Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-06101-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-06101-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2023-06101-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
12 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., doce (12) de julio de dos mil veinticuatro (2024).
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06101-01
Accionante: POLIVIO LEANDRO ROSALES CADENA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SALA ESPECIAL DE DECISIÓN 6
Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA - IMPUGNACIÓN
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL– Procedencia
excepcional / FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se acudió a la acción
de tutela con el propósito de reabrir la discusión definida en el proceso ordinario /
SUBSIDIARIEDAD – No se agotaron todos los medios de defensa.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el señor Polivio
Leandro Rosales Cadena en contra de la sentencia del 22 de marzo de 2024,
proferida por la Sala de Conjueces de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de
conformidad con lo consagrado en el Decreto 333 de 20211.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 6 de octubre de 2023 el señor Polivio Leandro Rosales Cadena presentó
acción de tutela en contra de la Sección Quinta y la Sala 12 Especial de Decisión
del Consejo de Estado, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, “derechos electorales” y “seguridad
jurídica”.
1 Que ingresó para fallo el 26 de abril de 2024.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-06101-01
Accionante: Polivio Leandro Rosales Cadena
Accionado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión 6 y otros
Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
Hechos relevantes
2. El accionante es miembro de la comunidad del Resguardo de San Juan.
Fungió como Gobernador de la Mesa Regional de Pastos y Quillacingas entre el 1
de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018; es miembro de la Comisión Nación
de Territorios Indígenas y Representante Legal de Aico por la Pacha Mama entre el
1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021.
3. El 13 de marzo de 2022 fue elegido Senador de la República por la
circunscripción especial indígena, avalado por el movimiento de autoridades
indígenas de Colombia -AICO.
4. El 20 de octubre de 2022, la Sección Quinta admitió demanda de nulidad
electoral por la supuesta suscripción de dos (2) convenios interadministrativos
(2021000755 y 2021000759) con el Instituto Departamental de Salud de Nariño. Ese
proceso fue identificado con el número de radicación 11001-03-28-000-2022-00273-
00.
5. El 2 de noviembre de 2022, la Sala 6 Especial de Decisión admitió demanda
de pérdida de investidura por la supuesta suscripción del convenio
interadministrativo 2021000755. Dicho proceso fue identificado con la radicación:
11001-03-15-000-2022-05556-00.
6. El 24 de abril de 2023, la Sala 12 Especial de Decisión admitió demanda de
pérdida de investidura por la supuesta suscripción de los convenios 2021000755 y
2021000759. Proceso que fue identificado con el número:
11001031500020230174300.
• Del proceso de pérdida de investidura radicado núm. 11001-03-15-000-
2022-05556-02
7. El 19 de octubre de 2022 el señor Víctor Velásquez Reyes presentó solicitud
de pérdida de investidura contra el accionante como Senador para el periodo
constitucional 2022 – 2026, sustentando la demanda en la “violación del régimen de
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-06101-01
Accionante: Polivio Leandro Rosales Cadena
Accionado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión 6 y otros
Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses” a que se
refiere el numeral 1º del artículo 183 de la Constitución Política.
8. El proceso correspondió a la Sala Especial de Decisión No. 6 del Consejo de
Estado que, por medio de sentencia del 22 de febrero de 2023, negó las
pretensiones del medio de control. Contra dicha decisión se presentó recurso de
apelación, el cual fue resuelto por la Sala Plena del Consejo de Estado que, a través
de providencia del 28 de noviembre de 2023, ordenó:
“PRIMERO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA,
de acuerdo con las consideraciones planteadas en la parte motiva de esta
providencia. En consecuencia, en lo que concierne al elemento objetivo de la
causal analizada en esta sentencia, ESTARSE A LO RESUELTO en el fallo
proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado el veintiocho (28)
septiembre de dos mil veintitrés (2023), dentro del proceso de nulidad
electoral N° 11001-03-28-000-2022-00273-00”.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida el veintidós (22) de febrero
de dos mil veintitrés (2023) por la Sala Especial de Decisión No. 6, a través
de la cual se negó la solicitud de pérdida de investidura presentada contra el
señor Polivio Leandro Rosales Cadena como Senador de la República por la
circunscripción indígena para el periodo 2022-2026, en lo que al elemento
subjetivo corresponde”.
9. La Sala Plena del Consejo de Estado consideró que frente al proceso de
nulidad electoral núm. 11001-03-28-000-2022-00273-00 sí se materializaban todos
los supuestos para decretar el acaecimiento de la cosa juzgada en lo que al
elemento objetivo de la causal de desinvestidura se refiere, por lo siguiente:
“En efecto, al contrastar los supuestos del proceso de nulidad electoral antes
descrito con los de este proceso de pérdida de investidura, que fueron
reseñados en los antecedentes de esta providencia, se advierte que entre
uno y otro existe: i) identidad de partes, en el extremo pasivo de la litis; ii)
identidad de objeto, pues los hechos en los que se fundan uno y otro medio
de control son exactamente los mismos, esto es, los referidos a la
materialización de la inhabilidad, por el hecho de que el señor Rosales
Cadena, en su calidad de Representante legal de AICO, suscribió con el
Instituto Departamental del Salud de Nariño el contrato N°2021000755 el
quince (15) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), y, finalmente, iii)
identidad de causa, en tanto en los dos se alega la configuración de la misma
causal de inhabilidad, esto es, la contemplada en el numeral 3° del artículo
179 Superior.
Por lo demás, está acreditado que en el proceso de nulidad electoral ya se
produjo fallo y que aquél se encuentra debidamente ejecutoriado y en firme”.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-06101-01
Accionante: Polivio Leandro Rosales Cadena
Accionado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión 6 y otros
Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
10. En consecuencia, adujo que no era posible efectuar un nuevo análisis sobre
la existencia de la inhabilidad atribuida al congresista Rosales Cadena, pues ese
asunto ya contaba con una decisión que, por expresa disposición legal, constituye
cosa juzgada respecto del proceso de pérdida de investidura en lo relacionado con
el aspecto objetivo de configuración de la causal.
• Del proceso de pérdida de investidura radicado núm. 11001-03-15-000-
2023-01743-00
11. El 11 de abril de 2023 la ciudadana María Angélica Vargas demandó la
investidura del senador Polivio Leandro Rosales Cadena para el período 2022–
2026, con fundamento en la causal de violación del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades y de conflicto de intereses. Esto, por cuanto encontró que el
congresista, como representante legal de la entidad sin ánimo de lucro AICO por la
Pacha Mama, celebró dos contratos con el Instituto Departamental de Salud de
Nariño dentro de los seis meses anteriores a la elección, por lo que estaba incurso
en la inhabilidad contenida en el numeral 3 del artículo 179 de la Constitución
Política.
12. Los contratos suscritos fueron: i) el núm. 2021000755, cuyo objeto era
“establecer acciones para la consolidación del modelo de salud propia e intercultural
en el marco de la guía metodológica para la construcción de contenidos de
componentes e implementación del SISPI, pueblo indígena Quillacinga”; y ii) el núm.
2021000759, que tenía como propósito el “fortalecimiento del modelo de salud
propia e intercultural en el marco de la guía metodológica para la construcción de
contenidos de componentes e implementación del SISPI del Pueblo Indígena de los
Pastos”.
13. El asunto fue de conocimiento de la Sala 12 Especial de Decisión del Consejo
de Estado que profirió la sentencia del 7 de julio de 2023, en la cual dispuso:
“1º) Declárase probada la excepción de non bis in ídem en relación con los
hechos relacionados con la celebración del contrato estatal no. 202100755
de 2021.
2º) Niéganse las pretensiones de la demanda en relación con los hechos
relacionados con la celebración del contrato estatal no. 2021000759 de 2021
(…)”
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-06101-01
Accionante: Polivio Leandro Rosales Cadena
Accionado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión 6 y otros
Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
14. La decisión en cuestión tuvo como fundamento que, respecto del contrato
estatal núm. 202100755, no era posible valorar, ni estudiar, ni decidir de fondo la
controversia, en la medida en que esa circunstancia atentaría contra el principio y
derecho constitucional de non bis in idem, debido a que los hechos objeto de este
proceso ya habían sido materia de procesamiento e inclusive de decisión en primera
instancia por parte de la Sala 6 Especial de Decisión en la sentencia de 22 de
febrero de 2023.
15. Dicha providencia fue notificada el 1°. de agosto de 2023, sin que se
presentara recurso de apelación, razón por la que el 28 de agosto de 2023 se
registró el archivo del proceso.
• Del medio de control de nulidad electoral radicado núm. 11001-03-28-000-
2022-00273-00
16. Por otro lado, el señor Richard Humberto Fuelantala Delgado presentó
demanda de nulidad electoral contra la Resolución E-3332 del 19 de julio de 2022 y
el formato E26 SEN frente a la elección del señor Polivio Leandro Rosales Cadena
como senador de la República para el periodo constitucional 2022-2026, por haber
incurrido en la causal de nulidad contemplada en el ordinal 5°. del artículo 275 del
CPACA.
17. El accionante en dicho asunto alegó que el señor Rosales Cadena estaba
incurso en la causal de inhabilidad prevista en el numeral 3° del artículo 179
Superior, toda vez que, en su calidad de representante legal de AICO, el 13 de
septiembre de 2021 suscribió los contratos núms. 2021000755 y 2021000759 con
el Instituto Departamental de Salud de Nariño, cuyo plazo de ejecución fue hasta el
31 de diciembre de 2021.
18. La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia de única instancia
del 28 de septiembre de 2023, resolvió la demanda y dispuso:
“PRIMERO. DECLARAR probada de oficio la existencia de cosa juzgada,
en los términos del parágrafo del artículo 1 de la Ley 1881 de 2018, en
relación con la configuración de la inhabilidad del artículo 179.3 superior,
como consecuencia de la suscripción del contrato 2021000759 por parte del
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-06101-01
Accionante: Polivio Leandro Rosales Cadena
Accionado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión 6 y otros
Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
demandado, en representación de la ESAL AICO por la Pacha Mama,
conforme lo señalado en la sentencia del 7 de julio de 2023, emitida por la
Sala Especial Decimosegunda de Decisión de Pérdida de Investidura dentro
del proceso 11001-03-15-000-2023-01743-00.
SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de la Resolución E-3332 de 2022 y el
formato E26 SEN, en lo que tiene que ver con la elección de Polivio Leandro
Rosales Cadena como senador de la República para el periodo
constitucional 2022-2026.”
19. Como sustento de esta decisión, la Sección Quinta encontró que en la
sentencia del 7 de julio de dos mil veintitrés 2023, proferida por la Sala Especial de
Decisión No. 12 dentro del proceso de pérdida de investidura 11001-03-15-000-
2023-01743-00, se declaró que el señor Rosales Cadena sí había incurrido en la
prohibición constitucional de que trata el numeral 3 del artículo 179, por la
suscripción del contrato núm. 2021000759 con el Instituto Departamental de Salud
de Nariño, razón por la que, frente a ese negocio, la Sala no podía emitir un nuevo
pronunciamiento. Sin embargo, consideró que sí podía analizar lo relativo al contrato
núm. 2021000755, comoquiera que “la sentencia del 22 de febrero de 2023 fue
apelada y que la del 7 de julio de 2023 no se pronunció de fondo sobre el particular”.
20. En ese contexto, procedió con el examen de la nulidad electoral y analizó si
la inhabilidad de celebración de contratos podía materializarse respecto del contrato
núm. 2021000755, concluyendo que estaban acreditados los elementos
configurativos de la prohibición constitucional y, en consecuencia, declaró la
nulidad de la elección del referido congresista.
Pretensiones
21. Solicita la parte accionante lo siguiente:
“1. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso (non bis in
ídem y cosa juzgada), a la tutela judicial efectiva (art. 229 CP), a participar
en la conformación, ejercicio y control del poder político (Art. 40-1 CP),
acceso a la administración de justicia (Art. 228 CP) y la vigencia de los
derechos políticos, especialmente el de ser elegido, vulnerados por la
interpretación y decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado y de
la Sala 12 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura. Como
consecuencia”,
2. DEJAR SIN EFECTO las sentencias del 28 de septiembre de 2023 de la
Sección Quinta del Consejo de Estado y del 07 de julio de 2023 de la Sala
12 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-06101-01
Accionante: Polivio Leandro Rosales Cadena
Accionado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión 6 y otros
Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
3. ORDENAR a la Sección Quinta del Consejo de Estado remitir el proceso
con Radicado: 11001-03-28-000-2022-00273-00 a la Sala Plena del
Consejo de Estado para que dentro de sus facultades y competencias
proceda a emitir sentencia de unificación, por importancia y trascendencia
jurídica por tratarse de una decisión que debe revisarse con ENFOQUE
ÉTNICO; de manera subsidiaria, ORDENAR a la Sección Quinta del
Consejo de Estado que profiera una nueva decisión con la debida
observancia de los principios y derechos fundamentales, y en conformidad
con el precedente del juez constitucional y convencional.
4. ORDENAR a la Sala 12 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura
del Consejo de Estado que profiera una nueva decisión con la debida
observancia de los principios y derechos fundamentales, y en conformidad
con el precedente del juez constitucional y convencional.
5. OTORGAR a su sentencia efecto inter comunis e inter pares, con el fin
de materializar el principio de igualdad en fallos subsiguientes, propios o en
casos semejantes.
6. ORDENAR cualquier otra orden que considere el juez constitucional
pertinente en procura de la protección de los derechos fundamentales
vulnerados”.
Fundamentos de la demanda de tutela
22. La parte demandante alega la configuración de un defecto procedimental
absoluto por la incorrecta aplicación del parágrafo del artículo 1º. de la Ley 1881 de
2018. Considera que “la Sección Quinta del Consejo de Estado cometió un yerro
sustancial y procesal al dar por acreditada la cosa juzgada bajo el argumentó (sic)
de que se declaró probada la inhabilidad, cuando la decisión de la Sala 12 Especial
de Decisión del Consejo de Estado no hizo tal declaración ni en la parte
considerativa ni resolutiva de la decisión, por lo que aplicó e interpretó erróneamente
el parágrafo del artículo 1 de la Ley 1881 de 2018”.
23. Además, agrega que “si se acepta que el fallo al que hace referencia el inciso
primero del parágrafo, sin importar la decisión que adopte, hace tránsito a cosa
juzgada, tendremos que decir que el juez de nulidad debió limitarse a declarar la
cosa juzgada y estarse a lo resuelto en él; pero de ningún modo tenía la
competencia para declarar la nulidad, porque estaría juzgando dos veces por los
mismos hechos, vulnerado de esta manera el derecho fundamental al non bis in
ídem”.
24. Adicionalmente, señala que se incurrió en un defecto orgánico por la falta de
competencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, toda vez que la sentencia
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-06101-01
Accionante: Polivio Leandro Rosales Cadena
Accionado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión 6 y otros
Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
SU-326 de 2022 de la Corte Constitucional indicó que “no existe una posición
unificada, ni menos aún pacífica, en las Salas y Secciones del Consejo de Estado”,
por lo que, “para el ejercicio de las competencias del Consejo de Estado sea como
juez de pérdida de investidura o como juez electoral, le corresponde a esa
Corporación como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, en ejercicio
de las facultades de unificación de jurisprudencia, fijar la regla de unificación para
determinar la aplicación de esta disposición legal”.
25. De igual modo, aduce un defecto sustantivo, el cual tiene lugar porque
considera que la expresión “en interés de terceros”, a que se refieren los artículos
179 de la Constitución y 280 de la Ley 5ª de 1992, no se puede extender a las
“entidades públicas especiales”, reguladas por el Decreto 252 de 2020, que adicionó
el Decreto 1088 de 1993.
26. La parte accionante indica que se configura un defecto fáctico, por cuanto los
contratos firmados en los procesos de pérdida de investidura son entre dos
entidades públicas: el Instituto Departamental de Nariño e Aico por la Pacha Mama,
por lo cual se trata de dos contratos interadministrativos. A su juicio, la Aico por la
Pacha Mama no se podría considerar como un tercero. La Sección Quinta y la Sala
12 Especial de Decisión de pérdida de investidura del Consejo de Estado,
consideraron que los documentos y mensajes de datos allegados por el Instituto
Departamental de Salud de Nariño, suscritos a través de la plataforma SECOP II,
tenían valor probatorio pleno, pero que, según el actor, no existe un contrato con los
requisitos legales, tales como: que conste por escrito, que se encuentre
debidamente firmado, por lo cual no cumplió con las solemnidades del caso (arts.
39 y 41 de la Ley 80 de 1993).
27. En cuanto a los documentos electrónicos, se argumenta que la Ley 527 de
1999 establece una excepción en su aplicación: "en las advertencias escritas que,
por disposición legal, deben ir necesariamente impresas en ciertos tipos de
productos debido al riesgo que implica su comercialización, uso o consumo". Según
el actor, esta excepción se fundamenta en los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de
1993, los cuales requieren que los contratos sean escritos. Además, la Ley 527, en
su artículo 2, literal d, establece un requisito probatorio relacionado con las firmas
electrónicas y digitales, que deben ser certificadas por una entidad calificada como
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-06101-01
Accionante: Polivio Leandro Rosales Cadena
Accionado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión 6 y otros
Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. Aunque
la Ley 1150 de 2007 permite que la sustanciación de las actuaciones tenga lugar
por medios electrónicos, la plataforma SECOP II presenta limitaciones tecnológicas
y "errores de información, falta de disponibilidad de documentos y vacíos normativos
para su funcionamiento, lo cual no la hace completamente confiable para efectos
probatorios".
28. Para respaldar lo anterior, se adjunta una imagen de la certificación emitida
por Colombia Compra Eficiente sobre los registros de la entidad en las plataformas
SECOP I y SECOP II. En esta certificación se mencionan los contratos Nos.
2021000759 y 2021000755 con el Instituto Departamental de Salud de Nariño.
Según el actor, al seguir el enlace en la línea azul, se observa que respecto al
contrato No. 2021000759, aunque permite descargar el clausulado del contrato, no
se identifica al contratista. Al abrir la pestaña "ver contrato", se constata que quien
aprueba el contrato es el Taita Gilberto Buenaventura Tapie, "actual representante
legal de Aico por la Pacha Mama" y no el Taita Polivio. Respecto al contrato No.
2021000755, no está disponible el enlace para "descargar contrato". Aunque está
disponible la pestaña "ver contrato", al ingresar no se encuentra disponible el
contrato.
29. Agrega que se configura una violación constitucional por desconocimiento
del enfoque étnico y de la excepción de inconstitucionalidad por no tener en cuenta
“los derechos y principios de valor étnico, particularmente las garantías sustantivas
y hermenéuticas, como la interpretación conforme (constitucional y convencional);
el principio pro persona; el principio de ponderación; el control de convencionalidad
y la excepción de inconstitucionalidad y contraconvencionalidad”.
Trámite en primera instancia
30. Por medio de auto del 11 de octubre de 2023, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado admitió la tutela de la referencia y ordenó notificar a las autoridades
judiciales demandadas, así como a los señores Richard Humberto Fuelantala
Delgado y María Angélica Vargas, como terceros interesados en las resultas del
proceso. Asimismo, se notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-06101-01
Accionante: Polivio Leandro Rosales Cadena
Accionado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión 6 y otros
Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del
Proceso.
31. El 13 de diciembre de 2023 las consejeras Myriam Stella Gutiérrez Argüello
y Stella Jeannette Carvajal Basto y el consejero Milton Chaves García manifestaron
encontrarse incursos en la causal de impedimento contemplada en la causal 6 del
artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, por cuanto suscribieron las
sentencias de 22 de febrero y 28 de noviembre de 20232.
32. A través de auto del 12 de febrero de 2024, el conjuez Juan de Dios Bravo
González declaró fundado el impedimento manifestado y avocó conocimiento de la
acción de tutela junto con los conjueces Julio Fernando Álvarez Rodríguez,
Eleonora Lozano Rodríguez y Juan Camilo Serrado Valenzuela.
Intervenciones
33. La Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio del consejero Pedro
Pablo Vanegas Gil solicitó que se declare improcedente la acción de tutela de la
referencia por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. Considera
que lo que pretende el accionante es controvertir el análisis efectuado por la
autoridad judicial accionada en relación con disposiciones legales como el artículo
1°. de la Ley 1881 de 2918 y los artículos 39 y 40 de la Ley 80 de 1993, sin que se
advierta que las censuras formuladas en la solicitud de amparo trasciendan de
manera alguna al propio contenido y alcance que ha definido la jurisprudencia
contencioso administrativa respecto de tales normas.
34. En igual sentido manifestó que no se cumple con el requisito de
subsidiariedad por cuanto la consecuencia anulatoria que censura el demandante
deviene de la aplicación del inciso primero del parágrafo del artículo 1°. de la Ley
1881 de 2018, la cual se hizo posible únicamente en atención al hecho de que la
sentencia del 7 de julio de 2023 adquirió fuerza ejecutoria como consecuencia de
que la defensa del señor Rosales Cadena optó por no interponer el recurso de
2 Como integrantes de la Sala 6 Especial de Decisión -Myriam Stella Gutiérrez Argüello- y de la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo -Stella Jeannette Carvajal Basto y Milton Chaves García-, suscribieron las
sentencias de 22 de febrero y 28 de noviembre de 2023, respectivamente.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-06101-01
Accionante: Polivio Leandro Rosales Cadena
Accionado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión 6 y otros
Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
apelación contra dicha decisión, posibilidad contemplada por el artículo 14 de la Ley
1881 de 2018.
35. La Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado, por conducto
del consejero Fredy Ibarra Martínez, solicitó que declare improcedente la acción de
tutela de la referencia por no cumplir con los requisitos de relevancia constitucional
y subsidiariedad, debido a que se pretende, “caprichosamente”, crear una tercera
instancia frente a una sentencia que hizo un correcto análisis fáctico, probatorio y
jurídico ya que la providencia fue sustentada en derecho y con base en los medios
de prueba valorados de manera conjunta y racional.
La sentencia de primera instancia
36. La Sala de Conjueces de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, a través
de sentencia del 22 de marzo de 2024, negó las pretensiones de la acción de tutela
por no advertir vulneración alguna de derechos fundamentales.
37. Manifestó que en sentencia del 7 de julio de 2023 la Sala Especial 12 de
Decisión de Pérdida de Investidura determinó que, mediante decisión del 22 de
febrero de 2023 la Sala Especial 6ª de Decisión de Pérdida de Investidura, en
relación con el contrato 2021000755, negó la petición de pérdida de investidura del
senador Polivio Leandro Rosales Cadena, ya que consideró que no se presentaba
o, que no se logró demostrar, el elemento subjetivo de la inhabilidad consagrada en
el numeral 3º del artículo 179 de la C.P. Sin embargo, la Sala Especial 6ª de
Decisión de Pérdida de Investidura, si encontró que estaba acreditado el elemento
objetivo, a que se refiere en el numeral 3º del artículo 179 de la C.P., el cual se
presentó por la simple suscripción del contrato 2021000755.
38. Señaló que las Salas de Decisión Especial y de la Sala Plena del Consejo de
Estado eran competentes para conocer del proceso de pérdida de investidura en
primera instancia y en segunda instancia, respectivamente, razón por la cual no le
asiste razón al accionante al alegar un defecto orgánico. Asimismo, la Sección
Quinta del Consejo de Estado también era competente para conocer del proceso de
nulidad electoral, de acuerdo con lo señalado en el CPACA.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-06101-01
Accionante: Polivio Leandro Rosales Cadena
Accionado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión 6 y otros
Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
39. De igual modo, expuso que las decisiones adoptadas en la sentencia del 7
de julio de 2023 de la Sala 12 de Decisión Especial y la adoptada el 28 de noviembre
de 2023, no son incongruentes, por cuanto en ambos fallos, dentro del proceso de
pérdida de investidura, coinciden en afirmar que no se presentó la ocurrencia del
elemento subjetivo de la causal de inhabilidad, “con lo cual en ambas providencias
se negó la solicitud de pérdida de investidura”.
40. Finalmente, indicó que si bien es cierto que la Corte Constitucional en
sentencia T-188 de 2015, en la cual reconoce la protección constitucional a las
comunidades indígenas y la autodeterminación de dichas comunidades, basándose
en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales – Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, dice que esa
autonomía tiene que ver con la organización de sus cabildos y de gobierno de las
comunidades, “ello no implica que cuando un miembro de estas comunidades se
inscribe a una elección para el Congreso de la República, deba tener unas normas
propias sobre inhabilidades o, una interpretación más favorable de ellas, pues esas
inhabilidades están establecidas con la finalidad de darle transparencia a los
miembros del Congreso frente al país en general y, con el fin de que unos
candidatos no tengan una ventaja mayor que los otros que se presentan a la
elección”.
Trámite en segunda instancia.
41. Contra la decisión precitada la parte accionante presentó impugnación
mediante escrito en el cual reiteró los argumentos expuestos en la demanda de
tutela.
42. Mediante auto de 20 de junio de 2024, el consejero sustanciador de esta
decisión declaró fundado el impedimento manifestado por los magistrados José
Roberto Sáchica Méndez y María Adriana Marín, con fundamento en la causal
prevista en el artículo 56.6 de la Ley 906 de 20043. Por consiguiente, se ordenó a la
3 “11. Analizadas las razones que justifican el impedimento de los consejeros, el despacho concluye
que la causal prevista en el artículo 56.6 de la Ley 906 de 2004 referente a “que el funcionario haya
dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso” tiene
fundamentos constatables. Esto obedece a que las pruebas anexas a la demanda de tutela revelan
la participación de los consejeros María Adriana Marín y José Roberto Sáchica Méndez en la
discusión y aprobación de la sentencia del 28 de noviembre de 2023, proferida por la Sala Plena de
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-06101-01
Accionante: Polivio Leandro Rosales Cadena
Accionado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión 6 y otros
Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
Secretaría que procediera al respectivo sorteo de conjueces para que integren la
Sala de Decisión encargada de proferir la presente providencia.
43. En cumplimiento de lo ordenado, la Secretaría ordenó el sorteo respectivo y
fueron designados los doctores Gonzalo Suárez Beltrán y Fabricio Mantilla
Espinosa, según acta que obra en el índice 12 de Samai.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
44. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en la
presente acción por cuanto no se cumple con los requisitos de relevancia
constitucional y subsidiariedad.
45. La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia
constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de competencia
del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos fundamentales e c)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces4.
46. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para
establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional
es necesario examinar dos elementos, a saber5:
47. i) Que el actor cumpla su carga argumentativa de justificar suficientemente la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues no basta
aducir la vulneración de estos derechos y ii) que la tutela no constituya una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, dado
que este mecanismo especial constitucional está constituido para proteger derechos
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que el demandante considera violatoria de sus
derechos fundamentales. 12. De conformidad con lo anterior, es claro que los mencionados
funcionarios participaron en el proceso y suscribieron una de las providencias cuestionadas dentro
del trámite de la acción de tutela, por lo que se declarará fundado el impedimento en cuestión y, por
tanto, se les separará del conocimiento del presente asunto.”
4 Sentencia T–422 de 2018.
5 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-06101-01
Accionante: Polivio Leandro Rosales Cadena
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Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
fundamentales y no discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión
judicial.
48. Revisada la demanda, se evidencia que el señor Polivio Leandro Rosales
Cadena acudió a la acción de tutela con el propósito de que se estudie nuevamente
diversas temáticas propias del proceso de nulidad electoral, como son (i) la presunta
falta de uniformidad en la interpretación del párrafo del artículo 1 de la Ley 1881 de
2018 dentro del Consejo de Estado, (ii) el enfoque étnico para proteger los derechos
de los pueblos indígenas, (iii) la supuesta indebida aplicación de la cosa juzgada,
(iv) la presunta valoración inadecuada del Consejo de Estado sobre contratos
interadministrativos basada únicamente en el SECOP, y (v) un defecto sustantivo
relacionado con la interpretación de la expresión "en interés de terceros".
49. La Sala constata que, en la sentencia de 28 de septiembre de 2023, la
Sección Quinta de esta Corporación abordó en primer término el estudio de la cosa
juzgada, la garantía del principio del non bis in ídem de que trata el artículo 1 de la
Ley 1881 de 2018, en el sentido de indicar dichos principios aseguran la estabilidad
y certeza en las decisiones judiciales, impidiendo que un mismo asunto sea juzgado
dos veces.
50. La sentencia destacó que, aunque el principio non bis in idem se aplica
típicamente en procesos sancionatorios como la pérdida de investidura, también se
extiende al medio de control de nulidad electoral para evitar decisiones
contradictorias sobre los mismos hechos y normas. Indicó que el parágrafo del
artículo 1° de la Ley 1881 de 2018 establece que, en casos donde una conducta da
lugar tanto a una acción electoral como a una pérdida de investidura, la primera
decisión hace tránsito a cosa juzgada sobre la otra en todos los aspectos juzgados,
salvo en la culpabilidad del congresista, que es exclusiva del proceso de pérdida de
investidura.
51. Con fundamento en lo anterior, la Sección Quinta abordó en segundo lugar
la aplicación del parágrafo del artículo 1 de la Ley 1881 de 2018, de cara al caso
concreto en los siguientes términos:
“(…)
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-06101-01
Accionante: Polivio Leandro Rosales Cadena
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Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
54. Conforme con la exposición antes efectuada, la Sala encuentra que
debe darse aplicación oficiosa a la institución de la cosa juzgada, en
acatamiento de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 1 de la Ley 1881 de
2018, por cuanto, ante esta corporación, se han tramitado dos procesos de
pérdida de investidura contra el senador Polivio Leandro Rosales Cadena,
con fundamento en el presunto desconocimiento de la inhabilidad
contemplada en el artículo 179.3 constitucional, basado en la suscripción de
los contratos estatales referidos en la fijación del litigio efectuada en este
proceso, circunstancias que denotan plena identidad para proceder a
declarar como probada dicha figura.
55. El primero de ellos, identificado con el número de radicación 11001-
03-15-0002022-05556-01 fue iniciado por solicitud de Víctor Velázquez
Reyes quien únicamente adujo la procedibilidad de la desinvestidura como
consecuencia de la suscripción por parte del accionado, en representación
de la ESAL AICO por la Pacha Mama, del contrato 2021000755 del 13 de
septiembre de 2021 con el Instituto Departamental de Salud de Nariño.
56. El proceso fue conocido en primera instancia por la Sala Especial
Sexta de Decisión de Pérdida de Investidura, que, en sentencia del 22 de
febrero de 2023, decidió negar la sanción solicitada, por considerar que, aun
cuando se configuró el elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura del artículo 183.1 superior, esto es, la violación del régimen de
inhabilidades dispuesto para los congresistas, no se acreditó la presencia
de dolo o culpa grave en la conducta del senador Rosales Cadena. Esta
decisión fue objeto del recurso de apelación por parte del accionante, sin
que a la fecha se haya emitido una sentencia que resuelva dicha alzada por
parte de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
57. En el proceso 11001-03-15-000-2023-01743-00, iniciado por María
Angélica Vargas, se solicitó la declaratoria de pérdida de la investidura
contra el aquí demandado, con sustento en las mismas disposiciones
constitucionales reseñadas en el proceso antes mencionado, como
consecuencia de la suscripción por parte del accionado de los contratos
2021000755 y 2021000759, en su condición de representante legal de AICO
por la Pacha Mama.
58. Dicho expediente fue sometido al conocimiento de la Sala Especial
Decimosegunda de Decisión de Pérdida de Investidura. En sentencia del 7
de julio de 2023 se determinó que «mediante sentencia del 22 de febrero de
2023, la Sala 6 Especial de Decisión de esta Corporación negó la solicitud
de pérdida de investidura formulada por el ciudadano Víctor Velásquez
Reyes en contra del Senador de la República Polivio Leandro Rosales
Cadena» y que, aunque tal decisión no había hecho tránsito a cosa juzgada
por haber sido apelada, debía declararse probada la excepción de non bis
in idem solamente respecto del cargo correspondiente a la firma del contrato
2021000755, único analizado en dicha providencia. Lo anterior, con sustento
en las siguientes consideraciones:
… [L]a Sala declarará probada la excepción de non bis in idem, por cuanto
la Sala Seis Especial de Decisión ya se pronunció sobre los mismos hechos
respecto de la celebración del referido contrato no. 2021000755 el 15 de
septiembre de 2021, con independencia de que formalmente la parte actora
en los dos procesos sea distinta, pues, esa circunstancia es irrelevante
tratándose de acciones públicas en las que los demandantes intervienen en
procura del interés general y en representación de la colectividad.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-06101-01
Accionante: Polivio Leandro Rosales Cadena
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Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
En síntesis, el proceso de pérdida de investidura es de naturaleza
jurisdiccional punitiva o sancionatoria, circunstancia por la cual no es posible
juzgar y ni siquiera procesar dos veces al congresista con fundamento en
los mismos hechos o motivos.
Como en este caso concreto los hechos y las razones aducidos como
fundamento de esta otra demanda son idénticos a los invocados en el
mencionado expediente no. 11001-03-15-000-2022-05556-00 en relación
con el contrato estatal no. 2021000755, la Sala declarará probada la
excepción propia y autónoma del derecho punitivo y de los procesos de esta
naturaleza, consistente en la garantía constitucional del non bis in idem, es
decir, el derecho constitucional, convencional y fundamental a no ser
procesado más de una vez por los mismos hechos.
59. Por lo expuesto, la decisión centró el análisis de fondo de la solicitud
de desinvestidura en lo relativo a la suscripción del contrato 2021000759, en
relación con lo cual se indicó lo que sigue:
… [L]a Sala encuentra acreditado el elemento material, final y temporal de
la causal de inhabilidad contenida en el numeral 3 del artículo 179 de la
Constitución Política, por las siguientes razones:
a) En primer lugar, el demandado intervino en la gestión y celebración
del contrato estatal no. 2021000759 con el Instituto Departamental de Salud
de Nariño (IDSN), por lo cual se configuró el verbo rector de la causal
esgrimida con la demanda que dio origen a este proceso, esto es, haber
celebrado contratos estatales (ratione materiae).
b) En segundo término, el demandado buscaba o perseguía una
finalidad económica en beneficio de la entidad que representaba,
consistente en el pago del valor del contrato en favor de un tercero, en este
caso concreto, una entidad sin ánimo de lucro registrada en la ciudad de
Pasto, denominada Autoridades Indígenas de Colombia (Aico) por la Pacha
Mama (índice 11 SAMAI), por lo cual quedó demostrado el interés
económico que se procuraba y, por ende, no es válido sostener que el
contrato estatal suscrito tenía por finalidad satisfacer un interés general,
pues, no cabe duda alguna que se celebró a título oneroso y la ESAL se
comprometía a una serie de obligaciones para obtener una remuneración o
contraprestación.
(…)
c) Por último, el demandado celebró el mencionado contrato estatal de
prestación de servicios dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de
su elección como Senador del Congreso de la República, por lo cual se
configuró el elemento temporal (ratione temporis) de la causal; en efecto, se
reitera, el negocio jurídico se suscribió el 15 de septiembre de 2021 y las
elecciones de Congreso de la República se llevaron a cabo el 13 de marzo
de 2022.
Así las cosas, la Sala encuentra acreditado el elemento objetivo de la
causal de pérdida de investidura debido a que se dan los presupuestos
para la configuración de la inhabilidad contenida en el numeral 3 del
artículo 179 de la Constitución Política. (Resaltado propio).
60. No obstante, se denegó el decreto de la sanción pretendida, por
cuanto no se consideró acreditada la configuración del elemento subjetivo
exigido para el efecto, bajo el siguiente razonamiento:
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-06101-01
Accionante: Polivio Leandro Rosales Cadena
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Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
Para la Sala no es posible dar por acreditado el elemento doloso o,
subsidiariamente, como se propuso en la demanda, gravemente culposo de
la causal de pérdida de investidura, más aún si se tiene en cuenta que solo
hasta el 2 de diciembre de 2021 el demandado formalizó su candidatura al
Congreso de la República, dado que en esa fecha se sometió a votación su
aspiración electoral, pues, en calidad de Gobernador del Resguardo
Indígena San Juan puso su nombre a consideración ante el Movimiento de
Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) para ser candidato y ese
movimiento lo eligió junto a las siguientes personas: Polivio Leandro Rosales
(pueblo Pasto), Richard Fuelantala (pueblo Pasto) y Faifer Sierra (pueblo
Wayuu) (índice 11 SAMAI).
Como se advierte, para la Sala no está demostrado o plenamente probado
si al demandado se le podía exigir otro comportamiento, porque su
candidatura solo se materializó hasta el 2 de diciembre de 2021, huelga
decir, cuatro (4) meses después de haber celebrado el contrato no.
2021000759, por lo cual no constituye un hecho cierto e indiscutible que el
señor Polivio Leandro Rosales Cadena pretendía beneficiarse
electoralmente con la celebración del referido negocio jurídico, circunstancia
frente a la cual, por el hecho de no existir prueba plena, idónea y fehaciente
acerca de la culpabilidad que le pudiera asistir al Senador demandado,
jurídicamente no es posible imputarle y hacerle efectiva una responsabilidad
a dicho congresista por los hechos a él endilgados, pues, se trata de un
proceso de carácter punitivo que, por su naturaleza y contenido exigen,
indefectiblemente, plena prueba respecto de la culpabilidad del demandado,
pero, en este caso concreto no hay prueba del dolo o de la culpa grave que
pudiera afectar la conducta realizada por el demandado.
Adicionalmente, no quedó establecido que al congresista demandado le era
exigible otro comportamiento en virtud, por ejemplo, de sus conocimientos
profesionales, sus estudios, el ejercicio previo de otros cargos públicos de
elección popular con anterioridad al de congresista, entre otros aspectos.
61. La decisión judicial en comento fue notificada el 1 de agosto de 2023
y no fue objeto de recurso alguno por los actuantes en dicho plenario, como
puede evidenciarse de las actuaciones registradas en la plataforma SAMAI.
Así, la decisión adquirió fuerza ejecutoria el 22 de agosto de 2023.
62. Así, la existencia de una decisión jurisdiccional que declaró probada
la incursión del demandado en el evento inhabilitante de suscripción de
contratos con entidades estatales allí previsto, como consecuencia de la
firma del contrato 2021000759, impide a la Sala pronunciarse nuevamente
sobre el particular, en atención a lo normado por el parágrafo del artículo 1
de la Ley 1881 de 2018, puntualmente, en lo atinente a la garantía del non
bis in idem.
63. Tal pronunciamiento, que se encuentra en firme, establece que se
acreditó la suficiencia de dicha circunstancia para configurar la inhabilidad
prevista en la norma constitucional invocada en la demanda y zanjó con
efectos de cosa juzgada cualquier controversia sobre tal particular. Aun
cuando en dicho proceso no se decretó la pérdida de investidura solicitada
por no haberse acreditado la presencia del ingrediente subjetivo exigido para
el efecto, debe advertirse que, de conformidad con la disposición legal
mencionada, es el aspecto objetivo correspondiente a la presencia de dicho
evento inhabilitante el único que debe tomarse en consideración para
efectos de resolver la pretensión de nulidad electoral en cuestión.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-06101-01
Accionante: Polivio Leandro Rosales Cadena
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Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
64. Así las cosas, se declarará probada de oficio la existencia de cosa
juzgada, en los términos del parágrafo del artículo 1 de la Ley 1881 de 2018,
en relación con la configuración de la inhabilidad del artículo 179.3 superior,
como consecuencia de la suscripción del contrato 2021000759 por parte del
demandado, en representación de la ESAL AICO por la Pacha Mama,
conforme lo señalado en la sentencia del 7 de julio de 2023, emitida por la
Sala Especial Decimosegunda de Decisión de Pérdida de Investidura dentro
del proceso 11001-03-15-000-202301743-00.
65. Dado que lo anterior se enmarca en la causal contemplada en el
artículo 275.5 del CPACA, la Sala encuentra que tal circunstancia es
suficiente para declarar la nulidad del acto demandado. No obstante, esta
Sección advierte que subsiste la posibilidad de estudiar la configuración de
la inhabilidad del artículo 179.3 superior por: i) la celebración del contrato
2021000755 (habida cuenta de que la sentencia del 22 de febrero de 2023
fue apelada y que la del 7 de julio de 2023 no se pronunció de fondo sobre
el particular; y ii) por las gestiones de negocios que se le endilgan al
accionado, por lo que se procederá a decidir sobre tales aspectos.”
52. De acuerdo con lo expuesto, la Sección Quinta analizó la aplicación de la
cosa juzgada debido a la identidad de hechos en dos procesos previos. En el
primero, se negó la pretensión por falta de dolo o culpa grave. En el segundo, se
declaró probada la inhabilidad por la suscripción de un contrato específico, pero se
denegó la sanción nuevamente por falta de prueba del elemento subjetivo requerido.
Pese a ello, estimó que es el aspecto objetivo correspondiente a la presencia de
dicho evento inhabilitante el único que debe tomarse en consideración para efectos
de resolver la pretensión de nulidad electoral en cuestión.
53. Enseguida, la Sección Quinta abordó el estudio de la causal prevista en el
artículo 179.3 de la Constitución, distinguiendo dos situaciones: la gestión de
negocios y la celebración de contratos, ambas dentro de seis meses antes de la
elección y en la misma circunscripción electoral.
54. La sentencia objeto de tutela destacó que la gestión de negocios implica
realizar trámites ante entidades públicas para obtener beneficios propios o para
terceros, sin necesidad de que estos beneficios se materialicen. Por otro lado, la
celebración de contratos implica la firma de contratos con entidades estatales que
busquen beneficios económicos, ya sea patrimoniales o extrapatrimoniales.
55. En el caso específico del senador Polivio Leandro Rosales Cadena, a quien
se le endilgó la suscripción de contratos en representación de una entidad sin ánimo
de lucro, AICO por la Pacha Mama con el Instituto Departamental de Salud de
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-06101-01
Accionante: Polivio Leandro Rosales Cadena
Accionado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión 6 y otros
Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
Nariño, la Sección Quinta del Consejo de Estado concluyó que el senador
efectivamente suscribió dicho contrato dentro del período de seis meses previos a
su elección como senador, demostrando así la configuración de la inhabilidad
establecida en la Constitución:
72. En el presente caso, la parte accionante indica que el demandado,
en su calidad de integrante de la Mesa Regional para el Desarrollo de los
pueblos Pastos y Quillacingas, contaba con la facultad de concertar y
gestionar recursos públicos en beneficio de terceros conforme lo establecen
los Decretos 1397 de 1996 y 2194 de 2013, ejercicio dentro del cual habría
efectuado gestiones negociales ante la Agencia de Desarrollo Rural, con
miras al desarrollo de proyectos piscícolas.
73. Al respecto, debe advertirse que en el material probatorio recaudado
en el expediente no existe ningún elemento de convicción que brinde soporte
a lo señalado por la parte demandante sobre el particular.
74. En efecto, en atención a lo solicitado por dicho extremo procesal se
ofició al Ministerio del Interior con el objeto de que se allegaran al expediente
las actas de las reuniones en que, se afirmó, habría participado el accionado
para los fines antes descritos.
75. Sin embargo, de las actas correspondientes a las sesiones números
XXII y XXXIII celebradas por el mencionado mecanismo de concertación,
remitidas por la mencionada entidad e incorporadas al proceso, se advierte
la participación de varios representantes de comunidades indígenas y de
organismos de la Rama Ejecutiva del poder público, sin que entre ellos se
encuentre el señor Polivio Leandro Rosales Cadena.
76. Por tanto, no existe prueba de la existencia de ninguna gestión
negocial que pudiera configurar la inhabilidad en comento.
6.2. De la celebración del contrato 2021000755 con el Instituto
Departamental de Salud de Nariño
77. Previo a abordar este aspecto, la Sala recuerda que la decisión
adoptada por la Sala Sexta Especial de Decisión el 22 de febrero de 2023
no ha hecho tránsito a cosa juzgada, por haber sido impugnada, y que la
sentencia del 7 de julio de 2023, emitida por la Sala Decimosegunda
Especial de Decisión declaró probada la excepción de non bis in idem en
relación con el contrato que se procede a estudiar, lo cual implica
únicamente que dicha Sala consideró improcedente estudiar en dos
procesos diferentes de pérdida de investidura una misma pretensión,
sustentada en hechos y normas idénticas en ambas solicitudes.
78. De tal modo, no se ha presentado el evento contemplado en el
parágrafo del artículo 1 de la Ley 1881 de 2018, pues no existe una
sentencia en firme que se haya pronunciado de fondo sobre la configuración
de la inhabilidad del artículo 179.3 superior por la suscripción del contrato
2021000755. Así las cosas, no ha sido proferida alguna decisión que haya
hecho tránsito a cosa juzgada sobre el particular.
79. En relación con la prueba del contrato en mención, contrario a lo
indicado por la parte accionada, la Sala encuentra que a los elementos
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Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
probatorios (incluyendo documentos y mensajes de datos) provenientes de
la plataforma SECOP II se les ha reconocido valor probatorio, como ocurrió
en la sentencia del 7 de julio de 2023 emitida por la Sala Decimosegunda
Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, previamente referida, sin
que la defensa del aquí accionado impugnase de manera alguna lo allí
indicado.
77. Así, se advierte que la Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente, aportó un oficio que contiene un enlace que
remite a la información correspondiente al contrato 2021000755, como se
aprecia a continuación:
78. Al ingresar a la información correspondiente a dicho contrato se
encuentran los siguientes datos:
79. En relación con las partes suscriptoras del contrato, se aprecia lo que
sigue:
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-06101-01
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80. Acerca de las personas que representaron a las partes para la
suscripción del contrato se incorpora la siguiente información:
81. Como puede advertirse de lo antes indicado, se acreditó en debida
forma el elemento material de la inhabilidad estudiada, toda vez que se
probó que el accionado, en representación de AICO por la Pacha Mama,
suscribió un contrato de prestación de servicios con el Instituto
Departamental de Nariño.
82. De igual forma, se tiene por satisfecho el elemento temporal
contenido en el artículo 179.3 superior, dado que en la plataforma se aprecia
que la aprobación del contrato por parte del señor Rosales Cadena se
produjo el 15 de septiembre de 2021, es decir, con menos de seis meses de
antelación al 13 de marzo de 2022, fecha en que fue elegido senador.
83. En relación con el elemento espacial, la Sala considera pertinente
recordar que el inciso segundo del parágrafo del artículo 179 superior,
dispone que «[p]ara los fines de este artículo se considera que la
circunscripción nacional coincide con cada una de las territoriales». Por
tanto, al haberse suscrito el contrato en mención con una institución del
departamento de Nariño y a que su ejecución debería producirse en dicho
territorio seccional, se considera acreditado este elemento configurador.
84. Finalmente, en relación con el elemento subjetivo o modal, relativo
a que la suscripción del contrato comporte un beneficio propio o para
terceros, debe traerse a colación lo indicado en la mencionada sentencia del
7 de julio de 2023, emitida por la Sala Especial Decimosegunda Especial de
Decisión de Pérdida de Investidura, en la que se indicó lo siguiente:
… [E]l demandado buscaba o perseguía una finalidad económica en
beneficio de la entidad que representaba, consistente en el pago del valor
del contrato en favor de un tercero, en este caso concreto, una entidad sin
ánimo de lucro registrada en la ciudad de Pasto, denominada Autoridades
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Indígenas de Colombia (Aico) por la Pacha Mama (…), por lo cual quedó
demostrado el interés económico que se procuraba y, por ende, no es válido
sostener que el contrato estatal suscrito tenía por finalidad satisfacer un
interés general, pues, no cabe duda alguna que se celebró a título oneroso
y la ESAL se comprometía a una serie de obligaciones para obtener una
remuneración o contraprestación.
En este punto es importante recordar que todos los contratos estatales
tienen por objeto o finalidad la satisfacción del interés general, de allí que el
hecho de que los beneficiarios finales del contrato fueran los pueblos
indígenas de las comunidades “Pastos” y “Quillacingas” no tiene la
virtualidad de enervar la inhabilidad constitucional (ratione causae) que se
analiza en este caso.
Por consiguiente, está demostrado el elemento final de la inhabilidad, es
decir, que el contrato reportara un beneficio en interés propio o de terceros,
en este caso la entidad sin ánimo de lucro que representaba legalmente el
demandado que se analiza en este caso.
88. Aun cuando tales consideraciones fueron expuestas en relación con
el contrato 2021000759, estas pueden transmitirse íntegramente al contrato
2021000755 habida cuenta de que ambos instrumentos fueron suscritos por
las mismas partes, en condiciones y con objetos similares. Por tanto, la Sala
encuentra reunido el elemento subjetivo de la inhabilidad estudiada.
89. Así las cosas, esta Sección encuentra acreditados en su integridad
los elementos requeridos para la configuración de la inhabilidad
contemplada en el artículo 179.3 superior, por la suscripción del contrato
2021000755 por el senador Polivio Leandro Rosales Cadena, en
representación de la ESAL AICO por la Pacha Mama, con el Instituto
Departamental de Salud de Nariño, motivo que también constituye
fundamento para la declaratoria de nulidad del acto electoral cuestionado.”
56. En esas condiciones, la Sala estima que la acción de tutela formulada por el
actor está encaminada a que se continúe con el debate normativo y probatorio
propuesto en el seno del proceso electoral, lo cual escapa de la órbita de
intervención del juez constitucional, toda vez que la decisión acusada se sustenta
en los principios de autonomía judicial y seguridad jurídica.
57. En efecto, de acuerdo con lo expuesto, es claro que lo pretendido por la parte
accionante es que se realice un nuevo estudio de lo que ya fue definido válida y
razonablemente por el juez natural de la causa, lo que conlleva a la improcedencia
de la acción de tutela de la referencia por el incumplimiento del requisito
mencionado. Más aún, si se tiene en cuenta que el asunto de la inhabilidad del
accionante fue discutido en los contextos procesales correspondientes, siendo la
acción de tutela una instancia adicional a todas luces improcedente.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-06101-01
Accionante: Polivio Leandro Rosales Cadena
Accionado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión 6 y otros
Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
58. De igual modo, tampoco se advierte que se cumpla con el requisito de
subsidiariedad, toda vez que la declaración de oficio de la existencia de la cosa
juzgada tuvo lugar porque contra la sentencia del 7 de julio de 2023, proferida por
la Sala 12 Especial de Decisión del Consejo de Estado, no se presentó recurso de
apelación, el cual era procedente de acuerdo con los términos del artículo 14 de la
Ley 1881 de 2018.
59. En igual sentido, contra las decisiones acusadas en la presente acción
también procede el recurso extraordinario de revisión contemplado en el artículo 19
de la citada norma, el cual dispone:
“ARTÍCULO 19. Son susceptibles del recurso extraordinario especial de
revisión, interpuesto dentro de los dos (2) años siguientes a su ejecutoria,
las sentencias mediante las cuales haya sido levantada la investidura de un
parlamentario, por las causales establecidas en el artículo 250 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
60. Respecto al supuesto defecto fáctico, esta Subsección estima que las
censuras efectuadas por el actor no ponen en evidencia que en el proceso electoral
la Sección Quinta haya omitido el decreto y la práctica de las pruebas; no valoraran
el acervo probatorio en su totalidad o desconocieran las reglas de la sana crítica.
Más allá que se comparta o no el criterio expuesto en la sentencia atacada por
tutela, lo cierto es que las reflexiones allí vertidas no son equívocas o que se funden
en elementos probatorios no aptos.
61. Finalmente, respecto al enfoque étnico que debía observarse para resolver
la nulidad electoral, la Sala no encuentra que se hayan brindado razones de índole
constitucional que permitan colegir algún tratamiento diferenciado sobre las
causales de inhabilidad para ser elegido en el Congreso de la República o, una
interpretación más favorable de ellas, pues dichas causales están establecidas con
la finalidad de brindar transparencia y legitimidad a los miembros del Congreso
frente al país en general y, con el fin de que unos candidatos no tengan una ventaja
mayor que los otros que se presentan a la elección.
62. En este orden de ideas, para esta Sala no se cumplen con los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, por
lo que se revocará la sentencia del 22 de marzo de 2024, proferida por la Sala de
Conjueces de la Sección Cuarta del Consejo de Estado que negó las pretensiones
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-06101-01
Accionante: Polivio Leandro Rosales Cadena
Accionado: Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión 6 y otros
Referencia: Acción de tutela (Impugnación)
de la demanda y, en su lugar, se declarará improcedente la acción de tutela de la
referencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 22 de marzo de 2024, proferida por la Sala
de Conjueces de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que negó las
pretensiones de la demanda, y en su lugar:
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Polivio Leandro Rosales Cadena presentó en contra de la Sala Plena, la
Sección Quinta y la Sala 12 Especial de Decisión del Consejo de Estado.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
CUARTO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FABRICIO MANTILLA ESPINOSA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Conjuez
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
GONZALO SUÁREZ BELTRÁN
Conjuez
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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