RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2024 › Radicado 41001-23-33-000-2023-00424-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 41001-23-33-000-2023-00424-01

Fecha
14 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 41001-23-33-000-2023-00424-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 6 de agosto de 2024, por medio de la cual, el Tribunal Administrativo del Huila declaró la nulidad de la elección del señor Félix Felipe Trujillo Uribe como concejal de Neiva, para el período 2024 – 2027. SEGUNDO: ACEPTAR la renuncia de poder presentada por la doctora Yury Tatiana Ordóñez Peralta, identificada con tarjeta profesional 360.015 del C. S. de la J., quien tenía la condición de apoderada suplente de la Registraduría Nacional del Estado Civil. TERCERO: RECONOCER personería al abogado Edison Reinel Sánchez Hernández, identificado con cédula de ciudadanía 80.151.760 y tarjeta profesional 161.309 del C.S. de la J., para actuar como apoderado suplente de la Registraduría Nacional del Estado Civil. CUARTO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia. QUINTO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 41001-23-33-000-2023-00424-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

14 de noviembre de 2024

Demandantes: Ernestina Perdomo Castro y otro
Demandado: Félix Felipe Trujillo Uribe, concejal de Neiva (Huila)
Rad: 41001-23-33-000-2023-00424-01 acumulado

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicado: 41001-23-33-000-2023-00424-01 (principal)
41001-23-33-000-2023-00389-00 (acumulado)
Demandantes: ERNESTINA PERDOMO CASTRO y JUAN JOSÉ
RODRÍGUEZ AVENDAÑO
Demandado: FÉLIX FELIPE TRUJILLO URIBE, CONCEJAL DE NEIVA
(HUILA), PERIODO 2024-2027

Tema: Inhabilidad por celebración de contratos prevista en el numeral 3 del
artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la
Ley 617 de 2000.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 6 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila,
mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1 Las demandas

Los señores Ernestina Perdomo Castro (2023-00389-00)1 y Juan José Rodríguez
Avendaño (2023-00424-00) presentaron demanda en ejercicio del medio de control
previsto en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), tendiente a obtener la nulidad del formulario E-26
CON de 5 de noviembre de 2023, por medio del cual se declaró la elección del señor
Félix Felipe Trujillo Uribe como concejal de Neiva, para el período 2024-2027.

1.2 Hechos

Los fundamentos fácticos expuestos por los demandantes coinciden en lo siguiente:

Precisaron que el señor Félix Felipe Trujillo Uribe se inscribió como candidato al
Concejo de Neiva (Huila) con el aval del partido Centro Democrático, y resultó elegido
como concejal de esa corporación para el periodo 2024-2027.

1 En la demanda de la señora Ernestina Perdomo Castro se solicita, además, la nulidad del formulario E-

24CON.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Demandantes: Ernestina Perdomo Castro y otro
Demandado: Félix Felipe Trujillo Uribe, concejal de Neiva (Huila)
Rad: 41001-23-33-000-2023-00424-01 acumulado

Afirmaron que, según certificado de la Cámara de Comercio de Neiva, el demandado es
«gerente dos» y representante legal de la empresa Félix Trujillo Falla SAS, identificada
con Nit.891100304-6, cuyo objeto es «[…] la administración, compra y venta de bienes
raíces propios o ajenos, avalúos, representaciones, comisiones y demás servicios
relacionados con el corretaje en el ramo de propiedad raíz y administración general de
bienes […]», con dirección comercial en Neiva.

Indicaron que, el 1° de febrero de 2023, el accionado suscribió un contrato con la
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), con el fin de «CONTRATAR EN
ALQUILER LE [sic] USO Y GOCE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 10 # 5-92
DE LA CIUDAD DE NEIVA, HUILA […]». Resaltaron que el aludido inmueble es
propiedad de la progenitora del señor Félix Felipe Trujillo Uribe.

Narraron que el 14 de septiembre de 2023 Félix Trujillo Falla SAS y el Fondo Nacional
del Ahorro (FNA) celebraron un contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en la
calle 10 # 7A – 09, 10 # 7A – 21 y 10 # 7A – 33 de la ciudad de Neiva, que se ejecutó a
partir de esa misma fecha.

Relataron que el accionado celebró contratos de prestación de servicios con el Instituto
Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (INURBE), entidad pública del
nivel municipal de Neiva, dentro del año anterior a la elección2.

Señalaron que el certificado de Cámara de Comercio de la empresa Félix Trujillo Falla
SAS, de 9 de diciembre de 2023, da cuenta de que, «de manera sorpresiva», el 14 de
noviembre del mismo año se realizó una asamblea extraordinaria de accionistas,
contenida en el acta 137, con la cual se hizo un cambio de «gerente dos», es decir, al
señor Félix Felipe Trujillo Uribe, con lo cual se evidencia «[…] que el demandado
conoció de su inhabilidad […]», debido a la celebración de los mentados contratos.

1.3 Normas violadas y concepto de la violación

Los accionantes invocaron como normas vulneradas el numeral 3 del artículo 43 de la
Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, y el numeral 5
del artículo 275 del CPACA.

Analizaron cada uno de los elementos contenidos en la normativa aplicable y resaltaron
que se podía constatar con claridad que el demandado suscribió contratos, enunciados
en el acápite de hechos, dentro del año anterior a su elección de concejal; dos de ellos
celebrados a través de la empresa Félix Trujillo Falla SAS, el 1° de febrero y 14 de
septiembre de 20233.

Comentaron que, para la época de suscripción de los aludidos negocios jurídicos, el
demandado tenía la calidad de representante legal de la sociedad, lo que evidencia el
interés económico que deriva de ello, dada la actividad comercial de la empresa.

2 La parte demandante no indicó la fecha de la suscripción de los contratos, ni hizo precisiones
adicionales sobre el particular.
3 Nada indicaron respecto de los contratos de prestación de servicios enunciados en los hechos.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Demandantes: Ernestina Perdomo Castro y otro
Demandado: Félix Felipe Trujillo Uribe, concejal de Neiva (Huila)
Rad: 41001-23-33-000-2023-00424-01 acumulado

Narraron que los contratos suscritos por el señor Félix Felipe Trujillo Uribe debían
ejecutarse en Neiva.

Mencionaron que «[l]a cláusula décima octava del contrato HUI - CA - 001 DE 2023
suscrito entre la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP – y FELIX
TRUJILLO FALLA S.A.S., identificada con Nit 891100304-6, señala de manera expresa
que el lugar de ejecución será […] LA CALLE 10 # 5-92 DE LA CIUDAD DE NEIVA,
HUILA». En el mismo sentido, «[d]entro de las consideraciones del contrato No. FNA
105-2023, [celebrado] entre [sic] FONDO NACIONAL DEL AHORRO y FELIX
TRUJILLO FALLA S.A.S., identificada con Nit 891100304-6, describe la necesidad que
tiene el FNA para tomar en arriendo un bien inmueble […]» en el referido ente territorial.

Por lo anterior, concluyeron que se configuró la inhabilidad descrita en el en el numeral
3 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, que modificó el artículo 43 de la Ley 136 de
1994.

Por último, solicitaron el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional.

1.4 Contestación de la demanda

1.4.1 Demandado

Adujo que no se encuentra incurso en la causal de inhabilidad invocada por la parte
accionante, porque no se demostró que intervino en los negocios jurídicos referidos y su
suscripción.

Hizo referencia a sentencias del Consejo de Estado4 y la Corte Constitucional5, y estimó
que para establecer si se configuró la inhabilidad invocada, es necesario que se pruebe
que del contrato estatal celebrado «[…] se desprende una condición especial negocial
del candidato o que [este] […] representa una real posibilidad de utilización de
influencia dada por su existencia, en sus intenciones electorales, que muestre una
capacidad que ponga a los demás candidatos en desventaja».

Manifestó que, en aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad que
protegen los derechos de participación política, no puede perderse de vista que en el
presente caso los contratos de arrendamiento suscritos con la ESAP y el FNA hacen
parte de la «[…] intervención comercial de unos inmuebles que cumplían con las
características solicitadas, que bien pudieran haber sido ofrecidos por otras personas
en el mercado inmobiliario, a través de cualquier empresa del sector, […]».

Resaltó que lo anterior denota que el accionado es un buen administrador comercial y
gestor contractual en igualdad de condiciones frente a todo el mercado de ofertas
posibles, sin incidencia en el electorado o los principios democráticos que pretende
proteger la norma invocada.

4 «Sentencia Nro. 13001-23-33-000-2018-00417-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa
Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 30 de mayo de 2019».
5 «Corte Constitucional. Sentencia C-618 de 1997» y «Corte Constitucional, sentencia SU207 de 2022,

M.P. José Fernández Reyes Cuartas».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Demandantes: Ernestina Perdomo Castro y otro
Demandado: Félix Felipe Trujillo Uribe, concejal de Neiva (Huila)
Rad: 41001-23-33-000-2023-00424-01 acumulado

Dijo que no evidencia la ventaja electoral como resultado de obtener un canon de
arrendamiento que beneficia únicamente a los dueños de la propiedad.

Explicó que los mencionados negocios jurídicos no involucran un cuantioso manejo de
recursos económicos, humanos y logísticos que por su propia naturaleza permita o
facilite el aprovechamiento de la infraestructura para obtener una ventaja proselitista a
través de votantes y sus familiares, comprometidos o beneficiados con dichos contratos.

Estimó que, no se encuentran probados los siguientes aspectos: (i) la existencia de
negocios jurídicos celebrados con el INURBE6; (ii) la condición de socio activo del
demandado; (iii) que los contratos de arrendamiento con la ESAP y el FNA hayan sido
suscritos por el accionado.

1.4.2 Registraduría Nacional del Estado Civil

Solicitó que se declare la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, toda
vez que solo tiene competencia para organizar las elecciones y los diferentes
mecanismos de participación. En materia de escrutinios, cumple funciones
secretariales, por lo cual, no está facultada «[…] para suspender o anular los efectos de
un acto creador de situaciones jurídicas concretas proferido en forma autónoma por la
autoridad competente […]».

1.4.3 Consejo Nacional Electoral

Invocó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y advirtió que ante
dicha autoridad no se presentó solicitud alguna tendiente a la revocatoria de la
inscripción de la candidatura del demandado.

Arguyó que el acto de elección es una decisión amparada en el principio de presunción
de legalidad que regula el artículo 88 del CPACA.

Agregó que la inhabilidad citada corresponde a una causal subjetiva, «[…] referente a
los requisitos, calidades, condiciones, y obligaciones de los candidatos, siendo
responsabilidad directa del candidato, y del partido que avaló su candidatura,
pronunciarse y demostrar que cumple dichas condiciones […]».

1.5 Actuaciones relevantes de primera instancia

Se tienen como tales las siguientes:

• Por medio de autos del 27 y 138 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo del
Huila admitió las demandas y negó la suspensión provisional de los efectos del acto de
elección del concejal, previo traslado de la medida9, porque consideró que el único
contrato que, aparentemente, fue suscrito dentro del año anterior a la fecha de elección
6 Comoquiera que la parte accionante, en los hechos de la demanda, hizo referencia a unos contratos de

prestación de servicios suscritos por el demandado con dicha entidad, sin haber aportado prueba que
justificara su dicho.
7 Fecha del auto emitido dentro del expediente 2023-00424-00.
8 Expediente 2023-00389-00.
9 Los traslados de las medidas cautelares se realizaron el 5 y 18 de diciembre de 2023.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Demandantes: Ernestina Perdomo Castro y otro
Demandado: Félix Felipe Trujillo Uribe, concejal de Neiva (Huila)
Rad: 41001-23-33-000-2023-00424-01 acumulado

del demandado fue el celebrado con la ESAP; sin embargo, no había prueba de la
calidad que ostentaba el señor Félix Felipe Trujillo Uribe frente a la inmobiliaria Félix
Trujillo Falla para la fecha de la firma de ese negocio jurídico10.

• El a quo decretó la acumulación de los procesos de nulidad electoral «(i) 41001 23 33
000 2023 00424 00, adelantado por JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ AVENDAÑO y 41001 23
33 000 2023 00389 00, promovido por el señor [sic] ERNESTINA PERDOMO
CASTRO», mediante auto del 21 de marzo de 2024.

• El 24 de abril de 2024, el Tribunal llevó a cabo la audiencia inicial, en la que agotó las
etapas contenidas en el artículo 283 del CPACA, resolvió desestimar las excepciones
de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuestas por la Registraduría
Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, y fijó el litigio, así:

[…] [D]eterminar si es nulo el acto administrativo contenido en la declaración de elección -
Acta de Escrutinio Formulario E 26 CON – del 5 de noviembre de 2023 expedida por la
comisión escrutadora municipal de Neiva, por medio del cual se declaró electo como
concejal del municipio de Neiva por el partido Centro Democrático al señor FELIX FELIPE
TRUJILLO URIBE, por haber celebrado contratos con entidades públicas dentro del año
anterior a la elección, configurando la causal de inhabilidad descrita en el numeral tres (3)
del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, el cual modificó el artículo 43 de la Ley 136 de 1994
y numeral cinco (5) del artículo 275 del CPACA.

• En esa misma providencia, se decretaron las pruebas requeridas por la parte
demandante y las que, de oficio, consideró necesarias el magistrado sustanciador.

• En la audiencia de pruebas del 2 de mayo de 2024, el a quo escuchó el interrogatorio
del señor Félix Felipe Trujillo Uribe, en el que, entre otros aspectos, sostuvo que la
empresa a la que representa suscribió un contrato de arrendamiento con la ESAP en
2018 y ha venido firmando renovaciones en los años siguientes. La diligencia tuvo que
ser suspendida por cuanto no fue posible la comparecencia de la gerente del aludido
establecimiento público, para practicar el testimonio decretado.

El 8 de los mismos mes y año se continuó con la audiencia, dentro de la cual la parte
accionada desistió de la prueba testimonial.

• En virtud de la providencia del 14 de junio de 2024, el tribunal incorporó las pruebas
documentales aportadas, corrió traslado de tres (3) días para que los sujetos procesales
se pronunciaran sobre estas y concedió el término para que las partes presentaran sus
alegatos de conclusión, por escrito, y el Ministerio Público formulara su concepto.

1.6 La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Huila, a través de providencia de 6 de agosto de 2024,
accedió a las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes argumentos:

Pese a que la parte actora relacionó tres contratos suscritos por el accionado, el a quo
encontró probado que solo uno de ellos fue celebrado directamente por el señor Félix
Felipe Trujillo Uribe, a saber, el de arrendamiento con la ESAP – Territorial Huila,

10 Pese a que fue suscrito por el demandado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Demandantes: Ernestina Perdomo Castro y otro
Demandado: Félix Felipe Trujillo Uribe, concejal de Neiva (Huila)
Rad: 41001-23-33-000-2023-00424-01 acumulado

Caquetá y Putumayo, con lo que se cumple el primer elemento contenido en el numeral
3 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, para que se configure la inhabilidad invocada.

Destacó que cuando el demandado suscribió tal negocio jurídico lo hizo en interés de
terceros, esto es, la sociedad Félix Trujillo Falla SAS y su progenitora Soledad Trujillo
de Uribe, propietaria del inmueble arrendado, «[…] circunstancia que reafirma la
concreción del segundo requisito […]».

Precisó que, como las elecciones territoriales se celebraron el 29 de octubre de 2023, la
persona que pretendiera ser concejal se encontraba inhabilitada para celebrar contratos
desde el 29 de octubre de 2022 y, en este caso, el accionado lo suscribió el 1° de
febrero de 2023, esto es, dentro del límite temporal dispuesto en la norma aplicable.

En lo que concierne al elemento territorial, el tribunal no tuvo duda en afirmar que,
conforme a la cláusula décima octava, el contrato se ejecutó en la ciudad de Neiva,
donde se encuentra ubicado el inmueble objeto de arrendamiento, por consiguiente, se
encuentra satisfecho este último requisito.

Citó sentencias del Consejo de Estado11 y concluyó que la nulidad de la elección, con
fundamento en una causal de inhabilidad, es objetiva, por lo cual no debía definir «[…]
si de la suscripción del contrato se desprende una condición especial negocial del
candidato o si […] [este] representa una real posibilidad de utilización de influencia en
sus intenciones electorales, que ponga en desventaja a los demás candidatos, tal y
como se alegó en el escrito de contestación de la demanda, pues al quedar demostrado
que el señor FÉLIX FELIPE TRUJILLO URIBE suscribió en interés de un tercero un
[acuerdo] con una autoridad pública dentro del año anterior a su elección […]», y que
este se ejecutó dentro del territorio en el que fue elegido concejal, se impone declarar la
nulidad del acto electoral acusado.

Por último, les ordenó al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del
Estado Civil que, dentro del ámbito de sus competencias, anularan la credencial que
acredita al demandado y adoptaran las medidas administrativas necesarias para llamar,
en su reemplazo, el candidato en el orden de votación descendente, de acuerdo con lo
dispuesto en la ley.

1.7 El recurso de apelación

Inconforme con la decisión, el accionado, por intermedio de apoderada, estimó que la
tenencia del inmueble, al que alude el contrato suscrito con la ESAP, se adquirió por
parte de la entidad arrendataria muchos años antes del periodo inhabilitante.

Consideró que la suscripción de tal negocio jurídico por sí sola no configura una
inhabilidad, porque de dicho arrendamiento no se puede derivar una ventaja electoral
para el demandado, que es lo que pretende evitar el legislador.

11 «Consejo de Estado, Sección Quinta, C. P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 13001-23-33-000-2018-00417-

01» y «Consejo de Estado, Sección Quinta, C.P. LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ. rad.
68001-23-33-000-2019-00926-01».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Demandantes: Ernestina Perdomo Castro y otro
Demandado: Félix Felipe Trujillo Uribe, concejal de Neiva (Huila)
Rad: 41001-23-33-000-2023-00424-01 acumulado

Agregó que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional12 y del Consejo de
Estado13, para establecer la materialización de una real causal de inhabilidad es
menester hacer un examen de validación, en aplicación de los principios de
proporcionalidad y razonabilidad. De allí que, no solo deban valorarse los elementos
gramaticales contenidos en la norma, sino que, además, es imperioso determinar si se
afectaron los derechos constitucionales invocados como conculcados.

Adujo que, en gracia de discusión, si no se considera importante la fecha a partir de la
cual la entidad arrendataria ostentó la tenencia, es necesario establecer si está
plenamente probado que del acuerdo «[…] se desprende una condición especial
negocial del candidato o que el contrato representa una real posibilidad de utilización de
influencia dada por su existencia, en sus intenciones electorales, que muestre una
capacidad que ponga […]» a las personas en contienda en desventaja.

Reiteró, como lo había explicado en la contestación a la demanda, que el contrato de
arrendamiento suscrito conlleva una «intervención comercial» de un inmueble que
cumplía las características solicitadas por la ESAP, que hubiese podido ser ofrecido por
otras personas en el mercado inmobiliario «[…] a través de cualquier empresa del
sector, para el funcionamiento de entidades en un mercado formal. Entonces, es
evidente que no existe razón o fundamento para entender que ello pudiera comportar la
afectación de los derechos que se predican proteger».

1.8 Actuaciones de segunda instancia

Mediante auto del 9 de septiembre de 202414, el despacho del magistrado ponente
admitió el recurso de apelación interpuesto por el accionado en contra de la sentencia
de primera instancia y corrió traslado para alegaciones finales y concepto del Ministerio
Público.

1.9 Alegatos de conclusión

1.9.1 Demandantes15

Reiteraron los argumentos expuestos en la demanda, según los cuales el accionado
incurrió en la nulidad invocada, toda vez que se encuentran probados cada uno de los
elementos dispuestos por la norma, como lo sostuvo el a quo, y resaltaron que no existe
ninguna diferencia entre la celebración del contrato y su renovación, como lo pretende
el demandado.

Explicaron que «[…] firmar un otro s[í] o la renovación de un contrato no se separa del
elemento material u objetivo, sino que por el contrario ratifica que encuadra en la

12 «Corte Constitucional. Sentencia C618 de 1997» y «Corte Constitucional, sentencia SU207 de 2022,

M.P. José Fernández Reyes Cuartas».
13 «CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA,

consejero ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA, Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de junio de dos
mil veintiuno (2021), radicación número: 18001-23-33-000-2020-00009- 02, actor: ACENED OSORIO
SANTOFIMIO» y «Sentencia Nro. 13001-23-33-000-2018-00417-01 de Consejo de Estado - Sala
Contenciosa Administrativa - SECCIÓN QUINTA, de 30 de mayo de 2019».
14 Anotación 5 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
15 Anotaciones 9 y 10 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Demandantes: Ernestina Perdomo Castro y otro
Demandado: Félix Felipe Trujillo Uribe, concejal de Neiva (Huila)
Rad: 41001-23-33-000-2023-00424-01 acumulado

“CELEBRACION” […]» de tales negocios jurídicos.

1.9.2 Demandado16:

Por conducto de apoderada, reafirmó cada uno de los argumentos expuestos en el
recurso de apelación.

1.10 Concepto del Ministerio Público17

La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia, con base en los siguientes argumentos:

Advirtió que el contrato suscrito por el demandado, en su condición de representante
legal de la sociedad Félix Trujillo Falla SAS, el 1° de febrero de 2023, se efectuó en el
marco temporal que da lugar a la aplicación de la inhabilidad.

Contrario a lo afirmado por el recurrente, luego de citar providencias del Consejo de
Estado18 sobre el particular, coligió que, aún en el evento en el que se hubiese suscrito
una renovación de contrato, ello no impediría la aplicación de la inhabilidad, comoquiera
que esta figura, así como la de la adición o el otro sí, producen los mismos efectos que
la suscripción o celebración del negocio jurídico originario.

Afirmó que el elemento material se encuentra probado «[…] con la suscripción del
contrato ESAP-CA-001-2023, con la Escuela Superior de Administración Pública ESAP,
Territorial Huila, Caquetá y Bajo Putumayo, de fecha 01 de febrero de 2023, al igual que
con el contenido del certificado de existencia y representación legal emitido por la
Cámara y Comercio de Neiva, con fecha de expedición [del] 30 de octubre de 2023, en
el que se advierte que el demandado para la fecha de suscripción del contrato
referenciado, ejercía como gerente de dicha sociedad, en ejercicio de la representación
legal que le confería el cargo […]».

Comentó que era irrefutable, conforme a las pruebas documentales, que el contrato de
arrendamiento recae sobre un bien inmueble ubicado en el municipio de Neiva.

Finalmente, dijo que la celebración del negocio jurídico conllevó un beneficio patrimonial
a favor de la sociedad que representaba el accionado, sin importar el tiempo de
duración de la ejecución del contrato o que el monto de la contraprestación económica
ascienda a determinada suma de dinero.

16 Anotación 11 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
17 Índice SAMAI número 14.

18 «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Radicado (2018-00394-

00, 2018- 00416-00 y 2018-00419-00). M.P. Alberto Yepes Barreiro» y «Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta. 14 de diciembre de 2023, radicado 76001-23-33-000-2023-
00806-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Demandantes: Ernestina Perdomo Castro y otro
Demandado: Félix Felipe Trujillo Uribe, concejal de Neiva (Huila)
Rad: 41001-23-33-000-2023-00424-01 acumulado

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 150 inciso 1 y 152 19 numeral 7 literal
(a) del CPACA y el Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado, esta Sección es competente para conocer en segunda instancia del recurso de
apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 6 de agosto de
2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Huila accedió a las
pretensiones de la demanda.

2.2 Problema jurídico

Conforme con el fallo de primera instancia y con los argumentos expuestos en el
recurso de apelación, corresponde a esta Sección determinar si confirma, modifica o
revoca la sentencia. Sobre el particular, se tendrán en cuenta los límites de la
competencia del juez ad quem, a partir de la fijación del litigio señalada por el tribunal,
la providencia de primer grado y los argumentos del recurso.

En consecuencia, se deberá establecer si el señor Félix Felipe Trujillo Uribe se
encontraba inhabilitado para ser concejal de Neiva, en los términos del numeral 3 del
artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000,
con ocasión de la suscripción de un contrato de arrendamiento con la ESAP, el 1° de
febrero de 2023, o si, la tenencia del inmueble, tiempo antes de la celebración del
negocio jurídico por parte de la administración, conlleva una prórroga del originario y,
por ende, no encuadra dentro de la restricción fijada por el legislador.

Además, se determinará si es necesario demostrar que la celebración del contrato
influyó en el electorado o que el contratista obtuvo una ventaja frente a los demás
candidatos al cargo de concejal.

Para abordar el asunto, la Sala desarrollará la siguiente metodología: (i) el marco
jurídico de la inhabilidad por celebración de contratos con entidades públicas y, (ii) el
caso concreto, conforme a los límites indicados en el párrafo anterior.

2.3 Marco jurídico de la inhabilidad de los(as) concejales por celebración de
contratos con entidades públicas

Las inhabilidades están erigidas como especiales condiciones que pueden recaer sobre
una persona y que tienen como único fin que quienes accedan o estén en la función
pública, desempeñen su cargo bajo los criterios de igualdad, eficiencia, moralidad e
imparcialidad, garantizando de esta forma la prevalencia de los intereses generales de
la comunidad sobre los personales20.

19 Artículo 152. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia… 7. De los siguientes
asuntos relativos a la nulidad electoral: a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la
curul, según el caso […] de los miembros de corporaciones públicas de los municipios […].
20 Corte Constitucional. Sentencia C-564 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell. Ver también

sentencias C-558 de 1994 M.P. Carlos Gaviria Díaz, Sentencia C-483 de 1998 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Demandantes: Ernestina Perdomo Castro y otro
Demandado: Félix Felipe Trujillo Uribe, concejal de Neiva (Huila)
Rad: 41001-23-33-000-2023-00424-01 acumulado

En este sentido, las diferentes circunstancias que configuran una inhabilidad examinan
la órbita personal del aspirante o servidor en ejercicio, de manera que «auscultan en los
antecedentes personales, las relaciones familiares, el ejercicio profesional y las
actividades lucrativas del interesado»21.

Acorde con lo anterior, al constituir las inhabilidades una restricción al derecho de
acceso a cargos públicos, la Constitución Política de 1991 dispuso que el desarrollo de
su régimen jurídico tiene una cláusula de reserva legal, lo cual ha sido enfatizado por
parte de esta Corporación, estableciéndose en diferentes oportunidades que el único
facultado para estructurar las circunstancias especiales que limitan el referido derecho
es el legislador.22

Tratándose de concejales, el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 dispone lo
siguiente:

ARTÍCULO 43. INHABILIDADES. <Artículo modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de
2000. El nuevo texto es el siguiente:> No podrá ser inscrito como candidato ni elegido
concejal municipal o distrital:

[…]
3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de
negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de
contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros,
siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio
o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de
entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten
servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el
respectivo municipio o distrito. [Se resalta].

Bajo tales lineamientos, comoquiera que la controversia que se plantea es la relativa a
la celebración de contratos, de los apartes destacados de la inhabilidad en comento
pueden extraerse los siguientes elementos:

Elemento objetivo: Que la persona haya celebrado por sí o por interpuesta
persona contrato de cualquier naturaleza con entidades públicas u organismos del
sector central o descentralizado de cualquier nivel administrativo.

Elemento temporal: Que el contrato se celebre durante el año anterior a la
elección del (a) concejal.

Elemento territorial: Que el contrato deba ejecutarse o cumplirse en el respectivo
municipio para el cual resulte elegido.

Elemento subjetivo: interés propio o de terceros.

Resulta relevante anotar que estos enunciados deben ser probados de manera
concurrente para que se configure la inhabilidad. Además, que en el elemento subjetivo

21 OSORIO CALDERÍN, Ana Carolina, Manual de Inhabilidades Electorales, 2ª Edición, Grupo Editorial

Ibáñez, 2014, p. 24.
22 Sentencia Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 19 de septiembre de 2013, radicado

110010328000201200051-00, 110010328000201200052-00 110010328000201200057-00 Acumulado.
CP. Alberto Yepes Barreiro Dte: Eduardo Carmelo Padilla Hernández y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Demandantes: Ernestina Perdomo Castro y otro
Demandado: Félix Felipe Trujillo Uribe, concejal de Neiva (Huila)
Rad: 41001-23-33-000-2023-00424-01 acumulado

se debe acreditar que la suscripción del contrato estatal reportó un beneficio patrimonial
o extrapatrimonial a favor del candidato o de un tercero23.

La inhabilidad por la celebración de contratos tiene una finalidad «preventiva y
proteccionista de la igualdad de los aspirantes a las justas electorales, bajo el propósito
de precaver vicios en la relación del candidato con las entidades públicas que implique
la indebida utilización de esa condición de candidato en las actividades que adelante
ante aquellas y, evitar, vicios de mayor trascendencia, como es que el candidato utilice
sus vínculos y relaciones con las entidades públicas en beneficio de sus intenciones
electorales o que el electorado asocie, deduzca o concluya que verlo en tratativas con
las entidades públicas le aventaja y con ello acreditarse ante los electores para obtener
los votos»24.

De acuerdo con la jurisprudencia vigente hasta el momento, la cual constituye
precedente para resolver el caso concreto, la conducta que materializa la inhabilidad
objeto de estudio es la de intervenir en la celebración de contratos. De manera que, se
ha entendido que aquella se configura con la celebración efectiva 25 del respectivo
contrato estatal dentro del lapso previsto por la norma, independiente del momento de
su ejecución o liquidación.

2.4 Caso concreto

Como viene de explicarse, la Sala deberá resolver si hay lugar a confirmar, modificar o
revocar la decisión del Tribunal Administrativo del Huila que accedió a las pretensiones
de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad del acto de elección del señor Félix
Felipe Trujillo Uribe como concejal de Neiva, para el período 2024 – 2027, dado que
encontró acreditado que se configuró la causal de inhabilidad prevista en el numeral 3
del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de
2000.

De la misma manera, la Sección Electoral recuerda que el recurrente aduce que la
entidad estatal gozaba de la tenencia del bien, porque el contrato de arrendamiento
originario lo habían firmado años antes, con lo que da a entender que se trata de un
único contrato que se ha prorrogado o renovado. Además, sostiene que no se demostró
que «[…] el contrato representa una real posibilidad de utilización de influencia dada por
su existencia, en sus intenciones electorales, que muestre una capacidad que ponga a
los demás candidatos en desventaja».

Sobre el particular, resulta del caso recordar que la competencia del juez de segunda
instancia se encuentra limitada a los argumentos expuestos en el recurso de apelación,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 320 y 328 del Código General del

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia de 11 de julio de

2024, radicación 05001-23-33-000-2024-00012-01. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 3 de agosto

de 2015, radicación 11001-03-28-000-2014-00051-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
25 Así lo ha señalado la Sala Electoral mediante providencias de: 2 de agosto de 2018, radicado 13001-

23-33-000-2018-00394-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro, 24 de noviembre de 2022, radicado 11001-03-
28-000-2022-00032-00, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. 12 de octubre de 2023, radicado 11001-03-28-
000-2022-00057-00 acumulado, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Demandantes: Ernestina Perdomo Castro y otro
Demandado: Félix Felipe Trujillo Uribe, concejal de Neiva (Huila)
Rad: 41001-23-33-000-2023-00424-01 acumulado

Proceso26, aplicables por remisión de los artículos 296 y 306 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo tanto, la Sala se
pronunciará exclusivamente en relación con los reparos concretos formulados por el
recurrente.

Según se tiene, en el presente asunto, de los tres contratos señalados por la parte
actora, la controversia se centró en el de arrendamiento suscrito entre el demandado y
la ESAP, frente al cual no existe debate respecto a que: (i) fue firmado por las partes
contratantes27 el 1° de febrero de 2023, dentro del año anterior a la elección del
accionado; y (ii) su objeto se ejecutó en la ciudad de Neiva, donde resultó elegido
concejal.

Ahora bien, con el fin de resolver el primer asunto planteado por el recurrente, referente
al elemento objetivo de la norma que contiene la inhabilidad invocada, es decir, lo
concerniente a la celebración del contrato «[…] por sí o por interpuesta persona […] con
entidades públicas u organismos del sector central o descentralizado de cualquier nivel
administrativo», se analizarán las pruebas aportadas, como sigue.

Conforme a los estudios y documentos previos para la contratación directa de enero de
2023, la ESAP – Dirección Territorial Huila, Caquetá y Bajo Putumayo destacó que «[…]
no cuenta con un bien inmueble de su propiedad en la ciudad de Neiva, Huila, donde se
puedan adelantar las actividades académicas y administrativas que permitan cumplir
con el propósito misional de la Institución, razón por la cual se hace necesario e
indispensable contar con un lugar donde se puedan prestar […]» tales servicios. En
consecuencia, era ineludible para la entidad pública «[…] adelantar un proceso de
arrendamiento de un bien inmueble que cuente con la infraestructura y el espacio
suficiente para integrar […]» su misionalidad.

De la misma manera, obra en el expediente el contrato de arrendamiento de inmueble
001 de 2023, suscrito por el accionado el 1° de febrero de 2023, en su calidad de
representante legal de la mentada inmobiliaria, y la ESAP, del cual se destacan las
siguientes cláusulas:

26 ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión… (Se resalta).

ARTÍCULO 328 COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido
al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar
en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.
27 El señor Félix Felipe Trujillo Uribe, en su calidad de representante legal de la empresa Félix Trujillo

Falla SAS, y la ESAP.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12

Demandantes: Ernestina Perdomo Castro y otro
Demandado: Félix Felipe Trujillo Uribe, concejal de Neiva (Huila)
Rad: 41001-23-33-000-2023-00424-01 acumulado

[…]

[…]

A su vez, el 26 de mayo de 2024 el director de la ESAP – Territorial Huila, Caquetá y
Bajo Putumayo certificó que el accionado, como representante legal de la inmobiliaria
Félix Trujillo Falla SAS LTDA, suscribió los siguientes contratos con la entidad:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13

Demandantes: Ernestina Perdomo Castro y otro
Demandado: Félix Felipe Trujillo Uribe, concejal de Neiva (Huila)
Rad: 41001-23-33-000-2023-00424-01 acumulado

Dentro de los documentos anexos al contrato que se celebró en 2023 se constata que,
de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal de la sociedad Félix
Trujillo Falla SAS, emitido por la Cámara de Comercio del Huila, el 18 de enero de
2023, para la fecha de suscripción del acuerdo el demandado era el representante legal
y gerente dos de la sociedad:

[…]

Por su parte, el accionado, en el interrogatorio de parte practicado por el a quo,
manifestó que era el representante legal de la empresa familiar Félix Trujillo Falla SAS
LTDA, cuyo objeto es comercializar bienes en arrendamiento y venta. Mencionó que la
sociedad celebró un contrato con la ESAP en «2018» y él, posteriormente, suscribió las
renovaciones.

Pues bien, de la lectura de las pruebas documentales incorporadas al proceso, es dable
colegir que, contrario al argumento sostenido por el accionado, el 1° de febrero de 2023
suscribió un nuevo contrato de arrendamiento con la ESAP – Territorial Huila, Caquetá
y Bajo Putumayo, toda vez que así lo dispone el objeto del negocio jurídico, en el que,
además, se fijó un plazo de 11 meses para su ejecución y un valor de ciento setenta y
nueve millones ochocientos setenta y tres mil ciento ochenta y ocho pesos M/CTE
($179.873.188) (incluido el Impuesto al Valor Agregado - IVA); por consiguiente, en el
entendido que en ninguna de las cláusulas se expresa o remite a un acuerdo previo, es
palmario que no se trató de una renovación, prórroga u otra denominación que indicara
la continuación de uno primigenio.

En ese orden de ideas, se encuentra probado que el demandado celebró, en su
condición de representante legal de la referida sociedad, un contrato de arrendamiento

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14

Demandantes: Ernestina Perdomo Castro y otro
Demandado: Félix Felipe Trujillo Uribe, concejal de Neiva (Huila)
Rad: 41001-23-33-000-2023-00424-01 acumulado

con la ESAP, establecimiento público descentralizado del nivel nacional, como lo estimó
el tribunal de instancia.

De otro lado, en lo que atañe al elemento subjetivo de la inhabilidad, el accionado
considera que no se demostró ninguna ventaja electoral frente a los demás candidatos
al cargo de concejal, pese a ello, es menester recordar que la norma no hace una
precisión en relación con la clase de contrato, el plazo o el valor para que se configure o
no la inhabilidad propuesta, como tampoco que el juez deba verificar si se probó que el
elegido obtuvo algún provecho en la contienda electoral, luego de haber celebrado un
contrato estatal.

Al respecto, la Sección Quinta, en reciente providencia, estimó:

71. Se reitera que la inhabilidad por celebración de contratos tiene una finalidad
constitucional, tendiente a proteger la moralidad e imparcialidad del proceso electoral y
del cargo al que se aspira, pues, de un lado, «busca evitar una confusión entre intereses
públicos y privados»28, toda vez que quien ha intervenido en nombre propio o de terceros
en la celebración de un contrato con la administración, en principio, defiende los intereses
particulares frente a los intereses del Estado; y, de otro, «obstaculiza el aprovechamiento
de recursos públicos para desfigurar los procesos electorales»29 .

72. En ese sentido, debido a la finalidad proteccionista y preventiva que propende la
institución del régimen de inhabilidades, no le corresponde al juez determinar si con la
celebración del contrato se presentó o no un desequilibrio en la contienda o si ejerció
algún tipo de influencia en la voluntad de los electores, pues la sola existencia del vínculo
contractual del demandado con el Estado implica una potencial ventaja para aquel en
detrimento de la igualdad entre los candidatos y de los principios a la moralidad y
transparencia del proceso electoral.

73. Por consiguiente, en razón a que se comprobó la suscripción del contrato y que el
demandado obtuvo un beneficio patrimonial directo a partir de este, se configura el
elemento subjetivo de la inhabilidad, sin que para ello se requiera el análisis de aspectos
relacionados con el efecto que produjo el negocio jurídico entre los aspirantes y los
electores30.

Nótese que en el presente caso se encuentra probado que el contrato suscrito fue por
un valor de ciento setenta y nueve millones ochocientos setenta y tres mil ciento
ochenta y ocho pesos M/CTE ($179.873.188) (incluido el Impuesto al Valor Agregado -
IVA), por ende, el negocio jurídico reportó un beneficio patrimonial a favor de la
inmobiliaria en la cual el demandado era el gerente dos y representante legal, así como
de la propietaria del inmueble, con lo que se cumple el elemento subjetivo, según el
cual el negocio jurídico que se celebre debe serlo en interés propio o de un tercero.

Además, como se observa en el acta 136, contentiva de la asamblea extraordinaria de
accionistas de Félix Trujillo Falla SAS, de 8 de septiembre de 2023, el concejal tiene
una participación accionaria del 29,34%, de allí que el negocio jurídico que celebró
también le reportaba un beneficio directo.

28 «Corte Constitucional, C-618 de 1997, MP Alejandro Martínez Caballero».
29 «Ibidem».
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia de 29 de agosto

de 2024, radicación 76001-23-33-000-2023-00853-01. M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15

Demandantes: Ernestina Perdomo Castro y otro
Demandado: Félix Felipe Trujillo Uribe, concejal de Neiva (Huila)
Rad: 41001-23-33-000-2023-00424-01 acumulado

Luego entonces, de los medios de convicción allegados se desprende, sin asomo de
duda, que el demandado incurrió en la causal de inhabilidad del artículo 40 de la Ley
617 de 2000, el cual modificó el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, conclusión a la que
llegó el fallador de primera instancia.

Ahora, en lo que tiene que ver con la aplicación de la regla contenida en la sentencia de
la Corte Constitucional SU-207 de 2022, pedida por el recurrente, debe tenerse en
cuenta que esta solo aplica a los casos en que deba determinarse la configuración de la
inhabilidad por ejercicio de autoridad, cuando el elegido es de un orden territorial
diferente al de su pariente. Es en aquella circunstancia en la que el operador judicial
debe realizar un examen específico en donde determine cómo el desarrollo de sus
competencias irradia la jurisdicción del elegido, para así concretar la incidencia en los
electores.

Por lo tanto, como en el presente caso la causal de inhabilidad invocada, por
celebración de contratos, es diferente a la estudiada por la Corte Constitucional, es
claro que no resulta aplicable la regla de decisión allí contenida, debido a ello, no hay
lugar a hacer pronunciamiento adicional al respecto.

En el mismo sentido, la sentencia C-618 de 1997 tampoco es aplicable a la controversia
planteada en el expediente de la referencia, porque, por una parte, en dicho fallo la
Corte Constitucional estudió la exequibilidad del artículo 95, numeral 5°, de la Ley 136
de 1994, que trata sobre las inhabilidades de los alcaldes y no de los concejales; y, por
otra, la modulación que hizo la corporación hace referencia «[…] a aquellos contratos
por medio de los cuales la administración ofrece, en igualdad de condiciones, a todos
los ciudadanos y personas, un determinado bien o servicio», y se pone como ejemplo
los de prestación de servicios públicos que el aspirante celebre para adquirirlos, lo cual
dista de la situación fáctica que aquí se plantea.

En cuanto a la sentencia 18001-23-33-000-2020-00009-02 del Consejo de Estado,
invocada por el demandado, se precisa que no constituye precedente vinculante para el
caso, porque en ese proceso se analizó si la elección de una diputada estaba viciada
de nulidad por falsedad ideológica, dadas las diferencias injustificadas entre los
formularios E-14 y E-24, asunto que no guarda relación con la inhabilidad propuesta.

Finalmente, la providencia de 13001-23-33-000-2018-00417-0131, citada por el
accionado, refuerza la motivación de esta providencia, puesto que destacó que no se
estaba violando la interpretación restrictiva de las inhabilidades, al entender que la
firma de un otro sí encuadra en la celebración de contratos estatales expresada por el
legislador.

En efecto, dispuso que, «[…] aceptar un razonamiento contrario, consentiría en restar a
la inhabilidad su efecto útil, pues a través del “otro sí” o cualquier modificación al
contrato se puede dar notoriedad al contratista frente al electorado, pero evadiendo la
finalidad de la prohibición bajo la égida de que esa modificación no constituye
convención. Esta hermenéutica lejos de garantizar los postulados constitucionales del
derecho electoral los transgrede, porque genera desequilibrio en la contienda electoral
y puede proporcionar ventajas al contratista frente a los demás candidatos».
31 Expediente principal acumulado con los expedientes 2018-00394-00, 2018-00416-00 y 2018-00419-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16

Demandantes: Ernestina Perdomo Castro y otro
Demandado: Félix Felipe Trujillo Uribe, concejal de Neiva (Huila)
Rad: 41001-23-33-000-2023-00424-01 acumulado

Sobre la base de las anteriores consideraciones, al hallarse configurada la inhabilidad
invocada, se confirmará la sentencia objeto de alzada.

Por otra parte, se tiene que la doctora Yury Tatiana Ordóñez Peralta presentó renuncia
al poder que le fue conferido para representar a la Registraduría Nacional del Estado
Civil, la cual será aceptada por cumplir los requisitos preceptuados en el artículo 76 del
Código General del Proceso32.

Por último, se reconocerá personería al abogado Edison Reinel Sánchez Hernández,
para actuar como apoderado suplente de la Registraduría Nacional del Estado Civil,
conforme al poder conferido por el funcionario competente33.

Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 6 de agosto de 2024, por medio de la cual, el
Tribunal Administrativo del Huila declaró la nulidad de la elección del señor Félix Felipe
Trujillo Uribe como concejal de Neiva, para el período 2024 – 2027.

SEGUNDO: ACEPTAR la renuncia de poder presentada por la doctora Yury Tatiana
Ordóñez Peralta, identificada con tarjeta profesional 360.015 del C. S. de la J., quien
tenía la condición de apoderada suplente de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

TERCERO: RECONOCER personería al abogado Edison Reinel Sánchez Hernández,
identificado con cédula de ciudadanía 80.151.760 y tarjeta profesional 161.309 del C.S.
de la J., para actuar como apoderado suplente de la Registraduría Nacional del Estado
Civil.

CUARTO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

QUINTO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún
recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

32 Anotación 16 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
33
Anotación 17 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17

Demandantes: Ernestina Perdomo Castro y otro
Demandado: Félix Felipe Trujillo Uribe, concejal de Neiva (Huila)
Rad: 41001-23-33-000-2023-00424-01 acumulado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.