Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2023-01631-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2023-01631-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 25000-23-41-000-2023-01631-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
6 de marzo de 2025
Demandante: Diana Carolina Castillo Mosquera
Demandado: José Aurelio González Daza
Rad.: 25000-23-41-000-2023-01631-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicado: 25000-23-41-000-2023-01631-01
Demandante: DIANA CAROLINA CASTILLO MOSQUERA
Demandado: JOSÉ AURELIO GONZÁLEZ DAZA – EDIL DE LA
LOCALIDAD DE SUBA, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
(2024-2027)
Tema: Inhabilidad por celebración de contratos, numeral 4 del
artículo 66 del Decreto Ley 1421 de 1993.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la
demandante contra la sentencia del 22 de octubre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección «C» que
negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La ciudadana Diana Carolina Castillo Mosquera, quien actúa a través de
apoderado, instauró demanda en ejercicio del medio de control previsto en el
artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, tendiente a obtener la nulidad del acto que
declaró la elección del señor José Aurelio González Daza, como edil de la
localidad de Suba de la ciudad de Bogotá, para el periodo 2024-2027, contenido
en el Formulario E-26 JAL del 6 de noviembre de 2023.
1.2. Hechos
El 29 de octubre de 2023 se llevaron a cabo las elecciones de gobernadores,
alcaldes, diputados, concejales distritales y municipales y miembros de las juntas
administradoras locales.
El señor José Aurelio González Daza fue elegido edil de la localidad de Suba de
la ciudad de Bogotá, por el Partido Liberal, para el periodo 2024-2027.
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Demandante: Diana Carolina Castillo Mosquera
Demandado: José Aurelio González Daza
Rad.: 25000-23-41-000-2023-01631-01
El demandado era el representante legal de la Junta de Acción Comunal del barrio
La Gaitana, ubicada en la localidad 11 de Suba y, en tal calidad, suscribió el
contrato de comodato 511 del 1° de junio de 2023, con el Fondo de Desarrollo
Local de Suba, el cual, a la fecha de presentación de la demanda, se encuentra
vigente y en ejecución.
Para el 29 de julio de 2023, fecha en que se realizó la inscripción de la
candidatura, no habían transcurrido tres (3) meses, sino un (1) mes y veintiocho
(28) días de la suscripción del contrato de comodato 511 del 2023, generándose
así la inhabilidad consagrada en el numeral 4 del artículo 66 del Decreto 1421 de
1993 al señor José Aurelio González Daza.
1.3. Concepto de la violación
Con sustento en los anteriores supuestos fácticos, la demandante afirma que el
acto acusado infringe el numeral 4 del artículo 66 del Decreto 1421 de 1993 y el
numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, conforme a los siguientes
argumentos:
La Junta de Acción Comunal de La Gaitana es una organización cívica, social y
comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con
personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los
residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un
desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la
democracia participativa.
El señor José Aurelio González Daza ejerce la representación legal de la referida
organización comunal, la cual tiene su domicilio en la localidad de Suba, de la
ciudad de Bogotá D. C.
El demandado se encuentra inmerso en la causal de inhabilidad consagrada en
el numeral 4 del artículo 66 del Decreto 1421 de 1993, toda vez que, en su calidad
de representante legal de la Junta de Acción Comunal de La Gaitana, celebró un
contrato de comodato, en interés propio, con el Fondo de Desarrollo Local de
Suba, el 1° de junio de 2023, es decir, dentro de los tres (3) meses anteriores a la
inscripción de su candidatura.
Todos los candidatos a la Junta Administradora Local de Suba que participaron
en las elecciones territoriales del pasado 29 de octubre de 2023, se vieron
afectados con el accionar del demandado, quien obtuvo una ventaja electoral en
la campaña política ante sus demás competidores, con la suscripción del contrato
de comodato.
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Demandante: Diana Carolina Castillo Mosquera
Demandado: José Aurelio González Daza
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El demandado obtuvo para su beneficio bienes de uso público, los cuales fueron
entregados a la Junta de Acción Comunal del barrio La Gaitana, y dada su
condición de representante legal, consiguió un provecho personal y generó una
influencia sobre los electores y habitantes de la localidad de Suba, para poder
lograr la curul como edil.
1.4. Contestaciones de la demanda
1.4.1. José Aurelio González Daza (Demandado)
En la oportunidad para contestar el libelo allegó unas pruebas documentales1, sin
embargo, el escrito de contestación de la demanda lo presentó de manera
extemporánea2.
1.4.2. Registraduría Nacional del Estado Civil
Mediante apoderada mencionó que la entidad que representa solo tiene
competencia para organizar las elecciones y los diferentes mecanismos de
participación y, en materia de escrutinios, simplemente cumple funciones
secretariales, razón por la cual, estima que no es el sujeto procesal llamado a
responder por las pretensiones de la demanda. Por lo tanto, pidió declarar
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
1.4.3. Consejo Nacional Electoral
A través de apoderada señaló que no debe actuar en el presente medio de control,
toda vez que este versa sobre una causal de nulidad subjetiva, esto es, aquella
referente a los requisitos, calidades y condiciones de elegibilidad de los
candidatos. Aclara que, si bien el ordenamiento jurídico colombiano le otorga a
dicha autoridad electoral la potestad para resolver las solicitudes de revocatoria
de inscripción de candidaturas, entre otras razones, cuando los candidatos se
encuentren incursos en causales de inhabilidad, en el caso particular del
demandado no existió solicitud de revocatoria de su inscripción. En consecuencia,
solicitó declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva.
1.5. Otras actuaciones de la primera instancia
Mediante proveído del 3 de abril de 2024, el a quo, en virtud de lo establecido en
el artículo 182A del CPACA, resolvió: i) dar aplicación a la figura de la sentencia
anticipada, ii) decretar pruebas y iii) fijar el litigio en los siguientes términos:
1 Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 29 de la primera instancia.
2 Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 35 de la primera instancia.
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Demandante: Diana Carolina Castillo Mosquera
Demandado: José Aurelio González Daza
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¿Son ilegales los actos administrativos cuya nulidad se pide, mediante los cuales
se declaró la elección de José Aurelio González Daza, como Edil de Suba,
Bogotá, para el periodo 2024–2027?
Además, corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio
Público para que rindiera concepto, quienes presentaron los escritos respectivos.
1.6. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección «C»,
a través de sentencia del 22 de octubre de 2024, negó las pretensiones de la
demanda, con fundamento en lo siguiente:
Recordó que, en el sub examine, se estima que el demandado incurrió en
inhabilidad, pues, como representante legal de la Junta de Acción Comunal del
Barrio La Gaitana, suscribió con el Fondo de Desarrollo Local de Suba el contrato
de comodato 511 del 1° de junio de 2023, esto es, dentro de los tres (3) meses
anteriores a la inscripción de su candidatura.
Explicó que el Decreto 1421 de 1993, en el artículo 66, numeral 4, establece que
no podrán ser elegidos ediles quienes dentro de los tres (3) meses anteriores a la
inscripción de la candidatura se hayan desempeñado como empleados públicos
en el Distrito; hayan sido miembros de una junta directiva distrital; hayan
intervenido en la gestión de negocios o en la celebración de contratos con el
Distrito o hayan ejecutado en la localidad contrato celebrado con organismo
públicos de cualquier nivel.
Mencionó que, sobre esta causal, pero para el caso de los concejales, la Sección
Quinta del Consejo de Estado3 ha señalado que, para la configuración de la
inhabilidad se requiere la acreditación de los siguientes criterios:
«i) Un elemento temporal limitado al año anterior a la fecha de la elección, es
decir, se toma como punto de referencia el día de la elección y se cuenta un año
hacía atrás. ii) Un elemento material u objetivo consistente en intervenir en la
celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel, siempre y
cuando el contrato se ejecute o cumpla en el municipio o distrito para el cual
resultó electo (elemento territorial). (…) iii) Un elemento subjetivo relacionado con
el interés propio o de terceros. Ahora bien, no es suficiente con que se pruebe el
elemento temporal, material y territorial de la inhabilidad, sino que además es
necesario que se acredite que la intervención en el contrato estatal aportó
beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales a sí mismo, es decir, al candidato, o
a terceros».
Con fundamento en la anterior jurisprudencia y con la integración normativa
contenida en el numeral 4 del artículo 66 del Decreto 1421 de 1993, consideró
3 MP Alberto Yepes Barreiro, sentencia del 25 de agosto de 2016, Rad. 66001233300020150047501.
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que, para la estructuración de la inhabilidad endilgada de celebración de contratos
«se deben configurar cinco requisitos: i). Un elemento objetivo: Ser elegido edil;
ii) Un elemento material: La celebración o suscripción del contrato con entidad
pública de cualquier nivel; iii) Un elemento temporal: Que se suscriba dentro de
los tres (3) meses anteriores a la fecha de inscripción de la candidatura; iiii). Un
elemento territorial: Se cumpla o se ejecute en el territorio de la respectiva
localidad en la que fue elegido; v) Un elemento subjetivo: Relacionado con el
interés propio del elegido o de terceros».
Acto seguido, analizó únicamente la configuración de los elementos objetivo,
material y subjetivo, como se explica a continuación:
i) Elemento objetivo. Adujo que del Formulario E-26 JAL del 6 de noviembre de
2023, se desprende que el señor José Aurelio González Daza fue elegido edil de
la localidad de Suba, en la ciudad de Bogotá, para el periodo 2024-2027, por lo
tanto, encontró acreditado este requisito.
ii) Elemento material. Sostuvo que en el expediente no obra prueba que
demuestre que el señor José Aurelio González Daza hubiera firmado el contrato
que se aduce en su contra.
Sobre este aspecto, mencionó que al plenario se allegó copia del contrato de
comodato 511 del 1° de junio de 2023, celebrado entre la Junta de Acción
Comunal del barrio La Gaitana y el Fondo de Desarrollo Local de Suba, sin
embargo, en ninguno de sus ejemplares aparece la firma del señor José Aurelio
González Daza.
Precisó que los integrantes de la Junta de Acción Comunal del barrio La Gaitana,
Diana Paola Montaño Pérez, Ángela María Leiva Tenjo, Doris Huertas Hernández
e Ítalo Julio Buitrago González, en sus calidades de vicepresidente, secretaria,
tesorera y fiscal, respectivamente, manifestaron que el presidente José Aurelio
González Daza no fue quien suscribió el contrato, toda vez que, por acuerdo
previo y ante el propósito que tenía de participar en las elecciones de octubre de
2023, así se convino. Acto seguido agregó que:
Estas declaraciones, si bien no fueron ratificadas en el proceso, se tienen como
indicios para corroborar que se desvirtúa el hecho endilgado de la firma del
demandado, a las que se les otorga credibilidad, lo hacen bajo juramento, no se
encuentra interés personal en sus manifestaciones, no surgen ilegales, se les
asigna la presunción del artículo 83 de la Constitución Política, no fueron
tachadas, y se respaldan en otros documentos del expediente.
Así las cosas, el a quo analizó el Acta de Inicio Provisional del contrato de
comodato 511 de 2023, suscrita el 14 de junio del mismo año y consideró lo
siguiente:
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(…) para suscribirla se presentó “el representante legal de la Junta de Acción
Comunal del Barrio LA GAITANA, en calidad de COMODATARIO” y está la casilla
de firmas: “Por el Comodatario REPRESENTANTE LEGAL JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL DEL BARRIO LA GAITANA”. Y a pesar de ello, lo más contundente:
La firma que aparece, NO es la González Daza. Un simple y elemental cotejo,
demuestra que es totalmente diferente a la que este utiliza en todos sus actos lo
que descarta que sea la suya, como en el de otorgamiento de poder para este
proceso y de otros documentos de años anteriores. Y por el contrario, coincide
con la firma de Diana Paola Montaño Pérez, vicepresidente de la Junta en el
documento de su declaración extraproceso, lo cual a su vez, ratifica el acuerdo de
la Junta para que fuera ella y no el presidente, quien suscribiera esos documentos,
el contrato y el acta.
En ese orden, concluyó que, en el caso objeto de estudio, no se probó que el
señor José Aurelio González Daza, en su condición de representante legal de la
Junta de Acción Comunal del barrio La Gaitana de la localidad de Suba, hubiera
suscrito el contrato de comodato 511 del 1° de junio de 2023, el cual fue celebrado
con el Fondo de Desarrollo Local de Suba.
Por lo tanto, consideró que al no demostrarse ese requisito inexorable que se
exige para la existencia de la inhabilidad, el demandado no incurrió en la causal
de inelegibilidad prevista en el numeral 4 del artículo 66 del Decreto 1421 de 1993,
ni en la del numeral 5 del artículo 275 del CPACA.
iii) Elemento subjetivo. Indicó que, en todo caso, aunque el contrato lo hubiera
firmado el demandado, tampoco se presentaría el último de los requisitos exigidos
para configurar la inhabilidad, esto es, el subjetivo, pues ese acuerdo no le
reportaría ningún beneficio propio al presidente de la Junta de Acción Comunal y
tampoco a alguien en particular, en la medida que se celebró y ejecutó para toda
la comunidad del barrio La Gaitana y, en virtud de ello, les dieron carpas,
computador, cabina, silla, escritorio y video beam.
Además, porque de los estudios previos se desprende que la entrega de bienes
muebles también se le hizo a varias Juntas de Acción Comunal a través de
contratos de comodato, lo cual demuestra que no le representó alguna ventaja
electoral al demandado.
1.7. El recurso de apelación
Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la demandante formuló
recurso de apelación, con los siguientes argumentos:
Recordó que el señor José Aurelio González Daza fungía como presidente y
representante legal de la Junta de Acción Comunal del barrio La Gaitana, de la
localidad de Suba, de la ciudad de Bogotá.
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Precisó que al demandado se le atribuye haber incurrido en la inhabilidad
contemplada en el numeral 4 del artículo 66 del Decreto 1421 de 1993, en cuanto
dispone que no podrá ser elegido edil, quien dentro de los tres (3) meses
anteriores a la inscripción de su candidatura, haya intervenido en la gestión de
negocios o en la celebración de contratos con entidades del Distrito Capital.
Lo anterior, debido a la participación del señor González Daza en la gestión y
suscripción del contrato de comodato 511 realizada el 1° de junio del 2023, a
través de la plataforma transaccional SECOP II y dentro del período inhabilitante.
Sostuvo que el resultado de esta actuación impidió que se garantizara el propósito
fundamental de las inhabilidades, que es preservar la moralidad y la probidad en
el acceso a cargos públicos y, por el contrario, la intervención del demandado en
la gestión contractual, obteniendo beneficios extrapatrimoniales que mejoraron su
imagen ante los votantes, comprometió los principios de equidad e imparcialidad
electoral y le generó una ventaja al proyectar una imagen de respaldo institucional
que pudo influir en la percepción del electorado.
Afirmó que el a quo hizo una interpretación errónea de los elementos necesarios
para configurar la causal de inhabilidad endilgada al demandado, concretamente,
el subjetivo, toda vez que, este criterio no aplica para el caso de los ediles.
Refutó el argumento del a quo según el cual, la firma del señor José Aurelio
González Daza no aparece en ninguno de los ejemplares del contrato de
comodato 511 de 2023, pues, a juicio del recurrente, de acuerdo con lo dispuesto
por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, en
su calidad de ente rector en materia de compras y contratación pública, la
aceptación de contratos en la plataforma SECOP II equivale a un acto formal de
suscripción4. Por lo tanto, consideró que la gestión allí realizada por el demandado
constituye un acto que acredita el requisito material de la inhabilidad invocada.
Adicionalmente, aseguró que los documentos precontractuales, como el estudio
previo de la Junta de Acción Comunal del barrio La Gaitana, la copia de la cédula
de ciudadanía del señor José Aurelio González Daza, el RUT y el certificado de
representación legal5, así como los contractuales, demuestran que la gestión del
contrato fue efectuada por el representante legal, quien en ese momento era José
Aurelio González Daza, lo cual se corrobora con el certificado de registro emitido
por el IDPAC6, que fue aportado como prueba en la demanda y mencionado en la
sentencia, pero que no se valoró adecuadamente.
4 Manual de Contratación Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. Junio de
2021
5 Link donde se encuentran los documentos precontractuales:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4504815&i
sFromPublicArea=True&isModal=true&asPo
6 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal.
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Precisó que en el expediente se encuentra demostrado que el señor González
Daza era el representante legal y figura en la etapa precontractual y contractual
que precedieron dichos actos para la época, tal como se observa en los alegatos
de conclusión presentados por la parte demandada, lo cual confirma quién era el
representante legal de la Junta de Acción Comunal del barrio La Gaitana.
Señaló que el contrato 511 de 2023, en su cláusula décima octava, establece los
documentos necesarios para la suscripción, entre los cuales se incluyen el
certificado de representación legal y la fotocopia de la cédula de ciudadanía del
representante legal, lo cual confirma que el señor José Aurelio González Daza,
en su rol de presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Gaitana,
participó activamente en la gestión y solicitud de los elementos entregados en
comodato.
Por otra parte, explicó que la suscripción de un contrato es un acto independiente
y previo al acta de inicio.
Con base en lo expuesto, sostuvo que el hecho de que un tercero firme un acta
de inicio no implica una nueva suscripción o una afectación a la validez del
contrato en sí, pues la suscripción debe ser realizada por las partes autorizadas
en el momento de formalizar el acuerdo de voluntades, mientras que el acta de
inicio, siendo un documento de carácter operativo, solo establece el inicio de la
ejecución de las obligaciones contractuales, pero no forma parte de este.
Lo anterior, permite desvirtuar la apreciación de que la firma del acta de inicio por
parte de una persona diferente al representante legal de la Junta de Acción
Comunal del barrio La Gaitana afecte la validez contractual o constituya una
prueba de participación en la gestión de negocios para efectos de inhabilidad.
Acto seguido, aseguró que en el sub examine se configuran los elementos de la
inhabilidad prevista en el numeral 4 del artículo 66 del Decreto 1421 de 1993,
como se explica a continuación:
• Elemento Objetivo: La existencia de un contrato celebrado con el Distrito Capital,
en este caso, el contrato de comodato No. 511 de 2023, celebrado el 1 de junio
del 2023, Los documentos presentados y las pruebas aportadas demuestran que
González Daza participó activamente en la gestión y suscripción de este contrato,
lo cual cumple con el requisito objetivo de la inhabilidad, Obra copia del contrato
de comodato 511 de 2023, (i.00002).
• Elemento Material: La gestión y suscripción contractual efectuada por González
Daza se llevó a cabo mediante la plataforma transaccional SECOP II, un acto
formal de suscripción reconocido por la Agencia Nacional de Contratación Pública
– Colombia Compra Eficiente. Esto evidencia que la gestión de negocios y
suscripción del Contrato de comodato 511 del 2023, fue materialmente realizada,
cumpliendo con el requisito que exige la intervención activa en la gestión y/o
suscripción de contratos, anexado como prueba en el escrito de la demanda
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(i.00002) y puede ser revisado en el link de la plataforma transaccional SECOP
II7.
• Elemento Subjetivo: se evidencia su participación consciente como presidente
de la Junta de Acción Comunal del barrio La Gaitana, lo cual le permitió obtener
beneficios extrapatrimoniales que mejoraron su imagen pública y le dieron una
ventaja electoral sobre otros candidatos.
Aunque el magistrado afirmó que esta ventaja no existió, su posición de liderazgo
sí le permitió gestionar recursos a los que otros aspirantes no accedieron, lo cual
impactó positivamente su percepción ante el electorado. (…)
Por lo tanto, la intervención de González Daza en la gestión de bienes públicos,
evidenciada en documentos contractuales, cumple con los requisitos de la
inhabilidad, sin que se requiera demostrar un impacto directo en los votos. La
ventaja comparativa que obtuvo se deriva de su acceso a recursos como
presidente de la junta, independientemente de si eso se tradujo en un mayor
número de votos, confirmando que la inhabilidad se configura con su intervención
y no con la materialización de la ventaja.
• Elemento Territorial: La gestión y ejecución del contrato se llevó a cabo en el
Distrito Capital, específicamente con el Fondo de Desarrollo Local de Suba,
cumpliendo con el criterio territorial establecido por la normativa en el numeral 4
del artículo 66 del Decreto 1421 de 1993. (…)
En el caso de José Aurelio González Daza, su intervención y la ejecución del
contrato de comodato No. 511 de 2023 se realizaron dentro de la localidad de
Suba, la misma en la que presentó su candidatura como edil. (…)
• Elemento Temporal: Se cumple en el caso de José Aurelio González Daza, ya
que su participación en la gestión y suscripción del contrato de comodato No. 511,
suscrito el 1 de junio del 2023 (i.00002), la cual se realizó dentro de los tres meses
anteriores a la inscripción de su candidatura para el período 2024-2027, esto
infringe lo establecido por el numeral 4 del artículo 66 del Decreto 1421 de 1993,
que prohíbe cualquier gestión o participación en contratos públicos dentro de ese
período previo a la inscripción.
En este orden, el recurrente concluyó que la intervención activa del demandado
en la gestión del referido contrato de comodato, en el periodo inhabilitante y en su
rol de presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Gaitana de la
localidad de Suba, generó beneficios que contribuyeron a fortalecer su imagen
pública y le otorgaron una ventaja en la contienda electoral.
1.8. Actuaciones de segunda instancia
1.8.1. Alegatos de conclusión
1.8.1.1. Diana Carolina Castillo Mosquera (demandante)
7https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4504815&
isFromPublicArea=True&isModal=true&asPo
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Reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, por ende, en el recurso de
apelación e hizo énfasis en la configuración de los elementos material, temporal
y territorial de la inhabilidad endilgada al edil demandado, toda vez que, el contrato
de comodato 511 de 2023 celebrado entre la Junta de Acción Comunal del barrio
La Gaitana, representada legalmente por el señor José Aurelio González Daza y
el Fondo de Desarrollo Local de Suba, fue suscrito a través de la plataforma
transaccional SECOP II el 1° de junio de 2023, es decir, dentro de los tres (3)
meses previos a la inscripción de su candidatura, la cual se realizó el 29 de julio
de 2023.
1.8.1.2. José Aurelio González Daza (demandado)
Explicó que «la señora vicepresidenta de la Junta de acción Comunal del Barrio
La Gaitana señora DIANA PAOLA MONTAÑO PEREZ identificada con la
C.C.No.52.799.794, fue la Persona quien, a nombre de la Junta, firmó de su puño
y letra en forma personal el acta de inicio del contrato de Comodato 511 de 2023».
Precisó que «los bienes que allí se relacionan ya se encontraban en las
instalaciones de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Gaitana por disposición
del Fondo de Desarrollo Local de Suba pues eran los mismos bienes que
formaban parte del Contrato de Comodato 253 del año 2018. O sea que la entrega
como tal física fue protocolaria y no real, pues un día antes de la Constitución del
Nuevo Contrato de Comodato 511 de 2023, el señor JOSE AURELIO GONZALEZ
DAZA obrando desde luego como representante legal de la Junta de Acción
Comunal del Barrio La Gaitana, había hecho entrega de dichos bienes al Fondo
de Desarrollo Local de Suba, pues estos correspondían al Contrato de Comodato
253 del año 2018».
Sostuvo que el contrato de comodato 511 de 2023 «se copió casi idéntico al
anterior o sea el 253 de 2018 al igual que los documentos que se requieren ya se
encontraban incorporados en la Plataforma Secop II desde el año 2018 La
vicepresidenta lo único que hizo fu (sic) allegar un certificado de la IDPAC sobre
existencia de la Junta».
Agregó que «la señora vicepresidenta de la Junta de acción Comunal del Barrio
La Gaitana señora DIANA PAOLA MONTAÑO PEREZ (…) fue la Persona quien,
a nombre de la Junta, aceptó el contrato de Comodato 511 de 2023 y recibió los
bienes».
En este orden, concluyó que «JOSE AURELIO GONZALEZ DAZA No suscribió a
nombre de la junta de acción comunal del Barrio La Gaitana dicho contrato, pues
una cosa es que figure dentro del contrato de comodato su nombre como
representante de la Junta de acción comunal y otra cosa es que haya tenido él
como persona la intención de suscribirlo».
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Demandado: José Aurelio González Daza
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1.8.1.3. Concepto del Ministerio Público
La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia, con los siguientes argumentos:
Adujo que, en el expediente se encuentra acreditado que el señor José Aurelio
González Daza fue elegido edil de la localidad de Suba, Bogotá, D.C., para el
período 2024- 2027, mediante formulario E-26 JAL del 6 noviembre de 2023.
Precisó que para la configuración de la inhabilidad señalada en el numeral 4° del
artículo 66 del Decreto 1421 de 1993, se deben acreditar los siguientes
elementos: i) temporal, ii) material y iii) territorial.
En primer lugar, se refirió al material e indicó que este criterio conlleva a la
intervención en la celebración de contratos, por lo tanto, la inhabilidad se configura
con la celebración efectiva del respectivo acuerdo de voluntades.
Aseguró que la acción reprochable, según la causal de inhabilidad bajo análisis,
es la celebración del acuerdo de voluntades, de manera que, el verbo que se debe
establecer para cuestionar y, a la vez, para tipificar la conducta de inelegibilidad,
es celebrar y/o consolidar el acto jurídico, lo que, para el caso en estudio, no
estuvo en cabeza del demandado José Aurelio González Daza.
Sobre este aspecto, mencionó que, según los elementos probatorios allegados al
expediente, el contrato de comodato 511 se suscribió el 1° de junio de 2023, con
fecha de inicio de 14 de junio de 2023 y de finalización 14 de junio de 2027.
Mencionó que, a partir del Acta de Inicio Provisional, se interpreta que el acuerdo
de voluntades fue celebrado y/o firmado el 14 de junio de 2023 por Diana Paola
Montaño Pérez, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal de Suba; mientras
que, el acta de entrega de bienes y/o elementos, calendada el 10 de octubre de
2018, sí aparece firmada por el señor José Aurelio González Daza.
Señaló que al plenario se allegó prueba donde se evidencia el acta de reintegro
de elementos por terminación de contrato de comodato 253 de 2018 y el
documento de traslado reintegro de almacén fechado el 29 de mayo de 2023, que
corresponden a diligencias derivadas del contrato de comodato 253 de 2018, el
cual no se encontraba liquidado ni renovado, como consecuencia de la pandemia
de los años 2020 y 2021, por lo que, el demandado procedió a la entrega de todos
los bienes en comodato al Fondo de Desarrollo Local de Suba el 29 de mayo de
2023. Por ende, consideró que el señor José Aurelio González Daza no tuvo
participación en la gestión para obtener el contrato de comodato 511 de 2023.
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Indicó que la accionante aportó pantallazos de la plataforma SECOP II, en la que
se visualiza la fecha de la publicación, suscripción y ejecución del contrato de
comodato 511 del 2023, en los cuales no se encuentra relacionado como extremo
contractual José Aurelio González Daza, como lo estimó el a quo. Agregó, que al
intentar acceder al enlace que se indicó en la demanda, se reporta un error.
En este orden, consideró que los argumentos traídos a colación por el apoderado
de la demandante en su escrito de apelación no están llamados a prosperar y, en
consecuencia, solicitó confirmar la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 150 inciso 1 y 152 8 numeral 7
literal a) del CPACA y el Acuerdo 080 de 20199, proferido por la Sala Plena del
Consejo de Estado, esta Sección es competente para conocer en segunda
instancia del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la demandante
contra la sentencia del 22 de octubre de 2024, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección «C» negó las
pretensiones de la demanda.
2.2. Cuestión previa
2.2.1. De la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Registraduría
Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral
Esta Sala de decisión considera necesario precisar que, aun cuando la
Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral
propusieron la excepción en comento, el tribunal de primera instancia omitió
resolverla. Comoquiera ese es un aspecto procesal que puede y debe declararse
de oficio10, se procederá a decidir este asunto.
8 Artículo 152. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes
asuntos: (…) 7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: a) De la nulidad del acto de elección
o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las asambleas departamentales, de los
concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y distritales, de los miembros de
corporaciones públicas de los municipios y distritos, de los miembros de los consejos superiores de las
universidades públicas de cualquier orden, y de miembros de los consejos directivos de las corporaciones
autónomas regionales. Igualmente, de la nulidad de las demás elecciones que se realicen por voto popular,
salvo la de jueces de paz y jueces de reconsideración;
9 Modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024.
10 Artículo 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve
resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos
legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones,
exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen. En la sentencia se
decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada
El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas
o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo
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De cualquier forma, se conmina al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección «C» que en lo sucesivo atienda el procedimiento
previsto para la resolución de ese tipo de excepciones.
La falta de legitimación en la causa por pasiva hace parte de las excepciones
mixtas consagradas en el numeral 3º del artículo 182A del CPACA. Este medio de
defensa se configura, en el caso de la generalidad de los medios de control que
cuestionan la presunción de legalidad del acto administrativo, cuando la entidad
no es la autora del acto o no intervino en su adopción. Para la especialidad del
proceso de nulidad electoral contra el acto electoral, ocurre cuando el demandado
no es el designado (elegido, nombrado o llamado) y, eventualmente, cuando al
citar a una autoridad o entidad, ésta resulta ajena a la relación jurídico-sustancial
que se discute.
En lo que concierne a la Registraduría Nacional del Estado Civil, debe advertirse
que la competencia que tiene esta entidad en materia de inscripción de
candidaturas es clara, y no incluye la revisión de causales de carácter subjetivo
de nulidad electoral. Debe decirse que únicamente su rol se refiere a la
verificación de que quienes participen en consultas de carácter popular o internas
de un partido, movimiento o agrupación política no se inscriban por otro diferente
en el mismo proceso electoral o se pretenda la inscripción de uno distinto al
seleccionado mediante dicho mecanismo. Tampoco contabiliza los votos, de
suerte que no se puede decir que tuvo injerencia en las resultas de dicha jornada.
De modo que, en relación con la naturaleza de los vicios por los cuales se acusa
la legalidad del acto de elección demandado, esto es, haber incurrido en la
inhabilidad prevista en el numeral 4 del artículo 66 del Decreto Ley 1421 de 1993,
es posible advertir que esta causal no se enmarca en la órbita de sus funciones
por lo que no se amerita mantener su vinculación en el presente proceso.
Similar situación acontece tratándose del Consejo Nacional Electoral, habida
cuenta que, si bien su vocación de ser llamado al proceso no depende del tipo de
causal que se alegue, la procedencia de su invitación legal debe ser estudiada a
la luz de los postulados generales de la legitimación en la causa que se aludieron
en líneas anteriores. De esta forma, su vinculación dependerá del mayor o menor
grado de conexidad que tengan las censuras o irregularidades advertidas en la
demanda con las actuaciones que desplegó el citado órgano en el marco del
proceso electoral11.
En este orden de ideas, comoquiera que los vicios advertidos y que
presuntamente derivan en la ilicitud del acto acusado nunca fueron objeto de
Contencioso Administrativo podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o
reformar estas. (Negrilla fuera de texto).
11 Al respecto, consúltese el auto proferido en audiencia inicial, el 27 de noviembre de 2019, MP Rocío
Araujo Oñate, Rad. 11001-03-28-000-2019-00024-00.
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pronunciamiento por parte de la referida entidad, la Sala no tiene argumento
alguno para mantener la vinculación del CNE al proceso, pues, se extraña
completamente el elemento sustancial de la legitimación en la causa, esto es, una
relación intrínseca entre las actuaciones desplegadas por la autoridad y las
censuras que sustentan la pretensión anulatoria.
Por lo tanto, en la parte resolutiva de esta providencia se declarará probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por los
apoderados de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional
Electoral.
2.3. Problema jurídico
De acuerdo con el fallo de primera instancia y los argumentos expuestos en el
recurso de apelación, corresponde a esta Sección determinar si confirma,
modifica o revoca la sentencia de primera instancia. Sobre el punto, se tendrán
en cuenta los límites de la competencia del juez ad quem, a partir de la fijación
del litigio señalada por el tribunal, la providencia de primer grado y los reparos del
recurrente.
Para abordar el asunto, la Sala desarrollará la siguiente metodología: i) las
generalidades de la inhabilidad del numeral 4 del artículo 66 del Decreto 1421 de
1993 y ii) el caso concreto.
2.4. La causal de inhabilidad de ediles prevista en el numeral 4 del artículo
66 del Decreto 1421 de 1993
En relación con el Distrito Capital de Bogotá, el artículo 322 superior dispone que
su régimen político, fiscal y administrativo será el que determinen la Constitución,
las leyes especiales que para el mismo se dicten y las disposiciones vigentes para
los municipios.
En desarrollo de este mandato se expidió el Decreto Ley 1421 de 1993, en el que
se establece el régimen jurídico especial para Bogotá. Este estatuto regula la
elección de las autoridades locales de la capital de la República e incluye las
inhabilidades e incompatibilidades para el ejercicio de los cargos.
En punto de las inhabilidades de los ediles, que es lo que concierne a la Sala, el
Decreto Ley 1421 de 1993, en el artículo 66, señala:
Artículo 66. Inhabilidades. No podrán ser elegidos ediles quienes:
(…)
4. Dentro de los tres (3) meses anteriores a la inscripción de la candidatura se
hayan desempeñado como empleados públicos en el Distrito; hayan sido
miembros de una junta directiva distrital; hayan intervenido en la gestión de
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negocios o en la celebración de contratos con el Distrito o hayan ejecutado en la
localidad contrato celebrado con organismo (sic) públicos de cualquier nivel (…).
Acorde con la norma transcrita, la Sección Quinta12 ha dicho que pueden
extraerse los siguientes elementos:
a. Un elemento temporal que está delimitado en los 3 meses anteriores a la
inscripción de la candidatura.
b. Un elemento material que tiene 4 posibilidades de configuración: i) haberse
desempeñado como empleados púbicos en el Distrito; ii) haber sido miembro de
una junta directiva distrital; iii) haber intervenido en la gestión de negocios o en la
celebración de contratos con el Distrito; iv) haber ejecutado en la localidad
contrato celebrado con organismo público de cualquier nivel.
c. Un elemento territorial que varía según el evento de elemento material, para
el caso de haber sido empleado público o intervenido en la gestión de negocios
o en la celebración de contratos, el elemento territorial se circunscribe al Distrito,
mientras que, para el último de los eventos del elemento material, es decir, el
referente a la ejecución de contratos, el requisito territorial exige que dicha
ejecución debió tener lugar en la localidad respectiva. (Negrilla fuera de texto).
Dado que a lo largo del proceso el apoderado de la demandante ha sostenido que
el señor José Aurelio González Daza estaba inhabilitado para ser elegido edil por
haber celebrado el contrato de comodato 511 de 2023, en su condición de
presidente y representante legal de la Junta de Acción Comunal del barrio La
Gaitana, de la localidad de Suba, dentro de los tres (3) meses anteriores a la
inscripción de su candidatura, se analizará este supuesto de la causal endilgada.
2.5. Intervención en la celebración de contratos
La inhabilidad por la celebración de contratos tiene una finalidad «preventiva y
proteccionista de la igualdad de los aspirantes a las justas electorales, bajo el
propósito de precaver vicios en la relación del candidato con las entidades
públicas que implique la indebida utilización de esa condición de candidato en las
actividades que adelante ante aquellas y, evitar, vicios de mayor trascendencia,
como es que el candidato utilice sus vínculos y relaciones con las entidades
públicas en beneficio de sus intenciones electorales o que el electorado asocie,
deduzca o concluya que verlo en tratativas con las entidades públicas le aventaja
y con ello acreditarse ante los electores para obtener los votos»13.
De acuerdo con la jurisprudencia vigente hasta el momento, la cual constituye
precedente para resolver el caso concreto, la conducta que materializa la
12 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP Carlos Enrique Moreno Rubio, sentencia de 3 de febrero de 2022,
Rad. 25000-23-41-000-2019-01109-02, demandantes: Luis Jorge Ortiz Barahona y otro, demandado: Javier
Fernando Caicedo Guzmán – edil de la localidad de Rafael Uribe Uribe, período 2020-2023.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 3 de agosto de
2015, radicación 11001-03-28-000-2014-00051-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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inhabilidad objeto de estudio es la de intervenir en la celebración de contratos. De
manera que, se ha entendido que aquella se configura con la celebración
efectiva14 del respectivo contrato dentro del lapso contemplado por la norma,
independientemente del momento de su ejecución o liquidación.
Con miras a analizar la configuración de esta causal de inelegibilidad, se debe
examinar que los elementos anteriormente señalados se presenten de manera
concurrente y, en caso de que no sea así, se entenderá que no se materializó.
Teniendo claros los requisitos estructuradores de la inhabilidad endilgada al edil
demandado, se entrará a revisar el caso particular.15
2.6. Caso concreto
En el sub examine, el a quo negó las pretensiones de la demanda por considerar
que en ninguno de los ejemplares del contrato de comodato 511 del 1° de junio
de 2023, celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Suba y la Junta de
Acción Comunal del barrio La Gaitana, aparece la firma del señor José Aurelio
González Daza. Además, porque el Acta de Inicio Provisional del referido negocio,
suscrita el 14 de junio de 2023, fue firmada por Diana Paola Montaño Pérez, en
su calidad de vicepresidente de la referida organización, lo cual, a su juicio,
evidencia que esta última fue quien suscribió el contrato y el acta, por lo tanto,
concluyó que, en el presente caso, no se probó que el demandado, en su
condición de representante legal de la Junta de Acción Comunal del barrio La
Gaitana de la localidad de Suba, hubiera suscrito el multicitado contrato.
En el recurso de apelación, el apoderado de la accionante insistió en que el señor
José Aurelio González Daza se encontraba inhabilitado para ser edil, pues
durante los tres (3) meses anteriores a la inscripción de su candidatura, intervino
en la celebración del contrato de comodato 511 del 1° de junio de 2023, en su
calidad de representante legal de la Junta de Acción Comunal del barrio La
Gaitana, de la localidad de Suba.
Pues bien, en primer lugar, se impone recordar que entre los derechos
fundamentales consagrados en la Constitución Política se encuentra el de la «libre
asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan
en sociedad»16.
14 Así lo ha señalado la Sala Electoral mediante providencias de: 2 de agosto de 2018, radicado 13001-23-
33-000-2018-00394-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro, 24 de noviembre de 2022, radicado 11001-03-28-000-
2022-00032-00, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. 12 de octubre de 2023, radicado 11001-03-28-000-2022-
00057-00 acumulado, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente
23001233300020230019101. Providencia del 7 de marzo de 2024. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra (e).
16 Artículo 38 de la Constitución Política.
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En desarrollo de ese derecho, el legislador expidió la Ley 2166 de 202117, la cual
en el artículo 7 define a las Juntas de Acción Comunal como una organización
cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza
solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente
por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un
desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la
democracia participativa.
Sobre el particular, se encuentra acreditado en el expediente18 que el señor José
Aurelio González Daza era el presidente y representante legal de la Junta de
Acción Comunal del barrio La Gaitana, de la localidad de Suba.
En punto de la figura de los representantes legales, la Sala Electoral del Consejo
de Estado19 ha explicado lo siguiente:
(…) esta Corporación tanto en nulidad electoral como en pérdida de investidura,
en diversas oportunidades20, ha señalado que si el otrora candidato, en
representación de una persona jurídica, celebra contratos con entidades públicas,
en los términos proscritos por la ley, estará incurso en la inhabilidad de celebración
de contratos, sin que el hecho de actuar como representante legal sea una
circunstancia que impida la configuración de la inhabilidad.
Quiere decir lo anterior, que la conducta prohibida no solo se configura por
celebrar, dentro del periodo inhabilitante, el negocio jurídico como una persona
natural, sino también al actuar como representante legal de una persona jurídica.
En más reciente jurisprudencia, esta Sección21, en el caso de un aspirante que
ostentaba la calidad de representante legal de una Junta de Acción Comunal,
17Por la cual se deroga la ley 743 de 2002, se desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia
en lo referente a los organismos de acción comunal y se establecen lineamientos para la formulación e
implementación de la política pública de los organismos de acción comunal y de sus afiliados, y se dictan
otras disposiciones.
18 En la demanda se indicó que la Junta de Acción Comunal del barrio La Gaitana, de la localidad de Suba,
está integrada, entre otros, por el señor José Aurelio González Daza, quien funge como presidente y
representante legal (Fol.5). Por su parte, en los alegatos de conclusión de la primera instancia, el apoderado
del demandado señaló lo siguiente: «el señor JOSE AURELIO GONZALEZ DAZA obrando desde luego como
representante legal de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Gaitana» (Fol.2).
19 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP Alberto Yepes Barreiro, sentencia del 11 de abril de 2019, Rad.
11001-03-28-000-2018-00080-00 (ACUMULADO 11001-03-28-000-2018-000127-00 Y 11001-03-28-000-
2018-000130-00), demandantes: José Manuel Abuchaibe Escolar - Partido Opción Ciudadana, Víctor
Velásquez Reyes y Nesly Edilma Rey Cruz, demandado: Aurelijus Rutenis Antanas Mockus Sivickas -
senador de la República - período 2018-2022.
20 Al efecto consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de septiembre de 2005, radicado
15001-23-31-000-2003-03192-01 MP. Reinaldo Chavarro Buritica; Consejo de Estado, Sección Primera,
sentencia del 27 de octubre de 2017, radicado: 25000-23-42-000-2015-06456-01 MP. Oswaldo Giraldo
López; Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 21 de mayo de 2009, radicado: 66001-23-31-000-
2008-00208-01 MP. María Claudia Rojas Lasso; Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 24 de
mayo de 2018, radicado: 70001-23-33-000-2016-00274-01 MP. Roberto Augusto Serrato Valdés. Consejo
de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de marzo de 2017, radicación 500012333000201600099-02, CP.
Carlos Enrique Moreno Rubio.
21 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP Gloria María Gómez Montoya, sentencia del 1° de agosto de 2024,
Rad. 05001-23-33-000-2023-01157-01, demandante: Jesús Alberto Sepúlveda Torres, demandado: Jhon
Alexander Gallego Gómez, concejal de Sabanalarga (Antioquia), periodo 2024-2027.
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consideró que su condición como tal y el hecho de haber celebrado un contrato lo
inhabilitaba para ser elegido concejal. Así se consideró en la sentencia del 1° de
agosto de 2024:
3. El 28 de junio de 2023, el señor Jhon Alexander Gallego Gómez, en calidad de
representante legal de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Loma del
municipio de Sabanalarga, suscribió el convenio solidario de colaboración CS 013
de 2023 con el ente territorial, por un valor de $7.376.000.
4. El objeto del anterior contrato era «aunar esfuerzos para el mantenimiento de
vías menores en la vereda La Loma del municipio de Sabanalarga Antioquia,
garantizar el transporte de los campesinos dando cumplimiento al Plan de
Desarrollo Municipal 2020-2023 “Sabanalarga Somos Todos”», con plazo de
ejecución de un mes, contado desde la firma del convenio.
5. El acuerdo de voluntades fue perfeccionado, ejecutado y publicado en la
plataforma SECOP I, contaba con el respectivo certificado de disponibilidad
presupuestal y el de registro y compromiso presupuestal por valor de $6.800.000,
para garantizar el pago de la obligación.
(…)
2.5. Caso concreto
(…)
52. En el asunto bajo estudio se encuentra acreditado y no es objeto de discusión
que el señor Jhon Alexander Gallego Gómez resultó electo como concejal del
municipio de Sabanalarga (Antioquia) para el periodo 2024-2027; además que, en
calidad de representante legal de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La
Loma de esa municipalidad, suscribió el convenio solidario CS 013 del 28 de junio
de 2023, con el ente territorial donde fue elegido (…).
55. El demandado concreta su reproche en señalar que el contrato suscrito no se
ejecutó (…).
59. Sin embargo, se aclara que el ingrediente normativo que concreta la
inhabilidad en este punto, es la celebración del contrato (…).
62. Así las cosas, no es uno de los elementos o requisitos para la configuración
de la causal de inelegibilidad por la celebración de contratos, que este se ejecute
(…) como lo pretende hacer ver la parte demandada, basta con que el acuerdo
de voluntades se haya perfeccionado de conformidad con el artículo 41 de la Ley
80 de 1993 y nacido a la vida jurídica (…).
63. Por lo tanto, no prospera este argumento de la apelación en contra de la
sentencia de primera instancia.
(…)
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia el 24 de abril de 2024, mediante la cual se declaró la nulidad del acto
demandado, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte
considerativa de esta providencia. (Subrayado fuera de texto).
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Precisado lo anterior, se verificará si, en el presente caso, se reúnen o no los
elementos de la inhabilidad desarrollados en precedencia.
Conforme al acervo probatorio, concretamente, el enlace que fue incorporado en
la demanda22, el cual permite acceder a la plataforma transaccional SECOP II23,
se demuestra el contexto negocial, tanto en su objeto, las partes suscriptoras, su
perfeccionamiento y su fecha, como se observa a continuación:
Ahora bien, al hacer clic en «Descargar» se descarga el siguiente documento que
contiene el acuerdo de voluntades, mismo que se aportó en copia simple con el
escrito introductorio, y allí se relacionan los contratantes, esto es, el señor Julián
Andrés Moreno Barón, en su calidad de alcalde local y representante legal del
Fondo de Desarrollo Local (comodante) y José Aurelio González Daza como
representante legal de la Junta de Acción Comunal del barrio La Gaitana
(comodatario):
22 Folio 9. Pruebas electrónicas: Página Colombia compra eficiente, Secop II, enlace:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4504815&i
sFromPublicArea=True&isModal=true&asPo pupView=true
23 El SECOP II funciona como una plataforma transaccional con cuentas para las Entidades Estatales y los
Proveedores. Cada cuenta tiene unos usuarios asociados a ella. Desde sus cuentas las Entidades Estatales
crean, evalúan y adjudican Procesos de Contratación. Los Proveedores pueden hacer comentarios a los
Documentos del Proceso, presentar ofertas y seguir el proceso de selección en línea
(https://www.colombiacompra.gov.co/node/22829).
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Demandante: Diana Carolina Castillo Mosquera
Demandado: José Aurelio González Daza
Rad.: 25000-23-41-000-2023-01631-01
Al hacer clic sobre «Ver contrato» se accede a una nueva página o apartado de
esa web en el que se visualiza toda la información del negocio objeto de estudio,
de la cual se desprende que el 1° de junio de 2023 se firmó electrónicamente el
contrato de comodato 511 entre el Fondo de Desarrollo Local de Suba en calidad
de comodante y la Junta de Acción Comunal del barrio La Gaitana en condición
de comodatario, el cual se identifica en el SECOP II con el ID
CO1.PCCNTR.5029503 y con el número 511-2023-COMODATO. Así consta en
la siguiente imagen:
Por otra parte, se observa que el objeto negocial está acordado en la cláusula
primera en los siguientes términos:
El Fondo de Desarrollo Local de Suba, en adelante el COMODANTE, hace
entrega real y material a título de COMODATO a la junta de Acción Comunal del
Barrio “LA GAITANA”, quien en adelante será el COMODATARIO, para su uso a
título gratuito y con cargo a restituir los bienes muebles de propiedad única y
exclusiva del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, sobre los cuales no
pesa ningún gravamen o limitación alguna, mismos que se describen con las
características y demás especificaciones en el alcance del objeto, para
identificarlos en forma clara y precisa.
A su turno, en la cláusula décima octava se señalan los documentos requeridos
para suscribir el negocio, así:
Esos documentos se encuentran relacionados en la plataforma transaccional
SECOP II de la siguiente manera:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandado: José Aurelio González Daza
Rad.: 25000-23-41-000-2023-01631-01
Ahora bien, al descargar del aplicativo los documentos cargados por los
contratantes para efectos de suscribir el contrato de comodato 511 del 1° de junio
de 2023, los cuales también se aportaron como anexos de la demanda, se
encuentran los del comodatario, así: i) RUT de la Junta de Acción Comunal del
barrio La Gaitana, ii) cédula de ciudadanía de su representante legal y iii)
certificado de existencia y representación legal de la referida organización. Así
consta en las siguientes imágenes:
➢ RUT y Ced. Ciudadanía-JAC LA GAITANA.pdf
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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➢ Certificado Existencia La Gaitana.pdf
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Demandado: José Aurelio González Daza
Rad.: 25000-23-41-000-2023-01631-01
De lo anterior se infiere, claramente, que los documentos cargados por el
comodatario corresponden a los del presidente y representante legal de la Junta
de Acción Comunal del barrio La Gaitana, esto es, el señor José Aurelio González
Daza.
Así mismo, se puede evidenciar, en ese mismo aplicativo, el estado del contrato
de comodato 511 del 1° de junio de 2023, que no es otro que «Firmado», como
se visualiza a continuación:
Por último, se observa que el referido acuerdo fue aprobado por el señor Julián
Andrés Moreno Barón, en su calidad de alcalde local de Suba y representante
legal del Fondo de Desarrollo Local y por la Junta de Acción Comunal del barrio
La Gaitana, a través de su representante legal, cuya imagen se presenta a
continuación:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandado: José Aurelio González Daza
Rad.: 25000-23-41-000-2023-01631-01
Con este panorama, resulta claro que, el Fondo de Desarrollo Local de Suba
celebró con la Junta de Acción Comunal del barrio La Gaitana el contrato de
comodato 511, el cual fue suscrito el 1° de junio de 2023, de un lado, por el señor
Julián Andrés Moreno Barón, en su calidad de alcalde local y representante legal
del Fondo de Desarrollo Local (comodante) y, de otro lado, por el representante
legal24 de la Junta de Acción Comunal del barrio La Gaitana (comodatario), como
dan cuenta las aprobaciones o firmas electrónicas que constan en el SECOP II y
los documentos cargados por las partes contratantes en dicha plataforma25.
En este orden, no queda duda para la Sala que el demandado se encontraba
inhabilitado para ser edil, pues cotejada la fecha de suscripción del precitado
contrato, 1° de junio de 2023, es claro que este se celebró dentro del período
inhabilitante de los tres (3) meses que preceden a la inscripción de su candidatura,
el cual transcurrió entre el 29 de abril de 2023 y el 29 de julio de 2023 y según
consta en el Formulario E – 6 JL, allegado con la demanda, el señor José Aurelio
González Daza se inscribió el 29 de julio de 2023.
Por lo explicado en precedencia, se concluye que, en el presente caso, se
encuentran acreditados los elementos que configuran la inhabilidad derivada de
la celebración de contratos prevista en el numeral 4 del artículo 66 del Decreto
Ley 1421 de 1993, a saber: i) temporal (que está delimitado en los 3 meses
anteriores a la inscripción de la candidatura), ii) material (haber intervenido en la
celebración de contratos) y iii) territorial (en la localidad de Suba del Distrito
Capital), contrario a lo señalado por el a quo.
Por lo tanto, se impone revocar la sentencia de primera instancia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección «C» que
negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declarar la nulidad del
Formulario E-26 JAL del 6 de noviembre de 2023, en cuanto declaró la elección
del señor José Aurelio González Daza como edil de la localidad de Suba de la
ciudad de Bogotá, periodo 2024-2027, con la consecuente cancelación de la
credencial.
Finalmente, no sobra advertir que, conforme al ordinal 3 del artículo 288 del
CPACA, en concordancia con el artículo 275.5 ibidem, la sentencia que dispone
la nulidad electoral, en este caso, por hallarse incurso en la causal de inhabilidad
por intervención en la celebración de contratos prevista en el numeral 4 del
24 Sobre este caso particular, ver: Consejo de Estado, Sección Quinta, MP Alberto Yepes Barreiro, sentencia
del 11 de abril de 2019, Rad. 11001-03-28-000-2018-00080-00 (ACUMULADO 11001-03-28-000-2018-
000127-00 Y 11001-03-28-000-2018-000130-00), demandantes: José Manuel Abuchaibe Escolar - Partido
Opción Ciudadana, Víctor Velásquez Reyes y Nesly Edilma Rey Cruz, demandado: Aurelijus Rutenis Antanas
Mockus Sivickas - senador de la República - período 2018-2022.
25 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP Pedro Pablo Vanegas Gil, sentencia del 28 de septiembre de
2023, Rad. 11001-03-28-000-2022-00273-00, demandante: Richard Humberto Fuelantala Delgado,
demandado: Polivio Leandro Rosales Cadena – senador de la República para el periodo 2022-2026.
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Rad.: 25000-23-41-000-2023-01631-01
artículo 66 del Decreto Ley 1421 de 1993, implica la cancelación de la respectiva
credencial que se hará efectiva a la ejecutoria de la sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo
Nacional Electoral.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección «C» el 22 de octubre de 2024 que
negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, DECLÁRASE la nulidad del
Formulario E-26 JAL del 6 de noviembre de 2023, en cuanto declaró la elección
del señor José Aurelio González Daza como edil de la localidad de Suba de la
ciudad de Bogotá, periodo 2024-2027.
TERCERO: En consecuencia, cancelase la credencial de edil, la cual se hará
efectiva a la ejecutoria de la sentencia.
CUARTO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.
QUINTO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede
ningún recurso.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número
de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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