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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05833-00

Fecha
27 de enero de 2025
Consejero ponente
María Adriana Marín
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05833-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de cosa juzgada del presente asunto, en relación con las causales de los numerales 1 y 2 del artículo 180 Superior, reproducidas en los numerales 1 y 2 del artículo 282 de la Ley 5 de 1992, en los términos expuestos en la parte considerativa. SEGUNDO: DENEGAR la pérdida de investidura por las causales contenidas en los numerales 3 y 4 del artículo 180 Superior y 3 y 4 del artículo 282 de la Ley 5 de 1992, de conformidad con la parte considerativa. TERCERO: REMITIR copia de esta providencia a la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes. CUARTO: Contra esta providencia procede el recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1881 de 2018. 18 Radicación:11001-03-15-000-2022-05833-00 ACUMULADO Actora: CRISTINA MARÍA LEMOS LAVERDE Demandado: LUIS MIGUEL LÓPEZ ARISTIZÁBAL Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA Se deja constancia que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05833-00

Consejero ponente: María Adriana Marín

27 de enero de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA PRIMERA ESPECIAL DE DECISIÓN DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05833-00 ACUMULADO1
Actora: CRISTINA MARÍA LEMOS LAVERDE
Demandado: LUIS MIGUEL LÓPEZ ARISTIZÁBAL
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA

La Sala Primera Especial de Decisión de Pérdida de Investidura resuelve, en
primera instancia, la solicitud de pérdida de investidura de la referencia, así:

SÍNTESIS DEL CASO

Se pide la pérdida de investidura del señor Luis Miguel López Aristizábal, a quien
se le imputa fungir como representante legal de una sociedad privada, cuando al
tiempo ostentaba la calidad de representante a la Cámara por el departamento de
Antioquia, en el periodo 2022-2026.

I. A N T E C E D E N T E S

A. La solicitud del expediente 2024-05833

1. El 3 de noviembre de 2022, la abogada Cristina María Lemos Laverde presentó
el medio de control que denominó “pérdida de investidura” del representante a la
Cámara, por el departamento de Antioquia, Luis Miguel López Aristizábal, para lo
cual solicitó:

PRIMERO: Que se DECLARE la incompatibilidad del señor LUIS MIGUEL
LÓPEZ ARISTIZÁBAL, para el periodo 2022 - 2026, REPRESENTANTE A LA
CÁMARA ELECTO, por el departamento de Antioquia. Al (sic) ejercer en la
actualidad cargo o empleo en la empresa privada y como representante legal
gestionar contratos y negocios ante el departamento de Antioquia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se declare nulo el Acto E-26 de
la Comisión Escrutadora, por medio del cual se declaró la elección del
ciudadano LUIS MIGUEL LÓPEZ ARISTIZÁBAL, para el periodo 2022 - 2026,
REPRESENTANTE A LA CÁMARA ELECTO, como consta en las actas

1 Se acumuló al presente proceso, el expediente n.° 11001031500020230116000.

Radicación:11001-03-15-000-2022-05833-00 ACUMULADO
Actora: CRISTINA MARÍA LEMOS LAVERDE
Demandado: LUIS MIGUEL LÓPEZ ARISTIZÁBAL
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA

General de Escrutinios parciales, el ACUERDO 003 DE 2022 (16 de julio) Por
(sic) el cual se DECIDEN las apelaciones presentadas en contra de la
Resolución No. 001A del, 26 de marzo de 2022 “Por medio de la cual se
resuelven reclamaciones presentadas ante la Comisión Escrutadora
Departamental de Antioquia”. De igual forma se declare la nulidad de credencial
expedida por la Registraduría General de la Nación, como representante
elegido para Antioquia periodo 2022 – 2026 y se ordena la expedición de las
credenciales, cuyas copias anexo.

TERCERO: Que se ordene la cancelación de la credencial que acredita como
representante a la Cámara por Antioquia, del señor LUIS MIGUEL LÓPEZ
ARISTIZÁBAL, para el periodo 2022 - 2026, REPRESENTANTE A LA CÁMARA
ELECTO por el departamento de ANTIOQUIA.

QUINTO (sic): QUE SE ORDENE llamar en la lista al siguiente en votación
dentro del partido conservador y expedirle credencial.

2. Como fundamentos fácticos de las anteriores pretensiones, señaló que el señor
Luis Miguel López Aristizábal participó en las elecciones del 13 de marzo de 2022,
para el Congreso de la República, periodo 2022-2026, y fue elegido como
representante a la Cámara por Antioquia, pero, al mismo tiempo fungió como
representante legal de la sociedad de derecho comercial, denominada Grupo
Comercializadora de Colombia GDC S.A.S., con NIT 901217207 -9, “siendo su
representante antes de las elecciones, durante las elecciones e incluso ya
posesionado como congresista”, hasta el mes de agosto de 2022, lo cual, a juicio
de la actora, violó el régimen de incompatibilidades contenido en los numerales 1 y
2 del artículo 180 Superior, y los numerales 1 a 4 del artículo 282 de la Ley 5 de
1992.

3. Vale precisar que, aunque en la demanda, formalmente, se citaron los numerales
2 y 3 del artículo 180 Superior y todos lo numerales del artículo 282 de la Ley 5 de
1982, la parte actora se limitó a explicar las causales que impiden a los congresistas
desempeñar un cargo o empleo público o privado y gestionar negocios, apoderar o
celebrar contratos, por sí o por interpuesta persona, con entidades públicas.

B. La solicitud del expediente 2023-01160

4. El 6 de marzo de 2023, los señores Carlos Mario Usola Mendoza y Jorge Ariel
Naranjo Cifuentes solicitaron la pérdida de investidura del demandado por las
causales de incompatibilidad previstas en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 180
Superior, por ejercer cargo o empleo, como representante legal de la sociedad
Grupo Comercializadora de Colombia, GDC, S.A.S., a pesar de que al mismo

2

Radicación:11001-03-15-000-2022-05833-00 ACUMULADO
Actora: CRISTINA MARÍA LEMOS LAVERDE
Demandado: LUIS MIGUEL LÓPEZ ARISTIZÁBAL
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA

tiempo había sido elegido como Representante a la Cámara por Antioquia, para el
periodo 2022-2026.

5. Vale precisar que las explicaciones, al igual que en el otro proceso, se limitaron
a las causales que impiden a los congresistas desempeñar un cargo o empleo
público o privado y gestionar negocios, apoderar o celebrar contratos, por sí o por
interpuesta persona, con entidades públicas.

C. Trámite procesal relevante de las solicitudes

6. En el expediente 2022-05833, mediante auto del 4 de noviembre de 2022, el
despacho sustanciador remitió por competencia a la Sección Quinta de esta
Corporación el presente asunto, toda vez que las pretensiones de la demanda eran
propias de un medio de control electoral (índice 5).

7. En el marco del expediente 2022-05833, por medio del auto del 4 de diciembre
de 2022, la Sección Quinta, con ponencia de la Consejera de Estado Rocío Araújo
Oñate, inadmitió la demanda al considerar que, si bien las pretensiones eran
electorales, el concepto de la violación correspondía a una pérdida de investidura,
razón por cual solicitó a la parte actora que precisara el medio de control presentado
(índice 15).

8. En el mismo expediente, a través del memorial radicado el 7 de diciembre
siguiente, la parte actora subsanó la demanda y precisó que la acción ejercitada era
la de pérdida de investidura. En lo demás, se mantuvo la petición original (índices
21 y 22); el 13 de diciembre de 2022, con base en lo anterior, la Sección Quinta
remitió el expediente al despacho original de reparto para lo de su cargo (índice 25);
el 20 de enero de 2023 se admitió la solicitud de pérdida de investidura y se negó
la medida cautelar de urgencia (índices 32 y 33), y el 15 de febrero siguiente se
negó la medida cautelar solicitada, encaminada a suspender los actos de elección
del demandado (índice 45).

9. En la contestación de la demanda, en el expediente n.° 2022-05833, el
demandado advirtió que mediante acta n.° 20 del 6 de mayo de 2022, la asamblea
de la sociedad Grupo Comercializadora de Colombia, GDG S.A.S. nombró a un
nuevo representante legal, el señor Jorge Luis Acosta Restrepo, situación que se
advirtió en los certificados de existencia y representación de la Cámara de Comercio

3

Radicación:11001-03-15-000-2022-05833-00 ACUMULADO
Actora: CRISTINA MARÍA LEMOS LAVERDE
Demandado: LUIS MIGUEL LÓPEZ ARISTIZÁBAL
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA

de Aburrá Sur, con la anotación de que al momento de su expedición existían
peticiones en trámite, como la referida.

9.1. Propuso como excepción la ineptitud sustantiva de la demanda, porque el
concepto de la violación “no permite establecer la existencia de los elementos
definidos por la jurisprudencia de la Corporación para la configuración de las
causales de incompatibilidad acusadas” y, por lo tanto, la demanda debió ser
rechazada.

9.2. Frente a las causales de los numerales 1 y 2 del artículo 180 Superior, estimó
que para cuando el demandado fue electo ya no era el representante legal de la
sociedad Grupo Comercializadora de Colombia, GDG S.A.S., razón suficiente, a su
juicio, para negar las pretensiones. Tampoco tuvo por probada ninguna actividad
concurrente con la labor legislativa.

10. En el radicado n.° 2023-01160, el 6 de marzo de 2023, el magistrado
sustanciador remitió dicho proceso al despacho de la ahora ponente, con el fin de
analizar la posibilidad de acumulación (índice 4).

11. El 9 de marzo de 2023 se acumuló el proceso n.° 2023-01160 a la presente
actuación y se profirió la correspondiente admisión de la demanda (índice 50).
Frente a esta, la parte demandada guardó silencio (índice 59).

12. El 14 de marzo siguiente, los señores Carlos Mario Usola Mendoza y Jorge Ariel
Naranjo Cifuentes modificaron la demanda, en el sentido de adicionar unos hechos,
en particular, se agregaron unos párrafos al hecho 14ª y se consignaron dos nuevos,
los hechos 15ª y 16ª, y se solicitaron otras pruebas (índice 58).

13. El 12 de abril de 2023 se admitió la modificación de la demanda (índice 60),
frente a la cual la parte demandada también guardó silencio (índice 65).

14. El 10 de mayo de 2023, además de decretar las pruebas pedidas por las partes
y decretar otras de oficio, se fijó el 29 siguiente como fecha para la audiencia
señalada en el artículo 11 de la Ley 1881 de 2018 (índice 66).

15. El 25 de mayo de 2023 se aplazó la realización de la audiencia arriba referida,
como quiera que había pruebas por recaudar (índice 85).

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Radicación:11001-03-15-000-2022-05833-00 ACUMULADO
Actora: CRISTINA MARÍA LEMOS LAVERDE
Demandado: LUIS MIGUEL LÓPEZ ARISTIZÁBAL
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA

16. El 28 de julio de 2023, la Sala Primera Especial de Decisión de Pérdida de
Investidura declaró el agotamiento de la jurisdicción2 (índice 107), decisión que fue
revocada en su integridad por el Pleno de la Corporación, mediante auto del 3 de
septiembre 2024 (índice 283).

17. El 28 de noviembre de 2024 se fijó fecha para el 9 de diciembre siguiente, para
la realización de la audiencia de la que trata el artículo 11 de la Ley 1881 de 2018,
la cual efectivamente se llevó a cabo (índice 138 y 152).

17.1. En esta oportunidad, la parte actora del proceso n.° 2022-05833, sin que la
del otro proceso acumulado se hiciera presente, reiteró los argumentos de su
demanda y solicitó decretar la pérdida de investidura; lo propio hizo la parte
demandada con los argumentos que expuso a lo largo del proceso (índices 150,
151 y 152).

17.2. El Ministerio Público estimó probada la cosa juzgada frente a las causales de
los numerales 1 y 2 del artículo 180 Superior, esto es, el desempeño de cargo
público o privado y la gestión, en nombre propio o ajeno, de asuntos ante las
entidades públicas o personas que administren tributos, o actúen como apoderados
ante las mismas o celebren contratos, toda vez que sobre el particular ya se
pronunció la Corporación en el expediente n.° 11001031500020220627002, en el
que el Pleno confirmó la sentencia de 24 de mayo de 2023, mediante decisión del
8 de agosto de 2023. Respecto de las demás causales, sostuvo que no había
prueba de su causación (índice 148).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Legislación aplicable

18. Al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones contenidas en la
Constitución Política y en la Ley 1881 de 2018, en concordancia con lo dispuesto
en las Leyes 270 de 1996, 1437 de 2011, CPACA, 1564 de 2012, CGP y demás
que resulten integradoras, complementarias y que las hayan modificado.

2 Esta decisión contó con salvamento de voto del Consejero de Estado Pedro Pablo Vanegas Gil
(índice 112).
3 Actuación en segunda instancia despacho del Consejero de Estado José Roberto Sáchica Méndez.

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Radicación:11001-03-15-000-2022-05833-00 ACUMULADO
Actora: CRISTINA MARÍA LEMOS LAVERDE
Demandado: LUIS MIGUEL LÓPEZ ARISTIZÁBAL
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA

E. Competencia del Consejo de Estado

19. El artículo 237.5 de la Constitución Política prevé que el Consejo de Estado
conocerá de los casos de pérdida de investidura de los congresistas. Por su parte,
el artículo 2º de la Ley 1881 de 2018 determina que corresponde a las salas
especiales de decisión del Consejo de Estado conocer, en primera instancia, de las
solicitudes de pérdida de investidura. Esta competencia se reitera en el artículo 33
del Acuerdo n.° 80 de 2019 (Reglamento interno del Consejo de Estado). En consecuencia,
en los términos expuestos, la Sala es competente para conocer del presente asunto.

F. Ejercicio oportuno de las solicitudes

20. El artículo 6 de la Ley 1881 de 2018 establece que la demanda deberá
presentarse dentro del plazo de cinco (5) años contados a partir del día siguiente de
la ocurrencia del hecho generador, so pena de que opere la caducidad; toda vez
que el hecho generador de las causales alegadas se consumó con la posesión del
demandado como representante a la Cámara, el 20 de julio de 2022, es claro que
las demandadas presentadas el 3 de noviembre de 2022 y el 6 de marzo de 2023,
lo fueron en tiempo.

G. Legitimación y acreditación de la calidad de Congresista del demandado

21. La parte demandante está legitimada en la causa por activa, toda vez que
cualquier ciudadano puede ejercer dicho medio de control, en atención a su
naturaleza pública, según lo regulado en el artículo 143 del CPACA. Lo mismo
ocurre con el señor Luis Miguel López Aristizábal, puesto que quedó establecida su
condición de Representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, para el
período 2022 a 2026, con la copia del Acuerdo n.° 003 del 16 de julio de 2022 del
Consejo Nacional Electoral, “por medio del cual se resuelven reclamaciones (sic)
presentadas ante la Comisión Escrutadora Departamental de Antioquia” y se
declaró la elección del demandado.

H. Análisis de fondo de la Sala

22. Como problemas jurídicos se observa, uno de carácter general, que
corresponde a definir si el señor Luis Miguel López Aristizábal fungió como
representante legal de una sociedad privada, cuando al tiempo ostentaba la calidad

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Radicación:11001-03-15-000-2022-05833-00 ACUMULADO
Actora: CRISTINA MARÍA LEMOS LAVERDE
Demandado: LUIS MIGUEL LÓPEZ ARISTIZÁBAL
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA

de Representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, período 2022-
2026, de tal forma que su conducta se encuadraría dentro de las causales de los
numerales 1 y 2 del artículo 180 Superior, reproducidas en los numerales 1 y 2 del
artículo 282 de la Ley 5 de 1992.

22.1. Ahora, de manera particular, se tiene que en el proceso n.°
11001031500020220627002 se definió un asunto en el que también se alegaba la
misma conducta arriba descrita, razón por la cual se precisa determinar si existe o
no cosa juzgada y su alcance.

22.2. De la existencia y el alcance de la cosa juzgada seguirá determinar si es
preciso que la Sala se pronuncie sobre otros cargos que deban ser resueltos.

I. La cosa juzgada en el presente asunto

23. En esa línea, el artículo 303 del Código General del Proceso, aplicable en los
términos del artículo 21 de la Ley 1881 de 2018, establece que la cosa juzgada se
configura cuando, de forma concurrente, existe identidad de objeto, de causa
petendi y de partes, así4:

(i) Partes: quienes concurren al nuevo proceso deben tener identidad jurídica con
las que figuraban como sujetos procesales en el anterior.

(ii) Objeto: las pretensiones elevadas en el nuevo proceso son iguales a las
reclamadas en el primero ya decidido.

(iii) Causa petendi: el motivo o razón que fundamentó una primera demanda se
corresponde con el invocado en la segunda.

24. Sobre la identidad de partes, la doctrina de vieja data ha precisado que no se
puede confundir este requisito con la identidad de personas. Así, ha explicado que
“si bien es cierto que el requisito se configura claramente cuando los integrantes de
las partes en el nuevo proceso son las mismas personas que intervinieron en el

4 Al respecto, se puede consultar la providencia del 26 de octubre de 2017, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, exp. 76001233300020130004101 (0692-16), M.P.
Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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Radicación:11001-03-15-000-2022-05833-00 ACUMULADO
Actora: CRISTINA MARÍA LEMOS LAVERDE
Demandado: LUIS MIGUEL LÓPEZ ARISTIZÁBAL
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA

anterior, puede acontecer que haya cambio físico de personas mas no alteración de
la parte”5, es decir, se trata de una identidad jurídica y no subjetiva o material.

25. En el sub lite, hay identidad jurídica de partes, si se tiene en cuenta que
corresponden, en todos los procesos en estudio, a los extremos activo y pasivo. Si
bien los demandantes son distintos, los ciudadanos en este tipo de acciones
públicas tienen la misma calidad activa. Por su parte, el sujeto pasivo es el mismo,
el congresista Luis Miguel López Aristizábal.

26. El objeto es el mismo, por cuanto en todos los procesos se pretende declarar la
pérdida de investidura del mismo demandado.

27. Finalmente, en relación con las causas petendi, para efectos ilustrativos, precisa
recordarlas así:

Tabla n.° 1:

PROCESOS 2022-05833 2023-01160 2022-06270
FUNDAMENTO El señor Luis Miguel López El señor Luis Miguel López El señor Luis Miguel López
FÁCTICO Aristizábal fungió como Aristizábal fungió como Aristizábal fungió como
representante legal de una representante legal de una representante legal de una
sociedad privada, cuando al sociedad privada, cuando sociedad privada, cuando al
tiempo ostentaba la calidad al tiempo ostentaba la tiempo ostentaba la calidad
de Representante a la calidad de Representante de Representante a la
Cámara por el a la Cámara por el Cámara por el departamento
departamento de Antioquia, departamento de de Antioquia, periodo 2022-
periodo 2022-2026. Antioquia, periodo 2022- 2026.
2026.
FUNDAMENTO Numerales 1 y 2 del artículo Numerales 1, 2 y 4 del Numerales 1 y 2 del artículo
JURÍDICO 180 Superior; numerales 1 artículo 180 Superior. 180 Superior.
a 4 del artículo 282 de la
Ley 5 de 1992.

28. De lo expuesto se desprende con meridiana claridad que existe identidad fáctica
y jurídica en relación con los numerales 1 y 2 del artículo 180 Superior, reproducidas
en los numerales 1 y 2 del artículo 282 de la Ley 5 de 1992, es decir, las
incompatibilidades que impiden a los congresistas desempeñar un cargo o empleo
público o privado y gestionar negocios, apoderar o celebrar contratos, por sí o por
interpuesta persona, con entidades públicas.

5 Hernán Fabio López Blanco, Procedimiento Civil, Parte General, Dupré Ediciones, Novena Edición,
2005, Bogotá, p. 642.

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Radicación:11001-03-15-000-2022-05833-00 ACUMULADO
Actora: CRISTINA MARÍA LEMOS LAVERDE
Demandado: LUIS MIGUEL LÓPEZ ARISTIZÁBAL
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA

29. Efectivamente, dentro del expediente n.° 2022-06270, en la sentencia de
primera instancia del 24 de mayo de 2023, sobre el desempeño de cargo público o
privado, se señaló (índice 104)6:

El solicitante afirmó que el congresista electo y posesionado, señor Luis Miguel
López Aristizábal, incurrió en la incompatibilidad prevista en el numeral 1 del
artículo 180 de la Constitución Política, pues continuó desempeñando el cargo
de gerente del Grupo de Comercializadores de Colombia GDC SAS, como se
evidencia en los certificados de existencia y representación legal de la sociedad,
expedidos por la Cámara de Comercio Aburrá Sur, el 1º y 6 de agosto de 2022.

El apoderado del congresista convocado expresó que no se configura la
incompatibilidad alegada por el solicitante, ya que al consultar el certificado de
existencia y representación del Grupo de Comercializadores de Colombia GDC
SAS expedido el 9 de agosto de 2022, se observa la inscripción del Acta de la
Junta Directiva No. 20 de 6 de mayo de ese mismo año, radicada en la Cámara
de Comercio Aburrá Sur el 30 de junio de 2022, mediante la cual se designó al
señor Jorge Luis Acosta Restrepo como gerente y representante legal de la
sociedad. Agregó que en el proceso no está probado que el señor López
Aristizábal ejerció el cargo de gerente de la mencionada sociedad, después de
recibir su investidura como congresista.

La Sala observa que el 12 de septiembre de 2018, el convocado fue nombrado
como gerente y representante legal del Grupo de Comercializadores de
Colombia GDC SAS, quien realizó diversas actuaciones en desarrollo del objeto
social de esa sociedad, tales como la solicitud de introducción de licores ante
los departamentos de Antioquia y Bolívar, y la presentación de declaraciones
del impuesto de vinos, aperitivos y similares, Estampilla Universidad de
Antioquia, productos nacionales e importados, ante la primera entidad territorial
mencionada.

En los certificados de existencia y representación legal del Grupo de
Comercializadores de Colombia GDC SAS, expedidos por la Cámara de
Comercio Aburrá Sur el 1º y 6 de agosto de 2022, se observa que el señor López
Aristizábal se encontraba registrado como gerente y representante legal de esa
sociedad. Sin embargo, se advierte que en esos certificados consta la anotación
«NOS PERMITIMOS INFORMARLE QUE AL MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN
DE ESTE CERTIFICADO EXISTEN PETICIONES EN TRÁMITE, LO QUE
PUEDE AFECTAR EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE CONSTA EN
EL MISMO».

Según el Certificado de Existencia y Representación Legal del Grupo
Comercializadora de Colombia GDC SAS, expedido el 9 de agosto de 2022,
por la Cámara de Comercio Aburrá Sur, por Acta No. 20 de 6 de mayo del
mismo año, inscrita en esa Cámara el 5 de agosto de 2022, la Junta
Directiva de la sociedad designó como gerente y representante legal al
señor Jorge Luis Acosta Restrepo. Mediante el Acuerdo No. 003 de 16 de
julio de 2022, expedido por el Consejo Nacional Electoral, se declaró
elegido al señor Luis Miguel López Aristizábal como representante a la
Cámara por el departamento de Antioquia, para el periodo constitucional
2022-2026, quien se posesionó el día 20 del mismo mes y año.

Visto lo anterior, la Sala no observa que el representante a la Cámara por el
departamento de Antioquia Luis Miguel López Aristizábal hubiese incurrido en

6 Sala Once Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, exp. 11001031500020220627000, M.P.
Stella Jeannette Carvajal Basto.

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Radicación:11001-03-15-000-2022-05833-00 ACUMULADO
Actora: CRISTINA MARÍA LEMOS LAVERDE
Demandado: LUIS MIGUEL LÓPEZ ARISTIZÁBAL
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA

la conducta de incompatibilidad prevista en el numeral 1 del artículo 180 de la
Constitución Política, toda vez que no se encuentra probado que de manera
paralela o simultánea a su labor como congresista haya ejercido las funciones
de otro cargo público o privado.

La Sala precisa que si bien en los certificados de existencia y representación
legal del Grupo Comercializadora de Colombia GDC SAS, expedidos por la
Cámara de Comercio Aburrá Sur, los días 1º y 6 de agosto de 2022, consta la
inscripción del señor Luis Miguel López Aristizábal como gerente y
representante legal de esa sociedad, tal hecho no es suficiente para demostrar
que se configuró la causal de incompatibilidad alegada por el solicitante, pues
no está acreditado que el congresista hubiese ejercido dicho cargo en forma
simultánea con su actividad parlamentaria, al tenor de lo dispuesto en el artículo
20 de la Ley 1881 de 2018.

Se destaca que, para que proceda el decreto de la pérdida de investidura
por la causal objeto de análisis, no basta con confrontar que el congresista
convocado aparezca registrado en el certificado de Cámara de Comercio,
pues es preciso que se pruebe que el parlamentario realizó, cumplió o
ejecutó funciones asociadas con el cargo de gerente y representante legal
de la sociedad.

En ese sentido, de acuerdo con el material probatorio aportado de manera
válida al proceso, se advierte que la última actuación del señor López Aristizábal
como gerente y representante legal de la citada sociedad, corresponde a la
presentación de declaraciones tributarias los días 1, 3, 22 y 28 de junio de 2022,
esto es, con anterioridad al 20 de julio de 2022, fecha en la que se posesionó
como representante a la Cámara del Departamento de Antioquia y comenzó el
ejercicio de las funciones propias de su investidura.

Por lo expuesto, se concluye que no está probado que el congresista Luis
Miguel López Aristizábal haya incurrido en la incompatibilidad prevista en el
numeral 1 del artículo 180 de la Constitución Política, esto es, «[d]esempeñar
cargo o empleo público o privado», carga probatoria que le correspondía a la
parte solicitante asumir, razón por la cual, es evidente la ausencia del elemento
objetivo de la causal de pérdida de investidura invocada (se destaca).

30. Entonces, uno de los argumentos para determinar la no configuración de la
anterior causal fue que, desde el 6 de mayo de 2022, según el acta n.° 20, la Junta
Directiva del Grupo Comercializadora de Colombia designó un nuevo representante
legal, mientras que el demandado fue elegido y posesionado como representante a
la Cámara los días 16 y 20 de julio de 2022, respectivamente. Este argumento fue
confirmado en la segunda instancia, así7:

87. Sumado a lo anterior, y siguiendo para el efecto los razonamientos
esbozados por la Corte Constitucional al estudiar, en la sentencia C-621 de
2003 (…), la constitucionalidad de los artículos 164 y 442 del Código de
Comercio, es claro que los órganos sociales competentes tienen la obligación
de adelantar directamente todas las gestiones encaminadas a la inscripción del
nombramiento del nuevo representante legal en las eventualidades en que se
produce la remoción de quien venía actuando como tal.

7 Sentencia del 8 de agosto de 2023, exp. 11001031500020220627002, M.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés.

10

Radicación:11001-03-15-000-2022-05833-00 ACUMULADO
Actora: CRISTINA MARÍA LEMOS LAVERDE
Demandado: LUIS MIGUEL LÓPEZ ARISTIZÁBAL
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA

88. Significa lo anterior que le correspondía a la sociedad GRUPO DE
COMERCIALIZADORES POR COLOMBIA GDC S.A.S., no al acusado, la carga
de proceder a realizar la inscripción del nuevo nombramiento, luego la demora
de esta sociedad en llevar a cabo tal trámite no puede acarrearle consecuencias
desfavorables al congresista cuestionado.

31. Como se observa, tanto la primera, como la segunda instancia8, coincidieron en
que el demandado no ostentaba la calidad de representante legal de la referida
sociedad para la fecha de su elección y posesión como representante a la Cámara.

32. Además, en la sentencia de segunda instancia 9 se compartió el argumento
sobre la falta de pruebas que demostraran el ejercicio simultáneo de un cargo o
empleo, público o privado, con el de representante a la Cámara (89 a 95 sentencia
del 8 de agosto de 2023). Inclusive, en la misma providencia se recordó la negativa
de unas pruebas documentales, en primera (negativa confirmada en segunda
instancia), como en el trámite de la apelación, encaminadas a demostrar la
pluricitada causal (numerales 96 a 98, sentencia del 8 de agosto de 2023). Lo
anterior da cuenta de que la oportunidad probatoria para demostrar la conducta
enjuiciada se agotó plenamente, sin que pueda utilizar este juicio para revivirla, so
pena de violar las garantías procesales del demandado.

33. En la sentencia de primera instancia, sobre la gestión de negocios,
apoderamiento o celebración de contratos, por sí o por interpuesta persona, con
entidades públicas, se dijo (índice 104)10:

El solicitante considera que el convocado incurrió en la causal de
incompatibilidad prevista en el numeral 2 del artículo 180 de la Constitución
Política y en el numeral 2 del artículo 282 de la Ley 5ª de 1992, al intervenir en
la gestión de negocios, solicitar permisos y autorizaciones para importar, así
como celebrar contratos de licores en nombre del Grupo Comercializadora de
Colombia GDC SAS, al tiempo que estaba posesionado como representante a
la Cámara.

El apoderado del congresista convocado afirmó que el solicitante incurre en
incongruencia, pues a pesar de reconocer que el 6 de mayo de 2022 renunció
al cargo de representante legal de la referida sociedad, le da mayor
trascendencia al trámite de la Cámara de Comercio, sin probar que se incurrió
en la incompatibilidad alegada.

Mencionó que el congresista no suscribió contrato estatal para el ejercicio del
monopolio como arbitrio rentístico sobre la producción de licores destilados, por
lo tanto, no tuvo relación contractual con la Gobernación de Antioquia, que

8 Ibíd.
9 Ibíd.
10 Ibíd.

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Radicación:11001-03-15-000-2022-05833-00 ACUMULADO
Actora: CRISTINA MARÍA LEMOS LAVERDE
Demandado: LUIS MIGUEL LÓPEZ ARISTIZÁBAL
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA

permita afirmar que incurrió en la incompatibilidad invocada. Al respecto, la Sala
advierte que en el expediente no está probado que el representante a la Cámara
Luis Miguel López Aristizábal incurrió en la causal de incompatibilidad prevista
en el numeral 2 del artículo 180 de la Constitución Política, pues no se evidencia
que en ejercicio de dicha función haya realizado alguna gestión ante entidad
pública o administradoras de tributos, ni celebrado contratos en nombre del
Grupo Comercializadora de Colombia GDC SAS.

En efecto, teniendo en cuenta las pruebas oportunamente aportadas al
expediente, se observa que el convocado realizó gestiones como gerente y
representante legal de la citada sociedad ante entidades territoriales, de forma
previa a su posesión como congresista, pues se reitera que la última actuación
del señor López Aristizábal corresponde a la presentación de una declaración
tributaria en el mes de junio de 2022, esto es, con anterioridad al 20 de julio de
2022, fecha en la que se posesionó como representante a la Cámara.

Finalmente, si bien para el 1 y 6 de agosto de 2022 el señor López Aristizábal
figuraba inscrito ante la Cámara de Comercio Aburrá Sur como gerente y
representante legal del Grupo Comercializadora de Colombia GDC SAS,
circunstancia que, para el solicitante en los términos los artículos 16444 y 44245
del Código de Comercio, conlleva a presumir que hasta antes de la cancelación
de la inscripción como representante legal este continuaba en ejercicio de sus
funciones, la Sala precisa que dicha presunción no tiene la entidad suficiente
para que se decrete la pérdida de investidura por las causales invocadas en
este proceso, pues al tratarse de un juicio de carácter sancionatorio es
necesario que se pruebe de manera efectiva que, siendo congresista, el
convocado simultáneamente: (i) desempeñó cargo o empleo público o privado
o (ii) gestionó en nombre propio o ajeno asuntos ante las entidades públicas o
ante las personas que administren tributos, o celebró con ellas, por sí o por
interpuesta persona, contrato alguno.

34. La anterior argumentación fue confirmada por el Pleno de la Corporación,
mediante la citada sentencia del 8 de agosto de 2023 (índice 1211).

35. En cuanto al espacio temporal de la ocurrencia de las conductas se tiene que
en la demanda del proceso n.° 2022-05833 se alegó que “el certificado de la cámara
de comercio del ABURRÁ SUR, del día 01 de agosto de 2022 y del día 08 de agosto
de 2022, el representante electo antes de las elecciones y después de ellas, aun
hasta después de ser posesionado 18 días después ostenta la calidad de
representante legal de la sociedad, por lo cual sigue gestionando negocios y
monopolio rentístico y de rentas departamentales”.

36. Además, se indicó que, después del 5 de agosto de 2022, cuando fue inscrita
en la Cámara de Comercio del Aburrá Sur el acta n.° 20 del 6 de mayo de 2022, por
medio de la cual se cambió al gerente de la sociedad Grupo Comercializadora de
Colombia, el demandado siguió desempeñándose como tal por todo el mes de

11 Exp. 11001031500020220627002, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Radicación:11001-03-15-000-2022-05833-00 ACUMULADO
Actora: CRISTINA MARÍA LEMOS LAVERDE
Demandado: LUIS MIGUEL LÓPEZ ARISTIZÁBAL
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA

agosto de 2022, según se desprende de las pruebas solicitadas para demostrar este
hecho (subsanación de la demanda, índices 21 y 22).

37. En la demanda del proceso n.° 2023-01160 se sostuvo que el demandado actuó
como gerente de la referida sociedad hasta el 11 de agosto de 2022 (hecho treceavo
(sic) de la subsanación, índice 57); incluso las pruebas solicitadas se limitaron hasta
dicho mes y año.

38. Finalmente, en la demanda del proceso n.° 2022-06270, en el hecho 7 se señaló
(índice 2):

7.- Como consta en el certificado de existencia y representación legal del día 01
de agosto de 2022 y del día 08 de agosto de 2022 (luego de posesionarse como
congresista el 20 de julio de 2022), continúo en el ejercicio del cargo de gerente
de la referida sociedad y como su representante legal. Es decir, era a la vez
gerente y representante legal y, en virtud de esa doble calidad, administra la
sociedad y la compromete jurídicamente, en su orden. Como gerente, entonces,
desempeña un cargo en la sociedad y gestiona sus asuntos, y, como
representante legal celebra los actos y contratos que compromete jurídicamente
la compañía.

39. Las pruebas para demostrar lo anterior también se pidieron hasta el mes de
agosto de 2022, es decir, hasta cuando se consideró que el demandado ejerció
como representante legal de la pluricitada sociedad.

40. De conformidad con lo expuesto, también existe identidad temporal frente a la
imputación fáctica en los tres procesos en estudio.

41. Por consiguiente, hay cuestiones ya definidas en el anterior proceso, tales como
que el demandado había dejado de ejercer como representante legal del Grupo
Comercializadora de Colombia y que en todo caso no existían pruebas que
demostraran su actuación simultánea como congresista y la gestión de negocios
privados.

42. Entonces ya quedó definido si el aquí demandado actuó a nombre de la citada
sociedad de manera simultánea con su dignidad legislativa, en idéntico espacio
temporal12, en un proceso judicial con todas las garantías. Obrar en sentido contrario

12 Sobre la representación de una sociedad comercial y su extensión en el tiempo, ver la sentencia
C-621 de 2003 de la Corte Constitucional, estudio de exequibilidad de los artículos 164 y 442 del
Código de Comercio.

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Radicación:11001-03-15-000-2022-05833-00 ACUMULADO
Actora: CRISTINA MARÍA LEMOS LAVERDE
Demandado: LUIS MIGUEL LÓPEZ ARISTIZÁBAL
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA

sería desconocer la cosa juzgada y con ella la garantía constitucional del non bis in
idem.

43. Sobre dicho principio, la Corte Constitucional ha precisado que es aplicable a
todo proceso sancionatorio, como corresponde la naturaleza de la pérdida de
investidura (artículo 1 de la Ley 1881 de 2018), así13:

No obstante, la jurisprudencia constitucional ha extendido el principio non bis in
idem a un ámbito diferente al penal, puesto que ha estimado que éste forma
parte del debido proceso sancionador. De tal manera que cuando la finalidad
de un régimen es regular las condiciones en que un individuo puede ser
sancionado personalmente en razón a su conducta contraria a derecho, este
principio es aplicable. En efecto, la palabra sindicado puede ser interpretada
de diferentes maneras, es decir, en sentido restringido o en sentido amplio.
Como se observa en el inciso primero del artículo 29 Superior, el ordenamiento
constitucional colombiano ha escogido la segunda de las opciones, pues
establece que los principios constitutivos del debido proceso penal se
extienden, en lo pertinente y en el grado que corresponda dada la naturaleza
del proceso no penal, a todas las “actuaciones judiciales y administrativas”
sancionatorias. Por esto, la Corte Constitucional ha manifestado de manera
reiterada que los principios que regulan el derecho penal son aplicables, con
algunas variaciones, al derecho disciplinario en todas sus manifestaciones, por
cuanto éste constituye una modalidad del derecho sancionatorio.

44. De igual manera, ha señalado que los fundamentos de dicho principio son la
seguridad jurídica y la justicia material, razón por la cual14:

Este principio implica que el Estado se halla legitimado para imponer, luego de
los procedimientos legales respectivos, sanciones penales o disciplinarias
cuando demuestre la ocurrencia de delitos o de faltas y concurra prueba que
acredite la responsabilidad de quienes en ellos intervinieron pero que una vez
tomada una decisión definitiva sobre el hecho constitutivo del delito o de la falta
y sobre la responsabilidad o inocencia del implicado, no puede retomar
nuevamente ese hecho para someterlo a una nueva valoración y decisión.

En virtud de ese principio, cualquier persona cuenta con la seguridad de que las
decisiones definitivas que se han proferido en los procesos tramitados en su
contra, con miras a establecer su responsabilidad penal o disciplinaria, realizan
la justicia en cada caso particular e impiden que los mismos hechos puedan ser
objeto de posteriores debates. Por ello se dice que el principio non bis in ídem
es una manifestación de la seguridad jurídica y una afirmación de la justicia
material.

45. Por lo tanto, este principio prohíbe que una persona, por el mismo hecho, (i) sea
sometida a juicios sucesivos o (ii) le sean impuestas varias sanciones, salvo que
una sea tan solo accesoria a la otra 15 . En consecuencia, en voces de la Corte

13 Sentencia C-870 de 2002.
14 Corte Constitucional, sentencia T-537 de 2002.
15 Corte Constitucional, sentencia C-870 de 2002.

14

Radicación:11001-03-15-000-2022-05833-00 ACUMULADO
Actora: CRISTINA MARÍA LEMOS LAVERDE
Demandado: LUIS MIGUEL LÓPEZ ARISTIZÁBAL
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA

Constitucional, la “función de este derecho, conocido como el principio non bis in
idem, es la de evitar que el Estado, con todos los recursos y poderes a su
disposición, trate varias veces, si fracasó en su primer intento, de castigar a una
persona por la conducta por él realizada, lo cual colocaría a dicha persona en la
situación intolerable e injusta de vivir en un estado continuo e indefinido de ansiedad
e inseguridad. Por eso, éste principio no se circunscribe a preservar la cosa juzgada
sino que impide que las leyes permitan, o que las autoridades busquen por los
medios a su alcance, que una persona sea colocada en la situación descrita. De ahí
que la Constitución prohíba que un individuo sea “juzgado dos veces por el mismo
hecho”16.

46. En consecuencia, al coincidir las partes, las pretensiones y la causa jurídica, es
imposible para la Sala volver sobre la misma conducta de si el demandado fungió,
al mismo tiempo, como gerente o actuó a nombre de la sociedad Grupo
Comercializadora de Colombia y como representante a la Cámara por el
departamento de Antioquia, para el periodo 2022-2026, y si con dicha conducta violó
los numerales 1 y 2 del artículo 180 Superior, reiterados en los numerales 1 y 2 del
artículo 282 de la Ley 5 de 1992, como quiera que dentro de otro proceso de pérdida
de investidura, esta Corporación, ya definió estas causas a través de una sentencia
ejecutoriada.

J. De las otras imputaciones

47. En relación con los numerales 3 y 4 del artículo 180 Superior y 3 y 4 del artículo
282 de la Ley 5 de 1992, es preciso recordar que, en su orden, prescriben17:

3. Ser miembro de juntas o consejos directivos de entidades oficiales
descentralizadas de cualquier nivel o de instituciones que administren tributos.

4. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de
derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos o sean
contratistas del Estado o reciban donaciones de éste. Se exceptúa la
adquisición de bienes o servicios que se ofrecen a los ciudadanos en igualdad
de condiciones.

16 Ibíd.
17 Se transcriben los numerales del artículo 180 Superior, en la medida que los del artículo 282 de la
Ley 5 de 1992, los reproducen casi literalmente.

15

Radicación:11001-03-15-000-2022-05833-00 ACUMULADO
Actora: CRISTINA MARÍA LEMOS LAVERDE
Demandado: LUIS MIGUEL LÓPEZ ARISTIZÁBAL
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA

48. Sobre ellos debe señalarse que una misma conducta puede infringir varias
normas 18 , sin que se viole el principio del non bis in idem, “cuando las
investigaciones y las sanciones tengan distintos fundamentos normativos”19. En el
sub lite se citan como violados los citados numerales (ver demandas de los
expedientes n.°s 2022-5833 y 2022-6270 y tabla n.° 1) y su argumentación
descansa en la imposibilidad de los congresistas para desempeñar otras actividades
de manera simultánea con dicha dignidad (ver supras n.°s 3 y 5).

49. Al respecto, la Sala observa que no hay pruebas encaminadas a demostrar que
el demandado fuera miembro de una junta o consejo directivo de alguna entidad
descentralizada de cualquier nivel o de instituciones que administren tributos, tal
como lo exige el numeral 3 del artículo 180 Superior, reproducida en el numeral 3
del artículo 282 de la Ley 5 de 1992. Esto se explica en la medida que la conducta
endilgada al demandado fue la de actuar, simultáneamente, como representante
legal de una sociedad privada y como congresista, lo cual dista de la causal
consagrada en los primeros artículos citados. Lo anterior es suficiente para
desestimar su ocurrencia.

50. De otro lado, tampoco está probada la celebración de contratos o gestiones con
personas naturales o jurídicas de derecho privado, que administren, manejen o
inviertan fondos públicos o sean contratista del Estado o reciban donaciones de
este, incompatibilidad contenida en el numeral 4 del artículo 180 Superior,
reproducida en el mismo numeral del artículo 282 de la Ley 5 de 1992.

51. Lo primero que debe precisarse es que los sujetos a los que hace mención la
causal son las personas privadas. Efectivamente, las jurídicas de derecho privado
son las civiles y/o comerciales20, mientras que las naturales lo serán todas aquellas
personas físicas “de la especie humana” (artículo 74 del Código Civil).

18 En la sentencia C-870 de 2002, la Corte precisó: “Para la Corte, cuando el artículo 29 establece
que un sindicado en sentido amplio tiene el derecho a no ser “juzgado dos veces por un mismo
hecho” no se refiere a una misma circunstancia fáctica, sino a un mismo hecho sancionable, de tal
forma que una misma conducta puede generar diversas consecuencias jurídicas, y por ello, ser
objeto de distintos juicios concurrentes y diferentes sanciones. En otras palabras, la Corporación ha
entendido que un comportamiento humano puede lesionar varios intereses jurídicos que el legislador
ha considerado tutelables, y por lo tanto constituir simultáneamente diversas infracciones
sancionables”.
19 Corte Constitucional, sentencia C-632 de 2011.
20 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 11 de junio de 2009, exp. 16.319, M.P. Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas.

16

Radicación:11001-03-15-000-2022-05833-00 ACUMULADO
Actora: CRISTINA MARÍA LEMOS LAVERDE
Demandado: LUIS MIGUEL LÓPEZ ARISTIZÁBAL
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA

52. En tal dirección, la Asamblea Constituyente precisó sobre esta causal21:

2.3.2. La prohibición anterior debe extenderse a la realización de contratos con
y la gestión ante personas de derecho privado que manejen fondos públicos,
tales como, por ejemplo, contratistas del Estado, fundaciones o instituciones
que reciben ayuda monetaria de presupuestos oficiales, administradores
fiduciarios en contrato con cualquiera de las personas de derecho público.

53. La Sala Plena de esta Corporación ha precisado el alcance del numeral 4 del
artículo 180 Superior, reproducido en el numeral 4 del artículo 282 de la Ley 5 de
1992, así22:

La incompatibilidad del numeral 4 del artículo 180 de la Constitución Política
contiene dos verbos rectores: la celebración y/o la gestión de contratos. El
sujeto activo de la conducta es el congresista, mientras que el sujeto pasivo de
la causal es cualquier persona natural o jurídica de derecho privado.
Igualmente, es necesario constatar que el sujeto pasivo (i) administre, maneje
o invierta en fondos públicos o (ii) sea contratista del Estado o (iii) que reciba o
haya recibido donaciones de este. En otros términos, el sujeto pasivo de la
incompatibilidad es cualificado (se destaca).

54. Lo anterior es fundamental, toda vez que en el numeral 2 del artículo 180,
reproducido en el mismo numeral del artículo 282 de la Ley 5 de 1992, se refiere
como incompatibilidad a la celebración de contratos y a las gestiones con entidades
públicas. Sería un contrasentido que esta misma causal se repitiera en el numeral
4 del artículo 180 Superior, reiterada en el mismo numeral del artículo 282 ejusdem,
en tanto serían idénticos los sujetos: las entidades públicas.

55. Aunque no se desconoce que la naturaleza jurídica y el régimen jurídico son
conceptos diferentes23, pero complementarios, lo cierto es que para efectos de la
causal sí se diferencian, en la medida que, al tratarse de las mismas conductas o,
al menos, asimilables, lo único que justificaría su coexistencia dentro del
ordenamiento jurídico, es que los sujetos pasivos sean diferentes.

56. En otras palabras, la causal contenida en los últimos numerales citados, se
refiere a las personas privadas que están en la situación que allí se describe. La

21 Gaceta Constitucional n.° 51, pág. 27. En: Consejo de Estado, Sala Séptima Especial de Decisión
de Pérdida de Investidura, sentencia del 23 de febrero de 2021, exp. 11001031500020200077301,
M.P. Martín Bermúdez Muñoz, confirmada por el Pleno a través de la sentencia del 25 de mayo de
2021, M.P. Roberto Augusto Valdés.
22 Sentencia del 11 de febrero de 2020, exp. 11001031500020200077300, M.P. Martín Bermúdez
Muñoz.
23 Cfr. Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 17.735, M.P.
Martha Teresa Briceño de Valencia.

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Radicación:11001-03-15-000-2022-05833-00 ACUMULADO
Actora: CRISTINA MARÍA LEMOS LAVERDE
Demandado: LUIS MIGUEL LÓPEZ ARISTIZÁBAL
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA

imputación aquí, valga insistir, tiene que ver con la contratación o gestiones del
demandado con entidades públicas, no con particulares. En esa medida, tampoco
está probada esta causal. La falta de pruebas del elemento objetivo releva a la Sala
de revisar el elemento subjetivo.

57. Finalmente, la Sala se releva de pronunciarse sobre la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda, formulada por la parte demandada, toda vez que ataca
una cuestión de fondo, la concreción de los elementos de las causales imputadas,
cuestión ya definida aquí. En todo caso, fue dirigida en contra del auto admisorio de
la demanda, oportunidad de cuestionamiento que se encuentra claramente vencida.

58. No hay lugar a disponer sobre la condena en costas, en la medida que no
proceden en los asuntos en que se ventile un interés público, como ocurre en las
solicitudes de pérdida de investidura, tal como lo establece el inciso 1º del artículo
188 del CPACA.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en su Sala Primera Especial de
Decisión de Pérdida de Investidura, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de cosa juzgada del presente
asunto, en relación con las causales de los numerales 1 y 2 del artículo 180
Superior, reproducidas en los numerales 1 y 2 del artículo 282 de la Ley 5 de 1992,
en los términos expuestos en la parte considerativa.

SEGUNDO: DENEGAR la pérdida de investidura por las causales contenidas en
los numerales 3 y 4 del artículo 180 Superior y 3 y 4 del artículo 282 de la Ley 5 de
1992, de conformidad con la parte considerativa.

TERCERO: REMITIR copia de esta providencia a la Mesa Directiva de la Cámara
de Representantes.

CUARTO: Contra esta providencia procede el recurso de apelación, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1881 de 2018.

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Radicación:11001-03-15-000-2022-05833-00 ACUMULADO
Actora: CRISTINA MARÍA LEMOS LAVERDE
Demandado: LUIS MIGUEL LÓPEZ ARISTIZÁBAL
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA

Se deja constancia que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO WILSON RAMOS GIRÓN

Firmado electrónicamente
PEDRO PABLO VANEGAS GIL

VF

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