Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 08001-23-33-000-2024-00024-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 08001-23-33-000-2024-00024-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 08001-23-33-000-2024-00024-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
13 de febrero de 2025
Demandantes: Hassan Fares Hachem y otro
Demandado: Alejandro Char Chaljub
Radicación: 08001-23-33-000-2024-00024-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 08001-23-33-000-2024-00024-01
Demandantes: HASSAN FARES HACHEM Y OTRO
Demandado: ALEJANDRO CHAR CHALJUB – ALCALDE DE
BARRANQUILLA (PERÍODO 2024-2027)
Temas: Inhabilidad de alcaldes por intervención en la gestión de negocios
y celebración de contratos con entidades públicas.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala decidir los recursos de apelación interpuestos por la parte
actora contra la sentencia de 19 de septiembre de 2024, mediante la cual el Tribunal
Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la demanda.
1. ANTECEDENTES
1.1. Las demandas
1. Los ciudadanos Hassan Fares Hachem1 y Edinson Lucio Torres Moreno2, en
nombre propio, instauraron demandas en ejercicio del medio de control previsto en
el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, con el fin de obtener la nulidad del acto que
declaró la elección del señor Alejandro Char Chaljub como alcalde de Barranquilla
D.E.I.P., para el período 2024-2027, contenido en el formulario E-26 ALC del 17 de
noviembre de 2023, expedido por la Comisión Escrutadora Municipal.
1.2. Hechos
2. Los demandantes relataron de forma parecida los hechos que se resumen a
continuación:
1 Demanda Rad. 2024-00012-00.
2 Demanda Rad. 2024-00024-00. Aunque en su cédula de ciudadanía se observa que su primer
nombre es «Edison», en la demanda se identifica y firma como «Edinson».
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Demandantes: Hassan Fares Hachem y otro
Demandado: Alejandro Char Chaljub
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3. En septiembre de 2016, el señor Alejandro Char Chaljub, en la calidad de
alcalde de Barranquilla y presidente del Área Metropolitana, creó el Fondo
Metropolitano de Estabilización Tarifaria del Sistema Masivo de Transporte
«Transmetro»3.
4. Con fundamento en la autorización otorgada en el acto de creación, el
director del Área Metropolitana contrató con Corficolombiana el encargo fiduciario
para la administración de los recursos del fondo.
5. En septiembre de 2023, los medios de comunicación local informaron que el
dinero girado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el mencionado
fondo fue consignado en una cuenta de ahorros del banco Serfinanza, debido al
embargo que ordenó el Tribunal Administrativo del Atlántico de las cuentas de
Corficolombiana en banco Av Villas.
6. El 97% de las acciones del banco Serfinanza pertenece a la familia Char,
incluido el demandado, de acuerdo con el informe de gobierno corporativo de enero
de 2023.
7. Entre el 2016 y el 2023, Serfinanza administró $93.618 millones por concepto
de recursos del fondo.
8. Por otra parte, el Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A., también de
propiedad de familia Char y de la empresa Inversiones Olímpica SAS, desde el año
2011 viene usufructuando comercialmente el estadio Metropolitano «Roberto
Meléndez», sin ninguna contraprestación para el distrito y burlando el régimen de
contratación de la Ley 80 de 1993.
9. En enero de 2022 y enero de 2023 fueron suscritas dos «actas marcos de
uso». Así mismo, cada vez que el equipo juega o practica en el estadio, se firman
actas de uso particulares.
10. El Consejo Nacional Electoral negó la solicitud de revocatoria de inscripción
contra la inscripción del demandado como candidato a la Alcaldía de Barranquilla
para el período 2024-2027, presentada por uno de los demandantes4 con
fundamento en las mismas razones que motivan las demandas.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación5
11. La parte actora coincidió en sustentar las pretensiones en la causal de
nulidad electoral del numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, en
3 Los demandantes hacen referencia al Acuerdo 005 de 2016, «reemplazado» por el Acuerdo 003
de 2019.
4 El señor Edison Lucio Torres Moreno
5 Capítulo reformado por el demandante del proceso Rad. 2024-00012, en cumplimiento del auto
de 13 de febrero de 2024, que inadmitió la demanda.
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concordancia con la inhabilidad para ser elegido alcalde, prevista en el numeral 3
del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de
2000.
12. Con planteamientos similares, sostuvieron que la inhabilidad por gestión de
negocios y celebración de contratos con entidades públicas se configura por
aprovechar los asuntos públicos, en beneficio de los negocios familiares.
13. A partir de los hechos relatados, advirtieron que el demandado es accionista
del Club Deportivo Junior de Barranquilla y del banco Serfinanza y aseguran que
estas empresas tuvieron relaciones financieras y comerciales con el distrito, dentro
del año anterior a su elección como alcalde, que le reportaron ganancias
económicas y ventajas en la campaña.
14. Destacaron el encargo fiduciario que gestionó desde el año 2016 para
administrar «de facto», a través de cuentas del banco Serfinanza, el recaudo del
Sistema de Transporte Masivo «Transmetro» y los recursos públicos del Fondo
Metropolitano de Estabilización Tarifaria.
15. Explicaron que las cuatro condiciones que exige la jurisprudencia del Consejo
de Estado para demostrar la inhabilidad están demostradas, porque los contratos
fiduciarios se renuevan automáticamente cada año y, además, fueron celebrados
entre una empresa privada y el Área Metropolitana de Barranquilla, en interés de
los negocios particulares de la familia del alcalde y se han ejecutado en el distrito.
16. Por otra parte, señalaron que el demandado es uno de los cinco socios que
figuran en la escritura pública de constitución del Club Deportivo Junior, de acuerdo
con el certificado de la Cámara de Comercio.
17. Argumentaron que el esquema de uso comercial del estadio Metropolitano
«Roberto Meléndez», por parte del equipo de fútbol, «burla al fisco, al erario y a la
ciudadanía».
18. Concluyeron que existe una prohibición moral de tener ventajas económicas
para enfrentar a los competidores en una campaña electoral.
1.4. Admisión de las demandas y contestaciones
19. La demanda del proceso Rad. 2024-00012 fue admitida mediante auto de 4
de marzo de 2024, mientras que la del Rad. 2024-00024, lo fue con proveído del 5
de febrero de 20246.
6 Frente a esta demanda, la magistrada ponente excluyó la pretensión de nulidad de la Resolución
13709 de 19 de octubre de 2023, mediante la cual el Consejo Nacional Electoral negó la solicitud de
revocatoria de inscripción del demandado como candidato a la Alcaldía de Barranquilla (2024-2027),
por no corresponder al acto que declaró la elección.
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20. Debido a la afinidad de las contestaciones para las dos demandas
acumuladas, se resumen de forma conjunta a continuación.
1.4.1. Alejandro Char Chaljub
21. A través de apoderado7, el demandado resaltó que no existía prueba de que
el Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A. y Serfinanza S.A. celebraran algún
contrato con el distrito de Barranquilla, dentro del año anterior a la elección.
22. Precisó que su condición de socio y accionista minoritario en Serfinanza no
configura la inhabilidad que se le atribuye, dado que la empresa es representada
por los órganos de administración.
23. Por lo mismo, manifestó que no tiene conocimiento ni injerencia sobre los
productos financieros que se adquieren, particularmente la cuenta bancaria que,
según los demandantes, fue abierta por el Área Metropolitana de Barranquilla o
Transmetro.
24. Argumentó que la Sección Quinta del Consejo de Estado ha mantenido una
posición pacífica, en el sentido de no extender los efectos de la inhabilidad por
celebración de contratos o gestión de negocios con entidades públicas a los
accionistas de las sociedades, por el solo hecho de serlo, sino que debe acreditarse
que el socio suscribió el contrato o realizó los actos dirigidos a obtener el negocio8.
25. Señaló que esa tesis justificó que se negaran las pretensiones de la demanda
instaurada contra su elección como alcalde de Barranquilla para el período 2008-
20119.
26. Negó que sus actuaciones como funcionario público favorecieran directa o
indirectamente a empresas suyas o de su familia y destacó la falta de prueba de las
afirmaciones que hace la parte actora en ese sentido.
27. Explicó que el contrato de fiducia para la administración de los recursos del
Fondo de Estabilización Tarifaria10 fue celebrado entre el Área Metropolitana de
Barranquilla y la Fiduprevisora, previa licitación pública.
28. Sostuvo que ninguna actuación ocurrida entre los años 2016 y 2019 podría
generar la inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994,
7 El abogado David Salazar Ochoa.
8 Citó: Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 18 de noviembre de 2021, Rad. 41001-
23-33-000-2019-00555-01; providencia de 17 de octubre de 2013, Rad. 76001-23-31-000-2011-
01747-01, MP. Alberto Yepes Barreiro; providencia de 8 de mayo de 2009, Rad. 13001-23-31-000-
2007-00782-02, MP. Susana Buitrago Valencia; sentencia de 28 de febrero de 1996, Rad. 1525;
sentencia de 9 de mayo de 1996, Rad. 1498.
9 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de julio de 2009, Rad. 08001-23-31-000-2007-
00966-02.
10 Señaló que fue creado en cumplimiento de las leyes 1753 de 2015 y 1955 de 2019.
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porque esta censura remite a una época que se ubica por fuera del término que
señala la norma, es decir, el año anterior a la elección que se acusa.
29. En cuanto al Club Deportivo Popular Junior FC S.A., afirmó que no es
accionista y adujo que, si en gracia de discusión se probara su participación en la
celebración de contratos entre el equipo y el distrito de Barranquilla, tampoco se
generaría la inhabilidad, por tratarse de bienes y servicios que el Estado ofrece en
igualdad de condiciones a todos los ciudadanos11.
30. Concluyó que «la demanda no refiere un solo hecho que indique que
Alejandro Char Chaljub celebró o gestionó contrato alguno con ninguna entidad
pública de ningún nivel».
1.4.2. Registraduría Nacional del Estado Civil
31. El apoderado12 de la entidad propuso la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva, debido a que su rol en las elecciones es estrictamente logístico
y no guarda relación con la verificación de causales de nulidad electoral.
32. Indicó que los partidos son los responsables de inscribir a los candidatos y
asegurarse de que no incurran en inhabilidades o incompatibilidades, mientras que
el Consejo Nacional Electoral es la autoridad competente para revocar una
inscripción por esos motivos.
1.4.3. Consejo Nacional Electoral
33. Por medio de apoderadas13, la corporación solicitó no acceder a las
pretensiones de las demandas, pues la decisión de negar la revocatoria de la
inscripción del demandado estuvo motivada y fue tramitada con respeto a los
derechos al debido proceso, defensa y contradicción.
1.5. Coadyuvante14
34. El señor Fernando Torrecilla Navarro intervino en el proceso para defender
la legalidad del acto acusado. Con tal propósito, alegó que la demanda falta a las
reglas de la sana crítica, la lógica, la ciencia y la experiencia, pues no es clara ni
precisa en cuanto a los hechos ni las razones jurídicas que la sustentan.
35. Explicó que la causal de inhabilidad por gestión de negocios y celebración de
contratos con entidades públicas no se configura cuando un servidor público obra
11 Hizo referencia a la sentencia C-618 de 1997 de la Corte Constitucional.
12 El abogado Cristhian Eduardo Portilla Barco.
13 Las abogadas Karen Viviana Romero Palomino y Sandy Julieth Castillo Castillo, una en cada
proceso acumulado.
14 Aunque el tribunal no profirió una decisión en el sentido de admitir expresamente su intervención,
sí mencionó sus alegatos de conclusión en la sentencia (ver página 6 del fallo, numeral 2).
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en ejercicio de sus atribuciones legales, ni cuando el elegido es socio de una
persona jurídica que propone o concreta un negocio con el Estado.
1.6. Actuaciones de la primera instancia
36. Las demandas fueron acumuladas a través de auto de 22 de abril de 2024.
37. Mediante auto de 20 de mayo de 2024, la magistrada ponente en el tribunal
resolvió (i) dar aplicación a la figura de sentencia anticipada, con fundamento en los
literales a), b) y d) del numeral 1, artículo 182A del CPACA; (ii) incorporar las
pruebas documentales aportadas y negar las solicitadas por el Ministerio Público15;
(iii) diferir al fallo la decisión de la excepción propuesta por la Registraduría Nacional
del Estado Civil; (iv) correr traslado para alegar y (v) fijar el litigio, en los siguientes
términos:
Este Tribunal deberá establecer si debe anularse el acto de elección del señor
Alejandro Char Chaljub como alcalde del Distrito E.I. y P. de Barranquilla, Atl,
periodo constitucional 2024 – 2027, contenido en el Formulario E-26 ALC de 17
de noviembre de 2023, por haber incurrido presuntamente en la causal de
inhabilidad establecida en el núm. 3 del Art. 37 de la Ley 617 de 2000, al haber
intervenido, según los demandantes, en la gestión de negocios ante entidades
públicas del nivel distrital y en la celebración de contratos con entidades
públicas de cualquier nivel en interés propio y de terceros, dentro del año
anterior a la elección.
38. Por auto de 18 de julio de 2024, se resolvió no aceptar la recusación
formulada por el demandante Hassan Fares respecto del Procurador 15 Judicial II
Delegado ante el tribunal.
39. Al respecto, se explicó que no se probó un interés particular y personal de
ese funcionario en el asunto que se debate, por el hecho de que su hijo fuera elegido
en un cargo por el partido Cambio Radical, conforme con la causal establecida en
el numeral 1 del artículo 141 del Código General del Proceso.
1.7. Sentencia de primera instancia
40. Mediante sentencia de 19 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo
del Atlántico declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil y negó las
pretensiones de la demanda.
41. Sobre el asunto de fondo, advirtió que no se cumplía el elemento temporal
en la gestión de negocios y celebración de contratos que se atribuye al demandado,
15 Se trataba de documentos relacionados con los hechos de las demandas, que involucraban a
Transmetro S.A.S., Banco Serfinanza, Área Metropolitana de Barranquilla y CNE, que ya reposaban
en el expediente.
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debido a que los hechos que sustentan la inhabilidad habrían ocurrido por fuera del
año anterior a la elección, que es el término señalado en el numeral 3 del artículo
95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000.
42. Al respecto, observó que los acuerdos que regularon la creación y
administración del Fondo Metropolitano de Estabilización Tarifaria de Transmetro
fueron suscritos en los años 2016 y 2019. Agregó que la extensión de la vigencia
del encargo fiduciario «año tras año» que proponen los demandantes, contraviene
la interpretación literal de las inhabilidades. También recordó que la causal objeto
de estudio no se configura por aspectos relativos a la ejecución de los contratos.
43. Igualmente, descartó los elementos objetivo y subjetivo de la inhabilidad, ante
la falta de prueba de que el demandado hubiese intervenido en la gestión de
negocios o celebración de contratos con el distrito de Barranquilla, dentro del año
anterior a su elección como alcalde del período 2024-2027.
44. En contraste con lo dicho en las demandas, encontró probado que la
administración del aludido fondo fue contratada con la Fiduciaria La Previsora, a
través de un proceso de licitación pública realizado por el Área Metropolitana de
Barranquilla, en igualdad de condiciones para todos los oferentes. A ello sumó el
documento en el que el presidente del banco Serfinanza afirma que no ha sido la
entidad encargada de los recursos del fondo.
45. Por lo tanto, consideró que el cargo se basaba en inferencias subjetivas del
supuesto favorecimiento a la empresa Serfinanza, de la que es accionista el
demandado.
46. Así mismo, explicó que el carácter de socio del banco no supone su
intervención en cada uno de los contratos que celebre la empresa. Frente a este
aspecto, acudió a la jurisprudencia del Consejo de Estado16, que estructura la
inhabilidad únicamente cuando se acredita que el elegido suscribió el contrato o
gestionó el negocio en representación de la sociedad.
47. Por último, desestimó la censura fundada en el uso comercial del estadio
Metropolitano desde el año 2011 por parte del Club Deportivo Junior F.C. S.A.,
debido a que el contador de la sociedad informó que el demandado no es ni ha sido
socio. De ahí concluyó que no pudo acreditarse su participación en algún contrato
con ese objeto.
1.8. Recurso de apelación
48. Los demandantes controvirtieron la sentencia de primera instancia, con base
en argumentos afines, que propenden por extender las inhabilidades del caso a la
16 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 1996, Rad. 1498; providencia de
18 de noviembre de 2021, Rad. 41001-23-33-000-2019-00555-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
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ejecución de los contratos y a los socios de la persona jurídica que contrata o realiza
la gestión con el Estado. Con esa premisa, manifestaron:
Sí (sic) la inhabilidad lo que busca es proteger moralmente a la sociedad y la
superposición de personas con poder económico sobre las que no lo tienen;
entonces la lectura judicial que se hace de la disposición normativa que
consagra la inhabilidad, no es tan coherente con lo que persigue el Estado
Social de Derecho, en el entendido que estamos pretermitiendo una
desigualdad protuberante, que coloca en mejor posición a unos, incrementando
su poder y desmejora la participación democrática de otros que, por no tener
poder político o económico, no tienen opción de enfrentarse con quienes tienen
el poder.
Por ningún lado de manera literal, por lo menos se hace mención en el numeral
3 del artículo 37 de la Ley 617 de 2000, que la intervención en la gestión de
negocios o en la celebración de contratos; sea de forma directa o indirecta por
interpuesta persona o por quien representa los intereses de la masa de
acciones, en la que el susodicho poderoso, tiene en la empresa que adquiere o
ejecuta de forma permanente un negocio que lo favorece (…)17.
49. En esa línea, insisten en que el alcalde Alejandro Char Chaljub es socio de
la empresa Serfinanza y que, en tal calidad, «[a]l momento de las elecciones estaba
en ventajas referente a los demás candidatos»18.
50. Reiteraron que el demandado gestionó a favor dicha entidad financiera la
administración «de facto» de los recursos del fondo del sistema Transmetro, desde
el 2016 hasta la fecha, lo que encuadra en el año anterior a su elección.
51. Sobre esa lógica, consideraron que la decisión apelada es contraria al interés
general y la moralidad pública, al tiempo que favorece el aprovechamiento del poder
económico para perpetuar el ejercicio del poder político.
52. Por ello, proponen una hermenéutica que configure la inhabilidad en estudio
cuando se gestionan negocios o celebran contratos a través de empresas en las
que el elegido participa o tiene acciones.
1.9. Trámite en segunda instancia
53. Mediante auto de 14 de noviembre de 2024, el despacho del magistrado
ponente admitió los recursos de apelación interpuestos contra el fallo de primera
instancia, previa constatación de su oportunidad y procedencia. En la misma
providencia, corrió los traslados que ordena el artículo 293 del CPACA.
1.9.1. Alegatos de conclusión
54. Las partes guardaron silencio en esta oportunidad.
17 Apelación del señor Edinson Lucio Torres Moreno.
18 Apelación del señor Hassan Fares Hachem.
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1.9.2. Concepto del Ministerio Público
55. La procuradora séptima delegada ante esta Corporación solicitó confirmar la
sentencia recurrida, pues estima que no se acreditaron los elementos temporal,
material y subjetivo de la inhabilidad para ser alcalde por intervención en la gestión
de negocios o celebración de contrato con una entidad pública.
56. Advirtió que el contrato de encargo fiduciario para la administración de los
recursos del Fondo para la Estabilización Tarifaria de Transmetro se celebró el 7 de
julio de 2017, es decir, por fuera del término previsto en la norma que regula la
causal.
57. Además, observó que no hay prueba de la intervención del demandado en
su celebración, ni de que la empresa Serfinanza, de la que es socio, manejara esos
dineros.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
58. La Sala es competente para decidir los recursos de apelación interpuestos
por los demandantes contra la sentencia de 19 de septiembre de 2024, por la cual
el Tribunal Administrativo del Atlántico negó la nulidad de la elección del señor
Alejandro Char Chaljub como alcalde del distrito de Barranquilla, período 2024-
2027, de conformidad con los artículos 15019 y 152, numeral 7, literal a)20 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y el artículo 13
del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación21.
2.2. El acto acusado
59. El acto cuya nulidad se pretende en el presente asunto corresponde a la
elección del señor Alejandro Char Chaljub como alcalde del distrito de Barranquilla,
período 2024-2027, contenida en el formulario E-26 ALC de 17 de noviembre de
2023, expedido por la Comisión Escrutadora Municipal.
19 «Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.
(Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021). El Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación (…)».
20«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. (Modificado por
el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021). Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia
de los siguientes asuntos: (…) 7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: a) De la
nulidad del acto de elección (…) de los alcaldes municipales y distritales.
21 «ARTÍCULO 13. DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos
de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán
entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: (…)
Sección Quinta: (…) 3. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos».
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2.3. Problema jurídico
60. Con base en los argumentos esgrimidos en los recursos de apelación,
corresponde a la Sala establecer si hay lugar a revocar, modificar o confirmar la
sentencia de 19 de septiembre de 2024, a través de la cual el Tribunal Administrativo
del Atlántico negó la nulidad de la elección del señor Alejandro Char Chaljub como
alcalde del distrito de Barranquilla, período 2024-2027.
61. La controversia consiste en determinar si el demandado incurrió en la causal
de inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994,
modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, por intervención en la gestión
de negocios y celebración de contratos con entidades públicas, dentro del año
anterior a su elección.
62. Con tal propósito, antes de decidir el caso concreto, es pertinente exponer la
finalidad y los elementos que configuran la prohibición, a partir de su regulación
legal y el tratamiento que le ha dado la jurisprudencia de esta corporación.
2.4. Las inhabilidades para ser alcalde por intervención en la gestión de
negocios y celebración de contratos con entidades públicas
63. Las inhabilidades son prohibiciones para ocupar cargos públicos, que se
justifican en la necesidad de asegurar que los servidores de los diferentes órganos
del Estado accedan en igualdad de condiciones y orienten su desempeño hacia el
interés general y el cumplimiento de los fines estatales, sin consideración a
motivaciones privadas que puedan arriesgar la buena marcha de la función pública.
64. Por ello, esta corporación ha advertido que las inhabilidades «buscan
preservar los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad de la función
administrativa y la garantía del derecho de igualdad de oportunidades»22.
65. Tratándose de cargos de elección popular, constituyen restricciones válidas
al derecho fundamental a ser elegido, que deben ser revisadas previamente por las
organizaciones políticas y los ciudadanos interesados en ser candidatos, so pena
de que las autoridades competentes revoquen la inscripción o anulen la elección
realizada en esas circunstancias.
66. Atendiendo a las consecuencias que pueden acarrear, las causales de
inhabilidad se reservan al legislador y su interpretación es restringida, en virtud del
principio de capacidad electoral23. De manera que el operador jurídico no está
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 21 de abril de 2009,
Rad. 2007-00581(PI), MP. Ruth Stella Correa Palacio. Citada en: Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia de 12 de agosto de 2021, Rad. 50001-23-33-000-2020-00012-02 (Acum.), MP.
Rocío Araújo Oñate.
23 Código Electoral, artículo 1º, numeral 4.
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autorizado para aplicar la analogía ni extenderlas a hipótesis no previstas al cargo
que corresponda.
67. Particularmente, el régimen de inhabilidades para ser alcalde está regulado
en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617
de 2000, que establece la siguiente causal:
ARTÍCULO 95. INHABILIDADES. No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido
ni designado alcalde municipal o distrital: (...) 3. Quien dentro del año anterior a la
elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel
municipal o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel
en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o
cumplirse en el respectivo municipio.
68. De acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, aquella inhabilidad
busca «preservar la igualdad entre los candidatos, sobre el supuesto de existencia
de una relación relevante con el Estado potencialmente ventajosa para alguno de
ellos»24. Además, su propósito es prevenir «asimetrías y prácticas corruptas en los
procesos de contratación, que pueden tener lugar si un candidato aprovecha su
posición para tomar ventaja sobre la entidad pública o sobre otros proponentes»25.
69. Así mismo, se ha advertido que la norma contempla dos causales autónomas
de inhabilidad que, si bien apuntan a un propósito común, se distinguen en cuanto
a la conducta que las configura, por un lado, la intervención en la gestión de
negocios y, por otra, la celebración de contratos, ambas con entidades públicas26.
70. Con tal precisión, los elementos que estructuran la intervención en la gestión
de negocios son los siguientes27:
a) Material u objetivo: referido a las actuaciones concretas y comprobadas del
demandado ante la entidad pública para lograr un fin patrimonial o extra
patrimonial, independientemente de su éxito. Igualmente, las gestiones
deben evidenciar una conducta útil, trascendente y potencialmente efectiva,
para cuya valoración también interesa el móvil, causa, aspecto modal o de
propósito.
b) Subjetivo: consiste en el interés propio o de terceros que anima la gestión,
lo cual incluye a quienes actúen como apoderados, agentes oficiosos o
cualquier otra figura que permita asumir la defensa de intereses ajenos. No
obstante, excluye a los servidores públicos, en ejercicio de sus funciones.
24 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 6 de junio de 2024, Rad. 54001-23-33-000-2023-
00263-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de octubre de
2019, Rad. 11001-03-15-000-2018-02417-01, MP. Alberto Montaña Plata.
26 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 12 de agosto de 2021, Rad. 15001-23-33-000-
2019-00630-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
27 Id.
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c) Temporal: dentro del año anterior a la elección.
d) Espacial, territorial o geográfico: dirige la atención al lugar donde se
gestionaron los negocios, que debe coincidir con el municipio o distrito de la
elección respectiva.
71. Adicionalmente, se ha precisado que la gestión de negocios que culmina en
un contrato se examina solamente por esta última inhabilidad. Por el contrario, si no
se celebra, la causal se analiza como gestión de negocios propiamente dicha.
72. Por su parte, la inhabilidad por intervención en la celebración de contratos
con entidades públicas se configura para los alcaldes por la concurrencia de los
presupuestos que se relacionan a continuación:
a) Material u objetivo: la intervención en la celebración de contratos con
entidades públicas de cualquier nivel.
b) Subjetivo: el interés propio o de terceros que anima la contratación.
c) Temporal: dentro del año anterior a la elección.
d) Espacial o territorial: el contrato debió ejecutarse en el municipio o distrito
donde fue elegido el concejal.
73. Específicamente, sobre el elemento material u objetivo se ha precisado que
«la intervención en la celebración del contrato se concreta en el acto mismo de su
suscripción o firma, considerando los precisos términos en que fue formulada la
causal, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993»28.
74. Con ese enfoque, se ha destacado que «los actos de ejecución y liquidación
de los contratos no configuran la causal de celebración de contratos, dado que estas
actividades se ubican por fuera de los supuestos que contemplan las respectivas
normas, es decir, con posterioridad a su celebración»29.
75. En lo relativo al elemento espacial o territorial, se ha explicado que el lugar
de ejecución «corresponde al territorio en el que deben cumplirse las obligaciones
pactadas», el cual no necesariamente corresponde al domicilio contractual, «que se
utiliza para efectos, por ejemplo, de notificaciones»30.
28 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 12 de agosto de 2021, Rad. 15001-23-33-000-
2019-00630-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
29 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 13 de junio de 2024, Rad. 70001-23-33-000-
2023-00204-01, MP. Gloria María Gómez Montoya.
30 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 10 de octubre de 2024, Rad. 54001-23-33-000-
2023-00254-01, MP. Omar Joaquín Barreto Suárez.
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76. Sobre el punto, también se ha indicado que «el elemento territorial de la
inhabilidad no requiere para su comprobación que se constate que el objeto
contractual se cumplió en el lugar de la elección, sino que basta con demostrar que
el contrato debía ejecutarse en esa circunscripción»31.
77. En suma, tratándose de alcaldes, las inhabilidades por intervención en la
gestión de negocios o celebración de contratos con entidades públicas se
estructuran por la concurrencia de los presupuestos que consagra la norma y que
ha identificado la jurisprudencia.
2.5. Caso concreto
78. Mediante sentencia proferida el 19 de septiembre de 2024, el Tribunal
Administrativo del Atlántico negó la nulidad de la elección del señor Alejandro Char
Chaljub como alcalde del distrito de Barranquilla, período 2024-2027, porque no
encontró configurada la inhabilidad por intervención en la gestión de negocios o
celebración de contratos con entidades públicas, dentro del año anterior a la
elección, prevista en el numeral 3 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994.
79. Los motivos de la decisión estuvieron relacionados con la falta de prueba de
los elementos objetivo, subjetivo y temporal de la causal, porque los hechos
descritos por los demandantes no se ubican en el término señalado en la norma, ni
existe prueba de que el demandado hubiera gestionado la administración de
recursos públicos en beneficio de empresas de las que fuera socio, o celebrado
algún contrato en representación de estas.
80. En ese sentido, advirtió que la administración de los recursos del Fondo de
Estabilización Tarifaria de Transmetro fue contratada por el Área Metropolitana de
Barranquilla con la Fiduciaria La Previsora. Además, aunque se probó que el alcalde
Char Chaljub era accionista del banco Serfinanza, esta empresa manifestó que no
era la encargada del manejo de esos dineros. Por otra parte, el Club Deportivo
Junior F.C. S.A. certificó que el demandado no era socio.
81. La parte actora no comparte el fallo de primera instancia, pues considera que
la inhabilidad objeto de estudio debe contemplar, no solo la celebración de los
contratos, sino también su ejecución, e involucrar a los socios de las empresas que
celebran contratos con entidades públicas, para el caso, el banco Serfinanza. A su
juicio, esta interpretación impide la desigualdad entre los candidatos a un cargo de
elección popular, mediante el aprovechamiento del poder económico.
82. Planteada de esta forma la apelación, lo primero que observa la Sala es que
no incluyó la censura fundada en que el demandado era socio del Club Deportivo
Popular Junior F.C. S.A., razón por la cual no será objeto de pronunciamiento.
31 Id.
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83. Excluido ese punto, se advierte que los apelantes insisten, tanto en la gestión
de negocios, como en la celebración de contratos, que se atribuyen al demandado
por ser accionista del banco Serfinanza, empresa que, según afirman, desde el año
2016 administra de facto los recursos del Fondo de Estabilización Tarifaria del
Sistema de Transporte Masivo de Barranquilla «Transmetro».
84. Frente a este cargo, es importante señalar que, en el contexto de los sistemas
de transporte, los fondos de estabilización y subvención tarifaria son el instrumento
de canalización de ingresos complementarios a la tarifa que se cobra al usuario,
que pueden crear las entidades territoriales o administrativas, de conformidad con
el artículo 33 de la Ley 1753 de 2015, modificado por el artículo 97 de la Ley 1955
de 2019.
85. Hecha la anterior precisión conceptual, la Sala procede a analizar las pruebas
aportadas al expediente, que dan cuenta de lo siguiente:
86. Mediante Acuerdo 005-16 del 6 de septiembre de 201632, suscrito por el
alcalde distrital de Barranquilla y presidente de la Junta del Área Metropolitana, junto
con el director de esta entidad, se creó el «Fondo de Estabilización Tarifaria del
Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros del Distrito de Barranquilla y
su Área Metropolitana».
87. El artículo quinto del acuerdo estableció que correspondería al Área
Metropolitana seleccionar la entidad fiduciaria para el manejo de los recursos del
fondo, «con fundamento en los procedimientos objetivos señalados en la Ley».
88. El Acuerdo 003-19 del 31 de octubre de 201933, expedido por el presidente y
el secretario del Área Metropolitana de Barranquilla, sustituyó el Acuerdo 005-16 y
estableció el «componente de la tarifa del transporte público colectivo destinado a
la sostenibilidad del sistema».
89. En el artículo cuarto, el referido acuerdo dispuso que los recursos del fondo
serían administrados «por un encargo fiduciario constituido para el efecto por el
Área Metropolitana de Barranquilla».
90. Con oficio AMB-SG-663-23 del 11 de octubre de 202334, el secretario general
del Área Metropolitana de Barranquilla informó al Consejo Nacional Electoral
(CNE)35 que el «Fondo de Estabilización Tarifaria del Sistema Integrado de
Transporte Masivo de Pasajeros del Distrito de Barranquilla y su Área
Metropolitana» fue creado mediante Acuerdo No. 005 de 6 de septiembre de 2016.
32 Prueba aportada con las demandas, en captura de pantalla de algunas páginas del documento.
33 Prueba aportada con las demandas, en captura de pantalla de algunas páginas del documento.
34 Prueba aportada con las contestaciones de las demandas.
35 Dentro del trámite de revocatoria de la inscripción del demandado como candidato a la Alcaldía de
Barranquilla (2024-2027), Rad. CNE-E-DG-2023-044564.
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91. Además, señaló que en ese acto se ordenó la selección objetiva de un
mecanismo financiero para la custodia y transferencia de los recursos. También
aclaró que el Acuerdo 003 de 31 de octubre de 2019 sustituyó el anterior y dispuso
la administración del fondo por encargo fiduciario.
92. Agregó que, «desde el inicio de su recaudo y hasta la fecha, del denominado
Factor de Estabilización Tarifaria, única y exclusivamente ha contratado la
administración fiduciaria para el manejo, administración y pago de los recursos que
se recauden con destino al fondo de estabilización tarifaria de dichos recursos con
Fiduciaria La Previsora S.A.», en el marco del contrato AMB-LP-001 de 2017.
93. En el cuerpo del oficio en referencia fue incorporada la certificación del 11 de
octubre de 2023, suscrita por el director regional Barranquilla de Fiduprevisora S.A.,
según la cual, para esa fecha, la sociedad tenía «relación comercial con el Área
Metropolitana de Barranquilla, a través del encargo fiduciario de administración y
pagos No. 31-70728 con el fin de administrar los recursos que se recauden con
destino al fondo de Estabilización Tarifaria del Sistema Integrado de Transporte
Masivo de Pasajeros del Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana – Acuerdo
No. 005-15».
94. El mismo documento indica que «para la administración de los recursos
existe la cuenta de ahorros No. 90330452680 denominada Fiduciaria la Previsora
S.A. E.F. AMB Fondo de Estabilización Tarifaria, en el banco GNB Sudameris,
adscrita al encargo Fiduciario descrito y hasta la fecha se encuentra activa».
95. Por su parte, a través de oficio del 12 de octubre de 202336, el gerente de
Transmetro S.A.S. comunicó al CNE que el «Fondo de Estabilización Tarifaria –
FET, fue creado por el Área Metropolitana de Barranquilla como autoridad de
transporte [y] Transmetro S.A.S. no administra dicho Fondo, ni recauda los recursos
que ingresan al mismo».
96. A su turno, mediante oficio de 11 de octubre de 202337, el presidente del
banco Serfinanza certificó a la misma autoridad que, «[c]onsultados los libros de
accionistas del BANCO SERFINANZA S.A., se encuentra que ALEJANDRO CHAR
CHALJUB es accionista del banco con una participación del 0.30%».
97. Al lado de lo anterior, manifestó que el señor Char Chaljub «no labora ni
presta sus servicios al BANCO SERFINANZA S.A. en ninguna capacidad, ni funge
como consultor, asesor externo o, en general, ocupa cargo alguno de naturaleza
administrativa, gerencial o gubernativa».
36 Prueba aportada con las contestaciones de las demandas.
37 Prueba aportada con las contestaciones de la demanda.
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98. Adicionalmente, aseguró que el banco «no es ni ha sido la entidad financiera
encargada del depósito y/o administración de los recursos provenientes del Fondo
de Estabilización Tarifaria del sistema de transporte masivo de Barranquilla».
99. De acuerdo con el informe de gobierno corporativo de la Junta Directiva del
Banco Serfinanza (enero – diciembre de 2022)38, el señor Alejandro Char Chaljub
es socio, con un porcentaje de participación de 0,30626660093.
100. Por último, mediante oficio de 11 de septiembre de 202339, los gerentes y
representantes de las entidades U.T. SISTUR TRANSURBANOS, G.E.
METROCARIBE y Recaudo SIT Barranquilla SAS en liquidación manifestaron al
gerente de Transmetro S.A.S. su preocupación por el desembolso de «los recursos
para la financiación de los déficits operacionales de los Sistemas Integrales de
Transporte Masivo -SITM en la cuenta de la fiducia Corficolombiana» y aseguran
que «la entidad Serfinanza [es] el banco y cuenta remitida por Transmetro SAS a
MinHacienda para la recepción de los recursos».
101. De la anterior relación de documentos, la Sala no observa que el demandado
incurriera en las inhabilidades que se le atribuyen, como lo decidió el tribunal y lo
advirtió también el Ministerio Público en esta instancia.
102. En primer lugar, el encargo fiduciario del Fondo de Estabilización Tarifaria de
Transmetro fue contratado por el Área Metropolitana de Barranquilla con La
Previsora S.A. en el año 2017 y los recursos se consignan en una cuenta del banco
GNB Sudameris.
103. En segundo lugar, el señor Alejandro Char Chaljub es accionista del banco
Serfinanza, pero no lo representa ni hace parte de sus órganos de dirección.
104. En tercer lugar, no existe prueba de la celebración de un contrato entre el
Área Metropolitana de Barranquilla y el banco Serfinanza, para los efectos
señalados.
105. De hecho, el único documento que intenta establecer alguna relación entre
los recursos del aludido fondo y una cuenta bancaria en Serfinanza es el oficio
aportado por la parte actora, suscrito por varios operadores de transporte. Sin
embargo, esta afirmación carece de soporte y, por el contrario, se opone a lo que
certificaron ambas partes del encargo fiduciario.
106. Adicionalmente, no se acreditó que el demandado hubiese gestionado algún
negocio ante el Área Metropolitana de Barranquilla, la administración distrital o
alguna otra entidad pública, a favor de Serfinanza, ni celebrado algún contrato,
especialmente dentro del año anterior a su elección en el cargo que hoy ocupa.
38 Prueba aportada con la demanda Rad. 2024-00024-00.
39 Prueba aportada con la demanda Rad. 2024-00024-00.
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107. Por lo tanto, carece de soporte probatorio el vínculo que buscan establecer
los demandantes entre la participación del señor Alejandro Char Chaljub en la
creación del Fondo de Estabilización Tarifaria de Transmetro, como alcalde de
Barranquilla en el año 2016, y la supuesta administración de esos recursos por parte
de una empresa de la que es accionista, es decir, Serfinanza.
108. Por el contrario, se insiste en que las pruebas demuestran que, tanto el
encargo fiduciario, como el recaudo de los recursos del fondo, fueron contratados
con entidades financieras distintas y estas relaciones comerciales se mantenían
para la época que señala la norma que consagra la inhabilidad.
109. De ahí que tampoco exista sustento de las afirmaciones de los demandantes,
en cuanto a la administración de facto de dicho fondo, por parte de Serfinanza,
extendida al año anterior a la elección del demandado. Sumado a esto, es pertinente
recordar que la ejecución de las obligaciones pactadas no configura la inhabilidad
por contratación con entidades públicas, contrario a lo que plantean las apelaciones,
pues la norma que consagra la causal no incorpora este ingrediente, sino que se
limita a la «celebración» del negocio jurídico40. Siendo así, el carácter taxativo y la
interpretación restringida de las limitaciones al ejercicio del derecho fundamental a
ser elegido impiden extenderlas a situaciones no contempladas por la ley41.
110. Igualmente, aunque la falta de prueba de los hechos alegados sería suficiente
para desestimar las censuras de la demanda, uno de los puntos de la apelación
impone reiterar que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta sección, no se
configura la inhabilidad por el solo hecho de que el demandado sea accionista de
una sociedad que gestionó negocios o contrató con una entidad pública.
111. En tal sentido, se ha explicado que las normas civiles y comerciales habilitan
a los órganos de administración y dirección para comprometer la responsabilidad
de la empresa y asumir obligaciones a su nombre42, lo mismo para el socio
mayoritario43, el socio gestor o al que se le asigne su representación legal44. Sin
embargo, en el presente asunto se probó que el demandado es socio minoritario de
Serfinanza, con el 0,30626660093% de las acciones.
40 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 30 de enero de 2025, Rad.
68001233300020240004302, MP. Gloria María Gómez Montoya; sentencia de 14 de noviembre de
2024, Rad. 41001-23-33-000-2023-00424-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra; sentencia de 31 de
octubre de 2024, Rad. 68001233300020230079102, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
41 Código Electoral, artículo 1º, numeral 4.
42 Ver: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 17 de octubre de 2013, Rad. 76001-23-31-
000-2011-01747-01 y sentencia de 5 de junio de 2005, Rad. 70001-23-31-000-2003-02150-01.
43 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 14 de diciembre de 2004, Rad. 47001-23-31-
000-2003-00267-01(PI), MP. Camilo Arciniegas Andrade.
44 Al respecto: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 10 de noviembre de 2005, Rad.
11001-03-28-000-2003-00044-00, MP. María Nohemí Hernández Pinzón.
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112. Finalmente, frente al reproche sobre la incidencia del poder económico de los
candidatos en las campañas políticas y la afectación al interés general y la
moralidad pública, debe recordarse que los regímenes de inhabilidades para
acceder a los cargos públicos, en particular los de elección popular, buscan,
precisamente, salvaguardar esos postulados constitucionales.
113. Es justo por esa razón que el derecho a ser elegido se limita a través de la
prohibición de determinadas actividades, como, por ejemplo, haber celebrado
contratos o gestionado negocios con entidades públicas, que pueden generar para
el candidato alguna influencia en la administración o ventajas frente a los
potenciales electores.
114. No obstante, esa restricción ha sido establecida con un criterio de
razonabilidad, que explica que esas conductas se deban evitar dentro del año
anterior a la elección, mas no indefinidamente o en un término superior a ese. Solo
de esta forma es posible conciliar el interés general, con el derecho fundamental de
los ciudadanos a acceder a la función pública.
115. Por lo tanto, más allá de esas circunstancias impeditivas, el legislador ha
querido dejar a la voluntad de los ciudadanos la valoración de las condiciones de
los candidatos que postulan sus nombres para ocupar los cargos sujetos al voto
popular, como pilar del principio democrático y factor determinante del derecho a
participar en la conformación del poder político.
116. En suma, la Sala concluye que en el caso concreto no se demostró que el
demandado haya incurrido en las causales de inhabilidad que se le atribuyen, lo que
conduce a que se confirme la sentencia apelada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de septiembre de 2024, por la cual el
Tribunal Administrativo del Atlántico negó la nulidad de la elección del señor
Alejandro Char Chaljub como alcalde del distrito de Barranquilla, período 2024-
2027, contenida en el formulario E-26 ALC de 17 de noviembre de 2023, expedido
por la Comisión Escrutadora Municipal.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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