Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04614-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04614-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04614-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
19 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ONCE ESPECIAL DE DECISIÓN DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04614-00
Solicitante: Willian Augusto Jácome Urrea
Convocado: Orlando Rayo Acosta
Medio de control: Pérdida de investidura
Sentencia de primera instancia
La Sala Once Especial de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado
procede a resolver la solicitud de pérdida de desinvestidura formulada por el
ciudadano Willian Augusto Jácome Urrea, quien actúa por conducto de apoderado
judicial, contra el representante a la Cámara por el departamento del Amazonas,
Orlando Rayo Acosta, elegido para el periodo constitucional 2026-2030.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de pérdida de investidura1
En escrito presentado el 15 de junio de 2026, el solicitante afirmó que el señor
Orlando Rayo Acosta en su condición de representante a la Cámara elegido el 8 de
marzo de 2026 en la circunscripción territorial del Amazonas por el movimiento
político La voz del Amazonas2, infringió el régimen de inhabilidades previsto en el
artículo 183-1 de la Constitución Política, al incurrir en la causal prevista en el
segundo supuesto del numeral 3 del artículo 179 superior, esto es, haber intervenido
en la celebración de contratos con entidades públicas en interés propio o en el de
terceros dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de la elección.
Sostuvo que para el año 2025, el convocado regentaba la calidad de representante
legal de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y que en ejercicio
de dicha condición celebró el convenio nro. 1830 de 16 de septiembre de 2025 con
el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, “lo cual consta en SECOP II y
en el clausulado contractual”. Agregó que el mencionado contrato produjo efectos
jurídicos, tuvo algunas modificaciones, generó obligaciones y en su ejecución en el
departamento del Amazonas requiere la utilización de recursos públicos.
Expresó que la intervención del demandado en la celebración del precitado
convenio generó visibilidad, posicionamiento y acceso a comunidades beneficiarias
“con aptitud de incidir en la contienda electoral”.
Como fundamentos de derecho, además de las citadas normas constitucionales,
adujo que “la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que esta causal es
de naturaleza objetiva y se configura con la verificación de sus elementos
1 Índice de Samai 00001.
2 Índice de Samai 00003.
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estructurantes”, y “que la intervención en la celebración de contratos comprende
toda participación jurídicamente relevante, incluso a través de la representación
legal de personas jurídicas”.
Adicionalmente, aseveró que se configuran los elementos de la causal objetiva, a
saber: (i) material porque el convocado intervino en la celebración del convenio no.
180 de 16 de septiembre de 2025 como representante legal de la ONIC; (ii) temporal
dado que el contrato fue celebrado dentro de los seis (6) meses anteriores a la
elección como representante a la Cámara; (iii) territorial en razón a que el contrato
tuvo ejecución en el departamento del Amazonas, lo que, a su juicio, demuestra
“una relación directa entre la actividad contractual y el ámbito territorial de la
elección” y (iv) modal por cuanto fue celebrado en interés de un tercero, esto es, la
ONIC, “persona jurídica distinta del demandado, quien actuó en calidad de
representante legal”. Añadió que el contrato no permaneció en fase formal, sino que
fue debidamente ejecutado con desarrollo de actividades, desembolso de recursos
públicos y modificaciones contractuales, “lo que reafirma la materialidad de la
intervención” y, en su sentir, compromete la transparencia del proceso democrático.
Aludió al aspecto subjetivo de la causal respecto del cual indicó que “la conducta
desplegada por el señor Orlando Rayo Acosta es constitucionalmente reprochable
a título de culpa, cuando menos en la modalidad grave, por cuanto desconoció los
deberes de diligencia y cuidado que le eran exigibles en razón de su posición”.
Reiteró que el congresista convocado en pérdida de investidura actuó como
representante legal de la ONIC en la celebración del convenio no. 1830 de 16 de
septiembre de 2025, dentro del periodo inhabilitante, “lo que implica una posición
de dirección y manejo de asuntos jurídicos y administrativos”, a lo que agregó que
“le era exigible un estándar reforzado de diligencia en cumplimiento del orden
constitucional, en especial respecto del régimen de inhabilidades aplicable a
quienes aspiran al Congreso de la República”.
Por último, consideró que la conducta adelantada por el representante a la Cámara
configura una causal objetiva de inhabilidad y revela un comportamiento negligente
“caracterizado por la inobservancia de deberes básicos de diligencia, previsión y
respeto por el orden constitucional, lo cual satisface el reproche subjetivo exigido
para la procedencia de la perdida de investidura”.
2. Admisión
Por auto de 18 de junio de 20263, el magistrado ponente admitió la solicitud de
pérdida de investidura por cumplir los requisitos previstos en la Ley 1881 de 2018 y
ordenó su notificación personal al representante a la Cámara convocado y al agente
del Ministerio Público.
3. Oposición
3.1. Escrito del representante a la Cámara4
Mediante escrito de 26 de junio de 2026, el representante a la Cámara Orlando Rayo
Acosta, por conducto de apoderado judicial, pidió que se nieguen las pretensiones
3
Índice de Samai 00005.
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Índice de Samai 00015.
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Actor: Willian Augusto Jácome Urrea
de la solicitud de pérdida de investidura porque no se configura la causal del artículo
179-3 de la Constitución Política invocada por la parte convocante.
En primer término, sostuvo que en la demanda se afirma que el congresista incurrió
en violación del régimen de inhabilidades previsto en el artículo 183-1 de la
Constitución Política, por encontrarse incurso en el segundo supuesto del numeral
3 del artículo 179 superior, esto es, haber celebrado contratos con entidades
públicas en interés propio o en el de terceros dentro de los seis (6) meses anteriores
a la fecha de la elección. Lo anterior, al haber intervenido en la celebración del
convenio no. 1830 de 16 de septiembre de 2025 suscrito con el Ministerio de las
Culturas, las Artes y los Saberes, respecto del cual afirma que “la Organización
Nacional Indígena de Colombia – ONIC compareció representada legalmente por el
señor Orlando Rayo Acosta”.
Al respecto, precisó que el referido convenio no fue celebrado, suscrito ni
gestionado por el señor Orlando Rayo Acosta, en tanto para la fecha de su
celebración -16 de septiembre de 2025- ya había cesado como representante legal
de dicha organización, condición que asumió el señor Rosalino Guarupe Joropa,
sucesor inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá el 6 de agosto de 2025, es
decir, 33 días antes de que comenzara el periodo constitucional inhabilitante de seis
(6) meses -8 de septiembre de 2025-.
Así las cosas, señaló que no se configura el elemento objetivo de la causal de
pérdida de investidura, lo que indicó resulta suficiente para no realizar el análisis de
culpabilidad o de responsabilidad subjetiva. Para respaldar este argumento se refirió
a la sentencia SU-424 de 2016, en la que se precisó la diferencia entre el juicio de
nulidad electoral y el de pérdida de investidura, para concluir que es en el primer
escenario judicial en el que se verifica la causal desde el punto de vista objetivo.
De otra parte, mencionó la sentencia SU-474 de 2020 para destacar que en el
proceso de pérdida de investidura se debe efectuar la verificación del elemento
objetivo y subjetivo como “exigencia acumulativa”, es decir, que se requiere de los
dos para que se pueda acceder a la pretensión de retirar la investidura. Agregó que
de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado el examen de esos
elementos es secuencial, es decir, que además de configurar la causal objetiva “es
necesario que las acciones u omisiones constitutivas de la falta puedan atribuirse a
título de dolo o culpa”5.
Con fundamento en esa precisión sobre el juicio de responsabilidad en el proceso
de pérdida de investidura, indicó que al proceso no se allegó prueba documental
que acredite que el convocado celebró el convenio no. 1830 de 16 de septiembre
de 2025 con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, por lo que el
elemento objetivo no se configura.
Al respecto, adujo que de conformidad con el certificado de existencia y
representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá el 6 de agosto
de 2025, se efectuó el registro como representante legal de la ONIC del señor
Rosalino Guarupe Joropa, y que el certificado histórico de nombramientos “acredita
el momento del cese del convocado y de la sucesión”, lo que fue anterior al 8 de
septiembre de 2025, es decir, “antes de que se abriera la ventana inhabilitante”.
5
Radicado 11001-03-15-000-2019-02135-01 (PI).
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Actor: Willian Augusto Jácome Urrea
Asimismo, refirió que el histórico de acceso del usuario “ONIC-RL” en la plataforma
SECOP II acredita quién operó como representante y gestionó ante las entidades y
desde cuándo, el cual da cuenta de que “el señor Guarupe Joropa operó la cuenta
de manera ininterrumpida desde el 8 de agosto de 2025 y que el convocado no
figura una sola vez en todo el histórico”, lo que permite concluir que era el
representante legal para el momento de la celebración del convenio no. 1830 de 16
de septiembre de 2025 y la aprobación en la plataforma SECOP II el 17 del mismo
mes y año.
Expresó que lo anterior evidencia que los actos que la solicitud de pérdida de
investidura atribuye al representante a la Cámara Orlando Rayo Acosta, los
desplegó el representante legal sucesor de la ONIC, en concreto (i) la celebración
del convenio el 16 de septiembre de 2025 y (ii) la suscripción del otrosí no. 1 de 4
de diciembre de 2025, razones que llevaron a reafirmar que el elemento objetivo de
la causal de desinvestidura invocada no se configura “porque el convocado no
celebró el convenio ni gestionó actuación alguna durante el periodo inhabilitante”.
Manifestó que a la misma conclusión se puede arribar luego de examinar los
documentos precontractuales habilitantes que el Ministerio de las Culturas, las Artes
y los Saberes incorporó al expediente electrónico del convenio no. 180-2025 que
está alojado en la plataforma SECOP II, con el fin de verificar la capacidad jurídica
del contratista para el momento de estructurar y perfeccionar el contrato. Destacó
que la totalidad de esos documentos “comparte dos rasgos dirimentes: fueron
generados con anterioridad al 8 de septiembre de 2025, fecha en que se abrió el
periodo inhabilitante del artículo 179, numeral 3, de la Constitución Política, y
corresponden sin excepción, al señor Rosalino Guarupe Joropa, nuevo Consejero
Mayor y representante legal de la ONIC”. Agregó que ninguno de esos documentos
fue expedido a nombre del señor Orlando Rayo Acosta, “ni da cuenta de actuación
suya alguna”, y concluyó que los habilitantes que el solicitante invoca como sustento
de la causal son la prueba de su inexistencia.
También se refirió al Registro Único Tributario -RUT- de la ONIC generado el 13 de
agosto de 2025, que reposa en el expediente contractual, en el que se consigna
como titular de la representación legal certificado al señor Rosalino Guarupe Joropa,
lo que afirma se puede corroborar igualmente en la casilla 98, con fecha de inicio
en el ejercicio de la representación el 6 de agosto de 2025, lo que está “en plena
concordancia con la inscripción del relevo en la Cámara de Comercio de Bogotá”.
Mencionó el certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General
de la Nación no. 279655288 y el certificado del Boletín de Responsables Fiscales
(SIBOR) de la Contraloría General de la República en los que se no se registran
antecedentes del señor Rosalino Guarupe Joropa, como representante legal de la
ONIC, sobre quien se hizo la verificación de la capacidad jurídica en la etapa
precontractual con antelación al inicio del periodo inhabilitante -8 de septiembre de
2025-.
Señaló que los artículos 23, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993 imponen a la entidad
contratante el deber de verificar la capacidad jurídica del contratista con la
documentación vigente y actualizada al momento de contratar, trámite que se
realizó respecto del nuevo representante legal de la ONIC, el señor Rosalino
Guarupe Joropa, a lo que agregó que “la mención del nombre del señor Orlando
Rayo Acosta en el encabezado de la minuta obedece, en consecuencia, a un error
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de transcripción imputable de manera exclusiva a la entidad contratante,
inconsistente con la propia documentación que ella misma incorporó al expediente”.
Insistió en que, contrario a lo afirmado por el solicitante, los documentos anteriores
al 8 de septiembre de 2025 no acreditan intervención alguna dentro del periodo
inhabilitante, “prueban, justamente, que las gestiones precontractuales ocurrieron
fuera de él”, y destacó que el artículo 179-3 de la Constitución Política “no proscribe
haber sido ‘condición de posibilidad’ de un contrato, sino ‘haber intervenido’ en su
celebración, locución que exige una actuación activa, personal y temporalmente
situada centro del lapso constitucional”.
Anotó que no existe en el ordenamiento jurídico un “deber de depuración que
obligara al representante saliente a retirar de los expedientes en curso los
documentos generados a su nombre; menos aún cuando, en este caso, los
habilitantes se expidieron a nombre de su sucesor”.
Con todo, indicó que el representante a la Cámara convocado no intervino en la
celebración del convenio no. 1830 de 16 de septiembre de 2025, ni los documentos
habilitantes lo vinculan jurídicamente con esa contratación.
En tercer lugar, aseveró que si en gracia de discusión se admitiera que existió
alguna actuación o participación del congresista en la fase de ejecución contractual,
tampoco se configura la causal de desinvestidura alegada, en tanto conforme lo ha
precisado la jurisprudencia del Consejo de Estado6 la aplicación de las inhabilidades
debe ser restrictiva, de tal manera que “la permanencia de documentos en la
plataforma y las actividades de ejecución son, a lo sumo, una situación pasiva,
jamás el comportamiento activo, positivo y dinámico que la causal reclama”.
En cuarto término, indicó que de llegar a examinarse el elemento subjetivo la
conclusión a la que se debe arribar es que no está demostrado el dolo ni la culpa
grave, pues no le era exigible al congresista convocado depurar su nombre del
expediente contractual que era administrado por su sucesor, el señor Rosalino
Guarupe Joropa7.
En quinto lugar, sostuvo que en la sentencia SU-326 de 2022 dictada por la Corte
Constitucional la causal de inhabilidad se encontró configurada porque el
congresista demandado seguía siendo representante legal de una organización
dentro del límite temporal precisado en el ordenamiento jurídico, lo que no ocurre
en esta oportunidad, en tanto para el momento de la celebración del convenio no.
1830 de 16 de septiembre de 2025 quien fungía como representante legal era el
señor Guarupe Joropa.
Por último, en relación con la supuesta “ventaja electoral” alegada en la solicitud de
desinvestidura precisó que no es supuesto contenido en el artículo 179-3 de la
Constitución Política, por lo que no se puede ampliar indebidamente la causal, a lo
que agregó que el reproche efectuado es empíricamente inviable porque los quince
beneficiarios del convenio en el Amazonas representan una “fracción ínfima” del
electorado de La Chorrera. Y reiteró que la mención del nombre del congresista
convocado en el encabezado de la minuta es un error de verificación de la entidad
6
Radicado 11001-03-15-000-2018-02417-00 (PI).
7
Se refirió al test jurisprudencial precisado por el Consejo de Estado, en virtud del cual se requiere verificar (i) si el congresista
estaba en condiciones de comprender el hecho; (ii) si le era exigible otra conducta y (iii) si el congresista atendió las normas
jurídicas.
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Actor: Willian Augusto Jácome Urrea
contratante, lo que no se puede entender como intervención o gestión de una
conducta que nunca existió, “ni puede trasladarse al convocado ni a la ONIC,
máxime cuando la operación real del expediente -según histórico de SECOP II-
estuvo a cargo del representante legal sucesor”.
3.2. La agente del Ministerio Público aun cuando fue debidamente notificada del
auto admisorio de la solicitud de pérdida de investidura, guardó silencio.
4. Etapa probatoria
4.1. Estudio de las pruebas allegadas por las partes
Por auto de 22 de julio de 20268, el despacho del magistrado sustanciador incorporó
al expediente por ser conducentes, pertinentes y útiles, con el valor legal que les
corresponde, las pruebas documentales aportadas por el convocado y el solicitante,
así9:
• Formulario E-24 CAM correspondiente al “cuadro de resultados del
escrutinio” para la Cámara de Representantes por el departamento del
Amazonas de las elecciones de Congreso de la República que tuvieron
lugar el 8 de marzo de 2026, en el que se encuentra el candidato Orlando
Rayo Acosta por la agrupación política La voz del Amazonas con un total
de votos de 5598. El formulario se encuentra disponible en el enlace
electrónico suministrado por la parte actora y permite su acceso y
descarga íntegra.
• Formulario E-14 correspondiente al acta de escrutinios de los jurados de
Aportadas por
votación para la elección de Congreso de la República que se realizó el
el convocado marzo 8 de 2026, (municipio 013 – La Correra, departamento 60 -
Amazonas) de la agrupación política La voz del Amazonas. El formulario
se encuentra disponible en el enlace electrónico suministrado por la parte
actora y permite su acceso y descarga íntegra.
• Consulta electrónica INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO del proceso
contractual MC-CI-1830-2025 entre el Ministerio de las Culturas, las Artes
y los Saberes y la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC,
que se encuentra disponible en el enlace electrónico suministrado por la
parte actora, permite su acceso y descarga.
• Certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá expedido el 13 de abril
de 2026, identificado con el código de verificación nro. A267317286D68D,
contentivo del historial de nombramientos de los representantes legales
de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
• Certificado de existencia y representación legal de la Organización
Nacional Indígena de Colombia (ONIC), expedido por la Cámara de
Comercio de Bogotá el 6 de agosto de 2025, identificado con el código de
Aportadas por
verificación nro. B2527684263279.
el solicitante
• Copia de consulta histórica en la página de la Agencia Nacional de
Contratación Pública Colombia Compra Eficiente del representante legal
de la ONIC, Rosalino Guarupe Joropa, con fecha de 8 de abril de 2026.
• Copia del otrosí nro. 1 al Convenio 1830-2025 celebrado entre el
Ministerio de las culturas, las Artes y los Saberes y la Organización
Nacional Indígena de Colombia (ONIC), en el que se dispuso la prórroga
del plazo de ejecución del convenio no. 1830-2023 hasta el 28 de febrero
8
Índice de Samai 00017.
9
En el ordinal tercero del auto no se tuvieron como pruebas las mencionadas en el numeral 1.2.2. de esa providencia, por no
cumplir con el requisito de utilidad.
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Actor: Willian Augusto Jácome Urrea
de 2026.
• Documento denominado “soporte probatorio no. 8 datos electorales del
municipio de La Chorrera (Amazonas) — Elecciones legislativas (Cámara
de Representantes), 8 de marzo de 2026, dirigido al proceso de pérdida
de investidura de la referencia”, en el que se “acredita el censo electoral
(potencial de sufragantes) y los resultados de la votación para Cámara de
Representantes en el municipio de La Chorrera (Amazonas), con el fin de
dimensionar la magnitud del cuerpo electoral frente al número de
beneficiarios involucrados en los hechos del proceso”.
• Registro Único Tributario de la Organización Nacional Indígena de
Colombia (ONIC), generado el 13 de agosto de 2025, en el que consta
que el inicio de la representación legal de la ONIC por parte del señor
Rosalino Guarupe Joropa inició el 6 de agosto de 2025.
• Consulta de información general del estado del contrato no. 1830-2025
que da cuenta de la aprobación del contrato el 17 de septiembre de 2025
por Rosalino Guarupe Joropa representante legal de la ONIC y Luisa
Fernanda Trujillo Bernal como secretaria general del Ministerio de las
Culturas, las Artes y los Saberes.
• Se ofició a la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia
Compra Eficiente, en su condición de administradora del Sistema
Prueba Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), para que remita, con
decretada destino a este trámite judicial, el enlace electrónico habilitado para
acceder a las actuaciones del expediente contractual correspondiente al
Convenio MC-CI-1830-2025 y del contrato asociado
CO1.PCCNTR.8331192, que permita la consulta y descarga de la
totalidad de los documentos que lo integran.
4.2. Respuesta de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia
Compra Eficiente
Por medio de oficio de 29 de julio de 2026, el subdirector de Información y Desarrollo
Tecnológico informó que el expediente electrónico correspondiente al convenio MC-
CI-1830-2025 y al contrato asociado CO1.PCCNTR.8331192, se encuentra
publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP II. Agregó
que cualquier ciudadano puede consultarlos y descargarlos, en ejercicio del
principio de publicidad que rige la contratación estatal.
Además, allegó el enlace electrónico para acceder a la información que reposa en
el SECOP II, con la precisión de que su publicación la realiza la entidad estatal
responsable de proceso contractual, conforme a sus competencias y bajo su
responsabilidad.
5. Audiencia pública
El 12 de agosto de 2026 se llevó a cabo la audiencia pública prevista en el artículo
12 de la Ley 1881 de 2018, diligencia que se realizó de manera virtual, con la
presencia de los magistrados que integran la Sala Once Especial de Decisión de
Pérdida de Investidura del Consejo de Estado, la agente del Ministerio Público, el
apoderado del solicitante y el apoderado del congresista convocado.
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Actor: Willian Augusto Jácome Urrea
De manera previa, el magistrado sustanciador puso de presente que el convocante,
el señor Willian Augusto Jácome Urrea, mediante memorial de la fecha10, allegó
poder especial conferido al abogado Germán Ernesto Escobar Higuera, para que lo
representara dentro del proceso de pérdida de investidura. Verificado el
cumplimiento de los requisitos legales, el magistrado reconoció personería al
referido abogado como apoderado del convocante, en los términos y para los
efectos del poder conferido aportado en medio magnético.
A continuación, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo
12 de la Ley 1881 de 2018 se concedió el uso de la palabra a las partes, cuyas
intervenciones se sintetizan así:
5.1. Intervención del solicitante11
Por conducto de apoderado judicial, reiteró los argumentos de la solicitud de pérdida
de investidura e insistió en que le corresponde al Consejo de Estado determinar si
“realmente” el congresista demandado vulneró el régimen de inhabilidades previsto
en el artículo 179-3 de la Constitución Política, al intervenir en la celebración de un
contrato estatal dentro de los seis (6) meses anteriores a la elección como
representante a la Cámara por el departamento del Amazonas, actuación que
conforme al artículo 183-1 superior y la Ley 1881 de 2018, constituye causal de
desinvestidura.
Insistió en que con el material probatorio recaudado se acreditó que el convocado,
en su condición de representante legal de la Organización Nacional Indígena de
Colombia (ONIC), “intervino de manera directa y jurídicamente relevante en la
celebración del Convenio No. 1830 de 2025, suscrito con el Ministerio de las
Culturas, las Artes y los Saberes”, el cual se celebró el 16 de septiembre de 2025,
es decir, dentro del límite temporal de la prohibición constitucional, a lo que agregó
que “su ejecución tuvo lugar en el departamento del Amazonas, circunscripción por
la cual posteriormente resultó elegido congresista”.
Sostuvo que el debate no gira en torno a un mero formalismo documental, sino que
se circunscribe a determinar si la actuación del convocado resultó determinante para
la conformación del vínculo contractual y si dicha intervención se subsumió en la
prohibición prevista en el artículo 179-3 de la Carta Política. Frente a este
planteamiento señaló que de conformidad con el marco constitucional, las pruebas
allegadas y la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, “quien actúa como
representante legal de una entidad contratista interviene jurídicamente en la
celebración del contrato, pues expresa la voluntad de la persona jurídica y hace
posible el perfeccionamiento del negocio jurídico”.
Señaló que la referida prohibición tiene por finalidad evitar que la contratación
estatal se utilice como mecanismo de posicionamiento político o de obtención de
ventajas electorales, garantizando así la igualdad entre los candidatos y la
transparencia del proceso democrático.
10
Radicado en el Sistema para la Gestión Judicial SAMAI a las 9:27:16 cuyo texto es el siguiente: “El Señor(a):GERMAN
ERNESTO ESCOBAR HIGUERA con vinculación al proceso: ApodDte - Demandante, a través de la ventanilla virtual, radicó
la solicitud No. 3181309 tipo: Recepción de Memoriales de fecha: 12/08/2026 9:14:10, donde solicitó: Yo WILIAN AUGUSTO
JACOME URREA mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía No. 1.216.972.095 actuando en calidad de
demandante dentro del proceso de la referencia por medio del presente escrito manifiesto que confiero PODER ESPECIAL
AMPLIO Y SUFICIENTE al abogado GERMAN ESCOBAR HIGUERA”.
11
Índice 00031 de Samai.
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Actor: Willian Augusto Jácome Urrea
Reiteró que en el proceso está demostrado que el demandado intervino en la
celebración del contrato estatal dentro del periodo inhabilitante como representante
legal de la Organización Nacional Indígena (ONIC), en interés de un tercero y con
plena coincidencia en la circunscripción por la cual resultó electo como congresista,
condición que no era meramente nominal, en tanto “era la única persona con
facultad para obligar jurídicamente a la organización frente a la administración
pública, expresar su consentimiento y perfeccionar el negocio jurídico”. En
consecuencia, su participación fue indispensable para la celebración de convenio y
constituye una intervención jurídicamente relevante, en los términos del artículo 179
superior.
Expresó que un argumento que podría ser utilizado por la defensa es que quien
contrató fue la ONIC y no el señor Orlando Rayo Acosta, lo cual desconocería la
naturaleza de la representación legal, pues las personas jurídicas carecen de
voluntad propia y solo pueden actuar por intermedio de quien las representa
jurídicamente. Agregó que el convenio no permaneció en una etapa formal, lo que
se demuestra con las pruebas allegadas al proceso que dan cuenta de que tuvo
ejecución efectiva, movilizó recursos públicos, generó obligaciones recíprocas y
desarrollo actividades en el departamento del Amazonas, es decir, tuvo incidencia
real en el territorio electoral “y materializó precisamente el riesgo que el
constituyente quiso evitar mediante el régimen de inhabilidades”.
Con todo, insistió en que el elemento objetivo de la causal está debidamente
acreditado porque el congresista convocado intervino de manera directa y
jurídicamente relevante en la celebración de un contrato estatal dentro del periodo
constitucional inhabilitante, actuó en interés de un tercero que en este caso es la
ONIC, y la contratación tuvo relación con la circunscripción territorial del Amazonas,
para la que fue elegido.
Refirió que está demostrado el reproche subjetivo que exige la Ley 1881 de 2018,
en tanto “el demandado no era un particular ajeno al funcionamiento de la
contratación estatal, sino el representante legal de una organización de alcance
nacional con experiencia en la celebración de contratos públicos”. Agregó que “esa
condición le imponía un deber reforzado de conocer y respetar las inhabilidades
constitucionales aplicables a quienes aspiran a integrar el Congreso de la
República. Pese a ello, intervino en la celebración de un contrato dentro del periodo
inhabilitante, conducta que, por lo menos, evidencia culpa grave”.
Manifestó que la conducta desplegada era previsible y evitable. A su juicio, podía
abstenerse de intervenir en la celebración del convenio dentro del periodo
inhabilitante, delegar oportunamente la representación legal o adoptar medidas
administrativas para impedir que esa actuación comprometiera la aspiración
electoral, omisión “que revela una inobservancia grave del deber objetivo de
cuidado. El demandado no incurrió en un error insuperable ni enfrentó una situación
de fuerza mayor que le impidiera actuar conforme al ordenamiento jurídico”.
Indicó, que la jurisprudencia del Consejo de Estado -no se refirió a alguna decisión
en concreto-, ha señalado que el análisis del elemento subjetivo no requiere
demostrar el estado psicológico del congresista, sino que se debe verificar “si, de
acuerdo, con las circunstancias objetivas del caso, estaba en capacidad de
comprender la prohibición constitucional y si razonablemente podía actuar de
manera distinta (…) presupuestos [que] concurren en este proceso”.
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Por último, estimó que la controversia que se debe resolver no puede abordarse a
partir de una interpretación aislada o literal del artículo 179-3 de la Constitución
Política, sino que requiere adoptarse a la luz de los principios superiores que
inspiran el régimen de inhabilidades y de la finalidad constitucional que persigue la
pérdida de investidura como mecanismo de protección de la democracia
representativa. Añadió que aceptar la tesis de que un representante legal puede
intervenir en la celebración de contratos estatales durante el periodo inhabilitante y
posteriormente acceda al Congreso de la República sin ninguna consecuencia,
“implicaría abrir una vía para eludir el régimen constitucional mediante el uso de
personas jurídicas”.
5.2. Intervención de la representante del Ministerio Público12
La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado sostuvo que no se
configura la causal de inhabilidad consagrada en el artículo 179-3 de la Constitución
Política, toda vez que las pruebas allegadas al proceso no permiten demostrar, con
el grado de certeza exigido para esta clase de juicios, la concurrencia de los
elementos necesarios para la estructuración de la inhabilidad invocada que alude a
la imposibilidad de celebrar contratos con una entidad estatal dentro de los seis (6)
meses anteriores a la elección.
De manera inicial, se refirió al carácter taxativo de las inhabilidades precisadas por
el constituyente, como causales de inelegibilidad de los congresistas, y a que en el
marco de la función judicial no son admisibles interpretaciones analógicas o
extensivas.
Por otra parte, en relación con el caso concreto indicó que de conformidad con las
pruebas allegadas al proceso no es posible acreditar la concurrencia de los
elementos necesarios para la acreditación de la inhabilidad invocada por la parte
solicitante. En concreto, mencionó que en la plataforma SECOP II en donde se aloja
el convenio no. 1830 de 16 de septiembre de 2025, no se observa que el congresista
convocado hubiera suscrito el acto negocial, ni tampoco se puede extraer “el lugar
donde debían ejecutarse las prestaciones convenidas y si correspondía
puntualmente al departamento del Amazonas o si el acuerdo le aparejó un beneficio
propio o para un tercero”
Aseveró que, según dicha consulta, se logró determinar que el convenio no. 1830
de 16 de septiembre de 2025 fue suscrito por el señor Rosalino Guarupe Joropa
como proveedor del servicio pactado, en tanto parte contratada, lo que está
respaldado, afirmó, con el certificado de existencia y representación legal expedido
por la Cámara de Comercio en el que consta que desde el 6 de agosto de 2025
ostenta la representación legal de dicha organización. Agregó que si bien en la
etapa precontractual se aportó el Registro Único Tributario (RUT) y un certificado
de existencia y representación legal expedidos el 10 y 16 de julio de 2025, en su
orden, en los que figura el señor Orlando Rayo Acosta con la representación legal
de la ONIC, se trata de documentos anteriores al registro que se efectuó el 6 de
agosto de 2025.
Puso de presente que si bien en el otrosí no. 1 del convenio no. 1830 de 16 de
septiembre de 2025, en el que se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 28 de
febrero de 2026, se hace mención en el encabezado al señor Orlando Rayo Acosta
12
Índice 00033 de Samai.
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como representante legal de la ONIC, “dicha referencia, analizada en conjunto con
el restante material probatorio, no corresponde con la información oficial ya
referenciada que acredita la modificación de la representación legal de la ONIC, y
es que, en efecto, de la consulta histórica del proveedor efectuada en la plataforma
SECOP II se evidencia que, para la época de ejecución y posterior desarrollo del
convenio figuraba como representante legal el señor Rosalino Guarupe Joropa”, a
lo que agregó que fue este último quien solicitó la prórroga al Ministerio de las
Culturas, las Artes y los Saberes.
Así las cosas, indicó sobre este particular que de la revisión de las actuaciones
registradas en la plataforma SECOP II “permiten constatar que la modificación
contractual aprobada el 12 de diciembre de 2025 fue gestionada por el señor
Rosalino Guarupe Joropa, quien actuó en representación de la ONIC durante dicho
trámite y, además, realizó la contratación de la póliza de cumplimiento
correspondiente”. Agregó que lo anterior también encuentra respaldo en el
certificado aportado con los documentos de la solicitud de prórroga expedido el 5
de noviembre de 2025 por la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del
Ministerio del Interior, en el que alude al señor Guarupe Joropa como representante
legal de la ONIC.
Por lo anterior, explicó que esa circunstancia constituye una inconsistencia
documental aislada desprovista de la entidad suficiente para desvirtuar los restantes
medios de convicción aportados al proceso de pérdida de investidura, a lo que
agregó que con la valoración en conjunto de las restantes pruebas documentales
es posible concluir que la representación legal de la ONIC estaba en cabeza del
señor Rosalino Guarupe Joropa desde el 6 de agosto de 2025, “y que fue este quien
actuó en nombre de dicha organización durante el desarrollo del procedimiento
contractual”.
En definitiva, sostuvo que al no encontrarse acreditada la intervención del
convocado en la celebración del convenio no. 1830 de 16 de septiembre de 2025 y,
por ende, desestimarse la configuración del elemento material u objetivo de la
causal de desinvestidura invocada, resulta improcedente realizar el análisis del
elemento subjetivo de la responsabilidad del convocado.
5.3. Intervención del representante a la Cámara convocado13
Por conducto de su apoderado judicial, se refirió al alcance de la causal de
desinvestidura invocada por la parte actora, para lo cual mencionó algunas
decisiones del Consejo de Estado14 y la Corte Constitucional15, a partir de las cuales
sostuvo que la sola titularidad formal de la representación legal no se adecúa al
verbo rector “celebrar” contenido en el segundo supuesto del artículo 179-3 de la
Constitución Política. Agregó que la controversia propuesta no se circunscribe a
determinar si el nombre del congresista convocado figura en algún documento del
expediente contractual, sino que debe determinarse quien suscribió el convenio no.
1830 de 16 de septiembre de 2025.
A continuación, se refirió a varios documentos que se tuvieron como pruebas en el
proceso de pérdida de investidura, con el fin de demostrar que no se acreditó la
causal invocada, a saber:
13
Índice 00032 de Samai.
14
Sentencia de 12 de agosto de 2021, radicado 15001-23-33-000-2019-00630-01.
15
SU-424 de 2016 y SU-474 de 2020.
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• El 2 de julio de 2025, mediante Acta No. 001 el Congreso Nacional de la Organización
Nacional Indígena de Colombia eligió como consejero mayor al señor Rosalino Guarupe
Joropa, según consta en el certificado histórico de nombramientos de representante legal
expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, código de verificación A267317286D68D.
• El 6 de agosto de 2025, ese nombramiento fue inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá
bajo el número 00396004 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro. El certificado de
existencia y representación legal expedido en esa misma fecha, código de verificación
B2527684263279, identifica como representante legal inscrito al señor Guarupe Joropa.
• El 13 de agosto de 2025, el Registro Único Tributario de la organización consignó al señor
Guarupe Joropa como representante legal certificado, con fecha de inicio del ejercicio de la
representación del 6 de agosto de 2025.
• El 8 de septiembre de 2025 se inició el período inhabilitante previsto en el numeral 3 del
artículo 179-3 de la Constitución Política, por lo que entre la inscripción del sucesor y el inicio
del límite temporal transcurrieron treinta y tres (33) días calendario.
• El 17 de septiembre de 2025 tuvo lugar la aprobación del Convenio No. 1830 en la plataforma
de contratación estatal SECOP II, la cual fue efectuada por el señor Rosalino Guarupe
Joropa, según la consulta de información general del estado del contrato que obra en el
expediente.
Destacó que lo anterior permite concluir que al iniciar el período inhabilitante el
convocado no ostentaba la representación legal de la Organización Nacional
Indígena (ONIC) y que, por tanto, no suscribió el convenio, lo que descarta la
configuración del elemento objetivo.
Aludió a la sentencia SU-326 de 2022 de la Corte Constitucional en la que, afirma,
la imputación recayó en tres circunstancias, “La primera, que el allí demandado
conservaba la condición de presidente y Representante Legal en la fecha de la elección,
conforme al certificado de existencia y representación legal expedido el 12 de marzo de
2018. La segunda, que el acto realizado fue una delegación entendida como mandato civil,
respecto de la cual la Sección Quinta sostuvo que no podía asegurarse que con él el
presidente se hubiese despojado de la función de representante legal, pues la única manera
de dejar de ostentar jurídicamente dicha condición era con una reforma a los estatutos. La
tercera, que esa reforma estatutaria se adoptó mediante Acta No. 22 del 16 de marzo de
2018, esto es, con posterioridad a la elección, y se inscribió el 10 de mayo siguiente”.
Así las cosas, sostuvo que ninguna de las circunstancias referidas se configuró en
el asunto bajo examen, en tanto no medió delegación sino cesación, no hubo
mandato sino un nuevo nombramiento realizado por el máximo órgano de gobierno
de la ONIC, acto que, recalcó, fue inscrito en el registro público el 6 de agosto de
2025, esto es, treinta y tres días (33) antes del inicio del período inhabilitante. Y por
último, mencionó que para la fecha de la elección popular que tuvo lugar el 8 de
marzo de 2026, en el certificado de existencia y representación legal no se
identificaba al convocado como representante legal de la Organización Nacional
Indígena de Colombia (ONIC), sino a su sucesor el señor Rosalino Guarupe Joropa.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
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Actor: Willian Augusto Jácome Urrea
La Sala Once Especial de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado
es competente para conocer, en primera instancia, la solicitud de pérdida de
investidura presentada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 184 y 237-
5 de la Constitución Política, 2 de la Ley 1881 de 2018, el numeral 6 del artículo 111
y 107 de la Ley 1437 de 2011, el artículo 37 numeral 7 de la Ley Estatutaria 270 de
1996 y el artículo 33 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, modificado por el
Acuerdo 434 de 2020, reglamento interno del Consejo de Estado.
2. Oportunidad en la interposición de la solicitud
Conforme a lo previsto en el artículo 6 de la Ley 1881 de 2018, la solicitud de pérdida
de investidura deberá presentarse dentro del término de cinco (5) años contados a
partir del día siguiente a la ocurrencia del hecho generador de la causal de pérdida
de investidura, so pena de que opere la caducidad del término para interponerla.
En el asunto bajo examen, para la parte convocante el hecho generador que permite
a la Sala verificar la oportunidad en la presentación de la solicitud de desinvestidura
es la elección como representante a la Cámara por la circunscripción territorial del
Amazonas del señor Orlando Rayo Acosta el 8 de marzo de 2026, para el periodo
constitucional 2026-2030, por lo que es posible concluir que la solicitud se presentó
dentro del término de cinco (5) años previsto por el legislador para ejercer en tiempo
el derecho de acción.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si el representante a la Cámara Orlando Rayo
Acosta incurrió en la causal de pérdida de investidura del numeral 3 del artículo 179
de la Constitución Política por haber desconocido el régimen de inhabilidades
previsto en el numeral 1 del artículo 183 superior, en concreto, intervenir en la
celebración de contratos con entidades públicas en interés propio o en el de terceros
dentro de los seis (6) meses anteriores a la elección (segundo supuesto).
4. Características constitucionales y legales de la acción de pérdida de
investidura
El antecedente que se puede asimilar a la actual acción de pérdida de investidura
se encuentra, en vigencia de la Constitución Nacional de 188616, en la posibilidad
que existía de pedir ante el Consejo de Estado la declaratoria de vacancia del cargo
por desconocimiento de las disposiciones normativas sobre inhabilidades o
incompatibilidades para ser congresista, de conformidad a lo previsto en el artículo
3 del Decreto Legislativo 3485 de 195017.
Posteriormente, en el artículo 13 del Acto Legislativo 01 de 197918 se incluyeron las
causales de pérdida de investidura y se le asignó esa competencia al Consejo de
Estado, sin embargo, la corporación no conoció ningún proceso de esa naturaleza
porque la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia declaró la inexequibilidad de
16
Pérdida de investidura de congresistas 1991-2017. Análisis cuantitativo, cualitativo y fichas de análisis jurisprudencial,
Bogotá, 2017, grupo editorial Ibañez, volumen I, p. 24. Coordinación general a cargo de Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
17
Esa disposición señalaba: “Artículo 3. La contravención a lo dispuesto en los artículos anteriores producirá la vacante del
cargo. A solicitud de cualquier ciudadano, el Consejo de Estado, en Sala Plena, hará la declaración de vacancia cuando se
trate de senadores o de representantes, y el respectivo Tribunal Administrativo, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo
24 del Decreto 2046 de 1950, hará la declaración cuando se trate de Diputados o de Concejales”.
18
Por el cual se reforma la Constitución Nacional.
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esa reforma constitucional por vicios de forma mediante sentencia no. 57 de 3 de
noviembre de 198119.
En el proceso constituyente de 1991 también se incluyó la figura de la pérdida de
investidura20. En el artículo 9 del reglamento de la Asamblea Nacional Constituyente
se indicaba que la Asamblea, previo informe de la Mesa Directiva, podía declarar la
pérdida de investidura de un constituyente en los siguientes casos: (i) por violación
del régimen de incompatibilidades; (ii) por ausencia a seis (6) sesiones plenarias en
las que se voten proyectos de reforma constitucional y (iii) por falta de posesión
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la instalación de la Asamblea o de
haber sido llamado por la Presidencia de la Asamblea a ocupar el cargo de
constituyente. Además, precisaba que, respecto de los dos últimos supuestos, no
eran procedentes cuando mediara fuerza mayor o caso fortuito.
La Constitución Política de 1991 reintrodujo al ordenamiento jurídico colombiano la
acción de pérdida de investidura de los congresistas, cuya naturaleza de
conformidad con lo previsto en el artículo 40 superior es ser una acción pública y un
derecho fundamental, y “un instrumento que permite materializar el principio
democrático, cuya finalidad última es garantizar la transparencia absoluta de los
miembros de las corporaciones públicas en relación con sus actuaciones, en la
medida que permite: desterrar prácticas indebidas, depurar conductas indecorosas,
evitar abusos del poder con fines personales, garantizar el interés público y
recuperar el prestigio del órgano legislativo”21.
El artículo 1° de la Ley 1881 de 201822 establece que en el proceso de pérdida de
investidura se realiza un juicio de responsabilidad subjetiva en contra de los
congresistas, que con su conducta dolosa o gravemente culposa hubieren incurrido
en una de las causales de pérdida de investidura establecidas en la Constitución
Política.
En sentencia de 26 de febrero de 2026, la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado sostuvo que la acción pública de pérdida de investidura “es una
institución jurídica de orden constitucional y carácter judicial”23, cuyo propósito es
preservar la integridad del mandato representativo24. Agregó que “por las
consecuencias que produce sobre los derechos políticos del congresista, su
decisión exige estricta observancia del debido proceso y un examen riguroso de los
elementos de la causal y del juicio de culpabilidad”.
De igual manera, en la sentencia SU-082 de 202625, la Corte Constitucional, con
sustento en jurisprudencia de esta Corporación, indicó que la pérdida de investidura
es una acción pública “que comporta un juicio de naturaleza ética y con efectos
jurídicos, cuyo propósito es proteger la dignidad del cargo que ocupan los miembros
de los cuerpos colegiados”. Y destacó que “constituye un instrumento constitucional
de la mayor entidad, en tanto comporta una restricción intensa de los derechos
políticos, particularmente del derecho a elegir y ser elegido, y del acceso a cargos
y funciones públicas. Su finalidad no es la mera corrección formal de irregularidades,
19
Pérdida de investidura, Op. Cit., p. 25.
20
Gaceta Constitucional no. 13 del 1 de marzo de 1991.
21
Pérdida de investidura, Op. Cit., p. 26. En el texto se refiere al alcance que se le ha dado a la acción de pérdida de investidura
en la jurisprudencia del Consejo de Estado.
22
Modificado por el artículo 4 de la Ley 2003 de 2019.
23
Cfr. Sentencia SU-1159 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
24
M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves, exp. 1001-03-15-000-2025-03956-01.
25
M.P. Vladimir Fernández Andrade.
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sino la preservación de la dignidad del mandato democrático y de la ética pública
en el ejercicio de la representación popular”.
Esa misma decisión recordó que en razón a la severidad de la sanción de
desinvestidura que implica una inhabilidad permanente, “(…) exige un juicio
estrictamente sancionatorio, sometido a los principios del debido proceso, de
legalidad, de culpabilidad y de proporcionalidad, así como a un estándar probatorio
riguroso que descarte toda forma de responsabilidad objetiva”.
Esta Corporación de manera reiterada ha indicado que las características de la
acción de pérdida de investidura son26:
(i) El objeto del proceso es de carácter ético, dado que las causales consagradas
en la Constitución Política “reflejan un código positivizado de conducta, que tiene
por objeto reprochar y sancionar comportamientos contrarios a la dignidad del cargo
que ejercen los representantes del pueblo. De acuerdo con ello, el juez de la pérdida
de investidura debe determinar si el demandado, con su conducta, lesionó la
dignidad del cargo que ostenta y el principio de representación, a partir del análisis
de las específicas causales que fijó el constituyente”27.
(ii) Es un proceso de naturaleza jurisdiccional, que finaliza con una sentencia y puede
tener un impacto determinante en los derechos políticos del congresista que se
despoja de esa investidura, en tanto genera una inhabilidad permanente para
ocupar cargos de elección popular 28, “de modo que el derecho a ser elegido tiene
que ceder, frente al respeto de la democracia, impidiendo que quien ha defraudado
ese principio vuelva a ser depositario de la confianza del elector”29.
(iii) Es de naturaleza sancionatoria, en tanto hace parte del ius puniendi del Estado, y
a diferencia de los procesos sancionatorios administrativos, la competencia para
tramitarlo y decidirlo es de la jurisdicción contencioso administrativo, conforme al
procedimiento previsto por el legislador y con apego estricto a las garantías del
debido proceso (art. 29 de la Constitución)30.
(iv) Tiene una legitimación por activa amplia, porque cualquier ciudadano puede
promoverla (Ley 1881 de 2018, art. 5), así como la mesa directiva de la Cámara a
la que pertenezca el congresista (Ley 1881 de 2018, art. 4) 31.
(v) Se trata de un juicio de responsabilidad subjetiva, lo que se desprende del artículo
1 de la Ley 1881 de 2018 y la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte
Constitucional. Puntualmente, en la sentencia SU-424 de 2016, se indicó que el
juicio de pérdida de investidura está sujeto “de manera general a los principios que
gobiernan el debido proceso en materia penal, con las modulaciones especiales que
son necesarias para la realización de sus fines constitucionales”. De allí que debe
adelantarse con observancia plena del debido proceso, de manera particular, de los
principios pro homine, in dubio pro reo, de legalidad (causales taxativas y no hay
lugar a aplicar la analogía, objetividad, razonabilidad, favorabilidad,
proporcionalidad y culpabilidad.
Sobre este último particular, la Corte Constitucional ha precisado que este trámite
judicial “se cobija con los principios del derecho punitivo en la medida que comporta
una restricción seria de derechos fundamentales, comportando de paso
consecuencias aflictivas reductoras de los márgenes de acción que el encartado
tiene como ciudadano colombiano. En tal medida, garantías fuertes como los
principios de dignidad humana, legalidad, debido proceso, favorabilidad,
26
La Sala reitera la reciente sentencia de 26 de febrero de 2026, exp. 1001-03-15-000-2025-03956-01. M.P. Luis Eduardo
Mesa Nieves.
27
Sentencia de 26 de febrero de 2026, exp. 1001-03-15-000-2025-03956-01.
28
Sentencia de 21 de julio de 2015, exp. 2012-00059-00, M.P. María Claudia Rojas Lasso.
29
Sentencia de 26 de febrero de 2026, exp. 1001-03-15-000-2025-03956-01.
30
Sentencia de 8 de marzo de 2018, exp. 2017-00474-01, M.P. María Elizabeth García González.
31
Sentencia de 23 de febrero de 2016, exp. 2015-00102-00.
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proporcionalidad y culpabilidad son de la esencia de esta especie de derecho
sancionador”32.
Además, la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado ha precisado
que el juicio de pérdida de investidura debe determinar si la conducta del elegido
popularmente se adecúa objetivamente o no a las causales taxativas que fijó el
constituyente y, adicionalmente, se debe efectuar el juicio de responsabilidad
subjetiva, es decir, si el congresista actuó con dolo o culpa grave33.
En conclusión, la acción pública de pérdida de investidura puede ser ejercida por
cualquier ciudadano o la mesa directiva de la respectiva cámara, para lo cual se
debe invocar y demostrar alguna de las causales de desinvestidura previstas en la
Constitución Política, cuyo juicio no se limita al análisis objetivo de la causal, sino
que se requiere en caso de superarse, que adicionalmente se examine la conducta
subjetiva del congresista, es decir, si su conducta ha sido dolosa o gravemente
culposa.
5. La causal de pérdida de investidura contenida en el numeral 3 del artículo
179 de la Constitución Política y su alcance jurisprudencial
En el marco del Estatuto del Congresista previsto en la Constitución Política34, el
artículo 179 superior establece las causales de inelegibilidad o régimen de
inhabilidades aplicable a los congresistas, es decir, todo acto o situación que
invalida la elección o que impide serlo35. A su turno, el numeral 1 del artículo 183
superior establece que los congresistas perderán su investidura “por violación del
régimen de inhabilidades (…)”, decisión judicial que le corresponde adoptar al
Consejo de Estado como juez constitucional de la pérdida de investidura, conforme
lo dispone el artículo 184 de la Carta.
En la sentencia C-564 de 199736, la Corte Constitucional expresó que “(…) con las
inhabilidades se persigue que quienes aspiran a acceder a la función pública, para
realizar actividades vinculadas a los intereses públicos o sociales de la comunidad,
posean ciertas cualidades o condiciones que aseguren la gestión de dichos
intereses con arreglo a los criterios de igualdad, eficiencia, moralidad e
imparcialidad que informan el buen servicio y antepongan los intereses personales
a los generales de la comunidad”.
En similar sentido, en sentencia de 14 de octubre de 202037, la Sala Contencioso
Administrativa del Consejo de Estado destacó que con el régimen de inhabilidades
“se establecen los casos en los cuales una persona que pretende ostentar dicha
calidad no puede ser elegida cuando ocurra alguna de las circunstancias dispuestas
en el artículo 179 ibidem (…) los que generan la pérdida de la investidura en caso
de configurarse”.
32
Corte Constitucional, M.P. José Fernando Reyes Cuartas, sentencia SU 474 de 6 de noviembre de 2020.
33
Sentencia de 7 de marzo de 2023, exp. 2022-04009-01, M.P. Rocío Araujo Oñate.
34
En sentencia de 28 de noviembre de 2023, expediente 11001-03-15-000-2022-05556-02, M.P. Nicolás Yepes Corrales, la
Sala Contencioso Administrativo del Consejo de Estado se refirió en los siguientes términos al Estatuto del Congresista: “i)
previó una serie de restricciones de acceso al cargo (inhabilidades); ii) estatuyó prohibiciones para los parlamentarios que
están en ejercicio de su dignidad (incompatibilidades), y iii) dispuso que quienes conforman el órgano legislativo deben
manifestar, de manera expresa, cualquier situación particular que pueda reñir con el interés público con el que deben ejercer
su función (conflicto de intereses)33. Para garantizar el cumplimiento irrestricto de dicho estatuto, en el numeral 1° del artículo
183 de la Constitución se dispuso que su violación daría lugar a la pérdida de investidura”.
35
El concepto de inhabilidad está previsto en el artículo 279 de la Ley Orgánica 5 de 1992.
36
M.P. Antonio Barrera Carbonell.
37
M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Actor: Willian Augusto Jácome Urrea
Las inhabilidades o causales de inelegibilidad tienen como propósito garantizar que
quienes resulten elegidos como congresistas cumplan a cabalidad con los requisitos
para acceder a esa dignidad constitucional, en el marco de un modelo constitucional
participativo, y que se asegure un desempeño idóneo de la función legislativa, en
tanto de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Constitución Política
“los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y
deberán actuar consultando la justicia y el bien común (…), a lo que agrega que “el
elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del
cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura”.
Esta Corporación ha precisado que las inhabilidades son determinantes “para
asegurar ciertas cualidades y condiciones en los aspirantes a ejercer un cargo o
función públicos en forma acorde con los intereses que se pretenden alcanzar con
ese desempeño”, y tienen como propósito i) garantizar la transparencia,
imparcialidad, igualdad y moralidad en el acceso y la permanencia en el servicio
público y ii) asegurar la primacía del interés general sobre el interés particular del
aspirante38.
En relación con los congresistas, el artículo 179 de la Carta Política establece el
régimen de inhabilidades. Esa disposición alude a los supuestos normativos que
restringen el ejercicio del derecho político a ser elegido (art. 40 de la Constitución)
a un escaño en el Congreso de la República.
Ahora bien, el numeral 3 del artículo 179 de la Constitución Política señala que no
podrán ser congresistas “(…) 3. Quienes hayan intervenido en gestiones de
negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en
interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades
que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses
anteriores a la fecha de la elección”.
Del contenido de esa disposición constitucional se observan tres supuestos
normativos de inhabilidad diferenciables, a saber: (i) haber intervenido en la gestión
de negocios ante entidades públicas, (ii) haber intervenido en la celebración de
contratos con entidades públicas en interés propio, o en el de terceros y (iii) haber
sido representante legal de entidades administradoras de tributos o contribuciones
parafiscales39. Todos esos actos o situaciones para quien pretenda ser elegido
como congresista, tienen como límite constitucional inhabilitante que se materialicen
dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de la elección.
Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que “aunque las
modalidades enunciadas comparten algunos parámetros, lo cierto es que se trata
de conductas diferenciadas y, por ende, con características y alcances propios”40.
La Corte Constitucional ha precisado que la finalidad de esas inhabilidades “es
eminentemente preventiva y comporta un doble objetivo: de una parte, evitar que
quien gestiona o contrata con el Estado goce de una condición de privilegio frente
a la comunidad que ha sido beneficiada con la gestión u obra contratada y, de otra,
38
Sentencia de 7 de marzo de 2023, exp. 2022-04009-01, M.P. Rocío Araujo Oñate.
39
Sentencia de 11 de diciembre de 2007, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, radicado 2006-01308-
00 (PI), M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
40
Sentencia de 27 de noviembre de 2020, Sala Diecisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado, expediente 11001-
03-15-000-2020-02883-00, en la que reiteró la sentencia de 8 de octubre de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-02417-
01, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
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que la condición de candidato, potencialmente elegible, le derive una situación de
ventaja frente a los eventuales contratistas”41.
Respecto del segundo supuesto referido en precedencia -intervención en la
celebración de contratos-, el Consejo de Estado ha perfilado los elementos objetivos
que configuran la causal, esto es, el material, el propositivo, el territorial o espacial
y el temporal. En sentencia de 28 de noviembre de 202342, la Sala de lo Contencioso
Administrativo sostuvo:
“Al respecto, según el tenor del texto constitucional y de conformidad con el alcance que
al mismo le ha asignado el Consejo de Estado, para que dicha inhabilidad se entienda
materializada en su aspecto objetivo, deben concurrir los siguientes elementos:
a) Elemento material: de acuerdo con la Carta Política, la conducta proscrita es
“intervenir en la celebración contratos” con una entidad pública. Así, se ha precisado que
debe existir una participación directa y personal del candidato para celebrar directamente
o por interpuesta persona un negocio jurídico cuya contraparte sea una entidad estatal
en cualquiera de sus niveles (central o territorial), excluyendo aquellos contratos a través
de los cuales el Estado ofrece servicios comunes a todos los ciudadanos, como, por
ejemplo, los relacionados con la prestación de servicios públicos o el contrato de
seguros.
b) Elemento propositivo: implica que el contrato se celebre en interés ⎯de cualquier
índole⎯, propio y personal del congresista o de terceros distintos a él. Aquí lo que se
examina es si el negocio generó algún tipo de beneficio patrimonial o extrapatrimonial al
parlamentario y/o a terceros.
c) Elemento territorial o espacial: exige que el contrato deba cumplirse o ejecutarse en
la misma circunscripción territorial donde el congresista resultó electo. Para el caso de la
circunscripción nacional, como la de los Senadores de la República, el inciso final del
artículo 179 de la Constitución Política dispone que ella coincide con cada una de las
circunscripciones territoriales.
d) Elemento temporal: por último, debe estar configurado el elemento temporal de la
conducta, el cual implica que el contrato haya sido celebrado dentro de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de la elección”.
Asimismo, ha señalado que el vocablo “celebración” contenido en el numeral 3 del
artículo 179 de la Constitución Política, alude al perfeccionamiento del negocio
jurídico que, de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, se concretiza
“cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a
escrito”. De igual modo, ha indicado que se excluye otras etapas del contrato como
la ejecución y la liquidación43, “sin perjuicio de las particularidades propias de
aquellos contratos a los que no les aplica el Estatuto de Contratación Pública -como
por ejemplo, los convenios de asociación de que trata el artículo 13 de la Ley 1150
de 2007, caso en el cual deberán consultarse las formalidades propias de cada
negocio jurídico para establecer el momento de su perfeccionamiento”44.
En la misma sentencia de 28 de noviembre de 2023, la Sala Contencioso
Administrativa del Consejo de Estado sostuvo que verificado el cumplimiento
41
Corte Constitucional, sentencia de 14 de septiembre de 2022, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
42
Expediente 11001-03-15-000-2022-05556-02, M.P. Nicolás Yepes Corrales.
43
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 30 de mayo de 2019, radicación 13001-23-33-000-2018-00417-00;
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 11 de abril de 2019, radicación 11001-03-28-000-2018-00080-00
(acumulado); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 27 de septiembre de 2018, radicación
11001-03-15-000-2018-00015-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 19 de enero de
2010, radicación 1001-03-15-000-2009-00708-00 y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de
10 de noviembre de 2009, radicación 11001-03-15-000- 2008-01181-00.
44
Sentencia de 28 de noviembre de 2023, expediente 11001-03-15-000-2022-05556-02, M.P. Nicolás Yepes Corrales (nota
al pie de página 39).
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objetivo de la causal, a partir de los mencionados elementos, le corresponde al
juzgador constatar que se haya demostrado que el congresista convocado haya
actuado con dolo o culpa grave conforme a lo previsto en el inciso primero del
artículo 1 de la Ley 1881 de 2018, “de manera que para entender estructurada la
conducta de que se trate no basta que concurran los elementos objetivos de la
prohibición constitucional, sino que es necesario acreditar la culpabilidad del
congresista, esto es, su conducta dolosa o gravemente culposa, pues de esta
manera se desvirtúa la presunción de inocencia que, por supuesto, resulta aplicable
también en estos trámites”.
Por último, comoquiera que la Ley 1881 de 2018 no precisa el alcance que debe
darse al dolo o a la culpa grave en el marco de los procesos de pérdida de
investidura, la jurisprudencia de esta Corporación que indicado que “mientras el dolo
corresponde a la ‘intención positiva de lesionar un interés jurídico’, la culpa ‘atañe a
un concepto que está ligado a la diligencia debida para el desarrollo de determinada
actividad’”45.
6. Estudio y solución del caso concreto
El ciudadano Willian Augusto Jácome Urrea presentó solicitud de pérdida de
investidura contra el representante a la Cámara Orlando Rayo Acosta, elegido por
la circunscripción territorial del Amazonas para el periodo constitucional 2026-2030,
al considerar que incurrió en la causal de inhabilidad prevista en el numeral 3 del
artículo 179 de la Constitución Política, esto es, haber intervenido en la celebración
de contratos con entidades públicas en interés propio o en el de terceros, dentro de
los seis (6) meses anteriores a la fecha de la elección.
Para el solicitante se configuran los elementos objetivos de la causal de inhabilidad
invocada, en tanto suscribió con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
el Convenio no. 1830 de 16 de septiembre de 2025, en condición de representante
legal de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), dentro del límite
constitucional inhabilitante.
De conformidad con el escrito inicial, la contestación, las intervenciones efectuadas
en la audiencia pública y las pruebas documentales incorporadas al proceso de
pérdida de investidura, cuya contradicción fue debidamente garantizada, la Sala
encuentra acreditado lo siguiente:
El 8 de marzo de 2026, se celebraron los comicios para el Senado de la República
y la Cámara de Representantes correspondientes al periodo constitucional 2026-
2030. Según el formulario E-24 CAM de 14 de marzo de 2026, expedido por el
Consejo Nacional Electoral se consignaron los resultados del escrutinio general
para la Cámara de Representantes, en el que consta que el señor Orlando Rayo
Acosta, candidato por el movimiento político La voz del Amazonas, obtuvo un total
de 5598 votos.
Por medio de formulario E-26 CAM de 14 de marzo de 2026, expedido por la misma
autoridad electoral, se declaró la elección del señor Orlando Rayo Acosta como
representante a la Cámara por el departamento del Amazonas para el periodo
constitucional 2026-2030, por el movimiento político La voz del Amazonas.
45
Sentencia de 10 de mayo de 2018, Consejo de Estado, Sección Primera, expediente 17001-23-33-000-2016-00473-01.
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En el enlace electrónico allegado como prueba al proceso de pérdida de
investidura46, por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra
Eficiente47, reposa la totalidad de las actuaciones administrativas del expediente
contractual MC-CI-1830-2025 suscrito entre el Ministerio de las Culturas, las Artes
y los Saberes, como parte contratante, y la Organización Nacional Indígena de
Colombia (ONIC), como parte contratada, cuyo objeto consiste en “aunar recursos
humanos, técnicos y financieros para la implementación de procesos de formación
artística y en oficios tradicionales, en el marco del cumplimiento del Acuerdo IT2-44
‘formular e implementar programas para fortalecimiento, fomento y revitalización de
los espacios y escenarios para la transmisión, creación y reproducción de las
prácticas culturales, las artes, los oficios, los saberes y conocimientos propios de
los pueblos indígenas’ concertado en la MPC 2024-2025”.
Como información pertinente para resolver el alegato formulado por el solicitante
que reposa en el expediente contractual electrónico, se encuentra que (i) la firma
del convenio no. 1830 se realizó el 16 de septiembre de 2025; (ii) el 17 de
septiembre de 2025 (9:06:43 PM) fue aprobado por el señor Rosalino Guarupe
Joropa como proveedor (Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC-) y
(iii) que la aprobación por la entidad estatal -Ministerio de las Culturas, las Artes y
los Saberes- estuvo a cargo de la señora Luisa Fernanda Trujillo Bernal el 18 de
septiembre de 2025 (10:55:54 AM)48.
De igual manera, está probado con el certificado histórico de nombramientos de
representante legal de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)
expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, que el señor Orlando Rayo Acosta
fue nombrado como consejero mayor y representante legal por la Asamblea de
asociados de la ONIC el 26 de junio de 2021, cuyo registro se realizó el 12 de agosto
de 2021 bajo el número 00343412 del libro I. También se indica en ese documento,
cuya contradicción se garantizó en el proceso de pérdida de investidura, que por
medio de Acta no. 001 del Congreso Nacional de la ONIC del 2 de julio de 2025 se
designó como nuevo consejero mayor y representante legal al señor Rosalino
Guarupe Joropa, cuyo acto de inscripción tuvo lugar en la Cámara de Comercio de
Bogotá el 6 de agosto de 2025 bajo el número 00343412 del libro I de las entidades
sin ánimo de lucro.
Finalmente, en el Formulario del Registro Único Tributario -RUT- de la Organización
Nacional Indígena de Colombia (ONIC) se indica que la fecha de inicio del ejercicio
de la representación legal del señor Rosalino Guarupe Joropa es el 6 de agosto de
2025 (casillas 99 y 104).
Así las cosas, para la Sala los elementos objetivos de la causal de pérdida de
investidura invocada por la parte solicitante (art. 179-3 de la Constitución Política),
en los términos propuestos en la demanda no se encuentran configurados, en tanto
(i) durante el periodo constitucional inhabilitante de seis (6) meses comprendidos
entre el 8 de septiembre de 2025 y el 8 de marzo de 2026, el señor Orlando Rayo
Acosta no intervino directamente en la celebración del convenio no. 1830 de 16 de
septiembre de 2025 y (ii) quien figura como representante legal de la Organización
Nacional Indígena de Colombia (ONIC) es el señor Rosalino Guarupe Joropa desde
el 6 de agosto de 2025, de lo cual dan cuenta las pruebas pertinentes señaladas en
precedencia.
46
ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8331192.
47
En: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8785762
48
En: file:///C:/Users/freyc/Downloads/CO1_PCCNTR_8331192_Firmado%20(4).pdf
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En otros términos, no se demostró que el representante a la Cámara convocado a
este trámite judicial hubiera tenido participación directa y personal en la celebración
del mencionado negocio jurídico con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los
Saberes, cuyo perfeccionamiento se alcanza, en los términos del artículo 41 de la
Ley 80 de 1993, cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y se
eleve a escrito, lo que descarta algún beneficio propio o de terceros. Ahora, aun
cuando el contrato celebrado puede beneficiar espacialmente a la circunscripción
territorial en la que fue elegido como representante a la Cámara el señor Orlando
Rayo Acosta, lo relevante en este caso es que no se probó que la “celebración”,
como verbo rector de la causal, se hubiera materializado por quien fue convocado
en juicio de investidura.
Por último, la Sala observa que, respecto del elemento temporal, el convenio no.
1830 de 16 de septiembre de 2025 fue suscrito dentro de los seis (6) meses
anteriores a la elección del representante a la Cámara convocado que tuvo lugar el
8 de marzo de 2026. Empero, como se indicó en precedencia y se demostró con las
pruebas allegadas al proceso, quien firmó el contrato estatal fue el señor Rosalino
Guarupe Joropa en su condición de representante legal de la Organización Nacional
Indígena de Colombia (ONIC), de lo cual da cuenta también el “cronograma” que
reposa en el expediente electrónico contractual en el que se indica la “información
del procedimiento”49. Es decir, se descarta alguna posible intervención del señor
Orlando Acosta Rayo en ese acto, dentro del periodo constitucional inhabilitante.
Ahora bien, aun cuando no fue un alegato expuesto en la solicitud de desinvestidura,
la Sala no puede pasar por alto la mención que realizó la representante del
Ministerio Público en la audiencia pública que se realizó el 12 de agosto de 2026,
en la que indicó que en el otrosí no. 1 del convenio no. 1830 de 16 de septiembre
de 2025, que prorrogó el plazo de ejecución hasta el 28 de febrero de 2026, se hace
mención en el encabezado al señor Orlando Rayo Acosta como representante legal
de la ONIC.
En efecto, en el otrosí no. 1 del convenio celebrado entre el Ministerio de las
Culturas, las Artes y los Saberes y la Organización Nacional Indígena de Colombia
(ONIC), al hacer referencia a las partes se indica que la parte contratada está
“representada legalmente [por] Orlando Rayo Acosta identificado con cédula de
ciudadanía No. 15.878.645 (…)”. Sin embargo, los documentos que reposan en el
expediente contractual electrónico que aluden a esa modificación del convenio, en
concreto, “se prorroga el plazo de ejecución hasta el 28 de febrero de 2026”50, dan
cuenta de que esa mención del señor Rayo Acosta es meramente accidental y no
permite derivar un interés propio en esa gestión contractual.
La solicitud de prórroga del convenio no. 1830 de 16 de septiembre de 2026, con
data 4 de diciembre de 2025, fue suscrita por el señor Rosalino Guarupe Joropa, lo
que se refrenda en el “Formato Solicitud Otrosí” expedido el 5 del mismo mes y año
por la coordinadora del Grupo de Contratos y Convenios del Ministerio de las
Culturas, las Artes y los Saberes. Con esa petición de prórroga se allegó una
certificación expedida por la directora de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del
Ministerio del Interior el 5 de diciembre de 2025, en la que se indica que “en virtud
del XI Congreso Nacional de los Pueblos Indígenas de la Organización Nacional
Indígena de Colombia (ONIC) adelantado en el mes de julio de 2025, el Consejero
49
En: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8785762
50
En: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8785762
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Mayor y representante legal de la referida Organización para el periodo 2025-2029
es el señor ROSALINO GUARUPE JOROPA, identificado con la Cédula de
ciudadanía No. 1.127.383.458, tal como se ha acreditado institucionalmente en la
Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas de
que trata el Decreto 1397 de 1996, y demás espacios de diálogo y concertación en
los que participa la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)”.
Para la Sala es dable concluir que la mención que se realizó del señor Orlando Rayo
Acosta como representante legal de la ONIC en el otrosí del 12 de diciembre de
2025, no pasa de ser un lapsus calami que no tiene incidencia material en la
configuración objetiva de la causal de pérdida de investidura invocada por la parte
solicitante, cuyo alegato gravitó en el que el convocado intervino en la celebración
de un contrato con una entidad pública dentro del periodo constitucional inhabilitante
de seis (6) meses anteriores a la elección. Como se indicó en líneas anteriores, el
registro del señor Rosalino Guarupe Joropa como nuevo representante legal de la
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) se realizó el 6 de agosto de
2025, el periodo inhabilitante inició el 8 de septiembre del mismo año hasta el 8 de
marzo de 2026, y el convenio no. 1830 se suscribió el 16 de septiembre de 2025.
Así las cosas, al estar demostrado que el señor Orlando Rayo Acosta no suscribió
el convenio no. 1830 de 16 de septiembre de 2025 con el Ministerio de las Culturas,
las Artes y los Saberes, porque para ese momento no estaba inscrito legalmente
como representante legal de la Organización Nacional Indígena de Colombia
(ONIC), es posible concluir que objetivamente no se configura la causal de
desinvestidura del numeral 3 del artículo 179 de la Constitución Política invocada,
lo que hace innecesario, conforme lo ha precisado la jurisprudencia contencioso
administrativa y constitucional51, efectuar el juicio de responsabilidad subjetiva de
culpabilidad al que alude el artículo 1 de la Ley 1881 de 2018, con el fin de
determinar si existió dolo o culpa grave en la actuación endilgada.
Por las razones expuestas, la Sala negará la solicitud de pérdida de investidura
presentada por el ciudadano Willian Augusto Jácome Urrea.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Once Especial de Decisión de Pérdida de
Investidura del Consejo de Estado, administrando justicia, en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Negar la solicitud de pérdida de investidura promovida en contra del
representante a la Cámara Orlando Rayo Acosta, elegido por la circunscripción
territorial del Amazonas para el periodo constitucional 2026-2030, de conformidad
con las razones aquí expuestas.
Segundo.- Comunicar lo dispuesto en esta sentencia a la Mesa Directiva de la
Cámara de Representantes, al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio del Interior,
51
En la reciente sentencia SU-082 de 2026, la Corte Constitucional indicó: “(…) de modo que la sanción de pérdida de
investidura solo sea procedente cuando, además de acreditarse la causal legal, exista un convencimiento pleno sobre la
actuación dolosa o gravemente culposa del servidor público, en armonía con los postulados del Estado constitucional de
derecho”.
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para lo de su cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 1881
de 2018.
Tercero.- Contra la presente decisión procede el recurso de apelación, con
fundamento en el artículo 14 de la Ley 1881 de 2018, el cual deberá interponerse y
sustentarse ante la Sala Once Especial de Decisión de Pérdida de Investidura del
Consejo de Estado, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
(Firmado electrónicamente)
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
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