Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 76001-23-33-000-2023-00894-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 76001-23-33-000-2023-00894-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 76001-23-33-000-2023-00894-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
7 de noviembre de 2024
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Demandante: Luis Fernando Triana Gil
Demandado: Andrés Felipe Posso Macías
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00894-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00894-01
Demandante: LUIS FERNANDO TRIANA GIL
Demandado: ANDRÉS FELIPE POSSO MACÍAS – CONCEJAL DE
ANDALUCÍA (VALLE DEL CAUCA) PERÍODO 2024-2027
Tema: Inhabilidad de concejal por celebración de contratos con
entidades públicas. Elemento territorial por el lugar de ejecución.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por el
demandado contra la sentencia de 5 de julio de 2024, mediante la cual el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad de su elección como concejal
del municipio de Andalucía.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. El señor Luis Fernando Triana Gil, obrando a través de apoderado judicial1,
instauró demanda en ejercicio del medio del control previsto en el artículo 139 de la
Ley 1437 de 2011, con el fin de obtener la nulidad del acto que declaró la elección
del señor Andrés Felipe Posso Macías como concejal del municipio de Andalucía
(Valle del Cauca), para el periodo 2024-2027, contenido en el formulario E-26 del
31 de octubre de 2023, expedido por la comisión escrutadora municipal.
1.2. Hechos
2. La parte actora relata que el 22 de febrero de 2023, el señor Andrés Felipe
Posso Macías suscribió el contrato IND-23-1513-2023 con el Instituto del Deporte,
1
El abogado Ricardo Arturo Ramírez Londoño.
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Demandante: Luis Fernando Triana Gil
Demandado: Andrés Felipe Posso Macías
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la Educación Física y la Recreación (INDERVALLE), con el objeto de prestar
servicios profesionales «para el desarrollo del proyecto estratégico denominado:
fortalecimiento de la participación e inclusión de la población en recreación,
actividad física, deporte formativo y social comunitario en el Valle del Cauca».
3. Indica que INDERVALLE es un establecimiento público del orden
departamental, con personería jurídica, que hace parte del Sistema Nacional del
Deporte de que trata la Ley 181 de 1995.
4. Resalta que el contrato se encuentra publicado en el portal SECOP II, fue
firmado electrónicamente el 23 de febrero de 2023 en esa plataforma y se ejecutó
en el municipio de Andalucía, de acuerdo con los informes de verificación y
evidencias del cumplimiento de las obligaciones.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
5. Con fundamento en los hechos narrados, la parte actora adujo que el
demandado fue elegido como concejal, a pesar de estar inhabilitado, según lo
dispuesto en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994.
6. Por consiguiente, citó la causal de nulidad electoral del numeral 5 del artículo
275 del CPACA, según la cual los actos de elección son nulos cuando se elijan
candidatos que se hallen incursos en causales de inhabilidad.
7. Sostuvo que en este caso se configuran los presupuestos de la inhabilidad
señalada, puesto que dentro del año anterior a su elección como concejal de
Andalucía (Valle), el demandado celebró un contrato con una entidad pública del
nivel departamental, que se ejecutó en dicho municipio.
8. Destacó de algunos informes técnicos de cumplimiento del contrato, las
obligaciones relacionadas con «actividades lúdicas y recreativas con 30 niños y
niñas en el municipio de Andalucía de la Escuela Simón Bolívar del grado 4º,
beneficiarios del programa de recreación de Indervalle (...)».
1.4. Contestaciones de la demanda
9. Dentro del traslado otorgado mediante autos de 12 de diciembre de 2023 y
16 de febrero de 2024, intervinieron los siguientes sujetos procesales:
1.4.1. Concejal Andrés Felipe Posso Macías
10. El demandado solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda, a
través de apoderado judicial2.
2
El abogado Jhon Henry Jaramillo Sánchez.
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11. Frente al contrato IND-23-1513-2023, que sustenta la inhabilidad, aseguró
que «estableció como lugar de ejecución y domicilio contractual la Ciudad de Cali
Valle» y resaltó que allí se perfeccionó.
12. Precisó que los estudios previos indicaron como lugar de ejecución el
municipio del departamento que designara el supervisor, de modo que «estas
actividades podían ser realizada (sic) en cualquiera de los Municipios del Valle del
Cauca, sin que la decisión estuviera en cabeza del señor ANDRÉS FELIPE POSSO
MACIAS», es decir, este aspecto «correspondía a la necesidad de la entidad y de
la instrucción del supersivor contractual y no de la voluntad del contratista».
13. Luego, advirtió que los actos posteriores a la celebración del contrato, como
su ejecución, no constituyen la inhabilidad en estudio.
14. Anotó que el contrato que suscribió con INDERVALLE no lo benefició ni
reportó un potencial electoral, teniendo en cuenta que su objeto consistió en la
recreación, la actividad física y el deporte formativo, social y comuntario en los
municipios del departamento.
15. Destacó que las inhabilidades son taxativas y su interpretación es restrictiva,
y concluyó que no se cumplía en su caso con el factor espacial o geográfico de la
norma que consagra la causal.
16. Formuló la excepción de inepta demanda, por «falta de fundamentación en
el concepto de violación», ya que no advirtió una labor argumentativa ni probatoria
de la parte actora, sino «que se limitó alegar de forma general la presunta
inhabilidad».
1.4.2. Consejo Nacional Electoral
17. El apoderado de la entidad3 expuso algunas de las normas que regulan el
procedimiento de escrutinio, para luego proponer la falta de legitimación en la causa
por pasiva, teniendo en cuenta que no participó en la expedición del acto acusado
y la demanda está sustentada en hechos que no guardan relación con competencias
ni actuaciones suyas.
18. Informó que no tuvo conocimiento de solicitudes de revocatoria de inscripción
contra el candidato Andrés Felipe Posso Macías como candidato al Concejo de
Andalucía (Valle).
1.5. Auto para dictar sentencia anticipada
19. Mediante auto de 16 de abril de 2024, la magistrada ponente en el tribunal
dispuso dictar sentencia anticipada, fijó el litigio y resolvió sobre las pruebas.
3
El abogado Juan Carlos José Lima Gómez.
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20. Además, en esta providencia declaró probada la excepción propuesta por el
Consejo Nacional Electoral4 y desestimó la del demandado.
1.6. Sentencia de primera instancia
21. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad de la
elección del demandado como concejal de Andalucía, mediante sentencia proferida
el 5 de julio de 2024.
22. En sustento de la decisión, verificó los elementos material, temporal y
subjetivo de la inhabilidad por celebración de contratos con entidades públicas,
prevista en el numeral 3 del artículo 40 de la Ley 617 de 20005, pues encontró
probado en la plataforma SECOP II que el demandado fue la parte contratista en el
contrato IND-23-1513 con INDERVALLE, suscrito el 22 de febrero de 2023, por el
término de tres meses.
23. En cuanto al elemento territorial, advirtió que «para determinar el lugar donde
debía ejecutarse el contrato, se debe acudir a la respectiva cláusula de ejecución
contractual o, en su defecto, ante su ausencia, “es necesario revisar tanto los
estudios previos de conveniencia y oportunidad como el contrato en su integridad”».
24. Con ese norte, observó en el SECOP II que se registró como lugar de
ejecución del contrato el municipio de Andalucía (Valle del Cauca). A su turno,
advirtió inconsistencias con lo estipulado en los estudios previos y el documento
denominado «complemento de servicio profesional de apoyo a la gestión», donde
se registró como lugar de ejecución y domicilio contractual la ciudad de Cali, pero
también «el municipio del Departamento del Valle del Cauca que sea designado por
el supervisor».
25. Luego, con base en la regla contenida en la sentencia SU-207 de 2022 de la
Corte Constitucional, evidenció «una probabilidad real de incidencia directa del
contrato de prestación de servicios en el Municipio de Andalucía», a partir de las
actas de supervisión 1, 2 y 3, que relacionan actividades con estudiantes de la
Institución Educativa Simón Bolívar, de ese municipio.
26. Concluyó que «desde un principio, en el registro del contrato en la plataforma
SECOP II, se tenía planeado como lugar de ejecución el Municipio de Andalucía, lo
que efectivamente se materializó, no de manera esporádica sino permanente, pese
a que en los estudios previos y en el complemento se estableció otra cosa».
27. Finalmente, el tribunal aclaró que el argumento del demandado con relación
a la clase de contrato y la injerencia de este en la elección no era relevante, «dado
4
Aunque el auto incluyó en esta parte de la decisión a la Registraduría Nacional del Estado Civil, la
misma providencia dejó constancia de que no contestó la demanda.
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Modificatoria del artículo 43 de la Ley 136 de 1994.
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que las causales de inhabilidad son restrictivas, de modo que el operador judicial
debe sujetarse de forma taxativa a lo señalado por el legislador en la prohibición».
1.7. Recurso de apelación
28. El apoderado del demandado apeló el fallo de instancia, porque se abstuvo
de dar trámite a las excepciones que propuso y dio por probada la inhabilidad.
Aseguró que el tribunal incurrió en «protuberantes errores de hecho al no apreciar
el acervo probatorio en su totalidad».
29. Consideró que no fue valorado objetivamente el contrato de prestación de
servicios IND-23-1513 – 2023, que en la cláusula 23 del «complemento» estableció
como lugar de ejecución y domicilio contractual la ciudad de Cali (Valle). Con
relación a este punto, observó que ni los estudios previos ni el contrato hicieron
referencia al municipio de Andalucía para esos efectos. Adujo que estos
documentos no fueron analizados por el tribunal, como lo señala el Consejo de
Estado para determinar el sitio donde debe ejecutarse o cumplirse un contrato6.
30. Reiteró lo dicho en la contestación, en cuanto a que el lugar de ejecución
correspondía a la necesidad de la entidad y dependía de la asignación que hiciera
el supervisor. Nuevamente hizo énfasis en que «nunca pudo tomar la decisión del
lugar de ejecución contractual» y precisó que el contrato exigía la disponibilidad de
desplazarse a los diferentes municipios del departamento.
31. Frente a la información del SECOP II, aseguró que el municipio de Andalucía
corresponde «al lugar de residencia y domicilio del señor ANDRÉS FELIPE POSSO
MACIAS».
32. Insistió en la importancia de la certificación del supervisor sobre el lugar de
ejecución del contrato y criticó que esta prueba fuera negada en primera instancia,
por innecesaria.
33. Por otra parte, adujo que la sentencia apelada contenía incongruencias y
consideraciones que ofrecían verdadero motivo de duda, pues advirtió una
disparidad entre lo registrado en el SECOP II y los documentos del contrato en
cuanto al lugar de ejecución, pero tuvo como tal la dirección y municipio informados
por la entidad contratante en esa plataforma.
34. Adicionalmente, recalcó que las actividades que desarrolló el demandado en
cumplimiento del contrato no le generaron ningún beneficio ni potencial electoral,
dado que su objeto estaba dirigido a niños y adolescentes.
6
Hizo referencia a: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del Rad. 23001-23-33-000-2015-
00461-02, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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Demandante: Luis Fernando Triana Gil
Demandado: Andrés Felipe Posso Macías
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35. Advirtió que esta corporación debía tener en cuenta para resolver la
apelación, que las inhabilidades limitan la libertad y los derechos políticos de las
personas, de modo que tienen que interpretarse para que garanticen de mejor
manera su ejercicio7.
1.8. Trámite en segunda instancia
36. Mediante auto de 13 de agosto de 2024, el despacho del magistrado ponente
admitió el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia,
previa constatación de su oportunidad y procedencia. En la misma providencia,
corrió los traslados que ordena el artículo 293 del CPACA.
1.8.1. Alegatos de conclusión
a) Demandado
37. La parte demandada remitió expresamente a los argumentos expuestos en
la contestación de la demanda y el recurso de apelación. Anotó que los cargos
aceptados en el fallo apelado carecen de valoración y soporte probatorio.
38. A su juicio, el tribunal no concluyó que las actividades de ejecución del
contrato suscrito con INDERVALLE «hubieran sido desarrolladas de forma
permanente o esporádica en el municipio de Andalucía o en las demás poblaciones
del Valle del Cauca».
39. Puesto de otro modo, consideró que se «debió determinar con claridad y
objetividad el lugar de ejecución contractual respecto a lo fijado en los estudios
previos y [el] contrato electrónico».
40. Calificó como «registro erróneo» el dato de la plataforma de SECOP II sobre
el lugar de ejecución de dicho contrato.
b) Demandante
41. Alegó, en síntesis, que el registro del lugar de ejecución del SECOP II que
tuvo en cuenta el tribunal no era la única prueba de ese elemento, toda vez que los
informes de ejecución contractual señalaron de forma clara que las actividades se
realizaron en el municipio de Andalucía. Por lo demás, reiteró los planteamientos
de la demanda.
7
Citó, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de septiembre de 2011, Rad.
2010-00030, MP. Mauricio Torres Cuervo. También hizo referencia a la sentencia C-147 de 1998 de
la Corte Constitucional.
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Demandante: Luis Fernando Triana Gil
Demandado: Andrés Felipe Posso Macías
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1.8.2. Concepto del Ministerio Público
42. La procuradora séptima delegada ante esta Corporación emitió concepto en
el sentido de confirmar la sentencia de primera instancia, toda vez que «los
documentos allegados al proceso dan cuenta de manera clara que la ejecución del
contrato de prestación de servicios se efectuó en el Departamento del Valle del
Cauca, concretamente el municipio de Andalucía, donde resultó electo concejal el
accionado».
43. Al respecto, constató que, «contrario a lo señalado por el accionante, la
prueba del elemento (territorial) no se basó en el lugar de ejecución señalado en
SECOP II, que realmente es la dirección del demandado, sino en el acta final de
ejecución del contrato, esto ante la disparidad entre lo registrado en la plataforma
SECOP II y los estudios previos, y el complemento del contrato respecto de su lugar
de ejecución». Agregó que el municipio de Andalucía también figura en los informes
de actividades del entonces contratista.
44. Destacó que la inhabilidad atribuida al concejal Posso busca evitar ventajas
entre los candiddatos, «al celebrar un contrato de prestación de servicios que le
permitía ejercer labores de apoyo a la función pública, interrelacionándose con
asuntos de los eventuales votantes».
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
45. La Sala es competente para decidir el recurso de apelación interpuesto por
el demandado contra el fallo de 5 de julio de 2024, por el cual el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad de la elección del señor Andrés
Felipe Posso Macías como concejal del municipio de Andalucía, período 2024-2027,
de conformidad con los artículos 1508 y 152, numeral 7, literal a)9 del Código de
Pricedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y el artículo 13 del
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación10.
8
Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.
(Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021). El Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación (…).
9
Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. (Modificado por
el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021). Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia
de los siguientes asuntos: (…) 7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: a) De la
nulidad del acto de elección (…) de los miembros de las corporaciones públicas de los municipios y
distritos (…).
10
ARTÍCULO 13. DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de
repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán
entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: (…)
Sección Quinta: (…) 3. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos.
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2.2. El acto acusado
46. El acto cuya nulidad se pretende dentro del presente asunto corresponde a
la elección del señor Andrés Felipe Posso Macías como concejal de Andalucía
(Valle del Cauca), para el período 2024-2027, contenida en el Formulario E-26 CON
del 31 de octubre de 2023, expedido por la Comisión Escrutadora Municipal.
2.3. Problema jurídico
47. Con base en los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala establecer si hay lugar a revocar, modificar o confirmar la
sentencia del 5 de julio de 2024, a través de la cual el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca anuló la elección del demandado.
48. Para el efecto, se deberá determinar si el acto acusado está viciado por
cuenta de la causal de nulidad prevista en el numeral 5 del artículo 275 del CPACA,
por inhabilidad del elegido.
49. En consecuencia, previo a decidir el asunto de fondo, la Sala estudiará los
presupuestos de la inhabilidad para ser elegido concejal por intervención en la
celebración de contratos, establecida en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136
de 1994, específicamente frente al elemento territorial.
2.4. Inhabilidad para ser concejal por intervención en la celebración de
contratos
50. Las inhabilidades son prohibiciones para ocupar cargos públicos, que se
justifican en la necesidad de asegurar que los servidores de los diferentes órganos
del Estado accedan en igualdad de condiciones y orienten su desempeño hacia el
interés general y el cumplimiento de los fines estatales, sin consideración a
motivaciones privadas que puedan arriesgar la buena marcha de la función pública.
51. Por ello, esta corporación ha advertido que las inhabilidades «buscan
preservar los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad de la función
administrativa y la garantía del derecho de igualdad de oportunidades»11.
52. Tratándose de cargos de elección popular, constituyen restricciones válidas
al derecho fundamental a ser elegido, que deben ser revisadas previamente por las
organizaciones políticas y los ciudadanos interesados en ser candidatos, so pena
de que las autoridades competentes revoquen la inscripción o anulen la elección
realizada en esas circunstancias.
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 21 de abril de 2009,
Rad. 2007-00581(PI), MP. Ruth Stella Correa Palacio. Citada en: Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia de 12 de agosto de 2021, Rad. 50001-23-33-000-2020-00012-02 (Acum.), MP.
Rocío Araújo Oñate.
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53. Atendiendo a las consecuencias que pueden acarrear, las causales de
inhabilidad se reservan al legislador y su interpretación es restringida, en virtud del
principio de capacidad electoral12. De manera que el operador jurídico no está
autorizado para aplicar la analogía ni extenderlas a hipótesis no previstas al cargo
que corresponda.
54. Particularmente, el régimen de inhabilidades para ser concejal está regulado
en el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617
de 2000, que establece la siguiente causal:
ARTÍCULO 43. INHABILIDADES. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido
concejal municipal o distrital: (...) 3. Quien dentro del año anterior a la elección haya
intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o
distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel
en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o
cumplirse en el respectivo municipio o distrito (…) (Subrayado adicional).
55. De acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, esta inhabilidad busca
«preservar la igualdad entre los candidatos, sobre el supuesto de existencia de una
relación relevante con el Estado potencialmente ventajosa para alguno de ellos»13,
además de prevenir «asimetrías y prácticas corruptas en los procesos de
contratación, que pueden tener lugar si un candidato aprovecha su posición para
tomar ventaja sobre la entidad pública o sobre otros proponentes»14.
56. En cuanto a sus elementos, la inhabilidad por intervención en la celebración
de contratos con entidades públicas se configura para los concejales por la
concurencia de los siguientes:
a) Material u objetivo: la intervención en la celebración de contratos con
entidades públicas de cualquier nivel.
b) Subjetivo: el interés propio o de terceros que anima la contratación, con fines
patrimoniales o extrapatrimoniales15.
c) Temporal: dentro del año anterior a la elección.
d) Espacial o territorial: la ejecución del contrato debió cumplirse en el
municipio o distrito donde fue elegido el concejal.
12
Código Electoral, artículo 1º, numeral 4.
13
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 6 de junio de 2024, Rad. 54001-23-33-000-2023-
00263-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de octubre de
2019, Rad. 11001-03-15-000-2018-02417-01, MP. Alberto Montaña Plata.
15
Sobre este ingrediente, ver: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencias de 27 de noviembre
de 2008, Rad. 68001-23-15-000-2007-00669-01, MP. Filemón Jiménez Ochoa y 3 de agosto de
2015, Rad. 11001-03-28-000-2014-00051-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Citadas en:
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 12 de septiembre de 2024, Rad. 50001-23-33-
000-2023-00337-02, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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57. Específicamente, sobre el elemento material u objetivo se ha precisado que
«la intervención en la celebración del contrato se concreta en el acto mismo de su
suscripción o firma, considerando los precisos términos en que fue formulada la
causal, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993,
que sujeta el perfeccionamiento de los contratos del Estado a que “se logre acuerdo
sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito”»16, sin perjuicio del
perfeccionamiento de otro tipo de contratos con entidades públicas17.
58. Igualmente, «se ha reconocido la posibilidad de que la celebración
de contratos ocurra de forma directa o indirecta, en este último caso, para que
queden comprendidos terceros que no lo suscriben, pero frente a quienes logra
probarse la intervención en la contratación en virtud de una simulación, por
interpuesta persona, por delegación, designación o representación»18.
59. Junto con lo anterior, se ha destacado que «la inhabilidad se refiere a la
celebración del contrato y no a su ejecución ni a sus implicaciones»19, lo que
descarta el análisis y demostración de la incidencia efectiva de las actividades del
contratista sobre el electorado.
60. Por otra parte, respecto del elemento espacial o territorial, se ha explicado
que el lugar de ejecución «corresponde al territorio en el que deben cumplirse las
obligaciones pactadas», el cual no necesariamente corresponde al domicilio
contractual, «que se utiliza para efectos, por ejemplo, de notificaciones»20.
61. Sobre el punto, también se ha indicado que «el elemento territorial de la
inhabilidad no requiere para su comprobación que se constate que el objeto
contractual se cumplió en el lugar de la elección, sino que basta con demostrar que
el contrato debía ejecutarse en esa circunscripción»21.
62. En suma, tratándose de concejales, la inhabilidad por intervención en la
celebración de contratos con entidades públicas se estructura por la concurrencia
de los presupuestos que consagra la norma y que ha identificado la jurisprudencia,
es decir, suscribir el negocio jurídico dentro del año anterior a la elección y cumplir,
efectiva o potencialmente, las obligaciones en la respectiva circunscripción.
16
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 12 de agosto de 2021, Rad. 15001-23-33-000-
2019-00630-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
17
Por ejemplo, contratos laborales para la vinculación de trabajadores oficiales. Ver: Consejo de
Estado, Sección Quinta, sentencia de 24 de octubre de 2024, Rad. 15001-23-33-000-2023-00456-
01, MP. Omar Joaquín Barreto Suárez.
18
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 24 de junio de 2021, Rad. 54001-23-33-000-
2019-00329-01 (Acum.), MP. Luis Alberto Álvarez Parra y sentencia de 11 de abril de 2019, Rad.
11001-03-28-000-2018-00080-00 (Acumulado), MP. Alberto Yepes Barreiro.
19
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 8 de abril de 2021, Rad. 85001-23-33-000-2019-
00184-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
20
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 10 de octubre de 2024, Rad. 54001-23-33-000-
2023-00254-01, MP. Omar Joaquín Barreto Suárez.
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Id.
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Demandante: Luis Fernando Triana Gil
Demandado: Andrés Felipe Posso Macías
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00894-01
2.5. Caso concreto
63. La parte actora atribuye al acto de elección del demandado como concejal,
la causal de nulidad del numeral 5 del artículo 275 del CPACA, en razón a la
inhabilidad por intervención en la celebración de contratos con entidades públicas,
prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994.
64. Explica que esta inhabilidad se presenta en este caso porque el señor Andrés
Felipe Posso Macías fue elegido concejal del municipio de Andalucía, habiendo
suscrito el 22 de febrero de 2023 el contrato IND-23-1513-2023 con el Instituto del
Deporte, la Educación Física y la Recreación (INDERVALLE), con el objeto de
prestar servicios profesionales «para el desarrollo del proyecto estratégico
denominado: fortalecimiento de la participación e inclusión de la población en
recreación, actividad física, deporte formativo y social comunitario en el Valle del
Cauca».
65. En el fallo apelado, el tribunal accedió a las pretensiones de la demanda, por
considerar cumplidos los elementos que la ley y la jurisprudencia de esta Sección
exigen para la prohibición invocada. Especial énfasis hizo en el factor territorial,
constatando que la plataforma SECOP II y las actas de supervisión del contrato
señalaban el municipio de Andalucía como lugar de ejecución.
66. Adicionalmente, desestimó el argumento del demandado sobre la falta de
incidencia de ese contrato en los electores, por tratarse de apreciaciones ajenas a
los presupuestos taxativos de las causales de inhabilidad.
67. El demandado controvierte la decisión reseñada, pues sostiene que el
tribunal no tramitó las excepciones que propuso y no valoró todas las pruebas. Hace
mención particular a la cláusula 23 del complemento del contrato, que indicó la
ciudad de Cali como el domicilio contractual y el lugar de ejecución. Además,
destaca que los estudios previos no mencionan el municipio de Andalucía, el cual
corresponde a su residencia.
68. En tal sentido, sostiene que la sentencia recurrida es incongruente, toda vez
que admitió una disparidad entre la información del SECOP II y los documentos del
contrato, pero terminó dando validez a la dirección postal visible en ese portal web.
69. Por otra parte, resalta que el lugar de ejecución no dependía del contratista,
sino de la necesidad de la entidad y de la asignación que hiciera el supervisor.
70. Finalmente, aduce que las actividades ejecutadas estaban dirigidas a niños
y no le reportaron ningún beneficio electoral, lo cual solicita ponderar a partir de la
interpretación restrictiva de las inhabilidades para ser elegido.
71. De los anteriores planteamientos, el primero es un reparo de orden procesal,
que además de extemporáneo, es fácilmente desestimable con el auto de 16 de
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Demandante: Luis Fernando Triana Gil
Demandado: Andrés Felipe Posso Macías
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00894-01
abril de 2024, por el cual el magistrado ponente en primera instancia resolvió, entre
otros asuntos, declarar no probada la única excepción previa que formuló, esto es,
ineptitud de la demanda por «falta de fundamentación en el concepto de violación».
72. Al respecto, es importante señalar que el proceso judicial está compuesto por
etapas preclusivas, durante las cuales las partes tienen la oportunidad de alegar los
vicios que a su juicio deban sanearse, de manera que no es admisible traer a la
apelación de la sentencia de mérito cuestiones formales que pudieron ventilarse
previamente. Ahora bien, en cuanto a la excepción que denominó «inexistencia de
inhabilidad o irregularidad alguna en la elección», esta se identifica con los
argumentos de defensa que atacan el fondo del asunto y que fueron estudiados por
el tribunal en el fallo de primera instancia.
73. Precisado lo anterior, debe partirse del supuesto de que el señor Andrés
Felipe Posso Macías suscribió el contrato de prestación de servicios IND-23-1513-
2023 con una entidad pública (INDERVALLE) dentro del año anterior a su elección
como concejal.
74. Lo que está en discusión en esta instancia es el lugar de ejecución, es decir,
el ingrediente territorial de la causal de inhabilidad. Al respecto, el expediente cuenta
con las siguientes pruebas:
• Estudios previos, que identifican por lugar de ejecución «el municipio del
Departamento del Valle del Cauca que sea designado por el supervisor»,
además, que «Para todos los efectos contractuales se tendrán (sic) como
domicilio la ciudad de Santiago de Cali».
• Propuesta como contratista del señor Andrés Posso Macías, quien manifiesta
su disposición para desarrollar las actividades conractuales «de la manera
que [le] sean requeridas».
• Versión PDF de la ficha de identificación del contrato IND-23-1513 en la
plataforma «SECOP22 II», en el cual se indica el siguiente objeto:
Prestar los servicios PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN por
sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, como
PROFESIONAL EN DEPORTE para el desarrollo del proyecto estratégico
denominado: FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN
DE LA POBLACIÓN EN RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE
FORMATIVO Y SOCIAL COMUNITARIO EN EL VALLE DEL CAUCA (se
destaca).
• En el mismo documento, bajo el título «Municipio de ejecución del contrato»,
se registra una dirección del municipio de Andalucía, Valle del Cauca.
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Sistema Electrónico para la Contratación Pública.
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Demandante: Luis Fernando Triana Gil
Demandado: Andrés Felipe Posso Macías
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00894-01
• Formato «COMPLEMENTO AL CONTRATO DE PRESTACION (sic) DE
SERVICIO PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN», correspondiente
al contrato IND-23-1513 entre el señor Andrés Felipe Posso Macías y el
Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca
(INDERVALLE). De este interesa especialmente la cláusula 23:
LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades
previstas en el presente contrato se deben desarrollar en la ciudad de Cali,
Carrera 36 Nro. 5B 3-65 (sic) Valle del Cauca, o en el lugar dispuesto en los
Estudios Previos, y el domicilio contractual es Cali – Valle del Cauca.
• Informe final para la certificación del supervisor del contrato, rendido el 24 de
abril de 2023, que en las evidencias del cumplimiento de las obligaciones
relaciona en su mayoría actividades de recreación y deporte «en el
Municipio de Andalucía», con estudiantes de la «Escuela Simón Bolívar»,
beneficiarios del programa de recreación de INDERVALLE (negrrillas
adicionales).
• Informes parciales de las «cuotas» 1 y 2 para la certificación del supervisor
del contrato, de 28 de febrero y 24 de marzo de 2023, que relacionan entre
los destinatarios de las actividades a los estudiantes de «La Escuela Simón
Bolívar».
75. A partir de lo expuesto, la Sala llega al convenicimiento de que el demandado
ejecutó el contrato IND-23-1513-2023 en la misma circunscripción donde fue
elegido, es decir, en Andalucía, departamento del Valle del Cauca.
76. Así se observa con contundencia en los informes de actividades presentados
por el propio contratista, que se refieren específicamente a una institución educativa
de ese municipio.
77. Ahora, si bien en varios documentos del contrato se menciona al distrito de
Cali, a la vez como lugar de ejecución y domicilio contractual, debe estarse frente a
lo primero a la realidad de las actividades informadas por el demandado en
cumplimiento de las obligaciones contractuales, que resultan consecuentes con el
objeto del contrato, pues desde los estudios previos advertía sobre la posibilidad de
ejecutarse en cualquier municipio del departamento, como en efecto ocurrió.
78. Respecto del domicilio contractual, aunque evoca el lugar donde deben
cumplirse las obligaciones, también cumple fines de notificación de las partes y
definición de la jurisdicción para la resolución de conflictos.
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Demandado: Andrés Felipe Posso Macías
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00894-01
79. Por lo tanto, la indicación de determinado municipio en esa cláusula no
descarta el cumplimiento del contrato por fuera de este, pues lo que interesa a este
propósito son el objeto y las obligaciones23.
80. Esta Sala tuvo ocasión de pronunciarse recientemente sobre el punto, en un
caso de características afines al que se debate en esta oportunidad, donde el
demandado contrató con el municipio donde fue elegido la prestación de servicios
como periodista, con domicilio contractual en la capital, pero con lugar de ejecución
en el departamento, es decir, con posibilidad de cumplirse en cualquier parte de su
territorio, pues:
[S]i dentro de las obligaciones pactadas se encontraba la posibilidad de entrevistar
a los secretarios, directores, jefes de oficina y asesores de la gobernación sobre las
actividades que desarrollaran, así como publicar contenidos propios del cubrimiento
que hiciera de las actividades de la entidad, esto conllevaba que pudiera asistir a los
territorios en los que se generara la información24.
81. En este caso ocurre algo similar, dado que el objeto del contrato abarcaba
todo el departamento del Valle del Cauca y, por lo visto, las actividades se
concentraron en una institución educativa del municipio de Andalucía, como lo
advirtió el tribunal en primera instancia.
82. Frente a los argumentos relacionados con la responsabilidad del supervisor
en la asignación del lugar de ejecución del contrato y la incidencia de las actividades
del contratista en el electorado, la Sala le halla razón al tribunal en cuanto a que
estas consideraciones de conducta y responsabilidad no están contemplados en la
causal de inhabilidad. Antes bien, estos son factores que corresponde ponderar al
interesado en ser elegido, de cara al régimen de inhabilidades que aplica al cargo
de su interés.
83. De manera que el estudio de la causal por parte del juez electoral debe
limitarse a los estrictos elementos que la configuran, que no fueron más allá de un
sujeto activo, un contrato con una entidad pública, el año anterior a la elección y la
ejecución en el mismo municipio donde fue elegido el demandado, en la forma que
lo hizo el tribunal y según lo aconseja el Ministerio Público.
84. Reunidos todos los factores señalados y desestimados los argumentos del
recurso de apelación, se confirmará la sentencia de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,!
23
Sobre la importancia de verificar la ejecución del contrato, de acuerdo con las obligaciones, ver:
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 20 de junio de 2024, Rad. 63001-23-33-000-2023-
00102-02, MP. Gloria María Gómez Montoya.
24
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 10 de octubre de 2024, Rad. 54001-23-33-000-
2023-00254-01, MP. Omar Joaquín Barreto Suárez.
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Demandado: Andrés Felipe Posso Macías
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00894-01
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 5 de julio de 2024, por medio de la cual el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad de la elección del
señor Andrés Felipe Posso Macías como concejal del municipio de Andalucía, para
el período 2024-2027, contenido en el formulario E-26 CON del 31 de octubre de
2023, expedido por la Comisión Escrutadora Municipal.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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