Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00032-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00032-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2022-00032-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
24 de noviembre de 2022
Demandantes: Álvaro Nieto Amaya y otros
Demandado: Edinson Vladimir Olaya Mancipe
Representante a la Cámara por el departamento de Casanare
Periodo 2022 - 2026
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00032-00
Acumulado 2022-00059; 00062 y 00074
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00032-00 (Acumulado)1
Demandantes: Álvaro Nieto Amaya y otros2
Demandado: Edinson Vladimir Olaya Mancipe - Representante a la Cámara
por el departamento de Casanare, periodo 2022 - 2026
Tema: Inhabilidad del ordinal 3º del artículo 179 de la Constitución
Política.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del medio de control de
nulidad electoral, contra el acto de elección de Edinson Vladimir Olaya Mancipe,
como representante a la Cámara por el departamento de Casanare, para el periodo
2022 - 2026.
I. ANTECEDENTES
1.1. Las demandas y sus fundamentos fácticos
1. En síntesis, la pretensión común de las demandas acumuladas3 es declarar la
nulidad de la elección del demandado como representante a la Cámara por el
departamento de Casanare (período 2022-2026), que consta en los formularios E-
26 y E-28 (sic) del 20 de marzo de 2022.
2. En subsidio, los demandantes solicitan la cancelación de la credencial del
1
A este proceso se acumularon los expedientes 11001-03-28-000-2022-00059-00, 11001-03-28-
000-2022-00062-00 y 11001-03-28-000-2022-00074-00, según consta en el informe secretarial del
11 de agosto de 2022. Al respecto, consultar información en el vínculo web:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001032800
0202200032001100103
2
En este proceso también son demandantes: Audenso Iván Granado Jerónimo, 11001-03-28-000-
2022-00059-00; César Alberto Saavedra Torres, 11001-03-28-000-2022-00062-00; y Jaime Andrés
Niño Piraguata, 11001-03-28-000-2022-00074-00.
3
Las fechas de radicación fueron: 1 de abril de 2022, 11001-03-28-000-2022-00032-00; 2 de mayo
de 2022, 111001-03-28-000-2022-00059-00; 3 de mayo de 2022, 11001-03-28-000-2022-00062-00
y 5 de mayo de 2022, 11001-03-28-000-2022-00074-00.
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1
Demandantes: Álvaro Nieto Amaya y otros
Demandado: Edinson Vladimir Olaya Mancipe
Representante a la Cámara por el departamento de Casanare
Periodo 2022 - 2026
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00032-00
Acumulado 2022-00059; 00062 y 00074
demandado4, llamar a ocupar la curul a quien sigue en el orden de la inscripción5 y
compulsar copias a las autoridades para investigar al candidato y al partido Centro
Democrático6.
3. En resumen, los demandantes señalan como hechos:
a) El 27 de enero de 2021, el demandado suscribió el contrato de prestación de
servicios 0205 con el departamento de Casanare, cuyo objeto consistió en
apoyar el despacho del gobernador en las juntas directivas de las entidades
descentralizadas y atender los asuntos designados por el secretario privado
del despacho7.
b) El 19 de agosto de 2021, el demandado suscribió el contrato de prestación
de servicios 1426 con el departamento de Casanare, cuyo objeto consistió
en apoyar al gobernador con la articulación del sector de hidrocarburos y con
juntas directivas de entidades descentralizadas.
c) El 17 de diciembre de 2021, el vínculo contractual del demandado con la
gobernación de Casanare terminó por mutuo acuerdo, en consecuencia, se
liquidó el contrato 1426 de 2021. El 20 de diciembre siguiente, el accionado
entregó el informe final de actividades, el cual suscribió el supervisor el
mismo día.
d) Dentro de los 6 meses anteriores a la elección, como asesor de la
gobernación del Casanare, el demandado gestionó los siguientes convenios:
3044710, 3044614, 3044582 y 3044681 del 12 de noviembre de 2021,
3041673 del mes de julio y 010109122021 sin fecha8.
e) El 20 de diciembre de 2021, el demandado se inscribió como candidato a la
Cámara por el departamento de Casanare (período 2022-2026), por el
partido Centro Democrático, según consta en el formulario E-79.
f) El 20 de marzo de 2022, el demandado fue declarado representante a la
Cámara por el departamento de Casanare.
g) Los contratos y convenios que celebró el demandado y la gestión de estos,
influyeron en su elección como representante a la Cámara, pues con los
resultados contractuales, como el apoyo a proyectos en el sector
hidrocarburos, hizo proselitismo político en reuniones y redes sociales, lo cual
determinó la voluntad de los electores.
4
Expedientes 11001-03-28-000-2022-00062-00, 11001-03-28-000-2022-00059-00 y 11001-03-28-
000-2022-00074-00.
5
Expedientes 11001-03-28-000-2022-00062-00 y 11001-03-28-000-2022-00074-00.
6
Expediente 11001-03-28-000-2022-00074-00.
7
Este hecho particular se reseñó en el radicado 11001-03-28-000-2022-00074-00.
8
Este hecho se planteó en el radicado 11001-03-28-000-2022-00059-00.
9
Aportado con la demanda del expediente 11001-03-28-000-2022-00074-00.
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Demandantes: Álvaro Nieto Amaya y otros
Demandado: Edinson Vladimir Olaya Mancipe
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Periodo 2022 - 2026
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00032-00
Acumulado 2022-00059; 00062 y 00074
1.2. Normas vulneradas y concepto de la violación
4. En resumen, los demandantes afirman que la elección del demandado es nula
porque no reunió los requisitos constitucionales y legales de elegibilidad, como lo
señala el ordinal 5 del artículo 275 del CPACA, por encontrarse configurada la
«prohibición» del 179.3 de la Constitución.
5. Al respecto, aducen que la causal de nulidad surgió porque el demandado
suscribió el contrato 1426 de 202110 y, a partir de este, gestionó convenios de
asociación entre la gobernación de Casanare y entidades del sector de
hidrocarburos, dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de su elección. Incluso,
consideran que con la liquidación del vínculo contractual y la entrega del informe
final de actividades se configuró también la causal de inelegibilidad, porque el
contrato se ejecutó en esas etapas.
6. También afirman los accionantes que el demandado realizó campaña política y
proselitismo sobre la base de los resultados obtenidos en el desarrollo del contrato
de prestación de servicios mencionado.
7. Por dichas razones, señalan que el demandado incurrió en la «prohibición» del
ordinal 3 del artículo 179 de la Constitución y agregan que la inhabilidad debía
contabilizarse desde el momento de la inscripción como candidato, conforme el
criterio unificado del Consejo de Estado.
8. En conclusión, los accionantes invocaron los artículos 139 y 275.5 del CPACA y
el ordinal 3 del 179 constitucional, como fundamento de la solicitud de nulidad
electoral.
1.4. Trámite
9. El trámite de las demandas fue el siguiente:
10. En el radicado 11001-03-28-000-2022-0003200:
a) El 6 de abril de 2022, la demanda se inadmitió para que se identificara
correctamente el acto de elección, pues el acta E-28, como lo adujo el
demandante, no la declaró. Además, para que remitiera al demandado copia
de la demanda y sus anexos y aportara copia del acto acusado junto a su
comunicación.
10
En el radicado 11001-03-28-000-2022-00059-00, la parte demandante se refirió al contrato «No.
Secop II CAS-OAJ-CDPSJ-0730-2021», sin embargo, en el concepto de la violación no señaló algún
argumento de nulidad en relación con el mismo y la inhabilidad deprecada. Igual connotación se
extiende al contrato 0205 del 27 de enero de 2021 (rad. 10011001-03-28-000-2022-00074-00). Por
lo tanto, no se incluyeron para su estudio en la fijación del litigio, en la providencia del 6 de septiembre
de 2022 (índice 47 Samai. Expediente principal).
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Demandantes: Álvaro Nieto Amaya y otros
Demandado: Edinson Vladimir Olaya Mancipe
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Acumulado 2022-00059; 00062 y 00074
b) Luego de la corrección11, el 25 de abril de 2022, se admitió la demanda
porque reunió los requisitos legales. En consecuencia, se ordenó notificar y
comunicar la decisión al demandado, al Consejo Nacional Electoral, a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, al Ministerio Público, al actor y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
c) Surtidas las notificaciones y comunicaciones de rigor, y allegadas la
contestación del demandado e intervenciones de la Registraduría Nacional
del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, el 8 de junio de 2022 se
remitió el proceso a la secretaría para el estudio de una eventual
acumulación.
d) El 1 de agosto de 2022, se decretó la acumulación de los expedientes 11001-
03-28-000- 2022-00032-00, 11001-03-28-000-2022-00059-00, 11001-03-28-
000-2022- 00062-00 y 11001-03-28-000-2022-00074-00, de acuerdo con el
artículo 282 del CPACA. A su vez, se citó a la diligencia de sorteo con el fin
de definir el ponente.
e) El 11 de agosto de 2022, se realizó el sorteo y, según el resultado, el
conocimiento del proceso acumulado correspondió al hoy ponente.
11. En el radicado 11001-03-28-000-2022-00059-00:
a) El 6 de mayo de 2022, se admitió la demanda porque reunió los requisitos
legales. En consecuencia, se ordenó notificar y comunicar la decisión al
demandado, al Consejo Nacional Electoral, al Ministerio Público, al actor y a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
b) Surtidas las notificaciones y comunicaciones de rigor, y allegadas la
contestación del demandado y la intervención del Consejo Nacional
Electoral, el 17 de junio de 2022, se remitió el proceso a la secretaría para el
estudio de una eventual acumulación.
c) El 11 de agosto de 2022, la Secretaría de la Sección registró el cambio de
ponente, como consecuencia de la acumulación que se ordenó en el radicado
11001-03-28-000-2022-0003200.
12. En el radicado 11001-03-28-000-2022-00062-00:
a) El 6 de mayo de 2022, la demanda se inadmitió para que se identificara
correctamente el acto de elección y se aportara su copia, y para que
acreditara el envío de esta y sus anexos al accionado.
11
El demandante remitió memorial de subsanación de la demanda, con el que i) anexó el correo
electrónico enviado al demandado, ii) identificó el acto acusado y aportó el formulario E-26 CAM del
20 de marzo de 2022 y iii) allegó nuevo poder conferido por el demandante, en el que se advierte
que la demanda está dirigida contra el mencionado acto de elección.
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Demandado: Edinson Vladimir Olaya Mancipe
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Periodo 2022 - 2026
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Acumulado 2022-00059; 00062 y 00074
b) Luego de la corrección12, el 26 de mayo de 2022 se admitió la demanda
porque reunió los requisitos legales. En consecuencia, se ordenó notificar y
comunicar la decisión al demandado, al Consejo Nacional Electoral, a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, al Ministerio Público, al actor y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
c) Surtidas las notificaciones y comunicaciones de rigor, y allegadas la
contestación del demandado e intervenciones del Consejo Nacional
Electoral, el 12 de julio de 2022 se remitió el proceso a la secretaría para el
estudio de una eventual acumulación.
d) El 11 de agosto de 2022, el sorteo se realizó y, según el resultado, el
conocimiento del proceso acumulado correspondió al hoy ponente.
13. En el radicado 11001-03-28-000-2022-00074-00:
a) Con la demanda se solicitó la suspensión provisional del acto de elección del
demandado, la cual sustentó con los siguientes argumentos:
i) El contrato nro. 1426 del 19 de agosto de 2021 se suscribió dentro
del período inhabilitante y significó beneficios para la elección del
demandante.
ii) En el mismo lapso de la «prohibición», el demandado gestionó
negocios a través de convenios de asociación entre la gobernación del
Casanare y empresas del sector de hidrocarburos.
iii) El término de la inhabilidad se cuenta desde la inscripción del
candidato, conforme el criterio unificado del Consejo de Estado13 al
interpretar el ordinal 5 del artículo 179 constitucional. Por ello, como la
inscripción se hizo el 20 de diciembre de 2021 y el contrato se celebró
el 19 de agosto siguiente y se liquidó 3 días antes de la inscripción, se
configuró la prohibición del ordinal 3 del enunciado artículo 179
superior.
b) El 9 de mayo de 2022 se corrió traslado de la suspensión provisional al
demandado, al Consejo Nacional Electoral, al director general de la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público -
Procuraduría -. Dentro del término de traslado, el demandado y el procurador
se pronunciaron.
12
El demandante remitió memorial de subsanación de la demanda, con el que i) anexó el correo
electrónico enviado al demandado e ii) identificó el acto acusado y aportó el formulario E-26 CAM
del 20 de marzo de 2022.
13
«Consejo de Estado en su en sentencia del 29 de enero de 2019, Radicado No 11-001-03-28-000-
2018-00031-00 (SU)».
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Radicado: 11001-03-28-000-2022-00032-00
Acumulado 2022-00059; 00062 y 00074
c) El 2 de junio de 2022, la demanda se admitió porque reunió los requisitos
legales y se negó la suspensión provisional del acto de elección del
demandado. En consecuencia, se ordenó notificar y comunicar la decisión al
accionado, al Consejo Nacional Electoral, al Ministerio Público, al actor y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
d) La suspensión provisional se negó porque:
i) El contrato 1426/21 fue suscrito antes del periodo inhabilitante.
ii) La «prohibición»14 no recae sobre el acta de liquidación.
iii) La gestión de negocios que se endilgó al demandado eran
obligaciones que cumplió por su contrato.
iv) La providencia aclaró que el período inhabilitante se cuenta desde
la fecha de la elección, pues el criterio de unificación15 (sentencia del
29 de enero de 2019, Radicado No 11-001-03-28-000-2018-00031-00)
solo aplica para la causal 5 del artículo 179 constitucional.
e) Surtidas las notificaciones y comunicaciones de rigor, y allegada la
contestación del demandado, el 19 de julio de 2022 se remitió el proceso a
la secretaría para el estudio de una eventual acumulación.
f) El 11 de agosto de 2022, el sorteo se realizó y, según el resultado, el
conocimiento del proceso acumulado correspondió al hoy ponente.
1.5. Intervenciones
14. Según los informes secretariales de cada expediente, las contestaciones se
surtieron así:
15. En el radicado 11001-03-28-000-2022-00032-0016:
a) El 4 de mayo de 2022 se notificó al demandado, al Consejo Nacional
Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Procuradora
14
«En cuanto a la causal de inhabilidad de celebración de contratos con entidades públicas, la
jurisprudencia de esta Sección ha determinado que para su estructuración se requiere la
concurrencia de cuatro elementos, con la precisión de que, si alguno no se cumple, no se configura
la prohibición».
15
Así lo dispuso: «En la referida sentencia se unificó jurisprudencia en el sentido de señalar que la
interpretación del elemento temporal de la causal de inhabilidad prevista en el numeral 5, artículo
179 constitucional, que más se ajusta y garantiza los principios y valores democráticos, es aquella
que configura la inhabilidad desde el día de la inscripción de la candidatura al cargo de elección
popular y hasta el día en que se realiza la elección».
16
Consultar:https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1
10010328000202200032001100103
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Acumulado 2022-00059; 00062 y 00074
Séptima Delegada ante el Consejo de Estado. Además, la decisión se
comunicó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
b) El 26 de mayo de 2022, el demandado contestó la demanda. El 31 de mayo
de 2022 lo hizo el Consejo Nacional Electoral, todas dentro del término legal.
La Registraduría Nacional del Estado Civil allegó antecedentes de la elección
del demandado.
16. En el radicado 11001-03-28-000-2022-00059-0017:
a) El 17 de mayo de 2022 se notificó al demandado, al Consejo Nacional
Electoral y a la agente del Ministerio Público. Además, la decisión se
comunicó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
b) El 8 de junio de 2022, el Consejo Nacional Electoral contestó la demanda. El
9 de junio de 2022 lo hizo el demandado, todas dentro del término legal.
17. En el radicado 11001-03-28-000-2022-00062-0018:
a) El 7 de junio de 2022 se notificó al demandado, al Consejo Nacional Electoral
y a la agente del Ministerio Público. Además, la decisión se comunicó a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
b) El 5 de julio de 2022, el demandado contestó la demanda dentro del término
legal.
18. En el radicado 11001-03-28-000-2022-00074-0019:
a) El 14 de junio de 2022, se notificó al demandado, al Consejo Nacional
Electoral y a la agente del Ministerio Público. Además, la decisión se
comunicó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
b) El 2 de junio de 2022 contestó el Consejo Nacional Electoral. El 12 de julio
de 2022 lo hizo el demandado, todas dentro del término legal.
1.5.1. Demandado
19. En síntesis, el demandado, en sus contestaciones señaló que no incurrió en la
inhabilidad del ordinal 3 del artículo 179 constitucional. En tal sentido, afirmó que el
acto de su elección se ajustó a la ley porque:
17
Consultar:https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1
10010328000202200059001100103
18
Consultar:https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1
10010328000202200062001100103
19
Consultar:https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1
10010328000202200074001100103
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Acumulado 2022-00059; 00062 y 00074
a) No se acreditaron los elementos de la «prohibición» respecto a la
celebración de contrato. Al respecto señala que:
i) El factor temporal no se configuró porque el contrato se suscribió el
19 de agosto del 2021, es decir, por fuera del término inhabilitante.
ii) La inhabilidad procede por la celebración de contrato, no por su
liquidación.
iii) No se demostró el interés propio o de terceros.
b) No se demostraron los elementos de la causal de inelegibilidad respecto a
la intervención en la gestión negocios. Al respecto manifestó que:
i) No se acreditó la ocurrencia de la acción prohibida.
ii) Por tanto, no es factible analizar el elemento temporal, subjetivo,
geográfico y material.
c) Se realizó una interpretación extensiva de la causal, lo cual no está
permitido dado al carácter restrictivo del régimen de inhabilidades, que
implica limitación de derechos fundamentales.
1.5.2. Consejo Nacional Electoral – CNE-
20. En resumen, el CNE esgrime, como argumento común en sus intervenciones,
que las pretensiones no debían prosperar, por cuanto el demandado no incurrió en
la inhabilidad del ordinal 3 del artículo 179 de la Constitución. Al respecto,
argumenta que la fecha límite para celebrar contratos era el 12 de septiembre de
2021 porque las elecciones estaban previstas para el 13 de marzo de 2022. En ese
orden, como el demandado y la gobernación de Casanare suscribieron el contrato
1426 el 19 de agosto de 2021, entonces no se configuró la inhabilidad alegada.
1.5.3. Registraduría Nacional del Estado Civil - RNEC
21. La Registraduría allega los antecedentes administrativos de la elección del
demandado, conforme se requirió en las providencias que admitieron la
demandas20, como:
«Formato E-6 Solicitud de Inscripción de candidatos y constancia
de inscripción de candidatura, Cámara de Representantes,
circunscripción Territorial (4 folios).
Formato E-7 Solicitud para modificación de Inscripción de
candidatos y constancia de aceptación de candidaturas, Cámara
de Representantes, circunscripción Territorial (4 folios).
20
Consultar:file:///C:/Users/Downloads/66_1100103280002022000320010RECIBEMEMORIAL2022
0520134200%20(1).pdf
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Demandantes: Álvaro Nieto Amaya y otros
Demandado: Edinson Vladimir Olaya Mancipe
Representante a la Cámara por el departamento de Casanare
Periodo 2022 - 2026
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00032-00
Acumulado 2022-00059; 00062 y 00074
Formato E-8 Lista Definitiva de candidatos inscritos, Cámara de
Representantes, circunscripción Territorial (1 folio).
Aval candidatos partido Centro Democrático (1 folio).
Aval - modificación del acto de inscripción (1 folio).
Renuncia a la candidatura del señor JULIAN ROA HENANDEZ [sic]
(2 folios).
1.6. Trámite de sentencia anticipada
22. El 6 de siembre de 202221, con fundamento en el artículo 182 A de la Ley 1437
de 2011, se ordenó el trámite de sentencia anticipada, se dispuso a tener como
pruebas documentales las aportadas por las partes; se fijó el litigio (en los términos
indicados en las consideraciones de esta sentencia) y dispuso correr traslado para
alegar y al Ministerio Público para conceptuar.
1.7. Alegatos de conclusión
23. Dentro del término otorgado se presentaron los siguientes escritos de alegatos
finales:
1.7.1. Demandante, César Alberto Saavedra Torres22
24. Solicitó acceder a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, por lo
siguiente:
i) No se debe establecer si la realización de las actividades surgidas del contrato
del caso, dentro de los 6 meses anteriores a la elección, inhabilita al demandado.
Por el contrario, lo que configura la inhabilidad del ordinal 3 del artículo 179
constitucional es la ventaja obtenida por este frente a sus competidores, y el
rédito que ello genera en el electorado, producto de las relaciones y vínculos con
la administración, que publicitaba a través de distintos medios.
ii) Además, la celebración de dicho contrato significó un lucro para el accionado,
independientemente del nivel de la entidad pública contratante.
iii) Es claro que la prueba del elemento material se constituye con la votación
obtenida por el hoy representante a la Cámara en aquellos municipios donde
desarrolló el contrato de prestación de servicios y gestionó otros para terceros.
21
Índice 47 Samai. Expediente principal.
22
Índice 66 Samai. Idem.
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9
Demandantes: Álvaro Nieto Amaya y otros
Demandado: Edinson Vladimir Olaya Mancipe
Representante a la Cámara por el departamento de Casanare
Periodo 2022 - 2026
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00032-00
Acumulado 2022-00059; 00062 y 00074
iv) Reitera que no le asiste razón a los accionantes, por cuanto, los hechos
constitutivos de la causal se realizaron dentro de los 6 meses anteriores a la
elección, en ese sentido, se debe tener presente la interpretación que le ha dado
la Sala Plena23 a la inhabilidad del ordinal 3º del artículo 179 de la Constitución
Política.
1.7.2. Demandado24
25. Pide negar las pretensiones. Reitera los argumentos presentados en sus
escritos de contestación de la demanda, al sostener que:
i) Para la estructuración de la causal de inhabilidad de celebración de contratos
deben estar acreditados 4 elementos (temporal, material, subjetivo y territorial),
los cuales en este caso no están demostrados.
ii) Con relación al elemento temporal, se concluye que el contrato de prestación
de servicios nro. 1426 fue celebrado el 19 de agosto de 2021, es decir, 6 meses
y 23 días antes del 13 de marzo de 2022 -fecha de la elección-. Por lo que, no
está dentro del extremo inhabilitante señalado en la norma constitucional.
iii) Al ser ello así, tampoco se acredita el elemento material u objetivo, pues la
inhabilidad se delimita exclusivamente a la celebración y no a las actividades de
ejecución, terminación o liquidación del contrato.
iv) En cuanto a los elementos subjetivo y territorial no es necesario adelantar su
análisis porque la actuación aludida no aconteció.
v) Ahora bien, sobre la causal de gestión de negocios ante entidades públicas
tampoco se cumplió con la carga probatoria de los 4 factores citados –supra–.
vi) De ninguna manera se evidencia la intervención puntual o concreta del
demandado en gestión alguna, como tampoco el tiempo en el cual,
supuestamente, lo realizó. Esto imposibilita el estudio del elemento temporal,
territorial, material y subjetivo.
vii) Insiste que basar la inhabilidad de gestión de negocios en las actividades
desarrolladas por la suscripción del contrato no configura esta causal, por tanto,
el interés propio o de terceros tampoco se da.
1.8. Concepto del Ministerio Público
26. Para la procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado25 se deben
denegar las pretensiones de los accionantes, por los siguientes motivos:
23
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de unificación del 29
de enero de 2019, Rad. 11001-03-28-000-2018-00031-00, M.P.: Rocío Araujo Oñate.
24
Índice 67 Samai. Expediente principal.
25
Índice 65 Samai. Expediente principal.
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Periodo 2022 - 2026
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Acumulado 2022-00059; 00062 y 00074
i) La causal invocada es la referente a la celebración de contratos, toda vez que
la de gestión de negocios se trae al proceso por el desarrollo de las obligaciones
surgidas del contrato celebrado entre las partes, lo que no permite su
configuración.
ii) Siendo, así las cosas, se comprueba el elemento modal o material, bajo el
entendido que el contrato nro. 1426 sí fue celebrado en interés propio y del mismo
se obtuvo una contraprestación por su ejecución.
iii) En cuanto al elemento territorial, se debe tener en cuenta que este fue suscrito
con la Gobernación del Casanare, para ser ejecutado en ese departamento,
circunscripción en la cual resultó electo como el accionado representante a la
Cámara.
iv) Del elemento temporal, afirma que el contrato objeto del caso se celebró el 19
de agosto de 2021, por lo que haciendo el conteo de los 6 meses atrás desde el
día de la elección (13 de marzo de 2021), se concluye que el demandado lo hizo
por fuera del período que lo inhabilitaba para ser elegido congresista.
v) Considera que esta es la interpretación que se le debe dar a la norma
constitucional, toda vez las inhabilidades no se les pueden aplicar criterios
analógicos, extensivos o subjetivos.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
27. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para fallar en única
instancia las demandas de nulidad electoral contra el acto que declaró la elección
de Edinson Vladimir Olaya Mancipe, como representante a la Cámara por el
departamento de Casanare, para el periodo 2022 – 2026, de conformidad con el
ordinal 3º26 del artículo 149 del CPACA, en armonía con el artículo 13 del Acuerdo
nro. 80 del 12 de marzo de 201927.
2. Acto acusado
28. Se discute la legalidad del formulario E-26 CAM del 20 de marzo de 202228, por
medio del cual, la Comisión Escrutadora del departamento de Casanare declaró
elegido a Edinson Vladimir Olaya Mancipe, como representante a la Cámara por
26
«De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, del Presidente
y el Vicepresidente de la República, de los Senadores, de los representantes a la Cámara […]».
Énfasis de la Sala.
27
Reglamento interno del Consejo de Estado.
28
Aportado con las demandas.
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Periodo 2022 - 2026
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00032-00
Acumulado 2022-00059; 00062 y 00074
dicha circunscripción territorial, para el periodo 2022 a 2026, en las elecciones del
13 de marzo del año en curso.
3. Problemas jurídicos29
29. A través de providencia del 6 de septiembre de 202230, se fijó el litigo, en los
siguientes términos:
Determinar si el acto de elección del demandado como representante a la Cámara
por el departamento de Casanare, que consta en el formulario E-26 CAM de fecha 20
de marzo de 2022, debe ser anulado porque se configuró la causal de anulación del
ordinal 5º del artículo 275 del CPACA o la genérica del 137 del mismo código, por
recaer en el elegido la inhabilidad del artículo 179.3 constitucional.
50. Para tal efecto, resulta necesario resolver los siguientes interrogantes:
¿Si el demandado celebró en interés propio el contrato 1426 de 19 de agosto de
2021 con el departamento de Casanare? En caso afirmativo, si lo hizo dentro del
período inhabilitante del artículo 179.3 constitucional?
¿Si la gestión de convenios de asociación con entidades públicas, cuando se
deriva de la ejecución de obligaciones de un contrato previo, configura el elemento
material de la prohibición del artículo 179.3 constitucional?
¿Si el período inhabilitante – elemento temporal- previsto en el artículo 179.3
constitucional se contabiliza a partir de los 6 meses anteriores a la elección o desde
la inscripción del candidato31 a la respectiva corporación pública?
30. En la cuestión jurídica trazada no se incluyeron los hechos relacionados con los
contratos «0205 del 27 de enero de 2021» y «No. Secop II CAS-OAJ-CDPSJ-0730-
2021» alegados en los radicados 2022-00059 y 2022-00074, toda vez que, en los
conceptos de violación de dichas demandadas, no se desarrolló argumento alguno
de cómo esos contratos permitían estructurar la inhabilidad alegada. Decisión que
no fue objeto de impugnación, razón por la que se entiende que las partes
estuvieron de acuerdo.
31. No obstante, el demandante Audenso Iván Granados Jerónimo, centró su
recurso de reposición y solicitud de aclaración y adición32 en que la fijación del litigio
omitió alguno de los aspectos que señaló en la demanda, como analizar si los
presuntos actos de «proselitismo político» del demandado encajan dentro de la
prohibición del 179.3 constitucional.
29
En el auto que ordenó la sentencia anticipada se citaron textualmente apartes de los conceptos
de la violación de cada una de las demandas acumuladas, lo cual se hizo con el fin de fijar con
precisión el problema jurídico.
30
Índice 47 Samai. Expediente principal.
31
Como se planteó en los expedientes nros. 11001-03-28-000-2022-00062 y 11001-03-28-000-
2022-00074-00.
32
Consultar:https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11
0010328000202200032001100103.
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Radicado: 11001-03-28-000-2022-00032-00
Acumulado 2022-00059; 00062 y 00074
32. Dicha petición se negó mediante providencia del 3 de octubre de 202233, toda
vez que, los presuntos actos, actividades y gestiones del demandado, tanto los
derivados de la ejecución de sus obligaciones contractuales, como los que a juicio
del demandante constituyeron «propaganda y proselitismo político»; fueron
definidos como objeto de estudio y serán susceptibles de análisis dentro de los
problemas jurídicos. Específicamente, se manifestó que se estudiarían en el marco
de los siguientes interrogantes:
¿Determinar si el acto de elección del demandado como representante a la Cámara
por el departamento de Casanare, que consta en el formulario E-26 CAM de fecha 20
de marzo de 2022, debe ser anulado porque se configuró la causal de anulación del
ordinal 5º del artículo 275 del CPACA o la genérica del 137 del mismo código, ¿por
recaer en el elegido la inhabilidad del artículo 179?3 constitucional?». Incluso, en lo
procedente, se analizará conforme el planteamiento objeto de la impugnación: «¿si la
gestión de convenios de asociación con entidades públicas, cuando se deriva de la
ejecución de obligaciones de un contrato previo, configura el elemento material de la
prohibición del artículo 179.3 constitucional?
4. Inhabilidad por intervención en la gestión de negocios o celebración de
contratos con entidades públicas
33. El ordinal 3º del artículo 179 de la Constitución Política establece varias
situaciones que pueden inhabilitar a un ciudadano para ser congresista de la
República, si ocurren dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de la elección, a
saber:
i) Gestionar negocios ante entidades públicas, en interés propio o de terceros.
ii) Celebrar contratos con estas, en interés propio o de terceros.
iii) Haber sido representante legal de entidades que administren tributos o
contribuciones parafiscales.
34. Dicha norma constitucional contiene los siguientes presupuestos que configuran
la inhabilidad en comento34:
Elementos Ingrediente normativo
Que la conducta se realice dentro de los 6 meses anteriores a la
Temporal
fecha de la elección que se demanda.
Participar en trámites negociales, celebrar contratos con entidades
públicas, en interés propio o de terceros o ejercer la representación
Material
legal de entidades que administren tributos o contribuciones
parafiscales.
33
Índice 59 Samai. Expediente principal.
34
Sobre el tema también se puede consultar, entre otras, las sentencias de esta Sección del 20 de
octubre de 2022, radicado nro. 11001-03-28-000-2022-00051-00. Demandado: Gabriel Ernesto
Parrado Durán, representante a la Cámara por el departamento del Meta –período 2022-2026. M. P.
Rocío Araújo Oñate, del 27 de octubre de 2022m radicado nro. 11001-03-28-000-2022-00054-00.
Demandada: Ingrid Marlén Sogamoso Alfonso - Representante a la Cámara por el departamento de
Boyacá, periodo 2022 – 2026. M. P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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Radicado: 11001-03-28-000-2022-00032-00
Acumulado 2022-00059; 00062 y 00074
Elementos Ingrediente normativo
Que la conducta reprochada se hubiese realizado en la
Territorial
circunscripción donde se realiza la elección.
Que la gestión o celebración del contrato comporte un beneficio
propio o para terceros.
Modal o de
propósito Es importante poner de presente que la Sección ha concluido que los
beneficios extrapatrimoniales también pueden dar lugar a la
materialización de la inhabilidad35.
35. Sobre la concurrencia de dichos requisitos, esta Sección en providencia del 2
de junio de 202236 reiteró que los supuestos enunciados son concurrentes, de modo
que si falta alguno de ellos no se configura la inhabilidad. Regla jurisprudencial que
también se pronunció en sentencia del 12 de marzo de 201537.
36. Acerca de la diferenciación entre los eventos de gestión de negocios y
celebración de contratos señalados en la disposición mencionada, la Sección
Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 20 de octubre de 202238, señaló lo
siguiente:
33. Nota característica de esta causal de inhabilidad, es que las actuaciones
tendientes a obtener un provecho o beneficio propio o para un tercero, aunque deben
ser potencialmente efectivas para alcanzar el fin propuesto, no requieren que éste se
materialice, aspecto que permite distinguir esta circunstancia de inelegibilidad de la
celebración de contratos, también prevista en el artículo 179.3 Superior. Sobre el
particular resultan ilustrativas las siguientes consideraciones, contenidas en
providencia del 25 de octubre de 2018 de esta Sección:
“Se aclara que, si bien las gestiones desarrolladas por los particulares ante las
entidades públicas apuntan, en principio, a la consecución de contratos estatales,
lo cierto es que la conducta consistente en la gestión de negocios frente a las
entidades públicas, no puede ser confundida con el otro de los supuestos
contenidos en la causal de inhabilidad en comento, relacionado con la
intervención en la celebración de los contratos.
En efecto, en el primero de los casos -gestión de negocios- se trata del conjunto
de actuaciones que allanan el camino para la obtención de consecuencias
jurídicas provechosas en favor de quien postula su nombre al Congreso, sin
importar que las mismas se materialicen.
En otros términos, las conductas que caracterizan la gestión de negocios se
constituyen en el preludio de la utilidad que busca obtener el congresista
35
Radicado nro. 11001-03-28-000-2022-00051-00; M. P. Rocío Araújo Oñate. Entre otras se puede
consultar la providencia del 26 de mayo de 2022, de esta Sección, de la misma magistrada ponente,
radicado nro. 11001-03-28-000-2022-00058-00.
36
Radicad nro. 11001-03-28-000-2022-00074-00. Demandado: Edinson Vladimir Olaya Mancipe –
Representante a la Cámara por el departamental de Casanare - periodo 2022-2026. M. P. Carlos
Enrique Moreno Rubio.
37
«Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 12 de marzo de 2015, Rad. 11001-03-28-000-
2014-00065-00, MP Alberto Yepes Barreiro».
38
Radicado nro. 11001-03-28-000-2022-00051-00. Demandado: Gabriel Ernesto Parrado Durán,
representante a la Cámara por el departamento del Meta –período 2022-2026. M. P. Rocío Araújo
Oñate. Reiterada en sentencia del 27 de octubre de 2022, nulidad electoral nro. 11001-03-28-000-
2022-00054-00. Demandada: Ingrid Marlén Sogamoso Alfonso - Representante a la Cámara por el
departamento de Boyacá, periodo 2022 – 2026. M. P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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Acumulado 2022-00059; 00062 y 00074
demandado, la cual puede verse materializada en el perfeccionamiento de un
contrato, por lo que no se proscribe con ella la intervención en los negocios
jurídicos entablados entre particulares y administración pública, supuesto prohibido
al tenor de la segunda de las conductas de que trata el numeral 3º del artículo 179
en estudio.
Al respecto, la Sección Quinta expuso:
“… [Se] ha advertido que esta inhabilidad es distinta a la otra que se configura por
intervención en la celebración de contratos ante entidades públicas, a pesar de
que en la mayoría de los casos las gestiones ante el Estado apunten a un contrato
estatal. Son las diligencias previas al contrato, es decir, los acercamientos a
una entidad pública para concretar el negocio o las propuestas que
efectivamente se le hagan, las que se enmarcan en la prohibición en estudio,
aún en los eventos en que lo pretendido no se concrete. Siendo así, mucho
menos constituyen gestiones de negocios las actuaciones posteriores a la
celebración de un contrato con el Estado, como las relacionadas con su
ejecución o liquidación.". (Énfasis del texto original).
5. Caso concreto
37. De acuerdo a los hechos y el concepto de la violación expuestos, procede la
Sala a determinar si el acto de elección del demandado, como representante a la
Cámara por el departamento de Casanare, es nulo porque se configuró la causal de
anulación del ordinal 275.5 del CPACA, por recaer en el elegido la inhabilidad del
artículo 179.3 constitucional.
38. Para tales efectos, conforme las pruebas allegadas al expediente, el estudio se
limitará a responder:
a) ¿Si el demandado celebró en interés propio el contrato 1426 de 19 de agosto
de 2021 con el departamento de Casanare? En caso afirmativo, si lo hizo
dentro del período inhabilitante del artículo 179.3 constitucional?
b) ¿Si la gestión de convenios de asociación con entidades públicas, cuando se
deriva de la ejecución de obligaciones de un contrato previo, configura el
elemento material de la causal de inelegibilidad del artículo 179.3
constitucional?
c) ¿Si el período inhabilitante – elemento temporal- previsto en el artículo 179?3
constitucional se contabiliza a partir de los 6 meses anteriores a la elección
o desde la inscripción del candidato39 a la respectiva corporación pública?
39. Aunado a lo anterior, la Sala se pronunciará en lo concerniente a si los presuntos
actos de «propaganda electoral y proselitismo político» que se achacan al
demandado generan la nulidad de su elección por estar cobijados dentro de la
prohibición del artículo 179.3 constitucional. Lo anterior conforme se señaló en el
39
Como se planteó en los expedientes nros. 11001-03-28-000-2022-00062 y 11001-03-28-000-
2022-00074-00.
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Acumulado 2022-00059; 00062 y 00074
auto que resolvió el recurso de reposición frente a la providencia que ordenó el
trámite de sentencia anticipada.
5.1. Del elemento temporal de la causal de inhabilidad alegada.
40. La jornada electoral que culminó con la elección del demandado como
representante a la Cámara tuvo lugar el 13 de marzo de 2022. Por tal razón, la
configuración de los cargos por la celebración de contratos con entidades públicas
y la intervención en la gestión de negocios, que se atribuyen al demandado,
debieron verificarse entre el período que va desde el 13 de septiembre de 2021 y el
13 de marzo de 2022.
41. La anterior precisión obedece a que el artículo 179.3 de la Constitución Política
fija el elemento temporal de la causal de inelegibilidad dentro de los 6 meses
anteriores a la fecha de las elecciones; no desde la fecha de inscripción de la
candidatura como lo señalan los demandantes en los expedientes 2022-00062 y
2022-00074, criterio que coincide con el de la sentencia de unificación del 29 de
enero de 2019, expediente 11001-03-28-000-2018-00031-00, el cual no es aplicable
al presente caso.
42. Lo anterior, por cuanto, como lo explicó la Sala en el auto que negó la medida
de suspensión provisional40, en esa providencia se unificó la jurisprudencia en el
sentido de señalar que la interpretación del elemento temporal de la causal de
inhabilidad prevista en el numeral 5, artículo 179 constitucional, que más se
ajusta y garantiza los principios y valores democráticos, es aquella que configura la
inhabilidad desde el día de la inscripción de la candidatura al cargo de elección
popular y hasta el día en que se realiza la elección, causal relacionada con aspectos
de parentesco.
43. En efecto, el artículo en mención señala el elemento temporal con precisión, es
decir, 6 meses anteriores a la fecha de las elecciones, lo cual es de interpretación
restringida. Frente a esto la Corte Constitucional41 señala que el operador jurídico
debe interpretar de forma estricta y restrictiva los supuestos de hecho que se
consagran en la causal respectiva.
44. A su vez, como se señaló en la referida sentencia de unificación, dicha
interpretación del elemento temporal es aplicable al numeral 5, artículo 179
constitucional, que se refiere a la restricción para ser congresista a quienes tengan
vínculos por los parentescos ahí definidos.
40
Índice 18 Samai. Expediente nro. 11001-03-28-000-2022-00074-00. Auto del 2 de junio de 2022.
M. P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
41
En sentencia C-200 del 21 de febrero de 2022, expediente nro. D-3139, M. P. Eduardo
Montealegre Lynett, dicha corporación judicial, indicó que «el Legislador tiene un margen de
discrecionalidad amplio para regular las inhabilidades e incompatibilidades para acceder a la función
pública, dentro de las limitaciones que la propia Carta define. Diferente es la situación del operador
jurídico, quien debe interpretar estricta y restrictivamente las causales de inelegibilidad, en tanto y
cuanto son excepciones legales al derecho de las personas a acceder a los cargos públicos».
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Acumulado 2022-00059; 00062 y 00074
45. En consecuencia, no le asiste razón a los accionantes en lo referente a este
aspecto de controversia.
5.2. De la celebración de contratos en interés propio, su ejecución y
liquidación
46. En ese orden de ideas, la Sala entrará a estudiar la prohibición alegada en torno
a la celebración del contrato de prestación de servicios nro. 1426 de 19 de agosto
de 2021, como se fijó en el auto que ordenó la sentencia anticipada, el cual no fue
objeto de recurso en este aspecto, por lo que se entiende que las partes estuvieron
de acuerdo.
47. Con las demandas42 se aportó dicho contrato, que el demandado celebró con la
Gobernación del Casanare el 19 de agosto de 202143. El objeto de este fue «prestar
los servicios profesionales a la secretaría privada y despacho del gobernador en los
asuntos inherentes al sector hidrocarburos y juntas directivas de entidades
descentralizadas». Como consta en ese documento, las obligaciones pactadas
fueron:
1. Apoyar en la articulación entre el departamento y las empresas del sector de
hidrocarburos para gestionar proyectos de inversión para el Departamento (sic).
2. Apoyar las reuniones que efectué la Agencia Nacional de Hidrocarburos con el
departamento, para la socialización de áreas de interés ya determinada a ofertar.
3. Prestar apoyo profesional al despacho del Gobernador (sic) en la Juntas (sic)
directivas de las entidades descentralizadas.
4. Realizar la proyección de respuestas y el seguimiento de las peticiones, quejas,
reclamos y sugerencias -PQRS (sic) allegadas a la Secretaria Privada y Despacho
del Señor Gobernador (sic) de Casanare, para fortalecer la organización
administrativa.
5. Cumplir con el proceso de mejoramiento continuo y fortalecimiento del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión MIPG, adoptado por la Gobernación de Casanare.
6. Las demás actividades que considere el supervisor y que sean atinentes al objeto
del contrato.
48. En primer lugar, conforme a la jurisprudencia reiterada de esta Sección44, la
ejecución de las obligaciones contractuales ni la liquidación del negocio jurídico
celebrado antes del término de inhabilidad indicado, pero que ocurren en dicho
lapso, no permiten la configuración de la causal del 179.3 de la Constitución.
42
Índices 3 Samai de los expedientes nros. 2022-00032; 2022-00059, 2022-00052 e índice 2 Samai
del expediente nro. 2022-00074.
43
En el expediente nro. 2022-00059, índice 3 Samai y el expediente nro. 2022-00074, índice 2
Samai, se aportó 4 informe de avance del contrato del demandado como contratista con el visto
bueno del supervisor de este. El que se liquidó por mutuo acuerdo el 17 de diciembre de 2021,
conforme al acta aportado en el expediente nro. 2022-00032, índice 3 Samai y el expediente nro.
2022-00074, índice 2 Samai.
44
Radicado nro. 11001-03-28-000-2022-00051-00. Demandado: Gabriel Ernesto Parrado Durán,
representante a la Cámara por el departamento del Meta –período 2022-2026. M. P. Rocío Araújo
Oñate. Reiterada en sentencia del 27 de octubre de 2022, nulidad electoral nro. 11001-03-28-000-
2022-00054-00. Demandada: Ingrid Marlén Sogamoso Alfonso - Representante a la Cámara por el
departamento de Boyacá, periodo 2022 – 2026. M. P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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17
Demandantes: Álvaro Nieto Amaya y otros
Demandado: Edinson Vladimir Olaya Mancipe
Representante a la Cámara por el departamento de Casanare
Periodo 2022 - 2026
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00032-00
Acumulado 2022-00059; 00062 y 00074
49. En segundo lugar, la causal de inelegibilidad alegada a partir de la celebración
de dicho contrato no se configuró, pues este se suscribió el 19 de agosto de 2021,
es decir, antes del 13 de septiembre de 2021. Por ende, la inhabilidad alegada
conforme al 179.3 constitucional no se encuentra probada.
5.3. De la intervención en la gestión de negocios ante entidades públicas
50. Por otra parte, los demandantes alegan que el accionado intervino en la gestión
de negocios ante entidades públicas y lo sustentan en la existencia de convenios 45
suscritos entre Ecopetrol S. A. y entidades territoriales del departamento de
Casanare, los que se relacionan en el siguiente cuadro:
Convenio Objeto Entidad Fecha
Aunar esfuerzos para la adecuación de
infraestructura existente y construcción de
cubierta, sistema eléctrico y sistema de Departamento
3044710
evacuación de aguas lluvias de la placa de Casanare46
polideportiva del centro poblado el Morro,
en el municipio de Yopal.
Aunar esfuerzos para el mejoramiento de la
vía terciaria a nivel de pavimento del PR
Alcaldía de
3044614 2+900 al PR 10+900 del anillo vial
Aguazul47
Cupiagüa – Cusiana del municipio de
aguazul.
12/11/2021
Aunar esfuerzos para la construcción y
puesta en marcha del servicio de gas
domiciliario para las veredas los Lirios, Alcaldía de
3044582
Cunamá, Volcán Blanco, Paraíso, Rincón Aguazul48
del Vijúa, San Ignacia y Retiro Milagro del
municipio de Aguazul
Aunar esfuerzos para ejecutar el
mejoramiento de la infraestructura física de
Alcaldía de
3044681 las instituciones educativas del área de
Aguazul49
influencia de Ecopetrol en el área rural del
municipio de Aguazul.
Dotación de ambientes y laboratorios de la
subsede del Centro Agroindustrial y Misterio de
3041673 Fortalecimiento Empresarial del SENA - Trabajo y el 22/07/2021
Regional Casanare en el Municipio de SENA50
Monterrey.
51. También se aportó el convenio nro. 01010912021 del 12 de febrero de 2021,
suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Oleoducto de los
Llanos Orientales y el Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S., cuyo objeto fue
45
Índices 3 Samai de los expedientes nros. 2022-00059 y 2022-00074
46
Suscrito por Oscar Reinaldo Gómez Peñaloza, gobernador (E), por un valor de $35.185.920.
47
Suscrito por Martha Johana Moreno Fonseca, alcaldesa, por un valor de $10.141.005.368, como
aporte de Ecopetrol.
48
Idem, por un valor de $4.668.688.987, como aporte de Ecopetrol.
49
Idem, por un valor de $1.546.607.284, idem.
50
Por un valor de $11.086.719.083,68.
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18
Demandantes: Álvaro Nieto Amaya y otros
Demandado: Edinson Vladimir Olaya Mancipe
Representante a la Cámara por el departamento de Casanare
Periodo 2022 - 2026
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00032-00
Acumulado 2022-00059; 00062 y 00074
la dotación no fungible para modalidad institucional de centro de desarrollo infantil
CDI para el desarrollo integral de los niños y niñas de la primera infancia en el
departamento de Casanare, por un valor de $5.644.427.937.
52. En relación con dichos convenios, se allegó copia de 2 noticias publicadas51,
así:
i) En el portal oficial de Ecopetrol S.A. con el título «Grupo Ecopetrol espera
financiar ocho nuevos proyectos mediante obras por impuestos». En el contenido
de la noticia se puede ver que el monto aprobado para esa vigencia supera los
80 mil millones de pesos y llegaría a cuatro departamentos: Meta, Casanare,
Huila y Norte de Santander. Se contempló la dotación de sedes educativas para
más de 60 mil jóvenes y que las inversiones realizadas en las últimas cuatro
vigencias ascendió a 408 mil millones de pesos.
ii) En el portal oficial del Ministerio de Educación nacional con el título «Cerca de
20 mil estudiantes se beneficiarán con la entrega de dotación escolar en
Casanare, viabilizada por esa entidad a través del mecanismo Obras por
Impuestos impulsados por el Gobierno Nacional». En el contenido de la
publicación se indica que, con una inversión superior a los 7.500 millones,
Ecopetrol S.A. entregó mobiliario para 200 sedes educativas y 10 residencias
escolares de once municipios de esa región del oriente colombiano.
53. En el proceso no se probó que dichos convenios fueron producto de alguna
gestión negocial que hiciera el demandante por fuera de la relación contractual que
ostentaba con el departamento de Casanare. Además, al menos las fechas de los
convenios 3041673 (22/07/2021) y 01010912021 (12/02/2021), se encuentran por
fuera del elemento temporal de la prohibición precisado en párrafos anteriores.
54. Ahora bien, aunque la fecha de los convenios restantes si es del 12 de
noviembre de 2021, lo cierto es que no existe prueba alguna que dé cuenta que se
trató de una gestión de negocios por fuera del objeto de su vínculo contractual. Lo
que se corrobora con los informes de actividad del contrato de prestación de
servicios nro. 1426, aportados (3 parciales y el final), con la demanda del expediente
nro. 11001-03-28-000-2022-00059-00.
55. En ese sentido, lo que sí se probó es que dentro de las obligaciones del contrato
de prestación de servicio nro. 1426 del 19 de agosto de 2021, arriba transcritas,
estaba la de apoyar la articulación entre el departamento de Casanare y las
empresas del sector de hidrocarburos para gestionar proyectos de inversión.
56. Desde otra perspectiva, si dichos convenios eventualmente se derivaron de la
ejecución del mencionado contrato, tampoco se podría configurar la inhabilidad
establecida en el 179.3 constitucional, pues no «constituyen gestiones de negocios
51
Índice 2 Samai. Expediente nro. 2022-00074.
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Demandantes: Álvaro Nieto Amaya y otros
Demandado: Edinson Vladimir Olaya Mancipe
Representante a la Cámara por el departamento de Casanare
Periodo 2022 - 2026
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00032-00
Acumulado 2022-00059; 00062 y 00074
las actuaciones posteriores a la celebración de un contrato con el Estado, como las
relacionadas con su ejecución o liquidación», como lo señala la jurisprudencia52.
57. Por otra parte, los demandantes aportaron actas de reuniones celebradas con
Ecopetrol S.A., a las que asistió el demandado como enlace de la Gobernación de
Casanare para el sector hidrocarburos, el 25 de octubre53 y 4 de diciembre de
202154, es decir, dentro del período inhabilitante definido anteriormente -13 de
septiembre de 2021 al 13 de marzo de 2022. Estas documentales se aportan como
pruebas de la presunta intervención en la gestión de negocios.
58. Sin embargo, la Sala encuentra que el accionado participó en dichas reuniones
en el marco de las obligaciones del contrato nro. 1426 del 19 de agosto de 2021.
Por ello, se descarta que se trate de una intervención en gestión de negocios como
lo aducen los demandantes. Por ende, tampoco se evidencia la configuración de la
prohibición del 179.3 constitucional.
5.4. De la propaganda y proselitismo político del demandado
59. Los demandantes alegan que el accionado realizó actos de «propaganda
electoral y proselitismo político» a partir de los logros positivos de la ejecución de
sus obligaciones contractuales, razón por la cual afirman que incurrió en la
prohibición del 179.3 constitucional, en lo que respecta a la gestión de negocios
dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de la elección, circunstancia que en
últimas influyó en su elección como representante a la Cámara 2022 -2026.
60. Al respecto, la Sala encuentra que la gestión de negocios «se trata del conjunto
de actuaciones que allanan el camino para la obtención de consecuencias jurídicas
provechosas en favor de quien postula su nombre al Congreso»55. Por esta razón,
se considera que los supuestos fácticos que alega el demandante no se encuentran
dentro de los presupuestos de la inhabilidad descrita. Tampoco en la celebración de
contratos.
52
Radicado nro. 11001-03-28-000-2022-00051-00. Demandado: Gabriel Ernesto Parrado Durán,
representante a la Cámara por el departamento del Meta –período 2022-2026. M. P. Rocío Araújo
Oñate. Reiterada en sentencia del 27 de octubre de 2022, nulidad electoral nro. 11001-03-28-000-
2022-00054-00. Demandada: Ingrid Marlén Sogamoso Alfonso - Representante a la Cámara por el
departamento de Boyacá, periodo 2022 – 2026. M. P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
53
En la primera reunión se trató la respuesta al pliego de peticiones por inconformidades
relacionadas con la empresa consultora ETSA para las medidas de manejo ambiental para el
programa sísmico Llanos, 121.
54
En esta reunión se presentó el plan vial «Ll121».
55
Sección Quinta del Consejo de Estado, sentencia del 20 de octubre de 2022, radicado nro. 11001-
03-28-000-2022-00051-00. Demandado: Gabriel Ernesto Parrado Durán, representante a la Cámara
por el departamento del Meta –período 2022-2026. M. P. Rocío Araújo Oñate. Reiterada en sentencia
del 27 de octubre de 2022, nulidad electoral nro. 11001-03-28-000-2022-00054-00. Demandada:
Ingrid Marlén Sogamoso Alfonso - Representante a la Cámara por el departamento de Boyacá,
periodo 2022 – 2026. M. P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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Demandantes: Álvaro Nieto Amaya y otros
Demandado: Edinson Vladimir Olaya Mancipe
Representante a la Cámara por el departamento de Casanare
Periodo 2022 - 2026
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00032-00
Acumulado 2022-00059; 00062 y 00074
61. Ahora bien, la Sala Plena del Consejo de Estado56 considera que la campaña
electoral debe ser entendida como “[…] el conjunto de actividades tendientes a
persuadir a los electores, por medio del uso de la información, de las bondades de
una determinada opción política –en el sentido amplio del término que refiere a los
diferentes contextos que plantean los mecanismos de participación ciudadana– […]
definición que se soporta en principios democráticos, de publicidad y transparencia,
que mejoran la calidad del debate público […]”.
62. Por su parte, el artículo 34 de la Ley 1475 de 2011, define la campaña electoral,
en los siguientes términos:
Para efectos de la financiación y de la rendición pública de cuentas, entiéndase por
campaña electoral el conjunto de actividades realizadas con el propósito de convocar
a los ciudadanos a votar en un determinado sentido o a abstenerse de hacerlo.
La propaganda electoral constituye una de las actividades principales de la campaña
y cumple la función de promover masivamente los proyectos electorales sometidos a
consideración de los ciudadanos o una determinada forma de participación en la
votación de que se trate.
La recaudación de contribuciones y la realización de gastos de campaña podrá ser
adelantada por los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de
ciudadanos, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la votación. Los
candidatos, por su parte, solo podrán hacerlo a partir de su inscripción.
63. En ese orden, como lo señala la misma jurisprudencia el concepto de campaña
electoral implica «que los candidatos deben cumplir en su implementación con un
fin legítimo, que no es otro que la consecución de apoyos ciudadanos, objeto que
solo puede alcanzarse a través de actos masivos que le permitan promover las
ideas en que se fundamenta la misma (…)».
64. En gracia de la discusión, la Sala advierte que no existe prohibición
constitucional y legal57 para que un candidato en su campaña presente a los
potenciales votantes los logros obtenidos en su desempeño público o privado. Por
el contrario, la efectividad del derecho reconocido en el artículo 40.1 de la
Constitución –ser elegido – permite desplegar actividades lícitas de campaña con la
finalidad de obtener el apoyo electoral en las urnas, lo cual comprende que el
aspirante transmita sus ideas y demuestre su capacidad para el cargo que aspira.
65. Finalmente, la Sala encuentra que los actos de propaganda y proselitismo
alegados por las partes se tratan de circunstancias que como se anotó
anteriormente, no encuadran en la causal de inhabilidad del 179.3 constitucional. A
56
«Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 22 de octubre de
2019, M.P: Hernando Sánchez Sánchez, Radicado No. 11001-03-15-000-2018-01294-01(PI)»
57
Los artículos 22 a 31 de la Ley 130 de 1994, regula la publicidad, la propaganda y las encuestas
política, fijando su artículo 24 que se podrá hacer durante los 3 meses anteriores a la fecha de las
elecciones. El artículo 10 de la Ley 163 de 1994, prohíbe la propaganda el día de las elecciones. La
Ley 996 de 2005, regula entre otros aspectos, la propaganda electoral en las campañas
presidenciales. Los artículos 34 a 38 de la Ley 1475 de 2011, regula la propaganda electoral y del
acceso a los medios de comunicación. En estas normas no se prevé prohibición alguna relacionadas
con l alegatos de los demandantes.
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Demandantes: Álvaro Nieto Amaya y otros
Demandado: Edinson Vladimir Olaya Mancipe
Representante a la Cámara por el departamento de Casanare
Periodo 2022 - 2026
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00032-00
Acumulado 2022-00059; 00062 y 00074
lo sumo, podrían generar investigaciones en el ámbito administrativo para los
candidatos y partidos que infrinjan las normas de la Ley 1475 de 201158, las cuales
son adelantadas por el Consejo Nacional Electoral59.
6. Conclusión
66. La Sala encuentra que el acto de elección del demandado como representante
a la Cámara por el departamento de Casanare se ajustó a la legalidad, por ende,
no se declarará su nulidad conforme la causal del artículo 275.5 del CPACA. Lo
anterior, por cuanto no se acreditó que incurrió en la inhabilidad prevista en el
artículo 179.3 constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
III. FALLA:
PRIMERO: Negar la declaratoria de nulidad del formulario E-26 CAM del 20 de
marzo de 2022, por medio del cual, la Comisión Escrutadora del departamento de
Casanare declaró elegido a Edinson Vladimir Olaya Mancipe como representante a
la Cámara por dicha circunscripción territorial, para el periodo 2022 a 2026,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de la providencia.
SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081
58
Artículos 34 y 35.
59
Este criterio fue expuesto en sentencia del 13 de mayo de 2021, radicado nro. 11001-03-25-000-
2020-00034-00, demandado: Juan Guillermo Zuluaga Cardona como gobernador del Meta, para el
período 2020- 2023, M. P. Rocío Araújo Oñate, donde se explicó: «110. En este caso, las citadas
disposiciones, contienen unas limitantes para los candidatos en el ejercicio de actos de campaña o
para desarrollar prácticas proselitistas en un determinado lapso, omisión sancionable por el Consejo
Nacional Electoral en la forma prevista en la Ley 130 de 1994 en sus artículos 39 y 40».
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