Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02275-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02275-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-02275-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
22 de agosto de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02275-01
Accionante: José Aurelio González Daza
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02275-01
Accionante: José Aurelio González Daza
Accionados: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela
Tutela contra providencia judicial. Requisito de procedencia. Relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación que presentó la parte actora en contra de la sentencia
del 26 de mayo de 2025 proferida por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo
de Estado, que negó el amparo.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
José Aurelio Gómez Daza, en nombre propio, presentó escrito de tutela en el que
solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
participación, que consideró vulnerados con ocasión de la sentencia del 6 de marzo de
2025 dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado al interior del proceso de
nulidad electoral identificado con el radicado número 25000-23-41-000-2023-01631-01.
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica1:
2.1. El actor se desempeña como presidente y representante legal de la Junta de
Acción Comunal del barrio La Gaitana de la localidad de Suba. En ejercicio de tal
calidad celebró el contrato de comodato 253 de 2018 con el Fondo de Desarrollo Local
de Suba, que tenía por objeto la entrega de inmuebles para uso de la referida junta.
2.2. Con el propósito de postular su candidatura en las elecciones de autoridades
locales previstas para el 23 de octubre de 2023, el 29 de mayo de 2023 el señor
1 Ibídem. / actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=25000234100020230163101110010
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Accionante: José Aurelio González Daza
González Daza entregó al Fondo de Desarrollo Local todos los bienes vinculados al
contrato 253. No obstante, el referido contrato había finalizado en 2018, sin que
mediara renovación o liquidación formal.
2.3. Según se expuso en la solicitud de tutela en los mencionados comicios el
accionante fue elegido Edil de la localidad de Suba. Sin embargo, la señora Carolina
Castro presentó demanda de nulidad electoral con el propósito de que se declarara la
nulidad de su elección al considerar que “yo estaba incurso en una causal de Nulidad
por haber suscrito el contrato de Comodato 511 de 2023 dentro de los tres meses que
la Ley estableció”.
Explicó que, aunque el contrato se celebró el 1 de junio de 2023, el actor no tuvo
participación “cosa diferente fue que los directivos de la Junta de acción comunal del
Barrio La Gaitana hayan decidido aceptar dicho contrato sin mi partición, pero como en
Secop figuraban todos los datos del contrato de Comodato anterior esto es el contrato
de comodato 253 del año 2018, EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL basándose en
él y en documentos que aportó la señora Vicepresidente de La Junta de acción
Comunal de la Gaitana, señora DIANA PAOLA MONTAÑO PEREZ procedieron a
elaborarlo y suscribirlo, pues cabe anotar que Los Funcionarios del Fondo de Desarrollo
crean las Claves y ellos mismos las manejan”.
2.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C,
mediante sentencia del 22 de octubre de 2024 negó las pretensiones de la demanda.
Inconforme con la decisión, la parte actora en el proceso de nulidad interpuso recurso
de apelación.
2.4. La Sección Quinta del Consejo de Estado dictó fallo el 6 de marzo de 2025 que
revocó la providencia de primer grado, y en su lugar, declaró la nulidad del acto de
elección de José Aurelio González Daza y ordenó la cancelación de su credencial.
La decisión se sustentó en que: i) el contrato de comodato No. 511 de 2023 fue suscrito
por el demandado en calidad de representante legal de la Junta de Acción Comunal
del barrio La Gaitana, conforme a la información oficial obrante en el SECOP II; ii) la
celebración del contrato tuvo lugar dentro de los tres meses anteriores a la inscripción
de la candidatura; y iii) el objeto contractual se ejecutó en la misma jurisdicción territorial
para la cual resultó electo.
3. Pretensiones y argumentos de la tutela
3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional amparar los derechos fundamentales
solicitados y como consecuencia de ello, pidió que se ordene a la Sección Quinta del
Consejo de Estado que dicte una nueva providencia que se sustente en una debida
valoración de los elementos de prueba.
3.2. Como fundamento de la acción de tutela, el actor indicó que la providencia
cuestionada incurrió en los siguientes defectos:
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Accionante: José Aurelio González Daza
Violación directa de la aplicación e interpretación del artículo 66.4 del Decreto
1421 de 1993. Señaló que el juez electoral de segunda instancia no valoró las
circunstancias de tiempo, modo y lugar expuestos con el fin de demostrar que el actor
no suscribió el contrato de comodato.
Defecto fáctico por falta de motivación. Indicó que la sentencia cuestionada no
contiene una exposición de las razones de hecho y de derecho que soporten la
configuración de la inhabilidad. Además, en su criterio, el juez electoral no valoró
integralmente las pruebas aportadas y acogidas por el tribunal de primera instancia,
estas son a. los informes de actividades suscritos por contratistas del Fondo de
Desarrollo Local de Suba, b. las declaraciones extraprocesales de miembros de la
Junta de Acción Comunal y c. el acta de inicio del contrato de comodato firmada por la
señora Diana Paola Montaño Pérez, en calidad de vicepresidenta de la Junta.
Precisó que dichos elementos “desvirtuaban que el contrato de Comodato 511 de 2023,
a pesar de aparentar haber sido suscrito por mí; en la realidad se pudiera colegir si se
hubiesen analizado todas las pruebas que no fue así”.
Falta de pronunciamiento sobre el concepto de la Procuradora Delegada ante el
Consejo de Estado. Reseñó que dicho concepto, en su criterio, era acertado y no fue
tenido en cuenta en la sentencia de segunda instancia.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. Mediante auto del 25 de abril de 20252 la Sección Tercera, Subsección B del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela y negó la medida cautelar solicitada.
Asimismo, ordenó la vinculación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C y de Diana Carolina Castillo Mosquera, en calidad de terceros
con interés.
4.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
C3 envió el enlace web del expediente electoral.
4.3. La Sección Quinta del Consejo de Estado4 solicitó que se declare improcedente
la solicitud de amparo debido a que no satisface el requisito de relevancia
constitucional, en la medida que el accionante pretende una instancia adicional al
proceso ordinario con el fin de reabrir el debate probatorio sin plantear argumentos que
demuestren una verdadera vulneración de sus garantías.
De manera subsidiaria, pidió que se nieguen las pretensiones en la medida que la
sentencia cuestionada se sustentó en la valoración integral de todas las pruebas y que
llevaron a concluir que en efecto el señor González Daza se encontraba inhabilitado
2 Índice 00006 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.
3 Índice 00012 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.
4 Índice 00013 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.
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Accionante: José Aurelio González Daza
para ser Edil, debido a que suscribió el contrato del 1 de junio de 2023 dentro de los 3
meses anteriores a la inscripción de su candidatura.
4.4. Diana Carolina Castillo Mosquera guardó silencio en esta oportunidad.
5. La sentencia de primera instancia
La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado profirió sentencia el 26 de
mayo de 20255 que negó el amparo. Consideró que la controversia planteada reviste
relevancia constitucional, dado que el actor alegó la existencia de un defecto fáctico
relacionado con la valoración probatoria y su incidencia en la declaratoria de nulidad
del acto de su elección. Agregó que, dado que el juez electoral de primera instancia
negó las pretensiones, el tutelante no tuvo la oportunidad procesal de controvertir tal
decisión, lo que justifica el uso de la acción de tutela como mecanismo para
salvaguardar sus garantías.
Ahora, respecto del defecto fáctico, explicó que la Sección Quinta de esta Corporación
realizo una valoración adecuada de las pruebas, para determinar que el contrato de
comodato 511 de 2023 fue suscrito por el actor en calidad de representante legal de
Junta de Acción Comunal del barrio La Gaitana, según la información reportada en
plataforma Secop II.
Indicó que, aunque la sentencia cuestionada no mencionó expresamente las pruebas
que el actor identificó en el escrito de tutela, dichos elementos no tenían el alcance de
modificar el sentido del fallo en tanto no desvirtuaban el elemento material de la causal
de inhabilidad prevista en el artículo 66.4 del Decreto 1421 de 1993, el cual, estimó
probado a partir de los documentos oficiales que identificaron al José Aurelio González
Daza como suscriptor del referido contrato.
Finalmente, en cuanto a la omisión en valorar el concepto rendido por la agente del
Ministerio Público, el a quo constitucional recordó que estos no tienen carácter
vinculante y que el juez natural conserva plena independencia para adoptar la decisión.
6. Impugnación
La parte actora presentó escrito de impugnación6 en el que solicitó revocar el fallo de
primer grado y, en su lugar, conceder la protección deprecada.
Para sustentar su petición sostuvo que la decisión recurrida no dio el alcance pertinente
a las pruebas sobre las cuales estructuró los argumentos del defecto fáctico. Asimismo,
reiteró que hizo entrega de todos los bienes que estaban bajo su custodia en calidad
de presidente de la Junta de Acción Comunal y que estuvieron vinculados al contrato
253 de 2019.
5 Índice 00018 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.
6 Índice 00022 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.
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Accionante: José Aurelio González Daza
Señaló que, el fallo censurado aplicó de forma exegética el numeral 4 del artículo 66
del Decreto 1421 de 1993 sin analizar “el sin número de pruebas como lo son entre
otras cuatro declaraciones extra proceso rendidas por los miembros de la Junta de
acción comunal del Barrio la Gaitana”. Además, indicó que el hecho de figurar como
representante legal de la junta en el contrato de comodato 511 de 2023 no puede
interpretarse para asegurar que participó o tuvo injerencia en este. Aunado, precisó
que la prueba extraída del Secop II es meramente formal.
Explicó que las pruebas mencionadas en la solicitud de tutela sí pueden modificar el
sentido del fallo cuestionado, pues demuestran que en efecto no participó en el
perfeccionamiento del contrato y que la información dispuesta en el mencionado
aplicativo difiere de la realidad.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto
2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de José
Aurelio González Daza, al ser el titular de los derechos que afirma fueron vulnerados,
dado que su elección como Edil fue objeto de demanda al interior del trámite electoral
identificado con el radicado número 25000-23-41-000-2023-01631-01.
2.2. Por otro lado, está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Sección
Quinta del Consejo de Estado por cuanto fungió como juez de segunda instancia dentro
del proceso mencionado y es su decisión a la que la parte accionante le atribuyó la
vulneración de sus garantías constitucionales.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si los argumentos expuestos en el escrito de la
impugnación tienen el alcance para confirmar, modificar o revocar el fallo de primera
instancia que negó el amparo solicitado.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
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Accionante: José Aurelio González Daza
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20057 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela8 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto9.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no
es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona
pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por
parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”10.
4.1. Relevancia constitucional
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el
asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una
clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez
constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que
garantiza la autonomía e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
7 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
8 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de
acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse
la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima
violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la
vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo
censurado no sea de tutela
9 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo
en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el
que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en
contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error
inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión
que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces
desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta
Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
9 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
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se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción
de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”11.
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate
en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que
la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez constitucional se
establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en
la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya
que el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto
más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de
la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha
hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa
ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos
definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto12.
11 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
12 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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5. Caso concreto
La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, y, por consiguiente, modificará el fallo de primera instancia
para en su lugar, declarar improcedente la acción de tutela, por las razones que se
exponen a continuación:
5.1. Al analizar la solicitud de tutela y el escrito de impugnación se advierte que la parte
actora considera que la sentencia del 6 de marzo de 2025 incurrió en defecto fáctico,
debido a que no valoró la totalidad de las pruebas13 allegadas al proceso que
demostraban que el actor no participó en la suscripción del contrato de comodato 511
de 2023 y, que, en su criterio, tenían el alcance de modificar el sentido de la decisión.
5.2. Ahora, del análisis de los aspectos abordados en la sentencia cuestionada dictada
por la Sección Quinta del Consejo de Estado y que puso fin a la actuación, así como
de las pruebas incorporadas al proceso, se advierte que el ad quem arribó a las
siguientes conclusiones:
“Conforme al acervo probatorio, concretamente, el enlace que fue incorporado
en la demanda, el cual permite acceder a la plataforma transaccional SECOP
II23 , se demuestra el contexto negocial, tanto en su objeto, las partes
suscriptoras, su perfeccionamiento y su fecha, como se observa a continuación:
[…]
Ahora bien, al hacer clic en «Descargar» se descarga el siguiente documento
que contiene el acuerdo de voluntades, mismo que se aportó en copia simple
con el escrito introductorio, y allí se relacionan los contratantes, esto es, el
señor Julián Andrés Moreno Barón, en su calidad de alcalde local y
representante legal del Fondo de Desarrollo Local (comodante) y José Aurelio
González Daza como representante legal de la Junta de Acción Comunal del
barrio La Gaitana (comodatario):
[…]
Al hacer clic sobre «Ver contrato» se accede a una nueva página o apartado
de esa web en el que se visualiza toda la información del negocio objeto de
estudio, de la cual se desprende que el 1° de junio de 2023 se firmó
electrónicamente el contrato de comodato 511 entre el Fondo de Desarrollo
Local de Suba en calidad de comodante y la Junta de Acción Comunal del
barrio La Gaitana en condición de comodatario, el cual se identifica en el
SECOP II con el ID CO1.PCCNTR.5029503 y con el número 511-2023-
COMODATO. Así consta en la siguiente imagen:
[…]
Ahora bien, al descargar del aplicativo los documentos cargados por los
contratantes para efectos de suscribir el contrato de comodato 511 del 1° de
junio de 2023, los cuales también se aportaron como anexos de la demanda,
se encuentran los del comodatario, así: i) RUT de la Junta de Acción Comunal
13 Estas son a. los informes de actividades suscritos por contratistas del Fondo de Desarrollo Local de Suba, b. las
declaraciones extraprocesales de miembros de la Junta de Acción Comunal y c. el acta de inicio del contrato de
comodato firmada por la señora Diana Paola Montaño Pérez, en calidad de vicepresidenta de la Junta.
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del barrio La Gaitana, ii) cédula de ciudadanía de su representante legal y iii)
certificado de existencia y representación legal de la referida organización. Así
consta en las siguientes imágenes:
[…]
De lo anterior se infiere, claramente, que los documentos cargados por el
comodatario corresponden a los del presidente y representante legal de la
Junta de Acción Comunal del barrio La Gaitana, esto es, el señor José Aurelio
González Daza.
[…]
Con este panorama, resulta claro que, el Fondo de Desarrollo Local de Suba
celebró con la Junta de Acción Comunal del barrio La Gaitana el contrato de
comodato 511, el cual fue suscrito el 1° de junio de 2023, de un lado, por el
señor Julián Andrés Moreno Barón, en su calidad de alcalde local y
representante legal del Fondo de Desarrollo Local (comodante) y, de otro lado,
por el representante legal de la Junta de Acción Comunal del barrio La Gaitana
(comodatario), como dan cuenta las aprobaciones o firmas electrónicas que
constan en el SECOP II y los documentos cargados por las partes contratantes
en dicha plataforma.
En este orden, no queda duda para la Sala que el demandado se encontraba
inhabilitado para ser edil, pues cotejada la fecha de suscripción del precitado
contrato, 1° de junio de 2023, es claro que este se celebró dentro del período
inhabilitante de los tres (3) meses que preceden a la inscripción de su
candidatura, el cual transcurrió entre el 29 de abril de 2023 y el 29 de julio de
2023 y según consta en el Formulario E – 6 JL, allegado con la demanda, el
señor José Aurelio González Daza se inscribió el 29 de julio de 2023.
Por lo explicado en precedencia, se concluye que, en el presente caso, se
encuentran acreditados los elementos que configuran la inhabilidad derivada
de la celebración de contratos prevista en el numeral 4 del artículo 66 del
Decreto Ley 1421 de 1993, a saber: i) temporal (que está delimitado en los 3
meses anteriores a la inscripción de la candidatura), ii) material (haber
intervenido en la celebración de contratos) y iii) territorial (en la localidad de
Suba del Distrito Capital), contrario a lo señalado por el a quo”.
5.3. En conclusión, para la autoridad accionada, la información obtenida de la
plataforma Secop II acreditó que el señor José Aurelio González Daza, en calidad de
representante legal de la Junta de Acción Comunal del barrio La Gaitana, suscribió el
contrato de comodato No. 511 de 2023 con el municipio de Suba. Asimismo, en dicho
aplicativo, y como documentos anexos al contrato, se halló copia de la cédula de
ciudadanía del mencionado y el certificado de existencia y representación legal de la
referida Junta, en el cual consta que ostentaba la calidad de representante legal de
dicha organización. Con fundamento en el examen de estos elementos probatorios, el
juez electoral de segunda instancia concluyó que se encontraba configurada la causal
de inhabilidad invocada.
5.4. En virtud de lo anterior, la Sala advierte que el debate planteado en este caso fue
adecuadamente examinado por el juez competente. Asimismo, no se aprecia que la
decisión haya sido dictada de forma arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y
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fundamentos normativos, ni que se hayan trasgredido los derechos fundamentales de
la parte actora durante el desarrollo del proceso electoral.
Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través
del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara
que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional, se requiere demostrar:
i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien
acude a la tutela debe aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional
advertir tal vulneración14.
5.5. Por consiguiente, para la Sala es claro que la parte accionante pretende imponer
su interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así
como reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el debate
surtido en el trámite del proceso primigenio sin que haya demostrado la violación del
derecho fundamental para el que pidió su protección.
Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada está
encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite del referido asunto toda vez
que reitera argumentos de índole legal y probatorio desarrollados, sin esbozar las
razones concretas por las cuales el derecho fundamental invocado fue vulnerado con
la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del juez constitucional, toda vez que
la decisión censurada se sustenta en el principio de autonomía judicial.
5.6. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria,
por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que
ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si
fuera una instancia adicional a lo ya surtido.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada15, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario16.
5.7. Como consecuencia de lo anterior, modificará el fallo de primera instancia para
declarar la improcedencia de la acción de tutela por no superar el requisito de
relevancia constitucional.
14 Sentencia SU215 de 2022.
15 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
16 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02275-01
Accionante: José Aurelio González Daza
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 6 de marzo de 2025 proferida por la Sección
Tercera Subsección B del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la acción de tutela de José Aurelio González Daza en contra del
Consejo de Estado, Sección Quinta, de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa de esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y Cúmplase,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SFGS
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