Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-06948-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-06948-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2023-06948-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
15 de febrero de 2024
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 6 94 8- 0 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06948-01
Accionante: Polivio Leandro Rosales Cadena
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta.
Tema: Acción de tutela contra sentencia de única instancia dictada en proceso de
nulidad electoral, en la que se declaró probada de oficio la existencia de cosa
juzgada y se anuló la elección de un senador de la República por la Circunscripción
Especial Indígena.
FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora en contra de la
sentencia del 14 de diciembre de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, a través de la cual declaró improcedente la acción.
ANTECEDENTES
El señor Polivio Leandro Rosales Cadena promovió acción de tutela para que se
protejan sus derechos fundamentales al debido proceso (doble instancia), tutela
judicial efectiva, participación en la conformación, ejercicio y control del poder
político y vigencia de los derechos políticos y el principio de seguridad jurídica, los
cuales consideró vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Quinta.
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HECHOS
El actor manifestó que el 13 de marzo de 2022 fue elegido senador de la República,
por la Circunscripción Nacional Especial Indígena, avalado por el Movimiento de
Autoridades Indígenas de Colombia (AICO).
Que el 20 de octubre de 2022 el Consejo de Estado, Sección Quinta, admitió
demanda de nulidad electoral en su contra, por la supuesta inscripción de dos
contratos interadministrativos (2021000755 y 2021000759) con el Instituto
Departamental de Salud de Nariño, proceso con radicado 11001-03-28-000-2022-
00273-00.
Que el 28 de septiembre de 2023 el Consejo de Estado, Sección Quinta, declaró
probada de oficio la existencia de cosa juzgada, en los términos del parágrafo del
artículo 1.° de la Ley 1881 de 2018, en relación con la configuración de la inhabilidad
del artículo 179.3 superior, por la suscripción del Contrato 2021000759 dentro de
los 6 meses anteriores a la jornada electoral en el que fue elegido congresista,
conforme a la sentencia del 7 de julio de 2023 emitida por la Sala Especial
Decimosegunda de Decisión de Pérdida de Investidura en el proceso 11001-03-15-
000-2023-01743-00.
Que, en consecuencia, y al haberse también comprobado la estructuración de esa
inhabilidad por la suscripción del Contrato 2021000755, declaró la nulidad de la
Resolución E-3332 de 2022 y el Formato E26 SEN, en cuanto a su elección como
senador de la República para el período constitucional 2022-2026 y,
adicionalmente, advirtió a las partes que contra esa decisión no procedían recursos.
Que el 24 de octubre de 2023 radicó incidente de nulidad originada en la sentencia
y el 31 de ese mes y año presentó recusación contra el magistrado ponente Pedro
Pablo Vanegas Gil, por lo cual el 30 de octubre de 2023 se corrió traslado de la
nulidad por el término de 3 días, esto es, entre el 1° y el 3° de noviembre de 2023,
las cuales a la fecha de instauración de la tutela (14/11/2023) no se han resuelto.
Que, a pesar de lo anterior, el 1° de noviembre de 2023 la Secretaría de la
corporación remitió comunicación de la mencionada providencia al presidente del
Congreso de la República, al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría
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Nacional del Estado Civil, para lo cual señaló «las decisiones quedaron legalmente
ejecutoriadas para el 26 de octubre de 2023 a las 5:00 de la tarde», por lo cual el 2
de noviembre de 2023 presentó solicitud de dejar sin valor y efecto la anterior
actuación.
Considera que la sentencia del 28 de septiembre de 2023 constituye una amenaza
y vulneración flagrante y ostensible al debido proceso, a los artículos 8.2 y 25 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, que confluye en la defensa, el juez
natural, la contradicción y el acceso efectivo a la administración de justicia, y a los
artículos 2.3 y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Que el Consejo de Estado, Sección Quinta, incurrió en defecto procedimental
absoluto y orgánico, puesto que en el numeral tercero de la providencia referida
denegó el acceso a la administración de justicia, al establecer que contra esa
decisión no procedían recursos, lo cual tiene fundamento en el artículo 149 de la
Ley 1437 de 2022, pese a que esa disposición es contraria al debido proceso,
conforme a la Convención mencionada, en tanto no garantiza la doble instancia ni
la doble conformidad.
Que el Estado colombiano no ha adoptado normas de derecho interno para
asegurar esa garantía, aun cuando tiene soporte en los artículos 2, 8.2 y 25 de la
Convención Americana de Derechos Humanos y en las sentencias de los casos
Ulloa vs. Costa Rica y Mohamed vs. Argentina, y aplica para procesos distintos a
los penales, como se sostuvo en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá.
Que el Consejo de Estado, Sección Quinta, incurrió en violación directa de la
Constitución, porque en la demanda y en cada uno de los memoriales se le solicitó
aplicar la excepción de inconstitucionalidad respecto a la Ley 1437 de 2011, por
preverse el medio de control de nulidad electoral como de única instancia, a pesar
de lo cual aquel guardó silencio y se limitó a advertir que contra la sentencia no
procedían recursos, con lo que desconoció el bloque de constitucionalidad y el
control de convencionalidad.
Que ese defecto también se configuró por la remisión de la comunicación de la
sentencia a las autoridades, sin tener en cuenta que esta no había quedado
ejecutoriada, debido a que está pendiente por resolverse la solicitud de nulidad
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originada en la sentencia elevada en tiempo y la recusación formulada, por lo que
está en inminente riesgo de que se materialice la decisión y deje de fungir como
senador de la República sin que legalmente la decisión se encuentre en firme;
situación con la cual también se desconoció el artículo 145 del Código General del
Proceso, según el cual aquel se suspenderá desde que se formule la recusación y
hasta que se resuelva.
PRETENSIONES
Solicitó aplicar la excepción de inconstitucionalidad garantizando el bloque de
constitucionalidad, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la
posibilidad de recurrir la decisión judicial; dejar sin efectos el numeral tercero de la
sentencia del 28 de septiembre de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Quinta; ordenarle a este último otorgar la oportunidad procesal para recurrir el fallo
con la debida observancia de los principios, derechos fundamentales y el
precedente constitucional y convencional; otorgar a la sentencia de tutela efectos
inter comunis e inter pares, con el fin de materializar el principio de igualdad en los
fallos subsiguientes, propios o en casos semejantes; y cualquier otra orden que se
estime pertinente.
ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO
La acción de tutela de la referencia fue admitida el 20 de noviembre de 2023 por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto, en el
que se negaron las medidas provisionales solicitadas; y se ordenó notificar al
Consejo de Estado, Sección Quinta, como accionado; y al señor Richard Humberto
Fuelantala Delgado, al presidente del Congreso de la República, al Consejo
Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, como terceros con
interés.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Consejo de Estado, Sección Quinta, por conducto del magistrado ponente de
la sentencia cuestionada en esta sede, precisó que la Corte Constitucional, en la
Sentencia C605/19, se pronunció frente a la exequibilidad de los artículos 151 y 152
de la Ley 1437 de 2011 que reproducen el contenido del artículo 149.3 de esa
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codificación, en lo referido a la única instancia en que puede tramitarse el medio de
control de nulidad electoral, encontrándola compatible con el texto superior, entre
otras cosas, en atención al amplio margen del legislador para configurar los
procedimientos legales.
Agregó que el contenido del artículo 149.3 de la Ley 1437 de 2011 no modifica una
instancia procesal prevista en la Constitución, conforme lo advirtió la Corte
Constitucional en esa decisión judicial, por lo que es claro que al disponerse que no
procedían recursos ordinarios contra la sentencia del 28 de septiembre de 2023
dentro del medio de control de nulidad electoral adelantado contra el actor como
senador de la República, no se incurrió en vulneración alguna de los derechos
reclamados en protección.
Afirmó que no es cierto que desde el inicio del proceso y en cada una de sus etapas
solicitó la excepción de inconstitucionalidad frente al artículo 149.3 de la Ley 1437
de 2011, pues solamente solicitó la aplicación de aquella respecto del numeral 3 del
artículo 280 de la Ley 5 de 1992, al pronunciarse sobre la solicitud de medida
cautelar de suspensión provisional de los efectos de su acto de elección.
Expuso, respecto al derecho convencional, que la Corte Constitucional, al referirse
al principio de doble instancia, en la Sentencia C795/04, y luego de analizar los
artículos 29 del texto superior, 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, resaltó que
la impugnación es un derecho subjetivo de rango y jerarquía constitucional en
cabeza de quien ha sido condenado penalmente, por lo que en el presente asunto
no resulta aplicable.
Añadió que el actor pretende atacar la constitucionalidad de una norma mediante la
acción de tutela, escenario que solo es viable a través de la acción pública de
inconstitucionalidad.
En cuanto a la ejecutoria de la sentencia, mencionó que luego de proferida aquella
el señor Polivio Leandro Rosales Cadena solicitó su aclaración y adición mientras
que algunos terceros pidieron su nulidad, y el 19 de octubre de 2023 la Sala
Electoral decidió desfavorablemente la petición del hoy accionante.
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Que el 24 de octubre del 2023 el demandado solicitó la nulidad del fallo, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 294 de la Ley 1437 de 2011, y el 31 de
octubre de 2023 aquel presentó un escrito mediante el cual recusó al magistrado
ponente para conocer de la nulidad incoada.
Que, a su vez, el 1.° de noviembre de 2023 la Secretaría de esa Sección, en
aplicación del artículo 298 de la Ley 1437 de 2011, comunicó al presidente del
Congreso de la República, al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría
Nacional del Estado Civil, lo resuelto en la sentencia del 28 de septiembre de 2023.
Refirió que el 19 de octubre de 2023 la Sala Electoral negó las solicitudes de
aclaración y adición, y rechazó la solicitud de nulidad presentada, providencia que
fue debidamente notificada el 23 siguiente, por lo cual, conforme al artículo 302 de
la Ley 1564 de 2012, la ejecutoria acaeció el 26 de octubre de 2023.
Expresó que la existencia del incidente de nulidad formulado contra la sentencia del
28 de septiembre de 2023 no implica la suspensión de sus efectos al no tratarse de
un recurso, razón por la cual dicha providencia se entiende ejecutoriada.
Solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda, al no
configurarse ninguno de los vicios o defectos alegados por el accionante ni las
situaciones irregulares en torno a la ejecutoria de la providencia discutida.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
El Consejo Nacional Electoral, por intermedio del profesional universitario adscrito
a la Oficina de Asesoría Jurídica y Defensa Judicial, adujo que no ha vulnerado los
derechos fundamentales referidos por el actor, en tanto la Rama Judicial es
independiente y autónoma en el ejercicio constitucional para administrar justicia, por
lo que solicitó su desvinculación o, en su defecto, negar la acción de tutela.
La Registraduría Nacional del Estado Civil, por medio del jefe de la Oficina
Jurídica, sostuvo que el actor no hizo algún pronunciamiento del que pueda
determinarse la supuesta transgresión de los derechos y ni siquiera explicó cómo
ha quebrantado las prerrogativas constitucionales.
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Que se configura la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, dado
que las situaciones narradas por el solicitante del amparo son de carácter
estrictamente jurisdiccional, cuya función es ajena a las que le corresponden. Por lo
tanto, solicitó desvincularla de la presente acción.
El Senado de la República, a través de su secretario general, señaló que la
sentencia del 28 de septiembre de 2023 le fue comunicada mediante Oficio 2023-
524 del 1,° de noviembre de 2023 al correo institucional, en el que se informó que
la decisión quedó legalmente ejecutoriada el 26 de octubre de 2023 a las 5:00 de la
tarde, por lo que se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 278 de la Ley 5
de 1992, previa solicitud de certificación expedida por el Consejo Nacional Electoral,
lo que evidencia que no se está frente a situaciones deliberadas del Congreso ni
mucho menos violatorias de derechos fundamentales.
Que la acción de tutela no es un mecanismo para sustituir las vías ordinarias ni una
instancia adicional para discutir la valoración probatoria o la interpretación de la ley,
por lo cual solicitó declarar improcedente la acción y negar las pretensiones, por no
existir vulneración de derecho fundamental alguno.
El señor Richard Humberto Fuelantala Delgado guardó silencio.
SENTENCIA IMPUGNADA
El 14 de diciembre de 2023 la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado negó las solicitudes de desvinculación elevadas por el Consejo Nacional
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil y declaró improcedente la
acción de tutela, porque consideró que la discusión planteada por el accionante
sobre la constitucionalidad de una norma compete a la Corte Constitucional, a través
de la acción pública de constitucionalidad.
Al respecto, aclaró que, si bien en el trámite de la acción de tutela los jueces deben
aplicar la excepción de inconstitucionalidad, solo pueden hacerlo cuando, según las
particularidades del caso, encuentren que la aplicación de una disposición legal
resulta violatoria de la Constitución Política; agregó que el juez de tutela no es el
competente para decidir de manera integral si una norma es inconstitucional, como
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lo pretende el actor con el artículo 149.3 de la Ley 1437 de 2011, pues ello recae en
la Corte Constitucional.
Refirió que al accionante se le impuso la pérdida de investidura por la misma causal
de nulidad electoral, pero en el primer proceso aquel no agotó el recurso de
apelación, a pesar de que tuvo la oportunidad para interponerlo; añadió que la
sentencia discutida en esta sede se limitó a declarar la excepción de cosa juzgada,
a partir de lo definido previamente, por lo que advirtió que el señor Polivio Leandro
Rosales Cadena controvierte la decisión de la Sección Quinta del Consejo de
Estado, cuando lo cierto es que donde se decidió efectivamente su incursión en una
inhabilidad fue con el proveído en el que se decretó la pérdida de investidura.
Aclaró que mediante auto del 16 de noviembre de 2023 la recusación se declaró
infundada y en el auto del 30 de noviembre la solicitud de nulidad fue rechazada,
por lo que a la fecha la sentencia acusada se encuentra ejecutoriada y debe
cumplirse.
De otra parte, negó las solicitudes de desvinculación formuladas por el Consejo
Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, en tanto fueron
vinculadas al proceso en calidad de terceros con interés.
IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la sentencia de tutela y solicitó revocarla y conceder las
pretensiones; para el efecto, expuso que, contrario a lo definido en primera
instancia, conforme al artículo 4° constitucional, cualquier autoridad judicial y/o
administrativa puede aplicar la excepción de constitucionalidad, sin que ello
implique que necesariamente deba recurrirse de forma previa a la Corte
Constitucional, mediante la acción pública de inconstitucionalidad.
Agregó que la discusión planteada conllevaba no solo la excepción mencionada,
sino el control de convencionalidad, conforme a lo expuesto en el escrito inicial y
adicionalmente de acuerdo con la Sentencia C122/11 y el auto del 19 de mayo de
2023 proferido por la Sala Especial de Decisión núm. 9. Afirmó que nada obsta para
que el juez de tutela dé aplicación a esa figura y permita recurrir la decisión de única
instancia del proceso de nulidad electoral.
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En relación con la falta de agotamiento del recurso de apelación frente a la sentencia
dictada en el proceso de pérdida de investidura, expresó que ese proceso y el de
nulidad electoral son independientes, por lo que no puede sostenerse que el
derecho a recurrir una decisión judicial se garantice por el hecho de que curse contra
una misma persona un proceso de pérdida de investidura de doble instancia, pues
ello equivaldría a señalar que el medio de control de nulidad electoral constituye una
tercera instancia de aquel. Además, señaló que se mantuvo su investidura, por lo
que no tenía que recurrir esa decisión, y que lo aquí discutido es el derecho a recurrir
la sentencia de única instancia en el proceso de nulidad electoral, como se prevé
en el artículo 31 constitucional.
Manifestó su oposición al criterio según el cual se salvaguarda la doble instancia
con la procedencia del recurso extraordinario de revisión contra el fallo del medio
de control de nulidad electoral, pues se trata de un medio extraordinario y no encaja
en ninguna de las causales de revisión de que trata el artículo 250 de la Ley 1437
de 2011.
Por último, insistió en la violación directa de la Constitución Política, por la remisión
de la comunicación de la sentencia a los presidentes del Congreso de la República
y del Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a
pesar de que la sentencia no estaba ejecutoriada. Reiteró que no se ha resuelto la
solicitud de dejar sin valor y efecto la actuación del 1° de noviembre de 2023.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II)
caso concreto.
I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
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fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,
estas se enlistaron así:
“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la
esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.
(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.
(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.
(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a
la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de
lesa humanidad).
(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.
(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no
se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”
Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
“i. Violación directa de la Constitución.”
En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.
II. Caso concreto
En síntesis, el señor Polivio Leandro Rosales Cadena manifestó su desacuerdo con
la declaratoria de improcedencia de la acción de la referencia, porque considera
que: 1) el Consejo de Estado, Sección Quinta, debió aplicar la excepción de
inconstitucionalidad y realizar un control de convencionalidad, con el fin de
garantizar la doble instancia, sin que fuera necesario acudir previamente a la Corte
Constitucional; 2) los procesos de nulidad electoral y pérdida de investidura son
independientes, por lo que no podía exigírsele que agotara el recurso de apelación
en este último, máxime cuando la decisión le fue favorable, y lo aquí discutido no es
el primer proceso; y 3) la sentencia del 28 de septiembre de 2023 no estaba
ejecutoriada, por lo cual no era procedente realizar la remisión de la comunicación
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de aquella a los presidentes del Congreso de la República y al Consejo Nacional
Electoral y al registrador nacional del estado civil.
En primer lugar, se advierte que le asiste razón a la parte recurrente al señalar que
en el presente asunto el medio idóneo para discutir la falta de aplicación de la
excepción de inconstitucionalidad y del control de convencionalidad respecto al
artículo 149.3 de la Ley 1437 de 2011 en la sentencia del 28 de noviembre de 2023
no es la acción pública de constitucionalidad, puesto que lo pretendido por aquel
con ese argumento es discutir la decisión adoptada en esa providencia en cuanto a
la improcedencia de recursos en su contra, esto es, la inaplicación de esa norma en
el caso concreto.
Así las cosas, sería del caso analizar de fondo los desacuerdos de la parte
accionante en torno a esas figuras, si no fuera porque se evidencia que el señor
Polivio Leandro Rosales Cadena, contrario a lo expuesto por él, al interior del
proceso de nulidad electoral no expuso ese argumento, con el fin de que el Consejo
de Estado, Sección Quinta, lo analizara y se pronunciara sobre el particular.
En efecto, revisado el expediente del proceso de nulidad electoral, se evidencia que
en ninguna de las intervenciones realizadas por el hoy actor manifestó su
inconformidad con el hecho de que el proceso se tramitara en única instancia ni
concretamente solicitó la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad o el
control de convencionalidad en cuanto al artículo 149.3 de la Ley 1437 de 2011; lo
único que mencionó sobre la figura referida fue lo atinente al artículo 3.° del artículo
280 de la Ley 5 de 1992.
En ese orden de ideas, se observa que en el presente asunto en relación con el
desacuerdo expuesto no se supera el requisito de subsidiariedad, puesto que el
actor no hizo uso de los mecanismos judiciales con los que contaba para expresar
su disenso ante el juez natural de la causa, y no se aprecia alguna circunstancia
que le haya impedido hacerlo, lo que torna en improcedente esta acción por la
insatisfacción de esa exigencia general de procedibilidad de la acción de tutela para
discutir providencias judiciales.
Sobre el particular, se estima necesario aclarar que, como la parte recurrente lo
afirmó, la excepción de inconstitucionalidad y el control de convencionalidad debe
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efectuarse de oficio por cualquiera autoridad, en el evento de observarse la
incompatibilidad de una norma contraria a una disposición consagrada en la
Constitución Política o de una norma de derecho interno con la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, con el fin de garantizar en un caso concreto
los derechos protegidos en el texto superior y en la Convención precitada; sin
embargo, esa facultad oficiosa no implica que pueda obviarse el hecho de que el
actor no solicitó su aplicación en la oportunidad procesal para ello, en tanto es un
requisito de la acción de tutela para poder estudiar las inconformidades respecto a
una providencia judicial.
Por consiguiente, frente a los disensos relativos a la aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad y el control de convencionalidad, se confirmará la sentencia
recurrida en esta instancia.
Al respecto, se aclara que, si bien la parte actora, en el recurso de impugnación que
se resuelve en esta sede, hizo mención a la independencia de los procesos de
pérdida de investidura y de nulidad electoral y a la imposibilidad de apelar la
sentencia dictada en el primero de los mencionados, lo cierto es que ese
razonamiento se dirige a cuestionar la postura del juez colegiado de primera
instancia que lo llevó a declarar la improcedencia de la acción, en relación con el
planteamiento sobre la inaplicación del artículo 149.3 de la Ley 1437 de 2011, por
lo cual no hay lugar a efectuar mayores análisis sobre este aspecto, en tanto, se
itera, ese argumento no fue expuesto en la oportunidad para ello.
De otra parte, se advierte que el señor Polivio Leandro Rosales Cadena manifestó
su desacuerdo por la remisión de los oficios 2023-524, 2023-525 y 2023-526 del 1.°
de noviembre de 2023 a los presidentes del Congreso de la República y del Consejo
Nacional Electoral y al registrador nacional del estado civil, respectivamente,
mediante los cuales se les comunicó la sentencia del 28 de noviembre de 2023 y se
indicó que quedó legalmente ejecutoriada el 29 de octubre de 2023 a las 5:00 de la
tarde, conforme al artículo 302 de la Ley 1564 de 2012, porque, a su juicio, esa
decisión no había adquirido ejecutoria, en tanto estaban pendientes de resolverse
la solicitud de nulidad originada en la sentencia, la recusación y la petición que elevó
de dejar sin valor y efecto la actuación del 1.° de noviembre de 2023.
En cuanto a ello, se precisa que en el artículo mencionado se reguló cuando
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adquieren ejecutoria las providencias, en los siguientes términos:
«Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez
notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos.
No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una
providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud.
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3)
días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los
términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o
cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos».
En ese orden de ideas, la sentencia del 28 de noviembre de 2023 adquirió ejecutoria
el 26 de octubre de 2023, puesto que el auto del 19 de octubre de ese año, mediante
el cual se resolvieron las solicitudes de aclaración y adición y se rechazó la solicitud
de nulidad presentada se notificó el 23 de octubre de 2023.
Sobre el particular, se esclarece, de un lado, que la recusación formulada por el
actor fue resuelta el 16 de noviembre de 2023, en el sentido de declararla infundada,
y, de otro, la solicitud formulada por el actor tendiente a dejar sin valor y efectos la
remisión de los oficios a los presidentes del Congreso de la República y del Consejo
Nacional Electoral y al registrador nacional del estado civil no implica una alteración
al término de ejecutoria de las providencias, por lo que no se denota la transgresión
de algún derecho fundamental.
Por lo tanto, se confirmará la sentencia del 14 de diciembre de 2023 proferida por
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en cuanto negó las
solicitudes de desvinculación elevadas por el Consejo Nacional Electoral y la
Registraduría Nacional del Estado Civil y declaró improcedente la acción de tutela
de la referencia, pero únicamente en relación con el argumento de la aplicación de
la excepción de inconstitucionalidad y del control de convencionalidad, y se
adicionará para negar en lo demás.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
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FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 14 de diciembre de 2023 proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en cuanto negó las
solicitudes de desvinculación elevadas por el Consejo Nacional Electoral y la
Registraduría Nacional del Estado Civil y declaró improcedente la acción de tutela
de la referencia, pero únicamente en relación con el argumento de la aplicación de
la excepción de inconstitucionalidad y del control de convencionalidad, y adicionarla
para negar en lo demás, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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