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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2026-00059-00

Fecha
8 de octubre de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2026-00059-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la existencia de cosa juzgada, en los términos del parágrafo del artículo 1 de la Ley 1881 de 2018, en relación con la configuración de la inhabilidad del artículo 179.3 de la Constitución Política, conforme lo señalado en la sentencia del 19 de agosto de 2026, emitida por la Sala Once Especial de Decisión de Pérdida de Investidura dentro del proceso 11001-03-15-000-2026-04614-00, por lo expuesto en la parte motiva. SEGUNDO: Contra lo decidido no procede recurso alguno. TERCERO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2026-00059-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

8 de octubre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., ocho (8) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad electoral
Radicación: 11001-03-28-000-2026-00059-00 (Principal)
11001-03-28-000-2026-00058-00
Demandantes: Daniel Steban Acosta Ruiz y Aura Cristina Sánchez Lozano
Demandado: Orlando Rayo Acosta, representante a la Cámara por el
departamento del Amazonas, período 2026-2030

Tema: Cosa Juzgada. Parágrafo del artículo 1° de la Ley 1881 de 2018.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Procede la Sección Quinta del Consejo de Estado a dictar fallo de única instancia en el proceso
de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demandas

1. Los señores Aura Cristina Sánchez Lozano1 y Daniel Steban Acosta Ruiz2, en ejercicio del
medio de control consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 del 2011, solicitaron la nulidad
parcial del Formulario E-26 CAM del 14 de marzo de 2026, en cuanto declaró la elección del
señor Orlando Rayo Acosta como representante a la Cámara por el departamento del
Amazonas, para el período constitucional 2026-2030.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitan se anule el Formulario E-283 del 14 de marzo
de 2026 y, de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política, se ordene expedir la
credencial a favor del candidato que sigue en forma sucesiva y descendente de la misma lista
o coalición «La Voz del Amazonas» inscrita para la Cámara de Representantes por el
departamento del Amazonas, período 2026-2030.

1.2. Hechos

3. Los demandantes, en similares términos sostuvieron lo siguiente:

4. El señor Orlando Rayo Acosta, como candidato de la coalición «La Voz del Amazonas»,
integrada por el Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS y el Partido Político Colombia
Renaciente, resultó elegido como representante a la Cámara por el departamento del
Amazonas para el período constitucional 2026-2030, en las elecciones del 8 de marzo de 2026.

5. En el año 2025, el señor Orlando Rayo Acosta figuraba como representante legal de la
«ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA – ONIC», concentró una contratación

1
Expediente 11001-03-28-000-2026-00058-00
2
Expediente 11001-03-28-000-2026-00059-00
3
La credencial.

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Demandantes: Daniel Steban Acosta Ruiz y otra
Demandado: Orlando Rayo Acosta, representante a la
Cámara por el departamento del Amazonas, período 2026-2030
Radicación: 11001-03-28-000-2026-00059-00 (Principal)
pública de gran magnitud con flujo de recursos públicos a su favor y ejecutó distintos acuerdos
de voluntades con el Departamento Nacional de Planeación, la Agencia de Desarrollo Rural,
el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia, entre otros.

6. Dichos recursos sirvieron para robustecer despliegues de influencia y favorecimiento
electoral para el señor Rayo Acosta, generando una clara asimetría material frente a los demás
competidores, pues detrás de esos contratos existía una capacidad real de movilización,
presencia territorial, articulación institucional y penetración comunitaria, que, llevada al terreno
electoral, se traduce en ventajas indebidas y en una alteración palpable de las condiciones de
igualdad de la contienda.

7. El demandado, en su condición de representante legal de la ONIC, tal y como consta en la
carpeta precontractual, el 16 de septiembre de 2025, celebró el Convenio 1830-2025 con el
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes por valor de $1.665.000.000, cuyo objeto
consistió en «Aunar recursos humanos, técnicos y financieros para la implementación de procesos de
formación artística y en oficios tradicionales, en el marco del cumplimiento del ACUERDO IT2-44».

8. Dicho acuerdo de voluntades, que se identifica con el ID contractual
CO1.PCCNTR.8331192, asociado al proceso MC-CI-1830-2025, fue celebrado dentro de los
seis (6) meses anteriores a la elección y en este se tuvo en consideración la calidad de Orlando
Rayo Acosta como representante legal de la ONIC, condición con la que la organización quedó
individualizada y jurídicamente vinculada frente a la citada cartera ministerial.

9. El convenio se ejecutó expresamente en el departamento del Amazonas; es decir, la misma
circunscripción territorial por la que fue elegido el señor Orlando Rayo Acosta, tal y como lo
demuestran los estudios previos al incluir a dicho departamento en la población beneficiada e
identificar en el componente correspondiente de la ONIC, a los pueblos Murui, Huitoto y Ocaina
del Predio Putumayo/La Chorrera, incluso, el mismo clausulado estableció como obligación
específica del contratista, la realización de actividades en la Amazonía con dichos pueblos.

10. Conforme a lo anterior, el demandado incurrió en la inhabilidad prevista en el artículo 179,
numeral 3º de la Constitución Política, en la modalidad de intervención en la celebración de
contratos con entidades públicas en interés de terceros, dentro de los seis (6) meses anteriores
a la elección.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

11. Los demandantes señalaron como vulnerados los artículos 179.3 de la Constitución
Política, 275.5 de la Ley 1437 de 2011 y 280.3 de la Ley 5ª de 1992.

12. Aducen que el acto administrativo demandado vulnera las disposiciones mencionadas,
porque en él se concreta la declaratoria de la elección del señor Orlando Rayo Acosta, quien
se encuentra incurso en la causal de inhabilidad derivada de intervenir en la celebración de
contratos en interés propio o de terceros dentro de los seis (6) meses anteriores a la elección.

13. Que el demandado desplegó actuaciones previas, concomitantes y funcionalmente
dirigidas a hacer posible la contratación estatal a favor de la «ORGANIZACIÓN NACIONAL
INDÍGENA DE COLOMBIA – ONIC», con proyección territorial y eficacia política en la
circunscripción de Amazonas, lo que permite formular como único cargo, la violación de las
normas citadas como infringidas.
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Demandantes: Daniel Steban Acosta Ruiz y otra
Demandado: Orlando Rayo Acosta, representante a la
Cámara por el departamento del Amazonas, período 2026-2030
Radicación: 11001-03-28-000-2026-00059-00 (Principal)
1.4. Trámite procesal relevante

14. Mediante autos del 234 y 30 de abril de 20265 se admitieron las demandas y se dispuso su
notificación al demandado, al Consejo Nacional Electoral, al Ministerio Público y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

15. Surtidas las notificaciones de rigor, el demandado y el Consejo Nacional Electoral se
pronunciaron en los siguientes términos:

16. El demandado6, a través de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de las
demandas. Frente a los hechos dijo que, aunque durante una parte del año 2025 figuró como
representante legal de la ONIC, esa condición no la mantuvo durante el período inhabilitante,
ya que el Congreso Nacional de dicha organización, mediante Acta 001 del 2 de julio de 2025,
eligió a Rosalino Guarupe Joropa como nuevo consejero mayor, lo cual fue inscrito en la
Cámara de Comercio de Bogotá el 6 de agosto de 2025 y a partir de allí, fue este quien quedó
como único representante legal y válidamente acreditado frente a terceros, incluidas las
entidades públicas contratantes.

17. El señor Rayo Acosta no intervino en la celebración del Convenio 1830-2025 suscrito con
el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, ya que de los documentos que obran en
el expediente contractual del SECOP II y conforme al Certificado de Existencia y
Representación legal del 6 de agosto de 2025 que obra en el mismo portal, ya se mostraba al
señor Rosalino Guarupe Joropa como representante legal y es él quien aparece al momento
de celebrar dicho convenio.

18. La entidad pública contratante y la ONIC no tomaron en consideración la calidad de Rayo
Acosta como representante legal para la celebración del convenio, ya que los documentos del
expediente contractual demuestran lo contrario, pues aunque en el encabezado del documento
figura una fecha de firma del 16 de septiembre de 2025, la aprobación electrónica en el SECOP
II de fecha 17 del mismo mes y año, constituye el acto de perfeccionamiento conforme al
artículo 41 de la Ley 80 de 1993, lo que ocurrió con el señor Rosalino Guarupe Joropa en su
condición de representante legal, incluso, fue él quien lo gestionó, ejecutó, modificó y solicitó
su prórroga verbal durante todo el período inhabilitante alegado en la demanda.

19. El demandado no participó directamente en la celebración del Convenio 1830-2025 y
tampoco tuvo actuación preponderante y jurídicamente relevante, comoquiera que su nombre
únicamente aparece en el encabezado de la minuta contractual, la cual estuvo a cargo del
Ministerio y corresponde a un dato nominal que no fue la base sobre la cual esa cartera verificó
la capacidad jurídica del contratista, ni fue el soporte de la aprobación electrónica en el SECOP,
o de otro acto jurídicamente relevante en la formación del vínculo negocial.

20. Propuso las excepciones de mérito que denominó «INEXISTENCIA DEL SUPUESTO
FÁCTICO DE LA CAUSAL», «INEXISTENCIA DE LA CAUSAL DE NULIDAD ELECTORAL-AUSENCIA
DEL ELEMENTO MATERIAL», «AUSENCIA DEL ELEMENTO TERRITORIAL CON LA INTENSIDAD
REQUERIDA» y «AUSENCIA DEL ELEMENTO MODAL O DE PROPÓSITO».

4
Expediente digital SAMAI (2026-00059-00) – Índice 00015
5
Expediente digital SAMAI (2026-00058-00) – Índice 00015
6
Expediente digital SAMAI (Radicado 2026-00058-00) – índice 00024 y Expediente digital SAMAI (Radicado 2026-00059-00) – índice 00024
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Demandantes: Daniel Steban Acosta Ruiz y otra
Demandado: Orlando Rayo Acosta, representante a la
Cámara por el departamento del Amazonas, período 2026-2030
Radicación: 11001-03-28-000-2026-00059-00 (Principal)
21. El Consejo Nacional Electoral-CNE7, actuando por intermedio de apoderada judicial, dijo
que los hechos no le constan y frente a las pretensiones se atiene a lo que se pruebe dentro
del proceso.

22. Propuso la excepción de «FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA».

23. En auto del 2 de julio de 20268, se decretó la acumulación de los procesos 11001-03-28-
000-2026-00058-00 y 11001-03-28-000-2026-00059-00 y se dispuso que este último
continuaría siendo el expediente principal.

24. El 13 de agosto de 20269 se dio aplicación al numeral 1° del artículo 182A de la Ley 1437
de 2011, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 con el ánimo de dictar sentencia
anticipada; en dicha providencia se declaró no probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva propuesta por el CNE; se fijó el litigio; se decretaron las pruebas10; se
prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y se corrió traslado común para que
las partes presentaran sus alegatos de conclusión y el Ministerio Público el concepto.

25. Se admitieron como coadyuvantes del señor Daniel Steban Acosta Ruiz a las señoras
Elizabeth Oliveira Bautista y Gloria Janeth Moran Teteye y de la demandante Aura Cristina
Sánchez Lozano, a los señores Irma Yaned Gil Alvarado, José Ricaurte Anzola Castro, Josefa
Lores Tapayuri, Juana Casado de Cauachica y Laura Rodríguez.

26. El 7 de septiembre de 202611, se resolvió negativamente el recurso de reposición
interpuesto por el señor Daniel Steban Acosta Ruiz contra la fijación del litigio12.

1.5. Alegatos de conclusión

27. Los demandantes Daniel Steban Acosta Ruiz13 y Aura Cristina Sánchez Lozano14 se
pronunciaron y pidieron acceder a las pretensiones de la demanda.

28. En similares términos advirtieron que el cargo se formula exclusivamente por la modalidad
de intervención en la celebración de contratos con entidades públicas en interés de terceros y
no por gestión de negocios; sin embargo, el Convenio 1830-2025 nació a la vida jurídica, dentro
del período inhabilitante, sobre una cadena documental que exteriorizó frente al Estado la
representación de la ONIC en cabeza de Orlando Rayo Acosta.

29. Reiteraron los argumentos expuestos en las demandas y precisaron que «El artículo 179.3
ubica dentro del período la celebración: "haber intervenido […] en la celebración de contratos […]
dentro de los seis meses anteriores". La intervención en la celebración se integra con los actos
tendientes a la formación y al perfeccionamiento del contrato, que por su naturaleza son previos a la
firma. Lo determinante es que esos actos surtieron efecto en una celebración ocurrida dentro del

7
Sólo se pronunció en el expediente radicado: 2026-00059-00 – Índice SAMAI 00026
8
Expediente digital SAMAI – Índice 00041.
9
Expediente digital SAMAI – Índice 00060.
10
Se decretaron las documentales aportadas por las partes. Frente al demandado y al coadyuvante Cecilia Ruiz Loaiza, se negaron las
solicitadas por oficio por innecesarias y la documental aportada por esta última por impertinente e innecesaria.
11
Expediente digital SAMAI – Índice 00069.
12
Vía reposición, el demandante pretendió que la fijación del litigio no podía limitarse a «la celebración de contratos con entidades públicas
en interés propio o de terceros», sino que, además, debía comprender la «intervención en gestión de negocios ante entidades públicas»,
porque ambas hipótesis se encuentran contenidas en el artículo 179.3 de la Constitución Política. Sin embargo, la magistrada ponente
concluyó que la parte demandante concretó el cargo que se aduce como causal de nulidad, en la hipótesis de la «celebración de contratos»
y no en la gestión de negocios ante entidades públicas, supuestos que constituyen conceptos distintos e independientes y que ameritan, en
cada evento, la demostración de unos supuestos de hechos determinados para cada uno de ellos.
13
Expediente digital SAMAI – Índice 00077.
14
Expediente digital SAMAI – Índice 00076.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 4
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Demandantes: Daniel Steban Acosta Ruiz y otra
Demandado: Orlando Rayo Acosta, representante a la
Cámara por el departamento del Amazonas, período 2026-2030
Radicación: 11001-03-28-000-2026-00059-00 (Principal)
período.» y en este caso la representación del demandado y sus documentos habilitantes
fueron la base en la que el negocio se individualizó, habilitó y perfeccionó el 16 y 17 de
septiembre de 2025.

30. El demandado por su parte15, afirmó que la Sala Once Especial de Decisión de Pérdida
de Investidura de esta corporación, con ponencia del magistrado Luis Antonio Rodríguez
Montaño, profirió sentencia el 19 de agosto de 2026 en la que resolvió «Negar la solicitud de
pérdida de investidura promovida en contra del representante a la Cámara Orlando Rayo Acosta,
elegido por la circunscripción territorial del Amazonas para el periodo constitucional 2026-2030»16.

31. La mencionada sentencia fue proferida sobre la misma conducta endilgada en el presente
medio de control, lo que considera suficiente para declarar probada la excepción de cosa
juzgada, de conformidad con el parágrafo del artículo 1 de la Ley 1881 de 2018.

32. Finalmente, reiteró los argumentos de defensa expuestos en los escritos de contestación
a la demanda y precisó que el elemento material de la causal no se configura, lo que releva a
la Sala del examen de los restantes, conforme a la regla de concurrencia que la propia Sección
Quinta sostiene, razón por la cual deben negarse las pretensiones de la demanda.

33. La delegada del Ministerio Público rindió concepto17 y pidió negar las pretensiones de
la demanda, ya que no se acreditó que Orlando Rayo Acosta hubiera intervenido en la
celebración del Convenio 1830-2025 dentro de los seis meses anteriores a la elección,
presupuesto material indispensable para configurar la inhabilidad del artículo 179.3 de la
Constitución Política.

34. Que las pruebas documentales allegadas al expediente18, convergen en demostrar que el
6 de agosto de 2025, quien ejercía la representación legal de la ONIC19, era el señor Rosalino
Guarupe Joropa y fue este el que actuó en nombre de dicha organización durante el desarrollo
del procedimiento contractual.

35. En consecuencia, la valoración integral del acervo probatorio, permite concluir que la
referencia a Orlando Rayo Acosta como representante legal de la ONIC, contenida en el
encabezado del Otrosí 1 del Convenio 1830-2025, constituye una inconsistencia documental
aislada, desprovista de entidad suficiente para desvirtuar los restantes medios de convicción
obrantes en el expediente.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

36. La Sección Quinta del Consejo de Estado, es competente para conocer y tramitar en única
instancia el proceso de la referencia, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del

15
Expediente digital SAMAI – Índice 00075.
16
Expediente digital SAMAI – Índice 00075 «Memorial__128Alegatos_60_Sentencia_SentenciaPI202604614_0_20260821163429620(.pdf)».
17
Expediente digital SAMAI – Índice 00078.
18
Resalto: el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, la certificación emitida por la
Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, la solicitud de prórroga presentada el 3 de noviembre de 2025, el
historial del proveedor registrado en la plataforma SECOP II y las actuaciones surtidas con ocasión de la modificación contractual.
19
Organización Nacional Indígena de Colombia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 5
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Demandantes: Daniel Steban Acosta Ruiz y otra
Demandado: Orlando Rayo Acosta, representante a la
Cámara por el departamento del Amazonas, período 2026-2030
Radicación: 11001-03-28-000-2026-00059-00 (Principal)
artículo 149 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 del 2021 20 y
en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 201921, proferido por la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

37. En atención a lo dispuesto en el auto del 13 de agosto de 202622, la controversia que se
debería resolver en el presente caso se delimitó en los siguientes términos:

Determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad parcial del Formulario E-26 CAM del 14 de marzo
de 2026, en cuanto declaró la elección del señor Orlando Rayo Acosta como representante a la
Cámara por el departamento del Amazonas, para el período constitucional 2026-2030.

Para ello, se deberá establecer si el demandado incurrió en la inhabilidad consagrada en el artículo
179.3 de la Constitución Política, según la cual, no podrán ser congresistas «3. Quienes hayan
intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con
ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que
administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de
la elección.».

Lo anterior porque al parecer el demandado, en su condición de representante legal de la
Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, el 16 de septiembre de 2025, celebró el
Convenio 1830-2025 con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, dentro de los seis
meses anteriores a las elecciones que tuvieron lugar el 8 de marzo de 2026, conforme a los
fundamentos fácticos y jurídicos expuestos por los demandantes Aura Cristina Sánchez Lozano y
Daniel Steban Acosta Ruiz.

38. Para satisfacer dicho cuestionamiento, la Sala tendría que abordar los siguientes tópicos:
(i) el marco general del régimen de inhabilidades para los cargos de elección popular; (ii) la
norma que consagra la causal de inhabilidad invocada y; (iii) el caso concreto.

39. No obstante, previamente, y en virtud de la información suministrada por el demandado en
el escrito de alegatos de conclusión, se hace necesario analizar de manera oficiosa, de
conformidad con en el artículo 187 del CPACA23, la posible configuración de la excepción de
cosa juzgada en atención a la sentencia del 19 de agosto de 2026, proferida por la Sala Once
Especial de Decisión de Pérdida de Investidura de esta corporación.

2.3. Cosa juzgada y garantía del principio de non bis in idem. Parágrafo del artículo 1 de
la Ley 1881 de 2018.

40. Con el escrito de alegaciones finales, el demandado Orlando Rayo Acosta puso de
presente que esta corporación, dentro del proceso de pérdida de investidura adelantado en su
contra, mediante sentencia del 19 de agosto de 202624, negó las pretensiones de la demanda
formulada por el señor Willian Augusto Jácome Urrea, lo que considera suficiente para resolver
el presente litigio mediante la institución de cosa juzgada, como lo establece el parágrafo del
artículo 1 de la Ley 1881 de 2018.

20
ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA: El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que
la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…) 3. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la
curul, según el caso, [del Presidente y el Vicepresidente de la República, de los Senadores, de los representantes a la Cámara…
21
Modificado por el artículo 1° del Acuerdo 434 de 2024 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado.
22
Expediente digital SAMAI – Índice 00060.
23
«ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. (…) En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera
otra que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo,
propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. (…).». (Se resalta).
24
Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sala Once Especial de Decisión de Pérdida de Investidura. Sentencia del 19 de
agosto de 2026. MP Luis Antonio Rodríguez Montaño. Radicación: 11001-03-15-000-2026-04614-00.
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Demandantes: Daniel Steban Acosta Ruiz y otra
Demandado: Orlando Rayo Acosta, representante a la
Cámara por el departamento del Amazonas, período 2026-2030
Radicación: 11001-03-28-000-2026-00059-00 (Principal)
41. Al respecto, la citada disposición indica:

«ARTÍCULO 1o. <Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 2003 de 2019. El nuevo texto es el
siguiente:> El proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad
subjetiva. La acción se ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o
gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura
establecidas en la Constitución.

Se observará el principio del debido proceso conforme al artículo 29 de la Constitución Política.

PARÁGRAFO. Se garantizará el non bis in idem. Cuando una misma conducta haya dado lugar
a una acción electoral y a una pérdida de investidura de forma simultánea, el primer fallo hará
tránsito a cosa juzgada sobre el otro proceso en todos los aspectos juzgados, excepto en
relación con la culpabilidad del Congresista, cuyo juicio es exclusivo del proceso de pérdida de
investidura.

En todo caso, la declaratoria de pérdida de investidura hará tránsito a cosa juzgada respecto
del proceso de nulidad electoral en cuanto a la configuración objetiva de la causal.». (Negrillas
fuera de texto).

42. Para abordar este asunto, se debe indicar que la figura procesal de la cosa juzgada se
encuentra regulada, en los procesos contencioso administrativos, en el artículo 189 del
CPACA, que establece los eventos en los que se configura, a saber: «[l]a sentencia que declare
la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes» y «[l]a
que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa
petendi juzgada […]».

43. En concordancia con lo anterior, el artículo 303 del Código General del Proceso, señala
que esa institución se concreta «[…] siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se
funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes»25.

44. Sobre el fenómeno de la cosa juzgada, esta Sala Electoral26 ha indicado que la
jurisprudencia constitucional la entiende como la «institución jurídico procesal mediante la cual se
otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de
inmutables, vinculantes y definitivas27». En el mismo sentido, esta corporación ha indicado que
«la cosa juzgada instrumentaliza el postulado de la seguridad jurídica -que es uno de los pilares del
Estado de derecho- y otorga certeza a las relaciones jurídicas. En otras palabras, sin el atributo de la
cosa juzgada, las sentencias quedarían despojadas de obligatoriedad y las controversias no tendrían
definición28».

45. También se le han atribuido dos funciones esenciales relativas a la materialización de la
efectividad de las decisiones jurisdiccionales, toda vez que «por un lado, da seguridad, estabilidad
y certeza a la relación sustancial que se decide. Por otro lado, prohíbe que, mediante un nuevo proceso,
se vuelva a discutir lo ya resuelto29».

25
Sobre la explicación de cada uno de los tres (3) elementos, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, auto del 26 de octubre de 2017, rad. 76001-23-33-000-2013-00041-01 (0692-16), MP. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Puntualmente, se precisó: i) Partes. Quienes concurren al nuevo proceso deben ser idénticas personas, naturales o jurídicas, que figuraban
como sujetos procesales en el anterior. ii) Objeto. Las pretensiones elevadas en el nuevo proceso son iguales a las reclamadas en el primero
ya decidido. iii) Causa petendi. El motivo o razón que fundamentó la primera demanda se corresponde con el invocado en la segunda.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 18 de abril de 2024, MP: Pedro Pablo Vanegas Gil,
radicado 11001-03-24-000-2023-00171-00.
26
Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Quinta. Sentencia del 28 de septiembre de 2023. MP Pedro Pablo
Vanegas Gil. Radicación: 11001-03-28-000-2022-00273-00.
27
Corte Constitucional. Sentencia C-774 de 2001, reiterada en sentencia SU-027 de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
28
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 19 de noviembre de 2021. Rad.
52001-23-31-000-2010-00514-01 M.P. Guillermo Sánchez Luque.
29
Ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 7
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Daniel Steban Acosta Ruiz y otra
Demandado: Orlando Rayo Acosta, representante a la
Cámara por el departamento del Amazonas, período 2026-2030
Radicación: 11001-03-28-000-2026-00059-00 (Principal)
46. De lo anterior se desprende, que la teleología de esa figura es impedir una nueva
controversia sobre aspectos resueltos por los operadores judiciales; por ello, la ley dotó las
decisiones de los jueces, con el carácter vinculante, obligatorio e inmutable, es decir, cuando
se profiera una sentencia que resuelva el fondo (y esté ejecutoriada) frente a una causa
petendi, se imposibilita que, a futuro, se emita otro pronunciamiento que varíe o modifique un
asunto idéntico30.

47. Ahora, la garantía del non bis in idem constituye un elemento fundamental del debido
proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, que impide que una misma
persona pueda «ser juzgada dos veces por el mismo hecho», el cual, aunque no se identifica con
la cosa juzgada, tiene una relación inseparable frente a ella, ya que brinda, a quien ha sido
sometido a un juicio de naturaleza sancionatoria «la seguridad de que las decisiones definitivas
que se han proferido en los procesos tramitados en su contra, con miras a establecer su responsabilidad
penal o disciplinaria, realizan la justicia en cada caso particular e impiden que los mismos hechos
puedan ser objeto de posteriores debates. Por ello se dice que el principio non bis in ídem es una
manifestación de la seguridad jurídica y una afirmación de la justicia material» 31.

48. Al respecto, esta corporación ha reconocido que «el derecho fundamental al debido proceso,
consagrado en el artículo 29 de la C.P., encuentra una de sus manifestaciones en el cumplimiento de
los principios constitucionales de la cosa juzgada y del non bis in ídem, ambos dirigidos al mismo
objetivo, esto es, a la prohibición para el juez de resolver dos veces el mismo asunto, razón por la cual
se debe abstener de pronunciarse sobre hechos, conductas o asuntos previamente finiquitados en otro
proceso judicial en virtud de los principios mencionados»32.

2.4. Caso concreto

49. En el caso bajo estudio, el señor Orlando Rayo Acosta puso de presente que dentro del
proceso con radicación 11001-03-15-000-2026-04614-00, adelantado en su contra en ejercicio
del medio de control de Pérdida de Investidura por el señor Willian Augusto Jácome Urrea, se
profirió sentencia el 19 de agosto de 2026, lo que constituye cosa juzgada en los términos del
parágrafo del artículo 1º de la Ley 1881 de 2018, ya que allí se discutió la misma conducta
endilgada en el presente proceso.

50. La providencia mencionada se incorporó al expediente mediante auto del 28 de septiembre
de 202633 y según se evidencia en las actuaciones registradas en la plataforma SAMAI 34, la
decisión quedó ejecutoriada el 11 de septiembre de 2026 35, ya que no fue objeto de recurso
de apelación dentro de los términos previstos en el artículo 14.1 de la Ley 1881 de 201836.

51. Así las cosas, como se expuso en precedencia, para establecer la configuración o no de
dicha institución, debe la Sala estudiar si en este caso y en el de pérdida de investidura referido,
se dan los presupuestos para declarar probada, de oficio, la excepción de cosa juzgada.

30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 5 de marzo de 2009, rad. 11001-03-24-000-
2004-00262-01, MP. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia
del 18 de abril de 2024, MP: Pedro Pablo Vanegas Gil, radicado 11001-03-24-000-2023-00171-00.
31
Corte Constitucional. Sentencia T-537 de 2002, reiterada en sentencia C-870 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
32
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 22 de octubre de 2021. Rad.
73001-23-31-000-2010-00035-02. M.P. María Adriana Marín.
33
Expediente digital SAMAI – Índice 00080
34
Consulta realizada al expediente: 11001-03-15-000-2026-04614-00.
35
La diligencia de notificación personal se surtió el 26 de agosto de 2026 / Radicado: 2026-04614-00 – Índice 00041 «Soporte notificación
Sentencia de fecha 1(.pdf)».
36
«ARTÍCULO 14. El recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia se sujetará a las siguientes reglas:
1. Deberá interponerse y sustentarse ante la Sala Especial de Decisión de pérdida de Investidura, dentro de los diez (10) días siguientes a su
notificación. El recurso de apelación será la oportunidad para solicitar pruebas en segunda instancia. (…)».
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Demandantes: Daniel Steban Acosta Ruiz y otra
Demandado: Orlando Rayo Acosta, representante a la
Cámara por el departamento del Amazonas, período 2026-2030
Radicación: 11001-03-28-000-2026-00059-00 (Principal)
52. En el proceso de la referencia37 y en el de pérdida de investidura38, se demandó al señor
Orlando Rayo Acosta, con fundamento en que presuntamente incurrió en la inhabilidad
contemplada en el artículo 179.3 de la Constitución Política, según la cual, no podrán ser
congresistas «3. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la
celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes
legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses
anteriores a la fecha de la elección.».

53. Lo anterior, porque el señor Orlando Rayo Acosta ostentó la calidad de representante legal
de la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC y en esa condición, dentro de los
seis (6) meses anteriores a la elección como representante a la Cámara por el departamento
del Amazonas, celebró el Convenio 1830-2025 con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los
Saberes, cuyo objeto consistió en «Aunar recursos humanos, técnicos y financieros para la
implementación de procesos de formación artística y en oficios tradicionales, en el marco del
cumplimiento del ACUERDO IT2-44».

54. La Sala Once Especial de Decisión de Pérdida de Investidura de esta corporación, conoció
la demanda formulada por el señor Willian Augusto Jácome Urrea y profirió sentencia el 19 de
agosto de 202639, en la que resolvió40:

«Primero.- Negar la solicitud de pérdida de investidura promovida en contra del representante a la
Cámara Orlando Rayo Acosta, elegido por la circunscripción territorial del Amazonas para el periodo
constitucional 2026-2030, de conformidad con las razones aquí expuestas.

Segundo.- Comunicar lo dispuesto en esta sentencia a la Mesa Directiva de la Cámara de
Representantes, al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio del Interior, para lo de su cargo, de
conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 1881 de 2018.

Tercero.- Contra la presente decisión procede el recurso de apelación, con fundamento en el artículo
14 de la Ley 1881 de 2018, el cual deberá interponerse y sustentarse ante la Sala Once Especial de
Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado, dentro de los diez (10) días siguientes a
su notificación.».

55. Para llegar a la anterior conclusión, advirtió que el demandante consideró que el señor
Rayo Acosta incurrió en la causal de inhabilidad mencionada, al haber intervenido en la
celebración de contratos con entidades públicas en interés propio o en el de terceros, dentro
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de la elección.

56. Que en el enlace electrónico allegado como prueba a ese proceso 41 por la Agencia
Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente42, reposa la totalidad de
actuaciones administrativas del expediente contractual MC-CI-1830-2025 suscrito entre el
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, como parte contratante y la Organización
Nacional Indígena de Colombia – ONIC, como parte contratada. Como información pertinente
resaltó:

«[…] se encuentra que (i) la firma del convenio no. 1830 se realizó el 16 de septiembre de 2025; (ii)
el 17 de septiembre de 2025 (9:06:43 PM) fue aprobado por el señor Rosalino Guarupe Joropa como
proveedor (Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC-) y (iii) que la aprobación por la

37
Demandantes: Daniel Steban Acosta Ruiz y Aura Cristina Sánchez Lozano.
38
Demandante: Willian Augusto Jácome Urrea.
39
MP Luis Antonio Rodríguez Montaño.
40
Expediente digital SAMAI (Radicado: 2026-04614-00) – Índice 00038.
41
«ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8331192».
42
En: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8785762
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 9
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Demandantes: Daniel Steban Acosta Ruiz y otra
Demandado: Orlando Rayo Acosta, representante a la
Cámara por el departamento del Amazonas, período 2026-2030
Radicación: 11001-03-28-000-2026-00059-00 (Principal)
entidad estatal -Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes- estuvo a cargo de la señora Luisa
Fernanda Trujillo Bernal el 18 de septiembre de 2025 (10:55:54 AM).».

57. Con el certificado histórico de nombramientos de representantes legales de la ONIC
expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, encontró probado que el señor Orlando Rayo
Acosta fue nombrado como consejero mayor y representante legal por la Asamblea de
Asociados de dicha organización, el 26 de junio de 2021, registrado el 12 de agosto del mismo
año. Igualmente, que por Acta 001 del Congreso Nacional de la ONIC del 2 de julio de 2025,
se designó como nuevo consejero mayor y representante legal, al señor Rosalino Guarupe
Joropa, cuyo acto de inscripción tuvo lugar el 6 de agosto de 2025, bajo el número 00343412,
del libro I de las entidades sin ánimo de lucro.

58. De conformidad con lo anterior, concluyó que no se demostró que el representante a la
Cámara demandado hubiera tenido participación directa y personal en la celebración del
mencionado convenio, cuyo perfeccionamiento se alcanza, conforme al artículo 41 de la Ley
80 de 1993, cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y se eleve a escrito,
lo que descarta algún beneficio propio o de terceros, y precisó:

«[…] para la Sala los elementos objetivos de la causal de pérdida de investidura invocada por
la parte solicitante (art. 179-3 de la Constitución Política), en los términos propuestos en la
demanda no se encuentran configurados, en tanto (i) durante el periodo constitucional
inhabilitante de seis (6) meses comprendidos entre el 8 de septiembre de 2025 y el 8 de marzo de
2026, el señor Orlando Rayo Acosta no intervino directamente en la celebración del convenio no.
1830 de 16 de septiembre de 2025 y (ii) quien figura como representante legal de la Organización
Nacional Indígena de Colombia (ONIC) es el señor Rosalino Guarupe Joropa desde el 6 de agosto
de 2025, de lo cual dan cuenta las pruebas pertinentes señaladas en precedencia.». (Se resalta).

59. Así las cosas, al no haberse «[…] demostrado que el señor Orlando Rayo Acosta no suscribió
el convenio no. 1830 de 16 de septiembre de 2025 con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los
Saberes, porque para ese momento no estaba inscrito legalmente como representante legal de la
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), es posible concluir que objetivamente no se
configura la causal de desinvestidura del numeral 3 del artículo 179 de la Constitución Política invocada
[…]».

60. Atendiendo el análisis realizado por la Sala Once Especial de Decisión de Pérdida de
Investidura de la corporación, se advierte que resulta procedente decretar el acaecimiento de
la cosa juzgada, ya que el análisis de fondo que esta Sección estaría llamada a emprender en
el curso del medio de control de nulidad electoral frente la inhabilidad por la celebración de
contratos endilgada al demandado43, se dirige a la constatación concurrente de los elementos
configurativos de la causal, entre ellos, el elemento material u objetivo, consistente en la
conducta de suscripción o celebración del contrato con entidades públicas44, el cual, como
acaba de indicarse, no se encontró acreditado dentro del proceso de pérdida de investidura.

61. Como consecuencia de lo expuesto, al constatar los supuestos del proceso de pérdida de
investidura antes descritos, con los del proceso que ocupa la atención de esta Sala Electoral
reseñados en los antecedentes de esta providencia, se advierte que entre uno y otro existe: i)
identidad de partes, en el extremo pasivo de la litis; ii) identidad de objeto, pues los hechos en
los que se fundan uno y otro medio de control, son exactamente los mismos, esto es, los
referidos a la materialización de la inhabilidad, por el hecho que el señor Orlando Rayo Acosta,

43
Artículo 179.3 de la Constitución Política.
44
Ver, entre muchas otras: Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Quinta. Sentencia del 9 de febrero de 2023.
MP Luis Alberto Álvarez Parra. Radicación: 11001-03-28-000-2022-00269-00.
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Demandantes: Daniel Steban Acosta Ruiz y otra
Demandado: Orlando Rayo Acosta, representante a la
Cámara por el departamento del Amazonas, período 2026-2030
Radicación: 11001-03-28-000-2026-00059-00 (Principal)
en su calidad de representante legal de la Organización Nacional Indígena de Colombia –
ONIC, suscribió el convenio 1830-2025 con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los
Saberes el 16 de septiembre de 2025, y, finalmente, iii) identidad de causa, en tanto en los
dos procesos se alega la configuración de la misma causal de inhabilidad, esto es, la
contemplada en el numeral 3º del artículo 179 Superior.

62. Por lo anterior, no es posible efectuar un nuevo análisis sobre la existencia de la inhabilidad
atribuida al señor Orlando Rayo Acosta, pues ese asunto ya cuenta con una decisión en firme,
que, por expresa disposición legal consagrada en el parágrafo del artículo 1º de la Ley 1881
de 2018, constituye cosa juzgada respecto de este proceso de nulidad electoral, lo que impone
declarar probada, oficiosamente, la configuración de la excepción correspondiente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la existencia de cosa juzgada, en los términos del
parágrafo del artículo 1 de la Ley 1881 de 2018, en relación con la configuración de la
inhabilidad del artículo 179.3 de la Constitución Política, conforme lo señalado en la sentencia
del 19 de agosto de 2026, emitida por la Sala Once Especial de Decisión de Pérdida de
Investidura dentro del proceso 11001-03-15-000-2026-04614-00, por lo expuesto en la parte
motiva.

SEGUNDO: Contra lo decidido no procede recurso alguno.

TERCERO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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