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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 20001-23-33-000-2024-00008-01

Fecha
23 de enero de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 20001-23-33-000-2024-00008-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 31 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que declaró la nulidad de la elección de Ania Guevara Rey como concejal de Aguachica (Cesar), período 2024-2027. SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia. TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso ordinario alguno.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 20001-23-33-000-2024-00008-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

23 de enero de 2025

Demandante: José Eduardo García Sánchez
Demandado: Ania Guevara Rey – concejal Aguachica (Cesar)
Radicado: 20001-23-33-000-2024-00008-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de enero dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 20001-23-33-000-2024-00008-01
Demandante: JOSÉ EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ
Demandado: ANIA GUEVARA REY– CONCEJAL DE AGUACHICA
(CESAR) 2024-2027

Tema: Inhabilidad por celebración de contratos consagrada en el
numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 modificado
por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la demandada, contra la
sentencia del 31 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del
Cesar, que declaró la nulidad de la elección de Ania Guevara Rey como concejal
de Aguachica (Cesar), período 2024-2027.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor José Eduardo García Sánchez, obrando en nombre propio, instauró
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, conforme a lo
establecido en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, con las siguientes
pretensiones:

PRIMERA: Que se declare nulo parcialmente el acto administrativo contenido en
el acta o formato E-26, por medio del cual la COMISIÓN ESCRUTADORA
MUNICIPAL DE AGUACHICA (CESAR), declaró entre otras, la elección de la
señora ANA (sic) GUEVARA REY, identificada con la cédula de ciudadanía No.
49.654.349, como Concejal del municipio de AGUACHICA – CESAR, para el
periodo constitucional 2024-2027 por el partido y/o movimiento político “Partido
de la Unión por la Gente – Partido de la U, la cual se firmó y aprobó el día tres (3)
de noviembre de 2023.

SEGUNDA: Que, como consecuencia de la anterior declaración, se ordene la
cancelación de la credencial otorgada a la señora ANA (sic) GUEVARA REY,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 49.654.349, como concejal electa del
municipio de AGUACHICA – CESAR, para el periodo constitucional 2024-2027.

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Demandante: José Eduardo García Sánchez
Demandado: Ania Guevara Rey – concejal Aguachica (Cesar)
Radicado: 20001-23-33-000-2024-00008-01

TERCERA: Que como consecuencia y en aplicación de las normas pertinentes,
se me reconozca como Concejal del municipio de AGUACHICA – CESAR, para
el periodo constitucional 2024-2027 por el partido y/o movimiento político “Partido
de la Unión por la Gente – Partido de la U, por haber obtenido la siguiente votación
en la misma lista, como consta en el folio 7 del formulario E-26 que hacer parte
de la citada acta general de cierre de escrutinio municipal de los votos emitidos
en las elecciones de gobernador, alcalde, asamblea departamental y concejos
municipales realizada el 29 de octubre de 2023.

1.2. Hechos

El fundamento fáctico de la demanda se resume en los siguientes términos:

Señaló que Ania Guevara Rey fue elegida concejal de Aguachica (Cesar) con el
aval del Partido de la U para el período 2024-2027.

Indicó que la demandada se encontraba inhabilitada toda vez que, como
representante legal de la Asociación Hogares Comunitarios Fami Inmaculada,
suscribió el contrato 2000-338-2022 con el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, Regional Cesar el 6 de diciembre de 2022.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

La parte actora sostuvo que la demandada incurrió en la inhabilidad consagrada
en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo
40 de la Ley 617 de 2000.

Agregó que también se vulneraron los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 29, 53, 122, 125 y
313 numeral 8 de la Constitución Política y 137, 139 y 275 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Explicó que la inhabilidad consagrada en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley
136 de 1994 modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000 tiene dos esferas:
la intervención en la celebración de contratos y la celebración de contratos
propiamente dicha con interés propio o a favor de un tercero.

Adujo que, en este caso, se reúnen todos los elementos de la inhabilidad en
cuestión por lo que hay lugar a declarar la nulidad de la elección demandada.

1.4 Contestación de la demanda

Por conducto de apoderado judicial, la señora Ania Guevara Rey contestó la
demanda en los siguientes términos:

Manifestó su oposición a las pretensiones de aquella, por lo que solicitó que

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aquellas fueran denegadas.

Propuso como excepción la ineptitud sustantiva de la demanda por falta de
requisitos formales.

Sostuvo que el libelo no invoca la normativa desconocida ni los argumentos que
sustentan los cargos elevados.

Señaló que se invocaron normas, pero no se explicó el concepto de su violación,
razón suficiente para declarar la prosperidad de la excepción.

Agregó que, luego de vencida la oportunidad consagrada en el artículo 173 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no es
posible reformar el escrito para subsanar el yerro anteriormente expuesto.

Afirmó que la demanda se presentó fuera del término de caducidad toda vez que
la declaratoria de la elección tuvo lugar el 3 de noviembre de 2023, por lo que, los
30 días que tenía el demandante para presentarla empezaron el 4 de noviembre
siguiente y vencieron el 11 de enero de 2024; sin embargo, la demanda solo fue
radicada el 15 de enero de ese año.

Reiteró que la parte actora no expuso el concepto de la violación de las normas
invocadas razón por la cual se deben negar las pretensiones de la parte actora.

Puso de presente que en le texto de la demanda se mencionó el concurso de
méritos para la elección del personero del municipio de Chiriguaná (Cesar) sin
que aquel tenga relación alguna con el litigio.

1.5 Solicitudes de coadyuvancia

Los señores Alejandra de la Rosa Sánchez, Raúl Enrique Araújo Lobo, Lisset
Carolina García Sánchez y Yeraldín Andrea Chogo Picón solicitaron ser tenidos
como coadyuvantes dentro del proceso de la referencia. En tal sentido,
manifestaron su apoyo a las pretensiones de la demanda.

1.6 Trámite relevante en primera instancia

Mediante auto del 18 de enero de 2024 se admitió la demanda y se ordenó surtir
las notificaciones de rigor1.

El 7 de marzo de 2024 se declaró no probada la excepción de ineptitud de la
demanda por falta de requisitos legales y se tuvo como coadyuvantes a los

1 Se ordenó notificar a la demandada, al Ministerio Público y a la Registraduría Nacional del Estado

Civil, pero no se vinculó al Consejo Nacional Electoral.

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señores Alejandra de la Rosa Sánchez, Raúl Enrique Araújo Lobo, Lisset Carolina
García Sánchez y Yeraldín Andrea Chogo Picón.

La audiencia inicial tuvo lugar el 16 de mayo de 2024, en ella se fijó el litigio en
los siguientes términos:

De conformidad con lo anterior, y lo solicitado en las pretensiones de la demanda,
el litigio se centrará en determinar, en primer lugar, si es nulo o no, parcialmente,
el acto administrativo contenido en el acta o formato E-26, de fecha 3 de
noviembre de 2023, por medio del cual, la Comisión Escrutadora Municipal de
Aguachica -Cesar, declaró entre otras, la elección de la señora ANA GUEVARA
REY, como Concejal de ese municipio, para el período constitucional 2024 – 2027,
por el partido y/o movimiento político “Partido de la Unión por la Gente – Partido
de la U.

En caso de ser afirmativa la premisa anterior, se analizará, si como consecuencia
de la anterior declaración, resulta procedente ordenar lo siguiente:

i) La cancelación de la credencial otorgada a la señora ANA GUEVARA REY,
como concejal electa del Municipio de Aguachica – Cesar, para el período
constitucional 2024-2027; y

ii) En aplicación de las normas pertinentes, reconocer al señor JOSÉ EDUARDO
GARCÍA SÁNCHEZ, como Concejal del Municipio de Aguachica – Cesar, para el
período constitucional 2024 - 2027, por el partido y/o movimiento político “Partido
de la Unión por la Gente – Partido de la U”, por haber obtenido la siguiente
votación en la misma lista.

Además, se saneó el proceso, se decretaron las pruebas solicitadas por las partes
y se fijó fecha para la realización de la audiencia correspondiente, la cual tuvo
lugar el 7 de junio siguiente.

El 30 de septiembre de 2024, se decretó una prueba de oficio en los términos del
artículo 213 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

1.7 La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Cesar a través de sentencia del 31 de octubre de
2024 declaró la nulidad de la elección de Ania Guevara Rey como concejal de
Aguachica (Cesar), período 2024-2027, con base en los siguientes argumentos:

Precisó que el demandante no reformó la demanda por lo que no hay lugar a
resolver el argumento esgrimido por la demandada frente la materia.

Afirmó que, revisado el expediente electrónico, la demanda de la referencia fue
radicada el 11 de enero de 2024 y no el 15 siguiente, como lo aduce la parte
pasiva, razón por la cual fue presentada en tiempo y, por lo tanto, no operó el

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fenómeno jurídico de la caducidad.

Señaló que, de conformidad con las pruebas practicadas durante el proceso se
demostró que la señora Ania Guevara Rey, en su condición de representante legal
de la Asociación Hogares Comunitarios Fami Inmaculada, celebró un acuerdo de
voluntades con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Cesar,
específicamente el contrato de aporte 20003502022 el 6 de diciembre de 2022,
es decir, durante el período inhabilitante, esto es, dentro de los 12 meses
anteriores a su elección como conejal.

Precisó que el contrato en cuestión se ejecutó en el municipio de Aguachica
(Cesar), entidad territorial donde la demandada resultó elegida concejal el 29 de
octubre de 2023.

Adujo que el contrato en cuestión reportó un interés o beneficio económico para
un tercero, en este caso, la Asociación Hogares Comunitarios Fami Inmaculada,
de la cual la demandada fungía como representante legal; lo anterior, por cuanto
dicho acuerdo de voluntades fue celebrado a título oneroso con un valor de
$352.862.638.

Concluyó que se encontraron demostrados los elementos de la inhabilidad razón
suficiente para declarar la nulidad de la elección de la señora Ania Guevara Rey
como concejal de Aguachica (Cesar).

1.8 El recurso de apelación

Inconforme con esta decisión, la demandada, por conducto de apoderado judicial,
la apeló con fundamento en los siguientes argumentos:

Señaló que el a quo se extralimitó al decretar pruebas de oficio antes de proferir
sentencia.

Insistió en que el demandante no expuso el concepto de violación de las normas
invocadas como desconocidas, razón por la cual la demanda fue inepta.

Adujo que, del estudio de la demanda, se observa que presenta una carencia
absoluta de invocación normativa y de argumentaciones que sustenten la
violación de disposiciones legales, por lo que esta se deriva en inepta,
circunstancia imposible de subsanar.

Reiteró que el actor no cumplió con el requisito de que trata el numeral 4 del
artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

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Acusó al tribunal de primera instancia de suplir la carga probatoria que se
encontraba en cabeza del demandante al decretar de oficio la prueba documental
de un contrato con que pretendía probar una presunta inhabilidad, documento que
nunca se allegó ni con la demanda ni con la subsanación de aquella y que,
además, no correspondía con los hechos expuestos por el actor.

Destacó que el a quo profirió un auto para mejor proveer luego de que se corriera
el traslado para alegar de conclusión y, en virtud de aquel ofició dos veces al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el fin de que allegara al proceso el
referido contrato, pese a que dicho documento debió haber sido aportado por el
demandante.

Agregó que no se corrió traslado de dicha prueba en los términos legales, razón
por la cual esta no puede ser tenida en cuenta y debe ser rechazada.

En consecuencia, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
decretar no probadas las pretensiones de la demanda.

1.9 Actuaciones de segunda instancia

Mediante auto del 3 de diciembre de 20242 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por el demandado en contra de la sentencia de primera instancia.

1.10 Alegatos de conclusión

1.9.1 Demandante3:

A través de apoderado, reafirmó los planteamientos formulados en la primera
instancia.

Destacó que con las pruebas incorporadas al plenario se demostró en grado de
certeza que la demandada estaba inhabilitada para ejercer el cargo de concejal.

Aseguró que se acreditó la vulneración de las normas invocadas como
fundamento de la demanda, así como cada uno de los elementos de la inhabilidad
endilgada a la luz de la jurisprudencia del Consejo de Estado4.

Solicitó confirmar la sentencia apelada.

1.9.2 Demandado:

2 Anotación 5 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
3 Anotación 9 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Providencia del 31

de agosto de 2006. Expediente 4033. M.P. Reinaldo Chavarro Buriticá.

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No presentó alegatos de conclusión en esta instancia.

1.11 Concepto del Ministerio Público

No rindió concepto en este asunto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso
de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia de 31 de octubre
de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, de conformidad con
lo establecido en los artículos 1505 y 152 numeral 7.a del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo6.

2.2. Problema jurídico

En el marco de los argumentos expuestos en el recurso de apelación,
corresponde a esta Sección determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia
del 31 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que
declaró la nulidad de la elección de Ania Guevara Rey como concejal de
Aguachica (Cesar), período 2024-2027.

Para el efecto, se debe establecer si se demostró que estuvo incursa en la
inhabilidad consagrada en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994
modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000. Específicamente, si la
demanda se refirió a esa causal y si el a quo se extralimitó al haber decretado
pruebas de oficio en este asunto.

Así entonces, con el fin de emitir un pronunciamiento, la Sala abordará la segunda
instancia desde los siguientes ejes temáticos: (i) el marco jurídico y
jurisprudencial de la inhabilidad por celebración de contratos, consagrada en el

5 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 150.
Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. «El Consejo
de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y
de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación…»
6 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 152.

Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. «Los tribunales
administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
(…)
7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:
(…)
a. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar curul, según el caso, de los…
miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos…»

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numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 40 de
la Ley 617 de 2000 y, (ii) el caso concreto.

2.3 La causal de inhabilidad por celebración de contratos del artículo 43,
numeral 3 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617
de 2000

Las inhabilidades están erigidas como especiales condiciones objetivas que
pueden recaer sobre una persona y que tienen como único fin que quienes
accedan o estén en la función pública, desempeñen su cargo bajo los criterios de
igualdad, eficiencia, moralidad e imparcialidad, garantizando de esta forma la
prevalencia de los intereses generales de la comunidad sobre los personales7.

En este sentido, las diferentes circunstancias que configuran una inhabilidad
examinan la órbita personal del aspirante o servidor en ejercicio, de manera que
«auscultan en los antecedentes personales, las relaciones familiares, el ejercicio
profesional y las actividades lucrativas del interesado»8.

Acorde con lo anterior, al constituir las inhabilidades una restricción al derecho de
acceso a cargos públicos, la Constitución Política de 1991 dispuso que el
desarrollo de su régimen jurídico tiene una cláusula de reserva legal, lo cual ha
sido enfatizado por parte de esta Corporación, estableciéndose en diferentes
oportunidades que el único facultado para estructurar las circunstancias
especiales que limitan el referido derecho es el legislador.9

Precisamente, tratándose de los concejales, la Ley 136 de 1994 enlistó las
causales inhabilitantes de estos servidores públicos para inscribirse o ser elegidos
como tales. En relación con el supuesto de hecho objeto de estudio, se tiene que
el mismo fue dispuesto con el siguiente tenor literal:

ARTÍCULO 43. INHABILIDADES. <Artículo modificado por el artículo 40 de la
Ley 617 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> No podrá ser inscrito como
candidato, ni elegido concejal municipal o distrital:

(…)

3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de
negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración
de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de

7 Corte Constitucional. Sentencia C-564 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell. Ver también

sentencias C-558 de 1994 M.P. Carlos Gaviria Díaz, Sentencia C-483 de 1998 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
8 OSORIO CALDERÍN, Ana Carolina, Manual de Inhabilidades Electorales, 2ª Edición, Grupo

Editorial Ibáñez, 2014, p. 24.
9 Sentencia Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 19 de septiembre de 2013,

radicado Nº 110010328000201200051-00, 110010328000201200052-00
110010328000201200057-00 Acumulado. CP. Alberto Yepes Barreiro Dte: Eduardo Carmelo
Padilla Hernández y otros

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terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo
municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido
representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones,
o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad
social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito.

De la lectura de la norma en cita se extraen tres situaciones diferenciadas, las
cuales, a su vez, consagran hipótesis que constituyen inhabilidades autónomas o
independientes, así: i) aquella relativa a la intervención en la gestión de negocios
ante entidades públicas del nivel municipal o distrital, ii) la relacionada con la
celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés
propio o de terceros que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio
o distrito, y iii) la referida a haberse desempeñado como representante legal de
entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de entidades que
presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el
régimen subsidiado en el respectivo municipio10.

En lo que se refiere a la celebración de contratos, que es la hipótesis que ocupa
la atención de la Sala en este caso, se pueden extraer los siguientes elementos:

Elemento objetivo: Que la persona haya celebrado por sí o por interpuesta
persona contrato de cualquier naturaleza con entidades públicas u organismos
del sector central o descentralizado de cualquier nivel administrativo.

Elemento temporal: Que el contrato se celebre durante el año anterior a la
elección del concejal.

Elemento territorial: Que el contrato deba ejecutarse o cumplirse en el respectivo
municipio para el cual resulte elegido.

Elemento subjetivo: interés propio o de terceros.

Respecto de la finalidad de la inhabilidad se ha dicho que es:

…preventiva y proteccionista de la igualdad de los aspirantes a las justas
electorales, bajo el propósito de precaver vicios en la relación del candidato con
las entidades públicas que implique la indebida utilización de esa condición de
candidato en las actividades que adelante ante aquellas y, evitar, vicios de mayor
trascendencia, como es que el candidato utilice sus vínculos y relaciones con las
entidades públicas en beneficio de sus intenciones electorales o que el electorado
asocie, deduzca o concluya que verlo en tratativas con las entidades públicas le
aventaja y con ello acreditarse ante los electores para obtener los votos 11.

10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente: 44001-

23-40-000-2023-00123-01. Providencia del 5 de septiembre de 2024. M.P. Gloria María Gómez
Montoya.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 3 de

agosto de 2015, radicación 11001-03-28-000-2014-00051-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.

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De acuerdo con la jurisprudencia vigente hasta el momento, la cual constituye
precedente para resolver el caso concreto, la conducta que materializa la
inhabilidad objeto de estudio es la de intervenir en la celebración de contratos. De
manera que, se ha entendido que aquella se configura con la celebración
efectiva12 del respectivo contrato estatal dentro del lapso contemplado por la
norma, independiente del momento de su ejecución o liquidación.

Con miras a analizar la configuración de esta causal de inelegibilidad, en todo
caso se debe examinar que los elementos anteriormente señalados se presenten
de manera concurrente y, en caso de que no sea así se entenderá que no se
materializó. Teniendo claros los requisitos estructuradores de la inhabilidad
endilgada al demandado, se entrará a revisar el caso particular.13

2.4 Caso concreto

Como viene de explicarse, en este asunto el acto acusado es el de elección de
Ania Guevara Rey como concejal de Aguachica (Cesar), para el período 2024-
2027. El fundamento de la demanda fue que dicho acto se encuentra viciado de
nulidad, por cuanto la demandada está inhabilitada en los términos del numeral 3
del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 40 de la Ley 617
de 2000, toda vez que celebró un contrato con el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, Regional Cesar dentro de los 12 meses previos a su elección.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Cesar declaró la nulidad del
acto acusado al concluir que estaban acreditados los elementos de la inhabilidad.

Inconforme con la decisión, la demandada la apeló bajo el argumento de que el a
quo extralimitó sus facultades oficiosas toda vez que: i) la demanda era inepta por
cuanto no señaló las normas violadas ni su concepto de la violación y ii) decretó
pruebas de oficio en segunda instancia que debieron ser aportadas por el actor.

Al respecto, resulta del caso recordar que la competencia del juez de segunda
instancia se encuentra limitada a los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 320 y 328 del Código
General del Proceso14 aplicables por remisión de los artículos 296 y 306 del

12 Así lo ha señalado la Sala Electoral mediante providencias de: 2 de agosto de 2018, radicado

13001-23-33-000-2018-00394-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro, 24 de noviembre de 2022,
radicado 11001-03-28-000-2022-00032-00, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. 12 de octubre de
2023, radicado 11001-03-28-000-2022-00057-00 acumulado, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente

23001233300020230019101. Providencia del 7 de marzo de 2024. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra
(e).
14 ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el

superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos
formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión… (Se resalta).

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Demandante: José Eduardo García Sánchez
Demandado: Ania Guevara Rey – concejal Aguachica (Cesar)
Radicado: 20001-23-33-000-2024-00008-01

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por
lo tanto, la Sala se pronunciará exclusivamente en relación con los reparos
concretos formulados por el recurrente.

Precisado lo anterior, corresponde a la Sala analizar los argumentos esgrimidos
por la apelante en el recurso, de cara a la providencia recurrida.

Según se tiene, el único motivo de inconformidad planteado en el recurso se
refiere a la supuesta extralimitación del a quo en la interpretación de la demanda
y el decreto de pruebas oficiosas.

Así, está fuera de discusión que la señora Ania Guevara Rey fungió como
representante legal de la Asociación Hogares Comunitarios Fami Inmaculada y,
en dicha condición, celebró el contrato de aporte 20003502022 el 6 de diciembre
de 2022 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Cesar, cuya
cuantía fue $352.862.638.

De manera específica se tiene que el objeto del contrato en cuestión fue
«PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA
EN LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR HBC, DE
CONFORMIDAD CON EL MANUAL OPERATIVO DE LA MODALIDAD
COMINITARIA Y EL SERVICIO HCB FAMILIA MUJER E INFANCIA- FAMI, DE
CONFORMIDAD CON EL MANUAL OPERATIVO DE LA MODALIDAD
FAMILIAR, EL LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA
INFANCIA Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN ARMONÍA
CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE».

También está demostrado que la demandada resultó elegida como concejal del
municipio de Aguachica (Cesar) el 29 de octubre de 2023, según consta en el
formulario E-26 CON de esa entidad territorial, razón por la cual el período

ARTÍCULO 328 COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las
nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.

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Demandante: José Eduardo García Sánchez
Demandado: Ania Guevara Rey – concejal Aguachica (Cesar)
Radicado: 20001-23-33-000-2024-00008-01

inhabilitante de que trata la norma bajo estudio trascurrió entre el 29 de octubre
de 2022 y esa fecha; por lo tanto, al haber sido celebrado el contrato el 6 de
diciembre de 2022 es claro que tuvo lugar en ese lapso.

Además, que dicho contrato fue ejecutado en el municipio de Aguachica (Cesar)
entidad territorial donde la demandada fue elegida concejal, tal como consta en la
documental aportada como prueba en el expediente:

Asimismo, no cabe duda de que el contrato en cuestión fue celebrado a título
oneroso, por la suma de $352.862.638, en nombre de un tercero, esto es, la
Asociación Hogares Comunitarios Fami Inmaculada, de la cual era representante
legal la demandada.

En ese orden de ideas, es claro que se reúnen todos los elementos de la
inhabilidad consagrada en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994,
modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la supuesta extralimitación del a quo al
interpretar la demanda que, en criterio del recurrente era inepta por cuanto no
invocó las normas vulneradas ni el concepto de violación, se advierte que, de la
simple revisión del escrito correspondiente se evidencia que el demandante sí
invocó el desconocimiento del numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994,
modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000; asimismo, explicó las razones
por las cuales consideraba que se acreditaban cada uno de los elementos de
dicha inhabilidad.

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Demandante: José Eduardo García Sánchez
Demandado: Ania Guevara Rey – concejal Aguachica (Cesar)
Radicado: 20001-23-33-000-2024-00008-01

Además, debe tenerse en cuenta que este argumento fue propuesto como
excepción previa por el demandado y, en consecuencia, se resolvió por el a quo
a través de auto del 7 de marzo de 2024 en el sentido de no declarar la
prosperidad de la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, decisión en
contra de la cual el apoderado de la parte demandada interpuso recurso de
reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos a través de
providencia del 11 de abril de ese mismo año en el sentido de no reponerla y
rechazar el recurso de apelación por improcedente.

En tales condiciones, la decisión sobre el punto se encuentra en firme, razón por
la cual no puede emplearse el recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia para cuestionarla, máxime que, como se dijo, la parte actora sí invocó
las normas desconocidas y explicó el concepto de su violación.

De otra parte, en lo que tiene que ver con la prueba de oficio decretada por el a
quo a través de auto del 30 de septiembre de 2024 se advierte que aquella
consistió en «oficiar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, para
que remitan con destino a este proceso, copia íntegra del Contrato de Aporte No.
2000-338-2022 y/o No. 2000-350-2022, suscrito con la Asociación Hogares
Comunitarios FAMI INMACULADA».

Lo anterior, por cuanto al momento de fallar se encontró una inconsistencia entre
el número del contrato relacionado en los hechos de la demanda y las pruebas
recaudadas respecto de aquel.

En virtud de dicha prueba, la coordinadora del Grupo Jurídico del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Cesar, aclaró que «el contrato No.
2000-350-2022 corresponde al suscrito con la Asociación Hogares Comunitarios
FAMI INMACULADA, el Contrato de Aporte No. 2000-338-2022 corresponde a
otra asociación el cual es ajeno al presente proceso y puede que se deba a un
error de transcripción.» Además, aportó toda la documental relacionada con el
contrato en cuestión.

Así las cosas, es claro que contrario a lo afirmado por el recurrente, el a quo no
se extralimitó en sus poderes oficiosos al decretar la referida prueba, simplemente
al encontrar una discrepancia en el número del contrato relacionado en la
demanda y las pruebas aportadas al expediente decidió aclarar el punto a través
de un auto para mejor proveer.

Al respecto, el artículo 213 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo establece:

PRUEBAS DE OFICIO. En cualquiera de las instancias el Juez o Magistrado
Ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el

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Radicado: 20001-23-33-000-2024-00008-01

esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con
las pedidas por las partes.

Además, oídas las alegaciones el Juez o la Sala, sección o subsección antes
de dictar sentencia también podrá disponer que se practiquen las pruebas
necesarias para esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda. Para
practicarlas deberá señalar un término de hasta diez (10) días.

En todo caso, dentro del término de ejecutoria del auto que decrete pruebas
de oficio, las partes podrán aportar o solicitar, por una sola vez, nuevas
pruebas, siempre que fueren indispensables para contraprobar aquellas
decretadas de oficio. Tales pruebas, según el caso, serán practicadas dentro
de los diez (10) días siguientes al auto que las decrete. (Se resalta).

De conformidad con la norma, es claro que, una vez rendidos los alegatos de
conclusión y con el fin de esclarecer puntos oscuros se pueden decretar pruebas
de oficio y que, además, las partes podrán aportar o solicitar nuevos medios de
convicción para controvertir estas, en el término de ejecutoria del respectivo auto.

En este asunto, como se dijo, el fallador de primera instancia encontró un punto
oscuro a la hora de decidir, razón por la cual, en uso de sus facultades oficiosas
decretó una prueba con el fin de aclararlo, sin que ninguna de las partes hubiese
hecho uso de la prerrogativa consagrada en el precitado artículo 213 para
controvertir la prueba en cuestión.

Además, el a quo no suplió el papel del actor, quien desde la demanda referenció
el contrato que sustentaba su dicho y aportó pruebas que lo demostraban las
cuales fueron decretadas, simplemente, al encontrar una diferencia en el número
alegado en la demanda y los documentos decidió aclararlo.

Frente al punto esta Sección ha dicho15:

…Es cierto que el esclarecimiento de la verdad es lo que se busca en toda
contienda judicial y hacia lo cual propende el juez de la causa, pero tal poder no
puede quedar indefinido o diluido en el tiempo de todo el proceso, porque ello
implicaría realmente revertir el orden procesal tan importante para materializar el
debido proceso e incluso el derecho de defensa, es por ello que las oportunidades
procesales, el principio de preclusión y temas como el saneamiento del proceso
para el juez de los contencioso administrativo tan de reciente creación con el
CPACA, no pueden ser desconocidos, para no generar anarquía al interior del
proceso que no se compadece con el Estado de Derecho que también se imbuye
en los aspectos procesales y en la garantía del debido proceso.

Por ello, es que la capacidad instructiva del juez, en la modalidad del auto de
mejor proveer, se ve recortada bajo estrictos parámetros tanto de plazos
procesales como de aspectos y presupuestos sustanciales, en atención a que las
etapas regulares o normales del ejercicio de la postulación probatoria, en las que

15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente:

41001-23-33-000-2016-00080-01. Providencia del 9 de febrero de 2017. M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez.

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Demandante: José Eduardo García Sánchez
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hay un pie de igualdad entre los protagonistas del proceso, han sido superadas y
finiquitadas, pues el proceso se encuentra en su etapa final -alegaciones de
conclusión o de fondo ya surtidas y la etapa para proferir el fallo-.

De tal suerte, que el operador jurídico para dictar auto de mejor proveer, no puede
ni debe retrotraerse a su potestad instructiva propiamente dicha que ejerce
durante las instancias y en forma paralela con la postulación de las partes, con el
argumento de esclarecer la verdad, porque no le es permitido y se excedería en
su labor, afectando el debido proceso y el derecho de defensa, dado que la
facultad instructiva que debe ejercer con parámetros de excepcionalidad, en el
auto de mejor proveer, pues con ella no está llamado a suplir la incuria del
interesado en probar.

Además, el punto oscuro y difuso responde al concepto de vaguedad o
imprecisión16, lo que supone que el hecho o supuesto fáctico que se busca
clarificar siempre ha estado en el proceso -no es el oculto ni el inexistente- sino el
impreciso, por eso se requiere que emerja con nitidez en forma conexa a la
contienda, mediante la opción del auto de mejor proveer.

Esas las razones por la cuales ni los sujetos procesales, pueden endilgar la incuria
en el esclarecimiento de verdad, buscando profiera auto de mejor proveer, si no
son las mismas partes o el interesado en probar los supuestos fácticos de los que
pretende la consecuencia jurídica de la norma, quienes cumplen sus deberes
dentro de la carga probatoria. Por eso yerran quienes critican al operador jurídico
el no esclarecer la verdad mediante poder instructivo, cuando las etapas previstas
por el legislador ya han sido cumplidas…

En este caso, es claro que el hecho de la celebración del contrato en cuestión
siempre estuvo en litigio en el proceso desde la misma demanda, por lo que no
asiste razón a la recurrente al afirmar que el a quo suplantó a la parte actora tanto
en la configuración de la causal de nulidad electoral invocada como en su ejercicio
probatorio.

Así las cosas, no se evidencia que el tribunal haya desbordado la facultad de
decretar pruebas de oficio o que haya roto el equilibrio entre las partes,
simplemente con fundamento en la ley y, en aras de llegar a la verdad, hizo uso
de su poder oficioso para despejar un punto oscuro que se relacionaba
directamente con el litigio sugerido desde la misma presentación de la demanda.
Es decir, no se relacionó con ningún hecho nuevo o que no haya sido
controvertido a lo largo del proceso.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la falta de traslado de la referida prueba,
de la lectura del auto para mejor proveer del 30 de septiembre de 2024 y de la
revisión del expediente de primera instancia en Samai, se evidencia que el a quo
omitió correr traslado a la contraparte de aquella; no obstante, dicha irregularidad
no constituye razón suficiente para revocar la providencia apelada ni para
adelantar alguna medida de saneamiento en esta instancia, toda vez que el

16 Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Versión 23.

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Demandante: José Eduardo García Sánchez
Demandado: Ania Guevara Rey – concejal Aguachica (Cesar)
Radicado: 20001-23-33-000-2024-00008-01

recurrente afirma en el escrito de apelación conocer ya dicha documental, así que
el objeto de dicho traslado ya se cumplió.

En ese orden de ideas, ninguno de los argumentos de la apelación tiene vocación
de prosperidad, razón por la cual hay lugar a confirmar la decisión adoptada por
el Tribunal Administrativo del Cesar en sentencia del 31 de octubre de 2024.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 31 de octubre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, que declaró la nulidad de la elección de Ania
Guevara Rey como concejal de Aguachica (Cesar), período 2024-2027.

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su
competencia.

TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no
procede recurso ordinario alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número
de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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