Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05833-02
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05833-02
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-05833-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
12 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., doce (12) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Pérdida de investidura de congresista
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05833-02 (acumulado1)
Solicitante: Cristina María Lemos Laverde
Accionado: Luis Miguel López Aristizábal
Tema: Pérdida de investidura de congresista por incompatibilidad
(Causales 1, 2, 3 y 4 del artículo 180 de la Constitución
Política)
Actuación: Sentencia de segunda instancia
1. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado procede a
decidir el recurso de apelación interpuesto por la señora Cristina María Lemos
Laverde contra la sentencia del 27 de enero de 2025, por medio de la cual, la Sala
Primera Especial de Decisión de Pérdida de Investidura decidió, en primera
instancia, la solicitud de pérdida de investidura de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de pérdida de investidura (radicado 2022-05833)
2. El 3 de noviembre de 2022, la ciudadana Cristina María Lemos Laverde, actuando
en nombre propio y en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), presentó solicitud de pérdida de investidura en contra del Representante
a la Cámara por el Departamento de Antioquia, Luis Miguel López Aristizábal2.
1.1. Pretensiones
1
A este proceso se le acumuló el expediente con radicado núm. 11001-03-15-000-2023-01160-00.
2
Es de anotar que, en la demanda inicial, la señora Cristina María Lemos Laverde no solo había dirigido el libelo contra el
señor Luis Miguel López Aristizábal, sino también contra el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado
Civil. No obstante, luego de la subsanación, la demanda solo se admitió respecto del señor Luis Miguel López Aristizábal.
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05833-02 (acumulado)
Solicitante: Cristina María Lemos Laverde
Accionado: Luis Miguel López Aristizábal
3. En la demanda3, la parte demandante formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: Que se DECLARE la incompatibilidad del señor LUIS MIGUEL LÓPEZ
ARISTIZÁBAL, para el período 2022 - 2026, representante a la Cámara electo por el
departamento de Antioquia, al ejercer en la actualidad cargo o empleo en la empresa
privada y como representante legal gestionar contratos y negocios ante el
departamento de Antioquia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se declare nulo el Acto E-26 de la
comisión escrutadora, por medio del cual se declaró la elección del ciudadano LUIS
MIGUEL LÓPEZ ARISTIZÁBAL, para el período 2022 - 2026, representante a la
Cámara electo, como consta en las actas general (sic) de escrutinios parciales, el
Acuerdo 003 de 2022 (16 de julio), por el cual se DECIDEN las apelaciones
presentadas en contra de la Resolución No. 001A del 26 de marzo de 2022 “Por medio
de la cual se resuelven reclamaciones presentadas ante la Comisión Escrutadora
Departamental de Antioquia”. De igual forma se declare la nulidad de credencial
expedida por la Registraduría General de la Nación, como representante elegido para
Antioquia período 2022 – 2026 y se ordena la expedición de las credenciales, cuyas
copias anexo.
TERCERO: Que se ordene la cancelación de la credencial que acredita como
Representante a la Cámara por Antioquia, del señor LUIS MIGUEL LÓPEZ
ARISTIZÁBAL, para el período 2022 - 2026, representante a la Cámara electo por el
departamento de Antioquia.
QUINTO (sic): QUE SE ORDEN (sic), llamar en la lista al siguiente en votación dentro
del partido conservador y expedirle credencial.
4. Mediante auto del 2 de diciembre de 2022, se inadmitió la demanda para que se
precisara el medio de control ejercido y se adecuaran las pretensiones. Durante el
término de traslado, la demandante subsanó la demanda de pérdida de investidura
y adecuó las pretensiones, en los siguientes términos:
PRIMERO: Que el señor LUIS MIGUEL LÓPEZ ARISTIZÁBAL, REPRESENTANTE
A LA CAMARA por el Departamento de Antioquia, para el período 2022 – 2026, 2
incurrió en las causales de incompatibilidad previstas en el artículo 180, numerales 1
y 2 de la Constitución Política, al ejercer, en la actualidad (COMO LO DESMUESTRA
LA CAMARA DE COMERCIO), cargo o empleo en la empresa privada y como
representante legal gestionar contratos y negocios ante entidades públicas.
SEGUNDO: Que se DECRETE la perdida de investidura del señor LUIS MIGUEL
LÓPEZ ARISTIZÁBAL como representante a la Cámara por el Departamento de
Antioquia, para el período 2022 – 2026.
TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración, comunicar la sentencia a
la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, al Consejo Nacional Electoral y
al Ministerio del Interior para que se sirvan dar cumplimiento a la sentencia.
1.2. Hechos
3
Samai, actuaciones del proceso de primera instancia, rad. 11001-03-15-000-2022-05833-00, índice 2, archivo
ED_DEMANDAYANEXOS(.pdf) NroActua 2. .
2
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Accionado: Luis Miguel López Aristizábal
5. El señor Luis Miguel López Aristizábal participó en las elecciones que se
adelantaron el 13 de marzo de 2022 y fue elegido como representante a la Cámara
de Representantes, por el departamento de Antioquia, para el período 2022 – 2026.
En ese cargo se posesionó el 20 de julio de 2022.
6. La demandante expuso que, el demandado, luego de tomar posesión como
congresista, continuó ejerciendo como gerente y representante legal de la sociedad
Grupo Comercializadora de Colombia GDC S.A.S., compañía que tiene como objeto
social principal la negociación, representación exclusiva, importación y
comercialización de licores nacionales e internacionales.
7. Al efecto, sostuvo que, de conformidad con los certificados de existencia y
representación legal de la sociedad Grupo Comercializadora de Colombia GDC
S.A.S., expedidos el 1 y el 6 de agosto de 2022, el señor López Aristizábal seguía
fungiendo como su gerente y representante legal, hecho que, reforzaba la
incompatibilidad que existía con la función de congresista.
8. Aunque el demandado alegó haber renunciado a su condición de gerente y
representante legal el 6 de mayo de 2022, tal como da cuenta el certificado de
existencia y representación legal de la citada sociedad, expedido el 9 de agosto de
2022, este habría seguido suscribiendo, durante los meses de mayo, junio y julio de
2022, los reportes exigidos por la Ordenanza núm. 6 de 2017, relativa al monopolio
de licores destilados y alcoholes potables con destino a la fabricación de licores –
expedida por la Asamblea Departamental de Antioquia –.
9. Señaló que, el congresista en mención, en su condición de gerente y
representante legal de la mencionada sociedad, intervino en la explotación del
monopolio rentístico de licores previsto en la Ley 1816 de 2016, lo cual, podía ser
corroborado con informes periodísticos de público conocimiento y, a su vez,
permitiría acreditar «[…] la gestión de negocios antes de la elección, durante y posterior a la
elección como congresista con la FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA Y LA GOBERNACIÓN
DE ANTIOQUIA, para adquirir y distribuir licor en el departamento de Antioquia […]».
10. Asimismo, invocó las causales previstas en los numerales 2 y 3 del artículo 180
de la Carta Política y todos los numerales del artículo 282 de la Ley 5ª de 1992, para
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05833-02 (acumulado)
Solicitante: Cristina María Lemos Laverde
Accionado: Luis Miguel López Aristizábal
lo cual, explicó, de manera general, las causales que impiden a los congresistas
desempeñar un cargo o empleo público o privado y gestionar negocios, apoderar o
celebrar contratos, por sí o por interpuesta persona, con entidades públicas.
2. La solicitud de pérdida de investidura (radicado 2023-01160)
11. El 6 de marzo de 2023, los señores Carlos Mario Usola Mendoza y Jorge Ariel
Naranjo Cifuentes, formularon demanda de pérdida de investidura del representante
a la Cámara Luis Miguel López Aristizábal, en la que argumentaron que este habría
incurrido en las causales de incompatibilidad previstas en los numerales 1, 2 y 4 del
artículo 180 constitucional, en razón a que, ejerció cargo o empleo como
representante legal de la sociedad Grupo Comercializadora de Colombia GDC
S.A.S., pese a haber sido elegido como representante a la Cámara por Antioquia
para el periodo 2022-2026.
12. Como ocurrió en el primer proceso, los solicitantes limitaron su escrito a exponer
las causales que les impide a los congresistas desempeñar un cargo o empleo
público o privado, y gestionar negocios, apoderar o celebrar contratos por sí o por
interpuesta persona con entidades públicas.
3. Contestación de la demanda4
13. El congresista demandado se opuso a las pretensiones de la demanda.
Argumentó que, mediante Acta núm. 20 del 6 de mayo de 2022, la Asamblea de la
Sociedad Grupo Comercializadora de Colombia GDC S.A.S., designó como gerente
y representante legal al señor Jorge Luis Acosta Restrepo, la cual, fue radicada en
la Cámara de Comercio de Aburrá Sur, el 30 de junio de 2022.
14. Asimismo, precisó que, los actuales representantes a la Cámara por Antioquia,
fueron elegidos el 16 de julio de 2022, según consta en el Formulario E-26 CAM del
Consejo Nacional Electoral; lo que indica que, para la época en que se adelantó el
trámite mencionado, el demandado no tenía la investidura de congresista.
4
Samai, actuaciones del proceso de primera instancia, rad. 11001-03-15-000-2022-05833-00, índice 42, archivo
RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CONTESTACIONDELAD(.pdf).
4
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05833-02 (acumulado)
Solicitante: Cristina María Lemos Laverde
Accionado: Luis Miguel López Aristizábal
15. Señaló que jamás suscribió contrato estatal alguno para el ejercicio del monopolio
como arbitrio rentístico sobre la producción de licores destilados; y explicó que la
demandante confunde una autorización para la comercialización de licores, con la
suscripción de contratos propios de los reglamentados por la Ley 80 de 1993, por lo
que nunca hubo ni hay, a la fecha de la contestación de la demanda, una relación
contractual del demandado con la Gobernación de Antioquia, que permita afirmar,
inequívocamente, que este haya violado el régimen de inhabilidades e
incompatibilidades.
16. Concluyó que la Resolución núm. S20199060049122 del 28 de mayo de 2019,
proferida unilateralmente por el gobernador de Antioquia a favor del Grupo
Comercializadora de Colombia GDC S.A.S., no es un contrato estatal.
4. Trámite procesal de primera instancia
17. El 28 de julio de 2023, la Sala Primera Especial de Decisión de Pérdida de
Investidura declaró el agotamiento de jurisdicción5. En dicha providencia se explicó
que se presentaba identidad de partes, de objeto y que la imputación jurídica y
fáctica eran las mismas a las presentadas en el proceso 2022-6270, dentro del cual
ya se había proferido fallo de primera instancia:
17. De suerte que la imputación jurídica y fáctica se corresponden plenamente con la
del expediente 2022-6270, en el que ya se profirió sentencia de primera y está a la
espera de la decisión del recurso de alzada, circunstancia que impide a su vez declarar
aquí la cosa juzgada (artículo 303 del CGP, aplicable por remisión del artículo 308 del
CPACA).
18. Igualmente, está demostrado, según los antecedentes aquí consignados, que el
expediente 2022-6270 tuvo auto admisorio el 9 de diciembre de 2022, el cual fue
notificado personalmente el 18 de enero de 2023 y contestada la demanda el 20
siguiente. Para esta última fecha, el expediente 2022-5833 apenas se estaba
admitiendo. Entonces, no hay dudas que el primer expediente fue el que agotó la
jurisdicción.
19. Tampoco puede perderse de vista que desde el 8 de febrero de 2023, fecha en la
que en el expediente 2022-6270 se resolvió sobre el decreto de pruebas, era
improcedente la acumulación de procesos, toda vez que el artículo 16 de la Ley 1881
fijó dicho hito para el efecto. En el mismo sentido se pronunció la magistrada ponente
del expediente 2022-6270 (supra numeral 1).
20. De suerte que, de no proceder como aquí se hace, se “atentaría no solo contra el
debido proceso, sino que desconocería la naturaleza sancionatoria del juicio de pérdida
de investidura”, la cual impide juzgar dos veces por un mismo hecho.
5
Samai, actuaciones del proceso de primera instancia, rad. 11001-03-15-000-2022-05833-00, índice 107.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05833-02 (acumulado)
Solicitante: Cristina María Lemos Laverde
Accionado: Luis Miguel López Aristizábal
18. Contra esta decisión, la solicitante interpuso recurso de apelación, cuyo
conocimiento fue asignado a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo 6, que,
mediante providencia del 3 de septiembre de 2024, revocó el auto del 28 de julio de
2023 y ordenó regresar el expediente a la Sala Primera Especial de Decisión de
Pérdida de Investidura para que continuara el trámite procesal pertinente7.
19. En cumplimiento de la orden impartida, la Sala Primera Especial de Decisión de
Pérdida de Investidura8 fijó el 9 de diciembre de 2024, como fecha para la audiencia
prevista en el artículo 11 de la Ley 1881 de 2018.
5. Audiencia pública
20. El 9 de diciembre de 2024, la Sala Primera Especial de Decisión de Pérdida de
Investidura adelantó la audiencia pública, a la que compareció la solicitante, Cristina
María Lemos Laverde, el congresista demandado, Luis Miguel López Aristizábal, y
el procurador quinto delegado ante el Consejo de Estado.
6. Sentencia de primera instancia
21. La Sala Primera Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, a través de
providencia del 27 de enero de 20259, declaró probada la excepción de cosa
juzgada respecto de las causales previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 180
de la Constitución, reproducidas en los numerales 1 y 2 del artículo 282 de la Ley
5ª de 1992; y negó la solicitud de pérdida de investidura frente a las causales 3 y 4
del artículo 180 de la Constitución, reproducidas en los numerales 3 y 4 del artículo
282 de la Ley 5ª de 1992.
22. El fundamento de dicha decisión radicó en que, en el proceso de pérdida de
investidura seguido bajo el radicado núm. 11001-03-15-000-2022-06270-02, se
6
Es importante precisar que, inicialmente, el conocimiento del asunto fue asignado por reparto al magistrado que hoy funge
como ponente de la presente decisión, quien registró proyecto de auto el 19 de febrero de 2024. No obstante, la ponencia
presentada no fue aprobada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual a través de auto del 20 de
marzo de 2024 (índice 15 de SAMAI) se ordenó remitir el expediente al magistrado que continuaba en turno, en este caso, al
doctor Jaime Enrique Rodríguez Navas, cuya ponencia tampoco fue aprobada. Finalmente, el asunto fue asignado al
despacho del doctor José Roberto Sáchica Méndez, quien presentó una ponencia que fue aprobada el 3 de septiembre de
2024.
7
Esta decisión es visible en el expediente electrónico de Samai con radicado núm. 11001-03-15-000-2022-05833-01, índice
28.
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Samai, actuaciones del proceso de primera instancia, rad. 11001-03-15-000-2022-05833-00, índice 138.
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Samai, actuaciones del proceso de primera instancia, rad. 11001-03-15-000-2022-05833-00, índice 155.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05833-02 (acumulado)
Solicitante: Cristina María Lemos Laverde
Accionado: Luis Miguel López Aristizábal
había definido un asunto en el que se alegaba la misma conducta atribuida en el
presente proceso. Al efecto, la Sala Primera Especial realizó el análisis de las
causales invocadas, de la siguiente forma:
6.1. Sobre las causales 1 y 2 del artículo 180 constitucional y la cosa
juzgada
23. Al efecto, estableció que, entre el asunto sub examine y el proceso tramitado bajo
el núm. 11001-03-15-000-2022-06270-02, concurren identidad de partes, de objeto
y de causa petendi.
24. Existe identidad de partes porque, por un lado, si bien en el proceso anterior,
los demandantes son distintos, los ciudadanos en este tipo de acciones públicas
tienen la misma calidad activa. Por otro lado, se trata del mismo sujeto pasivo, toda
vez que se demandó al mismo congresista, esto es, al señor Luis Miguel López
Aristizábal.
25. El objeto es el mismo, pues, en ambos procesos, se pretende la pérdida de
investidura del mismo representante a la Cámara.
26. Se trata de la misma la causa petendi, habida cuenta que existe identidad fáctica
y jurídica, en relación con las causales previstas en los numerales 1 y 2 del artículo
180 Superior, reproducidas en los numerales 1 y 2 del artículo 282 de la Ley 5ª de
1992. Es decir, las incompatibilidades que impiden a los congresistas desempeñar
un cargo o empleo público o privado y, simultáneamente, gestionar negocios,
apoderar o celebrar contratos, por sí o por interpuesta persona, con entidades
públicas.
27. Al respecto, trajo a colación apartes de la sentencia de primera instancia del 24
de mayo de 2023, proferida dentro del proceso con radicado núm. 2022-06270, en
la cual, frente al desempeño de cargo público o privado, la Sala Once Especial de
Decisión de Pérdida de Investidura señaló:
El solicitante afirmó que el congresista electo y posesionado, señor Luis Miguel López
Aristizábal, incurrió en la incompatibilidad prevista en el numeral 1 del artículo 180 de
la Constitución Política, pues continuó desempeñando el cargo de gerente del Grupo
de Comercializadores de Colombia GDC SAS, como se evidencia en los certificados
7
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05833-02 (acumulado)
Solicitante: Cristina María Lemos Laverde
Accionado: Luis Miguel López Aristizábal
de existencia y representación legal de la sociedad, expedidos por la Cámara de
Comercio Aburrá Sur, el 1º y 6 de agosto de 2022.
[…]
Según el Certificado de Existencia y Representación Legal del Grupo Comercializadora
de Colombia GDC SAS, expedido el 9 de agosto de 2022, por la Cámara de Comercio
Aburrá Sur, por Acta No. 20 de 6 de mayo del mismo año, inscrita en esa Cámara el 5
de agosto de 2022, la Junta Directiva de la sociedad designó como gerente y
representante legal al señor Jorge Luis Acosta Restrepo.
Mediante el Acuerdo No. 003 de 16 de julio de 2022, expedido por el Consejo Nacional
Electoral, se declaró elegido al señor Luis Miguel López Aristizábal como representante
a la Cámara por el departamento de Antioquia, para el periodo constitucional 2022-
2026, quien se posesionó el día 20 del mismo mes y año.
Visto lo anterior, la Sala no observa que el representante a la Cámara por el
departamento de Antioquia Luis Miguel López Aristizábal hubiese incurrido en la
conducta de incompatibilidad prevista en el numeral 1 del artículo 180 de la
Constitución Política, toda vez que no se encuentra probado que de manera paralela o
simultánea a su labor como congresista haya ejercido las funciones de otro cargo
público o privado.
28. De esta manera, indicó que uno de los argumentos en los que se sustentó el fallo
de primera instancia, dentro del proceso de pérdida de investidura tramitado
previamente por esta Corporación, consistió en que, a partir del 6 de mayo de 2022,
según el acta núm. 20, la Junta Directiva del Grupo Comercializadora de Colombia
designó un nuevo representante legal, mientras que, el demandado, fue elegido y
posesionado como representante a la Cámara los días 16 y 20 de julio de 2022,
respectivamente.
29. Sobre este aspecto, igualmente trajo a colación lo señalado en la sentencia de
segunda instancia, proferida el 8 de agosto de 2023 por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la que, al respecto, se
precisó:
87. Sumado a lo anterior, y siguiendo para el efecto los razonamientos esbozados por
la Corte Constitucional al estudiar, en la sentencia C-621 de 200310, la
constitucionalidad de los artículos 164 y 442 del Código de Comercio, es claro que los
órganos sociales competentes tienen la obligación de adelantar directamente todas las
gestiones encaminadas a la inscripción del nombramiento del nuevo representante
legal en las eventualidades en que se produce la remoción de quien venía actuando
como tal.
10
La Corte Constitucional, en esta sentencia, indicó: «[…] 11. Por todo lo anterior la Corte concluye que las normas
demandadas no pueden ser consideradas constitucionales, sino bajo el entendido de que la responsabilidad que endilgan a
los representantes legales y revisores fiscales salientes de sus cargos, mientras se registra un nuevo nombramiento, no puede
carecer de límites temporales y materiales. Dichos límites temporales y materiales implican que: (i) Se reconozca que existe
un derecho a que se cancele la inscripción del nombramiento del representante legal o del revisor fiscal en todas las
oportunidades en que por cualquier circunstancia cesan en el ejercicio de sus funciones. Este derecho acarrea la obligación
correlativa de los órganos sociales competentes en cada caso, de proveer el reemplazo y registrar el nuevo nombramiento
[…]»
8
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05833-02 (acumulado)
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88. Significa lo anterior que le correspondía a la sociedad GRUPO DE
COMERCIALIZADORES POR COLOMBIA GDC S.A.S., no al acusado, la carga de
proceder a realizar la inscripción del nuevo nombramiento, luego la demora de esta
sociedad en llevar a cabo tal trámite no puede acarrearle consecuencias desfavorables
al congresista cuestionado.
30. De esta manera, señaló que, en el proceso anterior, se estableció que el
congresista Luis Miguel López Aristizábal no tenía la calidad de representante legal
de la referida sociedad para la fecha de su elección y posesión como representante
a la Cámara y que, además, al proceso no se aportaron pruebas que demostraran
el ejercicio simultáneo de un cargo o empleo, público o privado, con el de
representante a la Cámara.
31. Igualmente, precisó que, en el proceso judicial anterior, se hizo referencia a la
negativa en el decreto de unas pruebas documentales, tanto en la primera instancia
como en sede de apelación, encaminadas a demostrar la causa y resaltó que la
oportunidad probatoria para demostrar la conducta enjuiciada, se agotó plenamente
en aquella demanda de pérdida de investidura, sin que pueda utilizarse este juicio
para revivirla, so pena de violar las garantías procesales del demandado.
32. De otra parte, sobre la gestión de negocios, apoderamiento o celebración de
contratos, por sí o por interpuesta persona, con entidades públicas, la Sala Primera
Especial de Decisión afirmó que, en el proceso de pérdida de investidura tramitado
con anterioridad, se puso de relieve la ausencia de medios probatorios que
demostraran que el representante demandado hubiera incurrido en la causal
prevista en el numeral 2 del artículo 180 de la Constitución, pues, no se aportó
documento que evidenciara que, en ejercicio de su condición de congresista,
hubiera realizado alguna gestión ante entidad pública o administradoras de tributos,
ni celebrado contratos a nombre del Grupo Comercializadora de Colombia GDC
S.A.S.
33. En relación con el espacio temporal de la ocurrencia de las conductas, precisó,
también, que, tanto en la presente demanda, como en la previamente resuelta por
esta Corporación, las pruebas aportadas se encaminaron a demostrar la ocurrencia
de la incompatibilidad en hechos acaecidos hasta el mes de agosto de 2022, razón
por la cual existió identidad temporal frente a la imputación fáctica en los procesos
en estudio. Al respecto, explicó:
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05833-02 (acumulado)
Solicitante: Cristina María Lemos Laverde
Accionado: Luis Miguel López Aristizábal
35. En cuanto al espacio temporal de la ocurrencia de las conductas se tiene que en la
demanda del proceso n.° 2022-05833 se alegó que “el certificado de la cámara de
comercio del ABURRÁ SUR, del día 01 de agosto de 2022 y del día 08 de agosto de
2022, el representante electo antes de las elecciones y después de ellas, aun hasta
después de ser posesionado 18 días después ostenta la calidad de representante legal
de la sociedad, por lo cual sigue gestionando negocios y monopolio rentístico y de
rentas departamentales”.
36. Además, se indicó que, después del 5 de agosto de 2022, cuando fue inscrita en la
Cámara de Comercio del Aburrá Sur el acta n.° 20 del 6 de mayo de 2022, por medio
de la cual se cambió al gerente de la sociedad Grupo Comercializadora de Colombia,
el demandado siguió desempeñándose como tal por todo el mes de agosto de 2022,
según se desprende de las pruebas solicitadas para demostrar este hecho
(subsanación de la demanda, índices 21 y 22).
37. En la demanda del proceso n.° 2023-01160 se sostuvo que el demandado actuó
como gerente de la referida sociedad hasta el 11 de agosto de 2022 (hecho treceavo
(sic) de la subsanación, índice 57); incluso las pruebas solicitadas se limitaron hasta
dicho mes y año.
38. Finalmente, en la demanda del proceso n.° 2022-06270, en el hecho 7 se señaló
(índice 2):
7.- Como consta en el certificado de existencia y representación legal del día 01
de agosto de 2022 y del día 08 de agosto de 2022 (luego de posesionarse como
congresista el 20 de julio de 2022), continúo en el ejercicio del cargo de gerente
de la referida sociedad y como su representante legal. Es decir, era a la vez
gerente y representante legal y, en virtud de esa doble calidad, administra la
sociedad y la compromete jurídicamente, en su orden. Como gerente, entonces,
desempeña un cargo en la sociedad y gestiona sus asuntos, y, como
representante legal celebra los actos y contratos que compromete jurídicamente
la compañía.
39. Las pruebas para demostrar lo anterior también se pidieron hasta el mes de agosto
de 2022, es decir, hasta cuando se consideró que el demandado ejerció como
representante legal de la pluricitada sociedad.
40. De conformidad con lo expuesto, también existe identidad temporal frente a la
imputación fáctica en los tres procesos en estudio.
41. Por consiguiente, hay cuestiones ya definidas en el anterior proceso, tales como
que el demandado había dejado de ejercer como representante legal del Grupo
Comercializadora de Colombia y que en todo caso no existían pruebas que
demostraran su actuación simultánea como congresista y la gestión de negocios
privados.
42. Entonces ya quedó definido si el aquí demandado actuó a nombre de la citada
sociedad de manera simultánea con su dignidad legislativa, en idéntico espacio
temporal, en un proceso judicial con todas las garantías. Obrar en sentido contrario
sería desconocer la cosa juzgada y con ella la garantía constitucional del non bis in
idem.
[…]
46. En consecuencia, al coincidir las partes, las pretensiones y la causa jurídica, es
imposible para la Sala volver sobre la misma conducta de si el demandado fungió, al
mismo tiempo, como gerente o actuó a nombre de la sociedad Grupo Comercializadora
de Colombia y como representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, para
el periodo 2022-2026, y si con dicha conducta violó los numerales 1 y 2 del artículo 180
Superior, reiterados en los numerales 1 y 2 del artículo 282 de la Ley 5 de 1992, como
quiera que dentro de otro proceso de pérdida de investidura, esta Corporación, ya
definió estas causas a través de una sentencia ejecutoriada.
34. Finalmente, concluyó que en el proceso de pérdida de investidura anterior (2022-
10
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6270), se encontraba definido si el aquí demandado había actuado a nombre de la
citada sociedad de manera simultánea con su dignidad legislativa, en idéntico
espacio temporal y en un proceso judicial con todas las garantías y que, en esa
medida, estudiar el cargo nuevamente implicaría desconocer la cosa juzgada y, con
ello, la garantía constitucional del principio non bis in idem.
6.2. Análisis de las causales 3 y 4 de la Constitución
35. En relación con las causales de pérdida de investidura previstas en los numerales
3 y 4 del artículo 180 de la Constitución, reproducidas en los numerales 3 y 4 del
artículo 282 de la Ley 5ª de 1992, la Sala Primera Especial de Decisión de Pérdida
de Investidura señaló que no se aportaron pruebas encaminadas a demostrar que
el demandado fuera miembro de una junta o consejo directivo de alguna entidad
descentralizada de cualquier nivel o de instituciones que administren tributos, tal
como lo exige el numeral 3 del artículo 180 constitucional11; que ello se explica en
la medida en que la conducta endilgada al demandado fue la de actuar,
simultáneamente, como representante legal de una sociedad privada y como
congresista, lo cual, dista de la causal consagrada en los artículos citados y, a juicio
del a quo, resultaba suficiente para desestimar su ocurrencia.
36. Tampoco encontró prueba alguna que demostrara la celebración de contratos o
gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren,
manejen o inviertan en fondos públicos o sean contratistas del Estado o reciban
donaciones de este, a fin de estructurar la incompatibilidad contenida en el numeral
4 del artículo 180 Superior12.
37. Sobre el alcance de esta causal, trajo a colación la sentencia del 11 de febrero
de 2021, en la cual, la Sala Plena de esta Corporación, explicó:
La incompatibilidad del numeral 4 del artículo 180 de la Constitución Política contiene
dos verbos rectores: la celebración y/o la gestión de contratos. El sujeto activo de la
conducta es el congresista, mientras que el sujeto pasivo de la causal es cualquier
persona natural o jurídica de derecho privado. Igualmente, es necesario constatar que
el sujeto pasivo (i) administre, maneje o invierta en fondos públicos o (ii) sea contratista
del Estado o (iii) que reciba o haya recibido donaciones de este. En otros términos, el
sujeto pasivo de la incompatibilidad es cualificado.
11
Reproducida en el numeral 3 del artículo 282 de la Ley 5 de 1992.
12
Reproducida en el numeral 4 del artículo 282 de la Ley 5 de 1992.
11
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38. Por tanto, precisó que la causal contenida en el numeral citado, se refiere a las
personas privadas que están en la situación allí descrita y, en tanto la imputación
alegada en este proceso tiene que ver con la contratación o gestiones del
demandado con entidades públicas, no con particulares, no encontró probado el
aspecto objetivo de la causal
7. Recurso de apelación
39. La demandante dentro del proceso 2022-05833, por conducto de apoderado,
presentó recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, en el que expuso
los siguientes argumentos:
40. El fallo que declaró probada la cosa juzgada respecto de las causales previstas
en los numerales 1 y 2 del artículo 180 de la Constitución, no identificó los
fundamentos fácticos y probatorios entre este proceso y el tramitado bajo el núm.
2022-06270, pues, en criterio de la apelante, no se podría declarar dicha excepción
cuando existen nuevas pruebas que resultan ser sustancialmente diferentes y que
demuestran hechos nuevos o no analizados en el fallo anterior, situación que
consideró ocurrió en este proceso.
41. Señaló que aportó en primera instancia (i) la declaración del impuesto al consumo
y/o participación de licores del 21 de julio de 2022 y (ii) las solicitudes a la
Gobernación de Antioquia para el cargue del fondo cuenta al inventario de esa
empresa de 27 y 28 de julio de 2022, que fueron suscritas por el demandado como
representante legal de la sociedad GDC S.A.S., cuando ya tenía la calidad de
representante a la Cámara.
42. Asimismo, hizo referencia a una respuesta otorgada por el Banco de Bogotá, el
19 de junio de 2023, en la que, en virtud de una solicitud encaminada a determinar
quién fungió como representante legal de la sociedad durante el periodo
comprendido entre junio de 2021 y agosto de 2022, la entidad financiera manifestó
que, en sus bases de datos, reposaba el nombre del señor Luis Miguel López.
43. Manifestó que las pruebas documentales referidas, daban cuenta que el
12
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demandado actuó como representante legal de la compañía siendo congresista,
frente a las cuales no hubo pronunciamiento alguno, situación que, a su juicio,
genera la nulidad del fallo.
44. Insistió en que según el numeral 1º del artículo 180 de la Constitución, los
congresistas no pueden ejercer otro cargo o empleo público o privado, salvo la
docencia. Sin embargo, en este caso, el demandado continuó ejerciendo funciones
privadas después de su posesión, lo que configura la causal de inhabilidad.
45. Lo anterior, por cuanto, el demandado gestionó y siguió gestionando negocios –
antes, durante y después de la elección como congresista – con la Fábrica de
Licores y la Gobernación de Antioquia para introducir, adquirir y distribuir licor en
ese departamento, lo que, vulnera los artículos 179 y 180, numeral 3 de la
Constitución Política, si se tiene en cuenta que, mediante el radicado
S20199060049122 del 28 de mayo de 2019, tramitó y gestionó ante la Gobernación
de Antioquia la autorización, por el término de 10 años, para la introducción de
licores objeto del monopolio rentístico de dicho ente territorial.
46. Sostuvo que es tan clara la incompatibilidad que, mediante maniobras para dilatar
y corregir el error, el demandado dijo que por Acta núm. 20 del 6 de mayo de 2022
de la Junta Directiva, inscrita el 5 de agosto del mismo año con el núm. 162942 del
libro IX, se designó como gerente al señor Jorge Luis Acosta Restrepo, según
consta en el certificado de cámara de comercio expedido el 9 de agosto de 2022.
Esto indica que, el cambio, realmente tuvo lugar varios días después de haberse
posesionado como congresista, lapso en el cual el congresista siguió firmando
reportes mensuales y otros documentos.
47. Por tanto, insistió en que el demandado intervino en la gestión de negocios ante
entidades públicas, cumpliendo sus funciones de manera simultánea como
representante legal y gerente de la sociedad GDC S.A.S., y como congresista, y
desempeñó, también, empleo público o privado después de tomar posesión como
representante a la Cámara. Además, que ha tratado de «confundir y engañar» a la Sala
manifestando que se apartó del cargo de gerente y representante legal el 6 de mayo
de 2022, aun cuando, a partir de las pruebas mencionadas, puede evidenciarse que
actuó con dolo durante los siguientes 3 meses (mayo, junio y julio), pues, nunca se
13
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apartó de sus funciones en la sociedad.
48. De otra parte, sobre la decisión respecto de las causales 3 y 4 del artículo 180
de la Constitución Política, manifestó que:
No se comparte la afirmación que indica que la mención de los ordinales 3 y 4 de tales
disposiciones constituyen cargos aparentes, en atención a que carecen sustento en la
demanda, toda vez que la revisión del cumplimiento del presupuesto formal relativo a
la debida sustentación de las causales de pérdida de investidura invocadas (artículo 5,
letra c, de la Ley 1881 de 2018) debe efectuarse al momento de la admisión de la
solicitud, con el objeto de permitir al accionante corregir los yerros en que haya incurrido
en el escrito inicial, cuando se encuentre que tal requisito no se satisfizo.
Por tanto, considero que no le era posible a la Sala abstenerse de un examen de fondo
sobre las incompatibilidades antes indicadas, pues ello equivaldría a una decisión
inhibitoria respecto de cargos que se invocaron en las solicitudes y que fueron
admitidos sin reparos en las providencias correspondientes.
49. Así, entonces, consideró que correspondía a la Corporación emitir una decisión
de fondo respecto de las incompatibilidades que no fueron estudiadas en el proceso
2022-06270, en la que se analizara si los supuestos fácticos invocados como
sustento de los eventos previstos en los numerales 3 y 4 de los artículos 180
constitucional y 282 de la Ley 5ª de 1992, cuentan con la posibilidad, o no, de
configurarlas13.
8. Trámite en segunda instancia14
50. A través de providencia del 13 de marzo de 2025, el magistrado ponente de la
presente decisión, admitió el recurso de apelación formulado contra la sentencia de
primera instancia proferida el 27 de enero de 2025 por la Sala Primera Especial de
Decisión de Pérdida de Investidura y ordenó correr traslado al congresista
demandado y al Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
14 de la Ley 1881 de 2018.
9. Oposición al recurso de apelación
51. El congresista demandado, Luis Miguel López Aristizábal, presentó memorial
de oposición al recurso de apelación interpuesto, en los siguientes términos:
13
Cabe destacar que el apelante expuso argumentos que tomó del salvamento de voto presentado contra el auto que declaró
el agotamiento de jurisdicción, que no se encuentran relacionados con las causales 3 y 4.
14
Samai, índice 4.
14
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52. Señaló que, el objeto de la presente controversia, en esta instancia, se
circunscribe exclusivamente a determinar si la sentencia del 27 de enero de 2025
proferida por la Sala Primera Especial de Decisión de Pérdida de Investidura incurrió
en un error de derecho al declarar la existencia de la cosa juzgada en relación con
las causales de incompatibilidad previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 180
de la Constitución, respecto de la sentencia definitiva proferida por la Sala Plena del
Consejo de Estado el 8 de agosto de 2023.
53. Al respecto, precisó que, según la parte apelante, las pruebas aportadas a este
expediente contienen hechos nuevos no juzgados en la sentencia del 2023, los
cuales, demostrarían el desempeño de un cargo privado y gestiones ante entidades
públicas con posterioridad a la posesión. Sin embargo, esta argumentación tiene
una confusión conceptual y normativa, pues, maneja indistintamente las causales
de inhabilidad y de incompatibilidad, desdibujando así el núcleo de la controversia,
y obviando que, el juicio sobre incompatibilidades se rige por criterios estrictos de
simultaneidad funcional, los cuales, ya fueron analizados previamente por la
Corporación.
54. De esta manera, señaló que, en el presente asunto, no existen hechos nuevos
que desvirtúen la cosa juzgada, en tanto, la valoración realizada en la sentencia del
8 de agosto de 2023 ya incluyó el análisis de las pruebas relativas al ejercicio de las
funciones y gestiones ante entidades públicas durante el periodo comprendido entre
la posesión del congresista y agosto de 2022.
55.
Además, la supuesta aparición de nuevos elementos probatorios no implica per
se la existencia de hechos nuevos en el plano jurídico, ya que, para desvirtuar la
cosa juzgada es necesario que los hechos alegados sean sustancialmente distintos
a los ya examinados y que generen una alteración material del supuesto fáctico
analizado en la decisión previa. En este caso, las pruebas invocadas en la apelación
no introducen hechos desconocidos por la sentencia de 2023, sino que,
simplemente, reexaminan situaciones ya debatidas y descartadas, lo que impide
que realmente se presenten unos supuestos fácticos diferentes, de manera que, se
habilite la reapertura del juicio de incompatibilidades.
15
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56. Insistió en que, el criterio determinante no es la existencia de elementos
probatorios nuevos, sino la irrupción de hechos que no hayan sido materia de
valoración en la decisión anterior. No obstante, los elementos probatorios en los que
se apoya la recurrente versan sobre circunstancias que ya fueron objeto de estudio,
lo que confirma que no se reúnen los requisitos establecidos por la jurisprudencia
para considerar que hay hechos nuevos que excluyan la aplicación de la cosa
juzgada.
57.
En todo caso, reiteró que, como se señaló en la sentencia del 8 de agosto de
2023, bastaba con que el Acta núm. 20 del 6 de mayo de 2022, que designó a Jorge
Luis Acosta Restrepo como nuevo representante legal de la sociedad Grupo
Comercializadora de Colombia S.A.S., hubiere sido radicada en la Cámara de
Comercio de Aburrá Sur el 30 de junio de 2022, para que los actos realizados por
la empresa, con posterioridad a esa fecha y antes de la inscripción formal del cambio
el 5 de agosto de 2022, fueran ajenos a su voluntad y, por ende, no configuraran las
incompatibilidades de los numerales 1 y 2 del artículo 180 de la Constitución
Política.
58. Igualmente, aclaró que si bien los actos de los órganos de las sociedades
comerciales que deben inscribirse en el registro mercantil, como el nombramiento
de un nuevo representante legal, solo son oponibles a terceros desde la fecha de
su inscripción, no es menos cierto que, dichos actos producen efectos jurídicos entre
las partes – la sociedad y el representante saliente – desde su adopción o
radicación, conforme a la autonomía de la voluntad y las reglas del gobierno
corporativo. Además, la inscripción en la Cámara de Comercio es una carga de la
sociedad y no del representante saliente, y los actos realizados tras la cesación
efectiva de funciones no pueden imputarse a este si no reflejan su voluntad o control.
59. De otro lado, precisó que, aunque la actora invoca en su demanda y reitera en el
recurso, las causales 3 y 4 del artículo 180 constitucional, su argumentación carece
de sustento fáctico y probatorio que permita sostener su aplicabilidad al caso
concreto, razón por la cual, el análisis en sede de apelación debe circunscribirse al
análisis de la cosa juzgada respecto de las causales de los numerales 1 y 2 ibidem.
10. Concepto del Ministerio Público
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60. La Procuraduría Delegada de Intervención 6, Primera ante el Consejo de Estado,
rindió concepto mediante el cual solicitó confirmar la sentencia del 27 de enero de
2025, proferida por la Sala Primera Especial de Decisión de Pérdida de Investidura,
que declaró la cosa juzgada, por cuanto, existe identidad de objeto, de causa y de
partes respecto del radicado bajo el núm. 11001-03-15-000-2022-06270-02, que fue
decidido previamente por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, mediante sentencia del 8 de agosto de 2023; decisión que se
encuentra debidamente ejecutoriada y en firme.
61. Al efecto, consideró que, el problema jurídico a resolver en esta instancia se
centra en determinar (i) si está probada la cosa juzgada respecto de lo decidido en
el proceso con radicado núm. 2022-06270 y, solo en caso negativo, (ii) establecer
si el representante a la Cámara Luis Miguel López Aristizábal incurrió en la causal
de desinvestidura prevista en el numeral 1 del artículo 183 de la Constitución
Política, por violación del régimen de incompatibilidades.
62. Teniendo en cuenta el anterior planteamiento, precisó que en el presente asunto
existe identidad de partes, por cuanto, el congresista demandado es el mismo, y
si bien el demandante es diferente, hay identidad en el extremo activo por tratarse
de una acción pública que puede ser ejercida por cualquier ciudadano.
63. Asimismo, señaló que hay identidad de causa, en la medida que, en ambos
procesos judiciales, la modalidad conductual que se le endilga al congresista
acusado consiste en la presunta trasgresión del régimen de incompatibilidades (art.
183.1 constitucional), por «desempeñar cargo o empleo público o privado» y «gestionar, en
nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas o ante las personas que administren
tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona,
contrato alguno» (numerales 1 y 2 del art. 180 ibidem).
64. En ese sentido, tanto en el proceso ya fallado (radicado núm. 2022-06270), como
en el presente asunto, se acusó al congresista de: (i) haber desempeñado el empleo
de gerente y representante legal de la sociedad GCC SAS antes y después de su
elección y posesión como representante por el Departamento de Antioquia; y (ii) de
haber intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas como
representante legal y gerente de esa sociedad, al realizar algunas declaraciones de
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impuestos o tributarias de manera simultánea con su condición de congresista.
65. Por lo anterior, el razonamiento del apelante, alusivo a que no hay identidad
fáctica ni jurídica entre los referidos procesos judiciales, no tiene vocación de
prosperidad, toda vez que, como está demostrado, ya se profirió en el proceso con
radicado núm. 2022-06270, una decisión respecto de los mismos cargos de pérdida
de investidura que aquí se persiguen; providencia que, además, adquirió firmeza y,
por tanto, tiene el carácter de inmutable, vinculante y definitiva.
66. De esta manera, el Ministerio Publico señaló que no puede aducirse, que en este
proceso, existan nuevos hechos y pruebas acerca de la presunta violación del
régimen de incompatibilidades previsto en los numerales 1 y 2 del artículo180 de la
Constitución Política, pues, ello implicaría desconocer la institución de cosa juzgada,
al volver sobre un asunto ya decidido, lo que de suyo implica la imposibilidad de
introducir variaciones o modificaciones a esa relación jurídica ya resuelta, con una
nueva providencia, lo que ignoraría manifiestamente el estado de seguridad jurídica
ya consolidado.
67. Precisó, también, que en el trámite de segunda instancia del proceso ya resuelto
(2022-06270), se intentó introducir una serie de pruebas que no fueron aportadas
en la primera instancia y dentro de las que se encontraban las allegadas al presente
proceso, con las cuales se pretendió sustentar la existencia de hechos nuevos y,
respecto de lo cual, la Sala Plena del Consejo de Estado, en la sentencia del 8 de
agosto de 2023, señaló lo siguiente:
98. Corolario de lo expuesto, no resulta posible el análisis de documentos que no han
sido regular y oportunamente allegados al expediente como lo pretende el actor en su
recurso de apelación, por lo que no serán valorados (a) la «[…] Respuesta a derecho
de petición resuelto mediante radicado 20233010063881 del 13 de febrero de 2023,
expedido por la gobernación de Antioquia […]» 15 ni (b) los documentos de 21, 27 y 28
de julio de 202216, con los cuales pretende sustentar la configuración de las
incompatibilidades atribuidas al congresista cuestionado.
15
Estos documentos fueron tenidos como extemporáneos para desatar la impugnación en el auto de 21 de marzo de 2023.
16
Como se indicó en el auto de 7 de julio de 2023, a través del cual el despacho sustanciador del proceso denegó la solicitud
de práctica de pruebas en segunda instancia: (a) El documento de 21 de julio de 2022, que corresponde a una declaración
del impuesto al consumo ante la gobernación de Cundinamarca identificada con el n° 2522302968, fue allegado en forma
extemporánea en la primera instancia , por lo que no fue valorado en la sentencia de 24 de mayo de 2023; (b) Los documentos
de 27 y 28 de julio de 2022, que correspondían a solicitudes de cargue de los fondos cuenta n.° 1271931 y 1272043
respectivamente al inventario de la sociedad GRUPO DE COMERCIALIZADORES POR COLOMBIA GDC S.A.S. solo fueron
aportados con ocasión del recurso de apelación y, (c) El despacho sustanciador del proceso denegó el decreto y práctica de
pruebas en segunda instancia, lo cual implicó que los documentos mencionados no fueron incorporados como pruebas en el
proceso y, en consecuencia, no podían ser valorados para efectos de establecer la configuración de la causal de pérdida de
investidura atribuida al acusado
18
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68. Lo anterior, en criterio del Ministerio Público, permite inferir razonablemente que
esos medios de prueba están encaminados a sustentar la misma causa y objeto,
los cuales, fueron dilucidados a través de la mencionada sentencia que se
encuentra debidamente ejecutoriada, acervo que, pese a no haber sido valorado,
no implica per se una variación en los hechos para ser catalogados como un asunto
totalmente distinto al ya resuelto, o, en otras palabras, una falta de identidad jurídica.
69. Por tanto, si se tramitara y decidiera este proceso, se desconocerían los principios
de non bis in idem y de cosa juzgada, puesto que, el congresista Luis Miguel López
Aristizábal estaría siendo investigado y juzgado en más de una ocasión por los
mismos hechos, aunado a que se desconocerían las decisiones ejecutoriadas y en
firme que se profirieron en el proceso núm. 11001-03-15-000-2022-06270-02.
70. Finalmente, precisó que, como la parte recurrente no realizó reparos concretos
que permitan confrontar las consideraciones expuestas por la primera instancia para
no encontrar configuradas las causales de incompatibilidad, previstas en los
numerales 3 y 4 del artículo 180 constitucional, en su criterio, el juzgador de segunda
instancia está relevado de pronunciarse sobre las mismas.
71. El Ministerio Público concluyó que, en todo caso, conforme a lo acreditado en el
proceso, no existen medios de prueba tendientes a demostrar que el congresista
demandado es o fue miembro de junta o consejo directivo de entidades oficiales
descentralizadas de cualquier nivel o de instituciones que administren tributos (núm.
3), ni que hubiese celebrado contrato o realizado gestiones con personas naturales
o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos
o sean contratistas del Estado o reciban donaciones de este (núm. 4), tal como lo
consideró el a quo, por lo que la solicitud impetrada en esos términos no está
llamada a prosperar.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
72. El artículo 2º de la Ley 1881 de 2018 dispone que le corresponde a la Sala Plena
19
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de lo Contencioso Administrativo conocer, en segunda instancia, de las solicitudes
de pérdida de investidura que tramitan las salas especiales de decisión17.
2. Asunto objeto de pronunciamiento
73. La Sala debe precisar que, de conformidad con lo previsto en el artículo 328 del
CGP, al juez de segunda instancia le corresponde pronunciarse únicamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante18. Por esta razón, el análisis en esta
instancia procesal se circunscribirá al cuestionamiento efectuado sobre la
cosa juzgada, teniendo en cuenta que, la recurrente no formuló reparos19
concretos frente a la decisión adoptada en primera instancia relacionada con
las causales previstas en los numerales 3 y 4 del artículo 180 de la
Constitución, reproducidas en los numerales 3 y 4 de la Ley 5ª de 1992, tal como
también lo destacó el Ministerio Público.
74. Así las cosas, teniendo en cuenta los argumentos de la apelación, corresponde
a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo determinar si en el presente asunto
se configura el fenómeno de la cosa juzgada en relación con las causales de
incompatibilidad previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 180 de la Constitución
Política, reproducidas en los numerales 1 y 2 del artículo 282 de la Ley 5ª de 1992,
respecto del proceso de pérdida de investidura tramitado en esta Corporación bajo
el radicado núm. 11001-03-15-000-2022-06270, dentro del cual se profirió sentencia
de segunda instancia, el 8 de agosto de 2023, que se encuentra en firme y
debidamente ejecutoriada.
75. Por tanto, para resolver el presente asunto, la Sala abordará los siguientes
aspectos relevantes para desatar el recurso de apelación: (i) el principio del non bis
in idem: naturaleza y alcance; (ii) la figura de la cosa juzgada: requisitos y efectos;
17
«Las Salas Especiales de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado conocerán en primera instancia de la
pérdida de investidura de los Congresistas a solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara correspondiente o de cualquier
ciudadano y por las causas establecidas en la Constitución. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo será competente
para decidir el recurso de apelación frente a la sentencia de primera instancia, sin la participación de los magistrados
que decidieron el fallo recurrido» (Se resalta).
18
ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley. (…).
19
Aunque en el recurso de apelación el demandante afirma que en la sentencia de primera instancia no se realizó un examen
de fondo sobre las causales 3 y 4 del artículo 180 de la Constitución Política, lo cierto es que en la sentencia de primera
instancia, tal como se muestra en los antecedentes del proyecto, se resolvió de fondo los argumentos relativos a las
mencionadas causales (párrafos 34 a 37 de este proveído).Adicionalmente, el recurrente expone argumentos nuevos y
diferentes a aquellos expuestos en la demanda.
20
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y (iii) el caso concreto, relativo a la solución de los argumentos de la apelación.
2.1. El principio del non bis in idem: naturaleza y alcance
76. El principio del non bis in idem, consagrado en el artículo 29 de la Constitución
Política, consiste en la prohibición de ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
77. Al respecto, la jurisprudencia constitucional20 ha señalado que la aplicación de
este principio no se circunscribe únicamente al derecho penal, sino que debe
hacerse extensivo a todo el derecho sancionatorio. En este sentido, la Corte
Constitucional ha sostenido lo siguiente:
La aplicación del principio non bis in idem no está restringida al derecho penal, sino,
como lo ha dicho esta Corporación, “se hace extensivo a todo el universo del derecho
sancionatorio del cual forman parte las categorías del derecho penal delictivo, el
derecho contravencional, el derecho disciplinario, el derecho correccional, el derecho
de punición por indignidad política (impeachment) y el régimen jurídico especial ético
• disciplinario aplicable a ciertos servidores públicos (pérdida de investidura de los
Congresistas)21. (…) El principio non bis in idem prohíbe que una persona, por el
mismo hecho, (i) sea sometida a juicios sucesivos o (ii) le sean impuestas varias
sanciones en el mismo juicio, salvo que una sea tan solo accesoria a la otra”.
El principio non bis in idem, por lo menos, también prohíbe al legislador permitir que
una misma persona sea objeto de múltiples sanciones, o juicios sucesivos, por los
mismos hechos ante una misma jurisdicción […]. La prohibición se dirige a ser
“juzgado” dos veces.22[…] De tal manera que la expresión “juzgado” comprende
las diferentes etapas del proceso de juzgamiento, no sólo la final23. Destacado
en negrilla por fuera del texto original
78. De conformidad con tales planteamientos, la Corte señaló que la prohibición de
no ser juzgado dos veces por el mismo hecho es un «derecho» de carácter
fundamental y de aplicación directa e inmediata24.
79. En efecto, en los términos de la sentencia C-914 de 2013, el principio non bis in
ídem es un derecho fundamental autónomo y de aplicación inmediata, y hace parte
del conjunto de garantías que componen el derecho fundamental del debido
20
Sentencia C-870 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
21
Cita original de la sentencia C-870 de 2002. Ver entre otras, las sentencias C-088 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre
Lynett) C-554 de 2001. (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) y C-310 de 1997 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
22
A diferencia de la disposición colombiana, la constitución en Alemania prohíbe la doble condena: «Nadie puede ser
condenado dos veces por un mismo acto en virtud del derecho penal común».
23
El nuevo Código Único Disciplinario dice al respecto que «el destinatario de la ley disciplinaria cuya situación se haya
decidido mediante fallo ejecutoriado o decisión que tenga la misma fuerza vinculante, proferidos por autoridad competente,
no será sometido a nueva investigación y juzgamiento disciplinarios por el mismo hecho, aun cuando a este se le dé una
denominación distinta» Ley 734 de 2002, artículo 11.
24
Cita del original. La sentencia C-244 de 1996 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) establece que “el conocido principio denominado
non bis in idem, según el cual nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, se encuentra consagrado en nuestro
Estatuto Supremo como un derecho fundamental, que hace parte de las garantías del debido proceso, contempladas en el
artículo 29 de la Carta.” Inicialmente, ver las sentencias T-002 de 1992 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) y T-406 de 1992
(Ciro Angarita Barón).
21
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proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 constitucional. Este
principio se concreta en la prohibición de adelantar más de un juicio o imponer más
de una sanción a una persona, con base en los mismos hechos.
80. La jurisprudencia constitucional también ha señalado que la base fundamental
de este principio se encuentra en la defensa de la seguridad jurídica y la justicia
material25. De ahí que la garantía del principio del non bis in idem incluya tanto la
prohibición de un eventual doble juzgamiento como la de una doble sanción26.
81. Ahora bien, el artículo 1 de la Ley 1881 de 2018, modificado por el artículo 4 de
la Ley 2003 de 2019, establece que la pérdida de investidura es un juicio de tipo
subjetivo, de naturaleza sancionatoria, y dispone, en forma expresa e inequívoca,
la necesaria acreditación del dolo o culpa grave en la actuación del servidor, como
presupuesto para la prosperidad de este medio de control. Esta norma prevé:
Artículo 1º. El proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de
responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en contra de los congresistas
que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido en una
de las causales de pérdida de investidura establecidas en la Constitución. Se
observará el principio del debido proceso, conforme al artículo 29 de la
Constitución.
Se observará el principio del debido proceso, conforme al artículo 29 de la
Constitución Política.
PARÁGRAFO. Se garantizará el non bis in ídem. Cuando una misma
conducta haya dado lugar a una acción electoral y a una de pérdida de
investidura de forma simultánea, el primer fallo hará tránsito a cosa
juzgada sobre el otro proceso en todos los aspectos juzgados, excepto
en relación con la culpabilidad del congresista, cuyo juicio es exclusivo
del proceso de pérdida de investidura.
En todo caso, la declaratoria de pérdida de investidura hará tránsito a
cosa juzgada respecto del proceso de nulidad electoral en cuanto a la
configuración objetiva de la causal.
82. Como se observa del contenido de la norma transcrita, dentro del proceso de
pérdida de investidura se debe garantizar el principio del debido proceso y el
principio del non bis in idem, entendido como la prohibición de ser juzgado o
procesado dos veces por los mismos hechos, «la cual no queda limitada o circunscrita a la
proscripción de una doble sanción, sino también a la imposibilidad de someter a la persona a dos
juicios con fundamento en los mismos hechos o circunstancias tipificadores de la respectiva
25
Sentencia C-121 de 2012 y C-434 de 2013.
26
C-870 de 2002.
22
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conducta»27.
83. Sobre ello, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia del 28 de noviembre
de 2023, precisó:
Al respecto, el Consejo de Estado ha resaltado que, como se desprende del tenor literal de
esta disposición, con ella se busca salvaguardar el principio de non bis in idem como garantía
fundamental del derecho al debido proceso del congresista, elemento transversal de los
procesos sancionatorios y derecho fundamental de aplicación inmediata de quien está
sometido a esta clase de juicios 28. De ahí que, si se dan los supuestos para ello, el juez está
obligado, incluso de oficio, a analizar si en el asunto sometido a su consideración se
materializa la excepción de cosa juzgada29.
Lo anterior implica establecer que se encuentran acreditados los elementos propios de esta
figura, esto es, que exista igualdad de partes, de objeto y de causa entre estos procesos 30.
Así, tanto la nulidad electoral como la pérdida de investidura deben dirigirse contra el mismo
congresista31, fundarse en los mismos hechos y referirse a la misma causal de inhabilidad,
incompatibilidad o conflicto de interés, para concluir que se materializa el fenómeno de la cosa
juzgada.32
84.Por su parte, la Sala Veinticuatro Especial de Decisión de Pérdida de Investidura
del Consejo de Estado, señaló:
[…] el principio non bis in idem tiene plena vigencia en el proceso de pérdida de
investidura y para garantizarlo no es necesario esperar que al procesado se le
imponga sanción por el mismo hecho dentro de la actuación que se haya iniciado
primero para declarar la cosa juzgada, sino que constituye deber superior del
juez de la nueva solicitud aplicar dicha garantía de manera temprana, desde
cuando advierta que en realidad se trata de nuevo juicio, sucesivo o
simultáneo, por los mismos hechos y pretensiones ante la jurisdicción.
27
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala 12 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura.
Sentencia del 7 de julio de 2023. Exp. 11001-03-15-000-2023-01743-00 (PI). M.P. Fredy Ibarra Martínez.
28
Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 14 de octubre de 2021, radicación 68001-23-33-
000-2020-00829-01, en la que se explicó: <El postulado del non bis in idem, es una garantía que resulta extensiva al campo
del ius puniendi del Estado. Dicho principio se “proyecta, complementa y realiza” en la aplicación del principio constitucional
de cosa juzgada. De allí que, como lo ha reiterado la Corte Constitucional “[…] pensar en la noción de ‘cosa juzgada’ sin
hacerlo a la vez en el non bis in ídem, es prácticamente un sin sentido; por lo tanto, cuando el artículo 29 de la Constitución
prohíbe al Estado juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho, está haciendo referencia a ambas”, de tal suerte que
no resulta posible concebir una institución jurídica sin la otra. // El principio del non bis in idem, así considerado, tiene una
triple dimensión: (i) es un derecho fundamental de aplicación directa e inmediata; (ii) es un principio dirigido a las autoridades
judiciales con el fin de impedir que una persona sea juzgada dos veces por los mismos hechos y (iii) constituye un límite al
legislador en ejercicio de su libertad de configuración normativa>.
29
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 14 de octubre de 2021, radicación 68001-23-33 000-2020-00829-01.
30
El artículo 303 del Código General del Proceso dispone: “La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene
fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior
y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes. // Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del
segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto
entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en
los demás casos. // En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte,
incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento. // La
cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión.” (Resalta la Sala).
31
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 30 de junio de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-
00115-00 ⎯citada en Sección Primera, sentencia del 25 de febrero de 2021 radicado 25000-23-15-000-2019-00217-01⎯,
concluyó que “tratándose de la pérdida de la investidura, por su naturaleza pública, la identidad de partes no se puede
entender como se hace en un proceso contencioso ordinario, en cuanto cualquier ciudadano puede interponerla, razón por la
que no se puede pretender que el demandante en un proceso y otro sea el mismo. // Por tanto, en esta clase de procesos
solo se exige esa identidad en cuanto al demandado –parte pasiva-, por cuanto por disposición constitucional, el Ministerio
Público siempre tendrá que participar y cualquier ciudadano puede demandar la pérdida”.
32
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de noviembre de 2023; radicado número
11001-03-15-000-2022-05556-02. M.P. Nicolás Yepes Corrales.
23
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Lo anterior en virtud de que la prohibición constitucional de ser «juzgado» doble vez,
o más, abarca también el trámite de la nueva o nuevas solicitudes, es decir, que el
espectro del mencionado principio y garantía «comprende las diferentes etapas del
proceso de juzgamiento, no sólo la final33», en los términos de la citada sentencia
C- 870 de 2002 de la Corte Constitucional, que resulta ser fuente formal y vinculante
de derecho, en la que añade que «el principio non bis in idem no se circunscribe
únicamente al tenor literal de la norma pues sus finalidades incluyen tanto la
prohibición de un eventual doble juzgamiento como la de una doble sanción
por el mismo hecho. Esta posición es acorde con los fundamentos del principio
non bis in idem, ya que la seguridad jurídica y la justicia material se ven igual o más
afectados cuando un individuo es sancionado dos veces por el mismo hecho (…).
(Negrillas de la Sala) 34.
2.2. La figura de la cosa juzgada: definición, requisitos y finalidad
85. La jurisprudencia de esta Corporación35 se ha pronunciado, en reiteradas
oportunidades, sobre la definición de la figura de la cosa juzgada, así como sobre
los requisitos que deben reunirse para que la misma se configure.
86. De esta forma se ha señalado que la cosa juzgada es una institución que permite
tener certeza sobre la decisión que se adopte en una controversia judicial y que
define el fondo del asunto. Esto quiere decir que no se puede reabrir un nuevo
proceso cuando lo pretendido ya fue estudiado y resuelto, esto es, cuando se
surtieron los actos procesales y se dio solución al mismo. De ahí que dicha
institución esté dirigida a brindar seguridad jurídica36.
87. En cuanto a los requisitos que se debe reunir para que se configure la cosa
juzgada, la Sala Plena de esta Corporación37 ha señalado:
La cosa juzgada -res judicata- es el efecto que le otorga la ley a la sentencia en firme,
según el cual lo resuelto en ella vincula con carácter inmutable y definitivo a las partes
del proceso e imposibilita que sea materia de una nueva decisión. Se fundamenta en
el interés de declarar la certeza a las relaciones jurídicas, toda vez que sin la fuerza
obligatoria de la sentencia, no se pondría fin a las controversias que se suscitan y
someten a consideración de los jueces, ni se le daría eficacia a sus decisiones, lo que
33
El nuevo Código Único Disciplinario dice al respecto que «el destinatario de la ley disciplinaria cuya situación se haya
decidido mediante fallo ejecutoriado o decisión que tenga la misma fuerza vinculante, proferidos por autoridad competente,
no será sometido a nueva investigación y juzgamiento disciplinarios por el mismo hecho, aun cuando a este se le dé una
denominación distinta» Ley 734 de 2002, artículo 11.
34
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veinticuatro Especial de Decisión de Pérdida de
Investidura. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Sentencia del 30 de octubre de 2019, Radicación número: 11001-03-15-000-
2019-03749-00(C).
35
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 30 de junio de 2015, rad. 11001-03-15-000-
2013-00115-00 (PI), sentencia de 25 de mayo de 2021, rad. 11001-03-15-000-2020-00773-01 (PI); auto de 17 de septiembre
de 2002, rad. 11001-03-15-000-2001-00161-01 (PI-025).
36
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 23 de enero de 2020. Exp. 25000-23-42-000-2013-00363-01(2226-
14). M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
37
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 21 de abril de 2009, Rad. 2007-00581-00
(PI). M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Posición reiterada en el Auto del 13 de febrero de 2024. Exp. 11001-03-15-000-2022-
06769-01 (PI). M.P. Milton Chaves García.
24
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entrañaría un estado de indefinición, incertidumbre e inseguridad jurídica, a la par que
deslegitimaría el ejercicio de la función jurisdiccional.
Por lo tanto, es principio esencial que informa la Administración de Justicia que la
sentencia vincule con efectos inmutables y definitivos a quienes fueron partes en un
proceso y que se impida que posteriormente se vuelva a resolver por los jueces en
relación con idénticos objeto y causa; es decir, la cosa juzgada tiene una eficacia
positiva y otra negativa, pues a la vez que da seguridad, estabilidad y certeza a la
relación sustancial sobre la que versa la decisión contenida en la sentencia, prohíbe
decidir lo ya resuelto, en el entendido de que el juez se ocupó completamente en
relación con el asunto y con la plenitud de las formas propias del juicio.
El objeto se refiere a la relación o situación jurídica sobre la cual versa el derecho que
se pretende en la sentencia y que se somete a la decisión del juez (qué se litiga); es
decir, la identidad de objeto se refiere a que el derecho o pretensión que se ha
solicitado en la nueva demanda (petitum), coincida con el del otro proceso
previamente resuelto, toda vez que no se configura esta institución procesal sobre
pretensiones que no han sido materia de pronunciamiento en una sentencia.
La causa de pedir (causa petendi) es el hecho jurídico que sirve de razón, motivo y
fundamento de la pretensión (el por qué del litigio); es decir, la identidad de causa
consiste en que los supuestos fácticos y los fundamentos jurídicos en virtud de los
cuales se demanda sean en esencia los mismos expuestos en el primer proceso, de
manera que si varían, el segundo proceso es diferente y no existe cosa juzgada. Sin
embargo, la causa, no puede confundirse con los medios de prueba que se
pretendan hacer valer en el proceso, pues la cosa juzgada no se predica del
valor que pueda otorgar el juez a las pruebas.
La identidad jurídica de partes, se presenta cuando se trata de los mismos sujetos
que en nombre propio o por medio de representante comparecieron al proceso
anterior -bien en calidad de demandante o de demandado- y actúan en el nuevo; es
decir, dado que la sentencia no obliga sino a quienes tuvieron calidad de parte en el
proceso (excepto que la ley consagre un efecto erga omnes, como ocurre, por
ejemplo, con la que declara la nulidad de los actos administrativos), se impone
analizar quiénes son los sujetos litigantes y la calidad en que actúan en ambos
procesos, sin que se exija una identidad física sino jurídica, como tampoco una
posición procesal en uno y otro como demandante o demandado. (Negrillas fuera del
texto original).
88. Y particularmente, en los procesos de pérdida de investidura, la Sala Plena
Contencioso Administrativa, siguiendo la misma línea, ha señalado:
«La figura de la cosa juzgada tiene por objeto impedir que entre las mismas partes se
promueva un proceso con base en los mismos hechos y con idénticas pretensiones de
otro proceso que ya ha sido decidido de fondo, con la finalidad de que dicha providencia
lleve inmerso un carácter inmutable o definitivo que garantice la seguridad jurídica e
impida que la controversia se perpetúe.
[…]
El artículo 17 de la Ley 1881 de 2018, establece:
Art. 17. No se podrá admitir solicitud de pérdida de la Investidura de un congresista en
el evento de alegarse los mismos hechos que sirvieron de fundamento a las causales
sobre las cuales ya se haya pronunciado el Consejo de Estado. Todas las sentencias
en estos procesos producen efectos de cosa juzgada. (Subrayas fuera de texto).
Dicho lo anterior, se advierte que, tanto en el proceso adelantado con el radicado nro.
2022-03485-00, respecto del cual ya existe decisión definitiva de esta Corporación,
como en el de la referencia, se invocaron, respecto del Representante a la Cámara
demandado, la causal de pérdida de investidura contenida en el numeral 1 del artículo
183 CP, que versa sobre la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades,
25
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o del régimen de conflicto de intereses.
En relación con los hechos que sirvieron de fundamento a la mencionada causal, la
Sala encuentra que en ambos procesos, se demandó el vínculo o parentesco entre el
electo, en este caso el señor Víctor Andrés Tovar Trujillo y quien ejerce la autoridad
como alcaldesa del municipio de Tarqui – Huila, señora Dora Liliana Trujillo Pava,
madre del demandado, para el periodo (2020-2023).
La Sala precisa que el momento temporal en el que se alegue la causal (la inscripción
y elección o, la elección y posterior posesión) no tiene incidencia en este caso, para
efectos de analizar la cosa juzgada, pues se reitera, los supuestos fácticos para su
configuración son los mismos en ambos procesos, esto es, el vínculo de parentesco
entre el demandado y quien ejerce la autoridad como alcaldesa del municipio de Tarqui-
Huila.
[…]
En tales condiciones, se observa que en el caso materia de estudio existe identidad de
sujeto demandado, causa, objeto y supuestos fácticos que permiten concluir que se
configura la cosa juzgada respecto de la causal de pérdida de investidura objeto de
análisis»38.
89. El artículo 17 de la Ley 1881 de 2018, establece que, en los procesos de pérdida
de investidura, todas las sentencias producen efectos de cosa juzgada cuando se
alegan los mismos hechos que sirvieron de fundamento a las causales sobre las
cuales ya se ha pronunciado el Consejo de Estado. Por su parte, el artículo 189 de
la Ley 1437 de 2011 hace referencia a los efectos de la sentencia y,
específicamente, a la cosa juzgada en el ámbito contencioso administrativo. De esta
manera, dispone, en síntesis, que en los juicios en los que se discute la legalidad
de un acto administrativo, la decisión que no accede a la nulidad genera cosa
juzgada erga omnes solamente en lo atinente a la causa petendi. Asimismo, alude
a los efectos de cosa juzgada que emergen de las sentencias de nulidad,
controversias contractuales y reparación directa, frente a otro proceso que tenga el
mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos haya identidad jurídica
de partes.
90. Como se observa, si bien dicha norma hace alusión a la cosa juzgada, como uno
de los efectos de la sentencia, es necesario acudir a las previsiones contenidas en
el Código General del Proceso, por expresa remisión del artículo 306 del CPACA39,
codificación en la cual se establecen los elementos para su configuración.
91. El artículo 303 de la Ley 1564 de 2012 dispone:
38
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 13 de febrero de 2024, rad. 11001-03-15-000-2022-06769-01 (PI)
39
«Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en
lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo».
26
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Artículo 303. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso
contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre
el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos
haya identidad jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son
sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes
suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si
se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.
En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que
comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en
relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión.
92. El artículo 304 ibidem relaciona las sentencias que no constituyen cosa juzgada,
tales como: (i) las que se dicten en procesos de jurisdicción voluntaria, salvo las que
por su naturaleza no sean susceptibles de ser modificadas; (ii) las que decidan
situaciones susceptibles de modificación mediante proceso posterior, por
autorización expresa de la ley, y (iii) las que declaren probada una excepción de
carácter temporal, que no impida iniciar otro proceso al desaparecer la causa que
dio lugar a su reconocimiento.
93. Del artículo 303 transcrito se desprenden tres requisitos para que se configure el
fenómeno de la cosa juzgada:
i) Identidad de partes: En los procesos deben concurrir las mismas partes que
resultaron vinculadas y obligadas por la sentencia que hizo tránsito a cosa
juzgada.
ii) Identidad de objeto: Las pretensiones del nuevo proceso deben ser idénticas
a las que fueron reclamadas en el primero en donde se profirió la decisión40.
iii) Identidad de causa: Las razones, motivos y hechos que fueron fundamento
de la primera acción, deben ser invocados nuevamente en una segunda
demanda.
94. En cuanto a la finalidad de la figura de la cosa juzgada, la Sala Plena de la
40
En la sentencia C-774-2001 con ponencia del magistrado Rodrigo Escobar Gil se explicó que «igualmente se predica
identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente».
27
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Corporación señaló41 que la misma tiene por objeto «impedir que entre las mismas partes
se promueva un proceso con base en los mismos hechos y con idénticas pretensiones de otro
proceso que ya ha sido decidido de fondo, con la finalidad de que dicha providencia lleve inmerso
un carácter inmutable o definitivo que garantice la seguridad jurídica e impida que la controversia se
perpetúe».
95. Por último, cabe advertir que la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado
que, para entender que el «primer fallo» hace tránsito a cosa juzgada, esa decisión
debe estar ejecutoriada y en firme42, toda vez que es eso lo que «las convierte en
imperativas y de obligatorio cumplimiento y, por ello, resulta evidente que no es posible hablar de
cosa juzgada sin ejecutoria»43.
3. Caso concreto
Configuración del fenómeno de la cosa juzgada en relación con las causales
previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 180 constitucional.
96. El artículo 17 de la Ley 1881 de 2018 establece que:
No se podrá admitir solicitud de pérdida de la Investidura de un Congresista en el
evento de alegarse los mismos hechos que sirvieron de fundamento a las causales
sobre las cuales ya se haya pronunciado el Consejo de Estado. Todas las sentencias
en estos procesos producen efectos de cosa juzgada.
97. En el presente asunto, la Sala advierte que el 8 de agosto de 2023, dentro del
proceso 2022-0627044, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo profirió fallo
de segunda instancia, mediante el cual, confirmó la decisión del 24 de mayo de
2023, que negó la solicitud de pérdida de investidura del señor Luis Miguel López
Aristizábal, por cuanto no se acreditaron los supuestos de hecho en los que se
fundamentaron las causales de incompatibilidad.
98. De esta forma, en la parte resolutiva de esta decisión se dispuso:
41
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 13 de febrero de 2024. Exp. 11001-03-15-000-
2022-06769-01. M.P. Milton Chaves García.
42
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 11 de abril de 2019, radicación 11001-03-28-000- 2018-00080-00
(Acumulado); Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 21 de enero de 2020, radicación
11001-03-15-000-2019-01604-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de1 de agosto
de 2023, radicación 11001-03- 15-000-2022-05841-00.
43
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 14 de octubre de 2021, radicación 68001-23-33- 000-2020-00829-01.
44
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Exp. 1100103150002022-0627002. M.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés.
28
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05833-02 (acumulado)
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Primero: CONFIRMAR la Sentencia de 24 de mayo de 2023, proferida por la Sala
Once Especial de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado, a través
de la cual negó la solicitud de pérdida de investidura del señor Luis Miguel López
Aristizábal, representante a la Cámara por el departamento de Antioquia para el
período 2022-2026.
Segundo: REMITIR copia de esta providencia a la mesa directiva de la Cámara de
Representantes, al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio del Interior, para lo de
su cargo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 1881 de 2018.
99. Dicha decisión se fundamentó en que la parte demandante no logró acreditar que
el señor Luis Miguel López Aristizábal había incurrido en las causales de
incompatibilidad previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 180 constitucional,
pues, en síntesis, no demostró que, en su condición de gerente y representante
legal de la sociedad denominada Grupo de Comercializadores por Colombia GDC
S.A.S., hubiera intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas.
100. En la sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso 2022-06270,
se explicó que el actor no demostró que el congresista demandado, hubiere
intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas como gerente de la
sociedad, con posterioridad a su elección y posesión. Por el contrario, en ese fallo,
se afirmó que, de las declaraciones de pago de impuestos, la Sala había constatado
que correspondían a periodos anteriores a su elección y posesión, pues las
declaraciones de pago de impuestos, correspondientes al periodo posterior a la
elección y posesión, fueron suscritas por persona diferente, por lo que no se
configuró la causal 2 del artículo 180 de la Constitución Política
101. En esa medida, se concluyó en esa decisión que, no se configuró la violación al
régimen de incompatibilidades de los congresistas, porque no se demostró que el
demandado hubiere incurrido en las causales 1 y 2, consagradas en el artículo 180
constitucional.
102. Esta decisión fue notificada a las partes el 7 de septiembre de 2023 45 y el
expediente fue archivado el 25 de septiembre de 2023.
103. Como se observa, en esa oportunidad la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo consideró que no se configuraba ninguna de las causales de pérdida
de investidura alegadas por la parte demandante en contra del señor Luis Miguel
45
Samai, actuaciones dentro del expediente con radicado 11001-03-15-000-2022-06270-02, índice 16.
29
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05833-02 (acumulado)
Solicitante: Cristina María Lemos Laverde
Accionado: Luis Miguel López Aristizábal
López Aristizábal, previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 180 de la
Constitución Política y reproducidas en los numerales 1 y 2 del artículo 282 de la
Ley 5ª de 1992.
104. Ahora bien, para efectos de establecer si en el presente asunto se configura el
fenómeno de la cosa juzgada, se realizará un cuadro comparativo entre los dos
procesos:
PROCESO 2022-06270 PROCESO 2022-05833 (2023-01160
acumulado)
Sujetos procesales
Demandante: Rafael Enrique Batista Zúñiga Demandante: Cristina María Lemos Laverde
Demandado: Luis Miguel López Aristizábal Demandado: Luis Miguel López Aristizábal
Pretensiones
Primero. Que el señor Luis Miguel López Primero. Que el señor Luis Miguel López
Aristizábal, representante a la Cámara por el Aristizábal, representante a la Cámara por el
departamento de Antioquia, para el período 2022- departamento de Antioquia, para el período
2026 incurrió en las causales de incompatibilidad 2022-2026 incurrió en las causales de
previstas en el artículo 180 numerales 1 y 2 de incompatibilidad previstas en el artículo 180
la Constitución Política, al ejercer, en la numerales 1 y 2 de la Constitución Política,
actualidad, cargo o empleo en la empresa privada al ejercer, en la actualidad (como lo demuestra
y como representante legal gestionar contratos o la Cámara de Comercio), cargo o empleo en la
negocios ante entidades públicas. empresa privada y como representante legal
gestionar contratos y negocios ante entidades
Segundo. Que se decrete la pérdida de públicas.
investidura del señor Luis Miguel López
Aristizábal como representante a la Cámara por el Segundo. Que se decrete la pérdida de
departamento de Antioquia, para el período 2022- investidura del señor Luis Miguel López
2026. Aristizábal como representante a la Cámara
por el departamento de Antioquia, para el
Tercero. Como consecuencia de la anterior período 2022-2026.
declaración, comunicar la sentencia a la Mesa
Directiva de la Cámara de Representantes, al Tercero. Como consecuencia de la anterior
Consejo Nacional Electoral y al Ministerio del declaración, comunicar la sentencia a la Mesa
Interior para que se sirvan dar cumplimiento a la Directiva de la Cámara de Representantes, al
sentencia. Consejo Nacional Electoral y al Ministerio del
Interior para que se sirvan dar cumplimiento a
la sentencia” (Negrillas fuera de texto).
Hechos
El señor Luis Miguel López Aristizábal fue El señor López Aristizábal participó en las
elegido para el Congreso de la República como elecciones del 13 de marzo para el Congreso
representante a la Cámara por el departamento de la República por el departamento de
de Antioquia, para el período 2022-2026 y se Antioquia para el período 2022-2026. Fue
posesionó el 20 de julio de 2022. No obstante, elegido como representante a la Cámara y se
30
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05833-02 (acumulado)
Solicitante: Cristina María Lemos Laverde
Accionado: Luis Miguel López Aristizábal
PROCESO 2022-06270 PROCESO 2022-05833 (2023-01160
acumulado)
continuó ejerciendo sus funciones como posesionó como congresista el 20 de julio
representante legal de la sociedad del derecho de 2022. No obstante, continuó ejerciendo sus
comercial denominada Grupo Comercializadora funciones como representante legal de la
de Colombia GDC S.A.S. sociedad del derecho comercial denominada
Grupo Comercializadora de Colombia GDC
S.A.S.
Causales invocadas, cargos y fundamentos de derecho
Causales invocadas y fundamentadas: Causales invocadas y fundamentadas:
Numerales 1 y 2 artículo 180 de la Constitución Numerales 1 y 2 artículo 180 de la Constitución
Política. Numeral 1 y 2 del artículo 282 Ley 5 de Política. Numeral 1 y 2 del artículo 282 Ley 5 de
1992. 1992.
Cargos:
Numerales 3 y 4 artículo 180 de la Constitución
Cargo número uno. Desempeño de cargo Política. Numerales 3 y 4 del artículo 282 Ley 5 de
público o privado 1992.
Cargo número dos. Incompatibilidad por Cargos:
intervenir en la gestión de negocios y celebrar
contratos, estando posesionado como Cargo número uno. Incompatibilidad por
representante a la Cámara intervenir en la gestión de negocios y
celebrar contratos, estando posesionado
como representante a la Cámara
Cargo número dos. Desempeñar cargo o
empleo público o privado
Fallos de primera instancia
La Sala Once Especial de Decisión de Pérdida La Sala Primera Especial de Decisión de
de Investidura, en sentencia de 24 de mayo de Pérdida de Investidura, en sentencia del 27 de
2023, dispuso: enero de 2025, dispuso:
«[…] 1. NEGAR la pérdida de investidura del «PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de
representante a la Cámara por el departamento de cosa juzgada del presente asunto, en relación con las
Antioquia Luis Miguel López Aristizábal, elegido para el causales de los numerales 1 y 2 del artículo 180
período constitucional 2022-2026 […]». Superior, reproducidas en los numerales 1 y 2 del
artículo 282 de la Ley 5ª de 1992, en los términos
La citada Sala consideró que el problema expuestos en la parte considerativa.
jurídico que debía resolverse en este proceso
consistía en: SEGUNDO: DENEGAR la pérdida de investidura por
las causales contenidas en los numerales 3 y 4 del
artículo 180 Superior y 3 y 4 del artículo 282 de la Ley
«[…] establecer si el congresista convocado incurrió en
5 de 1992, de conformidad con la parte
la causal de pérdida de investidura prevista en el
considerativa».
numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política,
por violación del régimen de incompatibilidades
establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 180 del
mismo ordenamiento, esto es, «[d]esempeñar cargo o
empleo público o privado» y «[g]estionar, en nombre
propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas o
ante las personas que administren tributos, ser
apoderados ante las mismas, celebrar con ellas, por sí
o por interpuesta persona, contrato alguno» […]».
31
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05833-02 (acumulado)
Solicitante: Cristina María Lemos Laverde
Accionado: Luis Miguel López Aristizábal
PROCESO 2022-06270 PROCESO 2022-05833 (2023-01160
acumulado)
Posteriormente, abordó la incompatibilidad
prevista en el artículo 180 numeral 1°
constitucional, señalando que, de acuerdo con
las pruebas que obraban en el expediente, no
se evidenciaba que el demandado hubiese
ejercido funciones de otro cargo público o
privado en forma simultánea con su labor de
congresista.
A continuación, la Sala igualmente hizo alusión
a la incompatibilidad plasmada en el artículo
180, numeral 2°, de la Constitución Política,
aseverando que tampoco estaba acreditado
que el congresista cuestionado, en ejercicio de
tal dignidad, haya realizado alguna gestión ante
entidades públicas o ante organismos que
administren tributos, ni tampoco que haya
celebrado contratos en nombre del GRUPO DE
COMERCIALIZADORES POR COLOMBIA
GDC S.A.S.
Fallo de segunda instancia
8 de agosto de 2023 proferido por la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado
(proceso radicado 2022-06270-02)
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
consideró acertados los planteamientos
expuestos por la primera instancia. Señaló que
no se configuró, objetivamente, la violación del
régimen de incompatibilidades previsto para los
congresistas (art. 183 numeral 1° C.P.), al no
haberse acreditado que el representante a la
Cámara por el departamento de Antioquia, para
el período 2022-2026, Luis Miguel López
Aristizábal, hubiera incurrido en las
incompatibilidades consagradas en los
numerales 1° y 2° del artículo 180 de la
Constitución Política, motivo por el cual no era
necesario examinar el elemento subjetivo de
culpabilidad. Se estimó, en consecuencia, que
la sentencia de 24 de mayo de 2023 de primera
instancia debía ser confirmada.
105. Visto el cuadro comparativo, la Sala encuentra, tal como lo señaló la Sala
Primera Especial de Decisión de Pérdida de Investidura en la sentencia del 27 de
enero de 2025, que en el presente asunto se configura la cosa juzgada respecto de
las causales previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 180 de la Constitución,
reproducidas en los numerales 1 y 2 de la Ley 5ª de 1992.
32
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05833-02 (acumulado)
Solicitante: Cristina María Lemos Laverde
Accionado: Luis Miguel López Aristizábal
106. En efecto, al contrastar los supuestos fácticos y jurídicos del proceso 2022-
06270 con los del proceso acumulado 2022-05833/2023-1160, que fueron
reseñados en los antecedentes de esta providencia, se advierte que entre uno y otro
existe: i) identidad de partes, en el extremo pasivo de la litis, en tanto en ambos
procesos se pide la desinvestidura del representante Luis Miguel López Aristizábal;
y si bien los demandantes son distintos46 en los dos procesos, en este tipo de
acciones públicas, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1881
de 2018, los ciudadanos tienen la misma calidad activa, por lo que, no se afecta el
requisito de identidad de partes47; ii) identidad de causa, pues, los hechos a los
que se refieren uno y otro medio de control son los mismos, esto es, en ambos
casos se pretende que se declare la pérdida de investidura del señor Luis Miguel
López Aristizábal por supuestamente fungir como representante legal de la sociedad
comercial denominada Grupo Comercializadora de Colombia GDC S.A.S., cuando
al tiempo tenía la calidad de Representante a la Cámara por el departamento de
Antioquia, lo que, en entender de la parte accionante, configura las causales de
pérdida de investidura previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 180 de la
Constitución Política y en los numerales 1 y 2 del artículo 282 de la Ley 5ª de 1991;
y, finalmente, (iii) identidad de objeto, en tanto se pretende que se declare la
pérdida de investidura del congresista López Aristizábal, con fundamento en las
mismas causales de incompatibilidad, ya referidas.
107. En ambos procesos el reproche tiene un fundamento único, es decir, que
después de posesionado el 20 de julio de 2022, el representante a la Cámara
Luis Miguel López Aristizábal habría seguido desempeñándose como
representante legal de la sociedad Grupo Comercializadora de Colombia GDC
S.A.S. y habría gestionado negocios o contratos con entidades públicas,
como la Fábrica de Licores de Antioquia y el departamento de Antioquia hasta
agosto de 2022.
108. En tales condiciones, se concluye que en el sub examine, existe identidad de
partes, objeto y causa, entre ambos procesos (2022-06270 y 2022-05833/2023-
1160), lo que permite concluir que, se configura la cosa juzgada respecto de las
46
No puede confundirse identidad de partes con identidad de personas. Sobre el particular, ver: LÓPEZ BLANCO,
Procedimiento Civil, Parte General, Dupré Ediciones, Novena Edición, 2005, Bogotá, p. 642. Cita original en el Auto del 28 de
julio de 2023. Exp. 2022-05833. M.P. María Adriana Marín.
47
Consejo de Estado, Sala 7 Especial de Decisión, sentencia de 6 de octubre de 2023, rad. 11001-03-15-000-2023-03296-
00
33
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05833-02 (acumulado)
Solicitante: Cristina María Lemos Laverde
Accionado: Luis Miguel López Aristizábal
causales de pérdida de investidura previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 180
de la Constitución Política y en los numerales 1 y 2 del artículo 282 de la Ley 5ª de
1992.
109. Ahora bien, la parte demandante, en el recurso de apelación, expuso que en el
presente asunto no se configura la cosa juzgada, toda vez que, en este proceso,
reposan nuevas pruebas que no fueron aportadas en el proceso de pérdida de
investidura fallado previamente por esta Corporación48, las cuales, en su criterio,
estructuran las causales previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 180
constitucional49.
110. Dicho argumento, sin embargo, no tiene vocación de prosperidad, dado que, tal
como se expuso en el acápite precedente, la jurisprudencia de esta Corporación ha
precisado que la identidad en la causa petendi consiste en que los supuestos
fácticos y jurídicos en virtud de los cuales se demanda sean, en esencia, los mismos
expuestos en el primer proceso, lo que no debe confundirse con los medios de
prueba que se pretenden hacer valer, sin perjuicio de la facultad oficiosa del juez.
Lo anterior, comoquiera que, además de la actividad probatoria que ejercen las
partes, el juez está facultado para decretar las pruebas que considere pertinentes
en aras de esclarecer los hechos materia de estudio, conforme lo dispone el artículo
11 de la Ley 1881 de 2018, en concordancia con el artículo 213 de la Ley 1437 de
2011.
111. En este asunto, tal como quedó demostrado, los supuestos fácticos y jurídicos
son iguales a los expuestos en el proceso tramitado bajo el núm. 2022-06270, toda
vez que, en ambos procesos, se alegó que durante el mismo espacio temporal, esto
es, hasta agosto de 2022, el demandado actuó como gerente y representante legal
de la sociedad Grupo Comercializadora de Colombia S.A.S., lo que indica que los
hechos relacionados con la posible configuración de dicha incompatibilidad ya
fueron objeto de pronunciamiento en sede judicial.
48
Cabe destacar que tales documentos no se pidieron como pruebas en segunda instancia en este proceso y el interesado
tampoco formuló recurso alguno contra el auto admisorio de la apelación, ni después de este solicitó la incorporación de
tales documentos al proceso, como lo prevé el artículo 14 de la Ley 1881 de 2018. De modo que ese silencio, en virtud
del principio de preclusión procesal, cerró la posibilidad de tener como medios de convicción tales documentos. Resulta
igualmente necesario precisar que el recurrente denomina pruebas “nuevas” a aquellas que aportó en primera instancia de
este proceso, con posterioridad a la etapa probatoria y antes de la sentencia de primera instancia, pero no se trata de pruebas
nuevas a o diferentes que hubiere solicitado o aportado con el recurso de apelación.
49
Reproducidas en los numerales 1 y 2 del artículo 282 de la Ley 5ª de 1992.
34
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05833-02 (acumulado)
Solicitante: Cristina María Lemos Laverde
Accionado: Luis Miguel López Aristizábal
112. Por lo tanto, no es posible alegar que la existencia de pruebas diferentes
constituye, per se, hechos nuevos o una causa petendi distinta, habida cuenta que,
como lo precisó la Sala Primera Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, la
oportunidad probatoria para demostrar la conducta enjuiciada en el espacio
temporal señalado se agotó en el proceso anterior, sin que pueda utilizarse esta
instancia para revivirla, ya que ello implicaría una violación de las garantías
procesales del demandado, especialmente, del principio del non bis in idem, el cual,
se reitera, comprende la prohibición, no solo de ser juzgado, sino de ser investigado
y procesado dos veces por los mismos hechos, recordando que aquella figura «no
queda limitada o circunscrita a la proscripción de una doble sanción, sino también a la imposibilidad
de someter a la persona a dos juicios con fundamento en los mismos hechos o circunstancias
tipificadores de la respectiva conducta»50.
113. Con fundamento en todo lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, confirmará el fallo de primera instancia del 27 de enero de 2025
mediante el cual la Sala Primera Especial de Decisión de Pérdida de Investidura
declaró la cosa juzgada respecto de las causales previstas en los numerales 1 y 2
del artículo 180 de la Constitución, reproducidas en los numerales 1 y 2 del artículo
282 de la Ley 5ª de 1992.
114. De otra parte, como se indicó en el acápite 2 de la parte considerativa de esta
decisión, la parte apelante no formuló reparo concreto alguno frente a la decisión de
primera instancia que negó la solicitud de pérdida de investidura por las causales
previstas en los numerales 3 y 4 del artículo 180 de la Constitución, reproducidas
en los numerales 3 y 4 del artículo 282 de la Ley 5ª de 1992, ya que, se limitó a
señalar que no le era dable a la Sala Primera Especial de Decisión de Pérdida de
Investidura señalar, en etapa de fallo, que estas carecían de fundamento, pues el
momento procesal para decidir en ese sentido sería la admisión de la demanda.
115. En contra de dichas aseveraciones de la apelante, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, observa que, en primera instancia, la Sala Primera
Especial de Decisión de Pérdida de Investidura analizó las causales y, al no
encontrarlas configuradas, denegó la pérdida de investidura como se observa en el
ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia. Por ello, en estricto sentido,
50
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 7 de julio de 2023. Exp. 11001-03-15-000-
2023-01743-00 (PI). M.P. Fredy Ibarra Martínez.
35
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05833-02 (acumulado)
Solicitante: Cristina María Lemos Laverde
Accionado: Luis Miguel López Aristizábal
la recurrente no formuló cargo concreto alguno que cuestione dicha decisión.
116. En consecuencia, se reitera que en virtud del artículo 328 del Código General
del Proceso, no es dable a la Sala proferir pronunciamiento en sede de apelación,
respecto de aspectos que no fueron objeto de argumentación por quien recurre.
117. Lo anterior conlleva a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado a confirmar la sentencia de primera instancia, proferida por la Sala Primera
Especial de Decisión de Pérdida de Investidura.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 27 de enero de
2025, proferida por la Sala Primera Especial de Decisión de Pérdida de Investidura,
que declaró la cosa juzgada en relación con las causales 1 y 2 del artículo 180 de
la Constitución Política, reproducidas en los numerales 1 y 2 del artículo 282 de la
Ley 5ª de 1992 y negó la pérdida de investidura en relación con los numerales 3 y
4 del artículo 180 de la Constitución, reproducidos en los numerales 3 y 4 del artículo
282 de la Ley 5ª de 1992, por las razones expuestas en la parte motiva de este
proveído.
SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el proceso, previas las
anotaciones de rigor en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
ACLARA VOTO
36
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05833-02 (acumulado)
Solicitante: Cristina María Lemos Laverde
Accionado: Luis Miguel López Aristizábal
WILLIAM BARRERA MUÑOZ OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado Magistrado
ACLARA VOTO
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Magistrado Magistrado
SALVA VOTO SALVA VOTO
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Magistrada Magistrada
SALVA VOTO
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Magistrado Magistrado
ACLARA VOTO
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
LUIS EDUARDO MESA NIEVES Magistrado
Magistrado SALVA VOTO
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Magistrado Magistrado
SALVA VOTO
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
37
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05833-02 (acumulado)
Solicitante: Cristina María Lemos Laverde
Accionado: Luis Miguel López Aristizábal
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Magistrado Magistrada
ACLARA VOTO
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado Magistrado
SALVA VOTO
Este documento fue firmado electrónicamente. Se puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
38
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