Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-000-2025-00127-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 47001-23-33-000-2025-00127-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 47001-23-33-000-2025-00127-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 47001 23 33 000 2025 00127 01
Solicitante: Rafael de Jesús Rebolledo Gil
Demandado: Alberto Mario Gutiérrez Uribe
Medio de control: Pérdida de investidura
Tema: Causal de conflicto de intereses
Decisión: Confirma sentencia que negó la desinvestidura
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte solicitante en contra de
la sentencia proferida el 23 de julio de 2025 por la Sala Plena del Tribunal Administrativo
del Magdalena que negó la desinvestidura del señor Alberto Mario Gutiérrez Uribe,
diputado del departamento de Magdalena, período constitucional 2024 – 2027.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. La solicitud de pérdida de investidura
El 4 de junio de 20251, el señor Rafael de Jesús Rebolledo Gil presentó demanda en
ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 del CPACA, en la que solicitó 2:
[…] 1.1 Que se declare la PERDIDA DE INVESTIDURA del señor ALBERTO MARIO
GUTIÉRREZ URIBE, diputado de la Asamblea del Magdalena, perteneciente al partido
político demócrata colombiano y electo por coalición Magdalena Grande para el periodo
comprendido 2024-2027, en ocasión a la conducta dolosa en la cual, ésta incurrió, por
VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE CONFLICTOS DE INTERESES el cual, está consagrado
en el numeral primero del artículo 60 de la Ley 2200 de 2022 en concordancia con el
subliteral e) del literal c (sic) del articulo 56 ibidem.
1 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001 2333
000 2025 00127 00.
2 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 50001 2333
000 2025 00282 00.
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Radicación: 47001 23 33 000 2025 00127 01
Accionante: Rafel de Jesús Rebolledo Gil
Accionado: Alberto Mario Gutiérrez Uribe
1.2 Se comunique esta decisión a la Honorable Asamblea del Departamento del
Magdalena, para que de conformidad con el artículo 37 de la ley 734 del 2002 proceda de
forma inmediata hacer efectivas las consecuencias derivadas de la inhabilidad general
sobreviniente que comporta la declaratoria de perdida de investidura en este caso concreto
[…]. [Negrillas y mayúsculas del texto]
1.2. Los hechos que dan sustento a la causal alegada3
La parte solicitante informó que el accionado fue elegido diputado del departamento del
Magdalena para el período 2024 – 2027.
Señaló que el 26 de noviembre de 2024 se llevó a cabo la elección de la mesa directiva
de la asamblea departamental del Magdalena para el año 2025, pese que, por auto de
25 de noviembre de 2024, el Juzgado Sexto Penal Municipal de Santa Marta decretó
como medida cautelar la suspensión de dicha sesión. Aseguró que se decidió celebrarla
con el apoyo del accionado.
Agregó que, para esa fecha, el accionado tenía suspendido de manera provisional el
derecho de voz y voto con ocasión de una decisión proferida por el consejo de control
de ética del partido al que pertenecía por la presunta violación al régimen de bancadas;
no obstante, decidió votar constituyéndose una mayoría de 7 diputados, sobre 6 que
respetaban la medida cautelar de no llevar a cabo la referida sesión.
Acotó que sin el voto del accionado no hubiese sido posible la elección de la mesa
directiva y afirmó que dicha acción es lo que configura la causal de conflicto de intereses,
puesto que era «obligatorio manifestar su impedimento al votar pues tenía pleno
conocimiento de la sanción de su partido».
Sostuvo que una vez electa la mesa directiva, la diputada Margarita Guerra interpuso
una demanda de nulidad electoral pretendiendo la declaratoria de nulidad del acto de
elección de la mesa directiva. Señaló que, por auto de 26 de febrero de 2025, el Tribunal
Administrativo del Magdalena suspendió provisionalmente el acto de elección allí
acusado y ordenó que se llevara a cabo la elección de una mesa directiva provisional
mientras subsistía la medida cautelar.
Explicó que se convocó a la asamblea para el 6 de marzo de 2025 con el fin de elegir la
mesa directiva provisional y agregó que en dicha sesión el accionado desplegó «acciones
necesarias para hacer elegir nuevamente a quienes se encontraban suspendidas».
Al respecto, expuso que, aunque se había suspendido el derecho de voz y voto del
accionado, aquel actuó, como lo hizo en la sesión de 26 de noviembre de 2024, y votó
nuevamente por las diputadas Ángela Cedeño, como presidente, Marta García, para
primera vicepresidente, y Candy Sánchez como segunda vicepresidente.
Anotó que en la sesión de 6 de marzo de 2025 también se configuró la causal de conflicto
de intereses, por cuanto el accionado recusó al diputado Yohan Pinedo y votó de forma
positiva, «demostrando con ello tener un interés directo en la prosperidad de tal recusación
por él propuesta, cuando lo correcto era haberse declarado impedido».
3 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001 2333
000 2025 00127 00.
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Accionante: Rafel de Jesús Rebolledo Gil
Accionado: Alberto Mario Gutiérrez Uribe
Manifestó que el accionado «manipuló […] las circunstancias que rodearon la celebración
de la sesión del 26 de noviembre de 2024 y 6 de marzo de 2025 con el claro propósito de
permitir la elección de la mesa directiva y que esta se integrara con las personas que
apoyaba, imponiendo su interés particular sobre el interés general de la sociedad en una
elección limpia y transparente».
2. Posición del diputado
El señor Alberto Mario Gutiérrez Uribe, actuando por conducto de apoderado, manifestó
su oposición a las pretensiones y como razones de defensa expuso lo siguiente4:
Explicó que, conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la configuración de
la causal de conflicto de intereses requiere la existencia de un interés personal, directo,
actual y concreto en cabeza del servidor público. En este caso, la parte actora se limitó
a describir actuaciones procedimentales que están siendo controvertidas bajo el medio
de control de nulidad electoral, las cuales no demuestran que en cabeza del accionado
haya existido algún interés u obtenido un beneficio con la elección de la mesa directiva
de la asamblea.
Adujo que la parte actora no acreditó que el accionado actuó con el ánimo de obtener un
beneficio propio o ajeno, ni que su actuación estuvo orientada por un interés particular
que comprometiera su imparcialidad. Expuso que todas las actuaciones del diputado se
enmarcaron en el ejercicio legítimo de sus funciones constitucionales y legales como
integrante de la asamblea.
Destacó que la sola participación en las sesiones, votaciones o recusaciones no son
hechos que por sí mismos configuren un conflicto de interés, más aún cuando no se expuso
ni acreditó beneficio personal alguno. Acotó que las irregularidades señaladas en la
demanda son de carácter procedimental en el marco del funcionamiento de la asamblea,
pero no configuran un conflicto de interés.
Al respecto, precisó que en la demanda se describieron supuestas irregularidades ocurridas
durante el proceso de elección de la mesa directiva de la asamblea departamental, tanto
en la sesión de 26 de noviembre de 2024, como en la adelantada del 6 de marzo de 2025;
sin embargo, indicó que el medio de control adecuado para cuestionar la legalidad de la
elección es la acción de nulidad electoral, no la pérdida de investidura.
En cuanto a la supuesta inobservancia de la providencia proferida por el Juzgado Sexto
Penal Municipal de Santa Marta en la que se ordenó la suspensión de la sesión de 26
de noviembre de 2024, aseguró que «fue la Mesa Directiva, con el acompañamiento de
los asesores jurídicos de la Corporación, quien valoró la situación y decidió continuar con
la sesión y proceder con la votación, interpretando que la solicitud de aclaración
presentada por una de las partes impedía la ejecutividad inmediata del fallo».
En relación con la sesión de 6 de marzo de 2025 en la que se manifiesta que el diputado
no podía participar porque tenía suspendido su derecho de voz y voto, controvirtió que
el acto mediante el cual se le impuso la sanción fue objeto de recurso de reposición y,
en subsidio de apelación, de modo que, dicha decisión «solo produce efectos jurídicos
vinculantes una vez se encuentre en firme, lo cual no sucedía para el momento de la
sesión».
4 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001 2333
000 2025 00127 00.
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Accionado: Alberto Mario Gutiérrez Uribe
3. La sentencia de primera instancia5
La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia proferida
el 23 de julio de 2025, resolvió.
[…] Primero: NEGAR las pretensiones de la demanda de pérdida de investidura del
diputado Alberto Mario Gutiérrez Uribe, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia […].
En cuanto al primer requisito para la configuración de la causal de conflicto de intereses,
indicó que estaba acreditado que el señor Alberto Mario Gutiérrez Uribe fue elegido
diputado del departamento del Magdalena para el período constitucional 2024 – 2027.
Frente al segundo requisito, esto es, la existencia de un interés directo, particular y actual
expuso que el solicitante fundamentó la causal de conflicto de intereses en que se
presentaron varias irregularidades en la elección de la mesa directiva de la asamblea,
tales como:
(i) La elección se llevó a cabo el 26 de noviembre de 2024, aunque la sesión estaba
suspendida por la orden del Juez Sexto Penal Municipal de Santa Marta; (ii) por decisión
de 20 de noviembre de 2024, el partido Demócrata de Colombia, al que pertenece el
diputado, suspendió su derecho a voz y voto, situación que condujo a que en el proceso
con radicado núm. 2025 00015 00, el mismo tribunal, por auto de 26 de febrero de 2025,
«considerara afectado el quorum decisorio para la elección, motivo por el cual suspendió
provisionalmente el acto de elección de las señoras Ángela María Cedeño Ruiz, Marta
Liliana García Rivera y Candy Julieth Sánchez Vásquez como presidente, primera
vicepresidente y segunda vicepresidente, respectivamente, para el período 2025»; (iii) e
invocó las irregularidades que asegura se presentaron en la convocatoria para la elección
de la mesa directiva de 6 de marzo de 2025.
Con fundamento en lo anterior, aseguró que, una vez «analizado los supuestos facticos
que motiva las pretensiones del accionante encuentra este Tribunal que dichas
conductas, […] no se encuentran tipificadas en el artículo 56 de la Ley 2200 de 2022,
como conflicto de intereses, pues si bien pueden llegar a configurar eventualmente
causales de nulidad del acto de elección […] esta no deriva en conflicto de intereses».
Aclaró que el conflicto de intereses implicaba que la votación derive en un beneficio
particular, actual y directo en favor del diputado, beneficio que no fue señalado en la
demanda, ni podía desprenderse de las pruebas aportadas al proceso. Acotó que la
elección en sí misma no constituía un interés para el diputado, puesto que, era el
resultado del ejercicio de sus funciones constitucionales y legales.
En efecto, explicó que, conforme con los artículos 16 y 27 de la Ley 2200 de 2022 y la
Ordenanza núm. 162 de 2025 – Reglamento Interno de la Asamblea del Departamento
del Magdalena, le corresponde a los diputados elegir para períodos de un año a la mesa
directiva, lo que conduce a que deban participar en las deliberaciones y votaciones, sin
que de dicha circunstancia pueda desprenderse un beneficio o actuación dirigida a
satisfacer un interés propio como lo entiende el solicitante.
5 Visto en el índice 30 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001 2333
000 2025 00127 00.
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Precisó que no sería objeto de examen el procedimiento que se adelantó para la elección
de la mesa directiva, ni las irregularidades invocadas por el solicitante, por cuanto
resultaba «fútil efectuar un análisis de dichas circunstancias, pues lo que se debe
determinar es la existencia de un beneficio particular, actual y directo a favor del
demandado, situación que no se alegó y mucho menos se demostró que se generó como
consecuencia de la elección de la mesa directiva a favor del demandado».
De otro lado, advirtió que la parte actora sustentó la causal de conflicto de intereses en
que, para la sesión de 6 de marzo de 2025, el accionado recusó al diputado Yohan
Pinedo y votó de forma positiva la recusación, cuando debió declararse impedido para
votar la recusación que él mismo presentó.
En este punto, aclaró que el solicitante no aportó ni solicitó como prueba el acta o
videograbación de la sesión de 6 de marzo de 2025, lo que impedía examinar dicha
conducta anta la falta del material probatorio que acreditara las circunstancias expuestas.
En todo caso, expuso que de los hechos señalados por el actor no se desprendía un
beneficio particular y directo a favor del accionado.
Concluyó que no estaba probado que el accionado haya incurrido en la causal de
conflicto de intereses conforme lo establece el artículo 56 de la Ley 2200 de 2022 y el
numeral 1 del artículo 60 ibídem, por lo que negó la solicitud de pérdida de investidura.
4. El recurso de apelación6
4.1. La parte solicitante pidió que fuera revocada la sentencia de primera instancia y, en
su lugar, se decretara la desinvestidura del accionado, con sustento en lo siguiente:
Aseguró que estaban acreditados los elementos objetivo y subjetivo de la causal de
conflicto de intereses.
Frente al elemento objetivo, señaló que fue clara la participación del accionado en la
elección de la mesa directiva para el año 2025, así como las actuaciones irregulares en
la que incurrió para facilitar la elección de la señora Marta García, su postulada, e
igualmente de las diputadas Ángela Cedeño y Candy Sánchez, en calidad de presidente
y segunda vicepresidente, respectivamente.
En relación con el elemento subjetivo, argumentó que el accionado actuó en contravía
de órdenes judiciales, ejerció el derecho de voz y voto estando suspendido por el partido
al que pertenecía, lo que deja en evidencia que su conducta estuvo motivada por un
interés personal.
Insistió que el 26 de noviembre de 2024 se llevó a cabo la elección de la mesa directiva,
pese a que existía el decreto de una medida cautelar que ordenada a la asamblea la
suspensión de la sesión; sin embargo, sostuvo que se decidió celebrarla con el apoyo
del accionado.
Reiteró que, para esa fecha, el accionado tenía suspendido el derecho de voz y voto con
ocasión de una decisión proferida por el partido al que pertenecía, no obstante, decidió
votar constituyéndose una mayoría de 7 diputados, sobre 6 que respetaban la medida
cautelar. Precisó que, dicha actuación, configura la causal de conflicto de intereses, ya
6 Visto en el índice 33 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001 2333
000 2025 00127 00.
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que era obligatorio declararse impedido para votar al tener conocimiento de la sanción
impuesta por el partido.
Recordó que una vez electa la mesa directiva, una de las diputadas interpuso una
demanda de nulidad electoral pretendiendo la declaratoria de nulidad del acto de elección
de la mesa directiva y por auto de 26 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo del
Magdalena suspendió provisionalmente el acto de elección allí acusado y ordenó que se
llevara a cabo la elección de una mesa directiva provisional mientras estaba vigente la
medida cautelar.
Explicó que se convocó a la asamblea para el 6 de marzo de 2025 con el fin de elegir la
mesa directiva provisional y que el accionado votó y participó, aunque estaba suspendido
su derecho de voz y voto; acotó que postuló y votó por las diputadas inicialmente elegidas
en la sesión de 26 de noviembre de 2024.
Reiteró que en la sesión de 6 de marzo de 2025 se configuró la causal de conflicto de
intereses, por cuanto el accionado recusó al diputado Yohan Pinedo y votó de forma
positiva, «demostrando con ello tener un interés directo en la prosperidad de tal recusación
por él propuesta, cuando lo correcto era haberse declarado impedido en votar por ser una
proposición de recusación elevada por él».
4.2. El recurso de apelación fue concedido por auto de 28 de agosto de 20257.
5. Trámite de segunda instancia
5.1. El expediente fue asignado a esta Sección por acta de reparto de 11 de septiembre
de 20258.
5.2. Por auto de 21 de enero de 2026 se admitió el recurso de apelación interpuesto por
la parte solicitante9.
5.3. El expediente ingresó a despacho para fallo el 30 de enero de 202610.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia de la Sección
Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra las
sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados,
con base en lo establecido por el numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de
marzo 201911 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, modificado por el
7 Visto en el índice 35 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001 2333
000 2025 00127 00.
8 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001 2333
000 2025 00127 01.
9 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001 2333
000 2025 00127 01.
10 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001 2333
000 2025 00127 01.
11 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1° de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
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artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de 2024, que regula la distribución de negocios entre
las secciones12.
2. Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura
Se acreditó con el formulario E-26 ASA del Consejo Nacional Electoral que el señor
Alberto Mario Gutiérrez Uribe fue elegido diputado del departamento de Magdalena para
el período constitucional 2024 – 2027. En el proceso no se discute que no haya tomado
posesión del cargo13.
3. Análisis de la Sala
El tribunal negó la solicitud de pérdida de investidura porque consideró que la parte actora
no acreditó ni alegó cuál era el beneficio o provecho en cabeza del diputado al participar
en la elección de la mesa directiva de la asamblea departamental para el año 2025 y
agregó que las irregularidades que el actor señaló se presentaron en dicha elección
escapaban del objeto de análisis de esta acción, por cuanto podían llegar a configurar
causales de nulidad del acto de elección.
En el recurso de apelación, el solicitante expuso que la causal de conflicto de intereses
se configuraba por las siguientes circunstancias: (i) para la sesión de 26 de noviembre
de 2024, el accionado tenía suspendido su derecho de voz y voto con ocasión de la
decisión adoptada por el partido al cual pertenecía, por lo que tenía la obligación de
declararse impedido al tener conocimiento de la sanción impuesta, y, (ii) en la sesión de
6 de marzo de 2025, el accionado recusó al diputado Yohan Pinedo y votó de forma
positiva, «demostrando con ello tener un interés directo en la prosperidad de tal
recusación por él propuesta, cuando lo correcto era haberse declarado impedido en votar
por ser una proposición de recusación elevada por él».
Con el fin de resolver los reproches expuestos por el solicitante, la Sala recuerda que la
jurisprudencia de la Sección Primera estableció que para la configuración del conflicto de
interés debe acreditarse los siguientes elementos14: (i) la calidad de diputado; (ii) la
existencia de un interés directo, particular y actual del diputado o de sus parientes
señalados en la ley en el asunto sometido a consideración de la plenaria; (iii) la no
manifestación de impedimento o no haber sido separado del conocimiento del asunto por
recusación; (iv) haber conformado el quorum y participado el diputado en el debate o
votación de un asunto de competencia de la asamblea.
En cuanto al primer elemento, este se encuentra plenamente probado, tal como se
expuso en el numeral segundo de la parte considerativa de esta providencia. Por
consiguiente, la Sala continuará con el estudio del segundo requisito, esto es, la
demostración de un interés directo, particular y actual en cabeza del accionado,
advirtiendo que solo al estar acreditado seguirá con el estudio de los demás requisitos,
estos son, (iii) la no manifestación de impedimento o no haber sido separado del
12 “Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos
de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un
criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: (…) 5. El recurso de apelación
contra las sentencias de los Tribunales sobre pérdida de investidura (…)”.
13 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001 2333
000 2025 00127 00.
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 4 de
septiembre de 2025. Expediente radicación núm. 05001 2333 000 2025 00017 01. C.P.: Pablo Andrés
Córdoba Acosta.
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conocimiento del asunto por recusación y (iv) haber conformado el quorum y participado
el diputado en el debate o votación de un asunto de competencia de la asamblea. r
De acuerdo con lo anterior, la Sala determinará si está o no configurado el segundo
elemento, esto es, la existencia de un interés directo, particular y actual del diputado o
de sus parientes señalados en la ley en el asunto sometido a consideración de la
plenaria, respecto de las sesiones de la asamblea de 26 de noviembre de 2024 y de 6
de marzo de 2025.
El conflicto de intereses comprende toda situación donde la discusión o votación de un
proyecto de ordenanza, pueda resultar en un beneficio particular, actual y directo en favor
del diputado. El artículo 56 de la Ley 2200 de 2022 regula el conflicto de intereses para
los diputados, así:
[…] ARTÍCULO 56. Conflicto de Intereses. Todos los diputados deberán declarar los
conflictos de intereses que pudieran surgir en ejercicio de sus funciones. Se entiende
como conflicto de interés una situación donde la discusión o votación de un proyecto de
ordenanza, pueda resultar en un beneficio particular, actual y directo a favor del diputado.
a) Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea
indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del diputado de las que no
gozan el resto de los ciudadanos.
b) Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las circunstancias
presentes y existentes al momento en el que el diputado participa de la decisión.
c) Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica respecto del diputado,
de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
Para todos los efectos se entiende que no hay conflicto de interés en las siguientes
circunstancias:
a) Cuando el diputado participe, discuta, vote un proyecto de ordenanza que otorgue
beneficios o cargos de carácter general, es decir cuando el interés del diputado coincide
o se fusiona con los intereses de los electores.
b) Cuando el beneficio podría o no configurarse para el diputado en el futuro.
c) Cuando el diputado participe, discuta o vote artículos de proyectos de ordenanza de
carácter particular, que establezcan sanciones o disminuyan beneficios, en el cual, el
diputado tiene un interés particular, actual y directo. El voto negativo no constituirá
conflicto de interés cuando mantiene la normatividad vigente.
d) Cuando el diputado participe, discuta o vote artículos de proyectos de ordenanza de
carácter particular, que regula un sector económico en el cual el diputado tiene un interés
particular, actual y directo, siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y
actual.
e) Cuando el diputado participa en la elección de otros servidores públicos mediante el
voto secreto. Se exceptúan los casos en que se presenten inhabilidades referidas al
parentesco con los candidatos.
Parágrafo. Entiéndase por conflicto de interés moral aquel que presentan los diputados
cuando por razones de conciencia se quieran apartar de la discusión y votación del
proyecto.
Bajo dicho contexto, la Sala advierte que le asiste razón al tribunal de instancia cuando
señaló que de los hechos expuestos por la parte actora no se desprendía la existencia
de un beneficio o interés particular, actual y directo, puesto que la causal se fundamentó
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en supuestas irregularidades que el solicitante sostiene se presentaron en la elección de
la mesa directiva de la asamblea para la vigencia 2025.
En efecto, en cuanto a la sesión de 26 de noviembre de 2024 en el recurso de apelación
la parte actora sustentó la configuración de la causal en que, para dicha sesión, el
diputado tenía suspendido su derecho de voz y voto con ocasión de la decisión
sancionatoria adoptada por el partido al cual pertenecía, por lo que alegó que debía
declararse impedido.
Sin embargo, de dicha argumentación, no se evidencian las razones por las que el
solicitante estima que la participación en la referida sesión se traducía en un beneficio
particular, actual y directo para el diputado. Por el contrario, el solicitante para
fundamentar la causal invocada lo que reprocha es que el accionado no podía participar
en la sesión de 26 de noviembre de 2024 porque aseguró tenía suspendido el derecho
de voz y de voto, sin exponer cuál era el interés que le asistía al diputado en el asunto
que allí fue sometido a discusión.
En relación con la sesión de 6 de marzo de 2025, el recurrente adujo que se configuró
la causal de conflicto de intereses, por cuanto el accionado recusó al diputado Yohan
Pinedo y votó de forma positiva, «demostrando con ello tener un interés directo en la
prosperidad de tal recusación por él propuesta, cuando lo correcto era haberse declarado
impedido en votar por ser una proposición de recusación elevada por él».
Contrario a lo señalado por el tribunal en el sentido que no existía prueba en el expediente
que acreditara lo ocurrido en la citada sesión, se observa que en el proceso obra el acta
núm. 003 de 6 de marzo de 2025 de la sesión ordinaria de la asamblea del Magdalena
en la que se advierte que el accionado recusó al diputado Yohan Pinedo y votó de manera
favorable dicha recusación15:
[…] Interviene la presidente y dice: Entonces continuemos con el orden del día aprobado.
Interviene el Diputado Alberto Gutiérrez y dice: secretaria para hacer entrega ante esta
Secretaría de este documento en el cual recuso al Diputado Yohan Pinedo Panetta,
quejoso en el expediente PDI 001 de 2024, del proceso disciplinario llevado por el
Consejo de Control Ético del Partido Demócrata Colombiano.
[…]
Interviene la presidente y dice: Diputado discúlpeme usted hizo la entrega de un
documento, pero la intención o la petición es que el documento sea, cuál es la solicitud
que usted hace frente a este momento, ¿la radicación es para qué?
Interviene el Diputado Alberto Gutiérrez y responde: Para que la secretaria por favor lea
el documento y se le haga trámite a la recusación, que estoy haciendo en contra de esta
persona. La presidente pregunta: ¿Usted está presentando una recusación en este
momento? El Diputado Alberto responde: Si señora presidenta […]
La presidente responde: Acabamos de retomar y el Diputado levanta la mano y dice que
va a presentar un escrito de recusación, el cual estoy obligada a darle el trámite
inmediato, entonces le vamos a pedir a la señora secretaria que por favor proceda con
la lectura de esta recusación […].
Interviene la presidente y dice: Hay que hacer una claridad, y es que no hay Mesa
Directiva. Yo voy a atender la recusación porque estoy obligada por la norma a proceder
15 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001 2333
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en ella, y allí están esbozando varias justificaciones o razones o causales, y será
entonces la plenaria quien decida de manera positiva o negativa darle trámite luego de
la votación a la misma. Entonces, señora secretaria, le solicito, por favor, que iniciemos
con el llamado a lista, no sin antes pedirle, por favor, al Diputado Yohan Pinedo que se
retire de la sesión mientras se da trámite a la recusación presentada por el Diputado
Alberto Gutiérrez. Entonces, señora secretaria, por favor, iniciemos con el llamado a lista
para la votación de la recusación presentada por el Diputado Alberto Gutiérrez en contra
del Diputado Yohan Pinedo.
La secretaria llama a lista para votar la recusación: Arias Ortiz Edgar Jerónimo, Negativo.
Cabarcas Suárez Linda Luz, Negativo. Charris Pizarro María del Socorro, Negativo.
García Rivera Marta Liliana, Positivo. Guerra Zúñiga María Margarita (no se encuentra).
Gutiérrez Uribe Alberto Mario, Positivo. Jiménez Rodríguez Rosa Idalia, Positivo.
Martínez Cantillo Maya Paola, Positivo. Noya García Rafael Emilio, Negativo. Sánchez
Vázquez Candy Julieth, Positivo. Zawady Pupo Ame José, Positivo.
La secretaria informa: Señora presidenta, le certifico que se han obtenido siete votos
positivos, de doce que contestaron. Por lo tanto, la recusación ha sido aprobada […].
Para resolver este reproche, la Sala comienza por precisar que la Ley 2200 de 2022, así
como el reglamento de la asamblea del Magdalena [Ordenanza de Reglamento núm. 162
de 25 de diciembre de 2023] aportado con la solicitud de pérdida de investidura, no
consagran una prohibición para que el diputado que recusa a otro miembro de la
corporación no pueda participar en la decisión de la recusación.
Adicionalmente, el artículo 4 del precitado reglamento establece que en la interpretación
y aplicación de las normas allí contenidas se aplicarán los principios del CPACA, así16:
[…] ARTÍCULO 4. PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO
En la interpretación y aplicación de las normas del presente reglamento se tendrán
en cuenta los siguientes principios:
4.1 FUENTES DE INTERPRETACIÓN:
Si en el presente Reglamento no se encuentra disposición aplicable para un caso
concreto, se acudirá a los principios constitucionales, los principios rectores del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo que se
aplicable, a la jurisprudencia constitucional, del Consejo de Estado y a las normas que
regulen casos, materias o procedimientos similares […].
Dicha remisión está en consonancia con lo explicado por la jurisprudencia de la Sección
Quinta de la Corporación en el sentido que en el trámite de impedimentos y recusaciones
de los miembros de las asambleas debe seguirse las reglas establecidas para tal efecto
en el CPACA17:
[…] Según el demandado y la asamblea departamental, ante el presunto vacío, el trámite
que debía otorgársele a los escritos en los que se cuestionaba la imparcialidad de los
diputados, era el previsto por la Ley 5 de 1992, esto es, el Reglamento del Congreso de
la República. Sin embargo, la Sala en otra oportunidad precisó que tales disposiciones
16 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001 2333
000 2025 00127 00.
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativa. Sección Quinta. Sentencia de 13 de
noviembre de 2025. Expediente radicación núm. 85001 2333 000 2025 00002 01 (acumulado). C.P.: Luis
Alberto Álvarez Parra.
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no resultan compatibles con el funcionamiento interno de las asambleas
departamentales, razón por la cual debe observarse el procedimiento estipulado en la
Ley 1437 de 2011, artículo 12; así lo señaló la Sección:
80. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 263 del reglamento interno de la
asamblea departamental, resulta evidente que dicha corporación fijó que, en caso
de que existieran posibles vacíos normativos en su regulación, se daría aplicación
por analogía a la Ley 5º de 1992, a través de la cual se estableció el reglamento
interno del Congreso. En tal sentido, el trámite allí previsto para la solución de las
recusaciones, es la remisión a la Comisión de Ética, para que sea esta quien defina
si se debe apartar o no al miembro de la corporación recusado.
81. Sin embargo, advierte la Sala que aun cuanto se hubiese conformado dicha
comisión, no es procedente que resolviera las recusaciones, toda vez que sus
miembros serían también diputados que se encontrarían recusados; por lo tanto,
en virtud a que ellos no tienen la competencia para resolver sobre sus propias
recusaciones, debía remitirse a la Procuraduría Regional de Santander para que
fuese esta quien la tramitara y la decidiera de fondo, atendiendo a lo dispuesto por
el artículo 12 del CPACA18 […]
Igualmente, la Sección Primera de la Corporación ha reconocido que en el trámite de las
recusaciones de las corporaciones públicas territoriales se aplican las reglas del CPACA,
así19:
[…] Precisamente, respecto del trámite de las recusaciones de las corporaciones
públicas territoriales, en sentencia de esta Corporación judicial se precisó:
“[…] 2.4.2. Del trámite de la recusación en la Asamblea Departamental
56. En cuanto al trámite de las recusaciones en los organismos corporados,
es importante señalar que por mandato del artículo 12 de la Ley 1437 de
2011, ante la falta de norma expresa para su instrucción, se aplica lo
dispuesto en la parte primera del CPACA […]
[…]
En este punto, la Sala prohíja las consideraciones de la Corporación, en torno a
que, (i) para el trámite de las recusaciones de las corporaciones públicas
territoriales, por mandato del artículo 12 de la Ley 1437, este se debe aplicar ante
la falta de norma expresa para su instrucción, y (ii) que una hermenéutica
sistemática de esa norma permite concluir que aquélla sí tiene aplicación en las
actuaciones administrativas, de carácter electoral, que adelantan las
corporaciones públicas territoriales […].
En ese contexto, la Sala advierte que ni la Ley 2200 de 2022, el reglamento de la
asamblea del Magdalena [Ordenanza de Reglamento núm. 162 de 25 de diciembre de
2023], o la Ley 1437 de 2011 prohíben al diputado que recusa a otro miembro de la
corporación participar en la votación sobre la recusación formulada. A lo que se agrega
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativa. Sección Quinta. Sentencia de 29 de
septiembre de 2022. Expediente radicación núm. 68001 2333 000 2021 00846 01. C.P.: Pedro Pablo
Vanegas Gil.
19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 14 de
septiembre de 2023. Expediente radicación núm. 25000 2315 000 2022 01014 01. C.P.: Nubia Margoth
Peña Garzón.
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que, la parte actora tampoco aludió a alguna disposición que establezca una prohibición
en ese sentido y en la que fundamentara la obligación del diputado accionado de
declararse impedido.
Vale la pena traer a colación que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
reconocido expresamente que lo que está prohibido es que el miembro de una
corporación pública elegido por voto popular que ha manifestado impedimento vote su
propio impedimento20:
[…] Es así como ninguna norma de la Constitución o de la Ley 5ª de 1992 prohíbe que
quien se ha declarado impedido participe en la decisión de los impedimentos
manifestados por otros congresistas. Lo que está vedado es que el congresista que
ha solicitado ser declarado impedido, vote a favor o en contra de su propio
impedimento. No obstante, nada prohíbe que decida sobre los impedimentos
manifestados por otros congresistas. En efecto, no hay prohibición expresa al respecto
y no se pueden trasladar al proceso legislativo reglas típicas de los procesos judiciales.
Mucho menos puede hacerse ese traslado cuando ello implica separar al
congresista del ejercicio de sus funciones de representación política, lo cual sólo
procede cuando se le ha ‘aceptado el impedimento’, como lo establecen
expresamente los artículos 124 y 293 de la Ley 5ª de 1992. Sólo cuando se le ha
aceptado el impedimento, cabe excusar a un congresista del deber de votar.
[…]
Adicionalmente, insiste la Corte en que los congresistas tienen el deber de asistir a las
sesiones del Congreso y votar en las decisiones que adopten las Cámaras (Ley 5ª de
1992. art. 127); el Reglamento del Congreso no efectúa distinción alguna en cuanto al
alcance de este deber de votar, es decir, no lo restringe exclusivamente a los proyectos
de ley o acto legislativo que se encuentren a consideración de las Cámaras, se extiende,
por lo tanto, a todos los asuntos cuya decisión se plantee a los congresistas, incluyendo
la definición de los impedimentos por conflictos de interés. Los congresistas sólo
pueden ser excusados de este deber de decidir efectivamente después de que les
haya sido aceptado el impedimento, como lo disponen expresamente los artículos
124 y 293 de la Ley 5ª de 1992 […] [Negrillas fuera de texto].
Además de la prohibición que ha reconocido expresamente la jurisprudencia
constitucional, la citada sentencia señaló que un miembro de una corporación pública
elegido por voto popular solo puede ser separado de sus funciones cuando efectivamente
se le haya aceptado el impedimento.
En este aspecto, cabe señalar que la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo
de Estado ha reconocido que la aplicación del artículo 29 de la Constitución Política
implica que debe tenerse en cuenta los principios de legalidad, tipicidad y taxatividad de
las sanciones, por lo que, «la ley debe establecer tanto la conducta, como señalar
expresamente, que su realización será castigada despojando de la investidura que cobija
al sujeto que incurra en ella»21 y ha destacado que «que la consagración de las causales
de pérdida de investidura, dado su carácter prohibitivo, debe ser taxativa y no admiten
interpretaciones extensivas o analógicas».
Dicho razonamiento permite evidenciar que al no existir una prohibición expresa en el
ordenamiento jurídico relativa a que el diputado que presenta una recusación no puede
20 Corte Constitucional. Sentencia C 1040 de 19 de octubre de 2005.
21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 8 de febrero
de 2018. Expediente radicación núm. 25000 2341 000 2016 02068 01. C.P.: Roberto Augusto Serrato
Valdés.
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participar en la votación para decidirla porque incurriría en la causal de conflicto de
intereses, se tiene que, para este caso, el accionado actuó en cumplimiento de sus
funciones y del deber legal de asistir a la sesión, puesto que, no se evidencia fundamento
legal alguno para que sea separado del asunto sometido a consideración de la plenaria,
es decir, la recusación, o que dicha participación estuviese prohibida por la ley.
Al respecto, el numeral 1 del artículo 78 del reglamento de la asamblea del Magdalena
[Ordenanza de Reglamento núm. 162 de 25 de diciembre de 2023] señala que es un
deber de los diputados asistir a las sesiones plenarias:
[…] ARTÍCULO 78. DEBERES Como todo servidor público, el Diputado tiene el deber
de acatar la Constitución, las Leyes y las Ordenanzas, siendo responsable por su
infracción, por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Especialmente
tendrá los siguientes deberes:
1. Asistir a las sesiones de Plenaria y de las Comisiones a que pertenezca […].
Adicionalmente, el artículo 82 del precitado reglamento establece que el diputado deberá
declararse impedido cuando se presente un conflicto de interés, así22:
[…] ARTÍCULO 82. DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTO
Todo Diputado podrá declararse impedido para conocer y participar sobre determinado
proyecto o decisión trascendental, al observar un conflicto de interés. Advertido el
impedimento, el Diputado deberá comunicarlo por escrito al presidente de la respectiva
Comisión o de la Plenaria donde se trate el asunto que obliga al impedimento.
El presidente lo someterá a Comisión o Plenaria, si es aprobado, el Diputado deberá
retirarse del recinto hasta que se agote el numeral tratado […].
Aunado a lo anterior, la Sala estima pertinente distinguir que una circunstancia es aquella
en la que el diputado recusa a un miembro de la asamblea y vota favorablemente para
que sea aceptada, pero otra situación, es determinar cuál era el interés o beneficio que
la decisión sometida a consideración de la asamblea, es decir, la recusación, reporta para
el diputado accionado.
Es este último presupuesto, el que permitiría determinar la configuración o no de la causal
de conflicto de intereses, puesto que, como se expuso en precedencia, el artículo 56 de
la Ley 2200 de 2022 establece que «se entiende como conflicto de interés una situación
donde la discusión o votación de un proyecto de ordenanza, pueda resultar en un
beneficio particular, actual y directo a favor del diputado». De este modo, se tiene que la
parte actora, no expuso ni acreditó cuál era el beneficio o interés que le asistía al
accionado y que ocurría como consecuencia de la decisión sobre la recusación.
En conclusión, la Sala considera que, respecto de la sesión de 6 de marzo de 2025
tampoco que se configura el segundo requisito, esto es, la existencia de un interés
directo, particular y actual del diputado o de sus parientes señalados en la ley en el asunto
sometido a consideración de la plenaria, por cuanto: (i) no está prohibido por el
ordenamiento jurídico que el diputado que recusa a un miembro de la asamblea, pueda
posteriormente participar en la decisión de la recusación; (ii) al no existir tal prohibición,
el accionado votó y participó en el trámite de la recusación en cumplimiento de un deber
22 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 47001 2333
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funcional, puesto que, no existía fundamento legal para separarlo del asunto, y, por
último, (iii) la parte actora no probó ni alegó cuál era el interés o beneficio en cabeza del
diputado que se desprendía de la decisión sometida a consideración de la plenaria, esto
es, la recusación.
Por último, la parte actora adujo que se presentaron varias irregularidades en la elección
de la mesa directiva de la asamblea para el año 2025, las cuales tienen que ver con que:
(i) la sesión de 26 de noviembre de 2024 en la que se elegiría la mesa directiva se llevó
a cabo, pese a que existía una medida cautelar en la que se ordenó su suspensión; (ii)
para esa fecha, el accionado tenía suspendido el derecho de voz y voto con ocasión de
una decisión proferida por el partido al que pertenecía, no obstante, decidió participar en
la votación; (iii) se convocó nuevamente a la asamblea para adelantar la sesión plenaria
el 6 de marzo de 2025, con el fin de elegir la mesa directiva provisional y (iv) el accionado
nuevamente votó y participó, aunque estaba suspendido su derecho de voz y voto.
Frente a las mencionadas irregularidades, la Sala prohíja lo considerado por el tribunal
en el sentido que escapan del objeto de estudio de la acción de pérdida de investidura,
por cuanto, pueden ser debatidas mediante el medio de control de nulidad electoral en
cuanto al acto de elección de la mesa directiva de la asamblea para la vigencia 2025, tal
y como se observa ocurrió en la demanda radicada con el núm. 47001 2333 000 2025
00015 00 en la que se controvirtió la elección de las señoras Ángela María Cedeño Ruiz,
como presidente; Marta Liliana García Rivera, como primera vicepresidente y Candy
Julieth Sánchez Vásquez, como segunda vicepresidente de la mesa directiva de la
asamblea departamental del Magdalena para el período 2025. Se anota que dicho
proceso está en curso en la Sección Quinta del Consejo de Estado para resolver el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia23.
En este punto, se aclara que el objeto del medio de control de nulidad electoral es
asegurar el principio de legalidad en el ejercicio de las funciones electorales y de la
facultad nominadora, por lo que procede contra actos en los que se hace una designación
por elección (popular o no) o por nombramiento24; mientras que, la acción de pérdida de
investidura «tiene como objeto establecer la ocurrencia o no de unos hechos; verificar si
se adecuan o corresponden o no a los supuestos normativos que señale la Constitución
y/o la ley como causales de pérdida de la investidura»25
23 Al respecto, se advierte que la señora María Margarita Guerra Zúñiga interpuso demanda bajo el medio
de control de nulidad pretendiendo la declaratoria de nulidad del acto de elección de las señoras Ángela
María Cedeño Ruíz, como presidente; Marta Liliana García Rivera, como primera vicepresidente; y Candy
Julieth Sánchez Vásquez, como segunda vicepresidente de la mesa directiva de la asamblea
departamental del Magdalena para el período 2025. Los hechos en los que se sustentó la pretensión de
nulidad fueron los siguientes: (i) aunque la sesión del 26 de noviembre de 2024 fue suspendida por una
orden del Juzgado Sexto Penal de Santa Marta, se llevó a cabo y se eligió a la mesa directiva; (ii) el
presidente de la asamblea relevó al secretario general de sus funciones y nombró a un diputado como
secretario ad hoc; (iii) la falta de quorum para elegir, por cuanto el diputado Alberto Gutiérrez tenía
suspendido el derecho de voz y voto por una decisión disciplinaria adoptada por su partido y respecto del
diputado Amed Josep Zawady Pupo se indicó que actuó simultáneamente como secretario ad hoc y
diputado. Por auto de 26 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo del Magdalena admitió la demanda,
suspendió provisionalmente el precitado acto de elección del 26 de noviembre de 2024 y ordenó a la
asamblea que adelantara el procedimiento para la elección de una nueva mesa directiva; decisión que fue
confirmada por la Sección Quinta del Consejo de Estado en auto de 5 de mayo de 2025. De otro lado, se
observa que, por auto de 28 de abril de 2025, el tribunal suspendió provisionalmente la nueva elección de
la mesa directiva que se llevó a cabo el 6 de marzo de 2025.
24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 29 de agosto
de 2012. Expediente radicación núm. 11001 0328 000 2010 00050 00. C.P.: Mauricio Torres Cuervo.
25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 24 de julio de
2008. Expediente radicación. 63001 2331 000 2007 00149 01. C.P.: Rafel E. Ostau Lafont Pianeta.
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Conforme con todo lo expuesto, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que
negó la desinvestidura del accionado, dado que, la parte actora no logró acreditar la
existencia de un conflicto de intereses en cabeza del diputado, derivado de su participación
en las sesiones de 26 de noviembre de 2024 y 6 de marzo de 2025, para lo cual se aclara
que al no estar reunidos los requisitos para la configuración del elemento objetivo de la
causal, resulta inoficioso descender en el examen del elemento subjetivo.
4.Condena en costas
En el presente asunto, la Sala no impondrá condena en costas, dado que la pérdida de
investidura es un proceso en el que se ventila un interés público.
En efecto, el artículo 188 del CPACA dispone:
[…] Artículo 188.Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […] [Negrillas
fuera de texto].
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de julio de 2025 por la Sala Plena
del Tribunal Administrativo del Magdalena que negó la solicitud de pérdida de investidura
del diputado Alberto Mario Gutiérrez Uribe, período constitucional 2024 – 2027, por las
razones señaladas en la parte motiva.
SEGUNDO: Sin condena en costas
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al tribunal de origen.
COPÍESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 19 de
marzo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
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Accionante: Rafel de Jesús Rebolledo Gil
Accionado: Alberto Mario Gutiérrez Uribe
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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