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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 15001-23-33-000-2019-00630-01

Nulidad electoral: contra el acto de elección de concejal municipal

Fecha
12 de agosto de 2021
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
21 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 15001-23-33-000-2019-00630-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 26 de agosto de 2020 del Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda. En su lugar, DECLARAR la nulidad de la elección del señor Julián David Mariño Sosa como concejal del municipio de Tunja para el período 2020-2023. SEGUNDO: CANCELAR la credencial del señor Julián David Mariño Sosa como concejal de Tunja, período 2020-2023, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 288 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra esta decisión no procede ningún recurso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 15001-23-33-000-2019-00630-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

12 de agosto de 2021

NULIDAD ELECTORAL – Contra el acto de elección de concejal municipal / RECURSO DE APELACIÓN - No es la oportunidad procesal para ampliar los cargos de la demanda ni abrir nuevas discusiones en la segunda instancia

La Sala observa que la apelación del demandante incluye una censura adicional a los cargos inicialmente planteados en la demanda. (…). Al respecto, se recuerda que el recurso de apelación no es la oportunidad procesal para ampliar los cargos de la demanda ni abrir nuevas discusiones en la segunda instancia. Antes bien, el objeto de este medio de impugnación es controvertir los argumentos que fundamentan la decisión del juez que conoció en primer grado la causa, que se enmarcan en la fijación del litigio determinada, a su vez, por los supuestos fácticos y jurídicos del libelo inicial, junto con las razones de defensa expuestas por la contraparte en la etapa correspondiente. Una postura contraria, que admita en el cauce de la alzada la ampliación de la controversia o permita incluir en el debate nuevas censuras a favor o en contra de la legalidad del acto acusado, desconocería los principios de igualdad, contradicción y congruencia entre la demanda y el fallo, todos inherentes al debido proceso. Por lo tanto, la Sala no incorporará en su análisis el concepto de socio controlante que desarrolla la ley comercial, para efectos de definir la configuración de una posible contratación por interpuesta persona en el caso de los negocios jurídicos celebrados entre la Alcaldía de Tunja y la sociedad Blue Eventos M&B SAS, sin perjuicio de que se revise la posible estructuración de la inhabilidad por intervención en la celebración de contratos por parte del demandado, dentro de los linderos trazados en la litis desde la primera instancia. En esa medida, la apelación se restringirá a los argumentos de la apelación que coincidan con los propuestos inicialmente con la demanda, y no a las razones adicionales que trae la parte actora en el recurso.

NOTA DE RELATORÍA: Respecto al recurso de apelación, que no es la oportunidad procesal para ampliar los cargos de la demanda ni abrir nuevas discusiones en la segunda instancia, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 18 de junio de 2021, radicación 23001-23-33-000-2020-00387-01.

RÉGIMEN DE INHABILIDADES DEL CANDIDATO A ELECCIÓN POPULAR - Fundamento y finalidad / RÉGIMEN DE INHABILIDADES DEL CANDIDATO A ELECCIÓN POPULAR - Contexto internacional

Una de las manifestaciones del principio democrático radica en las garantías que tienen los ciudadanos de participar en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural del país, y acceder al ejercicio de cargos públicos, en condiciones de igualdad y transparencia, conforme a los artículos 2 y 40 de la Carta Política. En este marco conceptual, otros principios de raigambre constitucional justifican, también, la incorporación de restricciones a los derechos políticos de elegir y ser elegido, fundadas en el interés general, el pluralismo político y la moralidad administrativa. Así, el legislador ha instituido, de un lado, requisitos o calidades para aspirar a cargos de elección popular, y de otro, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades con el fin de asegurar la idoneidad, probidad, igualdad y transparencia en el desempeño en las funciones públicas. Tratándose de cargos de elección por voto popular, las calidades o requisitos aluden a condiciones de aptitud legal, personal o subjetiva, referidas, generalmente, a la edad, nacionalidad, ejercicio de ciudadanía, domicilio o residencia. Por su parte, los regímenes de inhabilidades se relacionan con situaciones prohibitivas para el ciudadano que aspira a ser elegido a un cargo por voto popular. Unas veces, estas situaciones atañen a antecedentes que lo descalifican, (…) y, otras, al equilibrio que debe guiar la contienda política, como las referidas al ejercicio de autoridad o la celebración de contratos antes de la realización de las elecciones, que otorgan ventaja y alteran el ejercicio democrático. (…). En línea con lo anterior, la Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado, en punto a su teleología, la necesidad de proteger el interés general y rodear de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el acceso de las personas a la función pública. (…). Así, la Sala Electoral ha señalado que el objetivo primordial de las inhabilidades consiste en “lograr la moralización, idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia de la labor de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos, garantizando de esta forma la prevalencia de los intereses generales de la comunidad sobre los personales del aspirante”. De igual manera, en la realización del principio democrático esta Sala ha reconocido que estos regímenes tienen como finalidad “prevenir afrentas contra las condiciones normales en las que se deben desarrollar los procesos electorales, producto de las situaciones personales de los aspirantes”. En este orden, por tratarse de una limitación a la capacidad electoral, las inhabilidades tienen un carácter taxativo y son de interpretación restrictiva, lo cual implica que el operador judicial debe considerar este aspecto al momento de adentrarse en el estudio de las inhabilidades electorales. (…). Por lo tanto, el juez debe limitar el análisis de las causales a los verbos rectores y a los presupuestos material, espacial y temporal, configuradores de la causal, sin que se extienda a situaciones no comprendidas en ella. Ahora bien, este parámetro legal de interpretación restrictiva de las inhabilidades no supone una comprensión literal o exegética, toda vez que el juez electoral debe tener la posibilidad de valorar la prohibición a partir de su finalidad o propósito para otorgarle su cabal poder normativo y eficacia, especialmente cuando la norma acusa vacíos en su configuración. Así mismo, la interpretación en la materia debe atender a la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece un parámetro a la regulación interna de los derechos políticos de sus signatarios, en cuanto dispone en el artículo 23 que la ley podrá reglamentarlos “exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”.

Por esta vía, el juez electoral también está habilitado para realizar un control de convencionalidad de los actos de elección popular, en virtud de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia cuyo reconocimiento contempla expresamente el artículo 9º de la Constitución Política. Con este panorama, conviene revisar algunos ejemplos de cómo conciben otros Estados la inelegibilidad de las autoridades que se eligen por votación ciudadana. (…). Los ejemplos referidos [de Ecuador, Chile, México, Canadá, Australia], demuestran que la preocupación por establecer en el ordenamiento jurídico algunos condicionamientos al perfil y a la condición subjetiva de los candidatos a cargos de elección por voto popular, bien sea por antecedentes penales, por razón de haber ejercido determinado cargo público o por vínculos contractuales, no es, ni mucho menos, exclusiva de nuestro país. Por el contrario, se advierte un propósito moralizador común hacia la implementación de instrumentos que permitan combatir de forma efectiva la corrupción y asegurar la transparencia en el ejercicio de la función pública.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre los regímenes de inhabilidades y que se relacionan con situaciones prohibitivas para el ciudadano que aspira a ser elegido a un cargo por voto popular, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 13 de agosto de 2020, radicación 68001-23-33-000-2019-00926-01; Corte Constitucional, sentencia C-064 de 2003. En cuanto a que estos regímenes [de inhabilidades] pretenden “que no se confunda el interés privado del funcionario con los intereses públicos, evitando así que éste obtenga, en uso de las influencias inherentes a su función, alguna ventaja o beneficio particular”, consultar: Corte Constitucional, sentencia C-1412 de 2000. De la teleología de las inhabilidades determinada por la necesidad de proteger el interés general y rodear de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el acceso de las personas a la función pública, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 14 de octubre de 2020, radicación 11001-03-15-0002020-00061-01. Sobre el propósito de las inhabilidades en el sentido de “garantizar que a los cargos de elección popular se presenten personas probas y carentes de antecedentes negativos en punto a su idoneidad y honorabilidad, y que no ostenten condiciones de privilegio por cuenta de vinculaciones con el Estado que desequilibren la contienda electoral”, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 30 de noviembre de 2010, radicación 23001-23-31-000-2008-00087-03 (IJ). En cuanto al objetivo primordial de las inhabilidades que consiste en “lograr la moralización, idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia de la labor de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos, garantizando de esta forma la prevalencia de los intereses generales de la comunidad sobre los personales del aspirante”. De igual manera, en la realización del principio democrático y que los regímenes tienen como finalidad “prevenir afrentas contra las condiciones normales en las que se deben desarrollar los procesos electorales, producto de las situaciones personales de los aspirantes”, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de enero de 2021, radicación 15001-23-33-000- 2019-00588-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de diciembre de 2020, radicación 11001-03-28-000-2020-00016-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de julio de 2009, radicación 08001-23-31-000-2007-00966-02. En cuanto a que las inhabilidades tienen un carácter taxativo y son de interpretación restrictiva, lo cual implica que el operador judicial debe considerar este aspecto al momento de adentrarse en el estudio de las inhabilidades electorales, consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 22 de abril de 2021, radicación 15001-23-33-000-2020-00120-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 18 de marzo de 2021, radicación 23001-23-33-000-2019-00465-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 11 de marzo de 2021, radicación 05001-23-33-000-2019-03154-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 18 de febrero de 2021, radicación 05001-23-33-000-2019-02852-02. Sobre la interpretación restrictiva de las inhabilidades y que ello no supone una comprensión literal o exegética, toda vez que el juez electoral debe tener la posibilidad de valorar la prohibición a partir de su finalidad o propósito para otorgarle su cabal poder normativo y eficacia, especialmente cuando la norma acusa vacíos en su configuración, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de enero de 2019, radicación 11001-03-28-000-2018-00031-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 5 de agosto de 2021, radicación 70001-23-33-000-2020-00035-02.

INHABILIDAD DEL CONCEJAL POR GESTIÓN DE NEGOCIOS / INHABILIDAD DEL CONCEJAL POR CONTRATACIÓN – Causales autónomas e independientes

El artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, establece la (…) causal de inhabilidad para ser concejal municipal o distrital. (…). Conforme al numeral transcrito, se observa que la norma, en realidad, consagra dos (2) conductas constitutivas de inhabilidad: i) La intervención en la gestión de negocios ante entidades públicas y ii) La intervención en la celebración de contratos estatales. Ambas inhabilidades están enmarcadas en el año que precede a las elecciones, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el mismo municipio o distrito correspondiente a la aspiración política. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, estas causales de inhabilidad persiguen como objetivo común, preservar la igualdad entre los candidatos, sobre el supuesto de existir una relación relevante con el Estado potencialmente ventajosa para alguno de ellos. (…). Ahora, a pesar de la identidad de propósito y que, por lo general, las gestiones ante las entidades públicas apunten a la celebración de contratos, es importante no perder de vista que se trata de causales de inhabilidad autónomas e independientes, referidas a conductas que ocurren en diferentes momentos y se manifiestan de formas distintas.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre las causales de inhabilidad y que persiguen como objetivo común, preservar la igualdad entre los candidatos, sobre el supuesto de existir una relación relevante con el Estado potencialmente ventajosa para alguno de ellos, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de octubre de 2019, radicación 11001-03-15-000-2018-02417-01. Con respecto a la finalidad preventiva de estas inhabilidades, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de septiembre de 2018, radicación 11001-03-28-000-2018-00015-00. Sobre la gestión de negocios y la celebración de contratos en el sentido de que se trata de causales de inhabilidad autónomas e independientes, referidas a conductas que ocurren en diferentes momentos y se manifiestan de formas distintas, consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sala 17 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia de 27 de noviembre de 2020, radicación 11001-03-15-000-2020-02883-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de enero de 2021, radicación 50001-23-33-000-2020-00013-01.

INHABILIDAD DEL CONCEJAL POR GESTIÓN DE NEGOCIOS - Intervención en gestión de negocios. Presupuestos

Respecto de la inhabilidad por intervención en la gestión de negocios ante entidades públicas, la jurisprudencia ha identificado cuatro (4) presupuestos para su configuración: (i) Un elemento temporal, referente a la fecha de la elección y que se extiende durante el año que la precede. (ii) Un elemento geográfico, que dirige la atención al lugar donde se gestionaron los negocios lo cual debe coincidir con el municipio o distrito de la elección respectiva. (iii) Un elemento material u objetivo, referido a las actuaciones concretas y comprobadas del demandado ante la entidad pública para lograr un fin patrimonial o extra patrimonial, independientemente de su éxito. (iv) Un elemento subjetivo, relacionado con el interés propio o de terceros que motiva las gestiones adelantadas. En particular, respecto del elemento material u objetivo, la intervención en la gestión de negocios se ha relacionado con una conducta personal y activa del futuro candidato ante una entidad pública con la que aspira a celebrar un negocio jurídico u obtener una respuesta favorable frente a un interés extrapatrimonial. Ahora bien, no toda diligencia que se adelante con una autoridad pública configura la causal, pues debe tratarse de una conducta útil, trascendente y potencialmente efectiva, para cuya valoración también interesa el móvil, causa, aspecto modal o de propósito que la anima. (…). Adicionalmente, en estas gestiones se puede intervenir en nombre e interés propio, como apoderado, agente oficioso “o cualquier otra figura que permita asumir la defensa de intereses ajenos”. Así mismo, la Sala ha advertido en la actividad inhabilitante un intercambio que requiere una reacción o respuesta por parte de la entidad pública concernida, aunque esta sea negativa. (…). En contraste, se ha descartado la conducta prohibida tratándose de un servidor público que obra en ejercicio de sus atribuciones legales, pues en este escenario sus actuaciones no persiguen un interés propio ni de terceros particulares, sino que buscan satisfacer el interés general. (…). De otra parte, las características particulares de algunos casos han requerido precisar que, cuando la gestión de negocios es exitosa para el acuerdo de voluntades, únicamente se examina la causal de inhabilidad de intervención en la celebración de contratos. Por el contrario, si la gestión tendiente a la realización de un contrato no prospera, entonces la causal se analiza como gestión de negocios propiamente dicha. En tales condiciones, es crucial para el juez electoral cuidarse de no soslayar, sin mayores consideraciones, una posible intervención en la gestión de negocios ante una entidad pública cuando el demandado no figura entre quienes suscribieron el contrato estatal obtenido, pues por este cauce corre el riesgo de vaciar de contenido la primera causal, omitiendo el debido estudio de las conductas que pudieran desplegarse en la etapa precontractual.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre los cuatro (4) presupuestos para la configuración de la inhabilidad por intervención en la gestión de negocios ante entidades públicas, consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de enero de 2021, radicación 50001-23-33-000-2020-00013-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de septiembre de 2020, radicación 11001-03-28-000-2020-00010-00. Respecto del elemento material u objetivo en la inhabilidad de intervención en la gestión de negocios y que no toda diligencia que se adelante con una autoridad pública configura la causal, pues debe tratarse de una conducta útil, trascendente y potencialmente efectiva, para cuya valoración también interesa el móvil, causa, aspecto modal o de propósito que la anima. De ahí que las actuaciones que se atribuyan al demandado deban estar debidamente probadas y no ser el resultado de meras inferencias o deducciones subjetivas, consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de octubre de 2019, radicación 11001-03-15-000-2018-02417-01; sentencia de 21 de abril de 2009, radicación 11001-03-15-000-2007-00581-00. Sala 17 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia de 27 de noviembre de 2020, radicación 11001-03-15-000-2020-02883-00. Sobre las gestiones y que en ellas se puede intervenir en nombre e interés propio, como apoderado, agente oficioso “o cualquier otra figura que permita asumir la defensa de intereses ajenos”, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 23 de octubre de 2008, radicación 07001-23-31-000-2007-00083-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 7 de marzo de 2013, radicación 52001-23-31-000-2011-00664-01. Sobre lo que se ha considerado como “intervención en la gestión de negocios” ante entidades públicas, por ejemplo, la influencia que ejerció un candidato al concejo para obtener la vinculación de un tercero por contrato con el municipio , la participación de un candidato en la autorización que dio la junta directiva de una empresa para postularse como contratista de entidad pública , y las instrucciones impartidas por el candidato al mandatario de una sociedad sobre el alcance de su oferta en el marco de un proceso de contratación, consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 12 de agosto de 2010, radicación 08001-23-31-000-2010-00025-01; Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 24 de mayo de 2007, radicación 25001-23-15-000-2006-00210-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 10 de noviembre de 2005, radicación 2174-3175-3180. En cuanto a que se ha descartado la conducta prohibida tratándose de un servidor público que obra en ejercicio de sus atribuciones legales, pues en este escenario sus actuaciones no persiguen un interés propio ni de terceros particulares, sino que buscan satisfacer el interés general, consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de noviembre de 2008, radicación 73001-23-31-000-2007-00710-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 17 de octubre de 2013, radicación 76001-23-31-000-2011-01747-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 11 de agosto de 2016, radicación 50001-23-33-000-2015-00647-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 5 de marzo de 2012, radicación 11001-03-28-000-2010-00025-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 5 de junio de 2005, radicación 70001-23-31-000-2003-02150-01. Con respecto a que algunos casos han requerido precisar que, cuando la gestión de negocios es exitosa para el acuerdo de voluntades, únicamente se examina la causal de inhabilidad de intervención en la celebración de contratos. Por el contrario, si la gestión tendiente a la realización de un contrato no prospera, entonces la causal se analiza como gestión de negocios propiamente dicha, consultar:

Consejo de Estado, Sala 17 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia de 27 de noviembre de 2020, radicación 11001-03-15-000-2020-02883-00; Consejo de Estado, Sala Primera Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia de 19 de febrero de 2019, radicación 11001-03-15-000-2018-02417-00.

INHABILIDADES DEL CONCEJAL – Elementos que configuran la causal por intervención en celebración de contratos. Finalidad

En punto a la intervención en la celebración de contratos, la Sección Quinta ha discurrido sobre su finalidad en los siguientes términos: [l]a inhabilidad por celebración de contratos tiene una clara finalidad constitucional –de hecho, todas la tienen–, tendiente a proteger la moralidad e imparcialidad del proceso electoral y del cargo al que se aspira, pues, de un lado, “busca evitar una confusión entre intereses públicos y privados”, ya que, “quien ha intervenido en nombre propio o de terceros en la celebración de un contrato con la administración, en principio defiende los intereses particulares frente a los intereses del Estado”; y del otro, “obstaculiza el aprovechamiento de recursos públicos para desfigurar los procesos electorales”. Así mismo, como elementos configurativos de la causal se han identificado por la Sala (i) uno temporal, que se extiende durante el año anterior a la fecha de la elección, (ii) uno geográfico o espacial, que lo constituye el lugar (municipio, para el caso del concejal) donde se ejecutó el contrato, el cual debe coincidir con el lugar de la elección respectiva, (iii) otro material u objetivo, referido a la suscripción o celebración del contrato, y (iv) el elemento subjetivo, relacionado con el interés propio o de terceros que persigue la celebración del contrato estatal. En lo que atañe al elemento material u objetivo, la Sala ha hecho énfasis en su jurisprudencia más reciente, en que la intervención en la celebración del contrato se concreta en el acto mismo de su suscripción o firma, considerando los precisos términos en que fue formulada la causal, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, que sujeta el perfeccionamiento de los contratos del Estado a que “se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito”. Adicionalmente, algunos precedentes reconocen la posibilidad de que la intervención en la celebración de contratos ocurra de forma indirecta, de modo que queden comprendidos terceros que no lo suscriben, pero frente a quienes logra probarse la contratación en virtud de una simulación, por interpuesta persona, por delegación, designación, representación o mandato. De otra parte, se ha insistido en que los actos de ejecución y liquidación de los contratos no configuran esta inhabilidad, dado que estas actividades ocurren con posterioridad a su celebración y, en esa medida, se ubican por fuera de los supuestos que contempla la causal. Luego, mucho menos se puede tomar en consideración, para estos efectos, las ventajas que pudieran deducirse de la ejecución de un contrato estatal por parte del contratista que luego es candidato, so pretexto de apelar a la finalidad de la prohibición para deducir de ella su configuración.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la finalidad de la intervención en la celebración de contratos, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 13 de agosto de 2020, radicación 68001-23-33-000-2019-00926-01. De los elementos configurativos de la inhabilidad por intervención en la celebración de contratos, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de enero de 2021, radicación 50001-23-33-000-2020-00013-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de septiembre de 2020, radicación 11001-03-28-000-2020-00010-00. En lo que atañe al elemento material u objetivo de la inhabilidad por intervención en la celebración de contratos, consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 29 de abril de 2021, radicación 11001-03-28-000-2020-00002-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 8 de abril de 2021, radicación 85001-23-33-000-2019-00184-01. En cuanto a que algunos precedentes reconocen la posibilidad de que la intervención en la celebración de contratos ocurra de forma indirecta, de modo que queden comprendidos terceros que no lo suscriben, pero frente a quienes logra probarse la contratación en virtud de una simulación, por interpuesta persona, por delegación, designación, representación o mandato, consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de octubre de 2019, radicación 11001-03-15-000-2018-02417-01; Sala Primera Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia de 19 de febrero de 2019, radicación 11001-03-15-000-2018-02417-00. Con respecto a que los actos de ejecución y liquidación de los contratos no configuran esta inhabilidad, dado que estas actividades ocurren con posterioridad a su celebración y, en esa medida, se ubican por fuera de los supuestos que contempla la causal. consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sala 13 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia de 16 de octubre de 2020, radicación 11001-03-15-000-2020-03518-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 13 de agosto de 2020, radicación 68001-23-33-000-2019-00926-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 16 de diciembre de 2020, radicación 20001-23-33-000-2020-00005-01.

INHABILIDAD DEL CONCEJAL POR GESTIÓN DE NEGOCIOS - Intervención en la gestión de negocios cuando hubo posterior celebración de contratos estatales

La Sala se aparta de la lectura que el Tribunal de instancia le dio a la jurisprudencia de esta Corporación que, en el sub judice, le llevó a examinar tan solo de forma subsidiaria y superficial las gestiones de negocios atribuidas al demandado, ante la incontrastable verdad de que hubo, finalmente, una celebración de contratos estatales y que el concejal demandado no los suscribió, puesto que fueron firmados por las personas que fungieron en cada momento como representantes legales de la empresa contratista. Sobre el punto, es indispensable precisar que la tesis que ha expuesto la Corporación para analizar exclusivamente la causal de intervención en la celebración de un contrato estatal no se traduce en descartar de plano y para todos los casos, la gestión de negocios cuando se obtiene el acuerdo de voluntades, sino en reconocer que este lleva implícitas las actuaciones previas del contratista, adelantadas por él directamente o a través de un tercero. (…). Ahora, si bien las providencias referidas por el Tribunal para respaldar su postura se remontan a una época en la que la Sección sostenía que la intervención en la celebración de contratos comprendía actuaciones en la etapa precontractual, más bien propias de la intervención en la gestión de negocios, lo cierto es que en ninguno de esos casos se sentó la regla conforme a la cual sería válido ignorar las tratativas previas al contrato, so pretexto de su posterior perfeccionamiento, bien por el mismo demandado o por un tercero. Es por ello que interpretaciones como la que propuso el a quo eliminan el efecto útil de la norma —para el caso, el aparte correspondiente del numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994— y arriesgan la vigencia de la causal de inhabilidad por intervención en gestión de negocios ante entidades públicas, pese a que se ha insistido en que es autónoma e independiente de la celebración de contratos estatales, toda vez que la primera se ubica en el plano de los acercamientos o avances hacia un negocio jurídico que puede o no concretarse con una entidad pública. De hecho, por vía de aquella interpretación sí podrían promoverse conductas como la contratación por interpuesta persona, a la que aludieron varios sujetos procesales en este caso.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el análisis de la causal de intervención en la celebración de un contrato estatal y que ello no se traduce en descartar de plano y para todos los casos, la gestión de negocios cuando se obtiene el acuerdo de voluntades, sino en reconocer que este lleva implícitas las actuaciones previas del contratista, adelantadas por él directamente o a través de un tercero, consultar: Consejo de Estado, Sala 17 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia de 27 de noviembre de 2020, radicación 11001-03-15-000-2020-02883-00; Consejo de Estado, Sala Primera Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia de 19 de febrero de 2019, radicación 11001-03-15-000-2018-02417-00.

INHABILIDAD DEL CONCEJAL POR GESTIÓN DE NEGOCIOS - Estudio de las actuaciones atribuidas al demandado a título de intervención en la gestión de negocios ante una entidad pública

[S]e encuentra probado en el proceso que el 26 de julio de 2016, el [demandado] (…) y la señora Jeimy Alejandra Bayona Espitia constituyeron la sociedad por acciones simplificada Blue Eventos M&B SAS, con una composición del capital suscrito y pagado de cinco (5) acciones en total, tres (3) a nombre del primero y dos (2) pertenecientes a la segunda. (…). Igualmente, al momento de la creación se designó a la señora Marleny Ramírez como representante legal principal y al señor Julián David Mariño, como representante suplente. Así se mantuvieron los estatutos hasta el 27 de diciembre de 2018, cuando los socios dispusieron mediante acto privado modificar la representación legal, designando al señor Jaime Orlando Mariño Guio (padre del demandado) como principal y a la señora Marleny Ramírez como suplente. Esta reforma fue registrada en la Cámara de Comercio de Tunja el 4 de enero de 2019. (…). Siendo así, (…) la inhabilidad por intervención en la gestión de negocios, en cuanto a que la calidad de socio de la persona jurídica que actúa como proponente u oferente en un proceso de selección con una entidad pública, por sí sola, no configura la causal. En efecto, siendo la intervención en la gestión de un negocio una acción conducente y constatable, las actividades que la constituyen no pueden presumirse ni inferirse de aquella condición dentro de una sociedad comercial, sobre todo porque, por regla general, los representantes legales y administradores son los facultados para celebrar y ejecutar los actos y contratos comprendidos en el objeto social. (…). Al respecto, las pruebas aportadas al proceso (…) son demostrativas de que el demandado fue designado como representante legal suplente al momento de la constitución de la sociedad y como tal fungió hasta el 4 de enero de 2019. De modo que para la fecha en que asistió a la diligencia de radicación de propuestas en aquel trámite contractual lo hizo en ejercicio de las especiales facultades y responsabilidades que los estatutos asignaron a los representantes legales, tanto al principal como al suplente. (…). Por tal razón, no es de recibo el argumento de defensa del demandado, que reduce las diligencias de radicación de las propuestas ante la Alcaldía de Tunja como mero espectador y emisario. Todo lo contrario, de su asistencia y la actividad de presentación de las propuestas, es válido colegir que su comparecencia no es fortuita y que con ello perseguía un interés en obtener los contratos, en beneficio propio y de la empresa de la que es socio, lo cual constituye uno de los ingredientes configurativos de la causal de inhabilidad que se le endilga en este asunto. En tales circunstancias, contrario a la interpretación del Tribunal de instancia, la Sala considera que la presentación de la propuesta de la SAS de la cual es socio y era su representante legal suplente, es una actuación determinante y necesaria para que un oferente pueda ser tenido en cuenta en un proceso de selección ante una entidad pública como contratista. (…). En efecto, aunque los procesos contractuales en la modalidad de selección abreviada de menor cuantía y en los de mínima cuantía las etapas son más simplificadas que en una licitación, atendiendo a las características del objeto a contratar, lo cierto es que las actividades que deben surtirse previo a la adjudicación del contrato deben adelantarse obligatoriamente y en la forma en que se detalle en la invitación pública que extienda la entidad contratante. (…). Conforme a lo expuesto, las propuestas para aspirar a ser contratista del Estado son vinculantes y generan, cuando menos, la condición de proponente, con los correlativos derechos a participar en el proceso de selección en términos de igualdad y a que se mantengan las condiciones ofertadas.

Siendo así, la radicación de la oferta o propuesta no es una gestión inane, por el contrario, es un punto de partida importante y definitivo para el interesado en lograr la celebración del pretendido contrato con una entidad pública. Aplicadas tales nociones al ámbito de la inhabilidad por intervención en la gestión de negocios ante entidades públicas, se tiene que la presentación de la propuesta en la etapa precontractual constituye una actuación útil y trascendente que genera derechos y obligaciones para los participantes en los procesos de selección. Además, esta actividad, que fue crucial y determinante para el interesado en celebrar un contrato estatal, fue desplegada por el socio mayoritario y representante legal suplente del proponente, quien asistió a las audiencias de cierre en la sede de la Alcaldía de Tunja para la radicación de los sobres con las propuestas para una época en la que tenía ambas calidades dentro de la sociedad proponente. (…). Todas estas actuaciones consideradas en conjunto refuerzan el interés propio que animó al demandado a que la sociedad participara en los procesos contractuales y obtuviera los contratos que, efectivamente, suscribió en todos los casos, a través de sus representantes legales. En cuanto a la diligencia desarrollada a favor de la fundación Mundo Vida, según se reseñó previamente, también existe prueba de que el concejal radicó la propuesta de esa persona jurídica para participar en el proceso de selección SMC-AMT-182-2018 el 5 de diciembre de 2018, dentro de la cual firmó el formato de asistencia de la respectiva diligencia. Sin embargo, esta actividad, por sí sola, no puede considerarse como intervención en la gestión de negocios, toda vez que en el expediente no fueron informados ni aportados elementos que acreditaran alguna relación entre el demandado y aquella fundación, o las razones por las cuales se le encomendó justamente a él la radicación. Por lo tanto, frente a este hecho, falta particularmente la acreditación del interés propio o de terceros que debe animar la conducta para que configure la causal de inhabilidad. (…). En tales condiciones, concurren los elementos que la Sala ha identificado a fin de que se configure la causal de inhabilidad para ser concejal por intervención en la gestión de negocios, considerando las conductas, el término y el ámbito espacial previstos en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000. En efecto, se probó que el demandado participó activamente, dentro del año anterior a su elección como concejal, en la etapa precontractual de tres (3) procesos de selección de contratistas adelantados por la Alcaldía de Tunja, que corresponde al mismo municipio para el que fue elegido en el cargo que hoy ocupa. Ante esta conclusión, resulta relevante para la Sala reiterar que la finalidad de los regímenes de inhabilidades establecidos en nuestro ordenamiento jurídico para los cargos públicos, y en particular para los cargos de elección popular, radica, por un lado, en asegurar un escenario equitativo para el desarrollo de las campañas electorales y por el otro, garantizar que el acceso a la función pública del ciudadano elegido popularmente esté libre de intereses particulares agenciados con anterioridad a su aspiración política, que pudieran influir indebidamente en su gestión. Por lo mismo, es comprensible que el legislador, sustentado en los principios constitucionales de prevalencia del interés general, igualdad, moralidad y transparencia, imponga a los ciudadanos que aspiren a ser elegidos por voto popular ciertas limitaciones a sus actividades, sobre todo las de índole profesional y comercial, dentro de un plazo razonable que se extiende dentro del año anterior a los comicios.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la intervención en la gestión de un negocio y que las actividades que la constituyen no pueden presumirse ni inferirse de aquella condición dentro de una sociedad comercial, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 5 de junio de 2005, radicación 2003-02150. Sobre el alcance de la participación en los procesos contractuales que convocan las entidades públicas, consultar: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto No. 1732 de 20 de abril de 2006. En cuanto a la responsabilidad y seriedad que debe guiar las actuaciones de los proponentes en los procesos de selección de contratistas del Estado, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 10 de febrero de 2016, radicación 38696 (2003-00959-01); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 12 de noviembre de 2014, radicación 29855 (2002-01606-01); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 14 de marzo de 2013, radicación 24059 (1999-00827-01).

INHABILIDAD DEL CONCEJAL POR CONTRATACIÓN – No configurada / INHABILIDAD DEL CONCEJAL POR GESTIÓN DE NEGOCIOS - Configurada

De acuerdo con el recurso de apelación del demandante, el concejal demandado no solamente intervino en la etapa precontractual de los procesos de selección en los que participó Blue Eventos M&B SAS ante la Alcaldía de Tunja, sino también en la celebración de los seis (6) contratos que obtuvo para organizar eventos en el municipio. (…). Sin embargo, esta causal no prospera en el sub judice, en primer lugar, porque existe prueba en el proceso de que los seis (6) contratos obtenidos por Blue Eventos M&B SAS fueron suscritos en todos los casos por los representantes legales —valga decir, los principales— con la Alcaldía de Tunja. En segundo lugar, no hay evidencia de que los representantes legales de la sociedad hubiesen actuado en virtud de autorización o mandato del socio mayoritario o de la asamblea de accionistas que constituye el máximo órgano de dirección de la persona jurídica, conforme a los estatutos. A partir de las pruebas aportadas al proceso, la Sala pudo constatar que el demandado intervino en la gestión de negocios ante la Alcaldía de Tunja a través de la radicación de tres (3) ofertas en las etapas precontractuales de igual número de procesos de selección de contratistas, a nombre de dos (2) personas jurídicas distintas, una de ellas con participación accionaria como socio mayoritario y en una época, su representante legal suplente. A estas gestiones se suma su inclusión en tres (3) de las ofertas como parte del personal que se encargaría de ejecutar los contratos en el municipio, todo esto dentro del año anterior a la elección. De esta forma, en las características del caso concreto concurren todos los presupuestos que configuran aquella causal de inhabilidad, en la medida en que el demandado adelantó actuaciones útiles y trascendentes ante una entidad pública, del mismo municipio donde resultó elegido, dentro del plazo inhabilitante. Además, dichas diligencias fueron realizadas en procura del interés económico de dos proponentes interesados en celebrar contratos estatales, junto con la incuestionable ventaja que supone para el propio ciudadano que aspira a ser candidato a un cargo de elección popular participar en las actividades públicas que en el caso particular fueron contratadas y realizadas dentro del año anterior a las elecciones populares de 27 de octubre de 2019. En consecuencia, se revocará el fallo apelado y, en su lugar, se declarará la nulidad de la elección del demandado.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 2 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 9 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 40 / LEY 136 DE 1994 – ARTÍCULO 43 NUMERAL 3 / LEY 617 DE 2000 – ARTÍCULO 40 / LEY 80 DE 1993 – ARTÍCULO 41

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 15001-23-33-000-2019-00630-01

Actor: JAIR MARCEL MAHECHA GARZÓN

Demandado: JULIÁN DAVID MARIÑO SOSA – CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA, PERÍODO 2020-2023

Referencia: NULIDAD ELECTORAL - Inhabilidad de concejal por intervención en la gestión de negocios ante entidades públicas y celebración de contratos estatales. Radicación de propuesta en proceso de selección de contratista por el socio de la persona jurídica proponente

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y su coadyuvante contra la sentencia de 26 de agosto de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la cual, se negó la nulidad de la elección del señor Julián David Mariño Sosa como concejal de Tunja para el período 2020-2023.

ANTECEDENTES

La demanda

El ciudadano Jair Marcel Mahecha Garzón, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, instauró demanda contra el acto de elección del señor Julián David Mariño Sosa como concejal del municipio de Tunja, departamento de Boyacá, para el período 2020-2023, contenido en el formulario E-26CON del 4 de noviembre de 2019, para lo cual planteó las siguientes pretensiones:

PRIMERA: se declare la NULIDAD del formulario E-26CON de fecha 4 de Noviembre de 2019 o el acto administrativo electoral que se anexa, expedido por la Comisión Escrutadora Municipal de Tunja, en lo que respecta a la declaratoria de elección de JULIAN DAVID MARIÑO SOSA, identificado con la cedula (sic) de ciudadanía No 1.049.657.177 expedida (sic) Bogotá, como Concejal de Tunja para el periodo comprendido 2020-2023 por el partido Conservador Colombiano.

SEGUNDA: Se ordene en la sentencia, la cancelación de la credencial E 27 que acredita a JULIAN DAVID MARIÑO SOSA, identificado con la cedula (sic) de ciudadanía No 1.049.657.177 expedida (sic) Bogotá, como Concejal de Tunja para el periodo comprendido 2020-2023 por el partido Conservador Colombiano.

El demandante sustenta las anteriores pretensiones en los fundamentos fácticos y jurídicos que se describen a continuación.

Hechos

Informa el demandante que el 27 de octubre de 2019 se llevaron a cabo las elecciones de autoridades territoriales. En este proceso se eligieron los integrantes del Concejo municipal de Tunja, resultando electo el señor Julián David Mariño Sosa, por el Partido Conservador Colombiano, para el período 2020-2023.

Narra que el 28 de julio de 2016, el señor Julián David Mariño Sosa y la señora Jeimy Alejandra Bayona Espitia conformaron la sociedad por acciones simplificada denominada “Blue Eventos M&B SAS”, con NIT 900996902-7 y Matrícula Mercantil No. 142814 del 3 de agosto de 2016, con el objeto de prestar apoyo logístico y organizar eventos públicos y privados. En el acto de constitución de la sociedad el demandado quedó como “socio mayoritario” con cinco (5) acciones y “representante legal suplente”, calidad que ostentó hasta el 27 de diciembre de 2018, cuando se designó como “representante legal principal” a su padre, el señor Jaime Orlando Mariño Guio, y como “representante suplente”, a la señora Marleny Ramírez.

Relata que entre los años 2018 y 2019, en su condición de accionista y representante legal suplente, el concejal intervino en la gestión de negocios y en la celebración de contratos a nombre de dicha sociedad en seis (6) procesos de mínima cuantía (SMC) y selección abreviada (SA), ante la Alcaldía de Tunja, cuyo objeto era la prestación de servicios de apoyo logístico en varios eventos públicos. Adicionalmente, afirma que en uno de los procesos el demandado intervino a nombre de una persona jurídica distinta a la mencionada sociedad, denominada Fundación para el Desarrollo y Apoyo a la Gestión “Mundo Vida”.

Precisa, de forma detallada, cada actividad cumplida por el concejal demandado en dichos procesos y las circunstancias que configuran la inhabilidad. En primer lugar, señala que el 23 de noviembre de 2018 Blue Eventos M&B SAS, presentó propuesta en el proceso de selección de contratista SMC-AMT-161-2018, convocado por la Alcaldía de Tunja el 21 de noviembre de 2018, cuyo objeto era el suministro de apoyo logístico y operativo para el desarrollo de los eventos de formación en gestión pública, en el marco del programa de cultura de la legalidad, convivencia y derechos humanos, dentro de la política “La seguridad no se puede perder”, adoptada como parte del plan de desarrollo de Tunja. Anota que, en la subsanación de la propuesta presentada, se incluyó copia de la cédula de ciudadanía y del diploma de bachiller del señor Mariño Sosa, como parte del personal idóneo ofrecido para la ejecución del contrato. Agrega que la sociedad obtuvo aquel contrato y el mismo fue cumplido entre el 5 y el 31 de diciembre de 2018.

En segundo lugar, se refirió al proceso SA-AMT-042-2018, iniciado por la Alcaldía de Tunja mediante Resolución No. 302 de 28 de noviembre de 2018, con el objeto de contratar los servicios de operación logística y de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades culturales, específicamente el desfile de carrozas y comparsas del evento “Aguinaldo boyacense 2018”. Según su relato, el concejal asistió en representación de la firma proponente Blue Eventos M&B SAS a la audiencia pública de cierre de propuestas realizada el 5 de diciembre de 2018, como se desprende del registro de asistencia, donde aparece la firma del demandado. En esta oportunidad la mencionada sociedad resultó adjudicataria del contrato No. 1144 de 2018, ejecutado entre el 14 y el 31 de diciembre de 2018.

En tercer lugar, explica que la Alcaldía de Tunja realizó el 12 de diciembre de 2018 invitación pública dentro del proceso de selección SMC-AMT-182-2018, para el “suministro de apoyo logístico y operativo para la celebración del día del comunal”. Anota que el demandado, en su condición de accionista y representante legal suplente de Blue Eventos M&B SAS, según el certificado de existencia y representación legal que obra dentro de los documentos de la propuesta, intervino en la gestión de negocios. Además, dentro de la propuesta, se incluyó al concejal demandado como parte del personal ofrecido para ejecutar el contrato, según se puede verificar en el “Formato de Idoneidad del Recurso Humano Ofrecido”, el cual fue firmado por demandado y la representante legal de la empresa Blue Eventos. De igual manera, la representante legal, con el escrito de subsanación de la propuesta, aportó documentos de identidad del candidato para habilitarse en el proceso contractual, acreditando mediante estos documentos “la capacidad legal de la sociedad para contratar”.

También para este proceso contractual (SMC-AMT-182-2018), el concejal radicó oferta a nombre de la Fundación para el Desarrollo y Apoyo a la Gestión “Mundo Vida”, lo cual se evidencia en el acta de la diligencia de cierre de propuestas del 13 de diciembre de 2018. Este contrato fue finalmente adjudicado a Blue Eventos M&B SAS y ejecutado el 15 de diciembre de 2018.

En cuarto lugar, en lo que atañe al proceso SMC-AMT-088-2019, iniciado el 7 de julio de 2019 por la Alcaldía de Tunja para contratar el servicio de apoyo logístico y operativo frente a la estrategia de “Entornos Seguros”, vigencia 2019, se informa que el demandado asistió en representación de Blue Eventos M&B SAS a la audiencia de recepción de ofertas que se realizó el 9 de julio de 2019, según consta en el registro de asistencia, en el cual aparece su firma. Así mismo, en la propuesta se incluyó su nombre como “coordinador de logística” dentro del personal previsto para la ejecución del contrato. Una vez más, a esta empresa le fue adjudicado el contrato, el cual fue ejecutado entre el 16 de julio y el 6 de septiembre de 2019, es decir, a menos de dos (2) meses de la fecha de las elecciones populares.

En quinto lugar, narra que la Alcaldía de Tunja convocó el 24 de julio de 2019 al proceso de selección SMC-AMT-104-2019, con el objeto de contratar la adquisición de elementos para la realización de la semana de la lactancia “Tunja en equipo por la lactancia”, dentro del subprograma “Creciendo en familia”. Señala que la sociedad de la cual el concejal es accionista presentó propuesta el 29 de julio de 2019 y, posteriormente, le fue adjudicado el contrato y se ejecutó entre el 31 de julio y el 2 de agosto de 2019.

En sexto lugar, el demandante hace referencia al proceso de contratación SMC-AMT-129-2019, iniciado por invitación pública el 12 de septiembre de 2019, cuyo objeto era la prestación de servicios de operación y logística para ejecutar la actividad “3k color fest juventud segura”, dentro de la semana de la juventud, en cumplimiento de la política “La seguridad no se puede perder”, descrita en el Plan de Desarrollo “Tunja en equipo 2016-2019”. Al respecto, censura que el concejal Mariño Sosa, continuaba como accionista de Blue Eventos M&B SAS, según los documentos aportados con la propuesta allegada el 13 de septiembre de 2019. Así mismo, dicho contrato fue adjudicado a la mencionada empresa, por lo que se propició un espacio de interacción del demandado con sus potenciales electores, en una fecha muy cercana a los comicios electorales a celebrarse el 27 de octubre de 2019.

Igualmente, sin especificar un contrato en particular, agregó que el número de teléfono celular del concejal demandado (No. 3144189463) fue suministrado como contacto por Blue Eventos M&B SAS en las ofertas que radicó ante la Alcaldía de Tunja.

Por otra parte, informa que la sociedad Blue Eventos M&B SAS celebró el contrato de prestación de servicios No. 077 de 27 de abril de 2019 con la ESE Santiago de Tunja, para “la prestación de servicios de logística” en el marco de la Estrategia de Atención Primaria en Salud -APS-, por lo que, a su juicio, se refuerzan las gestiones de negocios adelantadas por el demandado ante dicho municipio, en el plazo inhabilitante.

En suma, con base en el recuento de las actuaciones precedentes, el demandante atribuye al concejal demandado inhabilidad para ser elegido, por intervención en gestión de negocios ante entidades públicas y celebración de contratos estatales, por razón de las siguientes actuaciones: (i) la radicación de ofertas ante la Alcaldía de Tunja a nombre de Blue Eventos M&B SAS en la condición de socio mayoritario y representante legal suplente de esta empresa, (ii) haber obtenido la adjudicación de seis (6) contratos con este municipio, por parte de Blue Eventos M&B SAS (iii) haber incluido su nombre dentro del recurso humano ofrecido en las propuestas por la mencionada sociedad para ejecutar algunos de estos contratos y su número teléfono celular (iv) la radicación de una propuesta ajena, a nombre de la fundación “Mundo Vida”, ante la alcaldía de Tunja y, finalmente, (v) la celebración de un contrato de prestación de servicios entre Blue Eventos M&B SAS con la ESE, Santiago de Tunja, perteneciente al nivel municipal.

Normas violadas

La parte actora invoca como fundamentos de derecho de su pretensión las siguientes normas: Constitución Política, artículos 1, 2, 3, 13, 40, 260, 265, numeral 5, 314 y 316; Ley 617 de 2000 Artículo 40; Ley 1258 del 2008, artículos 1, 2, 3, 5, 6, 8 y 14; Ley 80 de 1993; y numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011.

Concepto de la violación

A pesar de que el actor cita todas las anteriores disposiciones como infringidas, el concepto de violación se centra, básicamente, en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, que establece que no podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal “quien dentro del año anterior haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel, en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio”.
Para ilustrar la causal de inhabilidad, comienza por transcribir apartes de la sentencia de 27 de septiembre de 2018, Rad. 11001-03-28-000-2018-00015-00, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la cual se diferencian las dos conductas de la norma mencionada, por una parte, i) la gestión de negocios que, como su nombre lo indica, es simplemente adentrarse en las tratativas precontractuales, sin que se requiera, para el efecto, la culminación o celebración del contrato y por otra, ii) la celebración del contrato mismo, que implica la concreción de la intervención en un vínculo negocial que obliga a las partes contratantes. Así, la gestión debe referirse a negocios y pretender un lucro o un fin cualquiera, que tiene mayor amplitud que la celebración de contratos, que solo atiende a la participación del candidato en la suscripción del mismo.
Agrega que el propósito de esta inhabilidad es evitar que se rompa la igualdad de los candidatos a ocupar cargos de elección popular, pues, el particular que gestiona o celebra un contrato estatal puede mostrarse ante la comunidad como un hábil negociador de intereses ante la administración pública. Así, considera que la gestión de negocios adelantada por el concejal Julián David Mariño a nombre de la empresa Blue Eventos M&B SAS, de la cual es accionista, ante la Alcaldía de Tunja, dentro del año anterior a su elección, afectó la igualdad de los candidatos al concejo municipal, en tanto le permitió acercarse a los electores en diversos escenarios comunitarios y en eventos públicos, donde pudo entregar elementos y suministros a los participantes, como camisetas, refrigerios, boletas, etc. También resalta que la realización de varios eventos por parte de la mencionada empresa le brindó al concejal la oportunidad de generar empleos y despertar simpatía entre los ciudadanos, en beneficio de su aspiración política.

De otro lado, la parte actora fue enfática en señalar que la presencia del concejal en las tratativas precontractuales fue determinante para que Blue Eventos M&B SAS obtuviera los contratos, merced a su fluida intervención en dichos procesos, participando en audiencias y actos oficiales en los que firmó documentos de la etapa precontractual. Colateralmente, su participación en las tratativas ante la entidad pública y la ejecución de algunos de estos eventos públicos le reportó ventajas políticas ante sus electores, a diferencia de otros candidatos que carecían de esta posición. Por lo tanto, concluye que el concejal Julián David Mariño Sosa está incurso en la inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.
Finalmente, cita algunos artículos de la Ley 1258 de 2006, que define las sociedades por acciones simplificadas, para ilustrar su naturaleza y constitución, en orden a señalar la participación accionaria del concejal en la referida empresa, representada legalmente por su padre, lo cual, sumado al desarrollo de los contratos obtenidos con el municipio, le reportó beneficios económicos y puso en desventaja a los demás candidatos en la contienda política.
Actuaciones Procesales

Admisión de la demanda

Mediante auto de 6 de diciembre de 2019, el Tribunal Administrativo de Boyacá admitió la demanda y negó la suspensión provisional del acto de elección del concejal Mariño Sosa. Esta última decisión estuvo sustentada en las pruebas conforme a las cuales el demandado no celebró ninguno de los contratos indicados por el demandante y tampoco participó de forma directa y activa en la etapa precontractual.

Coadyuvancia a favor de la parte demandante

El señor Avelino Plazas Figueredo, actuando “en calidad de ciudadano y en representación de la Asociación de Abogados Colombianos, ASAC”, presentó escrito de apoyo a la demanda. El coadyuvante hizo referencia a la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la causal de inhabilidad invocada y, para el caso concreto, identificó la gestión de negocios a partir de tres situaciones: i) La constitución de la sociedad Blue Eventos M&B SAS por parte del concejal, su participación accionaria, la calidad de representante legal suplente y la designación de su padre como representante legal principal; ii) La gestión y participación directa en la consecución de negocios y contratos ante el municipio de Tunja y iii) La presentación de las propuestas para la adjudicación de contratos.

Sobre el primer punto, subrayó que el concejal promovió la modificación de la representación legal de la sociedad para que fuera atribuida a su padre, quien no es más que un mandatario de los socios en los negocios jurídicos que la empresa adelantó. Por consiguiente, para el coadyuvante el directamente beneficiado con las contrataciones no fue “el representante legal” sino los socios, entre los que se encuentra el demandado. En cuanto a los demás aspectos, sostiene que la participación del concejal en las audiencias de cierre de las ofertas, en calidad de representante legal suplente de Blue Eventos M&B SAS, fueron determinantes para que la sociedad obtuviera los contratos gestionados ante la Alcaldía de Tunja. Así mismo, considera que su constante y fluida participación en los diferentes procesos contractuales le permitió mostrarse como un hábil contratista y gestor de negocios frente a la comunidad, en detrimento del principio de igualdad electoral.
Contestaciones de la demanda

La parte demandada

El apoderado del concejal Mariño Sosa contestó el libelo e indicó que las inhabilidades imponen un estudio riguroso, teniendo en cuenta los derechos que se pueden afectar con la nulidad de la elección, como el derecho al trabajo y a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Sobre la causal de inhabilidad que se le atribuye al demandado, señaló que en virtud de los principios pro homine y de capacidad electoral es necesario que la gestión de negocios se traduzca en una conducta determinante, dinámica y activa, lo cual debe surgir de forma clara y contundente de las pruebas allegadas al proceso.

Agregó que la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado ha indicado que la causal de inhabilidad por intervención en la gestión de negocios no se configura cuando se comprueba que hubo celebración de contratos. Por lo tanto, en este caso, no es procedente analizar ninguna conducta constitutiva de gestión de negocios frente a su representado, dado que las gestiones que se le atribuyen terminaron con la celebración de los contratos mencionados, los cuales fueron firmados por el representante legal de la empresa contratista Blue Eventos M&B SAS y no por el concejal.

En segundo lugar, manifestó que su representado asistió a las audiencias de cierre de los procesos contractuales indicados en la demanda como mero espectador y aseguró que no participó ni adelantó ninguna gestión durante estas audiencias a favor de la empresa Blue Eventos M&B SAS, como tampoco firmó las propuestas que se radicaron. Explica que de la firma en el formato de asistencia a esas diligencias no puede inferirse que hubo intervención, pues, simplemente sirvió de “emisario o mensajero para radicar algunas de las propuestas presentadas por el representante legal de la sociedad BLUE EVENTOS M&B SAS”, así que simplemente “actuó como testigo de lo que ocurría para seguramente comunicarlo posteriormente al representante legal”.

De otra parte, alegó que la presentación del diploma de bachiller y la cédula de ciudadanía del demandado como parte de los documentos allegados con algunas de las propuestas no equivale a una intervención dinámica o activa en el negocio jurídico, como lo exige la jurisprudencia del Consejo de Estado para que se configure la causal endilgada. Con base en el mismo argumento, le restó relevancia al hecho de que su número de celular apareciera como contacto de dicho proponente.

En cuanto al proceso de selección SMC-AMT-182-2018, en el cual se le atribuyen gestiones a favor de la Fundación “Mundo Vida”, señaló que, como en los casos anteriores, el demandado solamente entregó “una propuesta ajena” en la audiencia de cierre, mas no hizo gestión alguna en nombre de ningún participante. Por último, frente al contrato 077 de 2019 mencionado en la demanda, suscrito entre Blue Eventos M&B SAS y la ESE Santiago de Tunja, aseguró que el concejal no intervino de ninguna forma en este proceso contractual.

Registraduría Nacional del Estado Civil

La entidad vinculada formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, en razón a que sus competencias, en materia de inscripción de candidatos, no se extienden a la verificación de requisitos ni a la revocatoria de dichos actos, las cuales son atribuciones de los partidos políticos y del Consejo Nacional Electoral, según el caso.

Audiencia inicial

En la audiencia inicial del 17 de febrero de 2020, el magistrado ponente, entre otros aspectos, fijó el litigio, para lo cual indicó que, en el presente caso, debía determinarse si procedía o no la declaratoria de nulidad de la elección del concejal demandado por haber incurrido en la causal de inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, es decir, si dentro del año anterior a su elección intervino en la gestión de negocios o en la celebración de contratos ante el mismo municipio donde resultó elegido. Para el efecto, indicó que debía establecerse si en el sub judice se encontraban configurados los presupuestos fijados por la jurisprudencia del Consejo de Estado, a partir de la norma referida.

En punto a las pruebas, ordenó que se oficiara a la Secretaría de Contratación del municipio de Tunja para que se allegaran los antecedentes contractuales de los seis (6) procesos de selección aludidos en la demanda, a saber, SMC-AMT-161 de 2018, SA-AMT-042 de 2018, SMC-AMT-182 de 2018, SMC-AMT-088 de 2019, SMC-AMT-104 de 2019, SMC-AMT-129 de 2019.

Por otra parte, negó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, por considerar que su vinculación a los procesos electorales obedece al mandato del artículo 277, numeral 2 del CPACA. Por último, admitió la coadyuvancia a favor del demandante.

Audiencia de pruebas

En la audiencia de pruebas del 9 de marzo de 2020 se incorporaron las documentales aportadas al proceso, conforme a lo oficiado, y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión por escrito.

Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público en primera instancia

2.6.1. La parte actora precisó que, si bien el demandado nunca actuó como delegatario ni mandatario en las audiencias de los procesos contractuales reseñados en la demanda, sí lo hizo como representante legal suplente y accionista mayoritario de Blue Eventos M&B SAS y, por consiguiente, como principal interesado y beneficiario de esos negocios jurídicos con el municipio de Tunja, que le permitieron tener una relación directa con la comunidad que lo eligió. De otra parte, el demandante presentó escrito complementario por fuera del término para alegar de conclusión, por lo que no fue tenido en cuenta por el a quo.

2.6.2. El señor Avelino Plazas Figueredo, en su condición de coadyuvante del demandante, presentó dos escritos de alegaciones, uno en nombre propio y otro a través de apoderado, mediante los cuales insistió en el interés que le asistía al demandado en las contrataciones con el municipio de Tunja, que le facilitaron estar en permanente contacto, con los electores y la administración municipal. Subrayó que el demandado adelantó actos contundentes ante el municipio en los procesos de contratación, como la entrega de propuestas para celebrar contratos, sin justificar su presencia en las audiencias.

2.6.3. En esta oportunidad, el apoderado del demandado, refiriéndose a la intervención del coadyuvante, señaló que, conforme a las reglas procesales, artículo 71 del Código General del Proceso, este debe tomar el litigio en el estado en que se encuentre y, por lo tanto, no tiene la facultad de adicionar hechos ni argumentos a la demanda, como tampoco de aportar o solicitar pruebas.

Seguidamente, recordó el carácter restrictivo de las inhabilidades y adujo no haber firmado ninguno de los contratos referidos en el libelo ni adelantado las actividades dinámicas, trascendentales o útiles, como lo exige la jurisprudencia, para configurar la inhabilidad por intervención en la gestión de negocios. Así mismo, señaló que su representado nunca acudió a las oficinas de la Alcaldía de Tunja a entrevistarse con funcionarios de la misma para solicitar contratos. Reiteró que solamente asistió a las audiencias y presentó las propuestas como un simple mensajero. De otro lado, informó que cedió sus acciones de la sociedad Blue Eventos M&B SAS.

2.6.4. El Ministerio Público rindió su concepto y solicitó negar las pretensiones de la demanda, pues, advirtió que la conducta del demandado se circunscribió a firmar el formato de asistencia a la audiencia de cierre de propuestas. En cuanto a los documentos del demandado, esto es, la copia de la cédula de ciudadanía y del diploma de bachiller aportados por Blue Eventos M&B SAS dentro del proceso de selección SMC-AMT-161-2018, resaltó que no fueron allegados por el demandado, sino por la representante legal de la sociedad proponente.

La sentencia apelada

Mediante sentencia de 26 de agosto de 2020, el Tribunal Administrativo de Boyacá negó las pretensiones de la demanda por considerar que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido pacífica en señalar que la gestión de negocios ante entidades públicas, cuando finaliza con un contrato estatal, sólo puede ser examinada a la luz de la causal de inhabilidad por celebración de contratos. Por el contrario, si la gestión no tiene éxito, entonces la causal se analizará como gestión de negocios propiamente dicha.

Adicionalmente, trajo a colación algunos precedentes de la Sección Quinta del Consejo de Estado sobre la inhabilidad por intervención en la celebración de contratos estatales, con base en los cuales explicó que no existe dificultad para establecer si la misma se configura cuando el candidato suscribe el contrato. En lo que tiene que ver con la “intervención”, precisó que el concepto comprende diligencias conducentes, determinantes y directas hacia el logro de un negocio con la entidad pública, mas no cualquier actividad inane. Así, señaló que la intervención en la celebración de contratos se puede materializar, bien sea durante las actuaciones previas que se desarrollan entre el momento en que la entidad ha manifestado su voluntad de celebrar el contrato, esto es, los actos tendientes a su formación, perfeccionamiento y suscripción, o bien por la celebración misma del contrato estatal, quedando excluidas las actividades adelantadas para su ejecución y liquidación.

Descendiendo al caso concreto, estimó que la presunta gestión adelantada por el concejal demandado ante la Alcaldía de Tunja, que finalizó con la celebración de unos contratos, debe ser estudiada a la luz de los requisitos previstos para la inhabilidad por celebración de contratos. Así mismo, señaló que el concejal fungió como “representante legal suplente” de Blue Eventos M&B SAS hasta el 27 de diciembre de 2018 y no como representante legal principal, y que los contratos fueron firmados por personas distintas al concejal, quienes actuaron en calidad de representantes legales de la sociedad contratista.

De igual manera, advirtió la ausencia de prueba que permitiera concluir que el demandado participó de forma activa y directa durante las etapas previas a la celebración de los contratos. En particular, consideró que la entrega física de las propuestas y la asistencia a las respectivas audiencias de cierre dentro de los procesos de selección SA-AMT-042-2018 y SMC-AMT-088-2019 no constituyen una diligencia influyente en la adjudicación de los contratos en favor de la empresa Blue Eventos M&B SAS. Por el contrario, indicó que las propuestas fueron radicadas en igualdad de condiciones con las demás personas interesadas en los procesos.

En relación con la representación legal ostentada por el padre del concejal demandado, señaló que esta circunstancia no lo inhabilitaba para ser elegido, teniendo en cuenta que el estudio estricto de la causal impide realizar interpretaciones amplias o extensivas para su configuración. Por lo mismo, explicó que ejercer un cargo en una sociedad o tener la calidad de socio de la persona jurídica tampoco es suficiente para configurar la inhabilidad endilgada. Finalmente, sobre el contrato 077 de 2019, celebrado entre Blue Eventos M&B SAS con el Hospital Santiago de Tunja ESE, advirtió que el documento no fue aportado al proceso y, por lo tanto, no hizo parte del estudio del caso.

Los recursos de apelación

En la oportunidad legal, el demandante y su coadyuvante interpusieron por separado recursos de apelación contra el fallo de primera instancia antes reseñado. A través de auto de 7 de septiembre de 2020, el Tribunal a quo concedió los recursos y reconoció personería al apoderado del demandante. A su turno, el magistrado ponente de la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió las apelaciones y dispuso los traslados de rigor, mediante auto de 6 de octubre de 2020.

Apelación del demandante

El demandante, a través de apoderado, manifestó que en la sentencia no se hizo una adecuada valoración probatoria ni una correcta interpretación de las normas aplicables al caso, pues, se realizó una verificación puramente formal de los hechos, al identificar las personas que firmaron los contratos, sin reparar en la condición de socio mayoritario que tenía el demandado en la sociedad contratista Blue Eventos M&B SAS y, por ende, socio controlante con capacidad de subordinar los intereses de la persona jurídica, de acuerdo con los artículos 260 y 261 del Código de Comercio y el Concepto No. 22050924 de 12 de noviembre de 1996 proferido por la Superintendencia de Sociedades. Por lo tanto, estima que existen suficientes indicios que dan cuenta de una celebración de contrato por interpuesta persona, e insiste en el beneficio particular que le reportó al demandado la suscripción de dichos contratos celebrados con el municipio de Tunja.

De otra parte, solicitó que se reconsiderara el alcance que dio el a quo a la participación del concejal a nombre de la Fundación “Mundo Vida” en la audiencia de cierre de 13 de diciembre de 2018 en el proceso de selección SMC-AMT-182 de 2018, pues, si la tesis del Tribunal es analizar la causal de celebración de los contratos cuando este ya se ha suscrito, como quiera que la Fundación no resultó adjudicataria del proceso de selección, es posible analizar la participación del demandado a la luz de la intervención en la gestión de negocios.

Apelación del coadyuvante de la parte actora

El señor Avelino Plazas Figueroa, en su condición de coadyuvante de la parte actora, indicó en su escrito de apelación que muchos de sus argumentos no fueron valorados por el Tribunal, pues, insiste en que la participación del demandado en los procesos de selección descritos sí fue activa y determinante para que la sociedad Blue Eventos M&B SAS obtuviera los contratos que celebró con la Alcaldía de Tunja.

Al respecto, señaló que la presentación de la oferta, su manifestación de interés y la asistencia a las audiencias señaladas son diligencias activas y relevantes, máxime cuando en los procesos de selección de mínima cuantía no se suscribe un contrato en estricto sentido, sino que la oferta es aceptada por la entidad contratante. Agregó que el diploma de bachiller y la cédula de ciudadanía del candidato, cuyas copias fueron presentadas en algunas de las ofertas de Blue Eventos M&B SAS, son muestra de su interés en la celebración de los contratos y de su participación en la ejecución de los mismos. De otra parte, el coadyuvante hizo énfasis en que el demandado presentó la propuesta de la Fundación “Mundo Vida”, dentro del proceso de selección SMC-AMT-182 de 2018.

Concluyó el recurrente que, gracias a estas gestiones, el concejal Mariño tuvo la oportunidad de mostrarse ante los electores como un hábil negociador frente a la administración pública, contrario a lo que, justamente, pretende evitar la inhabilidad que se le atribuye, inspirada en principios y valores constitucionales como la igualdad y la transparencia.

Alegatos de conclusión en segunda instancia

En la etapa de alegatos de conclusión en segunda instancia, los sujetos procesales se pronunciaron de la siguiente manera:

2.9.1. En esta oportunidad, el apoderado del demandante reiteró muchos de los argumentos del recurso de apelación en relación con la celebración de contratos por interpuesta persona, la calidad de socio mayoritario del demandado y controlante de la sociedad, y las actuaciones en la fase precontractual de los procesos de selección referidos previamente. Además, subrayó que en primera instancia el Tribunal no estudió el cargo relacionado con la participación del demandado respecto de la fundación “Mundo Vida” en el proceso contractual SMC-AMT-182 de 2018.

2.9.2. El coadyuvante de la parte actora citó jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado sobre la finalidad de la inhabilidad de intervención en la gestión de negocios ante entidades públicas, encaminada a precaver la indebida utilización de recursos públicos para una campaña política. Del mismo modo, hizo referencia a precedentes de la Sala, según los cuales, la intervención en la celebración de contratos incumbe a quien realiza acciones conducentes a consolidar el acuerdo de voluntades con el Estado, de manera que el análisis del juez electoral debe trascender la identidad de quienes suscriben el contrato. Insistió en la condición de socio del demandado en la empresa contratista Blue Eventos M&B SAS y en los actos repetitivos y sistemáticos de participación en las audiencias de los procesos contractuales, no como simple emisario, sino como verdadero gestor, pues actuó aún sin autorización expresa de los órganos directivos.

2.9.3. El apoderado del concejal Mariño destacó el argumento del Tribunal, según el cual, la gestión de negocios que finaliza con un contrato sólo puede ser examinado como causal de celebración de contratos. Considera que el fallo de primera instancia se ocupó de todos los procesos contractuales reseñados por el demandante y aplicó de forma estricta y sin acudir a presunciones, el régimen de inhabilidades, respetando los principios pro homine y de capacidad electoral, los derechos a elegir y ser elegido, y el derecho a participar en la conformación y ejercicio del poder político.

De otra parte, frente al proceso de selección SMC-AMT-161 de 2018, sostiene que no existe prueba de que los documentos aportados con la propuesta, a saber, diploma de bachiller y cédula de ciudadanía, hubiesen sido determinantes para esa contratación. En cuanto a la Fundación “Mundo Vida”, reiteró que el concejal se limitó a entregar unos documentos y asistir a una audiencia. Por último, indicó que el concepto de socio controlante, al que hizo referencia la parte actora, opera en el marco de la actividad comercial y que el mismo no puede ser aplicado en este escenario, debido al carácter restrictivo de las inhabilidades electorales.

Concepto del Ministerio Público

La Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado solicita en su concepto que se revoque la sentencia apelada y se declare la nulidad de la elección del demandado como concejal de Tunja. El Ministerio Público hizo alusión a la jurisprudencia de la Sección Quinta de la Corporación, en cuanto a los elementos que estructuran la inhabilidad, destacando el material u objetivo, referido a la celebración efectiva del contrato y no a actos de su ejecución o liquidación. Continúa trayendo a colación precedentes de la misma Sala sobre la inhabilidad por gestión de negocios, definida como diligencias directas, efectivas, útiles y trascendentes ante el Estado para obtener un beneficio privado, patrimonial o extrapatrimonial, independiente de su resultado.

A partir de tales disquisiciones, la Procuraduría destacó que en el proceso de selección SMC-AMT-182 de 2018, el Tribunal de instancia no se pronunció sobre la participación del demandado a nombre de la Fundación Mundo Vida, razón por la cual corresponde al juez de segunda instancia complementar lo omitido en la primera. Para la Procuraduría, la asistencia del concejal a la audiencia de este proceso tuvo un claro propósito de beneficio económico y fue una gestión directa y efectiva, en la medida en que permitió la participación del proponente.

De otro lado, señala la procuradora que la intervención en la celebración de contratos de que trata la causal de inhabilidad puede abarcar a personas que emplean a otros para firmar el contrato estatal y permanecer en el anonimato. En tal sentido, resalta que para esta inhabilidad el elegido puede ser el mismo contratista, o no serlo y participar en actos precontractuales, pues la causal se configura por cuenta de una intervención en la celebración del contrato.

En punto al proceso de selección SMC-AMT-161-2018 advirtió que el demandado estuvo incluido en la propuesta de Blue Eventos M&B SAS como parte del personal dispuesto para su ejecución, lo cual, bajo las reglas de la experiencia, hace evidente su interés en el negocio y que no fue fortuito que sus documentos fueran aportados al trámite contractual. A su turno, destacó que en el proceso de selección SA-AMT-042 de 2018 el demandado fue un tercero que sí intervino en esa relación jurídica, debido a su asistencia a la audiencia de cierre donde se presentó la respectiva propuesta.

En relación con los contratos 088, 104 y 129, no reprochó ninguna actuación del demandado, antes bien, señaló que la calidad de socio del proponente no estructura la inhabilidad estudiada. Finalmente, llamó la atención en la falta de prueba del contrato 077 mencionado en la demanda, razón por la cual debe excluirse del análisis en esta instancia.

Memorial adicional del demandado

El apoderado del demandado presentó un escrito adicional en respuesta al concepto del Ministerio Público, reconociendo haber hecho uso, previamente, del traslado para alegar de conclusión concedido en la segunda instancia. Manifestó su preocupación por el cambio de postura de la Procuraduría en relación con su delegado en la primera instancia y consideró que en el segundo concepto no fueron mencionados ni tenidos en cuenta sus alegatos.

Señaló que el litigio estaba limitado a la participación de la sociedad Blue Eventos M&B SAS y que, en todo caso, el Tribunal dejó sentado que la sola presentación de propuestas en los procesos de selección contractual no equivale a una actuación relevante en relación con la configuración de la causal de inhabilidad de intervención en la celebración de contratos. Considera que la interpretación de la Procuraduría en segunda instancia es laxa frente a las inhabilidades y que al escrito le falta coherencia cuando termina reconociendo que la calidad de socio no configura la causal debatida.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

Esta Sala es competente para decidir los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y su coadyuvante contra la sentencia de 26 de agosto de 2020, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Boyacá negó la nulidad de la elección del concejal de Tunja, Julián David Mariño Sosa (período 2020-2023), de conformidad con el artículo 150 del CPACA, en armonía con lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo No. 80 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Cuestión previa

La Sala observa que la apelación del demandante incluye una censura adicional a los cargos inicialmente planteados en la demanda, relacionada con la condición de socio controlante del demandado dentro de la empresa Blue Eventos M&B SAS, para sustentar una celebración de contratos por interpuesta persona. Con tal propósito, remite a lo regulado sobre el tema en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio y al Concepto No. 22050924 de 12 de noviembre de 1996 de la Superintendencia de Sociedades.

Al respecto, se recuerda que el recurso de apelación no es la oportunidad procesal para ampliar los cargos de la demanda ni abrir nuevas discusiones en la segunda instancia. Antes bien, el objeto de este medio de impugnación es controvertir los argumentos que fundamentan la decisión del juez que conoció en primer grado la causa, que se enmarcan en la fijación del litigio determinada, a su vez, por los supuestos fácticos y jurídicos del libelo inicial, junto con las razones de defensa expuestas por la contraparte en la etapa correspondiente.

Una postura contraria, que admita en el cauce de la alzada la ampliación de la controversia o permita incluir en el debate nuevas censuras a favor o en contra de la legalidad del acto acusado, desconocería los principios de igualdad, contradicción y congruencia entre la demanda y el fallo, todos inherentes al debido proceso.

Por lo tanto, la Sala no incorporará en su análisis el concepto de socio controlante que desarrolla la ley comercial, para efectos de definir la configuración de una posible contratación por interpuesta persona en el caso de los negocios jurídicos celebrados entre la Alcaldía de Tunja y la sociedad Blue Eventos M&B SAS, sin perjuicio de que se revise la posible estructuración de la inhabilidad por intervención en la celebración de contratos por parte del demandado, dentro de los linderos trazados en la litis desde la primera instancia. En esa medida, la apelación se restringirá a los argumentos de la apelación que coincidan con los propuestos inicialmente con la demanda, y no a las razones adicionales que trae la parte actora en el recurso.

Problema jurídico

Procede la Sala a establecer si, en el presente caso, hay lugar a confirmar o revocar la sentencia de primera instancia, por cuenta de las causales de inhabilidad previstas para los concejales en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, en lo que hace referencia a la intervención en la gestión de negocios ante entidades públicas y en la celebración de contratos estatales dentro del año anterior a la elección, en interés propio o de terceros, conforme a las censuras expuestas en la apelación que guardan la debida coherencia con los planteados desde el inicio en la demanda.

Para resolver las censuras planteadas en las apelaciones, la Sala abordará las siguientes temáticas: 1) finalidad del régimen de inhabilidades para los cargos de elección popular, 2) presupuestos configurativos, características y diferencias de las inhabilidades por intervención en la gestión de negocios y celebración de contratos estatales, para, finalmente, proceder a verificar 3) el caso concreto.

Fundamento y finalidad de las inhabilidades para acceder a cargos de elección popular. Contexto internacional en la materia

Una de las manifestaciones del principio democrático radica en las garantías que tienen los ciudadanos de participar en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural del país, y acceder al ejercicio de cargos públicos, en condiciones de igualdad y transparencia, conforme a los artículos 2 y 40 de la Carta Política. En este marco conceptual, otros principios de raigambre constitucional justifican, también, la incorporación de restricciones a los derechos políticos de elegir y ser elegido, fundadas en el interés general, el pluralismo político y la moralidad administrativa. Así, el legislador ha instituido, de un lado, requisitos o calidades para aspirar a cargos de elección popular, y de otro, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades con el fin de asegurar la idoneidad, probidad, igualdad y transparencia en el desempeño en las funciones públicas.

Tratándose de cargos de elección por voto popular, las calidades o requisitos aluden a condiciones de aptitud legal, personal o subjetiva, referidas, generalmente, a la edad, nacionalidad, ejercicio de ciudadanía, domicilio o residencia. Por su parte, los regímenes de inhabilidades se relacionan con situaciones prohibitivas para el ciudadano que aspira a ser elegido a un cargo por voto popular. Unas veces, estas situaciones atañen a antecedentes que lo descalifican, como la condena a pena privativa de la libertad y, otras, al equilibrio que debe guiar la contienda política, como las referidas al ejercicio de autoridad o la celebración de contratos antes de la realización de las elecciones, que otorgan ventaja y alteran el ejercicio democrático.

Es prolífica la jurisprudencia sobre los propósitos de las inhabilidades para los cargos de elección popular. La Corte Constitucional les atribuye el objetivo de “impedir o limitar el ejercicio de la función pública a los ciudadanos que no ostentan las condiciones y cualidades que han sido estatuidas para asegurar la idoneidad y probidad del que aspira a ingresar o está desempeñando un cargo público”. También ha destacado la Corte que estos regímenes pretenden “que no se confunda el interés privado del funcionario con los intereses públicos, evitando así que éste obtenga, en uso de las influencias inherentes a su función, alguna ventaja o beneficio particular”.

En línea con lo anterior, la Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado, en punto a su teleología, la necesidad de proteger el interés general y rodear de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el acceso de las personas a la función pública. Por lo mismo, ubica el propósito de tales restricciones en el afán de “garantizar que a los cargos de elección popular se presenten personas probas y carentes de antecedentes negativos en punto a su idoneidad y honorabilidad, y que no ostenten condiciones de privilegio por cuenta de vinculaciones con el Estado que desequilibren la contienda electoral”.

Así, la Sala Electoral ha señalado que el objetivo primordial de las inhabilidades consiste en “lograr la moralización, idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia de la labor de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos, garantizando de esta forma la prevalencia de los intereses generales de la comunidad sobre los personales del aspirante”. De igual manera, en la realización del principio democrático esta Sala ha reconocido que estos regímenes tienen como finalidad “prevenir afrentas contra las condiciones normales en las que se deben desarrollar los procesos electorales, producto de las situaciones personales de los aspirantes”.

En este orden, por tratarse de una limitación a la capacidad electoral, las inhabilidades tienen un carácter taxativo y son de interpretación restrictiva, lo cual implica que el operador judicial debe considerar este aspecto al momento de adentrarse en el estudio de las inhabilidades electorales. En efecto, el artículo 1º numeral 4º del Código Electoral, consagra el principio de la capacidad electoral en los siguientes términos: “Todo ciudadano puede elegir y ser elegido mientras no exista norma expresa que limite su derecho”. Por lo tanto, el juez debe limitar el análisis de las causales a los verbos rectores y a los presupuestos material, espacial y temporal, configuradores de la causal, sin que se extienda a situaciones no comprendidas en ella. Ahora bien, este parámetro legal de interpretación restrictiva de las inhabilidades no supone una comprensión literal o exegética, toda vez que el juez electoral debe tener la posibilidad de valorar la prohibición a partir de su finalidad o propósito para otorgarle su cabal poder normativo y eficacia, especialmente cuando la norma acusa vacíos en su configuración.

Así mismo, la interpretación en la materia debe atender a la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece un parámetro a la regulación interna de los derechos políticos de sus signatarios, en cuanto dispone en el artículo 23 que la ley podrá reglamentarlos “exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”. Por esta vía, el juez electoral también está habilitado para realizar un control de convencionalidad de los actos de elección popular, en virtud de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia cuyo reconocimiento contempla expresamente el artículo 9º de la Constitución Política.

Con este panorama, conviene revisar algunos ejemplos de cómo conciben otros Estados la inelegibilidad de las autoridades que se eligen por votación ciudadana. El Estado de Ecuador, por ejemplo, descarta como candidatos a quienes hayan sido condenados a prisión o adeuden pensiones alimentarias. En ese país suramericano Tampoco pueden aspirar a estos cargos, quienes al momento de la inscripción tengan contratos con el Estado para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos y explotación de recursos naturales.

En Chile no pueden ser diputados ni senadores quienes un año antes de la elección hayan sido ministros, gobernadores regionales, alcaldes, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia o contralor General de la República. A su turno, quienes tengan cargos directivos de naturaleza gremial o vecinal y las personas naturales o gerentes de personas jurídicas que celebren contratos con el Estado deben renunciar a los mismos antes de su inscripción como candidatos.

En el caso de México, se exige para la Cámara de Diputados, entre otras cosas, no ser titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública federal, salvo la separación definitiva de funciones 90 días antes de la elección. En Perú se prohíbe la elección como presidente y congresista a quienes sean deudores de reparaciones civiles, mientras que en Costa Rica no pueden aspirar a ser diputados de la Asamblea Legislativa quienes dentro de los 6 meses anteriores a la elección hayan tenido cargos que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o de policía, extensiva a una provincia.

Adicionalmente, la ley de elecciones de Canadá señala como candidatos inelegibles a los ciudadanos que no puedan ejercer el voto, como también a quienes cumplan condenas en prisión, a los miembros de las asambleas legislativas de las provincias y al director de la oficina de elecciones. En particular, no pueden ser miembros de la Cámara de los Comunes (House of Commons), entre otros, quienes hayan sido declarados culpables dentro de los 5 años anteriores por actos de corrupción electoral, como falsa declaración en los informes de gastos o superación de los límites de recursos de campaña.

En Australia también existen limitaciones a la elegibilidad de los ciudadanos. Por ejemplo, no puede ser senador el ciudadano sobre quien recaiga sentencia por un delito de prisión que supere los 12 meses, como tampoco puede serlo quien tenga un interés pecuniario en algún negocio con los países de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth) o haya sido declarado en quiebra. Sobre la finalidad de estas medidas resulta contundente la explicación ofrecida por el Parlamento australiano en su sitio web:

El propósito de estas provisiones es asegurar que las personas que representan y son miembros del Parlamento Nacional respondan única y exclusivamente a los electores y por lo tanto, cumplan sus deberes libres de influencias externas, incluidas las provenientes del gobierno ejecutivo, de gobiernos extranjeros y presiones comerciales.

Los ejemplos referidos, demuestran que la preocupación por establecer en el ordenamiento jurídico algunos condicionamientos al perfil y a la condición subjetiva de los candidatos a cargos de elección por voto popular, bien sea por antecedentes penales, por razón de haber ejercido determinado cargo público o por vínculos contractuales, no es, ni mucho menos, exclusiva de nuestro país. Por el contrario, se advierte un propósito moralizador común hacia la implementación de instrumentos que permitan combatir de forma efectiva la corrupción y asegurar la transparencia en el ejercicio de la función pública.

Causales de inhabilidad de concejal por intervención en la gestión de negocios ante entidades públicas y en la celebración de contratos estatales

El artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, establece la siguiente causal de inhabilidad para ser concejal municipal o distrital:

ARTÍCULO 43. INHABILIDADES. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:

(…)

3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito (…).

Conforme al numeral transcrito, se observa que la norma, en realidad, consagra dos (2) conductas constitutivas de inhabilidad: i) La intervención en la gestión de negocios ante entidades públicas y ii) La intervención en la celebración de contratos estatales. Ambas inhabilidades están enmarcadas en el año que precede a las elecciones, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el mismo municipio o distrito correspondiente a la aspiración política.

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, estas causales de inhabilidad persiguen como objetivo común, preservar la igualdad entre los candidatos, sobre el supuesto de existir una relación relevante con el Estado potencialmente ventajosa para alguno de ellos. Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha explicado lo siguiente:

Este supuesto de inhabilidad busca prevenir asimetrías de poder en dos ámbitos que se rigen por estrictas reglas de igualdad. De un lado, previene desequilibrios en la contienda electoral que puedan derivarse de los beneficios que obtenga el candidato, con ocasión de sus gestiones o contratos con la Administración. De otro lado, previene asimetrías y prácticas corruptas en los procesos de contratación, que pueden tener lugar si un candidato aprovecha su posición para tomar ventaja sobre la entidad pública o sobre otros proponentes.

De forma similar, la Sala ha destacado la finalidad preventiva de estas inhabilidades:

[L]a fuente de las causales de inhabilidad en estudio es preventiva y proteccionista de la igualdad de los aspirantes a las justas electorales, bajo el propósito de precaver vicios en la relación del candidato con las entidades públicas que implique la indebida utilización de esa condición de candidato en las actividades que adelante ante aquellas y, evitar, vicios de mayor trascendencia, como es que el candidato utilice sus vínculos y relaciones con las entidades públicas en beneficio de sus intenciones electorales o que el electorado asocie, deduzca o concluya que verlo en tratativas con las entidades públicas le aventaja y con ello acreditarse ante los electores para obtener los votos.

Ahora, a pesar de la identidad de propósito y que, por lo general, las gestiones ante las entidades públicas apunten a la celebración de contratos, es importante no perder de vista que se trata de causales de inhabilidad autónomas e independientes, referidas a conductas que ocurren en diferentes momentos y se manifiestan de formas distintas, como pasará a explicarse.

Intervención en la gestión de negocios ante entidades públicas

Respecto de la inhabilidad por intervención en la gestión de negocios ante entidades públicas, la jurisprudencia ha identificado cuatro (4) presupuestos para su configuración:

Un elemento temporal, referente a la fecha de la elección y que se extiende durante el año que la precede.
Un elemento geográfico, que dirige la atención al lugar donde se gestionaron los negocios lo cual debe coincidir con el municipio o distrito de la elección respectiva.
Un elemento material u objetivo, referido a las actuaciones concretas y comprobadas del demandado ante la entidad pública para lograr un fin patrimonial o extra patrimonial, independientemente de su éxito.
Un elemento subjetivo, relacionado con el interés propio o de terceros que motiva las gestiones adelantadas.

En particular, respecto del elemento material u objetivo, la intervención en la gestión de negocios se ha relacionado con una conducta personal y activa del futuro candidato ante una entidad pública con la que aspira a celebrar un negocio jurídico u obtener una respuesta favorable frente a un interés extrapatrimonial. Ahora bien, no toda diligencia que se adelante con una autoridad pública configura la causal, pues debe tratarse de una conducta útil, trascendente y potencialmente efectiva, para cuya valoración también interesa el móvil, causa, aspecto modal o de propósito que la anima. De ahí que las actuaciones que se atribuyan al demandado deban estar debidamente probadas y no ser el resultado de meras inferencias o deducciones subjetivas.

Adicionalmente, en estas gestiones se puede intervenir en nombre e interés propio, como apoderado, agente oficioso “o cualquier otra figura que permita asumir la defensa de intereses ajenos”. Así mismo, la Sala ha advertido en la actividad inhabilitante un intercambio que requiere una reacción o respuesta por parte de la entidad pública concernida, aunque esta sea negativa.

Con base en estos lineamientos conceptuales, se ha considerado como “intervención en la gestión de negocios” ante entidades públicas, por ejemplo, la influencia que ejerció un candidato al concejo para obtener la vinculación de un tercero por contrato con el municipio, la participación de un candidato en la autorización que dio la junta directiva de una empresa para postularse como contratista de entidad pública, y las instrucciones impartidas por el candidato al mandatario de una sociedad sobre el alcance de su oferta en el marco de un proceso de contratación.

En contraste, se ha descartado la conducta prohibida tratándose de un servidor público que obra en ejercicio de sus atribuciones legales, pues en este escenario sus actuaciones no persiguen un interés propio ni de terceros particulares, sino que buscan satisfacer el interés general. Tampoco se ha dado este alcance a la sola calidad de socio de la persona jurídica que actúa como proponente u oferente en un proceso de selección con una entidad pública. A la misma conclusión se ha llegado frente al administrador de la sucursal o gerente administrativo de la empresa contratista, ni a quien actuó por poder en una audiencia de sorteo de adjudicatario ocurrida con posterioridad a la selección del contratista.

De otra parte, las características particulares de algunos casos han requerido precisar que, cuando la gestión de negocios es exitosa para el acuerdo de voluntades, únicamente se examina la causal de inhabilidad de intervención en la celebración de contratos. Por el contrario, si la gestión tendiente a la realización de un contrato no prospera, entonces la causal se analiza como gestión de negocios propiamente dicha.

En tales condiciones, es crucial para el juez electoral cuidarse de no soslayar, sin mayores consideraciones, una posible intervención en la gestión de negocios ante una entidad pública cuando el demandado no figura entre quienes suscribieron el contrato estatal obtenido, pues por este cauce corre el riesgo de vaciar de contenido la primera causal, omitiendo el debido estudio de las conductas que pudieran desplegarse en la etapa precontractual.

Inhabilidad por intervención en la celebración de contratos estatales

En punto a la intervención en la celebración de contratos, la Sección Quinta ha discurrido sobre su finalidad en los siguientes términos:

[l]a inhabilidad por celebración de contratos tiene una clara finalidad constitucional –de hecho, todas la tienen–, tendiente a proteger la moralidad e imparcialidad del proceso electoral y del cargo al que se aspira, pues, de un lado, “busca evitar una confusión entre intereses públicos y privados”, ya que, “quien ha intervenido en nombre propio o de terceros en la celebración de un contrato con la administración, en principio defiende los intereses particulares frente a los intereses del Estado”; y del otro, “obstaculiza el aprovechamiento de recursos públicos para desfigurar los procesos electorales”.

Así mismo, como elementos configurativos de la causal se han identificado por la Sala (i) uno temporal, que se extiende durante el año anterior a la fecha de la elección, (ii) uno geográfico o espacial, que lo constituye el lugar (municipio, para el caso del concejal) donde se ejecutó el contrato, el cual debe coincidir con el lugar de la elección respectiva, (iii) otro material u objetivo, referido a la suscripción o celebración del contrato, y (iv) el elemento subjetivo, relacionado con el interés propio o de terceros que persigue la celebración del contrato estatal.

En lo que atañe al elemento material u objetivo, la Sala ha hecho énfasis en su jurisprudencia más reciente, en que la intervención en la celebración del contrato se concreta en el acto mismo de su suscripción o firma, considerando los precisos términos en que fue formulada la causal, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, que sujeta el perfeccionamiento de los contratos del Estado a que “se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito”.

Adicionalmente, algunos precedentes reconocen la posibilidad de que la intervención en la celebración de contratos ocurra de forma indirecta, de modo que queden comprendidos terceros que no lo suscriben, pero frente a quienes logra probarse la contratación en virtud de una simulación, por interpuesta persona, por delegación, designación, representación o mandato.

De otra parte, se ha insistido en que los actos de ejecución y liquidación de los contratos no configuran esta inhabilidad, dado que estas actividades ocurren con posterioridad a su celebración y, en esa medida, se ubican por fuera de los supuestos que contempla la causal. Luego, mucho menos se puede tomar en consideración, para estos efectos, las ventajas que pudieran deducirse de la ejecución de un contrato estatal por parte del contratista que luego es candidato, so pretexto de apelar a la finalidad de la prohibición para deducir de ella su configuración.

Delineados los contornos de las causales de inhabilidad invocadas en el caso concreto, emprende la Sala el estudio de los argumentos de los apelantes contra el fallo de primera instancia.

El caso concreto

Corresponde a la Sala decidir los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y su coadyuvante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, el 26 de agosto de 2020, que negó la nulidad de la elección del señor Julián David Mariño Sosa como concejal de Tunja, período 2020-2023. Como se reseñó en el título de antecedentes, no prosperó, en primera instancia, la nulidad de la elección por la intervención en la gestión de negocios ante entidades públicas y la celebración de contratos estatales, previstas para los concejales en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

Al respecto, el a quo descartó la causal de inhabilidad por intervención en la gestión de negocios debido a que las presuntas diligencias adelantadas por el demandado ante la Alcaldía de Tunja en representación de Blue Eventos M&B SAS desembocaron en seis (6) contratos suscritos por dicha sociedad y por lo tanto, el asunto debía abordarse desde esta perspectiva. Además, comprobó que los contratos objeto de examen no fueron suscritos por el concejal, sino por quien era el representante legal de la empresa contratista y, de este modo, concluyó que la inhabilidad por intervención en la celebración de contratos tampoco se configuraba.

Sin perjuicio de lo anterior, agregó que la entrega física de las propuestas firmadas por el representante legal de la firma proponente y la asistencia a las respectivas audiencias de cierre de ofertas dentro de los procesos de selección SA-AMT-042-2018 y SMC-AMT-088-2019 no fueron diligencias activas, ni influyentes, hacia la adjudicación de los contratos, como para que pudieran configurar la intervención en la gestión de negocios. También observó que esta inhabilidad no se configura por ser el concejal socio, ni por el hecho de ser su padre el representante legal de la empresa.

Por su parte, el demandante y su coadyuvante insisten en las apelaciones en la nulidad de la elección del demandado con fundamento en las causales de intervención en la gestión de negocios ante entidades públicas y en la celebración de contratos estatales, pues, ambos coinciden en su participación dentro de los seis (6) procesos de selección de contratista ante la Alcaldía de Tunja, en representación de Blue Eventos M&B SAS, enmarcada en el año anterior a su elección como concejal del mismo municipio.

En tal sentido, reiteran que su asistencia a dos (2) audiencias de cierre para presentar las propuestas a nombre de aquella empresa y la condición de socio e incluso, como parte del personal dispuesto para la ejecución de los contratos, son configuradores de la intervención en la gestión de negocios. Además, advierten que el fallo apelado no se ocupó de las gestiones que adelantó el demandado a nombre de la Fundación “Mundo Vida”, concretadas en la radicación de la oferta dentro del proceso de selección SMC-AMT-182-2018. También alegan que la celebración de los contratos entre la mencionada SAS y el municipio de Tunja le reportó beneficios a la aspiración política del hoy concejal, pues generó espacios de interacción con la comunidad y la posibilidad de brindar oportunidades laborales a los electores.

La señora delegada del Ministerio Público ante esta Corporación, por su parte, solicitó revocar la sentencia apelada, pues, a su juicio, la radicación de las ofertas en la etapa precontractual permite la participación del proponente y, por lo tanto, constituye una diligencia activa y determinante para la obtención del contrato estatal, con la capacidad de estructurar el elemento material de la inhabilidad de intervención en la gestión de negocios ante entidades públicas. De igual forma, advirtió que el a quo no estudió el cargo consistente en la actuación del demandado a nombre de la Fundación “Mundo Vida” ante la Alcaldía de Tunja.

Planteada así la controversia, procede la Sala a valorar las pruebas aportadas al proceso que dan cuenta de las actuaciones adelantadas por el demandado ante la Alcaldía de Tunja, de cara a los presupuestos identificados en las mencionadas inhabilidades, previas algunas precisiones respecto de la lectura del Tribunal de instancia a la jurisprudencia de esta Sección para evaluar la necesidad de emprender el estudio de la intervención en la gestión de negocios cuando las diligencias culminan en la celebración del contrato.

Intervención en la gestión de negocios cuando hubo posterior celebración de contratos estatales

La Sala se aparta de la lectura que el Tribunal de instancia le dio a la jurisprudencia de esta Corporación que, en el sub judice, le llevó a examinar tan solo de forma subsidiaria y superficial las gestiones de negocios atribuidas al demandado, ante la incontrastable verdad de que hubo, finalmente, una celebración de contratos estatales y que el concejal demandado no los suscribió, puesto que fueron firmados por las personas que fungieron en cada momento como representantes legales de la empresa contratista.

Sobre el punto, es indispensable precisar que la tesis que ha expuesto la Corporación para analizar exclusivamente la causal de intervención en la celebración de un contrato estatal no se traduce en descartar de plano y para todos los casos, la gestión de negocios cuando se obtiene el acuerdo de voluntades, sino en reconocer que este lleva implícitas las actuaciones previas del contratista, adelantadas por él directamente o a través de un tercero. En consecuencia, acreditada la contratación por parte del propio demandado, resulta innecesario analizar si intervino en una etapa anterior del respectivo proceso contractual.

Ahora, si bien las providencias referidas por el Tribunal para respaldar su postura se remontan a una época en la que la Sección sostenía que la intervención en la celebración de contratos comprendía actuaciones en la etapa precontractual, más bien propias de la intervención en la gestión de negocios, lo cierto es que en ninguno de esos casos se sentó la regla conforme a la cual sería válido ignorar las tratativas previas al contrato, so pretexto de su posterior perfeccionamiento, bien por el mismo demandado o por un tercero.

Es por ello que interpretaciones como la que propuso el a quo eliminan el efecto útil de la norma —para el caso, el aparte correspondiente del numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994— y arriesgan la vigencia de la causal de inhabilidad por intervención en gestión de negocios ante entidades públicas, pese a que se ha insistido en que es autónoma e independiente de la celebración de contratos estatales, toda vez que la primera se ubica en el plano de los acercamientos o avances hacia un negocio jurídico que puede o no concretarse con una entidad pública. De hecho, por vía de aquella interpretación sí podrían promoverse conductas como la contratación por interpuesta persona, a la que aludieron varios sujetos procesales en este caso.
En consecuencia, se revisarán para el caso concreto todas las actuaciones atribuidas a título de gestión de negocios al demandado en los seis (6) procesos contractuales que realizó la Alcaldía de Tunja, con el debido cotejo probatorio.

Estudio de las actuaciones atribuidas al demandado a título de intervención en la gestión de negocios ante una entidad pública

La parte actora sostiene que el concejal demandado intervino en la gestión de negocios y celebración de contratos en el marco de seis (6) procesos de selección ante la Alcaldía de Tunja a nombre de Blue Eventos M&B SAS, empresa de la cual es socio y fue en una época representante legal suplente. Además, el demandante informa que en uno de esos procesos también intervino a nombre de la fundación Mundo Vida, sin indicar alguna relación concreta con esta persona jurídica.

Frente a tales afirmaciones, se encuentra probado en el proceso que el 26 de julio de 2016, el señor Julián David Mariño Sosa y la señora Jeimy Alejandra Bayona Espitia constituyeron la sociedad por acciones simplificada Blue Eventos M&B SAS, con una composición del capital suscrito y pagado de cinco (5) acciones en total, tres (3) a nombre del primero y dos (2) pertenecientes a la segunda.

De acuerdo con el acto constitutivo, el objeto social de la empresa consiste en “la organización de eventos, producción de conciertos y suministro de toda clase de alimentación especial para eventos, refrigerios, papelería, impresión publicitaria de toda clase, confecciones, baños portátiles, carro valla, montaje de palcos, stands, tarimas, sonido, carpas, silletería, etc.”. Este acto y los estatutos fueron inscritos en la Cámara de Comercio de Tunja el 3 de agosto de 2016.

Igualmente, al momento de la creación se designó a la señora Marleny Ramírez como representante legal principal y al señor Julián David Mariño, como representante suplente. Así se mantuvieron los estatutos hasta el 27 de diciembre de 2018, cuando los socios dispusieron mediante acto privado modificar la representación legal, designando al señor Jaime Orlando Mariño Guio (padre del demandando) como principal y a la señora Marleny Ramírez como suplente. Esta reforma fue registrada en la Cámara de Comercio de Tunja el 4 de enero de 2019.

De otra parte, está acreditado en el proceso que Blue Eventos M&B SAS presentó dentro del periodo inhabilitante, esto es, entre noviembre de 2018 y septiembre 2019, seis (6) ofertas ante la Alcaldía de Tunja dentro de igual número de procesos de selección de contratista identificados con los radicados SMC-AMT-161 de 2018, SA-AMT-042 de 2018, SMC-AMT-182 de 2018, SMC-AMT-088 de 2019, SMC-AMT-104 de 2019 y SMC-AMT-129 de 2019, dirigidas a organizar varios eventos públicos en el municipio.

Frente a los procesos SMC-AMT-104-2019 y SMC-AMT-129-2019, se advierte que la parte actora no imputó al demandado gestiones propiamente dichas, sino que hizo recaer su participación en la condición de socio mayoritario del proponente Blue Eventos M&B SAS. Tampoco se observa en el expediente información que demuestre la participación del demandado en aquellos procesos.

Siendo así, debe recordarse lo expuesto en el acápite del marco teórico de la inhabilidad por intervención en la gestión de negocios, en cuanto a que la calidad de socio de la persona jurídica que actúa como proponente u oferente en un proceso de selección con una entidad pública, por sí sola, no configura la causal. En efecto, siendo la intervención en la gestión de un negocio una acción conducente y constatable, las actividades que la constituyen no pueden presumirse ni inferirse de aquella condición dentro de una sociedad comercial, sobre todo porque, por regla general, los representantes legales y administradores son los facultados para celebrar y ejecutar los actos y contratos comprendidos en el objeto social.

En tales condiciones, las gestiones que se atribuyen al demandado para estructurar la inhabilidad en estudio se centran en los cuatro (4) procesos de selección restantes, conforme a las actividades que se detallan a continuación:

PROCESO DE SELECCIÓN
GESTIONES QUE SE ATRIBUYEN
PRUEBAS
1) SA-AMT-042-2018
Menor cuantía

• El demandado asistió a la audiencia de cierre de propuestas el 5 de diciembre de 2018, en representación de Blue Eventos M&B SAS.

• El número celular del señor Julián David Mariño Sosa aparece en la oferta de Blue Eventos M&B SAS.
“Listado de asistencia a audiencias” de 5 de diciembre de 2018, firmado por el señor JULIÁN DAVID MARIÑO SOSA, en nombre del proponente BLUE EVENTOS M&B SAS (CD pg. 262 y 263).

• “Oferta para el proceso de contratación”, de fecha 5 de diciembre de 2018 (Demanda SAMAI pg. 250-253).

2) SMC-AMT-161-2018
Mínima cuantía

• Con la propuesta presentada por Blue Eventos M&B SAS el 23 de noviembre de 2018 se aportaron la cédula de ciudadanía y el diploma de bachiller del demandado, como parte del personal idóneo para la ejecución del contrato.

• El número celular del señor Julián David Mariño Sosa aparece en la carta de presentación de la propuesta de Blue Eventos M&B SAS.
Cédula de ciudadanía y diploma de bachillerato del señor JULIÁN DAVID MARIÑO SOSA, dentro de la respectiva propuesta (CD pg. 158 y 159).

• “Carta de presentación de la propuesta” de Blue Eventos M&B SAS, de fecha 23 de noviembre de 2018 (Demanda SAMAI pg.168-169) .
3) SMC-AMT-182-2018
Mínima cuantía

-El demandado asistió a la audiencia de cierre de propuestas el 13 de diciembre de 2018, a nombre de la Fundación para el Desarrollo y Apoyo a la Gestión “Mundo Vida”.

-Con la subsanación de la propuesta de Blue Eventos SAS fueron anexados el diploma de bachiller y la cédula de ciudadanía del demandado, como parte del personal idóneo para la ejecución del contrato.

• El número celular del señor Julián David Mariño Sosa aparece en la carta de presentación de la propuesta de Blue Eventos M&B SAS.
-“Listado de asistencia a audiencias” de 13 de diciembre de 2018, firmado por el señor JULIÁN DAVID MARIÑO SOSA, en nombre del proponente FUNDACIÓN MUNDO VIDA (CD pg. 124 y 125).

-Cédula de ciudadanía y diploma de bachillerato del señor JULIÁN DAVID MARIÑO SOSA, dentro de la respectiva propuesta (CD pg. 161-163).

• “Carta de presentación de la propuesta” de Blue Eventos M&B SAS, de fecha 13 de diciembre de 2018 (Demanda SAMAI pg. 312-313).

4) SMC-AMT-088-2019
Mínima cuantía

-El demandado asistió a audiencia de cierre de propuestas el 9 de julio de 2019, en representación de Blue Eventos M&B SAS.

-En la propuesta de Blue Eventos M&B SAS el demandado figura como “coordinador de logística” del personal de ejecución del contrato.

• El número celular del señor Julián David Mariño Sosa aparece en la carta de presentación de la propuesta de Blue Eventos M&B SAS.
-“Listado de asistencia a audiencias” de 9 de septiembre (sic) de 2019, suscrito por el señor JULIÁN DAVID MARIÑO SOSA, en nombre del proponente BLUE EVENTOS M&B SAS (CD pg. 132 y 133).

-Formato de idoneidad del recurso humano ofrecido (CD pg. 175 y 177).

• “Carta de presentación de la propuesta” de Blue Eventos M&B SAS, de fecha 9 de julio de 2018 (Demanda SAMAI pg. 422-423).

Considerando lo descrito, la gestión de negocios del demandado se revela con claridad en los procesos de selección SA-AMT-042-2018, SMC-AMT-182-2018 y SMC-AMT-088-2019, pues de los expedientes contractuales debidamente aportados al proceso pudo constatarse su asistencia a las audiencias de cierre de propuestas, en su orden, (i) de 5 de diciembre de 2018, por Blue Eventos M&B SAS, (ii) 13 de diciembre de 2018, por la Fundación Mundo Vida, y (iii) 9 de julio de 2019, nuevamente por Blue Eventos M&B SAS.

En esas audiencias, todas llevadas a cabo dentro del año que precedió a las elecciones populares de 27 de octubre de 2019, se hizo el cierre de esa etapa del proceso y se recibieron las propuestas. En particular, se observa de los formatos de asistencia que en la casilla correspondiente se admiten para los diferentes interesados las calidades de “PROPONENTE/VEEDOR/FUNCIONARIO” y frente a cada caso, el concejal Mariño Sosa firmó a nombre de aquellas personas jurídicas.

Así mismo, en las respectivas actas se registró la radicación de las ofertas en orden de entrega, la relación de los proponentes y el cierre de la diligencia, más los formatos anexos que contienen la lista de asistencia, y en cada una de ellas figura la sociedad Blue Eventos M&B SAS. Por lo tanto, el acto de radicación realizado directamente por el demandado permitió a esta persona jurídica hacer parte del proceso de selección y tener el derecho a que su oferta fuera evaluada, con cierta ventaja, mostrándose como un hábil negociador.

Además, en el contexto de las gestiones descritas en el sub judice cobra relevancia las calidades que el demandado tiene en la sociedad Blue Eventos M&B SAS, de la que es socio y en la que fungió como representante legal suplente entre el 3 de agosto de 2016 y el 4 de enero de 2019, fecha esta última en la que se registraron los cambios en la representación legal de la empresa, según se reseñó previamente con base en las pruebas, pues, es indudable que la representación suplente, le daba una connotación especial al concejal demandado, a la hora de radicar la oferta que lo ligada con un interés particular y personal, en la búsqueda de un negocio que le derivaría no solo réditos económicos, sino políticos.

Se destaca particularmente que el 5 de diciembre de 2018, cuando asistió a la audiencia de radicación y cierre de ofertas del proceso de selección SA-AMT-042-2018 a nombre de la persona jurídica en comento, no lo hizo solamente como socio ni mucho menos como un simple mensajero o intermediario, como se insinúa por la defensa del concejal, sino en ejercicio de facultades para actuar a nombre de la sociedad como representante legal suplente, las cuales comparte con el principal, que le permitía desarrollar funciones en ausencia de éste.

Al respecto, las pruebas aportadas al proceso y que se han relacionado a lo largo de esta providencia son demostrativas de que el demandado fue designado como representante legal suplente al momento de la constitución de la sociedad y como tal fungió hasta el 4 de enero de 2019. De modo que para la fecha en que asistió a la diligencia de radicación de propuestas en aquel trámite contractual lo hizo en ejercicio de las especiales facultades y responsabilidades que los estatutos asignaron a los representantes legales, tanto al principal como al suplente.

De hecho, no se observa que la señora Marleny Ramírez, quien era la representante legal principal para esa época, hubiese asistido a esa u otras de las diligencias de radicación de propuestas que se llevaron a cabo ante la Alcaldía de Tunja. Tampoco se registra la intervención del señor Jaime Orlando Mariño Guio en ninguna de las actividades precontractuales, especialmente en la audiencia de cierre de propuestas llevada a cabo el 9 de julio de 2019 dentro del proceso de selección SMC-AMT-088-2019, fecha para la cual ostentaba la condición de representante legal principal y en la que, sin embargo, acudió a la diligencia el concejal Mariño Sosa para presentar la correspondiente oferta, esta vez en la condición de socio.

Por tal razón, no es de recibo el argumento de defensa del demandado, que reduce las diligencias de radicación de las propuestas ante la Alcaldía de Tunja como mero espectador y emisario. Todo lo contrario, de su asistencia y la actividad de presentación de las propuestas, es válido colegir que su comparecencia no es fortuita y que con ello perseguía un interés en obtener los contratos, en beneficio propio y de la empresa de la que es socio, lo cual constituye uno de los ingredientes configurativos de la causal de inhabilidad que se le endilga en este asunto.

En tales circunstancias, contrario a la interpretación del Tribunal de instancia, la Sala considera que la presentación de la propuesta de la SAS de la cual es socio y era su representante legal suplente, es una actuación determinante y necesaria para que un oferente pueda ser tenido en cuenta en un proceso de selección ante una entidad pública como contratista. En tal sentido, se destacan las valoraciones expuestas por el Ministerio Público en segunda instancia frente al papel del demandado, que parten del carácter reglado de los procesos de selección de contratistas del Estado, dentro de los cuales la radicación de la propuesta permite la participación efectiva de los interesados y genera derechos durante el trámite.

En efecto, aunque los procesos contractuales en la modalidad de selección abreviada de menor cuantía y en los de mínima cuantía las etapas son más simplificadas que en una licitación, atendiendo a las características del objeto a contratar, lo cierto es que las actividades que deben surtirse previo a la adjudicación del contrato deben adelantarse obligatoriamente y en la forma en que se detalle en la invitación pública que extienda la entidad contratante.

Sobre el alcance de la participación en los procesos contractuales que convocan las entidades públicas, la Sala de Consulta y Servicio Civil de la Corporación ha destacado los roles, derechos y obligaciones que adquieren los intervinientes, en los siguientes términos:

Desde esta perspectiva, la Sala encuentra que una persona natural o jurídica puede participar en un proceso de licitación o concurso público, a título de:

Interesado: durante la etapa precontractual, formulando observaciones al contenido de los denominados pre-pliegos de la licitación o concurso –articulo (sic) 1º del decreto reglamentario 2170 de 2002 - o solicitando aclaraciones al pliego de condiciones en la audiencia que se celebre con el objeto de precisar el contenido y alcance de los mismos –numeral 4° del artículo 30 de la ley 80 de 1993. Destaca la Sala que es la ley la que califica esta forma de participación, y se refiere a ella en términos de “cualquier interesado”.

En defensa del interés público: las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la ley, pueden durante las etapas precontractual, contractual y postcontractual de los procesos de contratación, participar en los mismos, haciendo recomendaciones ante las entidades públicas –artículo 9º del decreto 2170 de 2002-.

Como oferente o proponente: calidad que adquiere quien ha presentado oferta o propuesta en un proceso de licitación o concurso adelantado por la administración. En este caso la propuesta debe ser seria y con carácter vinculante, pues como lo señala la doctrina es un “acto de iniciativa, con el cual una de las partes, que recibe el nombre técnico de proponente, propone a otra, que eventualmente deberá aceptar”. El oferente debe estar dispuesto a vincularse contractualmente en el momento en que la administración decida que su propuesta es la más favorable.

De lo anterior se deduce que no todo tipo de participación de una persona natural o jurídica en el proceso de licitación o concurso tiene efectos vinculantes, pues éstos solo se pueden predicar respecto de quienes participan en calidad de proponentes u oferentes y sus ofertas o propuestas fueron recibidas por la administración antes del vencimiento del plazo fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia para la presentación de las mismas –cierre de la licitación o concurso público.

(…)

Así las cosas, encuentra la Sala que un proponente al presentarse en una licitación o concurso, además de sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones o términos de referencia, tiene la obligación de mantener las condiciones (legales, técnicas, financieras, económicas etc.) de la denominada propuesta básica, de responder y atender adecuada y oportunamente los requerimientos que formule la entidad licitante durante la etapa de evaluación, hasta la adjudicación y de suscribir y perfeccionar el contrato, cuando resulte adjudicatario del mismo (…) (Subrayado del original).

Por su parte, como juez de la legalidad de los contratos estatales, la Sección Tercera de esta Corporación ha subrayado la responsabilidad y seriedad que debe guiar las actuaciones de los proponentes en los procesos de selección de contratistas del Estado, en la forma en que se indica a continuación:

En este punto resulta pertinente reiterar que a través de su oferta, cada interesado en contratar con las entidades estatales, en cuanto considere que reúne los requisitos y las condiciones exigidas para cada caso, por lo general atiende la convocatoria o la invitación que formulan dichas entidades para participar en los respectivos procedimientos administrativos de selección contractual, propósito para cuyo efecto a cada uno de tales interesados le corresponde estudiar previamente el sentido, alcance y características del contrato que se pretende celebrar, así como debe estructurar su propuesta con arreglo a las formalidades y exigencias que determinen las normas vigentes y el pliego de condiciones, de tal manera que se satisfagan plenamente las tres (3) categorías en las cuales suelen clasificarse o agruparse los requisitos de orden jurídico (…).

Conforme a lo expuesto, las propuestas para aspirar a ser contratista del Estado son vinculantes y generan, cuando menos, la condición de proponente, con los correlativos derechos a participar en el proceso de selección en términos de igualdad y a que se mantengan las condiciones ofertadas. Siendo así, la radicación de la oferta o propuesta no es una gestión inane, por el contrario, es un punto de partida importante y definitivo para el interesado en lograr la celebración del pretendido contrato con una entidad pública.

Aplicadas tales nociones al ámbito de la inhabilidad por intervención en la gestión de negocios ante entidades públicas, se tiene que la presentación de la propuesta en la etapa precontractual constituye una actuación útil y trascendente que genera derechos y obligaciones para los participantes en los procesos de selección. Además, esta actividad, que fue crucial y determinante para el interesado en celebrar un contrato estatal, fue desplegada por el socio mayoritario y representante legal suplente del proponente, quien asistió a las audiencias de cierre en la sede de la Alcaldía de Tunja para la radicación de los sobres con las propuestas para una época en la que tenía ambas calidades dentro de la sociedad proponente.

A ello se suma la intervención en la gestión de negocios derivada de la inclusión del concejal Mariño en las propuestas de Blue Eventos M&B SAS para la realización de los eventos objeto de contratación en los procesos SMC-AMT-161 de 2018, SMC-AMT-182 de 2018 y SMC-AMT-088 de 2019, unas veces como parte del personal idóneo para su ejecución y en otra como coordinador del equipo. Aún más, fue posible corroborar en las pruebas que, como lo informó el demandante, uno de los teléfonos de contacto indicado en el membrete inferior de los oficios con las propuestas de Blue Eventos M&B SAS es el del concejal Mariño, pues coincide con el número registrado por él mismo en los formatos de asistencia a las audiencias referidas.

Todas estas actuaciones consideradas en conjunto refuerzan el interés propio que animó al demandado a que la sociedad participara en los procesos contractuales y obtuviera los contratos que, efectivamente, suscribió en todos los casos, a través de sus representantes legales.

En cuanto a la diligencia desarrollada a favor de la fundación Mundo Vida, según se reseñó previamente, también existe prueba de que el concejal radicó la propuesta de esa persona jurídica para participar en el proceso de selección SMC-AMT-182-2018 el 5 de diciembre de 2018, dentro de la cual firmó el formato de asistencia de la respectiva diligencia. Sin embargo, esta actividad, por sí sola, no puede considerarse como intervención en la gestión de negocios, toda vez que en el expediente no fueron informados ni aportados elementos que acreditaran alguna relación entre el demandado y aquella fundación, o las razones por las cuales se le encomendó justamente a él la radicación. Por lo tanto, frente a este hecho, falta particularmente la acreditación del interés propio o de terceros que debe animar la conducta para que configure la causal de inhabilidad.

En tales condiciones, concurren los elementos que la Sala ha identificado a fin de que se configure la causal de inhabilidad para ser concejal por intervención en la gestión de negocios, considerando las conductas, el término y el ámbito espacial previstos en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000. En efecto, se probó que el demandado participó activamente, dentro del año anterior a su elección como concejal, en la etapa precontractual de tres (3) procesos de selección de contratistas adelantados por la Alcaldía de Tunja, que corresponde al mismo municipio para el que fue elegido en el cargo que hoy ocupa.

Ante esta conclusión, resulta relevante para la Sala reiterar que la finalidad de los regímenes de inhabilidades establecidos en nuestro ordenamiento jurídico para los cargos públicos, y en particular para los cargos de elección popular, radica, por un lado, en asegurar un escenario equitativo para el desarrollo de las campañas electorales y por el otro, garantizar que el acceso a la función pública del ciudadano elegido popularmente esté libre de intereses particulares agenciados con anterioridad a su aspiración política, que pudieran influir indebidamente en su gestión.

Por lo mismo, es comprensible que el legislador, sustentado en los principios constitucionales de prevalencia del interés general, igualdad, moralidad y transparencia, imponga a los ciudadanos que aspiren a ser elegidos por voto popular ciertas limitaciones a sus actividades, sobre todo las de índole profesional y comercial, dentro de un plazo razonable que se extiende dentro del año anterior a los comicios.

De la intervención del demandado en la celebración de los contratos entre la Alcaldía de Tunja y Blue Eventos M&B SAS

De acuerdo con el recurso de apelación del demandante, el concejal demandado no solamente intervino en la etapa precontractual de los procesos de selección en los que participó Blue Eventos M&B SAS ante la Alcaldía de Tunja, sino también en la celebración de los seis (6) contratos que obtuvo para organizar eventos en el municipio. Esta interpretación es defendida a partir de la condición de socio mayoritario, con poder para determinar los intereses de la persona jurídica y determinar los negocios en los que participaba.

Sin embargo, esta causal no prospera en el sub judice, en primer lugar, porque existe prueba en el proceso de que los seis (6) contratos obtenidos por Blue Eventos M&B SAS fueron suscritos en todos los casos por los representantes legales —valga decir, los principales— con la Alcaldía de Tunja. En segundo lugar, no hay evidencia de que los representantes legales de la sociedad hubiesen actuado en virtud de autorización o mandato del socio mayoritario o de la asamblea de accionistas que constituye el máximo órgano de dirección de la persona jurídica, conforme a los estatutos.

Conclusiones

A partir de las pruebas aportadas al proceso, la Sala pudo constatar que el demandado intervino en la gestión de negocios ante la Alcaldía de Tunja a través de la radicación de tres (3) ofertas en las etapas precontractuales de igual número de procesos de selección de contratistas, a nombre de dos (2) personas jurídicas distintas, una de ellas con participación accionaria como socio mayoritario y en una época, su representante legal suplente. A estas gestiones se suma su inclusión en tres (3) de las ofertas como parte del personal que se encargaría de ejecutar los contratos en el municipio, todo esto dentro del año anterior a la elección.

De esta forma, en las características del caso concreto concurren todos los presupuestos que configuran aquella causal de inhabilidad, en la medida en que el demandado adelantó actuaciones útiles y trascendentes ante una entidad pública, del mismo municipio donde resultó elegido, dentro del plazo inhabilitante. Además, dichas diligencias fueron realizadas en procura del interés económico de dos proponentes interesados en celebrar contratos estatales, junto con la incuestionable ventaja que supone para el propio ciudadano que aspira a ser candidato a un cargo de elección popular participar en las actividades públicas que en el caso particular fueron contratadas y realizadas dentro del año anterior a las elecciones populares de 27 de octubre de 2019.

En consecuencia, se revocará el fallo apelado y, en su lugar, se declarará la nulidad de la elección del demandado.

Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 26 de agosto de 2020 del Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda. En su lugar, DECLARAR la nulidad de la elección del señor Julián David Mariño Sosa como concejal del municipio de Tunja para el período 2020-2023.

SEGUNDO: CANCELAR la credencial del señor Julián David Mariño Sosa como concejal de Tunja, período 2020-2023, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 288 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra esta decisión no procede ningún recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
Radicada el 3 de diciembre de 2019. Cita, entre otras, las providencias de la Sección Quinta de 12 de mayo de 1995 (Rad. 1146 – ACUMULADO), 21 de abril de 1995 (Rad. 1284), 1º de febrero de 2002 (Rad. 2744) y 18 de agosto de 2006 (Rad. 3934). Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de septiembre de 2020, Rad. 2020-00010; sentencia de 30 de mayo de 2019, Rad. 2018-00417. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 11 de abril de 2019, Rad. 2018-00080 (Acumulado); sentencia de 31 de julio de 2009, Rad. 2007-00244-02, entre otras. Al respecto puede consultarse, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 18 de junio de 2021, Rad. 23001-23-33-000-2020-00387-01. De acuerdo con la Corte Constitucional, “la inhabilidad en sentido jurídico estricto es una circunstancia fáctica cuya verificación le impide al individuo acceder a determinados cargos públicos” (Sentencia C-037 de 2018). También en términos prácticos, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha definido las causales de inhabilidad como todas aquellas condiciones expresas en normas que definen quiénes pueden ocupar un cargo público (Sentencia de 13 de agosto de 2020, Rad. 68001-23-33-000-2019-00926-01). Corte Constitucional, sentencia C-064 de 2003. Corte Constitucional, sentencia C-1412 de 2000. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 14 de octubre de 2020, Rad. 11001-03-15-0002020-00061-01. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 30 de noviembre de 2010, Rad. 23001-23-31-000-2008-00087-03 (IJ). Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de enero de 2021, Rad. 15001-23-33-000- 2019-00588-01. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de julio de 2009, Rad. 08001-23-31-000-2007-00966-02. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de diciembre de 2020, Rad. 11001-03-28-000-2020-00016-00. Ver, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 22 de abril de 2021, Rad. 15001-23-33-000-2020-00120-01. Sentencia de 18 de marzo de 2021, Rad. 23001-23-33-000-2019-00465-01. Sentencia de 11 de marzo de 2021, Rad. 05001-23-33-000-2019-03154-01. Sentencia de 18 de febrero de 2021, Rad. 05001-23-33-000-2019-02852-02. Sección Primera, sentencia de 15 de junio de 2018, Rad. 25000-23-36-000-2017-01888-01(PI). Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 5 de diciembre de 2017, Rad. 11001-03-06-000-2017-00186-00(2355) y concepto de 30 de abril de 2015, Rad. 11001-03-06-000-2015-00058-00 (2251). Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de enero de 2019, Rad. 11001-03-28-000-2018-00031-00. Ver, además: Sección Quinta, sentencia de 5 de agosto de 2021, Rad. 70001-23-33-000-2020-00035-02. Constitución de la República (2008), artículo 113. Recuperado de: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
Constitución Política de la República de Chile (2005), artículo 57. Recuperado de: https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_chile.pdf
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Ley Orgánica de Elecciones (1997), artículos 107 y 113. Recuperado de: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/440998/Ley_Organica_de_Elecciones__Ley_N_26859.pdf
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(Id.) Traducción libre del proyectista. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de octubre de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2018-02417-01. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de septiembre de 2018, Rad. 11001-03-28-000-2018-00015-00. Consejo de Estado, Sala 17 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia de 27 de noviembre de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-02883-00. Sección Quinta, sentencia de 21 de enero de 2021, Rad. 50001-23-33-000-2020-00013-01; sentencia de 18 de abril de 2013, Rad. 52001-23-31-000-2011-00647-01; sentencia de 13 de agosto de 2009, Rad. Int. 3944-3957; sentencia de 23 de octubre de 2008, Rad. 07001-23-31-000-2007-00083-01. Ver, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de enero de 2021, Rad. 50001-23-33-000-2020-00013-01 y sentencia de 3 de septiembre de 2020, Rad. 11001-03-28-000-2020-00010-00. En el caso de los congresistas, este plazo está previsto en seis (6) meses antes de la elección, como se observa en el numeral 3 del artículo 179 de la Constitución Política. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de octubre de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2018-02417-01; sentencia de 21 de abril de 2009, Rad. 11001-03-15-000-2007-00581-00. Sala 17 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia de 27 de noviembre de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-02883-00. Sección Primera, sentencia de 6 de octubre de 2017, Rad. 63001-23-33-000-2016-00327-01. Sección Quinta, sentencia de 11 de agosto de 2016, Rad. 50001-23-33-000-2015-00647-01. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de octubre de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2018-02417-01. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 23 de octubre de 2008, Rad. 07001-23-31-000-2007-00083-01. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 7 de marzo de 2013, Rad. 52001-23-31-000-2011-00664-01. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 12 de agosto de 2010, Rad. 08001-23-31-000-2010-00025-01. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 10 de noviembre de 2005, Rad. Int. 2174-3175-3180. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 24 de mayo de 2007, Rad. 25001-23-15-000-2006-00210-01. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de noviembre de 2008, Rad. 73001-23-31-000-2007-00710-01. Ver: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 17 de octubre de 2013, Rad. 76001-23-31-000-2011-01747-01 y sentencia de 5 de junio de 2005, Rad. 70001-23-31-000-2003-02150-01. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 17 de octubre de 2013, Rad. 76001-23-31-000-2011-01747-01. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 5 de marzo de 2012, Rad. 11001-03-28-000-2010-00025-00. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 11 de agosto de 2016, Rad. Rad. 50001-23-33-000-2015-00647-01. Consejo de Estado, Sala 17 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia de 27 de noviembre de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-02883-00. Sala Primera Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia de 19 de febrero de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2018-02417-00. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 13 de agosto de 2020, Rad. 68001-23-33-000-2019-00926-01. Para los cargos de elección popular que se eligen en el nivel territorial. Ver, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de enero de 2021, Rad. 50001-23-33-000-2020-00013-01; sentencia de 3 de septiembre de 2020, Rad. 11001-03-28-000-2020-00010-00 y sentencia de 11 de abril de 2019, Rad. 11001-03-28-000-2018-00080-00 (ACUMULADO 11001-03-28-000-2018-000127-00 Y 11001-03-28-000-2018-000130-00). Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 8 de abril de 2021, Rad. 85001-23-33-000-2019-00184-01. Ver además, entre otras: Sentencia de 29 de abril de 2021, Rad.

11001-03-28-000-2020-00002-00; sentencia de 18 de febrero de 2021, Rad. 05001-23-33-000-2019-02852-02 y sentencia de 16 de diciembre de 2020, Rad. 20001-23-33-000-2020-00005-01. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de octubre de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2018-02417-01. Sala Primera Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia de 19 de febrero de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2018-02417-00. Sala 13 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia de 16 de octubre de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-03518-00. Sección Quinta, sentencia de 11 de abril de 2019, Rad. Rad. 11001-03-28-000-2018-00080-00 (ACUMULADO 11001-03-28-000-2018-000127-00 Y 11001-03-28-000-2018-000130-00). Ver, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sala 13 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia de 16 de octubre de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-03518-00. Sección Quinta, sentencia de 13 de agosto de 2020, Rad. 68001-23-33-000-2019-00926-01 y sentencia de 31 de julio de 2009, Rad. 08001-23-31-000-2007-00966-02. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 16 de diciembre de 2020, Rad. 20001-23-33-000-2020-00005-01. El Tribunal relacionó con este tema ocho (8) precedentes de la Sección Quinta que identificó de la siguiente manera: “Sentencia del 13 de marzo de 1996, expediente AC-3311. Sentencia del 15 de julio de 2004, expediente 3379. Sentencia del 10 de marzo de 2005, expediente 3451. Sentencia del 9 de septiembre de 2005, expediente 3671. Sentencia del 30 de septiembre de 2005, expediente 3656. Sentencia del 10 de noviembre de 2005, expedientes acumulados 3174, 3175 y 3180. Sentencia del 11 de noviembre de 2005, expedientes acumulados 3177, 3176, 3178, 3183, 3184 y 3238. Sentencia del 11 de agosto de 2016, expediente 50001-23-33-000-2015-00647-01”. Por ejemplo: Consejo de Estado, Sala 17 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia de 27 de noviembre de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-02883-00. Sala Primera Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia de 19 de febrero de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2018-02417-00. Folios 40-66, cuaderno 1. Así se observa del certificado especial de la Cámara de Comercio de Tunja, expedido el 1º de noviembre de 2019 (folios 85-86, cuaderno 1). Información corroborada de los expedientes contractuales aportados por la Alcaldía de Tunja al proceso en un (1) CD. Ver: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 5 de junio de 2005, Rad. 2003-02150. Al respecto, ver: Código Civil, artículo 639. Código de comercio, artículos 98 y 196. Ley 1258 de 2008, artículo 26. La Sala se remite en particular a los documentos allegados en CD por la Alcaldía de Tunja, en cumplimiento de las pruebas de oficio decretadas en primera instancia, y a las pruebas aportadas por el demandante. Sobre esta última diligencia es necesario aclarar que, si bien el formato “Listado de asistencia a audiencias” del proceso de selección SMC-AMT-088-2019 tiene fecha de 9 de septiembre de 2019, se entiende que se trata de un error, primero, porque el formato “Recepción de propuestas”, también suscrito por el demandado, corresponde al 9 de julio de 2019 y segundo, porque el documento de aceptación de la propuesta, que equivale al contrato, es de 12 de julio de 2019. Al respecto, ver documentos del expediente contractual SMC-AMT-088-2019, páginas 132, 133 y 307 a 309. Ver: Ley 1258 de 2008, artículos 26 y 45 y Código de Comercio, artículos 440 – 442. Además, estatutos de la sociedad Blue Eventos M&B SAS, artículos 28 y 29 (folios 40 a 59 del expediente físico). Ver: Ley 1150 de 2007, artículo 2º, numeral 2. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto No. 1732 de 20 de abril de 2006. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 14 de marzo de 2013, Rad. 24059 (1999-00827-01). Ver, además, de la misma Subsección: sentencias de 12 de noviembre de 2014, Rad. 29855 (2002-01606-01) y de 10 de febrero de 2016, Rad.

38696 (2003-00959-01).

Radicación: 15001-23-33-000-2019-00630-01
Demandante: Jair Marcel Mahecha Garzón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 05001-23-33-000-2018-0212-01
Demandante: Maria Astrid Arcila Duque
Demandado: Ferney León Moncada

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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