Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-24-000-2023-00171-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-24-000-2023-00171-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-24-000-2023-00171-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
18 de abril de 2024
Demandante: Mary Luz Caicedo Ramírez
Demandado: Carlos Mario Zuluaga Pardo –
contralor general de la República (E)
Radicado: 11001-03-24-000-2023-00171-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-24-000-2023-00171-00
Demandante: Mary Luz Caicedo Ramírez
Demandado: Carlos Mario Zuluaga Pardo – contralor general de la
República (E)1
Tema: Cosa juzgada
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la demanda de nulidad electoral presentada contra la
Resolución ORD-80112-1499 del 15 de junio de 2023, mediante la cual, entre otras
decisiones, se encargó a Carlos Mario Zuluaga Pardo como contralor general de la
República.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1. Mary Luz Caicedo Ramírez, en nombre propio, presentó demanda 2 en
ejercicio del medio de control de nulidad3 contra la Resolución ORD-80112-1499 del
15 de junio de 2023 «por medio de la cual se declara la ocurrencia de la falta absoluta
del titular del cargo de Contralor General de la República y, por ende, del supuesto
de hecho previsto en la ley para la asunción de funciones por parte del
Vicecontralor».
2. En el escrito de la demanda manifestó las siguientes pretensiones:
PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. ORD-80112-1499 del 15 de
junio de 2023, expedida por el entonces Contralor General de la República.
TERCERA (sic): Que se ordene al Congreso de la República proveer en encargo al
Contralor General de la República, mientras se realiza la convocatoria pública para su
elección definitiva. [Énfasis del original].
1 Resolución ORD-80112-1499 del 15 de junio de 2023 «por medio de la cual se declara la ocurrencia
de la falta absoluta del titular del cargo de Contralor General de la República y, por ende, del supuesto
de hecho previsto en la ley para la asunción de funciones por parte del Vicecontralor».
2 Índice 2 Samai.
3 Establecido en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante CPACA).
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Demandante: Mary Luz Caicedo Ramírez
Demandado: Carlos Mario Zuluaga Pardo –
contralor general de la República (E)
Radicado: 11001-03-24-000-2023-00171-00
1.1. Fundamentos fácticos
3. Expuso que la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la
elección de Carlos Hernán Rodríguez Becerra como contralor general de la
República para el periodo 2022-2026, mediante sentencia del 25 de mayo de 20234.
4. Indicó que la providencia mencionada cobró ejecutoria el 15 de junio de 2023,
fecha en la cual el contralor Rodríguez Becerra expidió la Resolución ORD-80112-
1499 que dispuso lo siguiente:
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la falta absoluta del titular del cargo de Contralor
General de la República, a partir del 16 de junio de 2023, por efecto del fallo
proferido por la Sección Quinta, Sala de lo Contencioso Administrativo, del honorable
Consejo de Estado, el 25 de mayo de 2023, mediante el cual declaró la nulidad de la
elección del Dr. Carlos Hernán Rodríguez Becerra como Contralor General de la
República para el periodo 2022-2026.
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar que a partir del 16 de junio de 2023 ocurre el
supuesto de hecho previsto en el parágrafo 1 del artículo 38 del Decreto Ley 267
de 2000 para que el Vicecontralor Carlos Mario Zuluaga Pardo asuma las
funciones de Contralor General de la República, mientras el Congreso de la
República efectúa la elección de quien ha de fungir como tal durante el lapso que resta
del periodo institucional previsto para su ejercicio en el artículo 267 de la Constitución
Política. [Énfasis del original].
1.2. Normas violadas y concepto de la violación
5. Adujo que el acto acusado está viciado de nulidad por la inobservancia de los
artículos 267 y 268 de la Constitución Política (CP); 35 del Decreto Ley 267 de 20005;
ordinal 11 del 2.2.5.2.1 del Decreto 1083 de 20156 y 3027 del Código General del
Proceso (CGP). Desarrolló el concepto de la violación así:
a) Primer cargo. Falta de competencia: esgrimió que el acto cuestionado violó los
artículos 267 y 268 de la CP; y 35 del Decreto 267 de 2000 que regulan las
funciones del contralor general de la República, pues en ellos no se encuentra la
competencia de declarar la falta absoluta de su cargo.
A su vez, manifestó que la figura de la falta absoluta o vacancia definitiva del cargo
opera de pleno derecho al configurarse alguna de las causales establecidas en el
artículo 2.2.5.2.1 del Decreto 1083 de 2015, entre ellas, la declaratoria de nulidad
del nombramiento por decisión judicial (ordinal 11 de la mencionada norma).
Asimismo, puso de presente que la única autoridad competente para proveer las
faltas temporales o definitivas del cargo del contralor general es el Congreso de la
República, tal como lo dispone el artículo 126 CP.
4 Expedientes acumulados con radicados 11001-03-28-000-2022-00297-00 y 11001-03-28-000-2022-
00311-00.
5 Que establece las funciones del contralor general de la República.
6 Que regula las vacancias definitivas de empleos públicos.
7 Ejecutoria de providencias.
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Demandante: Mary Luz Caicedo Ramírez
Demandado: Carlos Mario Zuluaga Pardo –
contralor general de la República (E)
Radicado: 11001-03-24-000-2023-00171-00
Adicional a ello, afirmó que el 15 de junio de 2023, fecha en la cual se expidió la
resolución acusada, no se había configurado el supuesto previsto en el ordinal 11,
artículo 2.2.5.2.1 del Decreto 1083 de 2015, por cuanto la vacancia absoluta del
empleo solo se predica una vez la decisión judicial cobre ejecutoria.
b) Segundo cargo. Desviación de poder: expuso que el contralor Rodríguez
Becerra, al expedir el acto demandado, perseguía un interés particular, esto es,
que mediante la declaratoria de falta absoluta en el cargo de contralor general de
la República se encargara de tales funciones al vicecontralor general. En otras
palabras, «[…] no se buscó la satisfacción del interés general, ni la materialización
del bien común, ni mucho menos el mejoramiento del servicio público, sino la
posibilidad para que el alfil principal del Contralor General, a quien él mismo
nombró […]», asumiera el cargo.
Además, con la resolución expedida, se evitó que la autoridad nominadora
(Congreso de la República) nombrara o eligiera en encargo al contralor general,
mientras se surtía el proceso de convocatoria pública en los términos de los
artículos 126 y 267 de la CP, 22 y 23 de la Ley 5 de 1992 y la Ley 1904 de 2018 8.
c) Tercer cargo. Infracción de las normas en que debía fundarse: afirmó que el
acto censurado desconoció los artículos 2.2.5.2.1 del Decreto 1083 de 2015 y el
302 del CGP, toda vez que, cuando se expidió aquel (15 de junio de 2023), la
sentencia de nulidad electoral no estaba ejecutoriada. En efecto, indicó que se
declaró la vacancia absoluta del cargo de contralor general el 15 de junio de 2023,
pero esta tan solo tuvo ocurrencia el 16 siguiente.
Lo anterior, según su dicho, impidió que el Congreso de la República proveyera el
cargo de contralor general ante la falta absoluta. Por tanto, reiteró el
desconocimiento del artículo 267 de la CP, pues fue el propio contralor el que
encargó al vicecontralor.
1.3. Trámite procesal
6. La demanda se radicó el 20 de junio de 20239 y fue asignada por reparto a la
Sección Primera del Consejo de Estado, autoridad judicial que, mediante auto del 13
de septiembre de 202310 la remitió por competencia a esta Sección, por tratarse de
un asunto enjuiciable por el medio de control de nulidad electoral.
7. Al respecto, indicó que la Sala Electoral admitió y decretó la suspensión
provisional de los efectos de la Resolución ORD-80112-1499 del 15 de junio de 2023,
a través de la providencia del 27 de julio de 202311.
8 «Por la cual se establecen las reglas de la convocatoria pública previa a la elección de Contralor
General de la República por el Congreso de la República».
9 Índice 2 Samai.
10 Índice 4 Samai.
11 Dentro de la nulidad electoral con radicado 11001-03-28-000-2023-00039-00, MP. Pedro Pablo
Vanegas Gil. Este proceso fue posteriormente acumulado con el 2023-00041-00 mediante providencia
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Demandado: Carlos Mario Zuluaga Pardo –
contralor general de la República (E)
Radicado: 11001-03-24-000-2023-00171-00
8. El despacho conductor, a través del auto del 19 de octubre de 202312, dispuso
que: i) adecuaría la demanda al medio de control de nulidad electoral y ii) ordenó
correr traslado de la medida de suspensión provisional contra el acto demandado.
9. Luego de haberse surtido tal traslado, se resolvió, mediante auto del 30 de
noviembre siguiente13: i) la admisión de la demanda, ii) declarar fundado el
impedimento presentado, el 7 de noviembre de 2023, por el magistrado Luis Alberto
Álvarez Parra y iii) respecto a la suspensión provisional de los efectos de la
Resolución ORD-80112-1499 de 15 de junio de 2023, estarse a lo resuelto en los
autos del 27 de julio de 2023, dentro de los expedientes con radicados 11001-03-28-
000-2023-00039-00 y 11001-03-28-000-2023-00041-0014.
1.4. Contestaciones a la demanda
Contraloría General de la República15
10. Por conducto de apoderado judicial se opuso a las pretensiones de la
demanda, pues manifestó que el acto acusado se expidió con observancia del
ordenamiento jurídico y conforme a las disposiciones constitucionales y legales.
11. Frente al cargo de falta de competencia, expuso que la Resolución ORD-
80112-1499 de 15 de junio de 2023 no decidió una situación jurídica (falta absoluta
del cargo) sino que materializó la sentencia que declaró la nulidad del contralor
Carlos Hernán Rodríguez Becerra, con fundamento en los artículos 267
constitucional y 38 del Decreto Ley 267 de 2000.
12. Asimismo, indicó que con dicho acto no se suplió la competencia
constitucional y legal del Congreso de la República para proveer las faltas absolutas
y temporales del cargo, por el contrario, únicamente se limitó a cumplir una
providencia judicial.
13. En ese sentido, afirmó que la resolución referenciada no es un acto de
nombramiento o de encargo, en tanto que la asunción de funciones de contralor
general de la República, por parte del accionado, se efectuó como consecuencia de
la sentencia de nulidad electoral del 25 de mayo de 2023.
14. Ante tal vacancia definitiva del cargo, manifestó que el parágrafo 1.° del
artículo 38 del Decreto Ley 267 de 2000 permite que el vicecontralor general de la
del 14 de septiembre de 2023 y en diligencia de sorteo de magistrado ponente, del 29 de septiembre
siguiente, se asignó al despacho del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez.
12 Índice 14 Samai.
13 Índice 35 Samai. Al respecto se tiene que este auto fue proferido por los magistrados Omar Joaquín
Barreto Suárez, Pedro Pablo Vanegas Gil y el conjuez Álvaro Andrés Motta Navas (designado
mediante sorteo del 20 de noviembre de 2023).
14 En esa oportunidad se consideró que existía identidad de partes, fundamentos fácticos, como en la
solicitud de suspensión provisional de la Resolución ORD-80112-1499 del 15 de junio de 2023, la
cual, a su vez, no se encontraba surtiendo efectos por lo decidido en el auto del 27 de julio de 2023,
por parte de la Sección Quinta.
15 Índice 40 Samai.
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Demandado: Carlos Mario Zuluaga Pardo –
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República asuma las funciones del contralor general de la República, sin que se
expida acto administrativo alguno, mientras el Congreso de la República adelanta la
elección del cargo.
15. A su vez, precisó que el funcionario que profirió el acto enjuiciado se
encontraba en ejercicio de sus funciones para el 15 de junio de 2023, fecha de
expedición de la Resolución ORD-80112-1499, la cual producía efectos a partir del
16 de junio siguiente.
16. Por otra parte, en cuanto al cargo de desviación de poder, solicitó que sea
desestimado de plano porque carece de fundamento normativo y argumentativo. No
obstante, arguyó que aun sin proferirse el acto demandado le correspondía al
vicecontralor general de la República asumir las funciones de contralor general de la
República, según lo disponen los artículos 267 constitucional, 38 del Decreto Ley 267
de 2000 y la Ley 1904 de 2018.
17. Ahora, respecto al cargo de infracción de las normas en que debía fundarse
el acto, indicó que la Contraloría General de la República no pertenece a la Rama
Ejecutiva del poder público, por ello, está sujeta (en cuanto a su organización y
funcionamiento) a lo dispuesto en el Decreto Ley 267 de 2000.
18. Además, refirió que, si bien el artículo 267 de la Constitución Política establece
que el contralor general de la República lo elige el Congreso en pleno, lo cierto es
que, mientras ello ocurre, le compete al vicecontralor general de la República asumir
las funciones de aquel, conforme al Decreto Ley 267 de 2000.
19. Así las cosas, propuso la excepción genérica prevista en el inciso primero del
artículo 187 del CPACA.
20. Finalmente, pidió que se decreten y tengan como pruebas los antecedentes
administrativos correspondientes a la Resolución ORD-80112-1499 del 15 de junio
de 2023, los cuales se adjuntaron con el escrito que descorrió el traslado de la
medida cautelar.
1.5. Traslado de la excepción
21. Dentro del término del traslado16 de la excepción propuesta la accionante no
presentó manifestación alguna.
2. Auto que ordenó el trámite de sentencia anticipada
22. A través de la providencia del 6 de marzo de 202417, el despacho sustanciador,
entre otras decisiones, sometió el proceso al trámite de sentencia anticipada previsto
en el artículo 182A del CPACA, se pronunció sobre las pruebas aportadas y
solicitadas por las partes y fijó el litigio a resolver en el presente caso.
16 Conforme al informe secretarial (índice 48 Samai), el término transcurrió entre el 1 y 5 de febrero
de 2024.
17 Índice 52 Samai.
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3. Traslado de las pruebas decretadas y aportadas al proceso18
23. Dentro de la oportunidad concedida, ninguno de los sujetos procesales hizo
alguna manifestación.
4. Alegatos de conclusión19
4.1. Carlos Mario Zuluaga Pardo - demandado20
24. En escrito presentado por conducto de apoderado judicial, solicitó que se
declare la cosa juzgada. Lo anterior, con fundamento en que la legalidad de la
Resolución ORD-80112-1499 del 15 de junio de 2023 fue objeto de decisión
mediante la sentencia del 14 de diciembre de 2023, por parte de esta Sección.
25. Expuso, en punto de los elementos que configuran la cosa juzgada, que debe
existir identidad de objeto, causa petendi y partes. En cuanto al último de los
presupuestos, precisó que, tratándose de demandas de nulidad, como la del caso
concreto, este no resulta exigible21.
26. Sobre el objeto y las pretensiones del presente proceso, indicó que guardan
similitud con las del expediente con radicado «1001-03-28-000-2023-00039-00
(ACUMULADO) 1001-03-28-000-2023-00041-00». Así, reiteró que el motivo o razón
que dio lugar a la primera demanda corresponde con la actual, por lo que daría lugar
a la configuración de la cosa juzgada.
4.2. Contraloría General de la República22
27. En memorial allegado a través de un profesional del derecho, pidió que se dé
aplicación al fenómeno jurídico de la cosa juzgada, conforme al ordinal 3.°, artículo
182A del CPACA. Ello, en razón de la identidad de objeto, causa y partes entre el
asunto de radicado «2023-00039-00 (acumulado con el 2023-00041-00)» y este.
28. Agregó que, la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del
14 de diciembre de 2023, declaró la nulidad del acto acusado que, a su vez, «[…]
desde su firmeza produce efectos sustanciales y procesales […]».
18 Según el informe secretarial (índice 60 Samai), el término tuvo lugar entre el 13 y 15 de marzo de
2024.
19 De acuerdo con el informe secretarial (índice 60 Samai), el término tuvo lugar desde el 18 de marzo
hasta el 5 de abril de 2024. Se precisa que, el 26 y 27 de marzo de 2024 no corrieron términos por
motivo de la Semana Santa.
20 Índice 58 Samai.
21 Fundamentó su argumento en la siguiente decisión: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 22 de abril de 2004, rad. «13274», MP. Germán Ayala
Mantilla.
22 Índice 59 Samai.
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5. Concepto del Ministerio Público
29. Dentro del término del traslado23 la agente del Ministerio Público no rindió
concepto.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
30. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver en
única instancia la presente demanda de nulidad electoral, de conformidad con el
ordinal 4.° del artículo 149 del CPACA24 y el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de
marzo de 2019 proferido por la Sala Plena de esta Corporación.
2. Asuntos por resolver
31. Según lo indicado en la fijación del litigio, contenida en el auto del 6 de marzo
de 2024, la Sala deberá abordar los siguientes aspectos:
De conformidad con el ordinal 1.º, inciso segundo, del artículo 182A del CPACA25, se
procede a fijar el litigio a partir de los cargos propuestos en la presente demanda y en
lo decidido en la sentencia del 14 de diciembre de 2023, dentro del expediente 11001-
03-28-000-2023-00039-00 (principal).
Así las cosas, se entrará a verificar si procede aplicar la cosa juzgada frente a los
siguientes cuestionamientos, en relación con lo decidido por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, así:
¿Es nulo el acto enjuiciado por la falta de competencia del contralor general de la
República para declarar la falta absoluta de su cargo, según lo disponen los artículos
267 y 268 de la CP; y 35 del Decreto Ley 267 de 2000 y, a su vez, determinar quién
asumiría las funciones de ese cargo?
¿Está viciada de nulidad la Resolución ORD-80112-1499 del 15 de junio de 2023 por
haberse proferido con desviación de poder, puntualmente, por perseguir un interés
particular?
¿El acto demandado desconoció los artículos 2.2.5.2.1 del Decreto 1083 de 2015 y el
302 del CGP, en tanto que, se declaró la vacancia absoluta del cargo de contralor
general sin que la sentencia de nulidad electoral estuviera ejecutoriada?
23 Dicho traslado surtió en la misma fecha indicada para los alegatos de conclusión.
24 «ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA. Artículo
modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: El Consejo de
Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones,
subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento disponga,
conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 4. De la nulidad de los actos de elección
expedidos por el Congreso de la República, sus Cámaras y sus comisiones, la Corte Suprema de
Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la junta directiva o consejo
directivo de los entes autónomos del orden nacional y las comisiones de regulación. Igualmente, de
la nulidad del acto de nombramiento del Viceprocurador General de la Nación, del Vicecontralor
General de la República, del Vicefiscal General de la Nación y del Vicedefensor del Pueblo».
25 Pie de página 27 original del texto: «El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará
sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del
Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia. Énfasis del despacho».
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3. Caso concreto – cosa juzgada
32. En cuanto al fenómeno jurídico procesal de la cosa juzgada en los procesos
contencioso administrativos, se tiene que el artículo 189 del CPACA establece una
serie de eventos en los cuales se predica tal figura, entre estos, i) «[l]a sentencia que
declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa
juzgada erga omnes» y ii) «[l]a que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada
erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada […]».
33. Por su parte, el artículo 303 del CGP, aplicable al caso por la regla remisoria
prevista en el artículo 306 del CPACA, determina que dicha excepción se predica
«[…] siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la
misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de
partes»26.
34. Así, nótese que la finalidad de esta figura es impedir el debate sobre hechos
y conductas resueltas judicialmente. Ello, en razón de que lo decidido por el juez se
reviste de vinculante, obligatorio y, por ende, de inmutable27. En otras palabras,
cuando se profiera sentencia de fondo (y esté ejecutoriada) frente a una causa
petendi, se imposibilita al juez para que, en el futuro, emita otro pronunciamiento que
varíe o modifique un asunto idéntico28.
35. En ese orden y con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 303 del CGP, se analizará lo pertinente del proceso con
radicado 11001-03-28-000-2023-00039-00 (principal) - 11001-03-28-000-2023-
00041-00 (acumulado)29, cuya decisión de fondo se profirió el 14 de diciembre de
202330 y se declaró la prosperidad de uno de los cargos, puntualmente, el de falta de
competencia, en tanto:
[…] el señor Carlos Hernán Rodríguez Becerra no tenía la capacidad legal para
declarar la vacancia definitiva de su cargo ni para designar su reemplazo temporal,
circunstancia que permite concluir que incurrió en una extralimitación de las funciones
constitucionalmente atribuidas, es decir, actuó por fuera de los linderos del principio de
legalidad y, en esa medida, se evidencia el desconocimiento de los artículos 267 y 268
de la Carta Política y 35 del Decreto Ley 267 de 2000.
36. A su vez, en cuanto a los otros cargos propuestos, esto es, de la desviación
de poder y la falta de ejecutoria de la sentencia de nulidad electoral, se consideró
26 Sobre la explicación de cada uno de los tres (3) elementos, consultar: Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto del 26 de octubre de 2017, rad.
76001-23-33-000-2013-00041-01 (0692-16), MP. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Puntualmente, se
precisó: i) Partes. Quienes concurren al nuevo proceso deben ser idénticas personas, naturales o
jurídicas, que figuraban como sujetos procesales en el anterior. ii) Objeto. Las pretensiones elevadas
en el nuevo proceso son iguales a las reclamadas en el primero ya decidido. iii) Causa petendi. El
motivo o razón que fundamentó la primera demanda se corresponde con el invocado en la segunda.
27 Idem.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 5 de
marzo de 2009, rad. 11001-03-24-000-2004-00262-01, MP. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
29 Asunto asignado al despacho del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez.
30 Dicha sentencia se notificó por estado del 15 de diciembre de 2023 y conforme el artículo 302 del
CGP, quedó debidamente ejecutoriada el 15 de enero de 2024.
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Demandado: Carlos Mario Zuluaga Pardo –
contralor general de la República (E)
Radicado: 11001-03-24-000-2023-00171-00
que, de los elementos probatorios, no se demostró que con el acto acusado se
persiguiera una finalidad contraria al interés general, pues, si bien se vulneró el
principio de legalidad al actuar sin competencia, lo cierto es que tal irregularidad no
tiene incidencia para la materialización de la asunción de funciones por parte del
vicecontralor, en razón a que ello opera de pleno derecho.
37. En lo relativo al cargo que pretende demostrar que se declaró la vacancia
absoluta sin que la sentencia de nulidad electoral estuviera ejecutoriada, se concluyó,
en primer lugar, que el artículo 2.2.5.2.1 del Decreto 1083 de 2015 no resulta
aplicable al caso concreto porque esta norma regula el sector de la Función Pública
y la Contraloría General de la República no hace parte de este.
38. Segundo, en punto del desconocimiento del artículo 302 del CGP, se adujo
que ello carecía de relevancia para el análisis de la legalidad que se adelantó en
tanto que, «únicamente cuando adquiriera firmeza el fallo que anuló la elección del
contralor general de la República, el vicecontralor debía asumir las funciones que
legalmente le corresponden, en virtud del parágrafo 1º del artículo 38 del Decreto
267 de 2000».
39. Por lo expuesto, se declaró la nulidad de la Resolución ORD-80112-1499 del
15 de junio de 2023:
PRIMERO: Declarar la nulidad de la Resolución ORD-80112-1499 del 15 de junio de
2023, proferida por el señor Carlos Hernán Rodríguez Becerra, mientras fungió como
contralor general de la República, por las razones expuestas en la parte considerativa
de esta sentencia. […] [énfasis del original].
40. Al mismo tiempo, se tiene que en el expediente referido el objeto, causa y
partes consistieron en:
a) Sus pretensiones fueron la declaratoria de nulidad de la Resolución ORD-
80112-1499 del 15 de junio de 2023 y, además, que se ordenara al Congreso
de la República proveer en encargo al contralor general de la República, a
través de la convocatoria pública para su elección.
b) Los motivos por los cuales se solicitó dicha nulidad, eran: i) la falta de
competencia del funcionario que expidió tal resolución para declarar la falta
absoluta del cargo y encargar al demandado con el fin de que asumiera las
funciones de contralor general de la República, pues dicha facultad era
exclusivamente del Congreso de la República, ii) que con la expedición del
acto acusado no se satisfizo el interés general, sino uno particular consistente
en encargar como contralor general al vicecontralor y iii) el desconocimiento
de los artículos 267 de la Constitución Política; 2.2.5.2.1 del Decreto 1083 de
2015 y el 302 del CGP.
c) Como parte accionada figuró Carlos Mario Zuluaga Pardo, en su calidad de
contralor general de la República (E).
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Demandante: Mary Luz Caicedo Ramírez
Demandado: Carlos Mario Zuluaga Pardo –
contralor general de la República (E)
Radicado: 11001-03-24-000-2023-00171-00
41. Ahora, en el proceso objeto de decisión se evidencia que el objeto, causa y
partes consisten en:
a) Se pretende la nulidad de la Resolución ORD-80112-1499 del 15 de junio de
2023 y, además, que se ordene al Congreso de la República proveer en
encargo al contralor general de la República, a través de la convocatoria
pública para su elección.
b) Los cuestionamientos frente al acto demandado son los siguientes: i) el
contralor general de la República no tiene la competencia para declarar la falta
absoluta de su cargo; por el contrario, dicha figura opera de pleno derecho al
configurarse alguna de las causales establecidas en el artículo 2.2.5.2.1 del
Decreto 1083 de 2015. Además, la única autoridad competente para proveer
las faltas temporales o definitivas del cargo del contralor general es el
Congreso de la República, ii) el funcionario que expidió el acto demandado
perseguía un interés particular, esto es, que se encargara de las funciones de
contralor general al vicecontralor y iii) desconocimiento de los artículos 267
de la Constitución Política; 2.2.5.2.1 del Decreto 1083 de 2015 y el 302 del
CGP.
c) El demandado es Carlos Mario Zuluaga Pardo, en su calidad de contralor
general de la República (E).
42. De lo expuesto, resulta evidente lo siguiente: i) el proceso 2023-00039-00
(principal) versa sobre el mismo objeto litigioso planteado en el expediente 2023-
00171-00, es decir, se proponen las mismas pretensiones o declaraciones que se
reclaman; ii) las dos demandas se fundan en idénticos motivos o fundamentos
jurídicos por los cuales se solicita anular el acto enjuiciado y, finalmente, iii) figura
Carlos Mario Zuluaga Pardo como demandado en ambos litigios.
43. Sobre el último de los requisitos para declarar la cosa juzgada, esto es, la
identidad de partes, la Sección Quinta ha precisado que dicha similitud debe recaer
en el extremo accionado, pues tratándose de una acción pública que puede ejercer
cualquier persona resulta indiferente quién la promueve31.
44. En ese sentido, al demostrarse que los cargos propuestos por la demandante
fueron objeto de análisis y decisión por parte de esta Corporación, la Sala declarará
la cosa juzgada en el presente caso, en relación con la sentencia del 14 de diciembre
de 2023, proferida dentro del expediente principal 11001-03-28-000-2023-00039-00,
que declaró la nulidad de la Resolución ORD-80112-1499 del 15 de junio de 2023.
45. Lo anterior, con sustento en que el acto acusado en el presente proceso es el
mismo que no surte efectos en la actualidad.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 3 de junio
de 2021, rad. 81001-23-33-000-2020-00018-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
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Demandante: Mary Luz Caicedo Ramírez
Demandado: Carlos Mario Zuluaga Pardo –
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4. Otras decisiones
46. El demandado, Carlos Mario Zuluaga Pardo, confirió poder especial32 a Óscar
Blandón Garibello, identificado con la cédula de ciudadanía 80.137.996 y tarjeta
profesional 357.872 del Consejo Superior de la Judicatura, para que ejerza su
representación judicial dentro del proceso de la referencia, por lo que, al cumplir dicho
mandato con los requisitos de ley, se le reconocerá personería en los términos de
aquel.
47. Por otra parte, se reconocerá personería jurídica a Carlos Andrés López
Merchán, identificado con la cédula de ciudadanía 80.109.519 y tarjeta profesional
175.788 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado judicial de la
Contraloría General de la República, conforme al poder allegado al proceso33.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLÁRESE PROBADA la figura de la cosa juzgada.
SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.
TERCERO: RECONOCER personería al abogado Óscar Blandón Garibello como
apoderado de la parte demandada, conforme al poder allegado, y a Carlos Andrés
López Merchán como apoderado de la Contraloría General de la República, en los
términos del poder conferido.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
32 Índice 58 Samai.
33 Índice 59 Samai.
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