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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00273-00

Fecha
28 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
9 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00273-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLARAR probada de oficio la existencia de cosa juzgada, en los términos del parágrafo del artículo 1 de la Ley 1881 de 2018, en relación con la configuración de la inhabilidad del artículo 179.3 superior, como consecuencia de la suscripción del contrato 2021000759 por parte del demandado, en representación de la ESAL AICO por la Pacha Mama, conforme lo señalado en la sentencia del 7 de julio de 2023, emitida por la Sala Especial Decimosegunda de Decisión de Pérdida de Investidura dentro del proceso 11001-03-15-000-2023- 01743-00. SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de la Resolución E-3332 de 2022 y el formato E26 SEN, en lo que tiene que ver con la elección de Polivio Leandro Rosales Cadena como senador de la República para el periodo constitucional 2022-2026. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Richard Humberto Fuelantala Demandado: Polivio Leandro Rosales Cadena senador de la República 2022-2026 Rad: 11001-03-28-000-2022-00273-00 TERCERO. ADVERTIR a las partes que contra la presente decisión no proceden recursos.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2022-00273-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

28 de septiembre de 2023

Demandante: Richard Humberto Fuelantala
Demandado: Polivio Leandro Rosales Cadena
senador de la República 2022-2026
Rad: 11001-03-28-000-2022-00273-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00273-00
Demandante: RICHARD HUMBERTO FUELANTALA DELGADO
Demandado: POLIVIO LEANDRO ROSALES CADENA – senador de la
República para el periodo 2022-2026

Temas: Cosa juzgada, parágrafo del artículo 1 de la Ley 1881 de 2018.
Inhabilidad del artículo 179.3 de la Constitución Política –
celebración de contratos con entidades públicas.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la demanda de nulidad electoral presentada contra la
Resolución E-3332 de 19 de julio de 2022 y el formato E26 SEN, en lo que tiene
que ver con la elección de Polivio Leandro Rosales Cadena como senador de la
República para el periodo constitucional 2022-2026.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda1

1. Richard Humberto Fuelantala Delgado, por conducto de apoderado2, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, con el objeto de
que se accediera a las siguientes pretensiones.

3.1 Que se declare la nulidad parcial de parcial de la Resolución Nº E – 3332 de
2022 del 19 de julio de 2022 a través del cual se declaró elegido al señor POLIVIO
LEANDRO ROSALES, avalado por el Movimiento de Autoridades Indígenas
(AICO).

3.2. Que una vez declarada la nulidad de la elección del señor POLIVIO
LEANDRO ROSALES como senador de la República por la circunscripción
especial indígena avalado por el Movimiento de Autoridades Indígenas (AICO) se
ordene la cancelación de la credencial del senador del ciudadano POLIVIO
LEANDRO ROSALES. [sic a toda la cita].

1 Índice SAMAI 3.
2 En el expediente obra poder conferido por el demandante al abogado Hollman Ibáñez Parra,
identificado con cédula de ciudadanía 79.622.303 y tarjeta profesional 126.521, expedida por el
Consejo Superior de la Judicatura.

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Demandante: Richard Humberto Fuelantala
Demandado: Polivio Leandro Rosales Cadena
senador de la República 2022-2026
Rad: 11001-03-28-000-2022-00273-00

1.1. Fundamentos fácticos

2. La parte accionante afirmó que, en calidad de representante legal de la entidad
sin ánimo de lucro3 “Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama”, el
accionado suscribió el 13 de septiembre de 2021 los contratos interadministrativos
2021000755 y 2021000759 con el Instituto Departamental de Salud de Nariño
(Subdirección de Salud Pública), cuyo plazo de ejecución fue hasta el 31 de
diciembre de 2021, para ambos.

3. Así mismo, indicó que el demandado, dentro de los seis meses previos a su
elección como senador «formó parte de la mesa regional indígena “Pastos y
Quillacingas” con voz y voto» y que en ejercicio «de esa vocería contaba con la
facultad de concertar y gestionar recursos públicos en beneficio de terceros
conforme lo establecen los Decretos 1397 de 1996 y 2194 de 2013».

4. Además adujo que, en virtud de la representación descrita anteriormente,
«gestionó y suscribió convenios con la Agencia de Desarrollo Rural […] para
adelantar proyectos de piscicultura y mujeres entre otros».

1.2. Normas violadas y concepto de la violación

5. Como fundamento de sus pretensiones, el accionante alegó la configuración de
la causal de nulidad del artículo 275, ordinal 5 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), por
cuanto consideró que el accionado incurrió en la inhabilidad señalada en el
artículo 179, ordinal 3, de la Constitución Política, en concordancia con el ordinal 3
del artículo 280 de la Ley 5 de 1992.

6. Sostuvo que el demandado, en virtud de su condición de representante legal, al
celebrar los contratos citados y gestionar proyectos ante la Agencia de Desarrollo
Rural dentro del periodo inhabilitante, esto es, los seis meses anteriores a la
elección4, violó el régimen de inhabilidades de los congresistas.

2. Trámite

7. Mediante auto del 22 de septiembre de 20225 , la demanda fue admitida y se
ordenaron las respectivas notificaciones.

3 En adelante ESAL.
4 Llevadas a cabo el 13 de marzo de 2022.
5 Índice SAMAI 23. En la providencia se resolvió desfavorablemente la solicitud de medida cautelar

presentada por la parte accionante. Dicha decisión fue objeto de recurso de reposición por parte
del accionante, el cual fue resuelto en providencia del 18 de mayo de 2023 confirmando la negativa
al decreto de la suspensión provisional solicitada (índice SAMAI 90), decisión que fue apoyada por
los magistrados Pedro Pablo Vanegas Gil y Luis Alberto Álvarez Parra y el conjuez Álvaro Andrés
Motta Navas; salvaron el voto los magistrados Rocío Araújo Oñate y Carlos Enrique Moreno Rubio.

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3. Contestación de la demanda

8. En la oportunidad correspondiente6 y por conducto de apoderado judicial7, el
accionado contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, por
cuanto señaló que no se acompañó a esta ninguna prueba que diera fe de la
suscripción de los convenios interadministrativos a los que refiere la parte
demandante, toda vez que «[l]os pantallazos, enlaces digitales y las actuaciones
electrónicas no reúnen los atributos de integridad, pertinencia, conducencia y
utilidad de la prueba, como lo prescribe el artículo 168 de la Ley 1564 de 2012»,
así como tampoco cumplen las exigencias contempladas en los artículos 39 y 41
de la Ley 80 de 1993 para la prueba de su existencia y suscripción.

9. También afirmó que los pantallazos, actuaciones y enlaces provenientes del
SECOP II, que fueron presentados por la parte demandante, no se encuentran
contemplados dentro de los medios de prueba señalados en el artículo 125 del
Código General del Proceso (en adelante CGP), por lo que «a lo sumo son
indicios, que como tal, deben valorarse en el desarrollo del proceso».

10. Igualmente, sostuvo que la fecha de suscripción de los convenios en mención
se materializó un día antes del inicio del término inhabilitante, con fundamento en
«la interpretación más favorable, bajo el principio pro persona» de la inhabilidad
contemplada en el artículo 179.3 superior. Por tanto, adujo que el criterio que ha
sentado la Sección Quinta del Consejo de Estado sobre el elemento temporal de
la inhabilidad allí contemplada debe someterse a «un control de constitucionalidad
y convencionalidad de las normas e interpretaciones aplicables a este punto de
derecho».

11. Por otra parte adujo que, si bien el accionado «participó en la Mesa Regional
Indígena de Pastos y Quillacingas, y en esa dignidad gestionó proyectos y
recursos para las comunidades indígenas pertenecientes a estos Pueblos (…) NO
ES CIERTO QUE CONCERTÓ Y GESTIONÓ RECURSOS PÚBLICOS EN
BENEFICIO DE TERCEROS» toda vez que «las colectividades indígenas y sus
autoridades tradicionales, como los Cabildos Indígenas, NO SON TERCEROS, al
contrario, son “sujetos colectivos de derechos” y “entidades públicas especiales”,
respectivamente, según lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional y
convencional».

12. En similar sentido, indicó que la celebración de convenios y las gestiones
negociales indicadas en la demanda no reúnen el elemento subjetivo señalado por
la jurisprudencia de la corporación para la configuración de la inhabilidad en

6 La oportunidad para contestar la demanda venció el 8 de febrero de 2023, en atención a la
interrupción procesal decretada en auto del 22 de noviembre de 2022 y levantada en providencia
del 19 de diciembre de 2022 (índice SAMAI 62).
7 Escrito presentado el 8 de febrero de 2023. Índices SAMAI 63 y 64. Obra poder conferido a la

abogada Yehimy Juliana Santos Ortiz, identificada con cédula de ciudadanía 1.069.745.180 y
tarjeta profesional 309.780 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura.

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mención (interés propio o de terceros), pues las actuaciones del «[s]enador se
orientaron a satisfacer intereses públicos especiales, como los de los Cabildos
Indígenas y en general de las colectividades indígenas Pastos y Quillacingas».

13. Señaló que, en todo caso, «los contratos no se ejecutaron, tal y como puede
constatarse en los medios de prueba aportados y solicitados» y que «[t]ampoco
existe evidencia de haber obtenido beneficios extrapatrimoniales, como pueden
ser, por ejemplo, que el contrato se hubiera utilizado como retórica de campaña
para persuadir y convencer a un potencial electorado, o haya incidido en los
resultados electorales, desfigurando de esa manera los procesos democráticos».
Igualmente, adujo que el accionado «no es socio de la ESAL AICO POR LA
PACHA MAMA, [pues] los socios son los Cabildos indígenas», cuyas actividades
«están en función de buscar el bienestar de las comunidades indígenas del Sur de
Colombia, hecho que excluye intereses personales».

14. También aseguró que el objeto de los convenios a los que refiere el
demandante era la prestación de «servicios al Instituto Departamental de Salud de
Nariño, para establecer y fortalecer el “modelo de salud propia e intercultural en el
marco de la Guía Metodológica para la construcción de contenidos de
componentes e implementación del SISPI”, en el Pueblo Indígena de los Pastos y
Quillacingas», por lo que, en su criterio, se hace patente que el desarrollo de las
actividades del contrato se realizaría «en función de la salud intercultural de los
pueblos indígenas, derecho que hace parte de los llamados derechos colectivos
fundamentales, del que son titulares las colectividades indígenas».

15. Aseveró igualmente que «para el momento de la supuesta suscripción del
contrato (13 de septiembre de 2021), el Taita Polivio no tenía la intención de
obtener ventaja alguna e incidir en los resultados electorales, pues para ese
momento no era candidato y no era previsible su candidatura», dado que la misma
fue decidida por AICO en la asamblea celebrada por las autoridades tradicionales
indígenas que integran dicha organización el 2 de diciembre de 2021.

16. Indicó también que había solicitado concepto al Departamento Administrativo
de la Función Pública para que se le informara sobre si debía renunciar a la
representación de la referida ESAL, para no incurrir en inhabilidad en su condición
de candidato al Senado de la República, frente a lo cual se le manifestó que no
debía «renunciar a dicha representación para poder aspirar al Congreso de la
República, toda vez que no se constituye como servidor público».

17. Por otra parte, señaló que el actuar del demandado se habría producido en
cumplimiento de varios deberes normativos especiales, en ese sentido no puede
ser objeto de ninguna consecuencia adversa que le prive del ejercicio de sus
derechos políticos.

18. Adicionalmente, sostuvo la necesidad de realizar un control de
convencionalidad en el marco del estudio de las pretensiones, toda vez que «la

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Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Petro Urrego Vs
Colombia, señaló que la Convención reconoce derechos “que tienen una
dimensión individual y colectiva, pues protegen tanto a aquellas personas que
participen como candidatos como a sus electores”» y en el caso bajo examen tales
electores «son, en su mayoría, sujetos de especial protección constitucional:
sujetos cualificados indígenas, los cuales con una amplia diferencia decidieron
elegir al Taita Polivio como su representante en el Congreso de la República».

19. Finalmente, adujo que la decisión a adoptar debe incorporar el enfoque étnico,
dado que el «Movimiento de Autoridades Indígenas (AICO) […] está conformado
por las autoridades indígenas tradicionales, y […] una de sus funciones (artículo
14, literal d) [es] la de elegir en Asamblea Nacional a los candidatos al Senado de
la República. En cumplimiento de tal función, en asamblea del 02 de diciembre de
2021 eligieron a Taita Polivio Leandro Rosales Cadena como candidato al Senado
de la República para el periodo legislativo 2022-2026. Así, su candidatura viene
dada como un mandato de las comunidades indígenas y de sus autoridades».

4. Auto que ordenó el trámite de sentencia anticipada

20. Mediante auto del 15 de junio de 20238 el despacho sustanciador, entre otras
decisiones, sometió el proceso al trámite de sentencia anticipada previsto en el
artículo 182A del CPACA, se pronunció sobre las pruebas aportadas y decretadas
por las partes y fijó el litigio a resolver en el presente caso.

5. Alegatos de conclusión

21. Mediante escrito del 15 de agosto de 20239, la parte demandada alegó de
conclusión10 reiterando en buena parte los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda y adicionando, además, las siguientes
consideraciones:

• En los expedientes contractuales allegados al proceso «NO se encuentran
los contratos interadministrativos con las solemnidades y formalidades
exigidas en la Ley 80 de 1993», pues, conforme con la jurisprudencia de

8 Índice SAMAI 103. La providencia fue objeto del recurso de reposición por parte del extremo
accionado en el proceso. Mediante auto del 13 de julio de 2023 (índice SAMAI 123) se decidió no
reponer la decisión de someter el proceso al trámite de sentencia anticipada.
9 Índice SAMAI 140.
10 En la misma fecha, la apoderada solicitó la interrupción del proceso (índices SAMAI 138 y 139)

con fundamento en lo establecido en el artículo 159.2 del CGP. Mediante auto del 28 de agosto de
2023 (índice SAMAI 144) se decretó la interrupción procesal solicitada por el término de 15 días,
contados a partir del 14 de agosto de 2023, fecha en la que se presentó el evento constitutivo de la
causal invocada, y se dispuso tener por válidamente presentados los escritos presentados con
posterioridad a dicha fecha, en cumplimiento del principio de celeridad procesal. En providencia del
8 de septiembre de 2023 (índice SAMAI 151) se prorrogó la referida interrupción por un término
adicional de 15 días y se ordenó notificar la providencia al accionado y su apoderada, con el objeto
de que adoptaran medidas tendientes a evitar la paralización del proceso.

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esta corporación11, «si los contratos interadministrativos no constan “en un
documento escrito, o a este le hace falta la firma de alguna o todas las
partes contratantes, es conclusión obligada que él no se ha perfeccionado,
es decir no existe como tal en el mundo del derecho”».

• Los documentos provenientes de la plataforma SECOP II no constituyen
prueba de la existencia de los contratos indicados por la parte demandante,
pues «carecen de este requisito fundamental: la certificación de su
existencia y de la respectiva suscripción, tal como lo ordena el literal d,
artículo 2, de la Ley 527 de 1999. La certificación debería haberse expedido
por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra
Eficiente». Además, «debido a las limitaciones de esta herramienta
tecnológica, la cual depende operativamente de la Entidad que la
administra, presenta errores de información, falta de disponibilidad de
documentos y vacíos normativos para su funcionamiento, lo que no la hace
enteramente confiable para efectos probatorios».

• Aun cuando la Circular Externa de Colombia Compra Eficiente intenta suplir
las deficiencias relativas a la firma de los contratos tramitados mediante la
plataforma mencionada, indicando que «los contratos suscritos a través del
SECOP II se entienden firmados cuando se da la aceptación del mismo por
parte del contratista», lo cierto es que dicho instrumento «no tiene la fuerza
normativa suficiente para crear un requisito de existencia del contrato,
mucho menos para derogar una disposición del Estatuto General de la
Contratación Pública, la cual prescribe que el contrato debe constar por
escrito y estar debidamente firmado».

• Adujo que la información aportada por la Agencia Nacional de Contratación
Pública – Colombia Compra Eficiente al proceso presenta inconsistencia,
pues en aquella relativa al contrato 2021000759 se indicó que fue otra
persona y no el accionado quien lo aprobó; y en el enlace que dirige al
contrato 2021000755, no existe un vínculo que permita descargar dicho
instrumento.

• En las actas y demás documentos remitidos por la Dirección de Asuntos
Indígenas del Ministerio del Interior, no se aprecia ningún documento que
dé cuenta de que el senador Rosales Cadena hubiese efectuado actuación
alguna tendiente a la gestión de negocios o contratos señalados en la
demanda, habida cuenta de que en las actas aportadas al proceso se
evidencia que el accionado no participó de las reuniones que constan en
ellas.

11Se hace referencia a la siguiente providencia Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 2 de julio de 2021. Rad. 41001-23-
31- 000-2001-01484-01. M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.

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• No todo contrato suscrito con una entidad estatal tiene la potencialidad de
configurar la inhabilidad alegada, pues la jurisprudencia del Consejo de
Estado ha advertido que «hay escenarios en que el Estado ofrece servicios
comunes a todos los ciudadanos, entre ellos, (…) los contratos de salud,
como la EPS estatal12». De tal modo, «los contratos de salud, en el ámbito
de la prestación, son una excepción a la regla, en el sentido de que no
generan inhabilidades. Teniendo en cuenta el alcance y el propósito de esta
regla jurisprudencial, la implementación y consolidación del Modelo de
Salud Propia e Intercultural es una política pública, un servicio, una
obligación y una responsabilidad del Estado, común y general a los pueblos
y comunidades indígenas de Colombia (Decretos: 1973 de 2013, 2194 de
2013 y 1953 de 2014)».

• No existió interés propio o de terceros en la suscripción de los contratos en
mención, pues con ellos se buscaba «satisfacer intereses públicos y
colectivos de “entidades públicas de carácter especial” (Cabildos
indígenas), las cuales no pueden calificarse como terceros». Al respecto,
indicó que «AICO POR LA PACHA MAMA es una asociación de Cabildos
Indígenas, por tanto “UNA ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO DE
CARÁCTER ESPECIAL”», en los términos del Decreto 1088 de 1993.

22. La parte accionante, en escrito presentado el 16 de agosto de 202313, alegó
de conclusión reiterando en su integridad los argumentos expuestos en la
demanda.

23. Los ciudadanos Libardo Francisco Acosta y Mauricio Iván Quenguan, terceros
impugnadores reconocidos en el proceso14, presentaron escrito de alegatos de
conclusión en el que solicitaron denegar las pretensiones de la demanda. Hicieron
énfasis en que en el presente caso no era posible tener por configurado el
elemento de interés propio o de terceros en la celebración de contratos, en
atención a que AICO por la Pacha Mama es una entidad de derecho público de
carácter especial, conforme lo dispuesto en el Decreto 1088 de 1993. Así mismo,
adujeron que los cabildos indígenas comparten tal condición.

24. En escrito separado, solicitaron que el proceso fuese fallado por la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, petición para la que se consideran legitimados
en atención a su reconocimiento como terceros en el proceso y al impacto que
puede tener la decisión sobre sus autoridades y comunidades indígenas.

25. Para el efecto, indicaron que se configura el criterio de importancia jurídica
contenido en el artículo 271 del CPACA, en atención a que existe disparidad de
criterios jurisprudenciales en relación con el alcance de la garantía de non bis in
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 19 de octubre de

2019. Rad. 11001-03-15-000-2018-02417-01. M.P. Alberto Montaña Plata.
13 Índice SAMAI 141.
14 Índice SAMAI 154.

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idem conforme al parágrafo del artículo 1 de la Ley 1881 de 2018, afirmación que
sustenta en la decisión emitida por la Sala Decimosegunda Especial de Decisión
de Pérdida de Investidura en la sentencia del 7 de julio de 2023, emitida dentro del
proceso 11001-03-15-000-2023-01743-00, en la que se estudiaba una solicitud de
pérdida de investidura contra el accionado, con fundamento en la suscripción de
los dos contratos aquí analizados.

26. En dicha providencia, se declaró probada «la excepción de non bis in idem»
frente al estudio del contrato 2021000755 de 2021, por cuanto en decisión
proferida por la Sala Sexta Especial de Decisión15 se había estudiado la
configuración de la misma causal de pérdida de investidura. Esta última fue objeto
del recurso de apelación y, por tanto, no hizo tránsito a cosa juzgada.

27. Por otra parte, se refirió a la necesidad de «sentar y unificar» jurisprudencia
respecto de la valoración de las pruebas provenientes del SECOP II, en relación
con la existencia y contenido de los contratos estatales, así como de los
«expedientes físicos» conformados a partir de impresiones provenientes de dicha
plataforma. Lo anterior, por cuanto, en su criterio, las decisiones de las salas
Sexta y Decimosegunda especiales de decisión no otorgaron mérito probatorio «a
los enlaces web, documentos electrónicos o impresiones de pantalla, sino a los
expedientes físicos» aportados a los procesos a su cargo, considerando estos
últimos como plena prueba de la existencia del contrato. Consideración que
consideran equivocada.

28. De igual forma, se refirieron a la necesidad de establecer el alcance de la
expresión «interés propio o de terceros» contenida en la inhabilidad del artículo
179.3 superior, en relación con si los resguardos indígenas agremiados en AICO
por la Pacha Mama pueden considerarse parte del último concepto. De igual
forma, señalaron que dicha entidad tiene la naturaleza de entidad especial de
derecho público.

6. Concepto del Ministerio Público

29. Rindió concepto el 16 de agosto de 202316 y solicitó la declaratoria de nulidad
del acto demandado. En esencia, hizo referencia a la jurisprudencia de esta Sala
en relación con la configuración de los eventos inhabilitantes contemplados en el
artículo 179.3 superior y consideró que, de los elementos probatorios aportados al
expediente, en especial los remitidos por la Agencia Nacional de Contratación
Pública – Colombia Compra Eficiente, puede evidenciarse que el accionado
incurrió en la conducta de celebración de contratos prevista en dicha disposición
constitucional, reuniéndose en el caso concreto los elementos temporal, material y
subjetivo allí señalados.

15 Sentencia del 22 de febrero de 2023. Rad. 11001-03-15-000-2022-05556-00. M.P. Carlos
Enrique Moreno Rubio.
16 Índice SAMAI 142.

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Demandante: Richard Humberto Fuelantala
Demandado: Polivio Leandro Rosales Cadena
senador de la República 2022-2026
Rad: 11001-03-28-000-2022-00273-00

30. Indicó que, conforme lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, «el
dilema de la inexistencia de las cláusulas contractuales en la plataforma SECOP
II, se supera en virtud del artículo 14 y 15 de la Ley 527 de 1999, que le dan vida
jurídica al denominado contrato electrónico, al preceptuar que en la formación del
contrato la oferta y su aceptación podrán ser expresados por medio de un mensaje
de datos y que no se negará validez o fuerza obligatoria a un contrato por la sola
razón de haberse utilizado en su formación uno o más de dichos mensajes».

31. En similar sentido, indicó que la referida entidad pública, «en su rol de
administrador del SECOP y en ejercicio de la competencia otorgada por el
numeral 5 del artículo 3 y el numeral 8 del artículo 11 del Decreto Ley 4170 de
2011, considera que el contrato electrónico se conforma en el SECOP II por el
formulario con sus nueve secciones y por los documentos anexos en la sección de
documentos del contrato, entendiéndose suscrito con la aceptación de las partes
en la plataforma sin distingo que los mismos no tengan la firma manuscrita».

32. En relación con el aspecto subjetivo, adujo que «el hecho que los convenios
2021000755 y 2021000759 con el Instituto Departamental de Salud de Nariño
desarrollen el artículo 355 superior para impulsar programas y actividades que
guarden relación con el Plan Nacional o los planes seccionales de desarrollo,
como se verifica en los estudios previos, 50 elaborados el 30 de agosto de 2021, y
que estos se hubieren suscrito con la ESAL AICO, no enerva por sí solo el hecho
indiscutible del reporte de beneficios económicos para dicha asociación, como
quiera que siguiendo el derrotero jurisprudencial antes anotado, las ganancias
obtenidas por su ejecución se reinvierten en la misma entidad para que pueda
seguir desarrollando su objeto social [sic]».

33. Lo anterior, toda vez que, «si bien, el objeto de los convenios fue el
fortalecimiento del modelo de salud propio e intercultural en el marco de la Guía
Metodológica para la construcción y contenidos del SISPI del Pueblo Indígena de
los Pastos y Quillacingas […], la norma deviene objetiva, prevaleciendo el reporte
de beneficios, en este caso, a favor de un tercero personificado en la ESAL AICO
de la cual el demandado era su representante legal».

34. Finalmente, indicó que no se evidenciaba la existencia de pruebas que dieran
cuenta de la incursión del accionado en una gestión de negocios ante autoridades
públicas y que el control de convencionalidad solicitado por la parte accionada
respecto del artículo 280.3 de la Ley 5 de 1992 «resulta infructuoso, toda vez que
la precitada disposición normativa es una reproducción fiel del artículo 179.3
superior».

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II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

35. De conformidad con el ordinal 3 del artículo 149 del CPACA17 y el artículo 13
del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado,
esta Sección es competente para resolver en única instancia la demanda de
nulidad electoral que dio inicio al presente proceso.

2. Problema jurídico

36. Según lo indicado en la fijación del litigio, contenida en la providencia emitida
el 15 de junio de 2023, la Sala deberá abordar los siguientes aspectos:

¿Debe declararse la nulidad del acto de elección de Polivio Leandro Rosales
Cadena como senador de la República para el periodo constitucional 2022- 2026,
por la configuración de las inhabilidades relativas a la suscripción de contratos y
gestión de negocios ante entidades públicas dentro de los seis meses anteriores a
su elección, contemplada en el artículo 179.3 de la Constitución Política, como
consecuencia de i) la suscripción de los convenios interadministrativos
2021000755 y 2021000759 con el Instituto Departamental de Salud de Nariño; y ii)
el desarrollo de gestiones con entidades del Estado como integrante de la Mesa
Permanente de Concertación de Pastos y Quillacingas?

37. No obstante, se advierte la necesidad de abordar algunas cuestiones previas
al estudio de las materias antes indicadas, las cuales serán analizadas a
continuación.

3. Solicitud de conocimiento del proceso por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado

38. Los terceros impugnadores Libardo Francisco Acosta y Mauricio Iván
Quenguan presentaron una solicitud para que el fallo de única instancia
correspondiente al presente proceso sea emitido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, con fundamento en los criterios de importancia
jurídica y necesidad de sentar y unificar jurisprudencia18. Sobre el particular, la
Sala considera pertinente traer a colación lo indicado en su jurisprudencia en
relación con el alcance de la legitimación procesal reconocida a los terceros dentro
del proceso de nulidad electoral, aspecto respecto del cual se ha indicado lo
siguiente:

… «[L]a posibilidad de intervención de terceros en el proceso de nulidad electoral,
se encuentra consagrada en el artículo 228 ibídem [se refiere al CPACA], el cual
no establece los límites de la misma, (…) resulta procedente acudir al artículo 223
de la misma ley, que a propósito de la coadyuvancia en los procesos de simple

17 Competencia del Consejo de Estado en única instancia: «De la nulidad del acto de elección o

llamamiento a ocupar la curul (…) de los senadores (…)».
18 Índice SAMAI 154

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nulidad, señala que “(e)l coadyuvante podrá independientemente efectuar todos
los actos procesales permitidos a la parte en la que ayuda, en cuanto no esté en
oposición con los de esta” (negrillas fuera del texto), disposición que está en
consonancia con el artículo 71 del Código General del Proceso, según el cual el
coadyuvante “tomará el proceso en el estado en que se encuentre en el momento
de su intervención y podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que
ayuda, en cuanto no estén en oposición con los de esta y no impliquen disposición
del derecho en litigio” (el destacado es nuestro).
(…)
… [C]on fundamento en las normas antes citadas, esta Sección ha considerado
improcedente que un tercero interviniente asuma posturas que son propias
de la parte a la cual adhiere y, por tanto, que al coadyuvante solo le es dable
nutrir argumentativamente al sujeto procesal que apoya.

En ese entendido, la Sala Electoral del Consejo de Estado ha rechazado
peticiones de terceros intervinientes como las consistentes en la aclaración de
providencias, que se declaren nulidades procesales o se expongan cargos
nuevos, cuando tales peticiones no fueron realizadas en primera medida por
alguna de las partes19. (Resaltado propio).

39. Como puede advertirse del pronunciamiento citado, los terceros, en este caso
quienes coadyuvan a la posición de la parte accionada, cuentan con la posibilidad
de actuar en el proceso con los límites que le impone la conducta procesal de la
parte cuya postura procesal pretenden apoyar, por lo que no les está dado
presentar solicitudes, recursos o promover incidentes que no hayan sido
originalmente impulsados por dicho extremo del proceso.

40. Por lo indicado y en atención a que la solicitud de conocimiento del proceso
por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo no fue presentada por la parte
demandada, sino exclusivamente por los referidos terceros impugnadores, esta
Sección encuentra que estos últimos carecen de una legitimación procesal
independiente y separada respecto de dicho extremo procesal, que, de hecho,
presentó una solicitud que abordaba buena parte de los argumentos aquí tratados,
pero en relación con la decisión correspondiente al recurso de reposición
presentado contra el auto que resolvió sobre la medida de suspensión provisional
del acto demandado, la cual fue denegada por dicha Sala Plena en providencia del
25 de abril de 202320.

41. Adicionalmente, debe advertirse que el artículo 271 del CPACA dispone que
los procesos judiciales que reúnan uno o más de los criterios allí contemplados
podrán ser conocidos por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo «de
oficio; por remisión de las secciones o subsecciones del Consejo de Estado, o de
los tribunales; a solicitud de parte, o por solicitud de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado o del Ministerio Público». De tal modo, es claro que el
legislador limitó la legitimación para elevar una solicitud como la analizada a los
sujetos antes mencionados, entre los cuales no se encuentran los terceros.

19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Auto del 17 de junio

de 2021. Rad. 05001-23-33-000-2019-03141-01. M.P. Rocío Araújo Oñate.
20 Índice SAMAI 80.

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42. Así lo manifestó la Sala en la sentencia del 21 de octubre de 202121, en la que
también negó como cuestión previa una solicitud de unificación jurisprudencial (art.
271 del CPCA), en tal sentido indicó que los terceros no se encuentran habilitados
para elevar dicha solicitud, a diferencia de la legitimación que si ostentan los
sujetos procesales:

«[…] Al respecto, la Sala precisa que el Partido Liberal no ha sido reconocido
como impugnador1 de modo que carece de legitimación para la petición de que
se dicte sentencia de unificación, dado que según el artículo 271 del CPACA,
dichas providencias se dictarán i) cuando el conocimiento del asunto se asuma
de oficio por el Consejo de Estado; ii) por remisión de las secciones o
subsecciones de dicha Corporación o de los tribunales o iii) por solicitud de las
partes, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o al Ministerio
Público. Por tanto, aun de haber sido admitido como tercero, dicha organización
política no corresponde a los sujetos procesales habilitados para elevar una
solicitud de esta naturaleza, de modo que no es procedente el estudio de su
petición» […].

43. Así las cosas, la Sección Quinta del Consejo de Estado rechazará la petición
en comento.

4. Cosa juzgada y garantía del principio de non bis in idem – parágrafo del
artículo 1 de la Ley 1881 de 2018

44. Dado que en su escrito de alegatos de conclusión los terceros impugnadores
hicieron referencia a las decisiones emitidas en primera instancia por las salas
Sexta y Decimosegunda especiales de decisión de esta corporación en dos
procesos de pérdida de investidura adelantados contra el demandado por su
alegada incursión en la causal de pérdida de investidura prevista en el artículo
183.1 superior, en concordancia con la inhabilidad prevista en el artículo 179.3
ibidem, como consecuencia de la suscripción de los contratos previamente
referidos, antecedentes que también sirven de soporte a la pretensión de nulidad
electoral a resolver en el presente asunto; la Sala encuentra pertinente hacer
referencia a la aplicación de las garantías procesales de non bis in idem y cosa
juzgada, en un marco como el descrito.

45. Al respecto, cabe indicar que la jurisprudencia constitucional ha entendido la
cosa juzgada como la «institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a
las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el
carácter de inmutables, vinculantes y definitivas22». En el mismo sentido, esta
corporación ha indicado que «[l]a cosa juzgada instrumentaliza el postulado de la
seguridad jurídica -que es uno de los pilares del Estado de derecho- y otorga
certeza a las relaciones jurídicas. En otras palabras, sin el atributo de la cosa

21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 21 de

octubre de 2021. Rad. 70001-23-33-000-2020-00005-01. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
22 Corte Constitucional. Sentencia C-774 de 2001, reiterada en sentencia SU-027 de 2021. M.P.

Cristina Pardo Schlesinger.

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juzgada, las sentencias quedarían despojadas de obligatoriedad y las
controversias no tendrían definición23».

46. A su vez, se le han atribuido dos funciones esenciales relativas a la
materialización de la efectividad de las decisiones jurisdiccionales, toda vez que
«[p]or un lado, da seguridad, estabilidad y certeza a la relación sustancial que se
decide. Por otro lado, prohíbe que, mediante un nuevo proceso, se vuelva a
discutir lo ya resuelto24».

47. Por su parte, la garantía de non bis in idem se refiere al componente del
derecho fundamental al debido proceso que, por mandato expreso del artículo 29
superior, impide que una misma persona pueda «ser juzgad[a] dos veces por el
mismo hecho». Dicho parámetro constitucional, aun cuando no se identifica con la
institución de la cosa juzgada, tiene una relación inescindible de ella, pues brinda
a quien ha sido sometido a un juicio de naturaleza sancionatoria «la seguridad de
que las decisiones definitivas que se han proferido en los procesos tramitados en
su contra, con miras a establecer su responsabilidad penal o disciplinaria, realizan
la justicia en cada caso particular e impiden que los mismos hechos puedan ser
objeto de posteriores debates. Por ello se dice que el principio non bis in ídem es
una manifestación de la seguridad jurídica y una afirmación de la justicia
material25».

48. Así lo ha reconocido la jurisprudencia del Consejo de Estado, cuando ha
señalado que «el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el
artículo 29 de la C.P., encuentra una de sus manifestaciones en el cumplimiento
de los principios constitucionales de la cosa juzgada y del non bis in ídem, ambos
dirigidos al mismo objetivo, esto es, a la prohibición para el juez de resolver dos
veces el mismo asunto, razón por la cual se debe abstener de pronunciarse sobre
hechos, conductas o asuntos previamente finiquitados en otro proceso judicial en
virtud de los principios mencionados26».

49. Ahora bien, aun cuando la aplicación del principio de non bis in idem tiene su
escenario principal en los procedimientos administrativos o judiciales en los que el
Estado hace uso de su potestad sancionatoria, entre estos el de pérdida de
investidura, el legislador, en aras de garantizar la efectividad material de las
decisiones jurisdiccionales, la seguridad jurídica y evitar la producción de
decisiones contradictorias, encontró pertinente extender su alcance al medio de
control de nulidad electoral en aquellos eventos en los que un proceso de tal

23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección C.
Sentencia del 19 de noviembre de 2021. Rad. 52001-23-31-000-2010-00514-01 M.P. Guillermo
Sánchez Luque.
24 Ibidem.
25 Corte Constitucional. Sentencia T-537 de 2002, reiterada en sentencia C-870 de 2002. M.P.

Manuel José Cepeda Espinosa.
26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A.

Sentencia del 22 de octubre de 2021. Rad. 73001-23-31-000-2010-00035-02. M.P. María Adriana
Marín.

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naturaleza tiene por fundamento los mismos elementos que ya han sido
analizados en un trámite de desinvestidura.

50. En el marco de lo anterior conviene precisar que, si bien los jueces de lo
electoral no tienen a cargo el despliegue de alguna de las modalidades del ius
puniendi, la decisión que se les encomienda en el marco del juicio objetivo de
legalidad que concierne al medio de nulidad electoral sí puede tener como efecto
la privación del derecho constitucional de participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político, mediante la declaratoria de nulidad del acto que habilita
a un ciudadano a ejercer tal derecho en una determinada dignidad pública.

51. Así las cosas, respecto de los principios del non bis in idem y de la cosa
juzgada se tiene que al artículo 1 de la Ley 1881 de 2018 se incorporó un
parágrafo en el que se dispuso que, «[c]uando una misma conducta haya dado
lugar a una acción electoral y a una pérdida de investidura de forma simultánea, el
primer fallo hará tránsito a cosa juzgada sobre el otro proceso en todos los
aspectos juzgados, excepto en relación con la culpabilidad del Congresista, cuyo
juicio es exclusivo del proceso de pérdida de investidura».

52. La incorporación de dicha norma al texto legal mencionado obedeció al
objetivo de recoger algunos razonamientos desarrollados en la jurisprudencia
constitucional respecto de la relación existente entre los dos mecanismos
jurisdiccionales en comento y la necesidad de preservar el principio de la cosa
juzgada, tal y como puede advertirse en la ponencia presentada para su discusión
en el legislativo, en la cual se indicó lo siguiente:

En la sentencia SU-424 de 2016, la Corte Constitucional resalta de forma amplia la
diferencia entre las dos acciones así:
(…)
Ahora bien, so pretexto de la autonomía de ambas acciones no se puede aceptar
como una situación constitucional y legalmente válida, el hecho de que existan dos
decisiones opuestas, en el interior de la misma corporación judicial, sobre una
misma (i) situación de hecho, juzgada a la luz de la misma (ii) norma jurídica y,
muy seguramente, bajo la valoración de los mismos (iii) elementos probatorios
sobre la conducta de la (iv) misma persona. (…)

Luego entonces, a pesar de que se haya considerado jurídicamente posible que
en un proceso de nulidad electoral se determine que el candidato no estaba
inhabilitado y en un proceso de pérdida de investidura se concluya que sí lo estaba
(a la luz de los mismos hechos y la misma norma), esta situación comporta una
contradicción lógica y también un desconocimiento al principio de la cosa
juzgada27.

53. Sobre el contenido de dicha disposición, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta corporación, se pronunció recientemente en los siguientes
términos:

27 Gaceta del Congreso 478 del 13 de junio de 2017. Págs. 7-8.

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Se trata de un mandato de carácter prohibitivo (art. 4 CC), pues dispone que, si el
acto de elección de un congresista se somete al medio de control de nulidad
electoral y al mismo tiempo, por la misma razón, se solicita su desinvestidura, la
decisión –sea esta la de nulidad electoral o la de pérdida de investidura– hace
tránsito a cosa juzgada respecto del otro proceso. De modo que el juez del
proceso que aún no se haya decidido deberá plegarse a la sentencia del otro
proceso y, por ello, no podrá proferir una providencia en sentido contrario. Como
este precepto tiene un carácter de orden público, en la medida en que integra la
ley que regula el procedimiento de la desinvestidura de congresistas –norma
adjetiva–, es indisponible por el juez y por las partes y su aplicación es obligatoria
(art. 13 CGP).

Ahora bien, el proceso de nulidad electoral y el proceso de desinvestidura son
diferentes en cuanto al objeto de su control. La nulidad electoral o contencioso
objetivo de nulidad electoral tiene por objeto la guarda abstracta de la legalidad de
un acto de elección (arts. 139 y 288 CPACA). La pérdida de investidura es un
proceso sancionatorio y un juicio de responsabilidad subjetiva (art. 1 Ley 1881 de
2018). Por ello, el parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 1881 de 2018 prevé que la
decisión de nulidad electoral sólo hace tránsito a cosa juzgada respecto de la
configuración objetiva de la causal de anulación, pues el juicio de reproche
subjetivo es exclusivo de la acción de desinvestidura. No obstante, si primero se
adopta la decisión de pérdida de investidura en cuanto a una conducta o situación
que también constituye causal de nulidad electoral –configuración objetiva de la
causal–, la decisión de la desinvestidura hace tránsito a cosa juzgada respecto de
la nulidad electoral28.

5. Aplicación del parágrafo del artículo 1 de la Ley 1881 de 2018 al caso
concreto

54. Conforme con la exposición antes efectuada, la Sala encuentra que debe
darse aplicación oficiosa a la institución de la cosa juzgada, en acatamiento de lo
dispuesto en el parágrafo del artículo 1 de la Ley 1881 de 2018, por cuanto, ante
esta corporación, se han tramitado dos procesos de pérdida de investidura contra
el senador Polivio Leandro Rosales Cadena, con fundamento en el presunto
desconocimiento de la inhabilidad contemplada en el artículo 179.3 constitucional,
basado en la suscripción de los contratos estatales referidos en la fijación del litigio
efectuada en este proceso, circunstancias que denotan plena identidad para
proceder a declarar como probada dicha figura.

55. El primero de ellos, identificado con el número de radicación 11001-03-15-000-
2022-05556-01 fue iniciado por solicitud de Víctor Velázquez Reyes quien
únicamente adujo la procedibilidad de la desinvestidura como consecuencia de la
suscripción por parte del accionado, en representación de la ESAL AICO por la
Pacha Mama, del contrato 2021000755 del 13 de septiembre de 2021 con el
Instituto Departamental de Salud de Nariño.

28 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 1 de agosto de

2023. Rad. 11001-03-15-000-2022-05841-01. M.P. Guillermo Sánchez Luque.

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56. El proceso fue conocido en primera instancia por la Sala Especial Sexta de
Decisión de Pérdida de Investidura, que, en sentencia del 22 de febrero de 202329,
decidió negar la sanción solicitada, por considerar que, aun cuando se configuró el
elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura del artículo 183.1
superior, esto es, la violación del régimen de inhabilidades dispuesto para los
congresistas, no se acreditó la presencia de dolo o culpa grave en la conducta del
senador Rosales Cadena. Esta decisión fue objeto del recurso de apelación por
parte del accionante, sin que a la fecha se haya emitido una sentencia que
resuelva dicha alzada por parte de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.

57. En el proceso 11001-03-15-000-2023-01743-00, iniciado por María Angélica
Vargas, se solicitó la declaratoria de pérdida de la investidura contra el aquí
demandado, con sustento en las mismas disposiciones constitucionales reseñadas
en el proceso antes mencionado, como consecuencia de la suscripción por parte
del accionado de los contratos 2021000755 y 2021000759, en su condición de
representante legal de AICO por la Pacha Mama.

58. Dicho expediente fue sometido al conocimiento de la Sala Especial
Decimosegunda de Decisión de Pérdida de Investidura. En sentencia del 7 de julio
de 202330 se determinó que «mediante sentencia del 22 de febrero de 2023, la
Sala 6 Especial de Decisión de esta Corporación negó la solicitud de pérdida de
investidura formulada por el ciudadano Víctor Velásquez Reyes en contra del
Senador de la República Polivio Leandro Rosales Cadena» y que, aunque tal
decisión no había hecho tránsito a cosa juzgada por haber sido apelada, debía
declararse probada la excepción de non bis in idem solamente respecto del cargo
correspondiente a la firma del contrato 2021000755, único analizado en dicha
providencia. Lo anterior, con sustento en las siguientes consideraciones:

… [L]a Sala declarará probada la excepción de non bis in idem, por cuanto la Sala
Seis Especial de Decisión ya se pronunció sobre los mismos hechos respecto de
la celebración del referido contrato no. 2021000755 el 15 de septiembre de 2021,
con independencia de que formalmente la parte actora en los dos procesos sea
distinta, pues, esa circunstancia es irrelevante tratándose de acciones públicas en
las que los demandantes intervienen en procura del interés general y en
representación de la colectividad.

En síntesis, el proceso de pérdida de investidura es de naturaleza jurisdiccional
punitiva o sancionatoria, circunstancia por la cual no es posible juzgar y ni siquiera
procesar dos veces al congresista con fundamento en los mismos hechos o
motivos.

Como en este caso concreto los hechos y las razones aducidos como fundamento
de esta otra demanda son idénticos a los invocados en el mencionado expediente
no. 11001-03-15-000-2022-05556-00 en relación con el contrato estatal no.
2021000755, la Sala declarará probada la excepción propia y autónoma del
derecho punitivo y de los procesos de esta naturaleza, consistente en la garantía

29 M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
30 M.P. Fredy Ibarra Martínez.

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constitucional del non bis in idem, es decir, el derecho constitucional, convencional
y fundamental a no ser procesado más de una vez por los mismos hechos.

59. Por lo expuesto, la decisión centró el análisis de fondo de la solicitud de
desinvestidura en lo relativo a la suscripción del contrato 2021000759, en relación
con lo cual se indicó lo que sigue:

… [L]a Sala encuentra acreditado el elemento material, final y temporal de la
causal de inhabilidad contenida en el numeral 3 del artículo 179 de la Constitución
Política, por las siguientes razones:

a) En primer lugar, el demandado intervino en la gestión y celebración del contrato
estatal no. 2021000759 con el Instituto Departamental de Salud de Nariño (IDSN),
por lo cual se configuró el verbo rector de la causal esgrimida con la demanda que
dio origen a este proceso, esto es, haber celebrado contratos estatales (ratione
materiae).

b) En segundo término, el demandado buscaba o perseguía una finalidad
económica en beneficio de la entidad que representaba, consistente en el pago del
valor del contrato en favor de un tercero, en este caso concreto, una entidad sin
ánimo de lucro registrada en la ciudad de Pasto, denominada Autoridades
Indígenas de Colombia (Aico) por la Pacha Mama (índice 11 SAMAI), por lo cual
quedó demostrado el interés económico que se procuraba y, por ende, no es
válido sostener que el contrato estatal suscrito tenía por finalidad satisfacer un
interés general, pues, no cabe duda alguna que se celebró a título oneroso y la
ESAL se comprometía a una serie de obligaciones para obtener una remuneración
o contraprestación.
(…)
c) Por último, el demandado celebró el mencionado contrato estatal de prestación
de servicios dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de su elección como
Senador del Congreso de la República, por lo cual se configuró el elemento
temporal (ratione temporis) de la causal; en efecto, se reitera, el negocio jurídico
se suscribió el 15 de septiembre de 2021 y las elecciones de Congreso de la
República se llevaron a cabo el 13 de marzo de 2022.

Así las cosas, la Sala encuentra acreditado el elemento objetivo de la causal
de pérdida de investidura debido a que se dan los presupuestos para la
configuración de la inhabilidad contenida en el numeral 3 del artículo 179 de
la Constitución Política. (Resaltado propio).

60. No obstante, se denegó el decreto de la sanción pretendida, por cuanto no se
consideró acreditada la configuración del elemento subjetivo exigido para el
efecto, bajo el siguiente razonamiento:

Para la Sala no es posible dar por acreditado el elemento doloso o,
subsidiariamente, como se propuso en la demanda, gravemente culposo de la
causal de pérdida de investidura, más aún si se tiene en cuenta que solo hasta el 2
de diciembre de 2021 el demandado formalizó su candidatura al Congreso de la
República, dado que en esa fecha se sometió a votación su aspiración electoral,
pues, en calidad de Gobernador del Resguardo Indígena San Juan puso su
nombre a consideración ante el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia
(AICO) para ser candidato y ese movimiento lo eligió junto a las siguientes
personas: Polivio Leandro Rosales (pueblo Pasto), Richard Fuelantala (pueblo
Pasto) y Faifer Sierra (pueblo Wayuu) (índice 11 SAMAI).

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Como se advierte, para la Sala no está demostrado o plenamente probado si al
demandado se le podía exigir otro comportamiento, porque su candidatura solo se
materializó hasta el 2 de diciembre de 2021, huelga decir, cuatro (4) meses
después de haber celebrado el contrato no. 2021000759, por lo cual no constituye
un hecho cierto e indiscutible que el señor Polivio Leandro Rosales Cadena
pretendía beneficiarse electoralmente con la celebración del referido negocio
jurídico, circunstancia frente a la cual, por el hecho de no existir prueba plena,
idónea y fehaciente acerca de la culpabilidad que le pudiera asistir al Senador
demandado, jurídicamente no es posible imputarle y hacerle efectiva una
responsabilidad a dicho congresista por los hechos a él endilgados, pues, se trata
de un proceso de carácter punitivo que, por su naturaleza y contenido exigen,
indefectiblemente, plena prueba respecto de la culpabilidad del demandado, pero,
en este caso concreto no hay prueba del dolo o de la culpa grave que pudiera
afectar la conducta realizada por el demandado.

Adicionalmente, no quedó establecido que al congresista demandado le era
exigible otro comportamiento en virtud, por ejemplo, de sus conocimientos
profesionales, sus estudios, el ejercicio previo de otros cargos públicos de elección
popular con anterioridad al de congresista, entre otros aspectos.

61. La decisión judicial en comento fue notificada el 1 de agosto de 2023 y no fue
objeto de recurso alguno por los actuantes en dicho plenario 31, como puede
evidenciarse de las actuaciones registradas en la plataforma SAMAI. Así, la
decisión adquirió fuerza ejecutoria el 22 de agosto de 2023.

62. Así, la existencia de una decisión jurisdiccional que declaró probada la
incursión del demandado en el evento inhabilitante de suscripción de contratos
con entidades estatales allí previsto, como consecuencia de la firma del contrato
2021000759, impide a la Sala pronunciarse nuevamente sobre el particular, en
atención a lo normado por el parágrafo del artículo 1 de la Ley 1881 de 2018,
puntualmente, en lo atinente a la garantía del non bis in idem.

63. Tal pronunciamiento, que se encuentra en firme, establece que se acreditó la
suficiencia de dicha circunstancia para configurar la inhabilidad prevista en la
norma constitucional invocada en la demanda y zanjó con efectos de cosa juzgada
cualquier controversia sobre tal particular. Aun cuando en dicho proceso no se
decretó la pérdida de investidura solicitada por no haberse acreditado la presencia
del ingrediente subjetivo exigido para el efecto, debe advertirse que, de
conformidad con la disposición legal mencionada, es el aspecto objetivo
correspondiente a la presencia de dicho evento inhabilitante el único que debe
tomarse en consideración para efectos de resolver la pretensión de nulidad
electoral en cuestión.

64. Así las cosas, se declarará probada de oficio la existencia de cosa juzgada, en
los términos del parágrafo del artículo 1 de la Ley 1881 de 2018, en relación con la
configuración de la inhabilidad del artículo 179.3 superior, como consecuencia de

31 Según el numeral 1 del artículo 14 de la Ley 1881 de 2018, el recurso de apelación contra la

sentencia debía interponerse y sustentarse ante la Sala Especial de Decisión de Pérdida de
Investidura, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

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la suscripción del contrato 2021000759 por parte del demandado, en
representación de la ESAL AICO por la Pacha Mama, conforme lo señalado en la
sentencia del 7 de julio de 2023, emitida por la Sala Especial Decimosegunda de
Decisión de Pérdida de Investidura dentro del proceso 11001-03-15-000-2023-
01743-00.

65. Dado que lo anterior se enmarca en la causal contemplada en el artículo 275.5
del CPACA, la Sala encuentra que tal circunstancia es suficiente para declarar la
nulidad del acto demandado. No obstante, esta Sección advierte que subsiste la
posibilidad de estudiar la configuración de la inhabilidad del artículo 179.3 superior
por: i) la celebración del contrato 2021000755 (habida cuenta de que la sentencia
del 22 de febrero de 202332 fue apelada y que la del 7 de julio de 202333 no se
pronunció de fondo sobre el particular; y ii) por las gestiones de negocios que se
le endilgan al accionado, por lo que se procederá a decidir sobre tales aspectos.

6. Configuración de la inhabilidad del artículo 179.3 superior en el caso
concreto

66. Conforme lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Sala, la disposición
constitucional en comento incorpora tres eventos inhabilitantes: i) haber suscrito
contratos con entidades del Estado, en beneficio propio o de terceros; ii) haber
realizado gestiones negociales ante dichas entidades; y iii) haber ejercido la
representación legal de personas jurídicas administradoras de tributos o
contribuciones parafiscales. Dado que en el presente caso se estudiarán
únicamente las dos primeras hipótesis señaladas, la sala centrará su atención en
estas.

67. La jurisprudencia de esta sección se ha referido a los elementos
configuradores que deben concurrir para acreditar la causal de inhabilidad en
comento, los cuales han sido simplificados en los siguientes términos34:

GESTIÓN DE NEGOCIOS
Elementos Ingrediente normativo
Material Participar en trámites negociales ante autoridades públicas
Temporal Que dicha conducta prohibida se realice dentro de los seis meses
anteriores a la elección
Espacial Que la situación haya acaecido en la circunscripción en la cual debe
efectuarse la elección
Modal o de Que la gestión comporte un beneficio propio o para terceros. En este
propósito aspecto, es importante poner de presente que la Sección ha concluido
que los beneficios extrapatrimoniales también pueden dar lugar a la

32 Proferida por la Sala Especial Sexta de Decisión de Pérdida de Investidura.
33 Emitida por la Sala Especial Decimosegunda de Decisión de Pérdida de Investidura.
34Al respecto véanse, entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Quinta. Sentencia del 1 de diciembre de 2022. Rad. 11001-03-28-000-2022-00058-00.
M.P: Rocío Araújo Oñate; y Auto del 22 de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-28-000-2022-
00177-00.M.P: Pedro Pablo Vanegas Gil.

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materialización de la inhabilidad

CELEBRACIÓN DE CONTRATOS
Elementos Ingrediente normativo
Material La celebración de contratos ante entidades públicas
Temporal Que dicha conducta prohibida se realice dentro de los seis meses
anteriores a la elección
Espacial Que la situación haya acaecido en la circunscripción en la cual debe
efectuarse la elección
Subjetivo Que el contrato comporte un beneficio propio o para terceros. En este
aspecto, es importante poner de presente que la Sección ha concluido
que los beneficios extrapatrimoniales también pueden dar lugar a la
materialización de la inhabilidad.

68. Acerca de la diferenciación entre los eventos de gestión de negocios y
celebración de contratos señalados en la disposición mencionada, en sentencia
del 20 de octubre de 202235 se indicó lo siguiente:

Nota característica de esta causal de inhabilidad, es que las actuaciones
tendientes a obtener un provecho o beneficio propio o para un tercero, aunque
deben ser potencialmente efectivas para alcanzar el fin propuesto, no requieren
que éste se materialice, aspecto que permite distinguir esta circunstancia de
inelegibilidad de la celebración de contratos, también prevista en el artículo 179.3
Superior. Sobre el particular resultan ilustrativas las siguientes consideraciones,
contenidas en providencia del 25 de octubre de 2018 de esta Sección:

“Se aclara que, si bien las gestiones desarrolladas por los particulares ante las
entidades públicas apuntan, en principio, a la consecución de contratos estatales,
lo cierto es que la conducta consistente en la gestión de negocios frente a las
entidades públicas, no puede ser confundida con el otro de los supuestos
contenidos en la causal de inhabilidad en comento, relacionado con la intervención
en la celebración de los contratos.

En efecto, en el primero de los casos -gestión de negocios- se trata del conjunto
de actuaciones que allanan el camino para la obtención de consecuencias
jurídicas provechosas en favor de quien postula su nombre al Congreso, sin
importar que las mismas se materialicen”.

69. Sin perjuicio de lo señalado, se ha indicado que la conducta reprochada
«consiste en la realización de diligencias encaminadas a obtener un beneficio de
lucro o uno extrapatrimonial de parte de una entidad del Estado. Así mismo, la
gestión que configura esta inhabilidad debe ser realizada directamente por el que
luego es candidato o elegido y tiene que ser “potencialmente efectiva, valiosa, útil
y trascendente”36».

35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 20 de

octubre de 2022. Rad. 11001-03-28-000-2022-00051-00. M.P: Rocío Araújo Oñate. Reiterada en:
Sentencia del 26 de enero de 2023. Rad. 11001-03-28-000-2022-00030-00. M.P: Pedro Pablo
Vanegas Gil.
36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 5 de

abril de 2012. Rad. 11001-03-28-000-2010-00025-00. M.P: Alberto Yepes Barreiro. Reiterado en:

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70. Por tanto, se ha advertido que «no cualquier aproximación, pued[e]
conllevar la configuración de esta condición de inelegibilidad, por cuanto se exige
su pertinencia y conducencia para alcanzar el objetivo propuesto37».

71. A partir de los elementos reseñados, se analizará la configuración de los
dos eventos inhabilitantes mencionados, conforme con lo indicado en la fijación
del litigio y el acervo probatorio incorporado al proceso.

6.1. De la Gestión de negocios

72. En el presente caso, la parte accionante indica que el demandado, en su
calidad de integrante de la Mesa Regional para el Desarrollo de los pueblos
Pastos y Quillacingas, contaba con la facultad de concertar y gestionar recursos
públicos en beneficio de terceros conforme lo establecen los Decretos 1397 de
1996 y 2194 de 2013, ejercicio dentro del cual habría efectuado gestiones
negociales ante la Agencia de Desarrollo Rural, con miras al desarrollo de
proyectos piscícolas.

73. Al respecto, debe advertirse que en el material probatorio recaudado en el
expediente no existe ningún elemento de convicción que brinde soporte a lo
señalado por la parte demandante sobre el particular.

74. En efecto, en atención a lo solicitado por dicho extremo procesal se ofició al
Ministerio del Interior con el objeto de que se allegaran al expediente las actas de
las reuniones en que, se afirmó, habría participado el accionado para los fines
antes descritos.

75. Sin embargo, de las actas correspondientes a las sesiones números XXII y
XXXIII celebradas por el mencionado mecanismo de concertación38, remitidas por
la mencionada entidad e incorporadas al proceso, se advierte la participación de
varios representantes de comunidades indígenas y de organismos de la Rama
Ejecutiva del poder público, sin que entre ellos se encuentre el señor Polivio
Leandro Rosales Cadena.

76. Por tanto, no existe prueba de la existencia de ninguna gestión negocial que
pudiera configurar la inhabilidad en comento.

Sentencia del 25 de octubre de 2018. Rad. 11001-03-28-000-2018-00018-00. M.P: Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez.
37 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 25 de

octubre de 2018. Rad. 11001-03-28-000-2018-00018-00. M.P: Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
38 Reuniones efectuadas los días 25 de noviembre de 2021 y 30 de marzo de 2022. Índice SAMAI

127.

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6.2. De la celebración del contrato 2021000755 con el Instituto Departamental
de Salud de Nariño

77. Previo a abordar este aspecto, la Sala recuerda que la decisión adoptada
por la Sala Sexta Especial de Decisión el 22 de febrero de 2023 no ha hecho
tránsito a cosa juzgada, por haber sido impugnada, y que la sentencia del 7 de
julio de 2023, emitida por la Sala Decimosegunda Especial de Decisión declaró
probada la excepción de non bis in idem en relación con el contrato que se
procede a estudiar, lo cual implica únicamente que dicha Sala consideró
improcedente estudiar en dos procesos diferentes de pérdida de investidura una
misma pretensión, sustentada en hechos y normas idénticas en ambas solicitudes.

78. De tal modo, no se ha presentado el evento contemplado en el parágrafo
del artículo 1 de la Ley 1881 de 2018, pues no existe una sentencia en firme que
se haya pronunciado de fondo sobre la configuración de la inhabilidad del artículo
179.3 superior por la suscripción del contrato 2021000755. Así las cosas, no ha
sido proferida alguna decisión que haya hecho tránsito a cosa juzgada sobre el
particular39.

79. En relación con la prueba del contrato en mención, contrario a lo indicado
por la parte accionada, la Sala encuentra que a los elementos probatorios
(incluyendo documentos y mensajes de datos) provenientes de la plataforma
SECOP II se les ha reconocido valor probatorio, como ocurrió en la sentencia del 7
de julio de 2023 emitida por la Sala Decimosegunda Especial de Decisión de
Pérdida de Investidura40, previamente referida, sin que la defensa del aquí
accionado impugnase de manera alguna lo allí indicado41.

80. Así, se advierte que la Agencia Nacional de Contratación Pública –
Colombia Compra Eficiente, aportó un oficio42 que contiene un enlace que remite a

39
En el mismo sentido, la referida providencia del 7 de julio de 2023 , refiriéndose al fallo de
primera instancia de pérdida de investidura del 22 de febrero de 2023 señaló: «la referida
providencia fue objeto de recurso de apelación y, por consiguiente, su conocimiento y competencia
corresponden en este momento a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación, motivo por el cual no es viable declarar probada la excepción de cosa juzgada sobre
la base de que la decisión no se encuentra ejecutoriada, es decir, no ha cobrado firmeza en tanto
se encuentra pendiente de decidir la impugnación».
40 En efecto, en este pronunciamiento al valorar la inhabilidad respecto del contrato 2021000759 se

indicó: «1) Al proceso se allegó copia íntegra del expediente contractual no. 2021000759 por parte
del Instituto Departamental de Salud de Nariño (IDSN) que da cuenta de la celebración del contrato
suscrito a través de la plataforma SECOP II, entre la ESAL Aico por la Pacha Mama y la
mencionada entidad pública del orden departamental […]».
41 Aun cuando la decisión fue objeto del recurso de apelación, la Sala advierte que la Sala Sexta

Especial de Decisión de Pérdida de Investidura se pronunció de manera similar en la sentencia del
22 de febrero de 2023. Rad. 11001-03-15-000-2022-05556-00. M.P: Carlos Enrique Moreno Rubio.
Así se aprecia en diferentes fragmentos de la providencia: «Revisado el expediente del contrato y
la documental de SECOP II aportada al plenario se tiene […]. «En tales condiciones, es claro que
la aceptación en Secop II del contrato equivale a su suscripción».
42 Índice SAMAI 115.

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la información correspondiente al contrato 2021000755, como se aprecia a
continuación:

81. Al ingresar a la información correspondiente a dicho contrato se encuentran
los siguientes datos:

82. En relación con las partes suscriptoras del contrato, se aprecia lo que sigue:

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83. Acerca de las personas que representaron a las partes para la suscripción
del contrato se incorpora la siguiente información:

84. Como puede advertirse de lo antes indicado, se acreditó en debida forma el
elemento material de la inhabilidad estudiada, toda vez que se probó que el
accionado, en representación de AICO por la Pacha Mama, suscribió un contrato
de prestación de servicios con el Instituto Departamental de Nariño.

85. De igual forma, se tiene por satisfecho el elemento temporal contenido en
el artículo 179.3 superior, dado que en la plataforma se aprecia que la aprobación
del contrato por parte del señor Rosales Cadena se produjo el 15 de septiembre
de 2021, es decir, con menos de seis meses de antelación al 13 de marzo de
2022, fecha en que fue elegido senador.

86. En relación con el elemento espacial, la Sala considera pertinente recordar
que el inciso segundo del parágrafo del artículo 179 superior, dispone que «[p]ara
los fines de este artículo se considera que la circunscripción nacional coincide con
cada una de las territoriales»43. Por tanto, al haberse suscrito el contrato en
mención con una institución del departamento de Nariño y a que su ejecución
debería producirse en dicho territorio seccional, se considera acreditado este
elemento configurador.

87. Finalmente, en relación con el elemento subjetivo o modal, relativo a que
la suscripción del contrato comporte un beneficio propio o para terceros, debe
traerse a colación lo indicado en la mencionada sentencia del 7 de julio de 2023,
emitida por la Sala Especial Decimosegunda Especial de Decisión de Pérdida de
Investidura, en la que se indicó lo siguiente:

… [E]l demandado buscaba o perseguía una finalidad económica en beneficio de
la entidad que representaba, consistente en el pago del valor del contrato en favor
de un tercero, en este caso concreto, una entidad sin ánimo de lucro registrada en
la ciudad de Pasto, denominada Autoridades Indígenas de Colombia (Aico) por la
Pacha Mama (…), por lo cual quedó demostrado el interés económico que se
procuraba y, por ende, no es válido sostener que el contrato estatal suscrito tenía
por finalidad satisfacer un interés general, pues, no cabe duda alguna que se

43 Con excepción de la inhabilidad contemplada en el numeral 5, que no se estudia en el presente

caso.

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celebró a título oneroso y la ESAL se comprometía a una serie de obligaciones
para obtener una remuneración o contraprestación.

En este punto es importante recordar que todos los contratos estatales tienen por
objeto o finalidad la satisfacción del interés general, de allí que el hecho de que los
beneficiarios finales del contrato fueran los pueblos indígenas de las comunidades
“Pastos” y “Quillacingas” no tiene la virtualidad de enervar la inhabilidad
constitucional (ratione causae) que se analiza en este caso.

Por consiguiente, está demostrado el elemento final de la inhabilidad, es decir, que
el contrato reportara un beneficio en interés propio o de terceros, en este caso la
entidad sin ánimo de lucro que representaba legalmente el demandado que se
analiza en este caso.

88. Aun cuando tales consideraciones fueron expuestas en relación con el
contrato 2021000759, estas pueden transmitirse íntegramente al contrato
2021000755 habida cuenta de que ambos instrumentos fueron suscritos por las
mismas partes, en condiciones y con objetos similares. Por tanto, la Sala
encuentra reunido el elemento subjetivo de la inhabilidad estudiada.

89. Así las cosas, esta Sección encuentra acreditados en su integridad los
elementos requeridos para la configuración de la inhabilidad contemplada en el
artículo 179.3 superior, por la suscripción del contrato 2021000755 por el senador
Polivio Leandro Rosales Cadena, en representación de la ESAL AICO por la
Pacha Mama, con el Instituto Departamental de Salud de Nariño, motivo que
también constituye fundamento para la declaratoria de nulidad del acto electoral
cuestionado.

En mérito de lo expuesto, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en ejercicio de sus funciones
constitucionales y legales,

III. RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR probada de oficio la existencia de cosa juzgada, en los
términos del parágrafo del artículo 1 de la Ley 1881 de 2018, en relación con la
configuración de la inhabilidad del artículo 179.3 superior, como consecuencia de
la suscripción del contrato 2021000759 por parte del demandado, en
representación de la ESAL AICO por la Pacha Mama, conforme lo señalado en la
sentencia del 7 de julio de 2023, emitida por la Sala Especial Decimosegunda de
Decisión de Pérdida de Investidura dentro del proceso 11001-03-15-000-2023-
01743-00.

SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de la Resolución E-3332 de 2022 y el formato
E26 SEN, en lo que tiene que ver con la elección de Polivio Leandro Rosales
Cadena como senador de la República para el periodo constitucional 2022-2026.

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TERCERO. ADVERTIR a las partes que contra la presente decisión no proceden
recursos.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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