociaciones o confesiones
religiosas».21

88. Pues bien, no obran prueba alguna de que la decisión de devolución y la
posterior participación de la presidenta de la Corporación en la plenaria para
decidir la apelación interpuesta por el Gobernador le haya generado a esta y/o a
sus familiares un provecho moral representado en el mejoramiento de su imagen,
en un reconocimiento o dignidad especial o una situación se superioridad.

89. Aun aceptando en gracia de discusión que la diputada ejercía la oposición
política al gobernador, esa circunstancia no equivale a un interés moral particular
en los términos exigidos por la jurisprudencia. La oposición política es una función
constitucional legítima, no un provecho personal. El ejercicio del derecho a
oponerse a las iniciativas del gobierno, incluso de manera sistemática, no
configura per se el beneficio moral que la causal exige.

90. Por lo demás, es preciso indicar que el literal a) del artículo 56 de la Ley 2200
de 2022 establece que no hay conflicto de interés cuando el diputado «participe,
discuta, vote un proyecto de ordenanza que otorgue beneficios o cargos de
carácter general, es decir cuando el interés del diputado coincide o se fusiona con
los intereses de los electores». El Proyecto de Ordenanza No. 123 de 2025
versaba sobre la adición del superávit fiscal al cierre de la vigencia 2024 y la
realización de modificaciones presupuestales dentro del Presupuesto General de
Ingresos y Gastos del Departamento del Magdalena para la vigencia 2025. Se
trataba de una iniciativa de naturaleza presupuestal cuyo contenido y destinación
revisten carácter general, puesto que sus efectos se proyectan sobre la totalidad
de la comunidad departamental y no sobre la esfera individual de la diputada. El
Ministerio Público, tanto en primera como en segunda instancia, compartió esta
valoración. En su concepto del 16 de enero de 2026, señaló que «no es posible
predicar la configuración de un conflicto de intereses frente a un proyecto de
carácter general, como lo es el Presupuesto Departamental, de conformidad con
lo previsto en el artículo 56 de la Ley 2200 de 2022».

21 Ibidem.

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91. En suma, a juicio de la Sala no se acreditó la existencia de un beneficio
particular, actual y directo —ni de naturaleza económica ni moral— en cabeza de
la diputada que pugne con el interés general.

7.5.5. En relación con la falta de declaración de Impedimento

92. Finalmente, el apelante cuestiona la conclusión del Tribunal según la cual
la falta de declaración de impedimento no bastaba para estructurar la pérdida de
investidura y solo podría dar lugar, eventualmente, a consecuencias disciplinarias.
Sobre ese punto, reprocha que, si la propia sentencia admitía la eventual
relevancia disciplinaria de la conducta, el Tribunal no haya compulsado copias a
la Procuraduría General de la Nación para que se adelantara la correspondiente
investigación.

93. La sentencia de primera instancia abordó esta cuestión en los siguientes
términos:

“Finalmente, resta referirse a la falta de declaración de impedimento señalada por
los demandantes. La Sala precisa que la omisión de manifestar impedimento,
tal y como lo señaló el Agente del Ministerio Público en su concepto rendido
durante la audiencia pública, no es por sí sola, causal autónoma de pérdida
de investidura. La Ley 2200 de 2022 ubica la investidura en el ámbito
sancionatorio especial y delimita las hipótesis de conflicto de intereses por
beneficio particular, actual y directo; la Ley 1881 de 2018 fija el procedimiento
especial; y, en paralelo, el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019, art. 44)
establece el deber general de declararse impedido cuando concurre interés
particular y directo, cuyo eventual desconocimiento se ventila por la vía
disciplinaria, no como causal autónoma de pérdida de investidura. En este asunto,
como no se acreditó un beneficio en los términos del artículo 56, la eventual
discusión sobre impedimentos no cambia en nada la configuración de la causal
alegada”22 (Negrillas de la Sala)

94. La Sala comparte el razonamiento del a quo en lo que concerniente a que
la omisión de declararse impedido no es causal autónoma de pérdida de
investidura. En efecto, la Sala Plena de esta Corporación ha sido enfática en que
el numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política —cuyo contenido
normativo se reproduce en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 y
en el numeral 1 del artículo 60 de la Ley 2200 de 2022— no sanciona la mera

22 Cfr. Samai. Índice 00040, expediente principal de primera instancia.

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omisión del deber de declararse impedido, sino la participación en una decisión
estando efectivamente incurso en un conflicto de intereses23. En efecto señaló:

“De igual manera, se ha precisado por la Sala Plena del Consejo de Estado
que la sola ausencia de la declaración de impedimento por parte del
congresista no constituye causal de pérdida de investidura, porque el artículo
183-1 de la Constitución Política no sanciona la omisión del deber de
declararse impedido, sino la participación en una decisión en la cual se
configure un genuino conflicto de intereses, con lo cual, para que opere esta
drástica sanción “es necesario que en la sentencia se pueda establecer que
ocurrió la violación del régimen del conflicto de intereses en cuanto que el
Congresista votó anteponiendo intereses personales a los intereses públicos
y no solamente que el Congresista no se haya declarado impedido””.

95. En sentencia de 8 de septiembre de 2021, la Sala Especial de Decisión No.
27 precisó en relación con este punto:

“De acuerdo con lo expuesto sobre los institutos procesales del impedimento,
la recusación y la figura del conflicto de intereses, es claro que los dos
primeros obedecen a la taxativa predeterminación del legislador respecto de
algunas situaciones, eventos o condiciones que, cuando concurren en el
funcionario judicial, constituyen per se un riesgo a su imparcialidad e
independencia respecto de los asuntos que tramita y decide.

Mientras que, el conflicto de intereses, censura la incompatibilidad entre el
interés particular del parlamentario y el interés general contenido en los
asuntos de los que debe participar, conocer y decidir en el ejercicio de
cualquiera de las funciones congresales, porque de su decisión, en un sentido
u otro, el congresista deriva o podría derivar un provecho o ventaja personal o
para sus círculos cercanos, con la consecuente afectación de la moralidad, la
confianza legítima de sus electores y probidad exigidas de los congresistas.”24

96. Esta distinción resulta determinante para el caso que ocupa la atención de
la Sala. La configuración de una causal de impedimento prevista en el CPACA o
en el CGP no equivale por sí sola, a la configuración del conflicto de intereses
como causal de pérdida de investidura25. Para que esta última opere debe
acreditarse que el miembro de la Corporación pública tenía un interés directo,
particular y actual en el asunto, que ese interés era incompatible con el interés
general, y que no obstante ello participó en la decisión.

23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de mayo de

2012, C.P. Danilo Rojas Betancourth, expediente 11001-03-15-000-2010-01329-00(PI). En el
mismo sentido: sentencia de 9 de noviembre de 2016, C.P. William Hernández Gómez, expediente
11001-03-15-000-2014-03117-00(PI); Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia de 8 de
septiembre de 2021, C.P. Rocío Araújo Oñate, expediente 11001-03-15-000-2021-00068-00(PI).
24 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintisiete Especial de

Decisión. Sentencia del 8 de septiembre de 2021. Proceso radicado no. 11001-03-15-000-2021-
00068-00(PI). C.P. Rocío Araújo Oñate.
25 Corte Constitucional sentencia SU-082 de 2006.

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97. Por consiguiente, no es procedente trasladar de manera automática las
causales de impedimento previstas en el artículo 11 del CPACA o en el artículo
141 del CGP al juicio de pérdida de investidura para estructurar, a partir de ellas y
sin más, la causal de conflicto de intereses. Hacerlo implicaría una interpretación
extensiva de la sanción más grave que contempla el ordenamiento jurídico para
los servidores de elección popular, en contravía de los principios de taxatividad e
interpretación restrictiva que rigen la materia.

98. En síntesis, lo que la ley sanciona no es la omisión formal del anuncio de
impedimento, sino la participación efectiva del diputado en una decisión respecto
de la cual existe un genuino conflicto entre su interés particular y el interés general
y público. La eventual infracción del deber de manifestar impedimento podrá tener
consecuencias en el ámbito disciplinario, pero no conduce de forma automática a
la desinvestidura si no se demuestra la configuración material del conflicto de
intereses.

99. Cabe recordar que la manifestación de impedimento busca poner de
manifiesto el conflicto, es decir, exteriorizar la eventual afectación de la
imparcialidad para la adopción de decisiones. Lo que se pretende al invocar una
causal de impedimento es asegurar la independencia y transparencia que debe
presidir la actividad de los servidores públicos, con el fin de evitar toda sospecha
en torno a la gestión desarrollada y garantizar el adelantamiento de las
actuaciones con un máximo de equilibrio. En esa línea, destaca el Auto del 21 de
abril de 2009 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que, en relación
con las causales de impedimento y recusación, indicó:

«Se trata de situaciones que afecten el criterio del fallador, que comprometan
su independencia, serenidad de ánimo o transparencia en el proceso. La
imparcialidad e independencia judicial, como objetivos superiores, están
orientadas a garantizar que las actuaciones se ajusten a los principios de
equidad, rectitud, honestidad y moralidad, sobre los cuales descansa el
ejercicio de la función pública, artículo 209 de la Constitución Política. La
regulación legal de las catorce causales de recusación consagradas en el
artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y de las 2 contenidas en el

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artículo 160 del Código Contencioso Administrativo, persiguen un fin lícito,
proporcional y razonable;»26. (Subrayado de la Sala).

100. Luego, para efectos de los procesos de pérdida de investidura, la no
declaración del impedimento se vuelve relevante en la medida en que existiendo
el conflicto de interés este no haya sido puesto de presente por el servidor
afectado.

101. Así las cosas, toda vez que no se acreditó en el expediente que la diputada
estuviera incursa en un conflicto de intereses material o moral al participar en la
votación de la Plenaria del 7 de abril de 2025, en tanto no se demostró la existencia
de un beneficio particular, actual y directo que pugne con el interés general,
tampoco se configuró el deber de declararse impedido que el apelante echa de
menos, ya que el impedimento es el instrumento para exteriorizar un conflicto cuya
existencia debe estar previamente acreditada. Donde no hay conflicto material, no
hay deber de impedirse y, por tanto, no hay omisión reprochable.

7.6. Sobre el elemento subjetivo

102. Como quiera que no se encontró verificado el elemento objetivo de la causal
de pérdida de investidura resulta innecesario examinar el elemento subjetivo de
la conducta atribuida a la accionada, toda vez que la ausencia de tipicidad hace
improcedente el juicio de reproche propio de este proceso sancionatorio.

103. Por último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA
no se condenará en costas ya que el medio de control de pérdida de investidura
es una acción pública en la que se ventila un interés general.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

26 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 21 de abril de 2009.

Proceso radicado no. 11001-03-25-000-2005-00012-01(IMP)(IJ), C.P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila.

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada por las razones expuestas en la
parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente
digital al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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