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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05556-02

Fecha
28 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales
Citada por
10 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05556-02

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA, de acuerdo con las consideraciones planteadas en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, en lo que concierne al elemento objetivo de la causal analizada en esta sentencia, ESTARSE A LO RESUELTO en el fallo proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado el veintiocho (28) septiembre de dos mil veintitrés (2023), dentro del proceso de nulidad electoral N° 11001-03-28-000-2022-00273-00. 34 Radicado: 11001-03-15-000-2022-05556-02 Solicitante: Víctor Velásquez Reyes SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida el veintidós (22) de febrero de dos mil veintitrés (2023) por la Sala Especial de Decisión No. 6, a través de la cual se negó la solicitud de pérdida de investidura presentada contra el señor Polivio Leandro Rosales Cadena como Senador de la República por la circunscripción indígena para el periodo 2022-2026, en lo que al elemento subjetivo corresponde. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia ARCHÍVESE el expediente dejando las anotaciones pertinentes en el sistema de gestión judicial SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05556-02

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

28 de noviembre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05556-02
Solicitante: Víctor Velásquez Reyes

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05556-02
Accionante: VÍCTOR VELÁSQUEZ REYES
Accionado: POLIVIO LEANDRO ROSALES CADENA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación presentado por el señor Víctor Velásquez
Reyes contra la sentencia proferida el veintidós (22) de febrero de dos mil veintitrés
(2023) por la Sala Especial de Decisión N° 6, a través de la cual se negaron las
pretensiones de la solicitud de pérdida de investidura de la referencia 1.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de desinvestidura, oposición y trámite de primera instancia

1.1. El diecinueve (19) de octubre de dos mil veintidós (2022)2, el señor Víctor
Velásquez Reyes formuló solicitud de pérdida de investidura contra el Senador por la
Circunscripción Especial Indígena, periodo constitucional 2022-2026, Polivio Leandro
Rosales Cadena, alegando la configuración del supuesto contemplado en el numeral
1° del artículo 183 de la Constitución Política, esto es, “(…) violación del régimen de
inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses”.

Como sustento de su solicitud, aseguró que antes de ser elegido Senador el señor
Rosales Cadena se desempeñaba como representante legal de la entidad sin ánimo

1 Conformada por los Consejeros Carlos Enrique Moreno Rubio, Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Jaime

Enrique Rodríguez Navas, Hernando Sánchez Sánchez y Rafael Francisco Suárez Vargas.
2 Tal y como consta en el PDF denominado “ED_CORREO_DIEGOMARIO” visible en el índice 2 de

SAMAI del expediente 2022-5556-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05556-02
Solicitante: Víctor Velásquez Reyes

de lucro “Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama —AICO—”3, calidad
en la que el trece (13) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) suscribió con el
Instituto Departamental de Salud de Nariño el contrato N° 202100755, cuyo objeto era,
según adujo, el “fortalecimiento del modelo de salud propio e intercultural en el marco
de la guía metodológica para la construcción y contenidos del SISPI del pueblo
indígena de los Pastos”, por un valor de ciento setenta millones de pesos
($170.000.000) y con plazo de ejecución hasta el veintitrés (23) de abril de dos mil
veintidós (2022)4.

A juicio del actor, este hecho hizo que el Senador acusado incurriera en la inhabilidad
prevista en el numeral 3° del artículo 179 de la Constitución Política, en la modalidad
de intervención en la celebración de contratos, según la cual no podrán ser
Congresistas “[q]uienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades
públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de
terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o
contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la
elección”, pues el señor Rosales Cadena no solo firmó un contrato dentro del periodo
de la inhabilidad sino que, además, lo ejecutó, en tanto, de conformidad con el
certificado de existencia y representación legal de AICO, el cambio de representante
legal solo vino a efectuarse el nueve (9) de mayo de dos mil veintidós (2022).

Para la parte actora, la celebración del referido contrato le concedió ventajas
electorales al Senador acusado, quien fue elegido congresista siendo representante
legal de AICO y “probablemente financió su campaña con dineros del erario”,
específicamente con los dineros públicos del contrato en cuestión5.

1.2. Admitida la solicitud, mediante auto de dos (2) de noviembre de dos mil veintidós

3 La Asociación “Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama —AICO—” es una agrupación

de cabildos y autoridades tradicionales indígenas que, según sus estatutos, se conformó en el año 2011
por los cabildos indígenas de Guachucal, Colimba, Pastas, Aldana, Miraflores, Paujil, Turpial La victoria,
Mayasquer, Iles, Yascual, Piscitao, Funes, Males Córdoba, Mauellamues, Cumbal, Ipiales, Chiles, Aldea
de María, Colimba, Mallama, Carlosama, San Juan, El Sandes, Andes Córdoba, Panan, entre otros, la
mayoría asentados en el departamento de Nariño (PDF denominado “Estatutos de AICO POR LA
PACHA MAMA”, disponible en “ADISPOSICIONDELASPARTES_RV__PRONUNCIAMIENTO_”, índice
20 de SAMAI expediente 2022-05556-00).
4 En la sentencia que resolvió este asunto en primera instancia se consignó que el contrato había sido

suscrito el 15 de septiembre de 2021, fecha en la que el Senador acusado firmó el negocio en la
plataforma SECOP II.
5 El solicitante afirmó que, aunque está situación fue puesta en conocimiento del Consejo Nacional

Electoral durante el proceso de escrutinio, mediante Resolución No. 3700 de cuatro (4) de agosto de
dos mil veintidós (2022) esa autoridad resolvió aplazar su decisión respecto de la inhabilidad alegada
hasta tanto el Consejo de Estado adoptara la decisión correspondiente.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05556-02
Solicitante: Víctor Velásquez Reyes

(2022) el despacho ponente ordenó la notificación al congresista demandado y al
Ministerio Público6.

1.3. En escrito de veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022) y a través
de apoderado judicial, el Senador Polivio Rosales Cadena se opuso a la prosperidad
de la solicitud por considerar que no están acreditados los elementos objetivos de la
inhabilidad alegada pues, de un lado, el actor no allegó prueba idónea de la suscripción
del contrato sino apenas pantallazos y enlaces de páginas web que, a su juicio, no dan
cuenta ni de la celebración ni del perfeccionamiento del contrato estatal y, del otro,
porque el convenio N° 202100755 no perseguía un interés personal o de terceros,
como lo exige la norma constitucional, sino la satisfacción de un derecho fundamental.

Así, luego de precisar que el Congresista acusado tiene dentro de su comunidad la
condición de “taita” y que para la fecha de los hechos ejercía como Gobernador del
Resguardo Indígena de San Juan (Nariño)7, indicó que AICO es una asociación de
cabildos y asociaciones indígenas, integrante de la Mesa Regional de los Pueblos
Pastos y Quillacingas, que constituye una “entidad pública especial” cuyo propósito es
velar por los derechos de los cabildos que la integran. En ese sentido, al celebrar el
contrato el señor Rosales Cadena “buscó satisfacer un interés público superior: la
salud de las comunidades indígenas”, fortaleciendo el “modelo de salud propia e
intercultural de los pueblos indígenas” en el marco de la guía que las autoridades
departamentales profirieron dentro del Sistema Indígena de Salud Propio
Intercultural (SISPI)8.

Lo anterior, a su juicio, impide que pueda considerarse que con ello se buscó un
beneficio personal para el Congresista o para terceros, pues, en realidad, con su
suscripción se quiso satisfacer un derecho fundamental, en cumplimiento de las
obligaciones que le eran exigibles como Gobernador del Cabildo y máxima autoridad
de los pueblos indígenas que así lo designaron; además, señaló que las comunidades

6 Índice 10 de SAMAI del expediente 2022-05556-00.
7 Según se adujo, fue elegido para dicho cargo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021.
8 El artículo 74 del Decreto 1953 de 2014 dispone: “Definición del Sistema Indígena de Salud Propio

Intercultural (SISPI). Es el conjunto de políticas, normas, principios, recursos, instituciones y
procedimientos que se sustentan a partir de una concepción de vida colectiva, donde la sabiduría
ancestral es fundamental para orientar dicho sistema, en armonía con la madre tierra y según la
cosmovisión de cada pueblo. El SISPI se articula, coordina y complementa con el Sistema General de
Seguridad Social en Salud (SGSSS), con el fin de maximizar los logros en salud de los pueblos
indígenas. // El SISPI es integral y se desarrolla en el marco del derecho fundamental a la salud, bajo
la rectoría del Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, a través de las instancias
y procedimientos que determine el presente decreto y demás disposiciones que lo modifiquen,
sustituyan y reglamenten.”

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05556-02
Solicitante: Víctor Velásquez Reyes

indígenas no pueden ser calificadas como “terceros” ajenos a la sociedad sino como
sujetos de especial protección constitucional con autonomía e independencia.

Indicó también que no era cierto que la campaña se hubiere financiado con los dineros
entregados en virtud de este contrato y que el negocio jurídico realmente nunca se
ejecutó por falta de “constitución de garantías”9.

En cuanto al elemento subjetivo de la conducta endilgada, aseguró que en este caso
el Congresista no actuó con dolo o culpa grave, pues su comportamiento se ajustó a
los deberes que le eran exigibles dada su calidad de autoridad indígena, lo que “no
puede dar lugar a sanciones, reproches o limitaciones a los derechos humanos de
carácter fundamental”. Además, alegó que al ser miembro de una comunidad indígena
la decisión de aspirar al Congreso no es personal o individual, sino que está
condicionada a la designación que realice la comunidad que se quiere representar, lo
cual, en su caso, ocurrió hasta el dos (2) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), esto
es, cuatro (4) meses después de la suscripción del contrato en cuestión.

Además, señaló que en su momento el Congresista elevó consulta al Departamento
Administrativo de la Función Pública indagando si en caso de ser designado como
candidato debía renunciar a la representación legal de AICO o si se encontraba
inhabilitado por haber suscrito contratos en nombre de esa asociación y que, en
respuesta a esa inquietud, el DAFP le indicó que no debía renunciar a esa dignidad y
que los contratos administrativos celebrados no configuraban inhabilidad.

Finalmente, solicitó que este caso fuera analizado con un enfoque étnico y de cara a
los derechos políticos de las comunidades indígenas y de sus integrantes10.

1.4. El veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintidós (2022) se decidieron las
peticiones probatorias planteadas por las partes, decretando las documentales
aportadas al plenario y ordenando oficiar al Instituto Departamental de Salud de Nariño

9 PDF denominado “Pronunciamiento sobre la solicitud de PI (1)” índice 20 de SAMAI del expediente

2022-05556-00.
10 En relación con este asunto, sostuvo que la Sección Quinta del Consejo de Estado definió este

enfoque como “una herramienta metodológica que se debe utilizar para determinar el contenido y
alcance de las normas jurídicas que afectan los derechos de las comunidades indígenas, según el cual:
entre las distintas interpretaciones admisibles de aquellas se debe preferir la que mejor protege su
autonomía cultural”.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05556-02
Solicitante: Víctor Velásquez Reyes

para que remitiera copia del contrato No. 2021000755 de 2021 y de sus
antecedentes11.

De otra parte, se dispuso negar las pruebas que no fueron aportadas con la solicitud y
aquellas que no estaban relacionadas con la litis planteada12, decisión frente a la cual
la parte actora presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación13, los cuales
fueron resueltos mediante providencias del siete (7) de diciembre de dos mil veintidós
(2022)14 y de veintisiete (27) de enero de dos mil veintitrés (2023)15, respectivamente,
confirmando la decisión adoptada.

1.5. El seis (6) de febrero de dos mil veintitrés (2023) se realizó la audiencia pública
de que trata el artículo 12 de la Ley 1881 de 2018, la cual contó con la participación de
las partes y del Ministerio Público.

Mientras que las partes reiteraron los argumentos planteados durante el proceso, el
representante de la Procuraduría solicitó que se negara la solicitud bajo la
consideración de que no se acreditó la gestión u obtención de un interés particular o
de terceros, pues la suscripción del contrato obedeció a la necesidad de consolidar el
modelo de salud para el pueblo Quillacinga; además, sostuvo que no se demostró que
el Congresista hubiera obtenido mayores votos por cuenta de la existencia de ese
contrato ꟷque finalmente no se ejecutóꟷ o que hubiera sacado provecho de esta
situación16. Finalmente, señaló que tampoco se demostró el elemento subjetivo de la
causal al tiempo que el Senador acusado afirmó que obró bajo el convencimiento de
no estar incurso en inhabilidad.

11 Específicamente se incorporaron como pruebas: i) la Resolución No. 3332 de 2022 expedida por el

Consejo Nacional Electoral; ii) la Resolución 3700 de 2022 dictada por el mismo organismo; iii) el acta
de posesión del señor Rosales Cadena como Gobernador Indígena del Resguardo de San Juan
(Nariño); iv) el Certificado del Registro de la condición del señor Rosales Cadena como Gobernador
Indígena ante el Ministerio del Interior; v) el Acta No. 4 de la Asamblea ordinaria de Autoridades
Indígenas de Colombia por la Pacha Mama, donde consta la designación del demandado como
representante legal; vi) copia de los Estatutos de Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha
Mama; vii) certificado de existencia y representación legal de Autoridades Indígenas de Colombia por la
Pacha Mama; viii) constancia de participación de la citada organización en la Mesa Permanente de
Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas; ix) estudios previos del contrato; x) concepto
rendido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, y xi) copia del acta de la Asamblea
de Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama de 2 de diciembre de 2021 en la que consta
la fecha de elección interna de los candidatos al Senado por la circunscripción especial indígena
avalados por dicha asociación.
12 Índice 22 de SAMAI del expediente 2022-05556-00.
13 Índice 26 de SAMAI del expediente 2022-05556-00.
14 Índice 30 de SAMAI del expediente 2022-05556-00.
15 Índice 4 de SAMAI del expediente 2022-05556-01.
16 Índice 56 de SAMAI del expediente 2022-05556-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05556-02
Solicitante: Víctor Velásquez Reyes

2. La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia de veintidós (22) de febrero de dos mil veintitrés (2023), la Sala
Especial de Decisión N° 6 negó las pretensiones de la solicitud, al encontrar que, si
bien el elemento objetivo de la inhabilidad estaba configurado, no sucedía lo mismo
con el elemento subjetivo, dado que no se probó el dolo o la culpa grave del
Congresista involucrado.

2.1. Así, frente al aspecto objetivo, la Sala empezó por señalar que la causal
relacionada con la celebración de contratos en interés propio o de terceros exige de la
acreditación de: “a) Un elemento material que consiste en celebrar contratos con
entidades públicas, y en este punto, resulta del caso resaltar que la inhabilidad está
dada por el acto de la celebración del contrato y no por ningún acto anterior o posterior
como, por ejemplo, la ejecución o liquidación. // b) Un elemento temporal que está
dado por los 6 meses anteriores a la fecha de la elección correspondiente, no a la
inscripción ni a ningún acto diferente a la elección. // c) Un elemento espacial que se
refiere a la circunscripción en que se debe efectuar la respectiva elección, en el caso
del Senado de la República será nacional.”.

En este contexto y después de examinar las pruebas obrantes en el plenario, la Sala
Especial encontró demostrado el elemento material, pues el señor Polivio Leandro
Rosales Cadena, actuando como representante legal de la Asociación AICO, suscribió
el contrato N° 2021000755 con el Instituto Departamental de Salud de Nariño, un
establecimiento público descentralizado del orden departamental, en “interés de
terceros” y con la inclusión de una contraprestación económica en favor de AICO.

Además, advirtió acreditado el elemento temporal, habida cuenta que el contrato fue
suscrito el quince (15) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)17, es decir, dentro de
los seis (6) meses anteriores a la elección si se tiene en cuenta que el periodo
inhabilitante estuvo comprendido entre el trece (13) de septiembre de dos mil veintiuno
(2021) y el trece (13) de marzo de dos mil veintidós (2022), y el elemento espacial,
pues la Constitución establece que “la circunscripción nacional coincide con cada una
de las territoriales”.

En este análisis, la Sala indicó que no resultaba relevante el hecho de que AICO fuera

17 Se tomó como referencia la fecha en la que el señor Rosales Cadena firmó el contrato en la plataforma

SECOP II, en tanto la entidad contratante lo suscribió el 16 de septiembre de 2021.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05556-02
Solicitante: Víctor Velásquez Reyes

“una entidad de derecho público de carácter especial”, miembro de la mesa regional
de los Pueblos Pastos y Quillacingas, así como de la Subcomisión de Salud de la Mesa
Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, pues no
existe norma que establezca que estas instituciones o que sus representantes están
exentos de la prohibición constitucional. Además, precisó que la protección especial
de la que gozan las comunidades indígenas, en virtud de la Constitución y de distintos
tratados de derechos humanos, no exonera a sus miembros de cumplir las
obligaciones constitucionales para presentarse a cargos de elección popular.

2.2. No obstante, la Sala Especial consideró que no se encontraba acreditado el
elemento subjetivo de la causal de desinvestidura alegada, pues no se demostró el
dolo o la culpa grave en la conducta del Congresista acusado, toda vez que “según se
afirmó en el proceso -y no fue desvirtuado por las partes- el señor Rosales Cadena
actuó bajo el convencimiento de que no estaba configurada la inhabilidad por cuanto
en su entender, el contrato en cuestión no había sido celebrado a favor de terceros
sino de un interés superior.”.

En este contexto, señaló que “si bien es cierto [el Senador] debió verificar con diligencia
y cuidado cuál era su condición al momento de inscribirse como candidato o al aceptar
la decisión de las autoridades indígenas para inscribirse como tal, el hecho de haber
considerado que no se configuraba la inhabilidad dados los beneficiarios del contrato,
excluyen su comportamiento de la culpa grave, para dejarlo apenas, en el escenario
de la culpa leve.”18.

3. El recurso de apelación

Inconforme con lo anterior, el siete (7) de marzo de dos mil veintitrés (2023) el señor
Víctor Velásquez Reyes presentó recurso de apelación.

Como sustento de su disenso con la sentencia de primera instancia, el actor señala
que en dicha providencia se incurrió “en falsa motivación porque no se tuvieron en
cuenta las pruebas que obran en el expediente, pues si se hubieran analizado dichas
probanzas las decisiones hubieran sido diferentes”.

Así, asegura que la certificación expedida por la Cámara de Comercio demuestra que

18 Índice 62 de SAMAI del expediente 2022-05556-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05556-02
Solicitante: Víctor Velásquez Reyes

“la asociación que dirigió POLIVIO LEANDRO ROSALES CADENA, es de naturaleza
o, carácter privado y que se rige por el derecho privado” (mayúsculas y negritas en
original). En este sentido, sostiene que la asociación AICO no tiene carácter “oficial”,
sino es que es una asociación de cabildos indígenas y así debió reconocerse.

Además, afirma que no se tuvo en cuenta que el propio Congresista “aceptó haber
gestionado, firmado y tramitado o gestionado la liquidación del contrato”, por lo que,
en su criterio, si éste se liquidó es claro que también se ejecutó, lo que da cuenta
entonces de que la inhabilidad sí se configuró.

Por último, señala que durante el periodo inhabilitante el señor Rosales Cadena
“ejecutó recursos fiscales” y que el contrato celebrado sí incidió en el electorado, pues
el Congresista acusado “gerenció” una entidad que entregó recursos a las
comunidades que votan, desequilibrando el escenario democrático, de manera que
debe declararse la pérdida de investidura19.

4. Trámite en segunda instancia

4.1. Mediante auto de dos (2) de junio de dos mil veintitrés (2023), el recurso de
apelación fue admitido y se corrió traslado al congresista demandado y al Ministerio
Público para que, de considerarlo del caso, intervinieran en este asunto20.

Durante el término de traslado, únicamente intervino el apoderado del señor Rosales
Cadena, quien solicitó que la sentencia de primera instancia sea confirmada pues, a
su juicio, la inhabilidad no está debidamente acreditada.

En su escrito, insistió en que no es posible afirmar que el contrato se celebró en interés
de terceros, pues la Asociación AICO es una entidad de derecho público de carácter
especial que no satisface intereses de particulares sino de los pueblos indígenas, es
decir, “intereses públicos especiales de un sujeto colectivo de derechos”. En ese
sentido, señaló que, como lo reconoció la Corte Constitucional en sentencia T- 380 de
1993, los pueblos indígenas son sujetos colectivos de especial protección
constitucional y no “una simple sumatoria de sujetos individuales que comparten los
mismos derechos o intereses difusos o colectivos”.

19 Para sustentar su dicho, el apelante se refirió, sin precisar dato alguno del proceso, a la decisión

adoptada en el caso del ex congresista Álvaro Araujo Noguera.
20 Índice 6 de SAMAI del expediente 2022-05556-02.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05556-02
Solicitante: Víctor Velásquez Reyes

Bajo este mismo derrotero, señaló que tampoco puede predicarse responsabilidad
subjetiva en el comportamiento del señor Rosales Cadena dado que aquel actuó “en
cumplimiento de normas especiales que desarrollan los territorios indígenas y el
principio de autonomía prevalece en un ejercicio de ponderación y proporcionalidad
frente a la norma sustantiva que establece una inhabilidad”. Además, luego de
describir el marco normativo del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural
(SISPI), indicó que la gestión para la suscripción de contratos no la realizó el señor
Rosales Cadena sino la Mesa Permanente de Concertación Nacional y que, en
aplicación de la jurisprudencia del Consejo de Estado, los contratos que se suscriben
en el marco de este sistema no pueden dar lugar a la inhabilidad reprochada por
relacionarse con la prestación del servicio de salud21.

Finalmente, señaló que como el apelante solo se refirió al aspecto objetivo de la
inhabilidad, la Sala Plena carece de competencia para examinar el elemento subjetivo
so pena de violar el principio de congruencia y que, en todo caso, al sub examine debe
aplicarse un enfoque étnico que permita unificar la jurisprudencia para concluir que la
“suscripción de los contratos en interés de las comunidades y pueblos indígenas no da
lugar a inhabilidades, en razón del interés público y especial que persiguen”22.

4.2. El catorce (14) de junio de dos mil veintitrés (2023) el expediente ingresó al
Despacho23.

4.3. Radicado el proyecto de fallo ante la Secretaría General, por auto de veinticuatro
(24) de octubre de dos mil veintitrés (2023) la Sala Plena declaró infundados los
impedimentos presentados por los consejeros Fredy Ibarra Martínez y Juan Enrique
Bedoya Escobar para conocer del presente asunto24.

4.4. Posteriormente, mediante providencia de diez (10) de noviembre de dos mil
veintitrés (2023) y dando aplicación al artículo 115 del Código General del Proceso, se

21 Para sustentar su dicho, el apoderado se refirió a la sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado

de 10 de noviembre de 2009, radicación 11001-03-15-000-2008-01181-00, en la que, según afirma, se
estableció que los contratos que se suscriben con las EPS no pueden dar lugar a la inhabilidad
reprochada, de manera que la misma suerte deben correr los negocios que se celebran en el marco de
la implementación del SISPI.
22 Índice 12 de SAMAI del expediente 2022-05556-02.
23 Índice 13 de SAMAI del expediente 2022-05556-02. Adicionalmente, mediante memoriales de 7 de

julio y de 28 de julio de 2023, el apoderado del señor Rosales Cadena presentó solicitudes de impulso
procesal y en el mismo sentido intervino el Delegado del Ministerio Público con oficio de 17 de agosto
de la misma anualidad (índices 14, 18 y 16 de SAMAI, respectivamente).
24
Índice 27 de SAMAI del expediente 2022-05556-02.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05556-02
Solicitante: Víctor Velásquez Reyes

ofició a la Secretaría de la Sección Quinta para que certificara el estado del proceso
de nulidad electoral No. 11001-03-28-000-2022-00273-00, en especial, si el fallo
proferido por esa Sección el veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
dentro del citado expediente se encontraba ejecutoriado25, solicitud que fue atendida
mediante Oficios Nos. 2023–541 de catorce (14) de noviembre de dos mil veintitrés
(2023)26 y 2023–543 del día quince (15) de los mismos mes y año27.

4.5. Cumplido lo anterior, el expediente ingresó nuevamente al Despacho para adoptar
la decisión que en derecho corresponda28.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con los artículos 184 y 237.5 de la Constitución Política, 2° de la Ley
1881 de 2018, 37.1 de la Ley 270 de 1996 y 111.7 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 34
del Reglamento Interno de la Corporación —Acuerdo 080 de 2019—, la Sala Plena del
Consejo de Estado, con exclusión de los Consejeros que integraron la Sala que profirió
la sentencia impugnada, es competente para pronunciarse sobre el recurso de
apelación formulado en el asunto de la referencia.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala Plena establecer si, de conformidad con los argumentos
vertidos en el recurso de apelación, el Senador Polivio Leandro Rosales Cadena se
encuentra incurso en la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 1° del
artículo 183 Constitucional, por la configuración de la inhabilidad a que se refiere el

25 Índice 39 de SAMAI del expediente 2022-05556-02.
26
Índice 43 de SAMAI del expediente 2022-05556-02. Allí, la Secretaria de la Sección Quinta indicó que
«la decisión se encuentra ejecutoriada en razón a que conforme lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo 302 de la Ley 1564 aplicable por remisión del artículo 306 de la Ley 1564 (sic) que establece
“cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez
resuelta la solicitud” evento que ya ocurrió en este caso, pues se resolvió esta solicitud el 19 de octubre
y se comunicó la nulidad del acto demandado el 1 de noviembre de 2023».
27
Índice 44 de SAMAI del expediente 2022-05556-02. En él se hizo constar que “en la nulidad electoral
de la referencia está pendiente que se resuelva una nulidad de la que se corrió traslado y la recusación
presentada respeto (sic) de la que se pronunció el magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil. En este
momento y desde el 7 de noviembre de 2023, la actuación está en el despacho del magistrado Luis
Alberto Álvarez Parra para resolver la recusación formulada.”.
28
Índice 44 de SAMAI del expediente 2022-05556-02.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05556-02
Solicitante: Víctor Velásquez Reyes

numeral 3° del artículo 179 Superior en la modalidad de intervención en la celebración
de contratos.

Para el efecto, la Sala efectuará algunas consideraciones generales respecto a las
características y elementos de la causal alegada, para luego entrar a analizar el caso
concreto.

3. La causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 1° del artículo
183 de la Constitución Política

3.1. Consciente de la responsabilidad que comporta el ejercicio de un cargo de
elección popular y buscando reforzar la legitimidad del Congreso de la República, el
constituyente determinó la necesidad de instituir un régimen de inhabilidades y de
conflictos de intereses riguroso para los congresistas, en el que, además, se preocupó
de que dichas prohibiciones y restricciones se cumplieran de manera efectiva, de
forma que su desconocimiento acarreara consecuencias reales.

En este contexto, surge la figura de la pérdida de investidura como una herramienta
cuya finalidad es “garantizar bajo una rigurosa sanción, el respeto al régimen de
inhabilidades y conflicto de intereses, de forma que las sanciones por las violaciones
a sus deberes sean drásticas”29. Bajo el entendido de que la dignidad de congresista
implica un “altísimo nivel” entre los servidores del Estado, el constituyente consideró
que el desconocimiento de los deberes propios de esa posición debía “castigarse” con
una sanción de la máxima gravedad, esto es, la pérdida de la investidura30.

Así, en el artículo 183 Superior se incorporó esa figura que implica que, ante la
materialización de alguno de los supuestos consagrados en esa norma constitucional
bajo la modalidad de dolo o culpa grave, debe disponerse la desvinculación inmediata
del cargo de elección popular y la imposibilidad de ocupar alguna dignidad de esa
naturaleza en el futuro.

El proceso que se sigue para la determinación de si hay lugar o no a la pérdida de
investidura, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la Ley 1881 de
201831, tiene carácter sancionatorio, lo que significa que, tratándose de una

29 Gaceta Constitucional N° 51 pág. 27.
30 Ibídem.
31“Artículo 1. El proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad
subjetiva. La acción se ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05556-02
Solicitante: Víctor Velásquez Reyes

manifestación del denominado ius puniendi del Estado, en su análisis no solo debe
salvaguardarse el debido proceso propio de cualquier proceso judicial, sino que
también deben atenderse principios como los de pro personae, favorabilidad, pro
libertate, in dubio pro sancionado, legalidad, culpabilidad, razonabilidad y
proporcionalidad32. Lo anterior, por demás, implica que, en principio, en estos
procesos no es posible invertir la carga de la prueba, razón por la que le corresponde
a quien persigue la desinvestidura probar los supuestos de hecho en los que se funda
la solicitud.

Adicionalmente, la aplicación de los citados principios implica que para decretar la
pérdida de investidura de un determinado miembro de una corporación pública no
basta con acreditar el elemento objetivo de la causal alegada [tipicidad], sino que,
además, es menester efectuar un juicio de responsabilidad subjetivo [culpabilidad], en
donde el dolo y/o la culpa grave del demandado adquieren un papel preponderante,
pues solo las conductas cometidas bajos esos títulos podrán dar lugar a decretar la
desinvestidura de su dignidad.

3.2. Ahora bien, en los artículos 179 a 182 de la Carta Política se consagró el
denominado “Estatuto del Congresista”, mediante el cual el Constituyente: i) previó
una serie de restricciones de acceso al cargo (inhabilidades); ii) estatuyó prohibiciones
para los parlamentarios que están en ejercicio de su dignidad (incompatibilidades), y
iii) dispuso que quienes conforman el órgano legislativo deben manifestar, de manera
expresa, cualquier situación particular que pueda reñir con el interés público con el
que deben ejercer su función (conflicto de intereses)33. Para garantizar el
cumplimiento irrestricto de dicho estatuto, en el numeral 1° del artículo 183 de la
Constitución se dispuso que su violación daría lugar a la pérdida de investidura.

3.3. Dentro de esas inhabilidades y para lo que interesa a la presente causa, el
numeral 3° del artículo 179 de la Carta Política establece:

“ARTICULO 179. No podrán ser congresistas:

gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura establecidas
en la Constitución. Se observará el principio del debido proceso conforme al artículo 29 de la
Constitución Política.”
32 En el mismo sentido consultar, entre otros: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 9,

sentencia del 5 de marzo de 2018, radicación 11001-03-15-000-2018-00318-00 (antes 11001-03-15-
000-2017-02460-00).
33 Los conceptos de inhabilidad, incompatibilidad y conflicto de interés están previstos en los artículos

279, 281 y 286 de la Ley 5ª de 1992. Específicamente sobre la diferencia entre inhabilidad e
incompatibilidad, ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29
de enero de 2019, radicación 11001-03-28-000-2018-00031-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05556-02
Solicitante: Víctor Velásquez Reyes

(…) 3. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades
públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en
el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que
administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses
anteriores a la fecha de la elección.

(…) Las inhabilidades previstas en los numerales 2, 3, 5 y 6 se refieren a
situaciones que tengan lugar en la circunscripción en la cual deba
efectuarse la respectiva elección. La ley reglamentará los demás casos de
inhabilidades por parentesco, con las autoridades no contemplados en
estas disposiciones.

Para los fines de este artículo se considera que la circunscripción nacional
coincide con cada una de las territoriales, excepto para la inhabilidad
consignada en el numeral 5”.

La Asamblea Nacional Constituyente justificó la introducción de esta inhabilidad en
tanto “es indispensable evitar que se utilicen los factores de poder del Estado con fines
electorales. Por ello debe contemplarse que quienes (…) tienen acceso a otros
factores con los que se podrían manipular a los electores estén impedidos para
presentarse como candidatos”.

A su vez, la jurisprudencia ha indicado que esta causal se encuentra justificada “de
una parte, en la necesidad de evitar que el particular que gestiona o celebre el negocio,
saque provecho de su aspiración popular para obtener un tratamiento privilegiado ante
la entidad pública destinataria de las gestiones y, de otra, que la persona se muestre
frente a la comunidad como una hábil negociadora de intereses con la Administración,
en detrimento de la igualdad entre los candidatos a una elección popular”34.

Así, el objetivo general de esta inhabilidad es garantizar la moralidad e imparcialidad
del proceso electoral, preservando la igualdad tanto en la contienda electoral como en
el trámite de contratación de que se trate y evitando que los candidatos se beneficien
indebidamente de sus relaciones con entidades públicas o que se presente una
confusión entre los intereses públicos y los privados35. Al respecto, la Sala Plena de
esta Corporación ha señalado:

34 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 5 de marzo de 2012, radicación 11101-03-28-000-

2010-00025-00. Posición reiterada, entre otras, en: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del
12 de marzo de 2015 y en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 11 de abril de 2019,
radicación 11001-03-28-000-2018-00080-00 (acumulado).
35 En el mismo sentido, Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 12 de agosto de 2021,

radicación 15001-23-33-000-2019-00630-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 13 de
agosto de 2020, radicación 68001-23-33-000-2019-00926-01 y Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 13 de agosto de 2020, radicación 11001-03-28-000-2018-00015-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05556-02
Solicitante: Víctor Velásquez Reyes

“[Se trata de] prevenir asimetrías de poder en dos ámbitos que se rigen por
estrictas reglas de igualdad. De un lado, previene desequilibrios en la
contienda electoral que puedan derivarse de los beneficios que obtenga el
candidato, con ocasión de sus gestiones o contratos con la Administración.
De otro lado, previene asimetrías y prácticas corruptas en los procesos de
contratación, que pueden tener lugar si un candidato aprovecha su posición
para tomar ventaja sobre la entidad pública o sobre otros proponentes”36.

Adicionalmente, el Consejo de Estado ha señalado, tanto en sede de pérdida de
investidura como de nulidad electoral37, que esta inhabilidad tiene dentro de su texto
3 modalidades o conductas proscritas, a saber:

i. La intervención en gestión de negocios antes entidades públicas.
ii. La intervención en la celebración de contratos con entidades públicas en
interés propio o en el de terceros; y
iii. La representación legal de entidades que administren tributos o
contribuciones parafiscales.

Aunque las modalidades enunciadas comparten algunos parámetros, lo cierto es que
se trata de conductas diferenciadas y, por ende, con características y alcances
propios38. De ahí, que corresponda al solicitante precisar con exactitud cuál de las
hipótesis que prevé el numeral 3° del artículo 179 es la que estima configurada.

Para lo que concierne al asunto bajo examen, resulta relevante evidenciar
sucintamente los elementos configurativos de la inhabilidad en la modalidad de
“intervención en la celebración de contratos”.

Al respecto, según el tenor del texto constitucional y de conformidad con el alcance
que al mismo le ha asignado el Consejo de Estado, para que dicha inhabilidad se

36 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 27 de septiembre de

2018, radicación 11001-03-15-000-2018-02417-01.
37 Sobre el punto consultar, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia

del 13 de abril de 2021, radicación 11001-03-15-000-2020-3518-01; Consejo de Estado, Sala Especial
de Decisión No. 13, sentencia 16 de octubre del 2020, radicación 11001-03-15-000-2020-3518-00, y
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de octubre de 2019,
radicación 11001-03-15-000-2018-02417-01.
38 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 17, sentencia del 27 de noviembre de 2020,

radicado 11001-03-15-000-2020-02883-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sentencia del 8 de octubre de 2019, radicación 11001-03-15-000-2018-02417-01.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05556-02
Solicitante: Víctor Velásquez Reyes

entienda materializada en su aspecto objetivo, deben concurrir los siguientes
elementos:

a) Elemento material: de acuerdo con la Carta Política, la conducta proscrita es
“intervenir en la celebración contratos” con una entidad pública. Así, se ha
precisado que debe existir una participación directa y personal del candidato
para celebrar directamente o por interpuesta persona un negocio jurídico cuya
contraparte sea una entidad estatal en cualquiera de sus niveles (central o
territorial)39, excluyendo aquellos contratos a través de los cuales el Estado
ofrece servicios comunes a todos los ciudadanos, como, por ejemplo, los
relacionados con la prestación de servicios públicos o el contrato de
seguros40.
b) Elemento propositivo: implica que el contrato se celebre en interés ⎯de
cualquier índole⎯, propio y personal del congresista o de terceros distintos a
él. Aquí lo que se examina es si el negocio generó algún tipo de beneficio
patrimonial o extrapatrimonial al parlamentario y/o a terceros41.
c) Elemento territorial o espacial: exige que el contrato deba cumplirse o
ejecutarse en la misma circunscripción territorial donde el congresista resultó
electo. Para el caso de la circunscripción nacional, como la de los Senadores
de la República, el inciso final del artículo 179 de la Constitución Política
dispone que ella coincide con cada una de las circunscripciones territoriales.
d) Elemento temporal: por último, debe estar configurado el elemento temporal
de la conducta, el cual implica que el contrato haya sido celebrado dentro de
los seis (6) meses anteriores a la fecha de la elección.

39 La jurisprudencia de esta Corporación ha entendido que el concepto de “celebración” se refiere al

perfeccionamiento del negocio jurídico, lo que, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, se
materializa “cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito”, y
excluye otras etapas del contrato como su ejecución o liquidación. Lo anterior, sin perjuicio de las
particularidades propias de aquellos contratos a los que no les aplica el Estatuto de Contratación Pública
⎯como, por ejemplo, los convenios de asociación de que trata el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007,
caso en el cual deberán consultarse las formalidades propias de cada negocio jurídico para establecer
el momento de su perfeccionamiento. Sobre el punto, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia de 30 de mayo de 2019, radicación 13001-23-33-000-2018-00417-00; Consejo de Estado,
Sección Quinta, sentencia del 11 de abril de 2019, radicación 11001-03-28-000-2018-00080-00
(acumulado); Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 27 de
septiembre de 2018, radicación 11001-03-15-000-2018-00015-00; Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de enero de 2010, radicación 1001-03-15-000-2009-
00708-00; y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 10 de
noviembre de 2009, radicación 11001-03-15-000- 2008-01181-00.
40 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de octubre de 2019,

radicación 11001-03-15-000-2018-02417-01.
41 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación 66001-23-33-

000-2015-00475-01.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05556-02
Solicitante: Víctor Velásquez Reyes

Por su parte, en su aspecto subjetivo lo que se exige es que se demuestre que el
parlamentario actuó con dolo o culpa grave. Al respecto, debe recordarse que, de
acuerdo con lo establecido en el inciso primero del artículo 1° de la Ley 1881 de 2018,
la pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva, de manera que
para entender estructurada la conducta de que se trate no basta que concurran los
elementos objetivos de la prohibición constitucional, sino que es necesario acreditar
la culpabilidad del congresista, esto es, su conducta dolosa o gravemente culposa,
pues de esta manera se desvirtúa la presunción de inocencia que, por supuesto,
resulta aplicable también en estos trámites.

Precisamente sobre este asunto, la Corte Constitucional ha señalado que el análisis
de la culpabilidad en procesos sancionatorios, como el de pérdida de investidura,
implica que “(i) los ciudadanos sólo responden por los actos (y omisiones) que
exteriorizan mediante una voluntad claramente signada en hechos verificables
exteriormente; ii) que la determinación de la responsabilidad jus punitiva de un
ciudadano, es un asunto que sólo a él concierne y, que en esa medida, es personal e
intransferible; y iii) que es necesaria la conexión voluntaria entre el acto (u omisión) y
el resultado producido, signada esa voluntad en el dolo o la imprudencia con que haya
materializado el ciudadano su actuar (u omitir).”42 (Negritas en original).

Ahora bien, dado que la Ley 1881 de 2018 no establece qué debe entenderse por dolo
o culpa grave en el ámbito de este tipo de juicios, la jurisprudencia contencioso
administrativa ha sostenido que mientras el dolo corresponde a la “intención positiva
de lesionar un interés jurídico”, la culpa “atañe a un concepto que está ligado a la
diligencia debida para el desarrollo de determinada actividad”43. A partir de allí, el
Consejo de Estado ha precisado el alcance de estos conceptos en el marco de la
pérdida de investidura, así:

“(…) en los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía
plenamente que su comportamiento era constitutivo de una causal de pérdida
de investidura, estaríamos ante una situación de total intención en la
realización de la misma y, por ende, de un grado de culpabilidad doloso; por
el otro, en aquellos eventos en los que se concluya que el sujeto no conocía
la ilicitud de su conducta pero que, en virtud de la diligencia requerida para el
desarrollo de su actividad, debía saber que la misma resultaba contraria a
derecho y adoptar las medidas para evitar su realización, se estaría ante un

42 Corte Constitucional, sentencia SU-474 de 2020.
43 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 10 de mayo de 2018, radicación 17001-23-33-

000-2016-00473-01.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05556-02
Solicitante: Víctor Velásquez Reyes

comportamiento culposo, de no mediar sólidas circunstancias que se lo
hubieran impedido.”44.

De esta manera, esta Corporación ha establecido que para determinar si la conducta
de un Congresista puede calificarse como dolosa o gravemente culposa, debe
examinarse si este conocía de los hechos constitutivos de la infracción y buscaba su
realización o si “debía conocer de la actuación que desarrolló y (…) su voluntad se
enderezó a esa acción u omisión”45, sin que exista “alguna circunstancia que excluya
la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya actuado de buena fe o, en caso
de que la causal lo admita, se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor,
o en general exista alguna circunstancia que permita descartar la culpa”46.

En este orden de ideas, de manera general, si el Congresista conocía que
determinada conducta era constitutiva de una causal de pérdida de investidura y, a
pesar de ello, incurrió en ese comportamiento, se estaría ante un grado de culpabilidad
doloso; y si no conocía la ilicitud de su conducta pero, en virtud de la diligencia
requerida para el desarrollo de su actividad, le era exigible ese conocimiento y el
adoptar medidas para evitar su realización, se estaría ante un comportamiento
gravemente culposo.

Sobre esto último, debe indicarse que esta Corporación ha entendido que “la revisión
de los requisitos y el marco normativo que rige el cargo que se ocupa, es una
obligación general de quien accede a la función pública”47, incluyendo los cargos de
elección popular. Sin embargo, ello no obsta para que, en cada caso concreto, la
autoridad judicial analice “las condiciones personales del sujeto, esto es el grado de
formación, su profesión, las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que
haya realizado para conocer dicho marco normativo (…) para con base en ello,

44 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 25 de mayo de 2021,

radicación 11001-03-15-000-2020-00773-01, y Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 11
de febrero de 2021, radicación 68001-23-33-000-2019-00893-01.
45 La cita corresponde a la sentencia SU-424 de 2016, reiterada en sentencia SU-632 de 2017,

providencias de la Corte Constitucional. Además, sobre el punto consultar: Consejo de Estado, Sección
Primera, sentencia del 25 de noviembre de 2021, radicación 05001-23-33-000-2021-00618-01; Consejo
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 25 de mayo de 2021, radicación
11001-03-15-000-2020-00773-01; Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 11 de febrero de
2021, radicación 68001-23-33-000-2019-00893-01; Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del
19 de septiembre de 2019, radicación 13001-23-33-000-2018-00738-01; y Consejo de Estado, Sección
Primera, sentencia del 25 de mayo de 2017, radicación 81001-23-39-000-2015-00081-01.
46 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 25 de mayo de 2021,

radicación 11001-03-15-000-2020-00773-01. En esa misma sentencia, esta Corporación precisó que
corresponde al juez verificar, en cada caso particular, si existen condiciones o situaciones eximentes de
responsabilidad.
47 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 25 de mayo de 2021,

radicación 11001-03-15-000-2020-00773-01.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05556-02
Solicitante: Víctor Velásquez Reyes

determinar si se obró con el cuidado requerido y así definir si su conducta es
gravemente culposa o si, por el contrario, se está ante una situación de buena fe
exenta de culpa que impida el reproche subjetivo de su obrar”48.

Así, por ejemplo, en la sentencia de 8 de octubre de 2019 (radicación 11001-03-15-
000-2018-02417-01) la Sala Plena del Consejo de Estado se ocupó de examinar el
caso de un Congresista acusado por, supuestamente, haber incurrido en la causal de
inhabilidad prevista en el artículo 179.3 de la Constitución Política, tanto en la
modalidad de gestión de negocios como en la de celebración de los mismos. En esa
oportunidad, la Sala consideró que, para establecer si el elemento subjetivo estaba
configurado y en atención a las particularidades de ese específico asunto, resultaba
relevante analizar si el parlamentario “(1) estaba en condiciones de comprender que
las circunstancias configuraban el verbo rector de la causal, (2) si le era exigible otro
comportamiento, (3) si atendió las normas jurídicas, y (4) si en el caso concreto la
sanción es necesaria para cumplir sus finalidades constitucionales.”49.

Aplicadas estas premisas al caso concreto, en dicha providencia se concluyó que no
se encontraba acreditado el elemento subjetivo en tanto el Congresista inculpado no
podía comprender que la situación configuraba el verbo rector de la causal ⎯pues la
calidad de la entidad que representaba y el alcance de la inhabilidad “no generaba en
el convocado convicción o siquiera sospecha de que estaba incurso en esa
inhabilidad”⎯, y que no era posible exigirle una conducta diferente, pues las pruebas
debidamente allegadas al plenario evidenciaban que aquél había actuado de
conformidad con la naturaleza de la corporación en la que ejercía como representante
legal. Además, la Sala advirtió que el Congresista había atendido las normas jurídicas
y que la sanción de pérdida de investidura no era necesaria para garantizar los fines
constitucionales, toda vez que “la igualdad entre los participantes en la contienda
electoral no se puso en riesgo (…)”.

Como se advierte, es claro que la determinación de la configuración del elemento
subjetivo implica analizar, de cara a las pruebas allegadas al plenario, aspectos como
la intención o el propósito de la conducta desplegada por el congresista, sus
condiciones personales y las circunstancias que rodearon la situación, incluidas
aquellas que puedan constituir eximente de responsabilidad, para lo cual deberá

48 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias del 25 de noviembre de 2021, radicación 05001-23-

33-000-2021-00618-01 y del 10 de diciembre de 2021, radicación 41001-23-33-000-2021-00035-01.
49 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de octubre de 2019,

radicación 11001-03-15-000-2018-02417-01.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05556-02
Solicitante: Víctor Velásquez Reyes

determinarse, además, si era posible exigirle una conducta diferente y si la sanción de
la pérdida de investidura resulta necesaria e idónea para preservar los fines
constitucionales con los que fue prevista.

Conforme con las anteriores consideraciones, procede la Sala a efectuar el análisis
del presente asunto.

4. Caso concreto

Previo a efectuar un pronunciamiento sobre el problema jurídico planteado, la Sala
advierte necesario establecer si en el sub judice acaeció el fenómeno de cosa juzgada,
teniendo en cuenta que en contra de este mismo Congresista y por razones similares
a las aquí argüidas fue promovida tanto una acción de nulidad electoral (expediente
11001-03-28-000-2022-00273-00)50, como una acción de pérdida de investidura que
resolvió la Sala Especial de Decisión No. 12 en providencia del siete (7) de julio de
esta anualidad (radicado 11001-03-15-000-2023-01743-00)51.

4.1. Cuestión previa: sobre la eventual configuración de la cosa juzgada

4.1.1. Pese a las marcadas diferencias que existen entre las acciones de pérdida de
investidura y de nulidad electoral ⎯particularmente en cuanto a su objeto, finalidad,
los procedimientos consagrados para resolverlas, así como los efectos que se derivan
de las sentencias que las deciden⎯, ambas herramientas judiciales comparten como
una de las causales de procedencia la violación al régimen de inhabilidades,
incompatibilidades y conflictos de interés.

En efecto, el numeral 1° del artículo 183 de la Constitución prescribe que “los
congresistas perderán su investidura: 1. [p]or violación del régimen de inhabilidades e
incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses”, mientras que el numeral
5° del artículo 275 del CPACA dispone que: “[l]os actos de elección o de nombramiento
son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además,
cuando: (…) 5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las

50 Documento público que obra en la relatoría de esta Corporación, https://consejodeestado.gov.co/wp-

content/uploads/2023/275_275_110010328000202200273001SENTENCIADECLARANU2023092817
4339.pdf. Además, puede ser consultado en el aplicativo de gestión judicial de la jurisdicción
contencioso administrativa, SAMAI.
51 Disponible en el índice 34 de SAMAI del expediente 11001-03-15-000-2023-01743-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05556-02
Solicitante: Víctor Velásquez Reyes

calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen
incursas en causales de inhabilidad”.

De ahí entonces que sea posible que una misma situación fáctica pueda dar lugar, de
forma simultánea, a una demanda de nulidad electoral y a una de pérdida de
investidura. Por tal razón, el legislador decidió regular expresamente la institución de
la cosa juzgada dentro del proceso de pérdida de investidura; así, en el parágrafo del
artículo 1° de la Ley 1881 de 2018 se estableció lo siguiente:

“ARTÍCULO 1: (…) PARÁGRAFO. Se garantizará el non bis in idem. Cuando
una misma conducta haya dado lugar a una acción electoral y a una pérdida
de investidura de forma simultánea, el primer fallo hará tránsito a cosa juzgada
sobre el otro proceso en todos los aspectos juzgados, excepto en relación con
la culpabilidad del Congresista, cuyo juicio es exclusivo del proceso de pérdida
de investidura
.
En todo caso, la declaratoria de pérdida de investidura hará tránsito a cosa
juzgada respecto del proceso de nulidad electoral en cuanto a la configuración
objetiva de la causal.”

Al respecto, el Consejo de Estado ha resaltado que, como se desprende del tenor
literal de esta disposición, con ella se busca salvaguardar el principio de non bis in
idem como garantía fundamental del derecho al debido proceso del congresista,
elemento transversal de los procesos sancionatorios y derecho fundamental de
aplicación inmediata de quien está sometido a esta clase de juicios52. De ahí que, si
se dan los supuestos para ello, el juez está obligado, incluso de oficio, a analizar si en
el asunto sometido a su consideración se materializa la excepción de cosa juzgada53.

Lo anterior implica establecer que se encuentran acreditados los elementos propios de
esta figura, esto es, que exista igualdad de partes, de objeto y de causa entre estos

52 Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 14 de octubre de 2021,

radicación 68001-23-33-000-2020-00829-01, en la que se explicó: <El postulado del non bis in idem,
es una garantía que resulta extensiva al campo del ius puniendi del Estado. Dicho principio se “proyecta,
complementa y realiza” en la aplicación del principio constitucional de cosa juzgada. De allí que, como
lo ha reiterado la Corte Constitucional “[…] pensar en la noción de ‘cosa juzgada’ sin hacerlo a la vez
en el non bis in ídem, es prácticamente un sin sentido; por lo tanto, cuando el artículo 29 de la
Constitución prohíbe al Estado juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho, está haciendo
referencia a ambas”, de tal suerte que no resulta posible concebir una institución jurídica sin la otra. //
El principio del non bis in idem, así considerado, tiene una triple dimensión: (i) es un derecho
fundamental de aplicación directa e inmediata; (ii) es un principio dirigido a las autoridades judiciales
con el fin de impedir que una persona sea juzgada dos veces por los mismos hechos y (iii) constituye
un límite al legislador en ejercicio de su libertad de configuración normativa>.
53
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 14 de octubre de 2021, radicación 68001-23-33-
000-2020-00829-01.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05556-02
Solicitante: Víctor Velásquez Reyes

procesos54. Así, tanto la nulidad electoral como la pérdida de investidura deben
dirigirse contra el mismo congresista55, fundarse en los mismos hechos y referirse a la
misma causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés, para concluir que
se materializa el fenómeno de la cosa juzgada.

En este sentido, en el trámite legislativo de la Ley 1881 de 2018 se examinaron los
eventuales escenarios que podrían configurarse “ante la presentación simultánea de
las dos acciones [nulidad electoral y pérdida de investidura] por la causal de violación
al régimen de inhabilidades e incompatibilidades”56, y las consecuencias que la
primera decisión adoptada puede generar para el otro proceso. Una de ellas, que es
la que resulta pertinente para la presente causa, es que “[s]e decida primero el proceso
de nulidad electoral y declare la nulidad de la elección, porque el candidato se
encontraba inhabilitado. En este evento, el juez de la pérdida de investidura debe
reconocer la cosa juzgada en relación con la configuración del hecho y su competencia
se limita al análisis de responsabilidad subjetiva o culpabilidad del congresista, para
determinar si actuó con dolo o culpa, o si en su conducta concurrió una causal que
exima su responsabilidad.”57.

54 El artículo 303 del Código General del Proceso dispone: “La sentencia ejecutoriada proferida en

proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el
mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya
identidad jurídica de partes. // Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del
segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o
causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se
trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos. // En los procesos en que se
emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la
cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento. // La cosa
juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión.” (Resalta la Sala).
55 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 30 de junio de 2015, radicación

11001-03-15-000-2013-00115-00 ⎯citada en Sección Primera, sentencia del 25 de febrero de 2021
radicado 25000-23-15-000-2019-00217-01⎯, concluyó que “tratándose de la pérdida de la investidura,
por su naturaleza pública, la identidad de partes no se puede entender como se hace en un proceso
contencioso ordinario, en cuanto cualquier ciudadano puede interponerla, razón por la que no se puede
pretender que el demandante en un proceso y otro sea el mismo. // Por tanto, en esta clase de procesos
solo se exige esa identidad en cuanto al demandado –parte pasiva-, por cuanto por disposición
constitucional, el Ministerio Público siempre tendrá que participar y cualquier ciudadano puede
demandar la pérdida”.
56 Gaceta de la Cámara de Representantes N° 478 de 2017, disponible en
http://svrpubindc.imprenta.gov.co/senado/.
57 Ibidem. En la referida discusión se incluyeron otros supuestos, a saber: “a) Se decida primero el

proceso de nulidad electoral y declare la nulidad de la elección, porque el candidato se encontraba
inhabilitado. En este evento, el juez de la pérdida de investidura debe reconocer la cosa juzgada en
relación con la configuración del hecho y su competencia se limita al análisis de responsabilidad
subjetiva o culpabilidad del congresista, para determinar si actuó con dolo o culpa, o si en su conducta
concurrió una causal que exima su responsabilidad. (…) c) Se decida primero el proceso de pérdida de
investidura y sea declarada, porque el candidato se encontraba inhabilitado y su conducta fue dolosa o
culposa. En este evento, el juez de la nulidad debe reconocer la cosa juzgada en relación con la
configuración del hecho y, por tanto, debe estarse a lo resuelto y proceder a la declaratoria de nulidad
del acto electoral. // d) Se decida primero el proceso de pérdida de investidura y no sea declarada
porque el candidato no se encontraba inhabilitado. En este caso, el juez de la nulidad electoral deberá
declarar la cosa juzgada y estarse a lo resuelto en la sentencia de pérdida de investidura. // e) Se decida
primero el proceso de pérdida de investidura y se declare probado el hecho de la inhabilidad pero se

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05556-02
Solicitante: Víctor Velásquez Reyes

Finalmente, debe advertirse que la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado
que para entender que el “primer fallo” hace tránsito a cosa juzgada, esa decisión debe
estar ejecutoriada y en firme58, toda vez que eso “las convierten en imperativas y de
obligatorio cumplimiento y, por ello, resulta evidente que no es posible hablar de cosa
juzgada sin ejecutoria”59.

4.1.2. Pues bien, como se indicó en precedencia, contra el congresista Polivio Leandro
Rosales Cadena, además, del proceso de la referencia, cursan en el Consejo de
Estado las siguientes causas:

Radicado Medio de Causal invocada Síntesis de la Estado
control demanda o
solicitud
Numeral 5° del artículo Celebración dentro Sentencia de
275 del CPACA, por del periodo única instancia
transgresión a la inhabilitante de los del 28 de
11001-03-28- inhabilidad prevista en contratos septiembre de
Nulidad
000-2022- el numeral 3° del 2021000755 y 2023.
Electoral
00273-00 artículo 179 2021000759 con el Ejecutoriada y
Constitucional. Instituto en firme según
Departamental de Oficio N°2023-
Salud de Nariño 54160.
Numeral 1° del artículo Celebración dentro
183 Superior, por del periodo Sentencia de
transgresión a la inhabilitante de los primera
11001-03-15- Pérdida inhabilidad prevista en contratos instancia del 7
000-2023- de el numeral 3° del 2021000755 y de julio de
01743-00 investidura artículo 179 2021000759 con el 2023.
Constitucional. Instituto Ejecutoriada y
Departamental de en firme61.
Salud de Nariño

absuelva al congresista por considerar que no actuó con culpa o dolo o estaba amparado en una
circunstancia eximente como la buena fe exenta de culpa. En este caso, el juez de la nulidad electoral
también está atado por la cosa juzgada y debe proceder a declarar la nulidad del acto de elección.”.
58 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 11 de abril de 2019, radicación 11001-03-28-000-

2018-00080-00 (Acumulado); Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
sentencia de 21 de enero de 2020, radicación 11001-03-15-000-2019-01604-00 y Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de1 de agosto de 2023, radicación 11001-03-
15-000-2022-05841-00.
59 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 14 de octubre de 2021, radicación 68001-23-33-

000-2020-00829-01.
60 Según consta a índices 160 y 163 de SAMAI del proceso No. 11001-03-28-000-2022-00273-00, contra

la referida decisión unos terceros formularon incidente de nulidad, en tanto el congresista presentó
solicitud de adición y aclaración de la sentencia, todo lo cual fue resuelto mediante providencia de 19
de octubre de 2023 (índice 165 del referido aplicativo). Además, como se reseñó en los antecedentes
de esta providencia, la Secretaría de la Sección Quinta certificó que el fallo de nulidad electoral se
encuentra debidamente ejecutoriado, razón por la que la decisión se comunicó a las autoridades
competentes, sin perjuicio de una recusación que el demandado formuló contra el magistrado ponente
que ya fue resuelta negativamente por esa Sección (índice 182 de SAMAI del proceso electoral) y una
solicitud de nulidad contra el fallo presentada por el señor Rosales Cadena.
61 Índice 51 de SAMAI del proceso 11001-03-15-000-2023-01743-00. Es de advertir que la decisión se

encuentra en firme, toda vez que la sentencia no fue objeto de apelación.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05556-02
Solicitante: Víctor Velásquez Reyes

De la revisión de las citadas providencias ⎯documentos públicos y oponibles a
terceros62⎯, se desprende la siguiente información:

a) Respecto de la sentencia proferida dentro del proceso de pérdida de
investidura 11001-03-15-000-2023-01743-00

Según se hizo constar en dicha providencia, el once (11) de abril de dos mil veintitrés
(2023) María Angélica Vargas formuló solicitud de pérdida de investidura contra el
Senador Polivio Leandro Rosales Cadena, periodo 2022-2026, alegando la
configuración de la causal prevista en el numeral 1° del artículo 183 de la Constitución
Política ⎯“violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen
de conflicto de intereses”⎯, por haber incurrido en la inhabilidad consagrada en el
numeral 3° del artículo 179 Superior, toda vez que el trece (13) de septiembre de dos
mil veintiuno (2021) y actuando como representante legal de la entidad sin ánimo de
lucro AICO, suscribió con el Instituto Departamental de Salud de Nariño dos (2)
contratos a saber: i) el No. 2021000755, cuyo objeto era “establecer acciones para la
consolidación del modelo de salud propia e intercultural en el marco de la guía
metodológica para la construcción de contenidos de componentes e implementación
del SISPI, pueblo indígena Quillacinga”; y ii) el No. 2021000759, que tenía como
propósito el “fortalecimiento del modelo de salud propia e intercultural en el marco de
la guía metodológica para la construcción de contenidos de componentes e
implementación del SISPI del Pueblo Indígena de los Pastos”63.

Surtido el trámite previsto para el proceso pérdida de investidura, en primera instancia,
la Sala Especial de Decisión N° 12 resolvió en providencia del siete (7) de julio de dos
mil veintitrés (2023):

“1º) Declárase probada la excepción de non bis in idem en relación con los
hechos relacionados con la celebración del contrato estatal no. 202100755
de 2021.

62 La Sala Especial de Decisión No. 19 en sentencia del 3 de marzo de 2020, proferida dentro del

proceso 11001-03-15-000-2009-01177-00, señaló que “las providencias judiciales, al ser otorgadas por
funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, ostentan el carácter de documento público en los
términos del artículo 243 del CGP.”.
63 Folios 1 a 3 de la sentencia del 7 de julio de 2023, disponible en el índice 34 de SAMAI proceso de

pérdida de investidura N° 11001-03-15-000-2023-01743-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05556-02
Solicitante: Víctor Velásquez Reyes

2) Niéganse las pretensiones de la demanda en relación con los hechos
relacionados con la celebración del contrato estatal no. 2021000759 de
2021 (…)” (Negritas en original)

Como sustento de esta decisión, la Sala Especial dividió el análisis respecto de los
dos contratos que se aducían como configurativos de la inhabilidad para concluir:

“La Sala mantendrá la investidura del demandado en lo que tiene que ver
con la celebración del contrato no. 2021000755 de 2021, porque se advierte
que el 22 de febrero de 2023 se profirió sentencia de primera instancia en
el expediente no. 11001-03-15-000-2022-05556-00, proceso en el cual el
demandado es el mismo señor Polivio Leandro Rosales Cadena, se
debatieron los mismos hechos de esta demanda y se estudió la misma
causal de desinvestidura, en relación con ese específico negocio jurídico.

En ese orden de ideas, la Sala declarará probada de oficio la excepción
propia y autónoma del derecho punitivo y consistente en el ‘non bis in idem’,
toda vez que el medio de control jurisdiccional de pérdida de investidura es
de naturaleza sancionatoria o punitiva, de allí que tenga total aplicación el
principio constitucional según el cual nadie puede ser juzgado ni procesado
ni investigado dos veces por un mismo hecho.

Así las cosas, la Sala no estudiará de fondo los componentes objetivo y
subjetivo de la causal alegada en la demanda respecto del contrato no.
2021000755 debido a que ya fueron materia de valoración probatoria,
análisis jurídico y decisión por parte de la Sala 6 Especial de Decisión en la
sentencia de 22 de febrero de 2023, la cual fue objeto de recurso de
apelación y, por consiguiente, su conocimiento y competencia
corresponden en este momento a la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación.

Por consiguiente, la Sala tiene competencia para pronunciarse sobre la
solicitud de pérdida de investidura en lo que tiene que ver con la celebración
o suscripción del contrato no. 2021000759; no obstante, denegará la
petición de pérdida de investidura porque, si bien se acreditó la
configuración del elemento objetivo de la causal, lo cierto es que no obran
pruebas que permitan dar por establecido el elemento subjetivo, más aún
si se tiene en cuenta que el demandado solo tuvo conocimiento de su
postulación como congresista a partir del 2 de diciembre de 2021 con la
elección que de él hicieron las respectivas autoridades indígenas.”.

Así las cosas, y respecto del contrato No. 2021000755, la Sala Especial consideró que
como dentro del proceso 11001-03-15-000-2022-05556-00 estaba en trámite el
recurso de apelación, la competencia para resolver si ese negocio jurídico daba lugar
a la configuración de la causal de desinvestidura alegada era la Sala Plena del Consejo
de Estado, en tanto negó las pretensiones respecto del contrato No. 2021000759,
porque encontró que el elemento subjetivo de la causal no estaba materializado.

24

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05556-02
Solicitante: Víctor Velásquez Reyes

Dicha providencia fue notificada el primero (1) de agosto de dos mil veintitrés (2023)64,
sin que se presentara recurso de apelación, razón por la que el día veintiocho (28) de
los citados mes y año se registró el archivo del proceso65.

En este contexto, la Sala considera que no es posible decretar el acaecimiento de la
cosa juzgada respecto de este proceso, pues, a pesar de que la sentencia con la que
se definió ese asunto está debidamente ejecutoriada, en ella la Sala Especial se
abstuvo expresamente de emitir pronunciamiento alguno frente a la configuración de
la causal de desinvestidura por la celebración del contrato No. 2021000755, que es el
mismo al que se circunscribe este proceso, en aplicación al principio del non bis in
idem y al considerar que ese aspecto debía ser estudiado por la Sala Plena del
Consejo de Estado al resolver el recurso de apelación planteado contra la sentencia
del veintidós (22) de febrero de dos mil veintitrés (2023), proferida por la Sala Especial
No. 6.

Así, como quiera que dicho pronunciamiento solo se refirió al contrato No.
2021000759, que no fue demandado en esta causa, se descarta la identidad de
hechos que exige la institución de la cosa juzgada.

b) Respecto de la sentencia proferida dentro del proceso electoral 11001-03-
28-000-2022-00273-00

Ahora bien, el señor Richard Humberto Fuelantala Delgado formuló demanda de
nulidad electoral contra el acto a través del cual se declaró electo al señor Polivio
Leandro Rosales Cadena como Senador de la República para el periodo 2022-2026.
Como sustento de su demanda, alegó la configuración de la causal de nulidad
electoral contemplada en el numeral 5° del artículo 275 del CPACA, de acuerdo con
la cual los actos electorales son nulos cuando “[s]e elijan candidatos (…) que se hallen
incurs[o]s en causales de inhabilidad”. Específicamente, el accionante aseguró que el
señor Rosales Cadena estaba incurso en la causal de inhabilidad prevista en el
numeral 3° del artículo 179 Superior, toda vez que, en su calidad de representante
legal de AICO, el trece (13) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) suscribió los
contratos 2021000755 y 2021000759 con el Instituto Departamental de Salud de

64 Índice 37 de SAMAI proceso de pérdida de investidura N° 11001-03-15-000-2023-01743-00.
65 Índice 51 de SAMAI proceso de pérdida de investidura N° 11001-03-15-000-2023-01743-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05556-02
Solicitante: Víctor Velásquez Reyes

Nariño, cuyo plazo de ejecución fue hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dicha
anualidad66.

Surtido el trámite previsto para el proceso de nulidad electoral67, en la referida
providencia de única instancia la Sección Quinta resolvió:

“PRIMERO. DECLARAR probada de oficio la existencia de cosa juzgada,
en los términos del parágrafo del artículo 1 de la Ley 1881 de 2018, en
relación con la configuración de la inhabilidad del artículo 179.3 superior,
como consecuencia de la suscripción del contrato 2021000759 por parte
del demandado, en representación de la ESAL AICO por la Pacha Mama,
conforme lo señalado en la sentencia del 7 de julio de 2023, emitida por la
Sala Especial Decimosegunda de Decisión de Pérdida de Investidura
dentro del proceso 11001-03-15-000-2023-01743-00.

SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de la Resolución E-3332 de 2022 y el
formato E26 SEN, en lo que tiene que ver con la elección de Polivio Leandro
Rosales Cadena como senador de la República para el periodo
constitucional 2022-2026. (Negritas en original).

Como sustento de esta decisión, la Sección Quinta del Consejo de Estado encontró
que en la sentencia de siete (7) de julio de dos mil veintitrés (2023), proferida por la
Sala Especial de Decisión No. 12 dentro del proceso de pérdida de investidura 11001-
03-15-000-2023-01743-00, se declaró que el señor Rosales Cadena sí incurrió en la
prohibición constitucional de que trata el numeral 3 del artículo 179, por la suscripción
del contrato No. 2021000759 con el Instituto Departamental del Salud de Nariño, razón
por la que frente a ese negocio la Sala no podía emitir un nuevo pronunciamiento. Sin
embargo, consideró que sí podía analizar lo relativo al contrato No. 2021000755
─mismo al que se refiere esta causa─ comoquiera que “la sentencia del 22 de febrero
de 2023 fue apelada y que la del 7 de julio de 2023 no se pronunció de fondo sobre el
particular”.

En este contexto, la Sección Quinta procedió con el examen de la nulidad electoral y
analizó si la inhabilidad de celebración de contratos podía materializarse respecto del
contrato No. 2021000755, concluyendo que estaban acreditados los elementos
configurativos de la prohibición constitucional y, en consecuencia, declarando la

66 Folios 1 a 3 de la sentencia del 28 de septiembre de 2023, disponible en el índice 158 de SAMAI

proceso de nulidad electoral N° 11001-03-28-000-2022-00273-00.
67 Según consta en el acápite 4° de los antecedentes del fallo del 28 de septiembre de 2023, por auto

del 15 de junio de este mismo año se dispuso dar aplicación a lo reglado en el artículo 182 A del CPACA
y, por consiguiente, aplicar el trámite para dictar sentencia anticipada.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05556-02
Solicitante: Víctor Velásquez Reyes

nulidad de la elección del referido congresista. Así, específicamente sobre este punto
concluyó:

«84 Como puede advertirse de lo antes indicado, se acreditó en debida
forma el elemento material de la inhabilidad estudiada, toda vez que se
probó que el accionado, en representación de AICO por la Pacha Mama,
suscribió un contrato de prestación de servicios con el Instituto
Departamental de Nariño.

85. De igual forma, se tiene por satisfecho el elemento temporal contenido
en el artículo 179.3 superior, dado que en la plataforma se aprecia que la
aprobación del contrato por parte del señor Rosales Cadena se produjo el
15 de septiembre de 2021, es decir, con menos de seis meses de
antelación al 13 de marzo de 2022, fecha en que fue elegido senador.

86. En relación con el elemento espacial, la Sala considera pertinente
recordar que el inciso segundo del parágrafo del artículo 179 superior,
dispone que «[p]ara los fines de este artículo se considera que la
circunscripción nacional coincide con cada una de las territoriales». Por
tanto, al haberse suscrito el contrato en mención con una institución del
departamento de Nariño y a que su ejecución debería producirse en dicho
territorio seccional, se considera acreditado este elemento configurador.

87. Finalmente, en relación con el elemento subjetivo o modal, relativo a
que la suscripción del contrato comporte un beneficio propio o para
terceros, debe traerse a colación lo indicado en la mencionada sentencia
del 7 de julio de 2023, emitida por la Sala Especial Decimosegunda
Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, en la que se indicó lo
siguiente:

“[E]l demandado buscaba o perseguía una finalidad económica en beneficio
de la entidad que representaba, consistente en el pago del valor del
contrato en favor de un tercero, en este caso concreto, una entidad sin
ánimo de lucro registrada en la ciudad de Pasto, denominada Autoridades
Indígenas de Colombia (Aico) por la Pacha Mama (…), por lo cual quedó
demostrado el interés económico que se procuraba y, por ende, no es
válido sostener que el contrato estatal suscrito tenía por finalidad satisfacer
un interés general, pues, no cabe duda alguna que se celebró a título
oneroso y la ESAL se comprometía a una serie de obligaciones para
obtener una remuneración o contraprestación. En este punto es importante
recordar que todos los contratos estatales tienen por objeto o finalidad la
satisfacción del interés general, de allí que el hecho de que los beneficiarios
finales del contrato fueran los pueblos indígenas de las comunidades
“Pastos” y “Quillacingas” no tiene la virtualidad de enervar la inhabilidad
constitucional (ratione causae) que se analiza en este caso. Por
consiguiente, está demostrado el elemento final de la inhabilidad, es decir,
que el contrato reportara un beneficio en interés propio o de terceros, en
este caso la entidad sin ánimo de lucro que representaba legalmente el
demandado que se analiza en este caso.”

88. Aun cuando tales consideraciones fueron expuestas en relación con el
contrato 2021000759, estas pueden transmitirse íntegramente al contrato
2021000755 habida cuenta de que ambos instrumentos fueron suscritos

27

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05556-02
Solicitante: Víctor Velásquez Reyes

por las mismas partes, en condiciones y con objetos similares. Por tanto, la
Sala encuentra reunido el elemento subjetivo de la inhabilidad estudiada.

89. Así las cosas, esta Sección encuentra acreditados en su integridad los
elementos requeridos para la configuración de la inhabilidad contemplada
en el artículo 179.3 superior, por la suscripción del contrato 2021000755
por el senador Polivio Leandro Rosales Cadena, en representación de la
ESAL AICO por la Pacha Mama, con el Instituto Departamental de Salud
de Nariño, motivo que también constituye fundamento para la declaratoria
de nulidad del acto electoral cuestionado.»

Dicha providencia fue notificada el veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintitrés
(2023)68. El tres (3) de octubre de dicha anualidad el apoderado del señor Rosales
Cadena presentó solicitud de aclaración y adición de la sentencia69, mientras que los
señores Libardo Francisco Acosta y Mauricio Iván Quenguan ─manifestando actuar
como terceros intervinientes─ presentaron solicitud de nulidad de la sentencia70,
peticiones que fueron decididas mediante providencia del diecinueve (19) de octubre
de dos mil veintitrés (2023)71.

Mediante Oficio N° 2023-541 del catorce (14) de noviembre de la presente anualidad72,
la Secretaría de la Sección Quinta del Consejo de Estado certificó que la providencia
del veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) se encuentra
debidamente ejecutoriada. Lo anterior, sin perjuicio de algunas solicitudes que se han
formulado después de proferida la sentencia y que no afectan su ejecutoria.

Así las cosas, la Sala encuentra que frente al proceso de nulidad electoral N°11001-
03-28-000-2022-00273-00 sí se materializan todos los supuestos para decretar el
acaecimiento de la cosa juzgada, en lo que al elemento objetivo de la causal de
desinvestidura se refiere.

En efecto, al contrastar los supuestos del proceso de nulidad electoral antes descrito
con los de este proceso de pérdida de investidura, que fueron reseñados en los
antecedentes de esta providencia, se advierte que entre uno y otro existe: i) identidad
de partes, en el extremo pasivo de la litis; ii) identidad de objeto, pues los hechos en
los que se fundan uno y otro medio de control son exactamente los mismos, esto es,
los referidos a la materialización de la inhabilidad, por el hecho de que el señor Rosales

68 Índice 161 de SAMAI proceso de nulidad electoral N° 11001-03-28-000-2022-00273-00.
69 Índice 163 de SAMAI proceso de nulidad electoral N° 11001-03-28-000-2022-00273-00.
70
Índice 160 de SAMAI proceso de nulidad electoral N° 11001-03-28-000-2022-00273-00.
71
Índice 165 de SAMAI proceso de nulidad electoral N° 11001-03-28-000-2022-00273-00.
72 Índice 43 de SAMAI expediente 2022-05556-02.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05556-02
Solicitante: Víctor Velásquez Reyes

Cadena, en su calidad de Representante legal de AICO, suscribió con el Instituto
Departamental del Salud de Nariño el contrato N°2021000755 el quince (15) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021), y, finalmente, iii) identidad de causa, en tanto
en los dos se alega la configuración de la misma causal de inhabilidad, esto es, la
contemplada en el numeral 3° del artículo 179 Superior.

Por lo demás, está acreditado que en el proceso de nulidad electoral ya se produjo
fallo y que aquél se encuentra debidamente ejecutoriado y en firme.

En consecuencia, no es posible efectuar un nuevo análisis sobre la existencia de la
inhabilidad atribuida al congresista Rosales Cadena, pues ese asunto ya cuenta con
una decisión que, por expresa disposición legal, constituye cosa juzgada respecto de
este proceso de pérdida de investidura en lo que hace al aspecto objetivo de
configuración de la causal. Ello impide, además, dar curso a la solicitud del Congresista
relacionada con que se expida un fallo de unificación en el que se concluya que “la
suscripción de los contratos en interés de las comunidades y pueblos indígenas no da
lugar a inhabilidades, en razón del interés público y especial que persiguen”, pues ello
atañe al elemento objetivo de la conducta que le fue endilgada, aspecto que, como se
dijo, no puede ser objeto de pronunciamiento por parte de esta Sala.

Conforme con lo expuesto, la Sala declarará la configuración de la cosa juzgada
respecto del elemento objetivo de la causal de desinvestidura endilgada y centrará su
examen en lo relacionado con el elemento subjetivo de la misma, de cara a los
argumentos planteados en el recurso de apelación.

4.2. La alegada indebida valoración probatoria frente a la configuración del
elemento subjetivo de la causal

4.2.1. Como se indicó en el acápite de antecedentes de esta providencia, los reproches
formulados por el solicitante en su impugnación se refieren a: (i) la “falsa motivación”
de la sentencia de primera instancia por indebida valoración probatoria; (ii) el hecho
de que en dicha providencia se haya calificado a la asociación de “Autoridades
Indígenas de Colombia por la Pacha Mama —AICO—” como una “asociación de
carácter oficial” pese, a que según su criterio, esta tiene naturaleza privada; (iii) la
circunstancia de que no se haya examinado que el congresista demandado gestionó,
firmó y tramitó la liquidación del contrato, y (iv) finalmente, la afirmación de que el señor
Rosales Cadena “ejecutó recursos fiscales” y “gerenció” una entidad que entregó

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05556-02
Solicitante: Víctor Velásquez Reyes

recursos a las comunidades, lo cual generó lo que calificó como un “desequilibrio del
escenario democrático”.

Al respecto, la Sala advierte que, salvo por el primero de esos argumentos, los demás
tocan aspectos relacionados con el elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura, pues fue precisamente al estudiar ese punto que la Sala Especial señaló
que AICO es una “asociación de carácter oficial”, así como también valoró su
participación en la celebración del contrato y analizó los intereses que estaban
involucrados en este asunto.

En consecuencia, solo se analizará el argumento planteado por el apelante único
respecto de la supuesta “falsa motivación” de la sentencia de primera instancia por
indebida valoración probatoria, en relación con el aspecto subjetivo de la causal de
desinvestidura, pues, como atrás se anotó, lo relativo al aspecto objetivo hizo tránsito
a cosa juzgada.

4.2.2. Con esa precisión, encuentra la Sala que el reproche formulado por el solicitante
en su impugnación fue que la sentencia acusada incurrió “en falsa motivación porque
no se tuvieron en cuenta las pruebas que obran en el expediente, pues si se hubieran
analizado dichas probanzas las decisiones hubieran sido diferentes”. En
contraposición, el señor Rosales Cadena aseguró que, tal y como lo determinó la
providencia impugnada, no puede predicarse dolo ni culpa grave en su actuar pues,
en primer lugar, su inscripción como candidato al Congreso de la República no
obedeció a una decisión personal e individual sino a la designación hecha en ese
sentido por los pueblos indígenas, lo que descarta premeditación de su parte, y, en
segundo término, como quiera que tanto al suscribir el contrato referido, como incluso
en este momento, tiene el convencimiento de que con dicho acuerdo no se estaba
favoreciendo a terceros ⎯como lo exige la causal⎯ sino permitiendo que la población
indígena tuviera pleno acceso a los servicios de salud, población que no puede ser
calificada como un “tercero” sino como un sujeto de derechos distinto de la “simple
sumatoria de sujetos individuales que comparten los mismos derechos o intereses
difusos o colectivos”.

Por su parte, en la sentencia impugnada la Sala Especial indicó que en este caso no
podía predicarse el dolo o la culpa grave en la conducta del señor Rosales Cadena,
toda vez que aquél “actuó bajo el convencimiento de que no estaba configurada la
inhabilidad por cuanto en su entender, el contrato en cuestión no había sido celebrado

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05556-02
Solicitante: Víctor Velásquez Reyes

a favor de terceros sino de un interés superior. // En tales condiciones, si bien debió
conocer de las causas de inhabilidad para ser congresista para el instante en que
formalizó su candidatura al Senado de la República, también lo es que actuó bajo el
convencimiento de que la suscripción del Contrato 2021000755 del 13 de septiembre
de 2021 celebrado con el Instituto Departamental de Salud de Nariño (…) no tenía la
virtualidad de inhabilitarlo por cuanto para él no fue suscrito en beneficio de un tercero
específico sino de la comunidad indígena Quillancinga en general.”73.

Pues bien, lo primero que encuentra necesario indicar esta Sala es que más allá del
dicho del solicitante y pese a que, como lo ha establecido esta Corporación de manera
reiterada, “la carga de la prueba en los procesos de pérdida de investidura, por tratarse
de una acción sancionatoria, es del demandante”74, lo cierto es que en este caso el
señor Velásquez Reyes no aportó ni solicitó el decreto de elemento de convicción
alguno encaminado a demostrar el dolo o la culpa grave en la conducta del
congresista. En efecto, el solicitante se limitó a afirmar que el Senador acusado había
incurrido en la inhabilidad de intervención en la celebración de contratos sin aportar
elementos de juicio que soportaran la consideración de que el señor Polivio Leandro
Rosales Cadena conocía de la existencia de la inhabilidad y a pesar de ello decidió
incurrir en la conducta prohibida (dolo), o que, en todo caso, debiendo conocer de la
misma, actuó negligentemente (culpa grave), sin que existiera eximente de
responsabilidad alguno.

Por el contrario, el Congresista acusado allegó al proceso distintos elementos
probatorios encaminados a probar la buena fe con la que actuó. Así, para demostrar
su vinculación con la comunidad indígena que adujo representar y el hecho de que su
designación como candidato obedeció realmente a una decisión colectiva de esa
comunidad, el Senador aportó a esta causa:

• Copia de los Estatutos de la Asociación “Autoridades Indígenas de Colombia
por la Pacha Mama —AICO—”75 y del Certificado de veintidós (22) de abril de
dos mil diecinueve (2019) expedido por el Secretario Técnico de la Mesa

73 Folios 28 y 29 de la sentencia apelada disponible en el índice 62 de SAMAI del expediente 2022-

05556-00.
74 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia 1° de noviembre de 2016,

radicación 11001-03-15-000-2012-02013-00. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala Especial
de Decisión No. 16, sentencia del 11 de octubre de 2021, radicación 11001-03-15-000-2019-01599-00
y Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia 3 de diciembre de 2020, radicación 25000-23-15-000-
2019-00212-01.
75 PDF denominado “4. Estatutos de AICO POR LA PACHA MAMA.” disponible en el archivo zip ibidem.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05556-02
Solicitante: Víctor Velásquez Reyes

Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas76,
documento en el que consta que AICO participa en dicha Mesa77.
• Certificación de cinco (5) de febrero de dos mil veintiuno (2021), en la que el
Director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior dio
cuenta de que el señor Polivio Leandro Rosales Cadena ejerció como
Gobernador del Cabildo Indígena del Resguardo San Juan (Nariño) en el
período comprendido entre el primero (1) de enero y el treinta y uno (31) de
diciembre de dos mil veintiuno (2021)78.
• Acta de la Asamblea General de la Asociación “Autoridades Indígenas de
Colombia por la Pacha Mama —AICO—” de dos (2) de diciembre de dos mil
veintiuno (2021), en la que se consignó que los señores Polivio Leandro
Rosales Cadena, Richard Fuentala y Faifer Sierra habían sido elegidos como
candidatos para el Congreso de la República (periodo 2022-2026) por la
circunscripción especial indígena, después de la postulación efectuada por el
Pueblo de los Pastos, para los dos primeros, y por el Pueblo Wayuu, en el caso
del último79.

Estos documentos dan cuenta de que para el año dos mil veintiuno (2021) el señor
Rosales Cadena era una autoridad indígena y que, en efecto, su designación como
candidato obedeció a una decisión colectiva del pueblo que representaba. Además,
en el acta de (2) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) atrás señalada, consta el
juramento que hizo el entonces candidato ante un “taita”, en el sentido de
comprometerse a que en todo tiempo su gestión se sujetaría “al marco de los usos y

76 De acuerdo con los artículos 10 y 11 del Decreto 1397 de 1996 se creó una Mesa de Concertación

entre el Gobierno Nacional y los pueblos indígenas de Colombia con el objeto de “concertar entre éstos
y el Estado todas las decisiones administrativas y legislativas susceptibles de afectarlos, evaluar la
ejecución de la política indígena del Estado, sin perjuicio de las funciones del Estado, y hacerle
seguimiento al cumplimiento de los acuerdos a que allí se lleguen”.
77 PDF denominado “6. Certificado de la Mesa Permanente de Concertación donde se evidencia que

AICO hace parte de este espacio de concertación.” disponible en el archivo zip
“ADISPOSICIONDELASPARTES_RV__PRONUNCIAMIENTO_” del índice 20 de SAMAI del
expediente 2022-05556-00.
78 PDF denominado “2. Certificación de Registro ante Ministerio del Interior de Taita Polivio Leandro

Rosales como Gobernador Indígena.pdf” disponible en el archivo zip
“ADISPOSICIONDELASPARTES_RV__PRONUNCIAMIENTO_” del índice 20 de SAMAI del
expediente 2022-05556-00.
79 Expresamente en el acta se consignó: “TAITA BRAULIO ANDRES HIDALGO, manifiesta que se ha

definido por parte de la zona de Nariño a TAIATA (sic) POLIVIO LEANDRO ROSALES y doctor
RICHARD FUELANTLA, como candidato (sic) al senado de la república, por la circunscripción especial
indígena avalados por AICO”. PDF denominado “9. Acta de 2 de diciembre de 2021 postulación y
elección de candidatos al Senado de la República por AICO”, disponible en el archivo zip
“ADISPOSICIONDELASPARTES_RV__PRONUNCIAMIENTO_” del índice 20 de SAMAI del
expediente 2022-05556-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05556-02
Solicitante: Víctor Velásquez Reyes

las costumbres” de los pueblos Pastos y Quillacinga, en tanto aceptaba su
designación como candidato como una vocería de esas mismas colectividades.

Adicionalmente, para acreditar el convencimiento que tuvo de que su comportamiento
no contrariaba el ordenamiento jurídico y de su situación frente al tema de las
inhabilidades, el Senador acusado aportó copia del Concepto No. 20216000376021
de diez (10) de octubre de dos mil veintiuno (2021), proferido por el Departamento
Administrativo de la Función Pública (DAFP), en el que consta que el veintidós (22) de
septiembre de ese mismo año ꟷesto es, antes de su inscripción como candidatoꟷ el
señor Rosales Cadena formuló la siguiente consulta: “¿El representante legal de la
organización “Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama- AICO”, debe
renunciar a dicha representación para poder aspirar al Congreso de la República por
circunscripción nacional especial por comunidades indígenas, en los términos del
numeral 3 del artículo 179 de la Constitución Política, teniendo en cuenta que suscribió
convenios interadministrativos con el Ministerio del Interior? ¿administra tributos o
contribuciones parafiscales que inhabiliten al Representante Legal para inscribir su
candidatura al Congreso de la Republica?”80.

La consulta formulada muestra que si bien el Congresista acusado consideraba que
requería información adicional sobre si su condición de representante legal de AICO
y el hecho de que, en esa calidad, hubiera suscrito convenios administrativos con el
Ministerio del Interior, generaba o no una inhabilidad para su postulación como
Congresista, no tenía dudas concretas sobre la suscripción del contrato N° 202100755
de quince (15) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) ⎯pues nada incluyó en su
consulta sobre este tema⎯, de manera que, por lo menos indiciariamente, puede
considerarse que, en realidad, en su sentir, ese acuerdo específico no podía ser
considerado como constitutivo de la inhabilidad alegada.

80 Frente a este interrogante, el DFP indicó: “1. El representante legal de la organización “Autoridades

Indígenas de Colombia por la Pacha Mama- AICO” no debe renunciar a dicha representación para
poder aspirar al Congreso de la República, toda vez que no se constituye como un servidor público. //
2. Toda vez que los “convenios interadministrativos” celebrados con el Ministerio del Interior se
realizaron con antelación al 13 de septiembre de 2021 (fecha límite para el término de seis meses de
que trata la prohibición), no se encuentra impedimento para su aspiración al Congreso de la República.
// 3. La celebración de un convenio interadministrativo con una entidad pública, no puede entenderse
per se cómo la administración de tributos o contribuciones parafiscales para efectos de la inhabilidad
en estudio, por lo que deberá acudir directamente al Ministerio del Interior como entidad contratante,
para que le informen sobre el origen de los recursos y los objetos de los convenios desarrollados, toda
vez que este Departamento Administrativo en ejercicio de sus competencias legales no puede entrar a
analizar dichas materias, ni definir lo relacionado con temas presupuestales de las entidades públicas.”.
PDF denominado “concepto del DAFP” Disponible en el archivo zip
“ADISPOSICIONDELASPARTES_RV__PRONUNCIAMIENTO_” del índice 20 de SAMAI del
expediente 2022-05556-00.

33

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05556-02
Solicitante: Víctor Velásquez Reyes

De hecho, a lo largo del proceso el Senador acusado sostuvo que ese contrato,
celebrado por la asociación que representaba con el Instituto Departamental de Salud
de Nariño para “prestar sus servicios al Instituto Departamental de Salud, para la
ejecución del proyecto. Establecer acciones para consolidación del modelo de salud
propia e intercultural en el marco de la Guía Metodológica para la construcción de
contenidos de componentes e implementación del SISPI, Pueblo Indígena Quillacinga
de acuerdo a lo establecido en estudios previos”, no había sido suscrito para beneficiar
a un tercero sino para la defensa del interés superior de la comunidad indígena
Quillancinga, argumento que resulta indicativo de la ausencia de dolo o culpa grave
en su actuar.

Así las cosas, la revisión conjunta de lo ocurrido en este caso lleva a considerar
entonces que, en contra de lo alegado por la parte recurrente, la conclusión a la que
llegó la autoridad judicial de primera instancia estuvo debidamente soportada en los
elementos probatorios que obraron en el expediente y, en particular, en los que atrás
fueron reseñados, los cuales impiden concluir que el Congresista acusado conociera
de la ilicitud de su conducta y hubiere decidido, a pesar de eso, incurrir en la
prohibición constitucional que aquí se ha analizado, o que su actuar pudiera ser
calificado como descuidado o negligente, ajeno a los deberes que como candidato por
la circunscripción especial indígena le eran exigibles.

En ese sentido, el cargo planteado en la apelación no está llamado a prosperar, razón
por la que la sentencia de primera instancia deberá ser confirmada en su integridad.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena del Consejo de Estado, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA, de
acuerdo con las consideraciones planteadas en la parte motiva de esta providencia.
En consecuencia, en lo que concierne al elemento objetivo de la causal analizada en
esta sentencia, ESTARSE A LO RESUELTO en el fallo proferido por la Sección Quinta
del Consejo de Estado el veintiocho (28) septiembre de dos mil veintitrés (2023), dentro
del proceso de nulidad electoral N° 11001-03-28-000-2022-00273-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05556-02
Solicitante: Víctor Velásquez Reyes

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida el veintidós (22) de febrero de dos
mil veintitrés (2023) por la Sala Especial de Decisión No. 6, a través de la cual se negó
la solicitud de pérdida de investidura presentada contra el señor Polivio Leandro
Rosales Cadena como Senador de la República por la circunscripción indígena para
el periodo 2022-2026, en lo que al elemento subjetivo corresponde.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia ARCHÍVESE el expediente dejando las
anotaciones pertinentes en el sistema de gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero Consejero

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Consejero Consejero
Ausente con excusa

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Consejera Consejero

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero Consejero
Salvamento de voto

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARÍA ADRIANA MARÍN
Consejero Consejera
Ausente con excusa

ALBERTO MONTAÑA PLATA GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero Consejero
Aclaración de voto Aclaración de voto

35

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05556-02
Solicitante: Víctor Velásquez Reyes

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Consejera Consejero

JORGE EDISSON PORTOCARRERO BANGUERA WILSON RAMOS GIRÓN
Consejero Consejero

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Consejero Consejero
Aclaración de voto

NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero

36

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