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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 68001-23-33-000-2025-00117-02

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 68001-23-33-000-2025-00117-02

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Revócase el ordinal cuarto de la sentencia del 20 de febrero de 2026, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad del acto de llamamiento del señor Andrés Miguel Sarmiento Cortés como concejal del Distrito de Barrancabermeja y, en su lugar, niégase la nulidad del acto demandado, de acuerdo con la parte considerativa de este fallo. SEGUNDO: Confírmase los demás ordinales de la sentencia del 20 de febrero de 2026, en virtud de lo expuesto en esta providencia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 68001-23-33-000-2025-00117-02

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

28 de mayo de 2026

Demandante: Luis Fernando Gómez Hernández
Demandado: Andrés Miguel Sarmiento Cortés
Radicación: 68001-23-33-000-2025-00117-02

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 68001-23-33-000-2025-00117-02
Demandante: LUIS FERNANDO GÓMEZ HERNÁNDEZ
Demandado: ANDRÉS MIGUEL SARMIENTO CORTÉS – CONCEJAL DE
BARRANCABERMEJA PARA EL PERÍODO 2024-2027

Tema: Cosa juzgada e inhabilidad por celebración de contratos

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la sala resolver el recurso de apelación presentado por la parte
demandada contra la sentencia del 20 de febrero de 2026, por medio de la cual el
Tribunal Administrativo de Santander declaró probada la cosa juzgada parcial en lo
relacionado con la causal de inhabilidad alegada respecto del contrato número
1051-03, con ocasión de la decisión adoptada por el mismo tribunal en el expediente
de pérdida de investidura con radicado 68001233300020250013800 y la nulidad del
acto de llamamiento al encontrar configurada la causal de inhabilidad consagrada
en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40
de la Ley 617 de 2000.

I. ANTECEDENTES

1.1. Las pretensiones

1. Las pretensiones de la demanda fueron del siguiente tenor1:

PRIMERO. - Que se declare la NULIDAD del Acta de inscripción Nº. 00010 fechada
29 junio de 2023, Registraduría del Estado Civil de Barrancabermeja, inscrito como
candidato ANDRÉS MIGUEL SARMIENTO CORTÉS, C.C.1’096.252.465 en la lista
del Partido Energía Nueva, para el Concejo Distrital de Barrancabermeja, periodo
2024-2027, por estar incurso en la causal de inhabilidad de que trata el artículo 43
numeral 3 de la Ley 136 de 1994 modificada por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

SEGUNDO.- Que se declare la NULIDAD del acto de resultado de escrutinio para
elección del Concejo - Elecciones 29 de octubre de 2023 en el Distrito de

1 La cita es una transcripción literal de la demanda, puede contener errores.

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Demandado: Andrés Miguel Sarmiento Cortés
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Barrancabermeja, E-26 CON (Hoja Nº 11 y 12 de 22) de fecha 08 de noviembre de
2023 expedido por la Registraduría del Estado Civil del Distrito de Barrancabermeja
(donde se declara inicialmente la elección), en lo relativo a la lista del Energía Nueva,
candidato ANDRÉS MIGUEL SARMIENTO CORTÉS, quien obtuvo 1.021 votos, por
estar incurso en la causal de inhabilidad de que trata el artículo 43 numeral 3 de la
Ley 136 de 1994 modificada por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

TERCERO.-: Que se Declare la nulidad del acto de llamamiento para proveer la curul
vacante dejada por la pérdida de investidura del concejal IVÁN JESÚS SERRANO
MIRANDA, expedida por el presidente del Concejo Distrital de Barrancabermeja, por
el periodo restante del 2024 al 2027, fechada 06 de febrero de 2025, por medio del
cual se consigna que la persona siguiente en la lista es el señor ANDRÉS MIGUEL
SARMIENTO CORTÉS, segundo de la lista elegible del partido Nueva Energía y acta
de posesión, entiéndase por el acto publicitado, por encontrase inhabilitado al
momento de la inscripción y elección del 29 de Octubre de 2023.

CUARTO. - Que se declare la NULIDAD de la Resolución No. 003 del 06 de febrero
de 2025 por la cual se posesiona al señor ANDRÉS MIGUEL SARMIENTO CORTÉS,
como concejal del Distrito de Barrancabermeja, POR ESTAR INCURSO EN LA
INHABILIDAD DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 43 NUMERAL 3 DE LA LEY 136 DE
1994 MODIFICADA POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 617 DE 2000, AL CELEBRAR
CONTRATO DENTRO DE LOS DOCE MESES ANTERIORES A LAS ELECCIONES
DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2023.

QUINTO. - Que, como consecuencia de lo anterior, se ORDENE cancelar la
respectiva credencial expedida, al ciudadano ANDRÉS MIGUEL SARMIENTO
CORTÉS, identificado con cédula ciudanía Nº. 1’096.252.465, que lo acredita como
concejal de Barrancabermeja, ante el Consejo Nacional Electoral, al Registrador
Nacional del Estado Civil, a los delegados del Registrador del Estado Civil en el
Departamento de Santander, a la Registraduría Distrital del Estado Civil de
Barrancabermeja, para que proceda a la cancelación de la credencial de concejal del
señor ANDRÉS MIGUEL SARMIENTO CORTÉS.

1.2. Hechos

2. El demandante precisó que el señor Andrés Miguel Sarmiento Cortés es miembro
con voz y voto de la empresa Transportes San Pablo S.A. y que, como presidente
en una junta directiva, autorizó al representante legal, Juan Pablo Cortés Angarita,
a presentar una oferta para la celebración de un contrato para la prestación del
servicio de transporte fluvial escolar a la población estudiantil del sector educativo
del Distrito de Barrancabermeja, Santander. Esto, de conformidad con el Acta 422
del 28 de febrero de 2023.

3. Precisó que, una vez culminado el trámite correspondiente, el Distrito de
Barrancabermeja y la sociedad mencionada suscribieron el contrato 1051-23 del 14
de marzo de 2023.

4. Informó que el señor Sarmiento Cortés es miembro de la empresa Transportes

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San Pablo S.A. e hizo parte de la junta directiva en calidad de suplente, tal y como
consta en las actas 042 del 19 de marzo de 2022 y 043 del 15 de febrero de 2023 y
el Certificado de Existencia y Representación del 11 de julio de 2023.

5. Explicó que el señor Sarmiento Cortés es, además de socio accionista y directivo
suplente, sobrino del representante legal de la empresa, es decir, del señor Juan
Pablo Cortés Angarita.

6. Refirió que, por otra parte, la empresa Transportadora San Pablo Limitada,
suscribió y ejecutó los contratos 1403-23 del 20 de abril de 2023 y 1602-23 del 9 de
mayo de 2023, los cuales fueron suscritos con el Distrito de Barrancabermeja, bajo
la representación de la señora Luz Ena Cortés Angarita, la madre del señor Andrés
Miguel Sarmiento Cortés.

7. Aclaró que las sociedades Transportes San Pablo S.A. y Transportadora San
Pablo Limitada, son empresas de carácter familiar representadas por familiares del
demandado (tío y madre, respectivamente) e indicó que la mayoría de los socios
también están vinculados a este en diferentes grados de consanguinidad y afinidad.

8. Explicó que el señor Andrés Miguel Sarmiento Cortés se inscribió como candidato
al Concejo de Barrancabermeja para el periodo constitucional 2024 – 2027, como
parte de la lista del Grupo Significativo de Ciudadanos Energía Nueva.

9. Sostuvo que, efectuados los escrutinios del 29 de octubre de 2023, el GSC
Energía Nueva obtuvo una curul que fue ocupada por el señor Iván Jesús Serrano
Miranda.

10. Afirmó que, el Tribunal Administrativo de Santander declaró la pérdida de
investidura del señor Iván Jesús Serrano Miranda, decisión que fue confirmada por
el Consejo de Estado con sentencia del 3 de octubre de 2024 2. Ante esta
circunstancia, se realizó el trámite para surtir el correspondiente llamado a ocupar
la curul al señor Andrés Miguel Sarmiento Cortés, quien se encontraba en el
segundo lugar en lista del movimiento.

11. Señaló que el 6 de febrero de 2025 se posesionó como concejal de
Barrancabermeja el demandado, para lo que resta del periodo 2024 – 2027.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

12. El demandante alegó que el señor Andrés Miguel Sarmiento Cortés se
encuentra incurso en la inhabilidad de que trata el artículo 43, numeral 3, de la Ley

2 Por violación del régimen de inhabilidades, por haber ejercido autoridad administrativa en el
Municipio de Barrancabermeja, dentro de los 12 meses anteriores a su elección, en su condición de
miembro del Consejo Directivo de la Institución Educativa Ciudadela Educativa del Magdalena Medio
de esa misma entidad territorial, en la que fue elegido Concejal por el período 2024- 2027

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136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, toda vez que
como miembro de la sociedad Transportes San Pablo S.A. celebró contratos con el
Distrito de Barrancabermeja dentro de los 12 meses anteriores a las elecciones del
29 de octubre de 2023.

13. Precisó que el elemento material se encuentra acreditado, toda vez que el
demandado es miembro con voz y voto de la sociedad Transportes San Pablo S.A.
y, para el 23 de febrero de 2023, como presidente en una junta de directiva autorizó
al representante legal para firmar el contrato suscrito con el Distrito de
Barrancabermeja que tenía como objeto la prestación del servicio de transporte
fluvial escolar a la población estudiantil del sector educativo oficial del distrito.

14. Explicó que, posteriormente, la sociedad mencionada y el Distrito de
Barrancabermeja suscribieron el Contrato 1051-23 del 14 de marzo de 2023.

15. Señaló que el demandando también hace parte de la sociedad Transportadora
San Pablo Limitada, representada por la señora Luz Ena Cortés Angarita, madre
del señor Sarmiento Cortés, empresa que también celebró con el Distrito de
Barrancabermeja los contratos 1403-23 del 20 de abril de 2023 y 1602-23 del 9 de
mayo del mismo año.

16. Adujo que, igualmente, se encuentra demostrado el elemento temporal,
consistente en la suscripción de contratos dentro del periodo inhabilitante, puesto
que este término inició el 29 de octubre de 2022 y el contrato suscrito por la sociedad
Transportes San Pablo S.A. se suscribió el 22 de marzo de 2023 y los celebrados
con la empresa Transportadora San Pablo Limitada fueron firmados el 20 de abril y
9 de mayo de 2023.

17. Expuso que el elemento territorial está probado, toda vez que los negocios
jurídicos fueron acordados con el Distrito de Barrancabermeja, ente territorial para
el cual fue llamado a ocupar la curul como concejal.

18. Sostuvo que el elemento subjetivo de la inhabilidad también está verificado, toda
vez que el señor Sarmiento Cortés es miembro de la junta directiva y socio de las
empresas Transportes San Pablo S.A. y Transportadora San Pablo Limitada que
tienen por objeto el transporte fluvial en diversas modalidades.

19. Manifestó que esta situación genera un desequilibrio económico y democrático
en la contienda electoral frente a los demás participantes, con lo que se afecta los
principios de transparencia, igualdad y moralidad administrativa, puesto que estas
sociedades a las que pertenece el demandado cuentan con gran reconocimiento en
la región.

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20. Citó providencias del Consejo de Estado3 para concluir que, ante la existencia
de la inhabilidad, la verificación del elemento temporal es al momento de la elección
y no la del llamado a ocupar la curul.

21. Precisó que, si bien, el hecho de ser socio de una empresa o contratista no
genera por si sola la inhabilidad, en el caso en estudio existió una intervención
activa, directa y efectiva del demandado porque, para la celebración del Contrato
1051-23, participó activamente en la asamblea de la junta directiva donde se
autorizó al representante legal de la sociedad Transportes San Pablo S.A. a
presentarse en el proceso de subasta inversa para la prestación del servicio de
transporte fluvial escolar a la población estudiantil del sector educativo oficial del
Distrito de Barrancabermeja y, además, presidió esta sesión extraordinaria, tal y
como quedó consignado en el Acta 422 del 28 de febrero de 2023.

1.4. Contestación de la demanda

1.4.1. Andrés Miguel Sarmiento Cortés

22. El demandado, a través de apoderado, se pronunció sobre los hechos y el
concepto de la violación expuesto en la demanda y solicitó que se negaran las
pretensiones.

a. Contrato 1051-23 suscrito por la sociedad Transportes San Pablo S.A.

23. Afirmó que no intervino en la gestión del Contrato 1051 de 2023 celebrado entre
el Distrito de Barrancabermeja y Transportes San Pablo S.A., pues la decisión de
presentar la oferta obedeció a una posición mayoritaria de la junta directiva y,
además, la adjudicación del contrato fue con ocasión de la selección objetiva del
oferente, la simple autorización para la presentación de la propuesta en un
escenario precontractual no implica gestión indebida.

24. Mencionó que, tal como consta en los certificados de existencia y
representación de la sociedad Transportes San Pablo S.A., solo participa en el
órgano decisorio en reemplazo del principal, ante ausencias temporales o
definitivas, porque ostenta la calidad de suplente.

25. Advirtió que, en la sesión realizada el 28 de febrero de 2023 (Acta 422), la junta
directiva de Transportes San Pablo S.A. autorizó al representante legal de la
sociedad la presentación de una oferta dentro del proceso contractual de subasta
inversa y su rol consistió en fungir como presidente de esta para verificar el
cumplimiento del orden del día.

3 Sentencia del 21 de junio de 2012, expediente 05001-23-31-000-2011-00890-01 y del 7 de
diciembre de 2006, expediente 18001233100020050056602, con ponencias del magistrado Reinaldo
Chavarro Buritica.

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26. Manifestó que, si bien, es suplente de la junta directiva de la sociedad
Transportes San Pablo S.A., en la celebración del Contrato 1051-23 del 22 de marzo
de 2023, no tuvo injerencia y participación en la gestión, celebración o ejecución de
ese negocio jurídico.

27. Explicó que solo las sociedades anónimas están obligadas a constituir una junta
directiva, la cual es elegida por la asamblea general de accionistas, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 436 del Código de Comercio y, para ello, deberá
aplicarse el cociente electoral, establecido en el artículo 197 del mismo código.

28. Precisó que, en consecuencia, es claro que hacer parte de la junta directiva de
la sociedad Transportes San Pablo S.A. fue por voluntad de los mismos socios y,
por tanto, la toma de decisiones no es caprichosa, sino que es en representación
de todos los demás accionistas que depositaron su confianza en él.

29. Agregó que, todas las determinaciones que se toman se hacen de manera
colegiada, lo que se traduce en que, debe existir un acuerdo entre la mayoría de los
miembros, por tanto, la autorización adoptada en la asamblea extraordinaria que
consta en el Acta 422 del 28 de febrero de 2023, corresponde a la voluntad de la
junta directiva. En consecuencia, el hecho de estar presente en esta como miembro
suplente en nada hubiera cambiado lo decidido, dado que con o sin su voto, se
hubiera facultado al representante legal para la presentación de la oferta dentro del
proceso de selección abreviada por subasta inversa que adelantaba el Distrito de
Barrancabermeja.

30. Alegó que como era suplente, esto es, debía reemplazar al principal en caso de
ausencias temporales o definitivas y así fue el rol desempeñado en la sesión del 28
de febrero de 2023. Sin embargo, por un error humano de quien proyectó el acta,
se advirtió que en esa reunión actuó como miembro principal y que, además, la
presidió.

31. Aclaró que el actuar reprochado se ejecutó en una etapa precontractual, en
donde una sociedad comercial, en cumplimiento de su objeto social principal, esto
es, prestar servicios de transporte de pasajeros y de carga por agua, tierra y aire,
decida participar en un proceso de selección adelantado por el Distrito de
Barrancabermeja, donde se pueden presentar una multiplicidad de oferentes, lo que
no implica la obtención del contrato, sino una mera oportunidad para competir.

32. Añadió que, revisado el proceso de selección abreviada, no se observa que
haya tenido ninguna injerencia en la gestión de dicho negocio jurídico, por el
contrario, se adjudicó el contrato al oferente con la mejor propuesta.

33. Concluyó que no intervino en la gestión del Contrato 1051 de 2023, pues la
decisión de presentar la oferta obedeció a una posición mayoritaria de la junta
directiva y la adjudicación de ese negocio jurídico correspondió a una selección

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objetiva del oferente.

b. Contratos 1403-23 y 1602-23 suscritos por la sociedad Transportadora San
Pablo Ltda.

34. Expuso que, en relación con los contratos suscritos por la sociedad
Transportadora San Pablo Limitada, representada por la señora Luz Ena Cortés
Angarita, no tiene ninguna relación con la inhabilidad invocada por el demandante.

35. Advirtió que no es el representante legal de la sociedad Transportadora San
Pablo Limitada, empresa que suscribió los contratos 1403-23 del 20 de abril de 2023
y 1602-23 del 9 de mayo del mismo año y, al revisar la composición societaria se
puede constatar que no tiene cuotas de participación y no comparte ningún vínculo
de consanguinidad dentro del segundo grado con ninguno de sus socios.

c. Cosa juzgada

36. Precisó que, en el presente asunto se configuró el supuesto establecido en el
parágrafo del artículo 1 de la Ley 1881 de 2018, que consagra la garantía del non
bis in ídem en materia electoral y de pérdida de investidura, toda vez que se han
iniciado tres procesos por idénticos hechos.

37. Señaló que se interpusieron dos pérdidas de investidura (radicados
68001233300020250016800 y 68001233300020250013800) y el medio de control
de nulidad electoral de la referencia, los cuales se sustentan en la inhabilidad
consagrada en los artículos 40, 43 y 55 de la Ley 136 de 1994, con ocasión de las
decisiones adoptadas en la asamblea extraordinaria consignada en el Acta 422 del
28 de febrero de 2023, por las cuales la sociedad Transportes San Pablo S.A.
participó en el proceso de selección abreviada, subasta inversa, para prestar el
servicio de transporte fluvial escolar a la población estudiantil del sector educativo
oficial del Distrito de Barrancabermeja.

38. Advirtió que en el proceso 68001233300020250013800 hubo sentencia de
primera instancia el 25 de abril de 2025, en la cual se negaron las pretensiones de
la demanda, por lo que es claro que en el caso en estudio debe declararse la
excepción de cosa juzgada.

39. Sobre el proceso 68001233300020250016800 no indicó si había sentencia
definitiva.

1.4.3. Distrito de Barrancabermeja

40. Mediante apoderada, el distrito de Barrancabermeja, Santander, contestó la
demanda en los siguientes términos:

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41. Señaló que se oponía a las pretensiones del escrito inicial, puesto que, dentro
del material probatorio allegado, es posible constatar que el señor Andrés Miguel
Sarmiento Cortés ostentó durante los años 2022 y 2023 la calidad de accionista y
miembro suplente de la junta directiva de la sociedad Transportes San Pablo S.A.
conforme se registra en los certificados de existencia y representación y, que en
desarrollo de esa condición participó en la asamblea extraordinaria de la junta
directiva del 28 de febrero de 2023, en la cual se autorizó al representante legal de
la empresa a presentar una oferta en el proceso de selección abreviada, subasta
inversa para la prestación de los servicios de transporte fluvial a la población
estudiantil del Distrito de Barrancabermeja y, en caso de ser adjudicado, suscribir el
correspondiente negocio jurídico.

42. Explicó que, de las pruebas aportadas al proceso, se podía evidenciar que la
única participación que tuvo el demandado ocurrió respecto de esa reunión, sin que
se puede acreditar que desempeñó un rol determinante en materia contractual y,
mucho menos, inferirse que ejecutó actos de intervención ante la entidad contratista
con incidencia en las etapas precontractuales, contractuales o incluso en la
ejecución.

43. Precisó que no existen medios de convicción que permitan concluir que el
demandado se encuentra incurso en la inhabilidad alegada a partir de la
participación de miembros de su familia en la estructura de las sociedades
Transportadora San Pablo Limitada y Transportes San Pablo S.A.

44. Alegó que existe una falta de legitimación en la causa por pasiva si se tiene en
cuenta que ese ente territorial no tiene ninguna injerencia en el proceso electoral, el
llamamiento a ocupar curul o en la posesión de un concejal.

1.5. Actuación procesal en primera instancia

45. Mediante auto del 3 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo de Santander
admitió la demanda respecto de la pretensión dirigida a la declaratoria de nulidad el
acta de posesión número 3 del 6 de febrero de 2025, instaurada por el señor Luis
Fernando Gómez Hernández y se negó la solicitud de suspensión provisional de los
efectos del acto demandado4.

46. Adicionalmente, rechazó la demanda presentada respecto de «las demás
pretensiones de nulidad de los actos: i) Acta número 10 del 29 de junio de 2023,
suscrita por la Registraduría Especial del Distrito de Barrancabermeja, mediante la
cual se inscribió la candidatura del señor Sarmiento Cortés; ii) Acta E-26CO
mediante la cual se declaró la elección de los concejales de Barrancabermeja

4 Se consideró que no existían medios de prueba suficientes para encontrar probado el rol que

desempeñó el demandado en la celebración del contrato 1051-23 y la relación de consanguinidad
entre el demandado y los diferentes socios de las empresas que celebraron los contratos objeto de
la demanda.

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celebrada el 29 de octubre de 2023; y iii) el Acto de llamamiento para proveer la
curul vacante expedido por el Concejo Distrital de Barrancabermeja».

47. Con providencia del 24 de julio de 2025, se declaró que las excepciones
propuestas debían ser resueltas en la sentencia, toda vez que versaban sobre
aspectos sustanciales que deben ser objeto de valoración exclusiva de la sentencia.

48. El 31 de julio de 2025 se llevó a cabo la audiencia inicial, decretó las pruebas
solicitadas por las partes y fijó el litigio en los siguientes términos:

¿El señor Andrés Miguel Sarmiento Cortés en su condición de concejal del Distrito
Especial de Barrancabermeja designado por llamamiento a ocupar curul vacante,
incurrió en la causal de inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley
136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, al haber intervenido
presuntamente, en calidad de socio y directivo de la sociedad Trasportes San Pablo
S.A y en virtud del vínculo familiar y societario con la empresa Transportadora San
Pablo LTDA, en la celebración de contratos para la prestación del servicio de
transporte escolar con el Distrito Especial de Barrancabermeja dentro del año anterior
a la elección de concejales para el período 2024–2027, realizada el 29 de octubre de
2023?

49. Posteriormente, con auto del 8 de septiembre de 2025, el Tribunal
Administrativo de Santander declaró la terminación del proceso por agotamiento de
la jurisdicción al considerar que existía una conexión directa, estrecha y sustancial
con el trámite de pérdida de investidura con radicado 68001-23-33-000-2025-
00168-00, puesto que se presentaba identidad de partes, objeto y causa petendi.

50. Explicó que en ambos procesos funge como extremo pasivo el señor Andrés
Miguel Sarmiento Cortés, quien fue llamado a ocupar una curul en el Concejo de
Barrancabermeja para el periodo 2024 - 2027, el objeto es el mismo porque la
finalidad sustancial radica en «obtener la cancelación de la credencial de concejal»
y existía identidad material porque en estos expedientes se alega la ocurrencia de
la inhabilidad consagrada en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 por
el vínculo del demandado con la sociedad Transportes San Pablo S.A.

51. En virtud del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, esta
Sección5, con providencia del 2 de octubre de 2025, decidió revocar el auto del 8 de
septiembre de esa anualidad.

52. Explicó que la pérdida de investidura y la nulidad electoral tienen un objeto
disímil, toda vez que el primero comporta un juicio sancionatorio de responsabilidad
subjetiva y, en el segundo, tiene como propósito el estudio de legalidad del acto de
elección o de llamamiento a ocupar curul.

5 Radicado 68001233300020250011701 con ponencia del magistrado Omar Joaquín Barreto
Suárez.

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Radicación: 68001-23-33-000-2025-00117-02

53. Advirtió que la figura del agotamiento de la jurisdicción no tiene cabida dentro
del medio de control de nulidad electoral, por lo que no era procedente declarar la
terminación del proceso por esa causa.

54. Explicó que lo adecuado es continuar con el trámite del medio de control de
nulidad electoral y, en su debida oportunidad procesal, evaluar si existe cosa
juzgada en los términos del artículo 1 de la Ley 1881 de 2018.

55. En atención a lo anterior, el Tribunal Administrativo de Santander continuó con
el proceso de la referencia y llevó a cabo la audiencia de pruebas el 4 de noviembre
de 2025, en la cual recibió la declaración de parte y los testimonios decretados el
31 de julio de 2025.

1.6. Sentencia de primera instancia6

56. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante fallo del 20 de febrero de
2026, declaró de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
del distrito de Barrancabermeja7 porque el acto de llamamiento a ocupar curul fue
proferido por el Concejo Distrital.

57. Consideró que, en cuanto a la excepción de cosa juzgada, se configuran los
presupuestos de procedibilidad respecto del expediente
68001233300020250013800, en lo que respecta a la celebración del contrato
número 1051-23 del 22 de marzo de 2023, suscrito por Transportes San Pablo S.A.
puesto que existe una conexión directa, estrecha y sustancial entre el proceso de
pérdida de investidura y el de la referencia.

58. Explicó que existe identidad de partes, porque en ambos procesos el extremo
pasivo corresponde al ciudadano Andrés Miguel Sarmiento Cortés, quien fue
llamado a ocupar la curul como concejal del Distrito de Barrancabermeja durante el
periodo constitucional 2024-2027.

59. Señaló que se presenta la identidad de objeto porque, tanto en el medio de
control de nulidad electoral como en la pérdida de investidura se buscaba «la
cancelación de la credencial como concejal del distrito de Barrancabermeja», con
fundamento en la presunta configuración de la inhabilidad prevista en el numeral 3
del artículo 43 de la Ley 136 de 1994.

60. Indicó que, respecto de la identidad de causa petendi, los procesos 2025-00117-
00 y 2025-00138-00 comparten un núcleo fáctico sustancialmente coincidente en lo

6 La sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander tuvo un salvamento de voto del

magistrado Iván Mauricio Mendoza Saavedra.
7 Si bien, de acuerdo con el auto del 3 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo de Santander

ordenó notificar el auto admisorio de la demandada al Distrito Especial de Barrancabermeja, en esta
etapa procesal encontró que no tenía legitimación para comparecer al presente trámite.

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atinente a la suscripción del contrato número 1051-23 celebrado entre el Distrito de
Barrancabermeja y la sociedad Transportes San Pablo S.A., empresa en la cual el
señor Sarmiento Cortés es accionista con un porcentaje del 1.3% y miembro
suplente de la junta directiva.

61. Expuso que esta situación permitía considerar que existe una identidad de
materia en los elementos estructurales de la controversia jurídica, comoquiera que,
en ambos, se analiza la actuación del demandado, como presidente de la asamblea
extraordinaria de socios celebrada el 28 de febrero de 2023, en la cual se autorizó
al representante legal de la sociedad, quien además es su tío materno, para que
presentara una oferta dentro de un proceso de selección adelantado por el Distrito
Especial de Barrancabermeja y, en caso de ser seleccionado, firmara el contrato.

62. Sostuvo que en el expediente 68001233300020250013800, se profirió
sentencia de primera instancia el 28 de abril de 2025, decisión en la cual el Tribunal
Administrativo de Santander negó la pérdida de investidura del señor Sarmiento
Cortés, al considerarse que no se acreditó el elemento objetivo de la causal de
inhabilidad prevista en el artículo 43, numeral 3, de la Ley 136, modificado por el
artículo 40 de la Ley 617 de 2000, luego de haber intervenido en la gestión y
celebración, presuntamente y por interpuesta persona, del Contrato 1051 de 14 de
marzo de 2023, decisión que fue confirmada por la Sección Primera del Consejo de
Estado, con sentencia del 25 de octubre de 2025.

63. Declaró, bajo el análisis anterior, la cosa juzgada parcial en lo atinente a la
configuración de la causal de inhabilidad alegada en relación con la celebración del
Contrato 1051-23.

64. Precisó que, no obstante, el estudio de fondo continuaría en relación con los
hechos asociados a la celebración de los contratos 1403-23 y 1602-23, suscritos
por la sociedad Transportadora San Pablo Limitada dentro del periodo inhabilitante,
en atención a la estructura familiar y societaria que vincula a esa sociedad con la
empresa Transportes San Pablo S.A.

65. Puso de presente que en el proceso de pérdida de investidura
68001233300020250016800, en el cual se debatieron hechos y pretensiones
sustancialmente similares a los analizados en el presente trámite, relacionado con
la celebración de los contratos 1403-23 y 1602-23, a la fecha en que se profirió esta
decisión no existe sentencia ejecutoriada que permita encontrar configurada la cosa
juzgada material, puesto que la sentencia de primera instancia, dictada el 27 de
agosto de 2025, fue objeto del recurso de apelación, el cual se encuentra pendiente
de pronunciamiento por parte del Consejo de Estado.

66. Bajo ese contexto, sostuvo que se estudiaría la causal de inhabilidad prevista
en el artículo 43, numeral 3, de la Ley 136 de 1994, en relación con los contratos
1403-23 y 1602-23 suscritos por la empresa Transportadora San Pablo Limitada

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con especial énfasis en el análisis del control familiar y societario que existe entre
esa sociedad y Transportes San Pablo S.A., en cuanto esta conformación podría
reflejar una influencia dominante del conglomerado familiar en su condición de
contratista con el ente territorial en el periodo inhabilitante.

67. Explicó que, en relación con el elemento material u objeto de la inhabilidad, se
encuentra demostrado que la sociedad Transportadora San Pablo Limitada celebró
los contratos 1403-23 y 1602-23 con el Distrito Especial de Barrancabermeja.

68. Precisó que, respecto del elemento temporal, la conducta prohibida tuvo lugar
en el periodo comprendido entre el 29 de octubre de 2022 y el 29 de octubre de
2023, lapso que corresponde al año anterior a la elección de concejales realizada
el 29 de octubre de 2023. En efecto, los contratos objeto de análisis fueron suscritos
el 20 de abril de 2023 y 9 de mayo del mismo año, fechas que se ubican claramente
dentro del término inhabilitante previsto en la norma.

69. Añadió que el elemento territorial también se encontraba demostrado en el caso
en estudio, comoquiera que la relación contractual se desarrolló entre la empresa
Transportadora San Pablo Limitada y el Distrito Especial de Barrancabermeja,
circunscripción territorial en la cual el señor Andrés Miguel Sarmiento Cortés ejerce
el cargo de concejal.

70. Señaló que el elemento modal o de propósito también se encuentra acreditado,
toda vez que se probó que para los años 2022 y 2023 la sociedad Transportadora
San Pablo Limitada tuvo como gerente a la señora Luz Ena Cortés Angrita y como
gerente suplente a la señora Matilde Angarita Sánchez, sociedad con un capital de
$55.146.000, representado en 39 cuotas de $1.414.000 cada una.

71. Indicó que el acervo probatorio allegado permitió demostrar el parentesco entre
el señor Andrés Miguel Sarmiento Cortés con múltiples integrantes del grupo
societario, entre ellos, su madre, su abuela materna, tíos, primos y hermanos al
interior de las sociedades Transportes San Pablo S.A. y Transportadora San Pablo
Limitada.

72. Resaltó que la composición societaria de carácter familiar de la empresa
Transportes San Pablo S.A. representó el 52,41% del capital de esa persona jurídica
en el año 2022 y 53,72% en el año 2023, para el momento en el cual se celebraron
los contratos 1403-23 y 1602-23 con el Distrito de Barrancabermeja, cifras que
permiten inferir la existencia de un control mayoritario en cabeza de un mismo
núcleo familiar.

73. Advirtió que, aunque la sociedad informó que para el año 2023 el señor Andrés
Miguel Sarmiento Cortés no integraba la persona jurídica mencionada, dicha
información es contraria al contenido del Acta 43 del 18 de marzo de 2023, cuyo
valor probatorio es admisible por el tribunal porque informa que el demandado

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figuraba como accionista con una participación del 1.36% del capital social y
ostentaba la condición de miembro suplente de la junta directiva, circunstancias que
evidencian su vínculo efectivo a la estructura de la empresa durante el periodo
inhabilitante.

74. Consideró que, si bien el demandado no figura como socio directo en la
empresa Transportadora San Pablo Limitada, sí ostenta la calidad de accionista de
Transportes San Pablo S.A., persona jurídica que, a su vez, es socia dentro de la
primera. Esta interrelación societaria evidencia una comunidad de intereses
económicos y decisionales que trasciende la titularidad formal de las cuotas o
acciones y permite identificar un control familiar conjunto sobre estas.

75. Adicionó que a la sociedad Transportadora San Pablo Limitada, para el año
2023, pertenecían 5 de los miembros de la empresa Transportes San Pablo S.A. y,
por ende, la participación conjunta de estos familiares alcanza el 53,83%8 del capital
social, lo que le otorga al grupo familiar una posición mayoritaria y un control
conjunto sobre esta, con influencia suficiente en las decisiones relativas a la
celebración de contratos con entidades públicas.

76. Indicó que, además, en las declaraciones rendidas por el demandado y por la
señora Yadira Álvarez Niño, se reveló cómo la sociedad Transportes San Pablo S.A.
se ha posicionado como una empresa líder en el transporte fluvial a nivel nacional
y que las modificaciones en la composición accionaria se hicieron con posterioridad
al periodo inhabilitante.

77. Consideró que, ante las pruebas allegadas al proceso, era claro que ocurrió una
celebración indirecta de contratos que desequilibró la contienda electoral pese a
que la norma alegada como vulnerada, prevista en el numeral 3 del artículo 43 de
la Ley 136 de 1994, modificada por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, no exige
la demostración de un beneficio económico en la modalidad contractual, vale decir
que la causal se subsume aún bajo el supuesto de la inexistencia del provecho
patrimonial.

78. Precisó que la situación de control entre sociedades comerciales no se
circunscribe de manera exclusiva a la titularidad objetiva del capital social, al
ejercicio formal de la toma de decisiones ni a la existencia de vínculos de
subordinación contractual. Dicho concepto se extiende también a otros elementos,
entre los cuales adquiere especial relevancia el vínculo de consanguinidad o
afinidad existentes entre los accionistas, considerados de forma conjunta con sus
respectivas participaciones en el capital social, aspecto que este último otorga
relevancia al concepto control conjunto.

8 Esta cifra constituye el valor de las cuotas de participación de la sociedad Transportes San Pablo

S.A. y los miembros de la familia del demandado que también hacen parte de la sociedad limitada.

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79. Señaló que la concurrencia de relaciones familiares y la participación societaria,
que, en conjunto, supera el 50% del capital social, permite concluir la existencia de
un control conjunto efectivo y esta realidad revela una unidad de intereses y de
decisión suficiente para atribuir al grupo familiar una influencia dominante.

80. Sostuvo que, de lo expuesto y de las pruebas aportadas, la conformación
societaria de la Transportadora San Pablo Limitada refleja la existencia de un
conglomerado familiar del cual hacía parte el demandado, con más del 50% de las
cuotas de participación y, por ende, el señor Sarmiento Cortés ejerció una
modalidad de contratación indirecta, dado que es accionista de Transportes San
Pablo S.A., sociedad que posee cuatro cuotas de la sociedad limitada, lo que
equivale al 10,26% de la participación.

81. Concluyó que, en ese orden de ideas, está acreditada una concurrencia de
intereses económicos y familiares en las mencionadas sociedades que inciden de
manera directa en la capacidad de control y decisión del grupo familiar y, por tanto,
el poder de influencia debe analizarse desde la unidad del núcleo familiar y no de
forma individual o fragmentada respecto de cada socio.

82. Consideró que, entonces, respecto de los contratos 1403-23 y 1602-23 existen
pruebas suficientes para demostrar los elementos objetivo, temporal, territorial y
modal de la inhabilidad alegada. Este último evidenciado en el vínculo de
consanguinidad entre el demandado y los demás integrantes del grupo societario,
quienes de manera conjunta ostentaban la mayoría del capital social de las
empresas tantas veces mencionadas.

83. Añadió que, desde la perspectiva de la finalidad de la inhabilidad, la
configuración de esta responde a preservar la igualdad en la contienda electoral,
evitar asimetrías de poder derivadas de relaciones contractuales con el Estado y
garantizar el interés general y la transparencia en el ejercicio de la función pública.

84. En atención al análisis realizado declaró la nulidad del llamamiento a ocupar
curul del señor Andrés Miguel Sarmiento Cortés por encontrarse configurada la
causal de inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994,
modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, toda vez que se acreditó que
las sociedades Transportes San Pablo S.A. y Transportadora San Pablo Limitada
conforman un entramado familiar con unidad de intereses económicos y
decisionales. En efecto, el demandado tiene participación indirecta en la sociedad
contratante, el núcleo familiar supera el 50% del capital social de la empresa que
suscribió los contratos 1403-23 y 1602-23, lo que evidencia un control conjunto e
influencia dominante para la celebración de esos negocios jurídicos.

1.7. Recurso de apelación

85. Mediante escrito radicado el 4 de marzo de 2026, a través de apoderado judicial,

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el demandado interpuso el recurso de apelación correspondiente.

86. En su criterio, el Tribunal Administrativo de Santander no garantizó el postulado
del non bis in idem, consagrado en el artículo 1 de la Ley 1881 de 2015; existió una
indebida valoración probatoria con relación a su parentesco con los demás socios
o accionistas de las sociedades Transportes San Pablo S.A. y Transportadora San
Pablo Limitada y se dejó de analizar la carencia de control y/o influencia dominante
familiar en la sociedad Transportadora San Pablo Limitada para la celebración de
los contratos 1403-23 y 1602-23.

87. Señaló que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1881 de
2015, cuando una misma conducta ha dado lugar a una acción electoral y a una de
pérdida de investidura de forma simultánea, el primer fallo hará tránsito a cosa
juzgada sobre el otro proceso en todos los aspectos juzgados y, en este caso,
existen tres procesos por idénticos hechos que deben ser tenidos en cuenta para
declarar la cosa juzgada.

88. Explicó que los tres procesos se refieren a las inhabilidades consagradas en el
artículo 43 y en el numeral 2 del artículo 55, ambos de la Ley 136 de 1994,
numerales 1 y 3 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

89. Adujo que, en lo que respecta a la celebración de los contratos 1403-23 y 1602-
23, en donde se analizaron hechos y argumentos idénticos a los expuestos en este
proceso, ya existe una sentencia de la Sala Plena del Tribunal Administrativo del
Santander, en donde se negó la pérdida de investidura interpuesta en su contra.
Por tanto, se vulnera el principio non bis in idem.

90. Alegó que, en cuanto al fondo del estudio presentado por el tribunal de primera
instancia, sin identificar o asociar las pruebas incorporadas, se realiza una tabla en
la que se pretende dilucidar la composición accionaria de su familia para llegar a la
conclusión de que Transportes San Pablo S.A. ostenta cuotas en la sociedad
Transportes San Pablo Limitada y, por tanto, la participación conjunta de los
familiares más la de la sociedad anónima alcanza el 53,83% del capital de la
empresa que suscribió los contratos en estudio, lo que otorga a la familia una
posición mayoritaria y un control conjunto sobre la sociedad.

91. Al respecto, precisó que el análisis realizado por el juez a quo presenta unas
deficiencias metodológicas importantes sin tener en cuenta que cada persona
jurídica es autónoma, con patrimonio independiente e incluso, cada una de ellas
tiene socios en condiciones disímiles.

92. Enfatizó en que, en consecuencia, el porcentaje de participación en una
sociedad no puede ser jurídicamente trasladable a otra; por ello, sumar o comparar
porcentajes de una sociedad anónima y una limitada, sin distinguir su naturaleza,
implica desconocer la separación patrimonial y societaria.

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93. Explicó que, en ese orden de ideas, asumir que quien posee el 53,72% de una
sociedad anónima contra automáticamente el 100% de las cuotas que esa empresa
tiene en la limitada, no es acorde con la realidad, pues esto indicaría concretamente
que la familia, por tener el 53,72% en la empresa Transportes San Pablo S.A.,
controlaría el 10,26% total que esta tiene en la Transportadora San Pablo Limitada,
desconociendo los derechos del otro 46,28% de socios.

94. Expuso que, según los cálculos reales y concretos, el control efectivo de la
familia en las cuotas de la Transportadora San Pablo Limitada sería del 5,51% y no
del 10,26% que manifiesta el tribunal. Bajo ese criterio, el verdadero porcentaje de
su participación en la empresa mencionada es de 48,32% y, por tanto, el grupo no
representa el mayor porcentaje en el capital social.

95. Recordó que el Consejo de Estado, Sección Primera, en el expediente 76001-
23-31-000-2012- 00633-019 explicó que la sola calidad de socio de una persona
jurídica, cualquiera que sea la forma adoptada, no indica por sí misma que ostente
el control decisional, puesto que para ello se requiere que acredite la ocurrencia de
cualquier de las siguientes circunstancias:

(i) que el socio tenga una participación económica o monetaria en el capital social de
más del cincuenta por ciento (50%), (ii) que el socio tenga influencia dominante o
poder decisorio en los órganos de dirección, (iii) que el socio ostente el control
contractual, o (iv) que el socio tenga vínculos de consanguinidad o afinidad con los
demás miembros de la Corporación o sociedad y que dicho grupo represente un
mayor porcentaje en el capital social (…).

96. Precisó que el evento señalado en el cuarto caso, el cual fue el sustento de la
nulidad, más allá de ser una posición jurídica es contraria a la regla relacionada en
que las causales de inhabilidad deben ser aplicadas de manera estricta y restrictiva
al supuesto fáctico que la ley prevé.

97. Sostuvo que, por tanto, no puede afirmarse que cualquier persona con vínculo
de consanguinidad o afinidad, pueda ser considerado como parte de la familia, más
allá de que se compartan lazos de sangre y así lo ha entendido la Corte
Constitucional10.

98. Aclaró que, para el caso en estudio, no es dable afirmar que por el simple hecho
de compartir relaciones de consanguinidad, de manera automática se incumple con
el régimen de inhabilidad establecido, sin importar las diversas dinámicas de la
familia y más si se tienen en cuenta las declaraciones de los señores Juan Pablo
Cortés Angarita y Luz Ena Cortés, muchos de los socios no reconocen la existencia
de un vínculo entre ellos y, por ende, cada uno es independiente de decidir lo que
mejor se ajusta a sus intereses.

9 Providencia del 14 de abril de 2016, con ponencia del magistrado Guillermo Vargas Ayala.
10 Sin referirse a una providencia en particular

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99. Reiteró que la decisión de primera instancia pugna con el criterio restrictivo de
las causales inhabilitantes. A pesar de que sí existe una causal que consagra como
punto de partida el parentesco, es decir el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136
de 1994, la alegada como sustento del presente proceso es el numeral 3 del artículo
40 de la misma norma.

100. Solicitó entonces que debería revocarse la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander para en su lugar, declarar la cosa juzgada, pero en
todo caso, si se llegare a considerar viable proferir un fallo de fondo, deberán
negarse las pretensiones de la demanda, toda vez que la causal de inhabilidad
invocada es inexistente respecto de los presupuestos fácticos y probados que la
fundamentan.

1.8. Trámite en segunda instancia

101. Mediante auto del 14 de abril de 2026 se admitió el recurso de apelación y
se ordenó poner a disposición de la parte demandante el memorial del recurso y,
posteriormente, se corriera traslado a las partes para que presentaran sus alegatos
y al Ministerio Público para que rindiera su concepto.

1.9. Traslado del recurso de apelación

102. El demandante descorrió el traslado del recurso de apelación interpuesto por
el demandado.

103. Solicitó confirmar en todas sus partes la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, la cual declaró la nulidad del
llamamiento del señor Sarmiento Cortés como concejal del distrito de
Barrancabermeja.

104. Precisó que la controversia se centra en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley
136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, que prohíbe la
elección como concejal de quien, dentro del año anterior a la elección, haya
intervenido en la gestión de negocios o en la celebración de contratos con entidades
públicas en interés propio o de terceros, siempre que deba ejecutarse el negocio
jurídico en el respectivo municipio.

105. Alegó que no se vulneró el principio non bis in idem porque en el proceso 2025-
00168 no existe sentencia ejecutoriada, ya que se encuentra en trámite el recurso
de apelación ante el Consejo de Estado.

106. Explicó que, en la sentencia de primera instancia, se valoró en debida forma
el control societario y familiar a través de un ejercicio aritmético que permitió
determinar la participación accionaria.

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107. Expuso que la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia de
unificación del 5 de septiembre de 202411 y en providencias de la Sala Plena de esa
misma corporación12, se ha establecido que el control decisional no se limita a la
titularidad directa del 50% más 1 de las acciones por el candidato, sino que se
extiende a los vínculos de consanguinidad con los socios que, en conjunto,
representen la mayoría del capital y la influencia dominante indirecta, a través de
otras sociedades.

108. Señaló que en el plenario quedó demostrado que el señor Sarmiento Cortés
no es un socio aislado, que pertenece a un entramado familiar que controla el
53,83% de la sociedad contratista.

109. Advirtió que ignorar esta realidad económica bajo el pretexto de la autonomía
de las personas jurídicas sería permitir el fraude a la ley y la elusión del régimen de
inhabilidades mediante la interposición de sociedades controladas por el mismo
núcleo familiar.

110. Mencionó que la tesis del recurrente sobre que no debe considerarse familia a
un pariente en grados lejanos contradice el espíritu de la norma sobre inhabilidades,
la cual busca evitar que el candidato utilice la posición, o la de sus allegados, para
obtener ventajas competitivas. En este caso, la madre del demandado es la gerente
de la sociedad contratista, lo cual establece un interés de terceros dentro del periodo
inhabilitante.

111. Concluyó que, el juez de primera instancia realizó un adecuado análisis
probatorio y encontró acreditado que los contratos 1403-23 y 1602-23 fueron
suscritos con el distrito de Barrancabermeja e, igualmente, ejecutados con este ente
territorial, dentro del periodo inhabilitante y que la sociedad contratista es controlada
por el núcleo familiar del demandado, con participación de este en las estructuras
directivas del grupo empresarial.

1.10. Alegatos de conclusión

112. En el término correspondiente, solo el demandante se pronunció.

113. Parafraseó la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander y señaló que
en el caso en estudio se encuentran debidamente acreditados los elementos
objetivo y subjetivo de la inhabilidad por intervención en la celebración de contratos
con entidades públicas, consagrada en el artículo 43, numeral 3, de la Ley 136 de
1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

114. Explicó que el concejal Andrés Miguel Sarmiento Cortés, al participar
activamente en la autorización de una oferta para una empresa familiar que

11 Expediente 47001233300020240006101.
12 Las cuales no referencia

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posteriormente contrató con la Alcaldía de Barrancabermeja, dentro del año anterior
a las elecciones y para ser ejecutado en el mismo distrito, actuó con un claro interés
propio y de terceros.

115. Solicitó, por tanto, que se confirme la nulidad del acto de elección del
demandado.

1.11. Concepto del Ministerio Público

116. La procuradora séptima delegada ante esta corporación rindió concepto en
este asunto en los siguientes términos:

117. Sobre los argumentos del recurso de apelación, señaló que, en el proceso de
nulidad electoral, no se realiza un juicio de responsabilidad al demandado, dado que
«el juez solo debe confrontar la disposición que se dice vulnerada con el acto de
elección o designación, para determinar si el mismo se aviene o no a los supuestos
exigidos por la disposición que se dice desconocida».

118. Sostuvo que, por otra parte, la pérdida de investidura se constituye en una
acción pública que comporta un juicio de naturaleza ética con carácter judicial
sancionatorio, cuyo propósito es proteger la dignidad del cargo que ocupan los
integrantes de los cuerpos colegiados y permite imponer como sanción, en el caso
de los concejales, la desvinculación de estos de su cargo de elección popular, si
este llega a incurrir en alguna de las causales consagradas en el ordenamiento.

119. Expuso que, pese a que sobre una persona pueden recaer procesos de
nulidad electoral, pérdida de investidura e incluso, un proceso penal o disciplinario,
cada uno de ellos es autónomo en tanto tiene objetos diferentes. Se trata de
procesos de naturaleza disímil, razón por la que al juez electoral no le corresponde
establecer si la inhabilidad fue probada en un proceso distinto a este, a menos que
el mismo se trate de uno de perdida de investidura que haya sido ejecutoriado.

120. Recalcó que en la decisión de pérdida de investidura dentro del radicado
68001233300020250016800 no ha cobrado ejecutoria, porque está pendiente por
resolverse el recurso de apelación.

121. En relación con la indebida valoración probatoria, respecto del parentesco del
demandado con los demás accionistas de las sociedades Transportes San Pablo
S.A. y Transportadora San Pablo Ltda., recordó que las inhabilidades son de
interpretación restrictiva y, por tanto, no son susceptibles de aplicaciones extensivas
o analógicas.

122. Consideró que, contrario a lo expuesto por el Tribunal Administrativo de
Santander, al momento de analizarse la materialización de la inhabilidad deben
observarse imperativamente los verbos rectores empleados por el legislador desde

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un criterio restrictivo de interpretación.

123. Estimó que la configuración de la inhabilidad propuesta por el tribunal de
primera instancia no se ajusta a la exégesis de la norma, ni a la línea jurisprudencial
trazada por la Sección Electoral.

124. Sostuvo que la causal de inhabilidad por celebración de contratos, de
conformidad con la postura de la Sección Quinta del Consejo de Estado13, requiere
de la concurrencia total de los elementos temporal, material, territorial y subjetivo,
lo que, en su criterio, en el caso en estudio no ocurre porque se adolece de la
materialización del elemento objetivo, esto es, «intervenir en la celebración de
contratos con entidades públicas de cualquier nivel».

125. Precisó que el señor Sarmiento Cortés no figura como socio directo de la
sociedad Transportadora San Pablo Ltda., quien en el presente caso celebró los
contratos de los que se deriva la demanda en estudio. Sin embargo, el análisis del
caso por las razones expuestas debe limitarse a determinar esa circunstancia.

126. Mencionó que, revisado el material probatorio allegado, se establece que los
contratos 1403-23 y 1602-23 fueron suscritos por la señora Luz Ena Cortés
Angarita, representante legal de la sociedad Transportadora San Pablo Ltda., por lo
que el cargo en estudio no está llamado a prosperar.

127. Concluyó que la sentencia apelada debe ser revocada, puesto que le asiste
razón al recurrente, toda vez que, de las pruebas allegadas al proceso, no se logra
establecer la incursión del demandado en la inhabilidad prescrita en el artículo 43
de la Ley 136 de 1994, modificada por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, al no
reunir los criterios establecidos en la norma que se alega como desconocida.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

128. La Sala es competente para resolver el recurso de apelación presentado
contra la sentencia con la cual el Tribunal Administrativo de Santander que declaró
la cosa juzgada parcial y la nulidad del llamamiento a ocupar curul del señor Andrés
Miguel Sarmiento Cortés en el Concejo del Distrito de Barrancabermeja para el
período 2024 - 2027, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15014, 152

13 Referenció las providencias del 30 de mayo de 2019, con ponencia del magistrado Alberto Yepes

Barreiro, del 3 de septiembre de 2020, con ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio,
del 6 de mayo de 2021 y 23 de mayo de 2024, con ponencias de los magistrados Luis Alberto Álvarez
Parra y Gloria María Gómez Montoya. Además, citó la providencia del 6 de mayo de 2021, con
ponencia de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
14 «Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.

El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de

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numeral 7, literal a),15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, modificado
por el Acuerdo 434 de 2024, de la Sala Plena de esta Corporación16.

2. Cuestión previa

129. En el expediente no obra el acto mediante el cual el Concejo Distrital de
Barrancabermeja hizo el correspondiente llamado a ocupar curul al señor Andrés
Miguel Sarmiento Cortés.

130. El demandante allegó la Resolución 2 del 20 de enero de 2025, en la que se
declaró la vacancia absoluta por la causal de pérdida de investidura del señor Iván
Jesús Serrano Miranda y se ordenó oficiar a la Registraduría Especial Municipal del
Estado Civil de Barrancabermeja con el fin determinar quién le seguía en orden de
inscripción o votación al señor Serrano Miranda y el Acta 3 del 6 de febrero de 2025,
mediante la cual el presidente del concejo distrital tomó posesión del cargo de
concejal al señor Andrés Miguel Sarmiento Cortés.

131. Previo a la admisión de la demanda, el Tribunal Administrativo de Santander
requirió al Concejo Distrital de Barrancabermeja para que allegara el acto por medio
del cual se llamó al demandado a ocupar la curul que dejó vacante el señor Serrano
Miranda y, al responder esta solicitud, el presidente de la corporación distrital señaló
que se tuviera como acto de llamamiento el acta de posesión, esto con base en una
sentencia dictada por el Consejo de Estado Sección Quinta en el proceso
08001233300020213008820117.

132. Mediante auto del 3 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo de Santander
señaló que, de acuerdo con lo manifestado por el Concejo Distrital de
Barrancabermeja el acto de llamamiento a ocupar curul «no existe» y que esa

las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación (…)»”
15«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales

Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 7.a. De la nulidad
del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las
asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes
municipales y distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los municipios y
distritos, de los miembros de los consejos superiores de las universidades públicas de cualquier
orden, y de miembros de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales.
Igualmente, de la nulidad de las demás elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de
jueces de paz y jueces de reconsideración (…)». (Subrayado fuera del texto original)
16 Artículo 13. Distribución De Los Procesos Entre Las Secciones. Para efectos de repartimiento, los

asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones
atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
Sección Quinta:
(…)
1. La acción de nulidad electoral contra los actos de elección por voto popular o por cuerpos
electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades
públicas, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en la ley. Igualmente, la nulidad de
los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas.
17 Sentencia del 19 de junio de 2014, con ponencia de la magistrada Susana Buitrago Valencia.

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condición se materializó en el Acta de Posesión 3 del 6 de febrero de 2025, sobre
el cual recaería la legalidad del medio de control de nulidad electoral.

133. Al revisar los documentos allegados por el Concejo de Barrancabermeja se
puede constatar que mediante Resolución 002 del 20 de enero de 2025, la mesa
directiva de la corporación declaró la vacancia absoluta, por la sentencia de pérdida
de investidura de del señor Iván Jesús Serrano Miranda y, mediante mensaje de
datos enviado por la Registraduría Especial Municipal se informó la votación
obtenida por cada uno de los candidatos del GSC Energía Nueva.

134. Además, se aportó el Acta número 3 de 2025, en la cual se precisó que, el 6
de febrero de 2025, se presentaba el señor Andrés Miguel Sarmiento Cortés con el
fin de tomar posesión del cargo de concejal de Barrancabermeja por Energía Nueva,
con ocasión del llamado que le hiciera el concejo para ocupar el cargo vacante.

135. Después del anterior recuento, la Sala considera necesario advertir que, si
bien, el acto de llamamiento es por medio del cual la entidad le informa al que sigue
en orden de inscripción o de votación, de forma sucesiva y descendente, que existe
una vacante y es el convocado a ocuparla, en este caso, tanto el concejo como el
tribunal de primera instancia consideraron que, en este caso, se trataba del acto de
posesión.

136. Sin embargo, lo cierto es que lo que se presentó fue un conjunto de actos que
permitieron evidenciar la existencia de la vacancia, identificar quien era el que debía
ser llamado y la correspondiente posesión.

137. De acuerdo con lo señalado por esta corporación18, el acto de llamamiento es
aquel que habilita al ciudadano a posesionarse y a ejercer un cargo de elección
popular.

2. Problema jurídico

138. Con base en los argumentos presentados en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala establecer si hay lugar a revocar, modificar o confirmar la
sentencia del 20 de febrero de 2026, a través de la cual el Tribunal Administrativo
de Santander decidió:

Primero. Declarar probada de oficio la excepción de «falta de legitimación en la causa
por pasiva» respecto del Distrito Especial de Barrancabermeja.

Segundo. Declarar probada la cosa juzgada parcial en lo atinente a la configuración
objetiva de la causal de inhabilidad alegada respecto de la celebración del contrato
núm. 1051-23 por parte de la empresa Transportes San Pablo S.A., con ocasión de
la decisión definitiva proferida dentro del proceso de pérdida de investidura radicado

18 Sentencia del 25 de septiembre de 2025, expediente 11001032800020250004100, con ponencia

del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez.

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núm. 680012333000-2025-00138-00, de conformidad con las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

Tercero. Declarar no probada la excepción innominada de «inexistencia de
intervención en la gestión de negocios con el Distrito de Barrancabermeja» propuesta
por el señor Andrés Miguel Sarmiento Cortés, con fundamento en los argumentos
señalados en la parte considerativa.

Cuarto. Declarar la nulidad del acto de elección, en condición de llamado, del señor
Andrés Miguel Sarmiento Cortés como concejal del Distrito Especial de
Barrancabermeja, contenido en el acto del 6 de febrero de 2025, por encontrarse
configurada la causal de inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley
136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, en atención a los
argumentos desarrollado en la parte considerativa.

Quinto. No condenar en costas en esta instancia.

139. Para el efecto, se deberá determinar, de acuerdo con lo expuesto por el
recurrente, si debe declararse la cosa juzgada también respecto de los contratos
1403-23 y 1602-23 suscritos por la sociedad Transportadora San Pablo Ltda. y el
Distrito de Barrancabermeja, los cuales fueron objeto de estudio en un proceso de
pérdida de investidura con radicado 68001233300020250013800.

140. En caso de encontrarse que no existe cosa juzgada respecto de los contratos
1403-23 y 1602-23, deberá analizarse si se encuentran debidamente acreditados
los elementos que componen la inhabilidad consagrada en el numeral 3 del artículo
43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

141. Bajo este derrotero, la Sala resolverá el recurso de apelación en los siguientes
términos:

3. Cosa juzgada

142. El artículo 1 de la Ley 1881 de 2018, modificado por el artículo 4 de la Ley
2003 de 2019, establece:

ARTÍCULO 1o. El proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de
responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en contra de los congresistas que,
con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las
causales de pérdida de investidura establecidas en la Constitución.

Se observará el principio del debido proceso conforme al artículo 29 de la Constitución
Política.

PARÁGRAFO. Se garantizará el non bis in idem. Cuando una misma conducta
haya dado lugar a una acción electoral y a una pérdida de investidura de forma
simultánea, el primer fallo hará tránsito a cosa juzgada sobre el otro proceso en
todos los aspectos juzgados, excepto en relación con la culpabilidad del

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Congresista, cuyo juicio es exclusivo del proceso de pérdida de investidura.

En todo caso, la declaratoria de pérdida de investidura hará tránsito a cosa
juzgada respecto del proceso de nulidad electoral en cuanto a la configuración
objetiva de la causal.

143. La norma transcrita consagra el principio del non bis in idem como el derecho
del demandado, en asuntos electorales y de pérdida de investidura, a no ser juzgado
de manera simultánea por la misma conducta. Por tanto, la primera decisión en firme
que se profiera en uno o en otro de los medios de control, hará tránsito a cosa
juzgada.

144. Por su parte, la cosa juzgada ha sido entendida por esta sección19 como un
atributo reconocido por el ordenamiento jurídico a las sentencias ejecutoriadas en
virtud del cual se considera que tienen características de inmutables, vinculantes y
definitivas, esto es, que: i) no pueden ser modificadas, ni siquiera por el mismo juez
que las profirió; ii) son de obligatorio cumplimiento y iii) lo decidido no puede ser
discutido nuevamente en sede jurisdiccional.

145. El artículo 303 del Código General del Proceso, norma aplicable por la
remisión expresa de los artículos 296 y 306 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece:

ARTÍCULO 303. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso
contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre
el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos
haya identidad jurídica de partes.

Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son
sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes
suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si
se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.

En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que
comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en
relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.

La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión.

146. La Sala considera necesario aclarar que el Tribunal Administrativo de
Santander declaró probada la cosa juzgada parcial en lo relacionado con la
inhabilidad alegada frente a la celebración del contrato 1051-23 por parte de la

19 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 27 de julio de 2023, rad. 11001-03-28-000-

2022-00186-00, magistrado ponente Luis Alberto Álvarez Parra, tesis reiterada en la sentencia del
14 marzo de 2024, radicado 25000-23-41-000-2023-00229-01, con ponencia del magistrado Omar
Joaquín Barreto Suárez.

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empresa Transportes San Pablo S.A. puesto que existe una decisión definitiva
dentro del proceso de pérdida de investidura con el radicado
68001233300020250013800/01, en que se estudiaron circunstancias similares a las
que deberían analizarse en este medio de control de nulidad electoral.

147. En lo relacionado con la suscripción de los contratos 1403-23 y 1602-23 entre
la sociedad Transportadora San Pablo Ltda. y el Distrito de Barrancabermeja, contra
el señor Sarmiento Cortés se interpusieron dos procesos, uno de nulidad electoral,
y otro de pérdida de investidura, por la presunta ocurrencia de la inhabilidad
consagrada en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por
la Ley 617 de 2000.

148. El Tribunal Administrativo de Santander, en la sentencia del 20 de febrero de
2026, señaló que, en el proceso de pérdida de investidura identificado con el
radicado 680012333000202500168, se debatieron unos hechos y pretensiones
sustancialmente similares a los analizados en el presente trámite, pero que, al
momento de dictarse esa providencia, no se había proferido el fallo de segunda
instancia.

149. El demandado, en el recurso de apelación, señaló que ya existe una decisión
proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Santander, en la cual se
negaron las pretensiones de la demanda de pérdida de investidura, decisión que
fue suscrita por quienes integran la sala que decidió declarar la nulidad del acto de
llamamiento que se recurre.

150. Al consultar el Sistema de Gestión Documental de la Rama Judicial SAMAI,
en el proceso 680012333000202500168, el 27 de agosto de 2025 se dictó sentencia
de primera instancia dentro trámite de pérdida de investidura presentada contra el
llamamiento a ocupar la curul de concejal de Barrancabermeja del señor Andrés
Miguel Sarmiento Cortés por los contratos 1051-23 del 22 de marzo de 2023, 1403-
23 el 20 de abril de 2023 y 1602-23 del 9 de mayo de 2025, suscritos por las
sociedades Transportes San Pablo S.A. y Transportadora San Palbo Ltda. con el
Distrito de Barrancabermeja.

151. Se alegó que el demandado incurrió en la inhabilidad consagrada en el artículo
43, numeral 3, de la Ley 136 de 1994, modificado por la Ley 617 de 2000, por cuanto
participó en la celebración de esos contratos e intervino en la gestión de negocios.

152. En la providencia, el Tribunal Administrativo de Santander negó la solicitud de
pérdida de investidura formulada porque «el demandado no celebró ni suscribió los
contratos 1602-23 y 1403-23 con el Distrito de Barrancabermeja dentro del año
anterior a su elección como concejal, ni intervino en la gestión de negocios con dicho
ente territorial dentro del mismo periodo – con independencia de que su resultado
haya sido exitoso o no -.

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153. Contra esa decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el
cual se encuentra en trámite en la Sección Primera del Consejo de Estado20.

154. Debe recordarse que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 302 del
Código General del Proceso21, las providencias quedan ejecutoriadas cuando,
después de notificadas, contra ellas no procede recursos o, cuando vencido ese
término, no se interpusieron o cuando queda ejecutoriada la providencia que los
resuelva.

155. En este orden de ideas, en el caso en estudio, no se encuentra debidamente
ejecutoriada la providencia proferida el 27 de agosto de 2025 y, en consecuencia,
no es posible declarar la cosa juzgada.

4. Inhabilidad consagrada en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994,
modificado por el numeral 3 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000

156. La parte demandante alegó que los elementos de la causal de inhabilidad
invocada se encontraban acreditados porque el señor Andrés Miguel Sarmiento
Cortés es miembro, con voz y voto, de la sociedad Transportes San Pablo S.A., la
cual participó en un proceso de selección abreviado, subasta inversa, para la
prestación de un servicio de transporte fluvial escolar a la población estudiantil del
Distrito de Barrancabermeja, esto de conformidad con lo autorizado por la junta
directiva en sesión del 23 de febrero de 2023, en la cual el demandado emitió su
voto al ser parte del órgano societario.

157. Precisó que la sociedad Transportes San Pablo S.A. celebró el contrato 1051-
23 del 3 de marzo de 2023 con la Secretaría Distrital de Barrancabermeja.

158. Expuso que, igualmente, la sociedad Transportadora San Pablo Ltda.,
representada por la señora Luz Ena Cortés Angarita, madre del demandado,
suscribió los contratos 1403-23 del 20 de abril y 1602-23 del 9 de mayo, ambos de
2025, con las secretarías del Riesgo y de Agricultura y Pesca Rural del mismo ente
territorial.

159. Explicó que estos contratos fueron suscritos dentro periodo inhabilitante, esto
es, entre el 29 de octubre de 2022 y el 29 de octubre de 2023, fecha en la cual se
celebraron las elecciones en la que participó el señor Sarmiento Cortés y en virtud
de las cuales, luego, fue llamado a ocupar la curul en el Concejo Distrital de
Barrancabermeja.

20 En el despacho del magistrado Carlos Fernando Mantilla Navarro.
21 Artículo 302. Ejecutoria. Las providencias proferidas (…) proferidas por fuera de audiencia quedan

ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los
términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada
la providencia que resuelva los interpuestos.

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160. Sostuvo que la celebración de los contratos se realizó en interés propio y de
terceros, porque fue en favor de la sociedad Transportes San Pablo S.A. de la cual
hace parte, sino también en beneficio de la sociedad Transportadora San Pablo
Ltda. de la cual uno de los socios es la empresa Transportes San Pablo S.A. y otros
son los familiares del demandado.

161. En la sentencia de primera instancia se precisó que en relación con el contrato
1051-23 celebrado por la sociedad Transportes San Pablo S.A. no había lugar a
realizar ningún pronunciamiento porque se había presentado la figura de la cosa
juzgada.

162. Sin embargo, en relación con los negocios jurídicos 1403-23 y 1602-23, el juez
de primera instancia sí se pronunció y halló demostrados los elementos de la
inhabilidad.

163. Encontró acreditado que la sociedad Transportadora San Pablo Ltda. suscribió
los contratos en mención con el Distrito de Barrancabermeja dentro del periodo
inhabilitante, por lo que el elemento material u objetivo estaría constatado.

164. En relación con el elemento modal o de propósito, señaló que la sociedad
Transportes San Pablo S.A. cuenta con un control mayoritario en cabeza del núcleo
familiar del señor Sarmiento Cortés y que, si bien el demandado no es socio de la
empresa Transportadora San Pablo Ltda., sí ostenta esa calidad en la sociedad
anónima ya mencionada.

165. Además, resaltó que Transportes San Pablo S.A., es socia de la empresa
Transportadora San Pablo Ltda., relación societaria que, a su juicio, evidencia una
comunidad de intereses económicos y decisionales que trascienden la titularidad
formal de las cuotas o acciones y permiten identificar un control familiar conjunto
sobre ambas personas jurídicas.

166. Consideró que existe una concurrencia de intereses económicos y familiares
en las mencionadas sociedades que inciden de manera directa en la capacidad de
control y decisión del grupo familiar y, en consecuencia, el poder de influencia debe
analizarse desde la unidad del núcleo familiar y no de forma individual o
fragmentada respecto de cada socio.

167. En virtud del análisis de las cuotas de participación de los socios en las dos
empresas y de las relaciones de consanguinidad que se demostraron entre los
accionistas y el demandado, se concluyó que la configuración de la causal alegada
en la demanda se encontraba probada.

168. Al respecto, la parte demandada, en el recurso de apelación, precisó que en
la sentencia de primera instancia no se tuvo en cuenta el criterio restrictivo de la
causal de inhabilidad alegada, puesto que el tribunal realizó una interpretación
abierta y universal de la norma alegada como vulnerada e hizo una valoración

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subjetiva de las relaciones de consanguinidad entre los socios de las personas
jurídicas mencionadas, para concluir que existía una condición de dominio sobre
estas.

169. Para resolver el recurso de apelación, la Sala considera necesario tener en
cuenta lo siguiente:

4.1. Generalidades de las inhabilidades

170. Según lo señalado por la jurisprudencia de la Sección Quinta22, los derechos
fundamentales a elegir y ser elegido y de acceso al desempeño de funciones y
cargos públicos, previstos en el artículo 40 de la Constitución Política, no tienen el
carácter de absolutos, de manera que la propia norma constitucional y la ley prevén
unas restricciones al ejercicio de tales prerrogativas, con el fin de garantizar el
interés general, la igualdad y el ejercicio eficiente de la función pública, como ocurre
tratándose de las inhabilidades para ocupar cargos de elección popular.

171. La Corte Constitucional ha justificado la institución del régimen de
inhabilidades porque busca «impedir o limitar el ejercicio de la función pública a los
ciudadanos que no ostentan las condiciones y cualidades que han sido estatuidas
para asegurar la idoneidad y probidad del que aspira a ingresar o está
desempeñando un cargo público»23.

172. En similar sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado ha entendido, respecto de las restricciones a los derechos políticos, que
«el desarrollo indigno del poder, la influencia negativa de la posición, el privilegio
indebido con olvido del interés público, de la legalidad, de la buena administración,
del patrimonio público y de la probidad en las actuaciones, constituyen, sin duda,
razones para establecer restricciones a la libertad y a los derechos de los sujetos
en el ámbito del derecho público, tendientes a evitar la vinculación a la función
pública o el ejercicio de esta en las diferentes ramas del Poder Público, de personas
cuya conducta o situación pueda ser lesiva a esos intereses, principios y valores»24.

173. Por ello, cada cargo de elección tiene previsto un régimen de inhabilidades
con un listado de las actuaciones que no pueden realizarse durante un plazo
determinado, anterior a la inscripción o elección, según el caso, so pena de impedir
la aspiración política.

22 Sobre el particular ver entre otros: auto de 4 de mayo de 2017 Rad. 11001-03-28-000-2017-00011-

00, M.P. Rocío Araujo Oñate, auto de 30 de junio de 2016, Rad. 85001-23-33-000-2016-00063-01
Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; auto de 25 de abril de 2016 Rad 11001-03-28-000-2015-
00005-00 M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; auto de 4 de febrero de 2016 Rad. 1001-03-28-000-
2015-00048-00 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; auto de 21 de abril de 2016, Rad. 11001-
03-28-000-2016-00023-00 M.P. Rocío Araujo Oñate, tesis reiterada en la sentencia del 8 de mayo
de 2025, Rad. 68001-23-33-000-2023-00799-01 M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez.
23 Sentencia C-064 de 2003.
24 Sentencia de 21 de abril de 2009, Rad. 2007-0058.

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174. Las inhabilidades están instituidas como condiciones especiales que pueden
recaer sobre una persona y que tienen como único fin que quienes accedan o estén
en la función pública, desempeñen el cargo bajo criterios de igualdad, eficiencia,
moralidad e imparcialidad, con lo cual se garantiza la prevalencia de los intereses
generales sobre los personales25.

175. En este sentido, las diferentes circunstancias que configuran una inhabilidad
examinan la órbita personal del candidato o servidor en ejercicio, de manera que
analizan los antecedentes personales, las relaciones familiares, el ejercicio
profesional y las diferentes actividades lucrativas del interesado26.

176. En consecuencia, establecer inhabilidades implica una restricción al derecho
de acceso a los cargos públicos y, por esto, la Constitución Política dispuso que el
desarrollo de su régimen contiene una cláusula de reserva legal, por lo que el único
facultado para estructurar las circunstancias especiales que limita el derecho
mencionado es el legislador.

177. Esto, lleva consigo que su interpretación sea restrictiva y exija que el juzgador,
al momento de determinar la ocurrencia o no de la inhabilidad, limite su análisis de
los verbos rectores empleados por el legislador, a las situaciones de orden jurídico
que la originan y su plena prueba, así como los límites de orden temporal, espacial
y las calidades respecto de quienes se predican27.

4.2. Elementos que estructura la causal de inhabilidad del artículo 43.3 de la
Ley 136 de 1994, modificado por la Ley 617 de 2000

178. La norma mencionada establece las inhabilidades en las que incurren quienes
aspiren a ser concejales, en los siguientes términos:

Artículo 43. Inhabilidades. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal
municipal o distrital:

(…)

3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de
negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración
de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de
terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo
municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante
legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades

25 Corte Constitucional. Sentencia C-564 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell. Ver también
sentencias C-558 de 1994 M.P. Carlos Gaviria Díaz, Sentencia C-483 de 1998 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
26 Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 14 de noviembre de 2024, dentro del

expediente 41001233300020230042401, con ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra.
27 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 22 de abril de 2021, expediente

15001233300020200012001 con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate

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que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen
subsidiado en el respectivo municipio o distrito. (Negrillas fuera de texto).

179. El numeral transcrito contempla tres inhabilidades aplicables para aquellos que
aspiren ser concejales. No podrán ser elegidos o inscribirse quienes, dentro del año
anterior a la elección hayan: i) intervenido en la gestión de negocios ante entidades
públicas del nivel municipal o distrital; ii) intervenido en la celebración de contratos
con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros y iii)
representado legalmente entidades que administraban tributos, tasas y
contribuciones o de entidades que presenten servicios públicos domiciliarios o de
seguridad social.

180. Si bien, la norma contempla dos causales autónomas que apuntan a un
propósito común, esto es, la intervención en la gestión de negocios y la celebración
de contratos, se distinguen en cuanto a la conducta que las configura.

181. Sin embargo, en el caso en estudio la sentencia analizó la inhabilidad por
celebración de contratos, por lo que el estudio de la Sala se centrará en esta.
4.2.1. Celebración de contratos

182. Esta inhabilidad está dirigida a preservar la igualdad entre los candidatos, bajo
el supuesto de que ha existido un vínculo contractual con el Estado y potencialmente
ventajoso, situación que, sin duda, genera un desequilibro para acceder al cargo de
elección popular.

183. La Sala ha reiterado que los elementos que configuran la inhabilidad por
celebración de contratos son los siguientes28:

• Elemento objetivo: Que la persona haya celebrado por sí o por interpuesta
persona contrato de cualquier naturaleza con entidades públicas u organismos
del sector central o descentralizado de cualquier nivel administrativo.

• Elemento temporal: Que el contrato se celebre durante el año anterior a la
elección del (a) concejal.

• Elemento territorial: Que el contrato deba ejecutarse o cumplirse en el
respectivo municipio para el cual resulte elegido.

• Elemento subjetivo: Interés propio o de terceros.

28Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
sentencia del 21 de enero de 2021, rad. 2020-00013; sentencia de 3 de septiembre de 2020, rad.
2020-00010; sentencia de 11 de abril de 2019, Rad. 2018-00080; sentencia del 14 de noviembre de
2024, Rad. 41001-23-33-000-2023-00424-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; providencia del 8 de
mayo de 2025, M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez.

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184. Resulta relevante anotar que estos elementos deben estar probados de
manera concurrente para que se configure la inhabilidad. Además, que en el
elemento subjetivo se debe acreditar que la suscripción del contrato estatal reportó
un beneficio patrimonial o extrapatrimonial en favor del candidato o de un tercero29.

185. De acuerdo con la jurisprudencia vigente, la cual constituye antecedente para
resolver el caso concreto, la conducta que materializa la inhabilidad objeto de
estudio es la celebración de contratos. Se ha entendido que aquella se configura
con la celebración efectiva del respectivo negocio jurídico, con una entidad estatal,
dentro del lapso establecido en la norma, independientemente del momento de su
ejecución o liquidación30.

186. Al descender al caso concreto, se estudiarán los elementos de la inhabilidad
para determinar si estos se encuentran acreditados y, por tanto, la sentencia de
primera instancia deberá ser confirmada o si, por el contrario, no están
demostrados, lo que llevaría consigo la revocatoria de la decisión apelada.
187. No está en discusión que la sociedad Transportadora San Pablo Ltda., a través
de su representante legal, celebró los contratos 1402-2331 y 1603-2332 con el Distrito
de Barrancabermeja para la prestación del servicio de transporte fluvial.

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia de 11 de

julio de 2024, radicación 05001-23-33-000-2024-00012-01. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
30 Así lo ha sostenido la Sección Quinta del Consejo de Estado, tal como quedó consignado en la

sentencia del 14 de noviembre de 2024, con ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra.
31 Para el fortalecimiento de los procesos de desarrollo rural en el marco del proyecto de

fortalecimiento de los procesos de extensión agropecuaria y asistencia técnica a pescadores
artesanales y productores agropecuarios
32 para la atención, prevención y traslado de ayudas humanitarias a las veredas y/o corregimientos

de acceso vial fluvial vulneradas por situaciones de emergencia

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188. Se tiene que estos negocios jurídicos fueron suscritos los días 20 de abril y
9 de mayo de 2023, esto es, dentro del periodo inhabilitante que corresponde a los
12 meses anteriores al día de la elección, el cual, para el caso en estudio, fue desde
el 29 de octubre de 2022 al 29 de octubre de 2023.

189. Lo que está en discusión es el elemento material u objetivo, puesto que el
Tribunal Administrativo de Santander, en primera instancia, consideró que este se
encontraba acreditado porque se encontró probada la suscripción de los negocios
jurídicos 1403-23 y 1602-23, textualmente señaló:

En ese contexto, en relación con el elemento material u objetivo, la Sala constata, sin
lugar a elucubración alguna, que la sociedad Transportadora San Pablo Ltda celebró
los contratos núm. 1403-23 y 1602-23 con el Distrito Especial de Barrancabermeja,
destinados a la prestación del servicio de transporte escolar, circunstancia que se
encuentra plenamente acreditada con los registros del SECOP allegados al plenario,
correspondientes a los procesos licitatorios adelantados por la entidad territorial.

190. Tal y como quedó consignado en esta providencia, el elemento material u
objetivo requiere que esté demostrado que el demandado intervino en la celebración
del contrato con la entidad pública.

191. Al revisar las pruebas aportadas al proceso, la Sala evidencia que, para los
años 2022 y 2023, la representante legal de la sociedad Transportadora San Pablo
Ltda. era la señora Luz Ena Cortés Angarita33, quien suscribió los contratos 1403-
23 y 1602-23, tal como consta en los documentos de SECOP aportados34. Además,
el señor Sarmiento Cortés, en su declaración de parte manifestó que ella es su
madre.

33 Índice 71 del expediente digital.
34 Índice 4 del expediente digital.

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192. Igualmente, mediante memorial allegado al expediente en virtud de una prueba
decretada de oficio por el juez de primera instancia, la persona jurídica
Transportadora San Pablo Ltda. manifestó que es una sociedad de responsabilidad
limitada y sus cuotas de participación están representadas así:

SOCIO CUOTAS % DE PARTICIPACIÓN
Angarita Sánchez Libardo Enrique 1 2,56
Transportes San Pablo S.A. 4 10,26
Rojas Marín Pablo Emilio 1 2,56
Villalobos Arteaga Omar Enrique 1 2,56
Jiménez Barba Rubén 1 2,56
Abello Villegas Inilda 1 2,56
Vides Torres Alejandro 1 2,56
Garvez Fonseca José Gabriel 1 2,56
Beleño Escobar Fernando 1 2,56
Jiménez Márquez Eduar 1 2,56
López Jiménez William Wiston 1 2,56
Márquez Mancipe Eloina 1 2,56
Jiménez Márquez Gladys 1 2,56
Ricardo Campos Cirly 1 2,56
Jiménez Márquez Sergio 1 2,56
Campo Ayala Jaider 1 2,56
Jiménez Granados Jhan 1 2,56
Cortés Jiménez María Xiomara 1 2,56
Cortés Jiménez Diomedes 1 2,56
Cortés Niño Ernesto 1 2,56
Guerra Cossio Wilman Daniel 1 2,56
Cortés Angarita Miguel Ángel 13 33,33
Guerra Machuca Reinel Luis 1 2,56
Cortés Díaz Arcadio 1 2,56

193. De lo anterior, la Sala considera que el demandado no es socio de esta
empresa ni suscribió los contratos celebrados con el Distrito de Barrancabermeja,
por lo que no se puede considerar que realizó el verbo rector de la inhabilidad
alegada.

194. Si bien se demostró que el concejal tiene un vínculo de consanguinidad con la
representante legal de la sociedad Transportadora San Pablo Ltda., de este simple
hecho no puede concluirse que el señor Sarmiento Cortés celebró los contratos de
transporte fluvial, por intermedio de su madre, a través de figuras como la
delegación35.

195. Ahora bien, es del caso señalar que uno de los socios de la empresa que
suscribió los contratos objeto de análisis es la sociedad Transportes San Pablo S.A.
y, de acuerdo con el memorial allegado por la misma persona jurídica 36, se pudo

35 La delegación fue ampliamente estudiada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante

sentencia del 11 de abril de 2019, con ponencia del magistrado Alberto Yepes Barreiro, dentro del
expediente 1100103280002018000800.
36 Índice 72 del expediente digital.

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constatar que el señor Andrés Miguel Sarmiento Cortés es socio de Transportes
San Pablo S.A. con un porcentaje de participación del 1.36%.

196. Además, tal como consta en los certificados de existencia y representación del
11 de octubre de 2022 y 3 de febrero de 2023, para esas fechas, era miembro de la
junta directiva como segundo renglón suplente.

197. De lo anterior, tampoco es posible tener como acreditado que el señor Andrés
Miguel Sarmiento Cortés celebró los contratos 1403-23 y 1602-23 suscritos por
Transportadora San Pablo Ltda., puesto que, por el simple hecho de que sea socio
y miembro suplente de uno de los participantes de esa empresa, esto es, de
Transportes San Pablo S.A., no se puede afirmar que celebró los negocios jurídicos
o que incidió de manera definitiva en la decisión de que se suscribieran.

198. Tampoco existen pruebas que permitan demostrar que el señor Sarmiento
Cortés intervino en la celebración de los contratos tantas veces mencionados,
mediante decisiones o autorizaciones que Transportes San Pablo S.A., haya
dirigido a la sociedad Transportadora San Pablo Ltda., para considerar que la
suscripción de esos negocios jurídicos lo hizo, realmente, la sociedad anónima.

199. Por lo expuesto, la Sala considera que no se encuentra debidamente
acreditada la intervención del demandado en la celebración de los contratos tantas
veces mencionados.

200. Toda vez que no se logró probar que el elemento objetivo de la inhabilidad de
celebración de contratos, la Sala no analizará el elemento subjetivo, es decir, que
los negocios jurídicos se hayan suscrito con el fin de obtener un beneficio
patrimonial o extrapatrimonial a favor del candidato o de terceros. Esto, por cuanto,
tal como se indicó en el marco conceptual, todos los elementos deben estar
debidamente verificados.

201. En virtud de todo lo expuesto, la Sala revocará el ordinal cuarto la sentencia
del 20 de febrero de 2026, en el sentido de negar las pretensiones de la demanda
en relación con la nulidad del acto de llamamiento a ocupar curul en el Concejo de
Barrancabermeja del señor Andrés Miguel Samiento Cortés, puesto que no se
encontró acreditada la causal de inhabilidad de celebración de contratos prevista en
el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de
la Ley 617 de 2000.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

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Demandante: Luis Fernando Gómez Hernández
Demandado: Andrés Miguel Sarmiento Cortés
Radicación: 68001-23-33-000-2025-00117-02

III. FALLA

PRIMERO: Revócase el ordinal cuarto de la sentencia del 20 de febrero de 2026,
por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad del
acto de llamamiento del señor Andrés Miguel Sarmiento Cortés como concejal del
Distrito de Barrancabermeja y, en su lugar, niégase la nulidad del acto demandado,
de acuerdo con la parte considerativa de este fallo.

SEGUNDO: Confírmase los demás ordinales de la sentencia del 20 de febrero de
2026, en virtud de lo expuesto en esta providencia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

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