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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 50001-23-33-000-2020-00012-02

Nulidad electoral: contra el acto de elección de concejal municipal

Fecha
12 de agosto de 2021
Consejero ponente
Rocío Araújo Oñate
Citada por
15 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 50001-23-33-000-2020-00012-02

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de mayo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, consistente en denegar las pretensiones de nulidad contra el acto que declaró la elección del señor David Fernando Barbosa Posada, como concejal del municipio de Villavicencio, período 2020-2023, conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 50001-23-33-000-2020-00012-02

Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate

12 de agosto de 2021

NULIDAD ELECTORAL – Contra el acto de elección de concejal municipal / INHABILIDAD – Generalidades en los procesos de elección popular / RÉGIMEN DE INHABILIDADES DEL CANDIDATO A ELECCIÓN POPULAR

Ha señalado esta Sección, que son derechos fundamentales de acuerdo con el artículo 40 de la Constitución Política, el de ser elegido y acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, prerrogativas que no tiene el carácter de ser absolutas, por lo que la propia Constitución y la ley contemplan restricciones al ejercicio de tales derechos, motivadas en otras garantías -también constitucionales- como el interés general, la igualdad y el ejercicio eficiente de la función pública, tal como es el caso de las inhabilidades para ocupar cargos de elección popular. (…). En este mismo sentido, la Sección Quinta ha señalado que las inhabilidades “buscan preservar los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad de la función administrativa y la garantía del derecho de igualdad de oportunidades.” Es así, como para cada cargo de elección popular se tiene previsto un régimen de inhabilidades, que enlista actuaciones que no pueden observarse durante un plazo determinado anterior a la inscripción o a la elección -según el caso- so pena de impedir la aspiración política, proscripciones estas que, a su vez, constituyen causales de nulidad de los actos de elección popular, en virtud de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre los derechos fundamentales de ser elegido y acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de agosto de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 11001-03-28-000-2014-00051-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 12 de marzo de 2015, M.P. Alberto Yepes Barreiro, radicación 11001-03-28-000-2014-00065-00. Acerca de las inhabilidades y su finalidad, consultar: Corte Constitucional, sentencia del 4 de Febrero de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería, expediente D-4060; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 21 de abril de 2009, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, radicación 2007-00581(PI); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de julio de 2009, C.P. Susana Buitrago Valencia, radicación 2007-00244-02.

EJERCICIO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA - Elementos que la configuran / AUTORIDAD ADMINISTRATIVA – Criterios orgánico y funcional para determinarla

La Sección Quinta del Consejo de Estado ha aceptado que a la noción de autoridad administrativa puede arribarse a través de un criterio funcional que, a partir del análisis casuístico de las competencias atribuidas a un cargo, permita obtener la certeza de que el titular de la función detenta la autonomía decisoria requerida; o mediante el uso de un criterio orgánico que se ocupa de desentrañar, tomando como base la ubicación jerárquica del empleo, el ejercicio de la dirección administrativa que la caracteriza, cristalizada, se itera, en poderes de mando. (…). Así, desde el enfoque funcional, la jurisprudencia ha admitido que comportan autoridad administrativa, de conformidad con el artículo 190 ibidem: - La celebración de contratos o convenios. - La ordenación de gastos u horas extras. - La autorización de comisiones, licencias no remuneradas, el decreto de vacaciones y su suspensión. - El traslado horizontal o vertical de los funcionarios subordinados. - La vinculación de personal supernumerario o el establecimiento de una nueva sede al personal de planta. - Hacer parte de las unidades de control interno o investigar las faltas disciplinarias. Sin que se trate de un listado taxativo, pues el catálogo de funciones que implican el ejercicio de este tipo de autoridad, puede verse ampliado, siempre y cuando, las competencias analizadas cumplan con las condiciones hasta aquí referidas, esto es, que se constituyan en manifestaciones propias de la facultad decisoria atribuida al cargo, y cuyo propósito sea el cumplimiento de los fines esenciales del órgano administrativo al que se encuentra adscrito, ya que, como lo ha advertido la Sala Plena de esta Corporación, la autoridad administrativa es: “…aquella que ejercen quienes desempeñan cargos de la administración nacional, departamental y municipal o de los órganos electorales y de control que impliquen poderes decisorios de mando o imposición sobre los subordinados o la sociedad. La autoridad administrativa, comprende, entonces, las funciones administrativas de una connotación como la descrita y excluye las demás que no alcanzan a tener esa importancia.”. (…). Es menester recordar que la inhabilidad prevista en la ley supone la configuración de cuatro elementos, de tal manera que de faltar alguno no estaría tipificada: A. Objetivo. Ejercer como empleado público, B. Modal: en tal virtud ostentar jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, C. Temporal. Se adelante dentro de los doce meses anteriores a la fecha de elección. D. Territorial. Que lo anterior se cumpla en el mismo municipio en el que se es elegido. Con miras a analizar la configuración de esta causal de inelegibilidad, en todo caso se debe examinar que los elementos anteriormente señalados se presenten de manera concurrente y, en caso que no sea así se entenderá que no se materializó el cargo de nulidad planteado.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la necesidad de acudir al concepto de dirección administrativa para construir el concepto de autoridad administrativa, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 20 de febrero de 2009, M.P. Susana Buitrago Valencia, radicación 2007-00800; y Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 19 de marzo de 2009, M.P. Susana Buitrago Valencia, radicación 2007-00704-02. En cuanto a los elementos que caracterizan la dirección administrativa, a título de referente conceptual para el concepto de autoridad administrativa, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 30 de noviembre de 2010, M.P. Susana Buitrago Valencia, radicación 23001-23-31-000-2008-00087-03(IJ). En relación al uso de los criterios funcional y orgánico para determinar la noción de autoridad administrativa, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de 1° de octubre de 2020, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 50001-23-33-000-2020-00012-01 acumulado. Sobre los criterios orgánico y funcional, a los que se acude para establecer si el ejercicio de un cargo implica el ejercicio de autoridad administrativa, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de septiembre de 2005, M.P. Filemón Jiménez Ochoa, radicación 41001-23-31-000-2003-01299-02 (3657). Sobre el enfoque funcional y las actividades que comportan el ejercicio de autoridad administrativa, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de 15 de octubre de 2020, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 70001-23-33-000-2020-00035-01. De la definición de autoridad administrativa, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 27 de agosto de 2002, M.P. Darío Quiñones Pinilla, radicación 11001-03-15-000-2001-0161-01(PI-025).

EJERCICIO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA - Perspectiva orgánica y funcional / INHABILIDAD DEL CONCEJAL POR EJERCICIO DE AUTORIDAD – No acreditada

Según el Decreto No. 1000-21/158 de 2017, el cargo que desempeñó el accionado, del nivel directivo, como se deprende del correspondiente acto de nombramiento, pertenece a la Dirección de Apoyo a la Gestión, dependencia de la Secretaría de Desarrollo Institucional. Por ende, salta a la vista que dentro la estructura de la Alcaldía de Villavicencio, el demandado no ocupó el empleo de alcalde o secretario de despacho, investiduras de las cuales por disposición del artículo 190 de la Ley 136 de 1994, se desprende el ejercicio de autoridad administrativa. (…). En ese orden de ideas, orgánicamente no se evidencia que el demandado dentro de la estructura del municipio haya desempeñado alguno de los cargos de mayor jerarquía de la entidad territorial, de los cuales pueda desprenderse prima facie el ejercicio de autoridad administrativa. (…). Empero, (…), también debe emprenderse el análisis del desempeño de dicha autoridad desde el punto de vista funcional, para lo cual se traen a colación las tareas que tenía asignadas el [demandado] (…) como director técnico 009, grado 01, de la Dirección de Apoyo a la Gestión. (…). De las funciones enunciadas el recurrente hace énfasis en las que implican dirección, porque estima que de ellas se desprende per se, la capacidad de mando que caracteriza a las autoridades administrativas. En este punto vale la pena destacar, sin desconocer la importancia del propósito principal del empleo que desempeñó el demandado y de las funciones (…), cuya nota distintiva está en asumir responsabilidades que implica liderazgo en lo relacionado con la administración y mantenimiento de los recursos físicos y tecnológicos (en menor medida) de la Alcaldía de Villavicencio, la gestión documental y la atención de algunos servicios básicos para apoyar la gestión misional de la administración, que para predicar el ejercicio de autoridad administrativa debe advertirse que las funciones se ejerzan con autonomía, con un amplio margen de facultad decisoria. (…). En consonancia con lo anterior, la Sección ha establecido que si las funciones y el diseño jerárquico del cargo le otorgan a su titular potestad de mando y de dirección con autonomía decisoria, solo de esa manera se podría concluir que el servidor público ejerce autoridad administrativa, situación que no se presenta en este caso: (…). Sobre la relación entre el ejercicio de autoridad administrativa y la autonomía con poder en función de mando, se ha considerado necesario revisar si el desempeño de las funciones objeto de análisis está o no condicionado a las potestades de otras autoridades de mayor jerarquía. (…). De lo anterior se desprende que la labor del director técnico de la Dirección de Apoyo a la Gestión, la cual hace parte de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la alcaldía de Villavicencio tampoco tenía independencia, pues es razonable sostener que sus actuaciones estaban sujetas a las determinaciones del secretario de despacho como titular de la Secretaría mencionada y este a su vez del alcalde del municipio.

Es de anotar que independencia debe entenderse en términos de jerarquía, lo cual quiere decir, (…), que el demandado en su cargo de director técnico no gozaba de dicha atribución pues dependía de otros funcionarios en el sentido de dirección, regulación y control en el desarrollo de sus funciones, por lo que dicha potestad solo le es inescindible únicamente al cargo de alcalde, quien funge como primera autoridad política municipal y es quien debe velar por garantizar la gestión administrativa en su municipio. (…). [S]e advierte que la facultad consistente en coordinar y controlar lo relacionado con el mantenimiento, custodia de los bienes muebles e inmuebles de la Administración, no supuso per se para el demandado el reconocimiento de la potestad de contratación o de ordenador del gasto, sino simplemente el desarrollo de tareas de coordinación que contribuyan a la debida administración y conservación de los bienes que la dirección a la que perteneció requirió para cumplir con su cometidos. (…). En efecto, el artículo 315.9 de la Constitución Política señala, que el alcalde tiene la facultad de ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto. (…). A su turno, aportó la Resolución No. 174 de mayo 31 de 2012, que en su artículo quinto ordenó la desconcentración en cabeza del jefe de la oficina de contratación código 006, grado 02, la competencia para suscribir todos los contratos y convenios que celebra el municipio de Villavicencio, lo que permite concluir sin lugar a dudas, que el demandado no ostentó frente a estas actividades la autoridad deprecada, pues ni fue ordenador del gasto ni suscribió contratos según las pruebas aportadas. Por el contrario, como se desprende de los elementos de juicio, el señor Barbosa Posada simplemente ejerció la supervisión de contratos. (…). Es decir, la supervisión si bien conlleva a la posibilidad que se impartan instrucciones al contratista, ello no puede implicar sustituir las obligaciones contractuales previamente pactadas ni mucho menos generar direccionamientos contrarios al objeto contractual, por el contrario, sus lineamientos deben buscar la ejecución exitosa del acuerdo de voluntades, sin que esto implique disposición de los recursos que es una función propia del ordenador del gasto. (…).

En lo que respecta al Plan Anual de Compras, según lo prevé el Manual de Funciones descrito en el Decreto 1000-21/158 de 2017, el secretario de despacho de la Secretaría de Desarrollo Institucional en coordinación de la Secretaría de Hacienda son los principales responsables, motivo por el que las facultades del director técnico se limitan a la preparación de estos instrumentos, sin que de allí se desprenda el ejercicio de autoridad administrativa. (…). [O]tros de los motivos de inconformidad con la sentencia de primera instancia radican en que materialmente el señor Barbosa Posada ejerció autoridad administrativa, en tanto concedió permisos, vacaciones, realizó evaluaciones de desempeño a los empleados bajo su mando y tenía la facultad de imponer sanciones disciplinarias en la Alcaldía de Villavicencio. (…). [L]as normas prescriben que será el director de personal el responsable de autorizar o negar los permisos a los empleados y que el señor Barbosa Posada como director técnico solo iniciaba el trámite como jefe inmediato, pero el formulario debía estar suscrito por los responsables de su aprobación. (…). [R]evisado el material probatorio, se observa que si bien el demandado viabilizó la ausencia de la sede laboral a algunos funcionarios como consecuencia de permisos médicos y compensatorios, tales circunstancias no conllevan al ejercicio de autoridad administrativa, ya que no se observa potestad nominadora ni el otorgamiento de comisiones de servicios, licencias no remuneradas, autorización y suspensión de vacaciones de los empleados, traslados, horas extras y la vinculación de supernumerarios a la entidad, fijar sede a personal de planta o tener asignada la potestad disciplinaria frente a aquellos, a la luz de lo establecido por el inciso segundo del artículo 190 de la Ley 136 de 1994. En este punto, se resalta que, (…), la competencia de los servidores del Estado debe ser, en todos los casos, expresa, y no puede derivarse de interpretaciones que excedan, en principio, la gramática de las disposiciones examinadas. De otra parte, el recurrente afirma que la función de realizar la evaluación del desempeño laboral y la productividad de los servidores públicos vinculados a las entidades lleva implícita la autoridad administrativa, pues en su calidad de director técnico el demandado evaluó a varios de los funcionarios en aspectos como el tiempo que efectivamente certificaban como laborado, los compromisos propios de su cargo y competencias comportamentales. (…). Bajo este entendimiento, la Sala Electoral del Consejo de Estado ha determinado que la labor de evaluación no constituye el ejercicio de una facultad subjetiva, sino el cumplimiento de una obligación periódica, objetiva y transparente, conforme la metodología previamente establecida, de manera tal que el evaluador no cuenta en estricto sentido con autonomía decisoria, y por ende, no puede considerarse que ejerce autoridad administrativa, a lo que se añade, que su decisión puede ser revisada por su superior jerárquico de interponerse el recurso de apelación. (…). Ahora bien, respecto al argumento (…) que el señor Barbosa Posada en su cargo como director técnico autorizó comisiones, licencias no remuneradas, el decreto de vacaciones y su suspensión, se destaca, como lo detalló en su escrito de apelación, que era deber del demandado luego de iniciar dichos trámites, informar a la directora de personal de la Alcaldía municipal, lo que da cuenta de que aquél no era autónomo en tal determinación. (…). [L]a facultad de conceder comisiones, licencias y vacaciones que corresponde inicialmente al alcalde, en virtud del Decreto anteriormente mencionado [No. 1000-21/136 de 2017], fue trasladada a la Secretaría de Desarrollo Institucional, de quien es titular el secretario de despacho correspondiente. (…).

Es así como, se puede evidenciar que el titular de la dependencia es el responsable de toda acción u omisión frente a las facultades otorgadas en virtud de la delegación y que debe presentar un informe al alcalde sobre dichas gestiones, motivo por el cual la potestad de conceder o no licencias o vacaciones no se encontraba en cabeza del señor Barbosa Posada, sino de quien en su momento estaba designado como secretario de despacho. Por último, el apelante sostiene que el accionado contaba con la capacidad de imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios de la alcaldía, circunstancia que lo envestía de autoridad administrativa. (…). [C]ontrario a lo dicho por el apelante, respecto a que el demandado desempeñando su cargo como director técnico cuando firma un documento junto al jefe de personal o jefe de contratación en asuntos de manejo de personal o de contratación, está ejerciendo la autoridad administrativa de una manera conjunta con los anteriores, esta Sala advierte según lo dispuesto en el Decreto No. 1000-21/136 de 2017, que la decisión que va a definir el asunto, valedera e importante será la del secretario de despacho como titular de la Secretaria de Desarrollo Institucional y su superior jerárquico, o en el caso de los contratos al jefe de la oficina de contratación por cuanto son los responsables de toda acción u omisión que tenga relación con las funciones delegadas y son quienes deben presentar un informe semestral al alcalde sobre dicha gestión, de igual manera, se resalta que el ejercicio de funciones y la autoridad administrativa que emane de ellas no lo confiere firmar un documento sino el manual de funciones o el acto de delegación, según fuere el caso. A ello se debe agregar, que nada importa si el demandado generó aparentemente en los ciudadanos la falsa idea de su potestad de autoridad administrativa firmando dichos documentos, ello por cuanto la misma definición que se ha implementado bajo el concepto de capacidad legal y reglamentaria que ostenta un empleado, supone que no se puede predicar una función aparente del empleo de director técnico objeto de análisis y no puede el operador judicial extender la inhabilidad a cuestiones no comprendidas en la norma dado que las mismas son de interpretación restrictiva. En suma, la Sala estima que, contrario a lo sostenido por la parte actora, no se evidencia el ejercicio de autoridad administrativa en el análisis de las funciones asignadas al director técnico, código 009, grado 01, de la Dirección de Apoyo a la Gestión, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la Alcaldía de Villavicencio, de cara a los cuestionamientos elevados a través de la demanda. Por las anteriores consideraciones, la Sala Electoral del Consejo de Estado determina que no existe consideración alguna para revocar la decisión de primera instancia. (…). Conforme lo expuesto, se tiene que en el presente caso no se estructura el elemento modal de la inhabilidad endilgada al demandado, comoquiera que el señor David Fernando Barbosa Posada no ejerció autoridad administrativa en el municipio de Villavicencio en el lapso que contempla el artículo 40.2 de la Ley 617 de 2000.

NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a la autoridad administrativa y que su ejercicio se configura en la medida que las funciones y el diseño jerárquico del cargo le otorgan a su titular potestad de mando y de dirección con autonomía decisoria, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de mayo de 2013, M.P: Susana Buitrago Valencia, radicación 23001-23-31-000-2008-00087-03 (IJ); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 28 de febrero de 2002, M.P. Darío Quiñones Pinilla, radicado 2804. Sobre la relación entre el ejercicio de autoridad administrativa y la autonomía con poder en función de mando, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de diciembre de 2020, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 11001-03-28-000-2020-00016-00, 11001-03-28-000-2020-00017-00. Frente a la atribución de una función de dirección en cabeza de un subdirector de planeación ambiental de una corporación autónoma regional, que estaba estrechamente ligada a las potestades conferidas al representante legal y al consejo directivo de la entidad, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de diciembre de 2020, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 11001-03-28-000-2020-00016-00, 11001-03-28-000-2020-00017-00. Respecto de la supervisión de contratos estatales que no conlleva, en principio, el ejercicio de autoridad administrativa , comoquiera que las atribuciones que se asignan para el desarrollo de esta actividad responden a una lógica instrumental y de apoyo que pretende, la debida puesta en marcha de los procedimientos contractuales desplegados por el Estado, excluyendo la titularidad de facultades impositivas y, en general, de poderes de mando que permitan remarcar el elemento modal de esta inhabilidad, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 23 de septiembre de 2013, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 41001-23-31-000-2012-00048-01. Acerca del apoyo prestado por el director técnico de la Dirección de Apoyo a la Gestión, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la alcaldía municipal de Villavicencio y que debe entenderse como “una contribución especial” que de estos cargos se deriva para el “…logro de los objetivos del organismo”, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 30 de noviembre de 2010, M.P. Susana Buitrago Valencia, radicación 23001-23-31-000-2008-00087-03(IJ). En lo que se refiere a la coordinación de actividades para la toma de decisiones, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 9 de febrero de 2017, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 05001-23-33-000-2015-02491-01. Frente al presunto ejercicio de autoridad administrativa por parte de un servidor público de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, por el hecho de desempeñar la función de autoridad administrativa, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 28 de enero de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación 76001-23-33-000-2020-00013-01 (acumulado). Que de la definición de autoridad administrativa que se ha implementado bajo el concepto de capacidad legal y reglamentaria que ostenta un empleado, supone que no se puede predicar una función aparente del empleo de director técnico objeto de análisis y no puede el operador judicial extender la inhabilidad a cuestiones no comprendidas en la norma dado que las mismas son de interpretación restrictiva, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 22 de octubre de 2009, M.P: Susana Buitrago Valencia, radicación 73001-23-31-000-2008-00052-03.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 315 NUMERAL 9 / LEY 617 DE 2000 - ARTÍCULO 40 NUMERAL 2 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 275 NUMERAL 5 / LEY 136 DE 1994 – ARTÍCULO 43 NUMERAL 2 / LEY 136 DE 1994 – ARTÍCULO 190 / DECRETO 111 DE 1996 – ARTÍCULO 110 / LEY 80 DE 1993 – ARTÍCULO 32 NUMERAL 3 / LEY 1150 DE 2007 – ARTÍCULO 4 LITERAL H / DECRETO 1082 DE 2015 – ARTÍCULO 2.2.1.2.1.4.9

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 50001-23-33-000-2020-00012-02 (50001-23-33-000-2020-00022-00)

Actor: ALEJANDRO HERNÁNDEZ BETANCOURT Y OTRO

Demandado: DAVID FERNANDO BARBOSA POSADA - CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, PERÍODO 2020-2023

Referencia: NULIDAD ELECTORAL - Apelación de sentencia, ejercicio de autoridad administrativa, requisitos para su configuración

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la decisión adoptada en sentencia del 27 de mayo de 2021, por medio de la cual la Sala Quinta Oral del Tribunal Administrativo del Meta denegó las pretensiones de las demandas de nulidad electoral contra el acto que declaró al señor Fernando Barbosa Posada como concejal del Municipio de Villavicencio, para el período 2020-2023.

ANTECEDENTES

Demanda presentada en el expediente 2020-00012-02

El señor Alejandro Hernández Betancourt, a través de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, en la que solicitó:

“PRIMERA: Se declare la NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ELECCION contenido en la declaración de elección Acta de Escrutinio Formulario E-26 ACTA PARCIAL DEL ESCRUTINIO GENERAL – CONCEJO – ELECCIONES 27 de octubre de 2019, en lo que hace referencia a la elección como concejal del Municipio de Villavicencio, para el periodo constitucional 2020-2023 del ciudadano candidato DAVID FERNANDO BARBOSA POSADA C.C. 86.045.584 de Villavicencio, elegido por el partido político de AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO, acto administrativo expedido el día quince (15) de noviembre de 2019 a las 06:02 pm por los miembros de la comisión escrutadora del Concejo Nacional Electoral; debido a la vulneración del articulo (sic) 43 de la Ley 136 de 1994, el cual establece que no podrá ser Concejal: 2. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio o distrito o quien como empleado publico (sic) del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador del gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito.

SEGUNDA: Se declare la elección de ALEJANDRO FERNANDEZ BETANCOURT identificado con cedula de ciudadanía No. 1.128.472.527 de Medellín – Antioquia, como concejal del Municipio de Villavicencio, por ser el segundo en la lista del partido político de AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO, conforme al E-26 ACTA PARCIAL DEL ESCRUTINIO GENERAL – CONCEJO – ELECCIONES 27 de octubre de 2019, conforme al numeral segundo del artículo 288 del CPACA.

TERCERA: -Se comunique de la decisión a la mesa directiva CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO- META para los fines pertinentes.”

1.1.2 Hechos

Adujo que el 1 de febrero de 2017 el entonces alcalde de Villavicencio, a través del Decreto No. 1000-21/031, nombró al demandado en el empleo de director técnico, código 009, grado 01, de la Dirección de Apoyo a la Gestión, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Institucional.

Sostuvo que el 11 de abril de 2019, el señor Barbosa Posada renunció al cargo con efectos a partir del 22 del mismo mes y año, lo cual se materializó con el Decreto 1000-21/202 en el que el alcalde aceptó la dimisión.

Detalló que las funciones del empleo se encuentran detalladas en el Decreto 1000-21/158 de 2017, de donde se puede extraer como principal misión la de “Dirigir, ejecutar y evaluar la ejecución de las políticas, planes y programas e instrumentos establecidos para la gestión de recursos físicos, servicios generales y gestión documental y archivos requeridos para el normal desarrollo de las funciones propias de la Administración Municipal”.

Como fundamento de su afirmación, hizo alusión a otras atribuciones, en las que se encuentran las de: I) dirigir y coordinar la administración, custodia y conservación de predios, bienes inmuebles y muebles de la entidad, II) coordinar, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con la adquisición, almacenamiento, custodia, seguros, mantenimiento, distribución e inventarios de muebles e inmuebles, parque automotor, y demás bienes y servicios necesarios para el funcionamiento normal de la administración, Ill) formular y ejecutar planes integrales de mantenimiento de la infraestructura de las instalaciones y parque automotor, que permitan condiciones favorables para el desarrollo de las funciones propias de la entidad, IV) organizar la operación del sistema de atención al ciudadano, peticiones, quejas y reclamos, de manera que se brinde la debida atención a los requerimientos de la ciudadanía, V) dirigir y controlar la correcta y oportuna prestación de los servicios de aseo, cafetería, vigilancia, correspondencia, mensajería, fotocopiado, comunicaciones y seguros que se requieran para apoyar la gestión misional de la administración, VI) elaborar y ejecutar el Plan Anual de Compras de la entidad conforme a los lineamientos y procedimientos establecidos y los requerimientos de las dependencias de la entidad, VII) dirigir y controlar la elaboración del plan de mantenimiento de la plataforma tecnológica, para el desarrollo de las funciones propias de la entidad en coordinación con la Dirección de Sistemas de Información.

Aseveró que el demandado realizó supervisión a varias órdenes de compra y contratos, realizó evaluaciones técnicas a los pliegos de condiciones, aprobaba los estudios previos, ejerció poder de mando sobre el personal a su cargo, entre lo que se encuentra otorgar permisos y evaluaciones de desempeño.

1.1.3 Normas violadas y concepto de la violación

A juicio del demandante, con la elección del señor David Fernando Barbosa Posada, se desconocieron los artículos 43.2 de la Ley 136 de 1994 y 275.5 de la Ley 1437 de 2011.

Para sustentar el concepto de la violación, adujo que las actividades desarrolladas en el marco de sus funciones, lo hacen inhábil para ser elegido concejal municipal, toda vez que conforme con la regla del artículo 43.2 de la Ley 136 de 1994, el señor David Fernando Barbosa Posada ejerció autoridad administrativa dentro de los 12 meses anteriores a la elección.

Actuaciones procesales

1.1.4.1. Admisión de la demanda

El 16 de enero de 2020, el magistrado instructor admitió el libelo genitor al considerar que se encontraban acreditados los requisitos dispuestos en los artículos 162, 163 y 166 de la Ley 1437 de 2011.

1.1.4.2. Contestación de la demanda

Demandado: El 14 de febrero de 2020, el apoderado judicial contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, al considerar que si bien se encuentra demostrado que el señor Barbosa Posada se posesionó en el cargo de director técnico, nivel directivo, código 009, grado 01 de la Dirección de Apoyo a la Gestión, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Institucional, no se acreditó el ejercicio de autoridad administrativa.

Para sustentar la carencia de autoridad, detalló que los ordenadores de gasto en las compras por la plataforma “Tienda Virtual Colombia- Compra Eficiente” fueron los señores Mauricio Andrés González y Mónica Marcela Ruiz Ulloa, quienes fungían como jefes de contratación y tenían dicha facultad en virtud de la delegación realizada por el alcalde del municipio en esos asuntos.

Aunado a lo anterior, señaló que los permisos a los empleados se otorgan conforme lo dispuesto en el Decreto 1000-21/158 de 2017, que en sus artículos 59 y 60 establece que el procedimiento para la solicitud de un permiso debe diligenciarse el formato 1101-F-GRM-15-V2 a fin que sea autorizado y aprobado por el director de personal, funcionario competente para aprobar dicho trámite, por lo que hay una falta de atribuciones y competencias para el cargo de director de apoyo a la gestión para el manejo y resolución de situaciones administrativas de la planta de personal.

Agregó que del análisis de los actos demandados y la confrontación de la norma superior invocada como violada, se tiene que la parte actora fundamenta el ejercicio presunto de una especie de “funciones realidad" que nada guardan relación con la vinculación legal y reglamentaria del empleo de director técnico, nivel directivo, código 009, grado 01 de la Dirección de Apoyo a la Gestión, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Institucional, establecido en el Decreto No 1000-21/158 de 2017, puesto que aduce que podía suscribir contratos, ordenar gastos, dar permisos, comprometer el patrimonio del municipio, y que podía hacerse obedecer, cuando en realidad dentro del propósito principal del empleo y de las funciones taxativas nada de esto era posible.

De igual manera, argumentó que la supervisión contractual no es sinónimo del ejercicio de autoridad administrativa, ni esto convierte al director de apoyo a la gestión en ordenador del gasto, pues cualquier funcionario de la entidad que tenga conocimientos técnicos sobre el asunto que se está contratando puede vigilarlo con el objetivo de mantener informado a quien lo suscribió.

1.2. Demanda presentada en el expediente 2020-00022-00

La señora Omaira Lizeth Velásquez Rojas, bajo las mismas pretensiones del proceso antes reseñado, relató que el 1 de febrero de 2017, el alcalde de Villavicencio nombró mediante Decreto No. 1000-21/031 de 2017, al señor David Fernando Barbosa Posada, en el cargo de libre nombramiento y remoción denominado director técnico, nivel directivo, código 009, grado 01 de la Dirección de Apoyo a la Gestión, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Institucional.

Adujo que el Decreto No. 1000- 21/158 de 2017, “Por medio del cual se ajusta y establece el Manual de Funciones y Competencias Laborales para la plata de empleos de la Administración Central del Municipio de Villavicencio”, identifica claramente las funciones que desarrolló el señor Barbosa Posada, entre las que resalta la de dirigir y coordinar la administración, custodia y conservación de predios, bienes inmuebles y muebles de la entidad, así como la de coordinar, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con la adquisición, almacenamiento, custodia, seguros, mantenimiento, distribución e inventarios de los bienes, parque automotor y demás servicios necesarios para el funcionamiento normal de la administración.

Narró que el demandado en el ejercicio del cargo, supervisó varias órdenes de compra y tuvo personal a su cargo, como lo acredita el memorando No. 1102-17.12/0223, dirigido a los “funcionarios de la Dirección Apoyo a la Gestión”, que manejaban procesos contractuales, mediante el cual solicitó con carácter urgente la hoja de ruta de los procesos adelantados y que se encontrasen en curso por cada uno de ellos a fin de hacerles seguimiento. Así mismo, indicó que el señor Barbosa Posada aprobó como director técnico permisos a varios trabajadores vinculados a su grupo de trabajo.

Adujo que el demandado mientras ocupó el cargo mencionado, evaluó el desempeño laboral (tiempo efectivamente laborado, compromisos laborales y competencias comportamentales) de varios funcionarios de la alcaldía; también valoró técnicamente los pliegos de condiciones, verificando la experiencia y demás condiciones técnicas, determinando que el proponente en los procesos de contratación cumplieran con los requisitos exigidos en los instrumentos que conforman la etapa precontractual; además, los estudios previos de conveniencia y oportunidad para realizar la contratación.

Señaló que el 27 de octubre de 2019, en Villavicencio (Meta), se llevaron a cabo las elecciones de mandatarios locales en donde se declaró al señor David Fernando Barbosa Posada como concejal de ese ente territorial.

1.2.1. Señalamiento de las normas violadas y concepto de violación

Para la actora, la elección enjuiciada deviene en nula toda vez que el señor Barbosa Posada se encontraba inhabilitado para ser elegido, por haber ejercido en el cargo de director técnico, autoridad administrativa dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de su elección de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, que modificó el artículo 43 de la Ley 136 de 1994.

Como fundamento de su alegación, la actora consideró que la elección infringe las normas en que debería fundarse y además, fue proferida de manera irregular, pues dentro de los doce meses anteriores al 27 de octubre de 2019, ejerció como empleado público de libre nombramiento y remoción, autoridad administrativa en el municipio de Villavicencio, lo que configura la causal de nulidad establecida en el numeral quinto del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.

Aunado a lo anterior, manifestó que tales inhabilidades deben ser entendidas con los preceptos de la Constitución Política que se encuentran en los artículos 122 y 179.8, así como, de las señaladas en el artículo 217 de la Ley 734 de 2002 -Código Disciplinario Único- comunes a todos los cargos públicos, en cuanto hace a no incurrir en estas conductas que atentan con las leyes que rigen los procesos eleccionarios.

Señaló que si bien, el cargo de director técnico no aparece en los que se enuncian en el inciso primero del artículo 190 de la Ley 136 de 1994, se tiene con absoluta certeza que el demandado, ejerció poder y mando, pues desde el punto de vista orgánico y según su posición jerárquica, tenía la potestad de hacerse obedecer.

Explicó que el ejercicio de autoridad administrativa también se desprende de la valoración realizada al Decreto 1000- 21/158 de 2017, “Por medio del cual se ajusta y establece el Manual de Funciones y Competencias Laborales para la planta de empleos de la Administración Central del Municipio de Villavicencio”.

Aseveró que, como consecuencia de tal inhabilidad, la curul debería ser asumida por el señor Alejandro Hernández Betancourt, perteneciente al Movimiento Político de Autoridades indígenas de Colombia -AICO, debido a que es quien le sigue en votos al demandado.

1.2.2. Actuaciones procesales

El 21 de enero de 2020, el magistrado instructor admitió el libelo genitor al considerar que se encontraban acreditados los requisitos dispuestos en los artículos 162, 163 y 166 de la Ley 1437 de 2011.

Mediante auto separado de la misma fecha, dispuso correr traslado al demandado e intervinientes de la solicitud de medida cautelar consistente en la suspensión provisional del acto acusado.

1.2.3. Contestación de la demanda

Demandado: El 14 de febrero de 2020, el apoderado del señor Barbosa Posada contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, bajo los mismos argumentos del medio de control resumido en el acápite anterior.

Agregó que su prohijado en calidad de director de apoyo a la gestión realizaba los estudios previos de conveniencia y oportunidad de acuerdo a la necesidad de la dirección a su cargo, cuyo análisis estaba sujeto a la aprobación por parte del ordenador del gasto.

De igual manera, aseveró que la parte demandante no presentó elementos de prueba que demuestren que el demandado al ejercer el cargo de director técnico, nivel directivo, de la Dirección de Apoyo a la Gestión, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Institucional, detentó autoridad administrativa o que era ordenador del gasto, pues lo que logra corroborar es el debido cumplimiento de las funciones previstas en el manual de la entidad.

1.3. Acumulación de procesos

Mediante auto de 26 de febrero de 2020, el Tribunal Administrativo del Meta decretó conforme al artículo 282 de la Ley 1437 de 2011, la acumulación de los procesos electorales radicados con los números 50001- 23-33-000-2020-00022-00 y 50001-23-33-000-2020-00012-00, teniendo en cuenta que en los dos se pretende la nulidad de la elección del señor David Fernando Barbosa Posada como concejal municipal de Villavicencio para el período 2020- 2023, argumentando que conforme lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, el demandado se encontraba inhabilitado, por haber ejercido autoridad administrativa en el Municipio de Villavicencio, durante los doce meses anteriores a su elección.

1.4. Resolución de excepciones, medida cautelar y sentencia anticipada

Mediante auto de 13 de marzo de 2020, el Tribunal Administrativo del Meta resolvió suspender provisionalmente el acto de elección del señor Barbosa Posada como concejal de Villavicencio, decisión que fuera revocada por esta Corporación por medio de auto de 2 de octubre de 2020.

Por medio de memorial del 28 de julio de 2020 la parte demandante solicitó que se llevara a cabo una audiencia para dictar sentencia anticipada, porque se trataba de un asunto que no requería la práctica de pruebas adicionales a las ya obrantes en el proceso.

En virtud de lo anterior, a través de providencia del 13 de agosto de 2020, la autoridad judicial de primera instancia, negó la solicitud de sentencia anticipada elevada por la parte actora, al considerar que se debían practicar algunas de las pruebas solicitadas y estudiarse la posibilidad de decretar medios de convicción de oficio para contar con suficientes elementos de juicio. A su turno, decidió aceptar al señor Manuel Alejandro Santamaria Alvarado como coadyuvante de la parte demandada con las limitaciones consagradas en el artículo 223 de la Ley 1437 de 2011.

El 17 de septiembre de 2020, teniendo como fundamento el artículo 186.6 de la Ley 1437 de 2011, determinó la configuración de la excepción mixta de falta de legitimación en la causa por pasiva de la RNEC, así mismo, de oficio determinó que se configuró respecto del Consejo Nacional Electoral.
Posteriormente, en decisión del 19 de octubre de 2020 el Tribunal Administrativo del Meta aceptó la solicitud del señor Yeison Rodrigo Castillo Briceño como coadyuvante del demandado y fijó como fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial.

1.5. Audiencia Inicial

El 27 de octubre de 2020, se surtió la audiencia inicial en la que se saneó el proceso y previo al decreto de pruebas, el litigio fue fijado en los siguientes términos:

“Así las cosas, en el esquema procesal advertido el asunto se centra en determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto que reconoció la elección del señor DAVID FERNANDO BARBOSA POSADA como Concejal del Municipio de Villavicencio (Meta) para el periodo constitucional 2020 – 2023, contenido en el Acta Parcial de Escrutinio General E-26 CON, expedida por la Comisión Escrutadora General del Departamento del Meta, al haber incurrido el elegido en la en la causal de inhabilidad prevista en el numeral 2º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, por cuanto ejerció autoridad administrativa durante los doce (12) meses anteriores a la elección, cuando fungió como Director Técnico, Nivel Directivo, Código 009, Grado 01 de la Dirección de Apoyo a la Gestión, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Institucional del Municipio de Villavicencio.”

Posteriormente, se decretaron las pruebas documentales y testimoniales que solicitaron las partes, junto con otras de oficio. Por otro lado, se aceptó al señor Manuel Ricardo Rey Vélez como coadyuvante de la parte demandante.

1.6. Alegatos de conclusión y término para rendir concepto

El demandante presentó alegatos de conclusión el 5 de abril de 2021, solicitando que se acceda a la pretensión anulatoria. Se sustentó en que el señor Barbosa Posada ejerció autoridad administrativa en la alcaldía de Villavicencio durante los doce meses anteriores a su elección, pues del análisis del contenido funcional del empleo que ocupó como director técnico, concretamente en lo referente a la elaboración y ejecución del plan anual de compras de la entidad, ejerció dirección y subordinación frente al personal.

Del mismo modo, en su papel en la supervisión de los contratos, ilustró que el demandado administró bienes del municipio, intervino en los procesos de contratación y tuvo funciones de dirección y coordinación de personal, autorizando licencias no remuneradas y vacaciones a los empleados de la Alcaldía, materializándose con ello el elemento de poder constitutivo de autoridad administrativa.

El demandado el 9 de abril de 2021, a través de su apoderado judicial, solicitó se denieguen las pretensiones de la demanda. Adujo que no se configura la causal de inhabilidad alegada por el accionante ya que desde la perspectiva funcional y orgánica del cargo como director técnico no se evidencian circunstancias de las cuales se pueda inferir la atribución de autoridad política y administrativa.

Reiteró que el empleo en el que fue nombrado no es de aquellos en los que se ejerza autoridad administrativa, porque no estaba habilitado para imponer sanciones de ninguna naturaleza, ya que esas facultades le competían a su superior jerárquico. Además, que no existe un solo documento aportado al plenario que sostenga que tuviese la facultad de contratar, ni mucho menos hay prueba de un contrato suscrito por él en representación del municipio o de la Dirección de Apoyo a la Gestión, tampoco se observa algún documento que logre acreditar que aprobaba permisos, licencias, que realizó traslados de personal o que tenía facultades por atribución de una norma, reglamento o en virtud de delegación de un superior jerárquico para dichas acciones.

Argumentó que en virtud de las Resoluciones No. 174 del 31 de mayo de 2012 y 1000-56.11/095 del 24 de agosto de 2017, el alcalde delegó y desconcentró en los secretarios de despacho y el jefe de oficina de contratación, la calidad de ordenadores del gasto.

El agente del Ministerio Público en concepto del 9 de abril de 2021 solicitó, que se accedan a las pretensiones de la demanda al considerar que los medios de prueba que reposan en el expediente conducen de forma contundente e inequívoca a que el señor Barbosa Posada ejerció autoridad administrativa en Villavicencio, pues se evidencia que tenía personas a su cargo sobre quienes ejercía poder de mando, al punto de conceder permisos remunerados o no para ausentarse del sitio de trabajo.

Insistió que se evidencia que el demandado autorizó como jefe inmediato más de 40 solicitudes de permisos, los cuales viabilizaban como punto de partida las respectivas solicitudes en su trámite interno y permitían a funcionarios de la mencionada entidad ausentarse de su jornada laboral de forma justificada; así mismo, firmó en su calidad de jefe inmediato diferentes formatos de evaluación inferior a un año, evaluación parcial, formatos de compromisos laborales y competencias comportamentales.

1.7. Sentencia de primera instancia

En fallo del 27 de mayo de 2021, la Sala Quinta Oral del Tribunal Administrativo del Meta, negó las pretensiones de la demanda al considerar que aun cuando se encuentran demostrados los elementos temporal y territorial de la inhabilidad consagrada en el numeral 2 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, no ocurre lo mismo con el factor objetivo, en lo que hace al ejercicio de autoridad administrativa.

Frente a este último, señaló que luego de analizar las funciones esenciales del cargo que ocupaba el señor Barbosa Posada, entre las que se destaca la de dirigir y coordinar la administración, custodia y conservación de predios, bienes inmuebles y muebles de la entidad, no se encuentra prueba alguna que permita inferir que en su calidad de director técnico de apoyo, tuviera la facultad o competencia de celebrar contratos o convenios para cumplir con tal cometido, por lo que luego de contrastar las atribuciones del cargo, con la definición que señala el artículo 190 de la Ley 136 de 1994 de autoridad administrativa, concluyó que no se ejerció ésta.

La premisa aludida, tuvo como sustento que la facultad de celebrar contratos o convenios en representación del municipio de Villavicencio se encuentra en cabeza del jefe de contratación por expresa delegación realizada por el alcalde municipal funcionario distinto al demandado; además, del análisis de sus funciones que ejerció el demandado se tiene que fueron de apoyo, supervisión y coordinación, las cuales en nada denotan la potestad de mando o de decisión.

Respecto de que el señor Barbosa Posada tenía personal a su cargo y como jefe inmediato autorizaba los permisos para ausentarse de sus labores, lo cual se prueba con los formatos aportados al plenario por la directora de personal del Municipio de Villavicencio, el Tribunal señaló que revisados éstos, además de la firma del accionado se requería la de la Secretaría de Desarrollo Institucional. Adicionalmente, que el permiso finalmente era aprobado por el director de personal, que tenía la facultad de autorizarlos de acuerdo con el artículo 59 del Reglamento Interno de Trabajo de la Administración Municipal, Decreto 1000.21/318 de 2017, razones a partir de las cuales consideró que la participación del demandado en dicho trámite no podía considerarse como ejercicio de autoridad administrativa.

1.8. Recurso de apelación

El 11 de junio de 2021, la parte actora interpuso y sustentó el recurso de apelación. Destacó que el a quo negó las pretensiones deprecadas al considerar que el señor David Fernando Barbosa Posada no estuvo incurso en la causal de inhabilidad invocada, al momento de ser elegido por voto popular como concejal del municipio de Villavicencio, porque no se cumplió con el factor objetivo, en tanto no ejerció autoridad administrativa en su cargo como director técnico.

Alegó que dicha conclusión no es conforme a la realidad, dado que el demandado tenía personal a su cargo, respecto del cual como jefe inmediato autorizaba los permisos para ausentarse de sus labores. Indicó que la Sala concluyera que además de la firma del demandado se requería la de la secretaría de desarrollo institucional y que el permiso fuera aprobado por el director de personal, no excluye que el director técnico de apoyo a la gestión haya ejercido autoridad administrativa, sino que, la ejercía con los funcionarios antes señalado.

Bajo el supuesto detallado en precedencia, sostuvo que el señor Barbosa Posada sí ejerció un rol de autoridad administrativa, dentro del cual tuvo funciones de dirección y coordinación de personal, autorizando licencias no remuneradas y vacaciones; administró bienes del municipio, intervino en los procesos de contratación, entre otras acciones que desempeñó en pro del correcto funcionamiento de la entidad, lo que materializa el elemento objetivo reseñado.

Manifestó que la decisión de primera instancia no tuvo en cuenta que ni la norma ni la interpretación jurisprudencial establecen que se necesita individualidad en el acto de ejercer autoridad administrativa, ni impone un criterio restrictivo de interpretación en el entendido que se pueda excluir un acto de autoridad por la conjunción de varios intervinientes, en el presente caso, en la autorización de permisos.

Adujo que el demandado materializó actos de autoridad administrativa incidiendo en la ejecución de la contratación de la Alcaldía de Villavicencio, ejerciendo la función dispuesta en el Decreto N°1000-21/158 de 2017, manual de funciones, la cual consistía en elaborar y ejecutar el Plan Anual de Compras de la entidad conforme con los lineamientos y procedimientos establecidos.

Finalizó su argumento, ilustrando que de no revocar la decisión de primera instancia se expone gravemente a la democracia por interpretaciones que se van moldeando conforme a “razonamientos limitantes” y no jurídicos.

El 17 de junio de 2021, el magistrado sustanciador de primera instancia, concedió el recurso de apelación al encontrar satisfechos los requisitos establecidos en el artículo 292 de la Ley 1437 de 2011.

1.9 Actuaciones de segunda instancia

Remitido el expediente a esta Corporación, a través de auto del 9 de julio de 2021, se admitió el recurso de apelación y se dispuso por Secretaría poner a disposición de los sujetos procesales el memorial de apelación para que presentaran sus alegatos y al Ministerio Público para que rindiera su concepto, quienes intervinieron en el siguiente orden:

En escrito del 19 de julio de 2021, el apoderado del demandado solicitó se denieguen las pretensiones formuladas por la parte demandante y se confirme la decisión recurrida, pues hay ausencia de autoridad administrativa en el ejercicio del cargo de director técnico de la Dirección de Apoyo a la Gestión, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Institucional del municipio de Villavicencio, lo anterior, por cuanto no se le puede atribuir las competencias de manejo y resolución de novedades administrativas de la planta de personal, no tuvo competencia para suscribir contratos y ordenar gastos, pues dicha función le corresponde al secretario de despacho o al jefe de contratación, y el señor Barbosa Posada solo podía supervisar un contrato, lo que no es sinónimo de ejercer autoridad administrativa.

En memorial allegado el 23 de julio de 2021, el coadyuvante de la parte demandante, señor Manuel Ricardo Rey Vélez, solicitó que se revoque la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta. Explicó que el a quo no se pronunció frente a los argumentos relativos a las finalidades de las inhabilidades que abiertamente vulneró el demandado, comoquiera que quedó probado en el expediente, la existencia del ejercicio de la autoridad administrativa frente al personal a cargo, toda vez que el señor Barbosa Posada tenía personal a su cargo, respecto del cual como jefe inmediato autorizaba los permisos para ausentarse de sus labores, a pesar de que se requería también de la firma de la Secretaría de Desarrollo Institucional y el permiso finalmente era aprobado por la Dirección de Personal, lo que no excluye que el director técnico de apoyo a la gestión haya ejercido autoridad administrativa, sino que la ejercía con otros funcionarios.

El 23 de julio de 2021, el apoderado del demandante solicitó que se accedan a sus pretensiones y en consecuencia se revoque el fallo atacado reiteró sus argumentos de apelación.

En concepto presentado el 30 de julio de 2021, el Ministerio Publico solicitó se mantenga la decisión de primera instancia, bajo el argumento que en el presente caso, subsisten los elementos subjetivo, temporal y espacial, los cuales resultan consonantes con la inhabilidad impuesta para los candidatos a ocupar el cargo de concejal, según el numeral 2 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994; no obstante, se encuentra en entredicho la función de autoridad administrativa pues la dirección o autoridad administrativa la ejercen los alcaldes, los secretarios, los jefes de departamento administrativo y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, pero el señor Barbosa Posada no ocupó alguno de los cargos mencionados, circunstancia que lo exime de la causal de inelegibilidad.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

En los términos de los artículos 150, 152.8 y 292 de la Ley 1437 de 2011, corresponde a la Sección decidir el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia del 27 de mayo de 2021, a través de la cual el Tribunal Administrativo del Meta denegó las pretensiones de la demanda de nulidad electoral contra el acto de elección del señor David Fernando Barbosa Posada, como concejal municipal de Villavicencio, para el período 2020-2023.

2.2. Cuestión previa

Uno de los coadyuvantes del demandante, presentó denuncia relacionada con las presuntas presiones a la señora Erika Nayibe Aguilera Saavedra, por parte de la Empresa Tempoaseo para que asistiera a las reuniones del señor David Fernando Barbosa Posada en su campaña para concejal del municipio, en razón de ello, el Tribunal ordenó en el fallo del 27 de mayo de 2021 lo siguiente:

“SEGUNDO: COMPULSAR copias de las piezas procesales y probatorias correspondientes, ante la Procuraduría Provincial de Villavicencio, para que se adelanten las indagaciones pertinentes, relacionadas con la denuncia realizada por el coadyuvante MANUEL RICARDO REY VELEZ, respecto de las presuntas presiones de que fue objeto la señora ERIKA NAYIBE AGUILERA SAAVEDRA, por parte de la empresa TEMPOASEO, para asistir a las reuniones en etapa preelectoral, entre otros, del Concejal David Fernando Barbosa Posada. Por secretaría procédase de conformidad.”

Dicha orden es cuestionada por el demandado en sus alegatos de conclusión presentados el 19 de julio de 2021, ante lo cual esta Sala manifiesta que si el señor Barbosa Posada estaba inconforme con dicha decisión debió haberla recurrido en su momento para poder ser discutida en el escenario de la segunda instancia, sin embargo, como en el presente caso no se apeló por parte del accionado, dicha orden no se puede revisar en este momento, además de devenir del deber legal de todo funcionario público de poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier conducta penal o disciplinariamente reprochable.

2.3. Oportunidad de la interposición y sustentación del recurso

El artículo 292 de la Ley 1437 de 2011, dispone la forma en que ha de interponerse y sustentarse el recurso de apelación, prescribiendo que se realizará ante el a quo en el acto de notificación de la sentencia o dentro de los 5 días siguientes a ello y se concederá en el efecto suspensivo.

En el caso en estudio, se tiene que el impugnante interpuso y sustentó el recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Meta, dentro de la oportunidad procesal, toda vez que la sentencia de primera instancia se entiende notificada a los 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje de datos correspondiente, esto es, el 9 de junio de 2021, de manera tal que el término para presentar la apelación venció a los 5 días hábiles siguientes, es decir, el 17 de junio, y el mencionado recurso se presentó el 11 del mismo mes.

En razón de lo anterior, el ponente del fallo de primera instancia mediante auto del 17 de junio de 2021 concedió el recurso de alzada.

2.4. Problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar, de conformidad con el recurso de apelación interpuesto si hay lugar a confirmar, modificar o revocar la decisión del Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual denegó las pretensiones de la demanda contra el acto que declaró la elección del señor David Fernando Barbosa Posada como concejal municipal de Villavicencio, para el período 2020-2023.

Para tal efecto corresponde establecer si el señor Barbosa Posada al ocupar el cargo de director técnico de la Dirección de Apoyo a la Gestión, ejerció autoridad administrativa en el municipio de Villavicencio, configurando así el elemento modal de la causal de inhabilidad consagrada en el artículo 40.2 de la Ley 617 de 2000.

Previo a resolver el problema jurídico que subyace al caso concreto, se procederá a efectuar un análisis preliminar en relación con i) las generalidades de las inhabilidades, ii) los elementos que configuran la causal de inelegibilidad consagrada en el artículo 40.2 de la Ley 617 de 2000, en cuanto al ejercicio de autoridad administrativa, para luego, iii) estudiar el caso en concreto.

2.5. Generalidades de las inhabilidades en el marco de los procesos de elección popular

Ha señalado esta Sección, que son derechos fundamentales de acuerdo con el artículo 40 de la Constitución Política, el de ser elegido y acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, prerrogativas que no tiene el carácter de ser absolutas, por lo que la propia Constitución y la ley contemplan restricciones al ejercicio de tales derechos, motivadas en otras garantías -también constitucionales- como el interés general, la igualdad y el ejercicio eficiente de la función pública, tal como es el caso de las inhabilidades para ocupar cargos de elección popular.

Así pues, es abundante la jurisprudencia sobre la justificación de las inhabilidades electorales, entre lo cual ha dicho la Corte Constitucional que tales regímenes persiguen “impedir o limitar el ejercicio de la función pública a los ciudadanos que no ostentan las condiciones y cualidades que han sido estatuidas para asegurar la idoneidad y probidad del que aspira a ingresar o está desempeñando un cargo público.”

En términos similares, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación explica que: “el desarrollo indigno del poder, la influencia negativa de la posición, el privilegio indebido con olvido del interés público, de la legalidad, de la buena administración, del patrimonio público y de la probidad en las actuaciones, constituyen, sin duda, razones para establecer restricciones a la libertad y a los derechos de los sujetos en el ámbito del derecho público, tendientes a evitar la vinculación a la función pública o el ejercicio de ésta en las diferentes ramas del Poder Público, de personas cuya conducta o situación pueda ser lesiva a esos intereses, principios y valores.”

En este mismo sentido, la Sección Quinta ha señalado que las inhabilidades “buscan preservar los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad de la función administrativa y la garantía del derecho de igualdad de oportunidades.”

Es así, como para cada cargo de elección popular se tiene previsto un régimen de inhabilidades, que enlista actuaciones que no pueden observarse durante un plazo determinado anterior a la inscripción o a la elección -según el caso- so pena de impedir la aspiración política, proscripciones estas que, a su vez, constituyen causales de nulidad de los actos de elección popular, en virtud de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que señala:

“Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando: /…/

“5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad.”

Aclarado lo anterior, se procederá a analizar los elementos constitutivos de la inhabilidad consagrada en el artículo 40.2 de la Ley 617 de 2000.

2.6. Elementos que configuran la causal de inelegibilidad consagrada en el artículo 40.2 de la Ley 617 de 2000. Criterios jurisprudenciales para identificar el ejercicio de autoridad administrativa.

Pretende la parte demandante y su coadyuvante que se revoque la sentencia apelada y en su lugar se concedan las pretensiones de la demanda, debido a que consideran que el señor David Fernando Barbosa Posada incurrió en la causal de inhabilidad prevista en el artículo 43.2 de la Ley 136 de 1994, modificada por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, que a la letra reza:

“No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:
…
4. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio o distrito, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito...” (destacado fuera de texto).

La Sala Plena del Consejo de Estado y esta Sección han acudido, “para efectos de precisar los elementos que caracterizan este poder (…) no con carácter analógico sino a título de referente conceptual”, a la definición de dirección administrativa plasmada en el artículo 190 de la Ley 136 de 1994 que en su tenor literal dispone:

“DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Esta facultad además del alcalde, la ejercen los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes de las unidades administrativas especiales, como superiores de los correspondientes servicios municipales.

También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones, licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados reconocer horas extras, vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y quienes legal o reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias.”

La Sección Quinta del Consejo de Estado ha aceptado que a la noción de autoridad administrativa puede arribarse a través de un criterio funcional que, a partir del análisis casuístico de las competencias atribuidas a un cargo, permita obtener la certeza de que el titular de la función detenta la autonomía decisoria requerida; o mediante el uso de un criterio orgánico que se ocupa de desentrañar, tomando como base la ubicación jerárquica del empleo, el ejercicio de la dirección administrativa que la caracteriza, cristalizada, se itera, en poderes de mando.

Lo anterior, en consonancia con la decisión de 9 de septiembre de 2005, mediante la cual esta Sala dispuso:

“Es claro, entonces, que para establecer si el ejercicio de determinado cargo público implica el ejercicio de autoridad administrativa, puede acudirse, o bien a un criterio orgánico, o bien a un criterio funcional. En virtud del primero, es posible entender que el ejercicio de determinado cargo conlleva el ejercicio de autoridad administrativa por tratarse de aquellos que, de conformidad con la ley, implican dirección administrativa, por ser ésta es una manifestación de dicha autoridad. Y, acudiendo al segundo, será posible concluir que las funciones propias de un determinado cargo implican el ejercicio de dicha autoridad, en atención al análisis que de dichas atribuciones haga el juzgador en el caso concreto.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)

Así, desde el enfoque funcional, la jurisprudencia ha admitido que comportan autoridad administrativa, de conformidad con el artículo 190 ibidem:

La celebración de contratos o convenios.
La ordenación de gastos u horas extras.
La autorización de comisiones, licencias no remuneradas, el decreto de vacaciones y su suspensión.
El traslado horizontal o vertical de los funcionarios subordinados.
La vinculación de personal supernumerario o el establecimiento de una nueva sede al personal de planta.
Hacer parte de las unidades de control interno o investigar las faltas disciplinarias.

Sin que se trate de un listado taxativo, pues el catálogo de funciones que implican el ejercicio de este tipo de autoridad, puede verse ampliado, siempre y cuando, las competencias analizadas cumplan con las condiciones hasta aquí referidas, esto es, que se constituyan en manifestaciones propias de la facultad decisoria atribuida al cargo, y cuyo propósito sea el cumplimiento de los fines esenciales del órgano administrativo al que se encuentra adscrito, ya que, como lo ha advertido la Sala Plena de esta Corporación, la autoridad administrativa es:

“…aquella que ejercen quienes desempeñan cargos de la administración nacional, departamental y municipal o de los órganos electorales y de control que impliquen poderes decisorios de mando o imposición sobre los subordinados o la sociedad. La autoridad administrativa, comprende, entonces, las funciones administrativas de una connotación como la descrita y excluye las demás que no alcanzan a tener esa importancia.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)

Es menester recordar que la inhabilidad prevista en la ley supone la configuración de cuatro elementos, de tal manera que de faltar alguno no estaría tipificada:

Objetivo. Ejercer como empleado público,
Modal: en tal virtud ostentar jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar,
Temporal. Se adelante dentro de los doce meses anteriores a la fecha de elección.
Territorial. Que lo anterior se cumpla en el mismo municipio en el que se es elegido.

Con miras a analizar la configuración de esta causal de inelegibilidad, en todo caso se debe examinar que los elementos anteriormente señalados se presenten de manera concurrente y, en caso que no sea así se entenderá que no se materializó el cargo de nulidad planteado. Teniendo claros los requisitos estructuradores de la inhabilidad endilgada al demandado, se entrará a revisar el caso concreto.

2.7. Caso concreto

Dentro del proceso existe plena prueba de que el señor David Fernando Barbosa Posada desempeñó el cargo de director técnico, nivel directivo, código 009, grado 01 de la Dirección de Apoyo a la Gestión, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Institucional, hasta el 22 de abril de 2019. De la anterior información, también se extrae el elemento temporal, toda vez que desde la dimisión hasta la data de la elección (27 de octubre de 2019) tan solo transcurrieron 6 meses y 5 días y, el factor territorial que no es otro distinto al municipio donde resultó electo, en el presente caso Villavicencio.

Como pudo anticiparse, la discusión entre las partes se centra exclusivamente en la presunta materialización del elemento modal de la inhabilidad relacionado con el ejercicio de autoridad administrativa por parte del señor Barbosa Posada, para lo cual en el escrito de impugnación, se hizo énfasis en que en virtud del cargo que ocupó éste y de las funciones asignadas, en especial las de dirección y coordinación, salta a la vista que el demandado (I) tenía personal a cargo respecto del cual concedía permisos, licencias no remuneradas y vacaciones, y (II) que en relación con las responsabilidades relativas a la administración y custodia de bienes para el adecuado funcionamiento del municipio, estuvo involucrado en la elaboración y ejecución del plan anual de compras, así como en la ejecución y supervisión de contratos a cargo de la entidad territorial, circunstancias de las que se desprende contrario a lo indicado por el Tribunal, el ejercicio de la mencionada autoridad.
En consideración a que el ejercicio de autoridad administrativa puede constatarse desde la perspectiva orgánica o funcional, como se explicó en el acápite 2.6 de esta providencia, desde el primer punto de vista evidencia la Sala lo siguiente:

2.7.1. Desde la perspectiva orgánica

Según el Decreto No. 1000-21/158 de 2017, el cargo que desempeñó el accionado, del nivel directivo, como se deprende del correspondiente acto de nombramiento, pertenece a la Dirección de Apoyo a la Gestión, dependencia de la Secretaría de Desarrollo Institucional. Por ende, salta a la vista que dentro la estructura de la Alcaldía de Villavicencio, el demandado no ocupó el empleo de alcalde o secretario de despacho, investiduras de las cuales por disposición del artículo 190 de la Ley 136 de 1994, se desprende el ejercicio de autoridad administrativa.

Bajo el amparo de la misma norma, tampoco hay lugar a considerar que el señor Barbosa Posada, fue jefe de departamento administrativo, de unidad administrativa especial o gerente de entidad descentralizada, o alguno de los cargos de mayor jerarquía de las entidades del nivel central o descentralizado del municipio de Villavicencio, como también lo destacó el Ministerio Público en su intervención.

En ese orden de ideas, orgánicamente no se evidencia que el demandado dentro de la estructura del municipio haya desempeñado alguno de los cargos de mayor jerarquía de la entidad territorial, de los cuales pueda desprenderse prima facie el ejercicio de autoridad administrativa.

2.7.2. Desde la perspectiva funcional

Empero, como se indicó líneas atrás, también debe emprenderse el análisis del desempeño de dicha autoridad desde el punto de vista funcional, para lo cual se traen a colación las tareas que tenía asignadas el señor Barbosa Posada como director técnico 009, grado 01, de la Dirección de Apoyo a la Gestión, según el Decreto 1000-21/158 de 2017, “Por medio del cual se ajusta y establece el manual de funciones y competencias laborales para la planta de empleos de la administración central del municipio de Villavicencio”:

Propósito principal: Dirigir, ejecutar y evaluar la ejecución de las políticas, planes y programas e instrumentos establecidos para la gestión de recursos físicos, servicios generales y gestión documental y archivo, requeridos para el normal desarrollo de las funciones propias de la Administración Municipal.
Descripción de funciones esenciales: 1) Dirigir y coordinar la administración, custodia y conservación de predios, bienes inmuebles y bienes muebles de la entidad. 2) Coordinar, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con la adquisición, almacenamiento, custodia, seguros, mantenimiento, distribución e inventarios de los bienes muebles e inmuebles, parque automotor, y demás bienes y servicios necesarios para el funcionamiento normal de la Administración. 3) Formular y ejecutar planes integrales de mantenimiento de la infraestructura de las instalaciones y parque automotor, que permitan condiciones favorables para el desarrollo de las funciones propias de la Entidad. 4) Organizar la operación del sistema de atención al ciudadano, peticiones, quejas y reclamos, de manera que se brinde la debida atención a los requerimientos de la ciudadanía. 5) Dirigir y controlar la correcta y oportuna prestación de los servicios de aseo, cafetería, vigilancia, correspondencia, mensajería, fotocopiado, comunicaciones y seguros que se requieran para apoyar la gestión misional de la administración. 6) Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Compras, de la entidad conforme a los lineamientos y procedimientos establecidos y los requerimientos de las dependencias de la entidad. 7) Dirigir y controlar la elaboración del plan de mantenimiento de la plataforma tecnológica, para el desarrollo de las funciones propias de la Entidad en coordinación con la Dirección de Sistemas de Información. 8) Las demás funciones que le sean asignadas por norma legal o autoridad competente de acuerdo con el propósito principal del empleo.

De las funciones enunciadas el recurrente hace énfasis en las que implican dirección, porque estima que de ellas se desprende per se, la capacidad de mando que caracteriza a las autoridades administrativas.

En este punto vale la pena destacar, sin desconocer la importancia del propósito principal del empleo que desempeñó el demandado y de las funciones antes señaladas, cuya nota distintiva está en asumir responsabilidades que implica liderazgo en lo relacionado con la administración y mantenimiento de los recursos físicos y tecnológicos (en menor medida) de la Alcaldía de Villavicencio, la gestión documental y la atención de algunos servicios básicos para apoyar la gestión misional de la administración, que para predicar el ejercicio de autoridad administrativa debe advertirse que las funciones se ejerzan con autonomía, con un amplio margen de facultad decisoria, lo que se pone entredicho por ejemplo, cuando el desempeño de las tareas está condicionado a las facultades y competencias de dependencias y/o funcionarios de mayor jerarquía, respecto de quienes formal y materialmente recae la potestad de mando que incluye posibilidad de coerción.

En consonancia con lo anterior, la Sección ha establecido que si las funciones y el diseño jerárquico del cargo le otorgan a su titular potestad de mando y de dirección con autonomía decisoria, solo de esa manera se podría concluir que el servidor público ejerce autoridad administrativa, situación que no se presenta en este caso:

“No obstante ello, las potestades que se confieren a un determinado empleo en lo concerniente a dirigir las actividades de coordinación, programación de los procesos de administración de personal, seguridad industrial, y relaciones laborales (num. 2); dirigir la ejecución de los programas de selección, inducción, capacitación (num. 3); controlar y evaluar la ejecución de las políticas, planes y programas de gestión presupuestal (num. 5); dirigir la elaboración del plan financiero de fuentes y usos de recursos de la entidad (num. 6), y dirigir, coordinar y controlar la adecuada prestación de los servicios (num. 9), asignaciones todas estas precedidas del verbo dirigir, no implican, por esta sola característica terminológica, que constituyan funciones que conlleven, que tengan inmerso o implícito —per se— autonomía con poder en función de mando que incluya posibilidad de coerción.

Porque no se desprende de tales atribuciones nominales que por ostentar esta clase de competencias el jefe administrativo y financiero goce de facultades que le concedan autonomía funcional para tomar decisiones en campos tales como: nombrar o remover personal de la corporación, conferir comisiones y traslados, sancionar disciplinariamente, comprometer el presupuesto, celebrar contratos, imponer medidas de obligatorio acatamiento”.

Sobre la relación entre el ejercicio de autoridad administrativa y la autonomía con poder en función de mando, se ha considerado necesario revisar si el desempeño de las funciones objeto de análisis está o no condicionado a las potestades de otras autoridades de mayor jerarquía, como ocurrió en el fallo del 3 de diciembre de 2020 de esta Sección, frente a la atribución de una función de dirección en cabeza de un subdirector de planeación ambiental de una corporación autónoma regional, que estaba estrechamente ligada a las potestades conferidas al representante legal y al consejo directivo de la entidad.

“4.5.1.1. “Dirigir el proceso de formulación de los planes, programas y proyectos que se requieran para el desarrollo del objeto y funciones de la Corporación, así como la formulación de las actualizaciones o modificaciones necesarias para los instrumentos de planeación, Plan de Gestión Ambiental Regional -PGAR, Plan de Acción Institucional y Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI.”

Una lectura desprevenida de la atribución dada al Subdirector de Planeación Ambiental de la CVS permite sostener que las labores que de allí se desprenden, responden al apoyo profesional especializado del cargo, lo que impide reconocer el ejercicio de actos de poder que se impongan de forma obligatoria a los diferentes componentes que hacen parte de ese órgano corporativo.

En otros términos, y sin desconocer su importancia, la Sala admite que dirigir el proceso de formulación de los programas y proyectos requeridos para el desarrollo del objeto de la CVS y las actualizaciones de los instrumentos de planeación, así como de los planes de Gestión Ambiental Regional – en adelante PGAR–, de Acción Institucional –en adelanta PAI– y Operativo Anual de Inversiones –en adelante POAI, tan solo puede traducirse en la participación activa del Subdirector en su elaboración, comoquiera que el estudio sistémico de las competencias de la entidad, lleva a concluir que la adopción y, por consiguiente, la facultad decisoria, es atribuida a otro tipo de órganos.

En ese orden, se tiene que, de conformidad con el artículo 4° del Acuerdo N°. 302 de 15 de noviembre de 2016, la Dirección General de la CVS es la dependencia que “…lidera y orienta la formulación de políticas institucionales, así como la adopción y ejecución de planes, programas y proyectos de la entidad, con el propósito de garantizar el cumplimiento de la misión de la corporación y el desarrollo organizacional de la misma…”; prerrogativa que, sin duda, se aviene, a la condición que ostenta su Director General, como representante legal y máxima autoridad ejecutiva, a las voces del artículo 28 de la Ley 99 de 1993.

Igualmente, se resalta que a la luz del literal l) del artículo 3° del referido Acuerdo, el Consejo Directivo es el órgano encargado de la aprobación del PAI y el PGAR, descontando con ello la titularidad de autoridad administrativa en cabeza de JUAN CARLOS BENÍTEZ MORA ante la ausencia de un poder de imposición.

Desconocer lo anterior, significaría transgredir los postulados del principio de legalidad que orientan la puesta en marcha de las prerrogativas que son ofrecidas a las autoridades estatales, y que enseña que sus competencias se encuentran limitadas por los precisos términos referidos en la Constitución, la ley y los reglamentos, sin que el intérprete pueda deducir o suponer en este campo” (destacado fuera de texto).

Se traen a colación las anteriores consideraciones, porque respecto de las funciones de dirección a que hace referencia la parte demandante, no puede pasarse por alto que la potestad decisoria en realidad recae en un servidor público de mayor jerarquía, el secretario de despacho de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la Alcaldía de Villavicencio, según se desprende del Decreto No. 1000-21/158 de 2017, el cual, respecto del anterior funcionario le reconoce las facultades de:

“…Planear, dirigir, ejecutar y evaluar las políticas, planes y programas e instrumentos en materia administrativa relacionados con la implementación del sistema de gestión de calidad, la gestión del talento humano, los recursos físicos, servicios generales y la gestión documental para lograr el eficiente funcionamiento de la Entidad, de conformidad con las normas y atendiendo los principios de función administrativa y el mejoramiento continúe.”(resaltados fuera de cita); y entre sus funciones esenciales se encuentra la de “10) Administrar los recursos físicos con que cuenta la Alcaldía de Villavicencio.”

Del análisis de las funciones de la máxima autoridad de la Dirección de Apoyo a la gestión de la Alcaldía, y por ende, del superior jerárquico del director de la misma dependencia, se tiene que en materia de manejo del talento humano, de la administración de los recursos de la entidad, la prestación de servicios generales y la gestión documental, es el principal responsable, y por consiguiente, en cabeza de quien se encuentra el ejercicio de potestad de mando con autonomía, que no se evidencia respecto del empleo que desempeñó el demandado, aunque frente a las atribuciones de éste el manual de funciones haya empleado verbos como dirigir, coordinar o controlar.

Por lo tanto, del tenor literal de las funciones que según el demandante, aluden como constitutivas del ejercicio de autoridad administrativa, no se les puede dar el alcance que pretende, pues sus labores siempre estuvieron bajo la autorización, dirección y el poder de mando de su superior jerárquico.

De lo anterior se desprende que la labor del director técnico de la Dirección de Apoyo a la Gestión, la cual hace parte de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la alcaldía de Villavicencio tampoco tenía independencia, pues es razonable sostener que sus actuaciones estaban sujetas a las determinaciones del secretario de despacho como titular de la Secretaría mencionada y este a su vez del alcalde del municipio.

Es de anotar que independencia debe entenderse en términos de jerarquía, lo cual quiere decir, luego de analizar el presente caso, que el demandado en su cargo de director técnico no gozaba de dicha atribución pues dependía de otros funcionarios en el sentido de dirección, regulación y control en el desarrollo de sus funciones, por lo que dicha potestad solo le es inescindible únicamente al cargo de alcalde, quien funge como primera autoridad política municipal y es quien debe velar por garantizar la gestión administrativa en su municipio.

Bajo el mismo razonamiento, respecto de la función atinente a “dirigir y controlar la elaboración del plan de mantenimiento de la plataforma tecnológica, para el desarrollo de las funciones propias de la Entidad en coordinación con la Dirección de Sistemas de Información”, se estima que tampoco puede ser catalogada como manifestación de autoridad administrativa, pues como lo expresa el mismo manual de funciones, en tal labor interviene una dependencia especializada, la dirección antes señalada.

En efecto, con el propósito de que las tecnologías de la información y las comunicaciones contribuyeran de forma efectiva en el desarrollo misional y estratégico de las entidades, la Ley 1753 de 2015 prescribió que cada una tendrá “…un Director de Tecnologías y Sistemas de Información responsable de ejecutar los planes, programas y proyectos de tecnologías y sistemas de información en la respectiva entidad”

Para el cumplimiento de este mandato, el Ministerio de Tecnologías expidió el Decreto No. 415 de 2016, razón por la cual dirigir planes para el mantenimiento de la plataforma tecnológica siempre en coordinación con la Dirección de Sistemas de Información, no se traduce en poderes de decisión o mando para el funcionamiento de la administración, puesto que se trata de actividades de ejecución de políticas, planes y proyectos que previamente han sido concebidos y adoptados por los órganos directivos de la entidad y por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

De esta manera, se excluye cualquier tipo de autonomía decisoria en favor del titular de esta competencia y, por consiguiente, de autoridad administrativa en cabeza del señor Barbosa Posada.

De otro lado, entre las funciones enunciadas en la manual de funciones, la parte actora hace énfasis en las atinentes a (I) la adquisición, almacenamiento, custodia y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, y (II) a la elaboración y ejecución del Plan Anual de Compras, porque para el cumplimiento de las mismas puede inferirse el ejercicio de atribuciones en materia de contratación propias de las autoridades administrativas.

Del análisis detallado de las mencionadas tareas, se advierte que la facultad consistente en coordinar y controlar lo relacionado con el mantenimiento, custodia de los bienes muebles e inmuebles de la Administración, no supuso per se para el demandado el reconocimiento de la potestad de contratación o de ordenador del gasto, sino simplemente el desarrollo de tareas de coordinación que contribuyan a la debida administración y conservación de los bienes que la dirección a la que perteneció requirió para cumplir con su cometidos.

En ese orden de ideas, al observar las pruebas documentales que reposan en el proceso, concretamente, los contratos celebrados por la Alcaldía, se encuentra que el señor David Fernando Barbosa Posada actuó siempre como supervisor de cada uno, más no como parte del mismo:

Al respecto, acertadamente indicó la parte demandada que en el municipio quien ordena el gasto es el alcalde, quien delegó en los secretarios y el jefe de contratación municipal la facultad de celebrar contratos en nombre del ente territorial.

En efecto, el artículo 315.9 de la Constitución Política señala, que el alcalde tiene la facultad de ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto. A su vez, el Decreto 111 de 1996, en su artículo 110 prescribe que: “Los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte, y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la ley. Estas facultades estarán en cabeza del jefe de cada órgano quien podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo, o quien haga sus veces, y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y en las disposiciones legales vigentes…”.

Como fundamento de lo anterior, el demandado aportó la Resolución No. 1000-56.11/95 del 24 de agosto de 2017, “Por medio de la cual se delega la función específica en materia de contratación, ordenación de gasto y se desconcentran los trámites propios para la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de personas naturales”, en la que en su artículo primero delegó en los secretarios de despacho código 020 grado 02, la ordenación del gasto y celebración de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con persona natural que celebre el municipio de Villavicencio, en los términos del artículo 32 numeral 3° de la Ley 80 de 1993, artículo 4 literal h) de la Ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del decreto 1082 de 2015.

A su turno, aportó la Resolución No. 174 de mayo 31 de 2012, que en su artículo quinto ordenó la desconcentración en cabeza del jefe de la oficina de contratación código 006, grado 02, la competencia para suscribir todos los contratos y convenios que celebra el municipio de Villavicencio, lo que permite concluir sin lugar a dudas, que el demandado no ostentó frente a estas actividades la autoridad deprecada, pues ni fue ordenador del gasto ni suscribió contratos según las pruebas aportadas.

Por el contrario, como se desprende de los elementos de juicio, el señor Barbosa Posada simplemente ejerció la supervisión de contratos, labor respecto de la cual se debe tener en cuenta, que quienes fungen como tal, tienen el “control y vigilancia sobre la ejecución contractual de los contratos vigilados, dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos y como consecuencia de ello están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado. Es obligatorio para el interventor o supervisor entregar sus órdenes por escrito y los requerimientos o informes que realice deben publicarse en el SECOP. En ningún caso los interventores o supervisores en ejercicio de sus funciones pueden sustituir a la Entidad Estatal en la toma de decisiones sobre el contrato vigilado por lo que las mismas siempre deben ser tomadas por el representante legal de la Entidad Estatal con base en lo que los primeros hubieran informado sobre la ejecución de las obligaciones contractuales”.

Es decir, la supervisión si bien conlleva a la posibilidad que se impartan instrucciones al contratista, ello no puede implicar sustituir las obligaciones contractuales previamente pactadas ni mucho menos generar direccionamientos contrarios al objeto contractual, por el contrario, sus lineamientos deben buscar la ejecución exitosa del acuerdo de voluntades, sin que esto implique disposición de los recursos que es una función propia del ordenador del gasto.

Lo anterior, aunado al cumplimiento de funciones de verificación contractual que llevan a que el supervisor se presente como el canal de comunicación entre el contratista y la entidad contratante, sin que de las competencias imputadas pueda predicarse la existencia de facultades de mando que denoten la presencia de autoridad administrativa.

Esta Sección ha concluido en varias ocasiones que la supervisión de contratos estatales no conlleva, en principio, el ejercicio de autoridad administrativa, comoquiera que las atribuciones que se asignan para el desarrollo de esta actividad responden a una lógica instrumental y de apoyo que pretende, en todos los casos, la debida puesta en marcha de los procedimientos contractuales desplegados por el Estado, excluyendo la titularidad de facultades impositivas y, en general, de poderes de mando que permitan remarcar el elemento modal de esta inhabilidad.

Entonces, de esta función no se extrae la materialización de la autoridad administrativa que reguló el artículo 190 de la Ley 136 de 1994.

En lo que respecta al Plan Anual de Compras, según lo prevé el Manual de Funciones descrito en el Decreto 1000-21/158 de 2017, el secretario de despacho de la Secretaría de Desarrollo Institucional en coordinación de la Secretaría de Hacienda son los principales responsables, motivo por el que las facultades del director técnico se limitan a la preparación de estos instrumentos, sin que de allí se desprenda el ejercicio de autoridad administrativa.

Es así como, se evidencia que el apoyo prestado por el director técnico de la Dirección de Apoyo a la Gestión, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la alcaldía municipal de Villavicencio, debe entenderse como “una contribución especial” que de estos cargos se deriva para el “…logro de los objetivos del organismo”, tal y como en otras oportunidades ha sido admitido por la Sala Plena de esta Corporación.

Así, el verbo elaborar alude a desplegar las actividades materiales que se requieren para llegar a un resultado, sin que pueda confundirse con el poder propio que acompaña el concepto de autoridad, pues mientras éste se traduce en dirección y mando, quien elabora sigue las directrices de sus superiores.

En ese orden, la elaboración del del Plan Anual de Compras, de acuerdo a los requerimientos de las dependencias, permite concluir que el demandado aportaba su fuerza de trabajo para la consecución de tales fines, bajo los mandatos de sus superiores jerárquicos o en cumplimiento de su función de área de apoyo, como se manifestó en precedencia.

Finalmente, se resalta, desde una perspectiva pragmática que pretende determinar el grado de autonomía de esta competencia, que su titularidad se encuentra supeditada al poder aprobatorio del secretario de despacho, porque conforme con lo señala el decreto anteriormente mencionado, es el encargado de dirigirlo y controlarlo.

Adicionalmente, según el recurrente, otros de los motivos de inconformidad con la sentencia de primera instancia radican en que materialmente el señor Barbosa Posada ejerció autoridad administrativa, en tanto concedió permisos, vacaciones, realizó evaluaciones de desempeño a los empleados bajo su mando y tenía la facultad de imponer sanciones disciplinarias en la Alcaldía de Villavicencio.

En primer lugar, debe señalarse que de las funciones del empleo relacionadas en el Decreto 1000-21/158 de 2017, no se observa que pueda conferir comisiones, licencias no remuneradas, decretar vacaciones o suspenderlas, trasladar horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados, reconocer horas extras, imponer sanciones disciplinarias o vincular personal supernumerario conforme lo señala el artículo 190 de la Ley 136 de 1994.

Ahora bien, para sustentar su afirmación, la parte actora adujo que el demandado autorizó como jefe inmediato solicitudes de permisos, los cuales viabilizaban como punto de partida a las respectivas solicitudes en su trámite interno y permitían a funcionarios de la entidad ausentarse de su jornada laboral de forma justificada; así mismo, firmó en su calidad de jefe inmediato, diferentes formatos de evaluación inferior a un año, evaluación parcial, de compromisos laborales y de competencias comportamentales.

Respecto de la autorización por parte del demandado de permisos a funcionarios de la Alcaldía, el Decreto 1000-21/158 de 2017 establece que es el secretario de despacho quien “Administra las novedades del personal vinculado a la planta global de cargos de la Alcaldía de Villavicencio de acuerdo a las disposiciones legales vigentes”. Además, los formatos diligenciados por el señor Barbosa Posada como director técnico, los cuales se encuentran en el expediente, fueron tramitados a las personas que tenía a cargo dentro de la dependencia de la Dirección de Apoyo y Gestión, no obstante, éstos siempre debían tener la firma del secretario de despacho y del director de personal de la entidad, tal como se puede ver en la imagen:

De igual manera, según lo establece el Decreto 1000-21/318 de 2017, “Reglamento Interno de Trabajo de la Administración del Municipio de Villavicencio”, en su Título VI Situaciones Administrativas, Capítulo III Permisos, artículo 59: “Permiso Remunerado. El empleado puede solicitar por escrito permiso remunerado hasta por tres (3) días hábiles cuando medie justa causa. Corresponde a la Dirección de Personal autorizar o negar los permisos previo cumplimiento de requisitos”.

Lo anterior, nos permite establecer que las normas prescriben que será el director de personal el responsable de autorizar o negar los permisos a los empleados y que el señor Barbosa Posada como director técnico solo iniciaba el trámite como jefe inmediato, pero el formulario debía estar suscrito por los responsables de su aprobación.

Resulta lógico exigir al jefe inmediato, como en este caso al demandado, el dar viabilidad previa del permiso requerido, en tanto le corresponde mantener funcional el área que maneja, por lo que debe organizarse de tal forma que la ausencia de los empleados a quienes se les otorga un permiso por parte del área de talento humano, no traumatice el normal funcionamiento de la dependencia, cuestión que de suyo no implica la autorización que trata el ejercicio de autoridad administrativa sino el simple ejercicio de coordinación mínima que debe guardar un líder de área.

Ahora bien, el impugnante relaciona el ejercicio de autoridad administrativa con el hecho de que las funciones propias del empleo implican subordinación y manejo de personal por la concesión de permisos, sin embargo, dichos actos se materializan con el poder de mando, conferido a un funcionario público o particular, para adoptar decisiones y lograr su acatamiento aún por vía coercitiva, atribución que no depende de si se inicia un trámite de solicitud de permiso que luego debe ser avalado por otro funcionario.

A ello se debe agregar, que revisado el material probatorio, se observa que si bien el demandado viabilizó la ausencia de la sede laboral a algunos funcionarios como consecuencia de permisos médicos y compensatorios, tales circunstancias no conllevan al ejercicio de autoridad administrativa, ya que no se observa potestad nominadora ni el otorgamiento de comisiones de servicios, licencias no remuneradas, autorización y suspensión de vacaciones de los empleados, traslados, horas extras y la vinculación de supernumerarios a la entidad, fijar sede a personal de planta o tener asignada la potestad disciplinaria frente a aquellos, a la luz de lo establecido por el inciso segundo del artículo 190 de la Ley 136 de 1994.

En este punto, se resalta que, como fuere sostenido en acápites previos, la competencia de los servidores del Estado debe ser, en todos los casos, expresa, y no puede derivarse de interpretaciones que excedan, en principio, la gramática de las disposiciones examinadas.
De otra parte, el recurrente afirma que la función de realizar la evaluación del desempeño laboral y la productividad de los servidores públicos vinculados a las entidades lleva implícita la autoridad administrativa, pues en su calidad de director técnico el demandado evaluó a varios de los funcionarios en aspectos como el tiempo que efectivamente certificaban como laborado, los compromisos propios de su cargo y competencias comportamentales.

Lo anterior, se concreta en el caso de la señora María Elizabeth Rojas Ortiz, a quien el accionado evaluó su desempeño laboral (tiempo efectivamente laborado, compromisos laborales y competencias comportamentales) al momento en que ostentaba el cargo de director técnico administrativo en la Dirección de Apoyo a la Gestión. Para demostrar lo anterior, se aportó la respuesta al derecho de petición ID Control No. 9015 del 19 de noviembre de 2019 suscrita por la directora de personal de la Alcaldía, la cual contenía un listado del personal a cargo del señor Barbosa Posada y el “Formato reporte de Calificación Periodo Anual u Ordinario” de la Comisión Nacional de Servicio Civil de la misma funcionaria, firmado por el demandado y por el jefe de personal.

No obstante, esta Sección ha sostenido que respecto de la evaluación de las labores atribuidas al equipo de trabajo, “…corresponde a la coordinación natural que debe existir frente a empleados directos de un cargo del nivel directivo y a la verificación del cumplimiento de las metas propuestas al interior de una dependencia administrativa”, sin que otorgue, por consiguiente, la titularidad de la autoridad de que trata el artículo 40.2 de la Ley 617 de 2000.

En efecto, en tratándose de los organismos y entidades de la administración pública a las que se les aplica la Ley 909 de 2004, como las alcaldías municipales, debe recordarse que respecto de los empleos de carrera administrativa conforme con los artículos 37 a 40, el mérito constituye el principio rector para determinar la permanencia en aquélla (art. 37), y por consiguiente, la evaluación de desempeño de los servidores públicos es un aspecto fundamental, que debe llevarse a cabo mediante criterios que permitan fundamentar un juicio objetivo sobre la conducta laboral y los aportes al cumplimiento de las metas institucionales (art. 38), tarea que las autoridades competentes deben desempeñar “siguiendo la metodología contenida en el instrumento y en los términos que señale el reglamento que para el efecto se expidan” (art. 39), metodología que debe ser aprobada por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Aunado a esto, la ley garantiza que los evaluados tienen la posibilidad de interponer los recursos de reposición y apelación (art.38), lo que constituye otra garantía sobre la forma objetiva e imparcial en la que debe llevarse a cabo la evaluación.
Bajo este entendimiento, la Sala Electoral del Consejo de Estado ha determinado que la labor de evaluación no constituye el ejercicio de una facultad subjetiva, sino el cumplimiento de una obligación periódica, objetiva y transparente, conforme la metodología previamente establecida, de manera tal que el evaluador no cuenta en estricto sentido con autonomía decisoria, y por ende, no puede considerarse que ejerce autoridad administrativa, a lo que se añade, que su decisión puede ser revisada por su superior jerárquico de interponerse el recurso de apelación.

En tal sentido, recientemente esta Sala de decisión, frente al presunto ejercicio de autoridad administrativa por parte de un servidor público de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, por el hecho de desempeñar la relatada función, precisó:

“De conformidad con esos postulados, la Sala pone de presente que, en modo alguno, la función de evaluación del desempeño laboral de los empleados vinculados en carrera administrativa adscritos a la Dirección Técnica de Recursos Naturales y Ambientales de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca comprenda el ejercicio de autoridad administrativa, en tanto es claro que el funcionario evaluador no cuenta con autonomía decisoria para adoptar la calificación ni de ello se deriva una manifestación de imposición sobre los subordinados.

La evaluación y calificación del desempeño están sometidas a los instrumentos objetivos, cualitativos y cuantitativos previamente definidos para el cumplimiento de metas institucionales por la Comisión Especial de Carrera Administrativa HYPERLINK "https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-mx&rs=es-mx&wopisrc=https%3A%2F%2Fetbcsj.sharepoint.com%2Fsites%2FElectorales%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F062d9a7fae364a0e897840e18203bfad&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-4584&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F3981999785%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fetbcsj.sharepoint.com%252Fsites%252FElectorales%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252FLINA%25202020-00012-02%2520concejal%2520de%2520Villavicencio%25205%2520de%2520agosto%2520de%25202021.docx%26fileId%3D062d9a7f-ae36-4a0e-8978-40e18203bfad%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D4584%26locale%3Des-mx%26theme%3Ddefault%26version%3D21043007800%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1628201679001%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&wdhostclicktime=1628201678883&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=06c80c7c-fcf2-4099-9972-3f507499d18f&usid=06c80c7c-fcf2-4099-9972-3f507499d18f&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected" \l "_ftn2" \h [2], es decir que como responsable de esa tarea al evaluador le está vedado atender criterios subjetivos o personales para determinar los logros alcanzados por el empleado en el desarrollo de su gestión, y además contra la misma proceden los recursos de ley.

Sobre ese tema, esta Corporación en sentencia del 9 de febrero de 2017, dentro del expediente 05001-23-33-000-2015-02491-01, magistrada ponente Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, explicó lo siguiente:(...)

Así las cosas, la evaluación de desempeño laboral de los servidores a cargo no implica el ejercicio de una función administrativa, en tanto corresponde a la coordinación natural que debe existir frente a los empleados directos de un cargo del nivel directivo”.

Corolario de lo expuesto, que el demandado haya ejercido respecto de algunos de las personas a su cargo la labor de evaluación, no puede considerarse como una actividad que revele el ejercicio de autoridad administrativa.

Ahora bien, respecto al argumento presentado por el recurrente, en el cual explicó que el señor Barbosa Posada en su cargo como director técnico autorizó comisiones, licencias no remuneradas, el decreto de vacaciones y su suspensión, se destaca, como lo detalló en su escrito de apelación, que era deber del demandado luego de iniciar dichos trámites, informar a la directora de personal de la Alcaldía municipal, lo que da cuenta de que aquél no era autónomo en tal determinación.

Así mismo, es importante rescatar que según el Decreto No. 1000-21/136 de 2017, el alcalde en su artículo primero delegó en la Secretaría de Desarrollo Institucional la plena facultad de expedir y firmar los actos administrativos que tengan relación con el manejo del personal, tales como:

“6. Conferir comisiones de estudios y servicios.

7. Conferir comisiones de servicios y estudios en el exterior, no remuneradas, así como para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de periodo cuando el nombramiento recaiga en funcionarios públicos que ostenten derechos de carrera administrativa, así como decretar su interrupción por necesidades del servicio.

8. Conceder licencias y vacaciones del personal mencionado en el presente artículo, las cuales podrán ser interrumpidas por necesidad del servicio, cuando de vacaciones se trate.”

Por lo anterior, la facultad de conceder comisiones, licencias y vacaciones que corresponde inicialmente al alcalde, en virtud del Decreto anteriormente mencionado, fue trasladada a la Secretaría de Desarrollo Institucional, de quien es titular el secretario de despacho correspondiente, por lo que dicha normatividad en su artículo séptimo y octavo del mismo modo aclaró:

“ARTICULO SEPTIMO: El titular de la Secretaría de Desarrollo Institucional será el responsable de toda acción u omisión que tenga relación con las funciones delegadas mediante este acto administrativo.

ARTICULO OCTAVO: El titular de la Secretaría de Desarrollo Institucional deberá presentar un informe semestral al despacho del Alcalde, en virtud de la delegación de funciones llevadas a cabo bajo este Decreto.” (sic para toda la cita)

Es así como, se puede evidenciar que el titular de la dependencia es el responsable de toda acción u omisión frente a las facultades otorgadas en virtud de la delegación y que debe presentar un informe al alcalde sobre dichas gestiones, motivo por el cual la potestad de conceder o no licencias o vacaciones no se encontraba en cabeza del señor Barbosa Posada, sino de quien en su momento estaba designado como secretario de despacho.

Por último, el apelante sostiene que el accionado contaba con la capacidad de imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios de la alcaldía, circunstancia que lo envestía de autoridad administrativa, ante lo cual se advierte que en el Decreto 1000-21/318 de 2017 “Reglamento interno de trabajo de la administración del municipio de Villavicencio” en su artículo 283 establece: “El procedimiento previsto para garantizar el cumplimiento de las disposiciones descritas en precedencia, será el establecido en el Código Disciplinario Único (CDU) y el que haya sido adoptado por el Sistema de Gestión integral de la entidad, y le corresponde aplicarlo a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Villavicencio por ser esta la dependencia que conforme a la ley tiene a su cargo el ejercicio de la función disciplinaria.”

Es así como, será la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Villavicencio, mediante la gestión de su titular, quien estaría a cargo de dicha función y no el demandado en su condición de director técnico, de la Dirección de Apoyo a la Gestión.

Además, contrario a lo dicho por el apelante, respecto a que el demandado desempeñando su cargo como director técnico cuando firma un documento junto al jefe de personal o jefe de contratación en asuntos de manejo de personal o de contratación, está ejerciendo la autoridad administrativa de una manera conjunta con los anteriores, esta Sala advierte según lo dispuesto en el Decreto No. 1000-21/136 de 2017, que la decisión que va a definir el asunto, valedera e importante será la del secretario de despacho como titular de la Secretaria de Desarrollo Institucional y su superior jerárquico, o en el caso de los contratos al jefe de la oficina de contratación por cuanto son los responsables de toda acción u omisión que tenga relación con las funciones delegadas y son quienes deben presentar un informe semestral al alcalde sobre dicha gestión, de igual manera, se resalta que el ejercicio de funciones y la autoridad administrativa que emane de ellas no lo confiere firmar un documento sino el manual de funciones o el acto de delegación, según fuere el caso.

A ello se debe agregar, que nada importa si el demandado generó aparentemente en los ciudadanos la falsa idea de su potestad de autoridad administrativa firmando dichos documentos, ello por cuanto la misma definición que se ha implementado bajo el concepto de capacidad legal y reglamentaria que ostenta un empleado, supone que no se puede predicar una función aparente del empleo de director técnico objeto de análisis y no puede el operador judicial extender la inhabilidad a cuestiones no comprendidas en la norma dado que las mismas son de interpretación restrictiva.

En suma, la Sala estima que, contrario a lo sostenido por la parte actora, no se evidencia el ejercicio de autoridad administrativa en el análisis de las funciones asignadas al director técnico, código 009, grado 01, de la Dirección de Apoyo a la Gestión, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la Alcaldía de Villavicencio, de cara a los cuestionamientos elevados a través de la demanda.

Por las anteriores consideraciones, la Sala Electoral del Consejo de Estado determina que no existe consideración alguna para revocar la decisión de primera instancia.

2.8. Conclusión

Conforme lo expuesto, se tiene que en el presente caso no se estructura el elemento modal de la inhabilidad endilgada al demandado, comoquiera que el señor David Fernando Barbosa Posada no ejerció autoridad administrativa en el municipio de Villavicencio en el lapso que contempla el artículo 40.2 de la Ley 617 de 2000.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta en uso de facultades constitucionales y legales,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de mayo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, consistente en denegar las pretensiones de nulidad contra el acto que declaró la elección del señor David Fernando Barbosa Posada, como concejal del municipio de Villavicencio, período 2020-2023, conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”. Artículo 190. Dirección administrativa. Esta facultad además del alcalde, la ejercen los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes de las unidades administrativas especiales, como superiores de los correspondientes servicios municipales. Artículo 152. Competencia de los Tribunales Administrativos en primera instancia. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: /…/ 8. De la nulidad del acto de elección de … los miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos y demás autoridades municipales capital de departamento. Conforme al numeral 2° del artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021. Teniendo en cuenta que el correo electrónico correspondiente se envió el 4 de junio de 2021 (documento 99_ED_108148ENVIODENOTIF(.pdf) del expediente digital en el aplicativo SAMAI). Se debe tener en cuenta los días festivos de 7 y 14 de junio de 2021. Consejo de Estado- Sección Quinta. Sentencia del 3 de agosto de 2015. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez Rad. 11001032800020140005100. Consejo de Estado- Sección Quinta. Sentencia del 12 de marzo de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro Rad. 1100103280002014-0006500. Corte constitucional. Sentencia del 4 de febrero de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería. Expediente D-4060. Consejo de Estado- Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 21 de abril de 2009. C.P. Ruth Stella Correa Palacio Rad. 2007-00581(PI). Consejo de Estado- Sección Quinta. Sentencia de 31 de julio de 2009. C.P. Susana Buitrago Valencia Rad. 2007-00244-02. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 2007-00800. M.P. Susana Buitrago Valencia. Sentencias del 20 de febrero de 2009 y Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 2007-00704-02. M.P. Susana Buitrago Valencia Sentencia de 19 de marzo de 2009. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 23001-23-31-000-2008-00087-03(IJ). M.P. Susana Buitrago Valencia. Sentencia de 30 de noviembre de 2010. En reciente decisión, esta Sección ratificó el uso de los denominados criterios: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 50001-23-33-000-2020-00012-01 acumulado. M.P. Rocío Araújo Oñate. Auto de 1° de octubre de 2020. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. N°. 41001-23-31-000-2003-01299-02(3657). M.P. Filemón Jiménez Ochoa. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 70001-23-33-000-2020-00035-01. M.P. Rocío Araújo Oñate. Auto de 15 de octubre de 2020. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 11001-03-15-000-2001-0161-01(PI-025). M.P. Darío Quiñones Pinilla. Sentencia del 27 de agosto de 2002. Fecha en que le fue aceptada la renuncia al demandado, conforme el Decreto No. 1000-21/202 del 12 de abril de 2019, la cual empezó a surtir efectos a partir del 22 de abril de 2019. Decreto No. 1000-21 /031 de 1 de febrero de 2017, suscrito por el alcalde de Villavicencio. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 28 de febrero de 2002, radicado 2804, M.P. Darío Quiñones Pinilla. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 3 de mayo de 2013, M.P: Susana Buitrago Valencia, Radicado No. 23001-23-31-000-2008-00087-03 (IJ)
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de diciembre de 2020, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-28-000-2020-00016-00, 11001-03-28-000-2020-00017-00.

De la competencia que se comenta.
“El director general será el representante legal de la Corporación y su primera autoridad ejecutiva.”
“Son funciones del Consejo Directivo, las señaladas en el artículo 27 de la Ley 99 de 1993 y en las demás normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan a saber: (…) l) Aprobar el Plan de Acción Institucional PAl y el Plan de Gestión Ambiental Regional, PGAR, que fuesen presentados por parte del director general.”
Art. 6 C.P. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de diciembre de 2020, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-28-000-2020-00016-00, 11001-03-28-000-2020-00017-00. Índice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI. 2_ED_003ACT_CONSTANCIA(.pdf) N roActua 3, página 186. Según la Real Academia Española RAE “2. f. Libertad, especialmente la de un Estado que no es tributario ni depende de otro.”
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”.”
Parágrafo 2, literal b) del artículo 45 de la Ley 1753 de 2015. Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública, Decreto Numero HYPERLINK "https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866" \l "1083" 1083 de 2015. Indice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI. 2_ED_003ACT_CONSTANCIA(.pdf) N roActua 3, página 70. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.
h) Los contratos de las entidades, a cuyo cargo se encuentre la ejecución de los programas de protección de personas amenazadas, programas de desmovilización y reincorporación a la vida civil de personas y grupos al margen de la ley, incluida la atención de los respectivos grupos familiares, programas de atención a población desplazada por la violencia, programas de protección de derechos humanos de grupos de personas habitantes de la calle, niños y niñas o jóvenes involucrados en grupos juveniles que hayan incurrido en conductas contra el patrimonio económico y sostengan enfrentamientos violentos de diferente tipo, y población en alto grado de vulnerabilidad con reconocido estado de exclusión que requieran capacitación, resocialización y preparación para el trabajo, incluidos los contratos fiduciarios que demanden; Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado, HYPERLINK "https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_para_el_ejercicio_de_las_funciones_de_supervision_e_interventoria_de_los_contratos_del_estado.pdf" https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_para_el_ejercicio_de_las_funciones_de_supervision_e_interventoria_de_los_contratos_del_estado.pdf
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 41001-23-31-000-2012-00048-01. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 23 de septiembre de 2013. Referido al ejercicio de autoridad administrativa. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 23001-23-31-000-2008-00087-03(IJ). M.P. Susana Buitrago Valencia. Sentencia de 30 de noviembre de 2010.

En efecto, en dicha oportunidad, el máximo organismo jurisdiccional de esta Corporación decidió la demanda de nulidad electoral que perseguía la anulación de la elección de la Gobernadora de Córdoba, periodo 2008-2011, al haber desempeñado el cargo directivo de Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera de la CVS, concluyendo respecto del catálogo de sus funciones que: “Asesorar al Director General en la formulación de políticas y en otros temas (num. 1); coordinar con las demás dependencias la elaboración del plan de inversiones y otros (num. 4); determinar mecanismos e instrumentos para el recaudo de fondos (num. 7); orientar y coordinar la ejecución de procesos de adquisición, liderar actividades de control de inventarios (num. 10 y 11), orientar la aplicación del sistema de desarrollo administrativo y coordinar la realización de estudios sobre estructura (num. 12 y 13), consisten todas en atribuciones directamente relacionadas con actuaciones de apoyo profesional especializado en el área administrativa como contribución especial desde la jefatura que desempeñaba, al logro de los objetivos del organismo.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)
Al secretario de despacho conforme al Decreto 1000-21/158 de 2017: “3) Planear, dirigir y controlar la elaboración y ejecución del Plan Anual de Compras de la entidad y su correspondiente actualización cuando sea necesario, en coordinación con la Secretaría de Hacienda”. A folio 56 del Índice 2 del aplicativo SAMAI. Índice 117 del expediente digital del aplicativo SAMAI. A Folio 72 del Índice 2 del expediente digital en el aplicativo SAMAI. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 05001-23-33-000-2015-02491-01. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 9 de febrero de 2017. Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad., 76001-23-33-000-2020-00013-01 (ACUMULADO). Sentencia de 28 de enero de 2021. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 22 de octubre de 2009, M.P: Susana Buitrago Valencia, Radicado No. 73001-23-31-000-2008-00052-03.

Radicado: 50001-23-33-000-2020-00012-02 acumulado
Demandantes: Alejandro Hernández Betancourt y otro
Demandado: David Fernando Barbosa Posada

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 05001-23-33-000-2018-0212-01
Demandante: Maria Astrid Arcila Duque
Demandado: Ferney León Moncada

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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