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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 68001-23-33-000-2023-00847-01

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 68001-23-33-000-2023-00847-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Registraduría Nacional del Estado Civil. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 25 de noviembre de 2024, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído. TERCERO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia. CUARTO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 68001-23-33-000-2023-00847-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

20 de febrero de 2025

Demandante: Magola Puentes Vega
Demandado: Jirson Aguillón Ramírez, concejal de Floridablanca
Rad: 68001-23-33-000-2023-00847-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00847-01
Demandante: MAGOLA PUENTES VEGA
Demandado: JIRSON AGUILLÓN RAMÍREZ, CONCEJAL DE FLORIDABLANCA
(SANTANDER), PARA EL PERIODO 2024-2027

Temas: Doble militancia por pertenencia simultánea a dos colectividades e
Inhabilidades por ejercicio de autoridad administrativa e intervención
en gestión de negocios ante entidades pública de los numeral 2° y 3°
del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40
de la Ley 617 de 2000.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la demandante, contra la
sentencia del 25 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda

La señora Magola Puentes Vega, por intermedio de apoderado, presentó demanda1 en
ejercicio del medio de control previsto en el artículo 139 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), tendiente a obtener la
nulidad del formulario E-26 CON del 6 de noviembre de 2023, por medio del cual se
declaró la elección del señor Jirson Aguillón Ramírez como concejal del municipio de
Floridablanca (Santander), para el periodo 2024-2027.

1.2 Hechos

La parte demandante indicó que el accionado fue aspirante al Concejo Municipal de
Floridablanca, en las elecciones territoriales que se celebraron el 29 de octubre de 2023,
y fue inscrito con el aval del Partido Liberal Colombiano, pese a que era militante del
Movimiento Alternativo Indígena Social (MAIS).

1 El escrito fue radicado el 14 de diciembre de 2023.

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Demandante: Magola Puentes Vega
Demandado: Jirson Aguillón Ramírez, concejal de Floridablanca
Rad: 68001-23-33-000-2023-00847-01

Explicó que el señor Aguillón Ramírez no presentó renuncia al MAIS, por ende, a la fecha
de la presentación de la demanda, sigue militando en dicha colectividad, situación que se
encuentra proscrita por el numeral 8 del artículo 275 del CPACA.

Por otra parte, afirmó que el accionado se encontraba inhabilitado para ser elegido
concejal, comoquiera que ejerció el cargo de tesorero general, nivel profesional, código
201, grado 09 de la Alcaldía Municipal de Floridablanca, quien debía, entre otras
funciones, supervisar diversos contratos suscritos por la entidad territorial.

Mencionó que el señor Jirson Aguillón Ramírez «[…] ostentaba la calidad de Empleado
Público y además comportaba la categoría de autoridad civil, […] entendida como la
facultad que tiene el funcionario de desempeñar actos de poder, control o dirección sobre
los ciudadanos o bienes del Estado […]».

Narró que el demandado, el 4 de octubre de 2022, presentó renuncia al empleo de
tesorero ante el alcalde del municipio de Floridablanca; la cual fue aceptada, mediante
Resolución 4467 del 19 de octubre de 2022, con efectos a partir del 21 siguiente. Sin
embargo, resaltó que aquel ejerció funciones de supervisión contractual hasta el 21 de
noviembre de 2022.

1.3 Concepto de la violación

1.3.1 Sobre la inhabilidad por ejercicio de autoridad y gestión de negocios

Invocó como normas desconocidas los numerales 2° y 3° del artículo 43 de la Ley 136 de
1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000; los numerales 5° y 8° del
artículo 275 de la Ley 1437 de 2011; y el artículo 2 de la Ley 1475 de ese mismo año.

Insistió en que el demandado tuvo la calidad de empleado público y ejerció autoridad
administrativa y civil, de acuerdo con el Estatuto Tributario Nacional, la Ley 1066 de 2005
y el manual de funciones, desde el 5 de febrero de 2020 hasta el 21 de noviembre de
2022. De la misma manera, advirtió lo siguiente:

Expuso que, aunque el concejal electo renunció al cargo de tesorero de la Alcaldía de
Floridablanca el «3 [sic] de octubre de 2022», la desvinculación se materializó el 21 de
noviembre del mismo año, porque, hasta esa fecha, lo continuó desempeñando de
manera «[…] sistemática, continuada, recurrente y permanente […]».

En forma subsidiaria, de no considerarse configurada la inhabilidad del artículo 43.2 de
la Ley 1437 de 2011, pidió aplicar la causal contenida en el artículo 43.3 de la referida

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Demandante: Magola Puentes Vega
Demandado: Jirson Aguillón Ramírez, concejal de Floridablanca
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norma, puesto que, el señor Aguillón Ramírez intervino en la gestión de «documentos»
dentro de los contratos suscritos por el municipio, cuando tenía la condición de tesorero,
para el pago de emolumentos con cargo al tesoro público, en el mes de noviembre de
2022, con el fin de favorecer a terceros.

1.3.2 Sobre la doble militancia

En lo que concierne a la prohibición, arguyó que el demandado, para los comicios del 29
de octubre de 2023, cuando resultó electo concejal del municipio de Floridablanca,
ostentaba la calidad de militante y candidato avalado por el Partido Liberal Colombiano
y, de manera concomitante, pertenecía al Movimiento Alternativo Social Indígena (MAIS).

Precisó que los estatutos del Partido Liberal Colombiano establecen que uno de los
requisitos para que esa colectividad otorgue avales, es que el aspirante tenga una
permanencia previa mínima de un año; en consecuencia, como las inscripciones2 fueron
hasta el 31 de mayo de 2023, la antelación de la militancia debía ser, cuando menos,
desde el 31 de mayo de 2022.

Aclaró que la figura de «[…] pertenencia simultánea a más de una organización política,
es decir, la doble militancia, se introdujo en el sistema político colombiano con el fin de
fortalecer a los partidos y movimientos políticos y crear un régimen en donde se proscribe
y sanciona el transfuguismo político […]».

1.4 Actuaciones procesales

1.4.1 La admisión

Por medio de providencia del 14 de diciembre de 2023, el Tribunal Administrativo de
Santander admitió la demanda, ordenó notificar al demandado y a la Registraduría
Nacional del Estado Civil.

1.4.2 Contestaciones de la demanda

1.4.2.1 Registraduría Nacional del Estado Civil

A través de apoderado judicial, invocó la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva y advirtió que solo se encarga de la organización de las elecciones, no emite
acto administrativo alguno, ni operación que determine si un voto es válido o no.

Realizó un análisis normativo del proceso electoral, para concluir que no debe
permanecer vinculada al presente asunto.

1.4.2.2 Demandado

Por intermedio de apoderado, recordó su dimisión al cargo de tesorero del municipio de
Floridablanca, como lo acredita la Resolución 4467 del 19 de octubre de 2022, donde

2 La demandante hace referencia a las inscripciones de los aspirantes que deseaban recibir el aval del Partido Liberal

Colombiano.

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Demandante: Magola Puentes Vega
Demandado: Jirson Aguillón Ramírez, concejal de Floridablanca
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consta la aceptación de aquella, y la certificación expedida por la secretaría general,
según la cual laboró hasta el 21 de los mismos mes y año.

Negó haber ejercido funciones como tesorero después del 21 de octubre de 2022 y
explicó que la accionante realiza un análisis equivocado sobre las pruebas documentales,
comoquiera que se limitó a certificar la ejecución de los contratos cuando detentaba el
cargo, sin que ello hubiera implicado que, con posterioridad a la aceptación de su
renuncia a este, ejerciera las funciones de ordenador del gasto.

Además, consideró que la recurrente «[d]esconoce en el análisis que realiza, el contenido
de todo el documento de supervisión que fue firmado [sic] JIRSON AGUILLON RAMIREZ;
en él, hay un título que se denomina “PERIODO CUMPLIDO DE EJECUCION” y se
puede evidenciar que los actos supervisión de los citados contratos fueron realizados
hasta el 21 de octubre de 2022».

Manifestó que quien pagó las aludidas cuentas de cobro fue el tesorero César Augusto
Duarte Arias, solo que las labores de supervisión de esos contratos, hasta el 21 de
octubre de 2022, habían sido realizadas por Jirson Aguillón Ramírez.

En cuanto a la doble militancia, indicó que renunció al partido MAIS – Comité Municipal
de Floridablanca, mediante escrito con constancia de recibido del 16 de junio de 2023,
por lo que no se configura la citada prohibición.

1.5 Otras actuaciones de la primera instancia

• En providencia del 15 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander dispuso
el trámite de sentencia anticipada, dispuso que la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva formulada por la Registraduría Nacional del Estado Civil se resolvería
en la sentencia, incorporó las pruebas allegadas por las partes, decretó3 unas
documentales requeridas por la demandante y negó otras4. Asimismo, fijó el litigio en los
siguientes términos:

Determinar si:

Se encuentra configurada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
alegada por la RNEC.

La elección de Jirson Aguillón Ramírez, como concejal del municipio de Floridablanca (S),
para el periodo constitucional 2024-2027, debe ser anulada por haber incurrido en la causal
del artículo 275.5 del CPACA (2º y 3° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994).

Para tal efecto, resulta necesario resolver si como lo afirma la p. demandante:

3 Oficiar (i) al municipio de Floridablanca para que aportara los antecedentes del cargo ejercido por el demandado en

esa entidad territorial; (ii) a la Agencia Nacional de Compra Pública Colombia Compra Eficiente, para que informara la
fecha en que fueron canceladas las firmas electrónicas del Secop II que pertenecían al señor Jirson Aguillón, como
funcionario de la Alcaldía Municipal de Floridablanca y hasta cuándo él aprobó documentos en dicho portal; (iii) al
Partido Liberal Colombiano para que certificara la fecha de inscripción para el otorgamiento de aval al demandado,
para el periodo 2024-2027, y copia de los soportes allegados por él; y (iv) al Movimiento Alternativo Indígena (MAIS)
para que allegara sus estatutos y certificara si el señor Aguillón presentó renuncia en condición de militante.
4 Dentro de las pruebas negadas están las siguientes: Oficiar a unas entidades financieras para informaran la fecha

hasta cuando el demando tuvo firma autorizada para pagos de titularidad del municipio de Floridablanca, interrogatorio
del accionado y el testimonio del señor César Augusto Duarte Arias, quien funge como nuevo tesorero de la aludida
entidad territorial.

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Demandante: Magola Puentes Vega
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El señor Caballero Cerón [sic] no podía ser inscrito ni elegido concejal municipal, dado que,
se encontraba incurso en la causal de inhabilidad contenida en el numeral 2º y/o 3° del
artículo 43 de la Ley 136 de 1994, y causal 275.8 del CPACA, por: (i) seguir ejerciendo
funciones en el cargo de tesorero general de la Alcaldía de Floridablanca, aún después de
haber sido aceptada su renuncia al mismo, mediante Resolución N° 4467 de19 de octubre
de 2022, esto es, después del 21 de octubre de 2022 y hasta el 21 de noviembre de 2022,
y (ii) realizar actos constitutivos de la doble militancia, al ser militante del movimiento
alternativo indígena social -mais- [sic], y del partido liberal colombiano -partido que otorga
el aval-.

O si, por el contrario, como lo afirma la p. demandada:
No se estructura la inhabilidad contenida en los numerales 2° y/o 3° del artículo 43 de la
Ley 136 de 1994, toda vez que renunció al cargo de Tesorero del municipio de
Floridablanca, tal como se acredita con la Resolución No. 4467 del 19 de octubre de 2022,
firmada por el alcalde Municipal y con la certificación de fecha 20 de diciembre de 2023,
expedida por la secretaria general- Talento humano, indicando que trabajo hasta el 21 de
octubre de 2022.

Ni tampoco, se encuentra estructurada la inhabilidad contenida en la causal 275.8 del
CPACA, pues renunció al partido MAIS- Comité Municipal de Floridablanca, con constancia
de recibido del día 16 de junio de 2022, certificación del Comité Municipal de Floridablanca
y la Resolución No. CM – 0098 de 2 de mayo de 2023, desmontando con estos documentos,
que no es afiliado al partido “MAIS”.

En la misma providencia, estimó que, una vez ejecutoriadas las anteriores decisiones, se
corriera traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión, por
escrito, y al Ministerio Público, con el fin de que allegara el respectivo concepto.

• La señora María Angélica Balaguera Guerrero solicitó ser tenida como coadyuvante de
la parte demandante, lo cual fue negado por el a quo a través de auto de 30 de agosto
de 2024, puesto que, dicha intervención solo podía ser admitida hasta el día anterior a la
fecha de la celebración de la audiencia inicial y, en este caso, ya se había emitido el
proveído por medio del cual se fijó el litigio, se decretaron e incorporaron las pruebas,
entre otras actuaciones, por lo que feneció la oportunidad legal.

• Con auto del 26 de septiembre de 2024, el tribunal informó «[…] a las partes que el
término de traslado para alegar de conclusión y rendir concepto de fondo, empeza[ba] a
contarse a partir del día siguiente al de la notificación de esta providencia […]».

2. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Santander, por medio de providencia del 25 de noviembre
de 2024, negó las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes argumentos:

2.1 En cuanto a la censura de doble militancia por simultaneidad de afiliación

Sostuvo que, la manifestación de la voluntad del afiliado es el requisito necesario para su
desvinculación de un partido político, sin que se prevea procedimiento adicional alguno
de confirmación de la renuncia.

Argumentó que, como el demandado presentó al MAIS la dimisión de su condición de
militante el 16 de junio de 2023, su desvinculación «[…] se realizó mucho antes de que
se habilitara el periodo de inscripciones de las listas de candidatos a las elecciones

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territoriales (29 de junio al 29 de julio de 2023, según el calendario electoral fijado […].
Surtida esta fase, el partido Liberal incluyó su nombre en la lista de candidatos al concejo
municipal de Floridablanca para el periodo constitucional 2024-2027 […] lo que desvirtúa
la afiliación simultánea a más de un partido político alegada por la p. actora como causal
de inhabilidad por doble militancia […]».

2.2 En relación con la censura de ejercicio de cargo público con funciones de autoridad
e intervención en la gestión de negocios

Explicó que el señor Aguilón Ramírez fue tesorero del municipio de Floridablanca desde
el 4 de febrero de 2020 hasta el 21 de octubre de 2022. Sumado a ello, precisó:

También se acreditó que el demandado firmó actas de informes parciales de supervisión
de contratos poco después de haber terminado su vinculación formal como tesorero. Sin
embargo, en ellas se dejó constancia que la supervisión era parcial y restringida al periodo
durante el cual el demandado fungió como tesorero. Se acreditó, igualmente, que el sr.
Aguillón Ramírez no realizó pagos de nómina en los meses subsiguientes a su renuncia,
tampoco utilizó cuentas bancarias o portales transaccionales del municipio y su cuenta de
usuario registrada en la plataforma SECOP II si bien estuvo activa por más tiempo, esta no
fue utilizada para realizar procesos contractuales o algún tipo de actividad que denotara el
ejercicio de funciones asociadas a la tesorería municipal y dentro del año anterior al que se
presentó como candidato al concejo del municipio de Floridablanca.

Arguyó que, para la época en la que el demandado suscribió los documentos de
supervisión de contratos no tenía la condición de servidor público, dado que le había sido
aceptada su renuncia al cargo de tesorero, es decir, fue excluido de la planta de personal
de la entidad y dejó de realizar actividades inherentes y esenciales del referido empleo.

Resaltó que, conforme a la certificación aportada por el municipio de Floridablanca, el
accionado no estaba incluido en nómina desde noviembre de 2022, «[…] salvo en lo que
tiene que ver con la liquidación final de sus prestaciones, producto de su desvinculación
[…]»; además, que desde el 24 de octubre de 2022 las cuentas bancarias de la entidad
territorial tenían la firma del nuevo tesorero, el señor César Augusto Duarte Arias.

Agregó que la firma electrónica del demandado en el portal SECOP II estuvo activa con
posterioridad a su renuncia, pero, sin acceso a la cuenta de la entidad, debido a ello, no
tenía la posibilidad de realizar gestiones de naturaleza contractual o precontractual, ni
interactuar con los proponentes o los contratistas.

De allí, concluyó que «[…] no se acreditó que el demandado hubiese intervenido en la
gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal, ni tampoco que hubiese
ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o
militar dentro de los 12 meses anteriores a su elección como concejal».

3. El recurso de apelación

Inconforme con la decisión, la parte demandante, por intermedio de apoderado, formuló
recurso de apelación y destacó que el actuar del accionado impidió que su elección sea
legítima, «[…] quebrantando los numerales 2 y 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994,
modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000».

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En lo que concierne al ejercicio de autoridad, consideró que el a quo erró al interpretar
dicho concepto de manera restrictiva, porque afirmó que solo se puede atribuir a quien
ostenta la calidad o la vinculación de empleado público, sin considerar que puede ser
analizado con el desarrollo efectivo de las funciones, «[…] como las actividades
relacionadas al cargo de Tesorero General del Municipio de Floridablanca que ejerció el
accionado, es así como se deben tener en cuenta las pruebas allegadas al proceso, en
razón a la supervisión extemporánea que realizó el extremo pasivo […]».

Mencionó que el demandado suscribió las actas de informes parciales y supervisión de
actividades, así: (i) dentro del contrato de prestación de servicios 1773-2022-CO1, los
días 21 de octubre y 10 de noviembre de 2022, con comprobante de pago al contratista
CE 22-128873; y (ii) en el negocio jurídico 2022-CO1.PCCNTR.3884120, el 22 de octubre
de 2022.

De la misma manera, advirtió que el accionado fungió como supervisor de los contratos
2479-2022-CO1.PCCNTR.4070103 y 2541-2022-CO1.PCCNTR.4092989 de 10 y 21 de
noviembre, respectivamente, en los que se evidencia su firma.

En ese orden de ideas, aseveró que el señor Aguillón Ramírez ejecutó actividades como
tesorero y supervisor de contratos hasta el 21 de noviembre de 2022, esto es, «[…]
intervino en la gestión administrativa ante entidades públicas del Nivel Municipal,
vislumbrando que el ejercicio de autoridad administrativo que llevo [sic] a cabo, está
relacionado con acciones concretas que generan efectos jurídicos bajo las funciones de
supervisor, tesorero general, y la liquidación contractual, como se evidenció en la pruebas
obrantes en el plenario».

Cuestionó que el tribunal no hubiese tenido en cuenta las certificaciones emitidas por la
Agencia Nacional de Contratación Pública, según la cual el demandado tuvo acceso a la
cuenta de la Alcaldía de Floridablanca hasta el 28 de diciembre de 2022, y de la secretaria
general de la referida entidad territorial, con la cual la funcionaria informó que la última
actuación del señor Jirson Aguillón Ramírez, a través de su usuario, en la plataforma
SECOP II fue el 14 de los mismos mes y año.

Arguyó que cualquier acto que implique mando, dirección o decisiones administrativas
puede configurar una causal de inhabilidad, sin importar que la renuncia del funcionario
haya sido aceptada, comoquiera que, en este caso, se desempeñó como un empleado
de hecho, en los términos que han sido definidos por el Consejo de Estado5.

Por otra parte, destacó que si bien el accionado presentó su renuncia, por escrito, al
MAIS, el 16 de junio de 2023, solo hasta el 10 de enero de 2024 el secretario del
movimiento certificó6 dicha dimisión, lo que demuestra la doble militancia, al haber sido
avalado, para los comicios del 29 de octubre de 2023, por el Partido Liberal Colombiano.

Insistió en que, para optar por el aval de la última colectividad enunciada, el aspirante
debía demostrar la militancia previa de un año. Además, consideró:

5 «Expediente No.20001-23-33-000-2017-00539-01 (3341-2020), de fecha veintisiete (27) de julio de 2023, presidida

por el Consejero ponente, el Dr. Carmelo Perdomo Cuéter».
6 El accionante hizo referencia a la fecha de la certificación emitida por el MAIS y no a la aceptación de la renuncia del

demandado como militante del partido.

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En ese orden, el señor Jirson Aguillón, no podía ostentar dicha calidad, toda vez que, a la
fecha de la inscripción al Partido Liberal Colombiano, fungía como militante en el partido
MAIS. Así las cosas, como consecuencia del incumplimiento señalado, se debió estudiar
por el Honorable Tribunal la imposición de las sanciones reglamentarias y administrativas,
como lo son (i) la revocatoria de la inscripción del candidato incurso en la prohibición; y (ii)
la declaratoria de nulidad de la elección del funcionario democráticamente designado. Dado
que la desvinculación del Señor Aguillón Ramírez, se realizó mucho después que se
habilitar el periodo de inscripciones de las listas de candidatos a las elecciones territoriales
al partido Liberal Colombiano, y como consecuencia obtener los requisitos previos para el
debido aval. [Sic para toda la cita].

4. Actuaciones en segunda instancia

Por medio de providencia del 15 de enero de 20257, el despacho del magistrado ponente
admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia
de primera instancia y corrió traslado para alegaciones finales y concepto del Ministerio
Público.

5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

5.1 Demandante8

Por conducto de apoderado, reafirmó cada uno de los argumentos expuestos en la
demanda y en el recurso de apelación, concernientes a la configuración de la prohibición
de la doble militancia por simultaneidad partidista y de las inhabilidades en las que incurrió
el demandado por haber ejercido autoridad administrativa y haber intervenido en la
gestión de negocios ante entidades públicas, luego de la fecha en que le fue aceptada la
renuncia.

5.2 Demandado9

A través de apoderado, solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, por
encontrarse probado que no incurrió en doble militancia, por cuanto renunció al partido
MAIS el 16 de junio de 2023.

Igualmente, expresó que la demandante desconoce que presentó su dimisión al cargo de
tesorero del municipio de Floridablanca el 21 de octubre de 2022 y, a partir de esa fecha,
no recibió salarios. Aunado a ello, que el señor César Augusto Duarte Arias asumió las
funciones inherentes a ese empleo entre octubre de 2022 y el 23 de enero de 2024, por
ende, no ejerció autoridad administrativa.

6. Concepto del Ministerio Público10

La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado pidió confirmar la sentencia
de primera instancia, con base en los siguientes argumentos:

7 Índice 5 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
8 Índice 9 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
9 Índice 10 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
10 Índice 15 del expediente visible en la sede electrónica para la gestión judicial, Samai.

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Demandante: Magola Puentes Vega
Demandado: Jirson Aguillón Ramírez, concejal de Floridablanca
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Sostuvo que se encuentra probado que el demandado renunció al partido MAIS el 16 de
junio de 2023, con lo cual se agotó su deber de militante, conforme a la jurisprudencia de
la sala electoral11, sin que sea necesaria aceptación de aquella. De allí que, como
presentó su candidatura con el aval del Partido Liberal Colombiano el 29 de julio de 2023,
no esté incurso en la causal de doble militancia al momento de la inscripción como
aspirante al concejo municipal de Floridablanca.

Recordó que el accionado desempeñó el cargo de tesorero hasta el 21 de octubre de
2022 y aunque suscribió actas de supervisión de contratos con posterioridad a dicha
fecha, ello no implica el ejercicio de autoridad administrativa, ni de ordenación de gastos,
porque «[…] las atribuciones que se asignan para el desarrollo de esta actividad
responden a una lógica instrumental y de apoyo que guarda como finalidad, la debida
puesta en marcha de los procedimientos contractuales desplegados por el Estado,
excluyendo la titularidad de facultades impositivas y, en general, de poderes de mando
que permitan remarcar el elemento modal de esta inhabilidad».

Por último, aclaró que el demandado debía otorgar su visto bueno para el pago al
contratista, con respecto a los contratos que supervisó cuando desempeñó el cargo de
tesorero y únicamente por ese periodo.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 150 inciso 1 y 152 12 numeral 7 literal
(a) del CPACA y el Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado, modificado por el artículo 1° del Acuerdo 434 de 2024, esta Sección es
competente para conocer en segunda instancia del recurso de apelación interpuesto por
la parte demandante contra la sentencia del 25 de noviembre de 2024, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda.

2.2 Cuestión previa

Dos aspectos confluyen en este capítulo, el primero en relación con un argumento de la
recurrente y, el segundo, frente a la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

2.2.1 Argumento nuevo

La parte actora, en el recurso de apelación, consideró que el demandado, pese a que
presentó su renuncia al cargo de tesorero de la Alcaldía de Floridablanca, ejerció como
funcionario de hecho en la entidad territorial, en los términos que han sido definidos por
la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

11 «Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-00023- 00. MP:

Alberto Yepes Barreiro […]».
12 «Artículo 152. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia… 7. De los siguientes asuntos relativos

a la nulidad electoral: a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso […] de los
miembros de corporaciones públicas de los municipios […]».

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Pues bien, aunque en la demanda se expresó que el accionado continuó ejerciendo
funciones, luego de su dimisión, lo cierto es que la accionante no invocó la aludida figura
y la censura no fue planteada en los términos de funcionario de hecho, con su
correspondiente sustento normativo y jurisprudencial, tal como fue desarrollado por ella
en la alzada, razón por la cual es evidente que este argumento es nuevo y, por ende, no
fue objeto de discusión en el debate de primera instancia y tampoco lo será en esta.

Cabe anotar que, conforme al artículo 320 del Código General del Proceso, la finalidad
del recurso de apelación se centra en «[…] que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que
el superior revoque o reforme la decisión».

De igual modo, el citado precepto enseña que el estudio en segunda instancia se remite
de forma concreta a la «cuestión decidida», es decir, a las pretensiones y los asuntos de
hecho y de derecho que han sido presentados al juez, previo a que se adopte la decisión
que corresponda.

Debido a ello, resulta pertinente recordarle a la parte actora que no es procedente que
proponga nuevos fundamentos de derecho que no fueron formulados en la demanda o
en su reforma, que, por consiguiente, el a quo no tuvo la oportunidad de analizar y frente
a los cuales el accionado no contó con la posibilidad material de controvertirlos.

En efecto, estudiar el aspecto propuesto por la parte actora implicaría vulnerar el derecho
de defensa y contradicción del demandado, en la medida que no lo conoció en la etapa
procesal pertinente13.

2.2.2 Falta de legitimación en la causa por pasiva de la Registraduría Nacional del Estado
Civil

Esta Sala de decisión considera necesario precisar que, aun cuando la registraduría
propuso la excepción en comento, el tribunal de primera instancia omitió pronunciarse
sobre el particular. En efecto, en el auto del 15 de abril de 2024, con el cual el a quo
dispuso el trámite de sentencia anticipada, mencionó que resolvería lo concerniente a la
legitimación en la sentencia; sin embargo, luego de negar las pretensiones no hizo
manifestación alguna.

En el entendido de que ese es un aspecto procesal que puede y debe declararse, se
procederá a resolverlo. De cualquier forma, se exhorta al Tribunal Administrativo de
Santander para que, en lo sucesivo, atienda el procedimiento previsto para la resolución
de ese tipo de excepciones.

Como se expuso en los antecedentes, la Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó
que se le desvinculara, toda vez que no tiene injerencia en la realización de los escrutinios
ni en los resultados de estos.

De entrada, debe advertirse que esta excepción tiene que ser declarada probada, porque

13 Consejo de Estado. Sección Quinta. Providencia del 31 de octubre de 2024. Expediente 11001-03-28-000-2024-

00093-00. C.P. Omar Joaquín Barreto Suárez.

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la competencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil en materia de inscripción de
candidaturas es clara, la cual no incluye la revisión de causales de carácter subjetivo de
nulidad electoral, tanto el candidato como el partido o movimiento político o coalición.
Únicamente se refiere a la verificación de que quienes participen en consultas de carácter
popular o internas de un partido, movimiento o agrupación política no se inscriban por
otro diferente en el mismo proceso electoral o se pretenda la inscripción de uno distinto
al seleccionado mediante dicho mecanismo.

Estas razones conllevan a la conclusión de que la Registraduría Nacional del Estado Civil,
para este caso en concreto, cumple funciones de verificación formal de requisitos para la
inscripción de las candidaturas. De modo que, en relación con la naturaleza de los vicios
por los cuales se acusa la legalidad del acto de elección demandado, esto es,
presuntamente haber incurrido en la prohibición de doble militancia por simultaneidad y
la inhabilidad por ejercicio de autoridad civil y administrativa, es posible advertir que estas
causales no encuentran relación alguna ni se enmarcan en la órbita de funciones
otorgadas a la referida entidad, que amerite mantener su vinculación en el presente
proceso.

En suma, los argumentos esgrimidos por el apoderado de la Registraduría Nacional del
Estado Civil tienen vocación de prosperidad. En consecuencia, se declarará probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada.

2.3 Problema jurídico

De acuerdo con el fallo de primera instancia y los argumentos expuestos en el recurso
de apelación, corresponde a esta Sección determinar si confirma, modifica o revoca la
sentencia recurrida. Sobre el punto, se tendrán en cuenta los límites de la competencia
del juez ad quem, a partir de la fijación del litigio señalada por el tribunal, la providencia
de primer grado y los reparos de la recurrente.

En consecuencia, se deberá establecer si en el caso del demandado se configuró (i) el
elemento temporal de la simultaneidad de militancia, esto es, si pertenecía al movimiento
político MAIS, mientras que, fue avalado por el Partido Liberal Colombiano en su
aspiración al concejo municipal, para las elecciones que se llevaron a cabo el 29 de
octubre de 2023; y (ii) la inhabilidad contenida en el numeral 2º del artículo 43 de la Ley
136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, por ejercicio de
autoridad administrativa14, en el desarrollo de las funciones como tesorero del aludido
ente territorial, dentro del año anterior a su elección. De manera subsidiaria, se analizará
si incurrió en la causal de inhabilidad del numeral 3° de la norma ibidem, referente a la
intervención en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o
distrital.

Para abordar el asunto, la Sala desarrollará la siguiente metodología: (i) el marco jurídico
y jurisprudencial de la prohibición de doble militancia en la modalidad de simultaneidad
partidista; (ii) la inhabilidad por ejercicio de autoridad prevista en el numeral 2° del artículo
43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000; (iii) la

14 En el recurso de apelación la recurrente solo hizo referencia al ejercicio de autoridad administrativa y no a la civil,

que había mencionado con la demanda.

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intervención en la gestión de negocios con entidades públicas como causal de inhabilidad
de los concejales; y, (iv) el caso concreto, conforme a los límites indicados en el párrafo
anterior.

2.4 Marco normativo y jurisprudencial de la prohibición de doble militancia y la
modalidad de simultaneidad. Reiteración jurisprudencial15

La doble militancia en el ordenamiento jurídico colombiano tiene su génesis en el Acto
Legislativo 01 de 2003, que modificó el artículo 107 de la Constitución Política, al prever
que en ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de
un partido o movimiento político con personería jurídica. Dicho Acto Legislativo también
dispuso que quien participara en las consultas de un partido o movimiento político o en
consultas interpartidistas, no podría inscribirse por otro en el mismo certamen electoral.

Posteriormente, con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2009, además de reiterarse
las citadas prohibiciones, se agregó que quien siendo miembro de una corporación
pública llegare a presentarse a la siguiente elección, por un partido político distinto, debía
renunciar a la curul al menos 12 meses antes del primer día de las inscripciones.

La Corte Constitucional, mediante sentencia C-303 de 2010, al decidir la demanda de
inconstitucionalidad presentada en contra del parágrafo transitorio 1 del artículo 1 del
Acto Legislativo 01 de 2009, que modificó el artículo 107 de la Constitución, puso de
presente que la antedicha regla tenía por finalidad propender por el fortalecimiento de los
partidos y movimientos políticos, lo cual impacta de manera positiva en la vigencia del
principio de la soberanía popular, al aseverar lo siguiente:

La prohibición de la doble militancia y del transfuguismo político, en los términos antes
expuestos, constituyen herramientas de primera línea para la consecución del fin
constitucional de fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos, basado en el
aumento del estándar de disciplina de sus miembros e integrantes. A su vez, el fenómeno
del transfuguismo tiene importante incidencia en la vigencia del principio de soberanía
popular, habida cuenta de las particularidades del sistema electoral colombiano.

Así entonces, la prohibición de la doble militancia política surgió con la finalidad de
fortalecer los partidos y movimientos políticos y sancionar el transfuguismo político, como
una costumbre perniciosa propia de la praxis electoral que deslegitima el sistema
democrático, de manera que se procura el respeto por la identidad de los partidos y se
discipline la actividad política, ordenando que los miembros y militantes de los partidos
mantengan su vinculación a la colectividad política, mientras no renuncien a ellos, bajo
los parámetros ordenados por el legislador y que quienes ostenten alguna representación
mantengan su identidad política, para no burlar la confianza depositada por sus electores
en las urnas.

15 Sobre el tema ver: Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 22 de julio de 2021. Expediente 47001-23-33-

000-2020-00023-02. C.P. Luis Alberto Álvarez Parra; providencia del 6 de mayo de 2021. Expediente 08001-23-33-
000-2019-00820-01. C.P. Rocío Araújo Oñate; decisión del 3 de noviembre de 2017. Expediente 20001-23-39-000-
2016- 00591-02. C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; fallo del 13 de enero de 2017. Expediente 11001-03- 28-000-
2016-00005-00. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; sentencia del 10 de marzo de 2022. Expediente 76001-23-
33-000-2019-01141-01. C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; sentencia del 12 de diciembre de 2024. Expediente 41001-23-
33-000-2024-00022-01. C.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

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Por su parte, la Ley Estatutaria 1475 de 201116, al desarrollar la institución de la doble
militancia, trajo una regulación que fija otras hipótesis a las ya referidas:

Artículo 2°. Prohibición de doble militancia. En ningún caso se permitirá a los ciudadanos
pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político. La militancia o
pertenencia a un partido o movimiento político, se establecerá con la inscripción que haga
el ciudadano ante la respectiva organización política, según el sistema de identificación y
registro que se adopte para tal efecto el cual deberá establecerse conforme a las leyes
existentes en materia de protección de datos.

Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro
de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o
corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por
el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten
electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán
pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden
presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán
renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.

Es importante tener en cuenta que el legislador estatutario extendió el ámbito de
aplicación de la figura de la doble militancia, en tanto eliminó la expresión que imponía
que el partido o movimiento político debía contar con personería jurídica, que le adscribía
el Acto Legislativo 01 de 2003. En consecuencia, dispuso que «[…] en ningún caso se
permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento
político».

La Sección Quinta de esta Corporación ha estructurado una línea jurisprudencial en
materia de contenido, alcance y modalidades por las que se puede configurar la
prohibición de la doble militancia17, para distinguir 5 hipótesis relacionadas con los sujetos
a quienes va dirigida:

i) Los ciudadanos: En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer
simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica. (Inciso
2º del artículo 107 de la Constitución Política)

ii) Quienes participen en consultas: Quien participe en las consultas de un partido o
movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo
proceso electoral. (Inciso 5º del artículo 107 de la Constitución Política)

iii) Miembros de una corporación pública: Quien siendo miembro de una corporación pública
decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la
curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones. (Inciso 12 del artículo
107 de la Constitución Política)

iv) Miembros de organizaciones políticas para apoyar candidatos de otra organización:
Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro
de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o
corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por
el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten
electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán

16 «Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los

procesos electorales y se dictan otras disposiciones».
17 Sobre la prohibición de la doble militancia, consultar las siguientes providencias de la Sección Quinta del Consejo

de Estado: sentencia del 31 de enero de 2019. Expediente 110001-03-28-000-2018-00008-00. C.P. Rocío Araújo
Oñate; sentencia del 29 de septiembre del 2016. Expediente 730001-23-33-000-2015-00806-01. C.P. Alberto Yepes
Barreiro; sentencia del 20 de noviembre de 2015. Expediente 11001-03-28-000-2014-00091-00; y sentencia del 28 de
septiembre de 2015. Expediente 11001-03-28-000-2014-00057-00, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden
presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán
renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones. (Inciso
2º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011)

v) Directivos de organizaciones políticas: Los directivos de los partidos y movimientos
políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro
partido o movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los
órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de
postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos (Inciso 3º del
artículo 2º de la Ley 1475 de 2011) 18.

En relación con la primera modalidad de doble militancia esta Sección ha explicado que
«[…] hablando específicamente de la pertenencia simultánea a dos partidos o
movimientos políticos, como causal de nulidad de un acto electoral surgido como
consecuencia del voto popular, se materializa al momento de la inscripción de la
candidatura»19.

De la misma manera, la Corte Constitucional, en sentencia C-334 del 4 de junio de 2014,
en la que declaró inexequible la expresión: «al momento de la elección», contenida en el
numeral 8º del artículo 275 y en el literal a) del numeral 1º del artículo 277 de la Ley 1437
de 2011, dispuso:

4.4.9. Algunos intervinientes solicitan declarar la exequibilidad condicionada, pues
consideran que de todas formas la causal de anulación debe tener un parámetro temporal
acorde con las reglas superiores. Dado que las reglas contenidas en la Constitución y la
Ley Estatutaria son suficientes y adecuadas para establecer con objetividad y certeza
cuándo un candidato incurre en doble militancia, este tribunal considera que no es del caso
declarar exequible una expresión contraria a las reglas superiores, condicionando su
exequibilidad a una interpretación que es contraria a su tenor literal y que no corresponde
a su sentido. Y así lo considera porque si la expresión demandada se declara inexequible,
como en efecto se hará, no se genera ningún vacío jurídico, ya que se debe aplicar de
manera directa las reglas previstas en la Constitución y en la Ley Estatutaria 1475 de 2011,
según las cuales la doble militancia se configura al momento de la inscripción y no al
momento de la elección.

Ahora bien, la Sala Electoral también ha establecido que los elementos de la doble
militancia en la modalidad de permanencia simultánea a agrupaciones políticas, son: i)
un sujeto activo: los ciudadanos; ii) una conducta prohibitiva consistente en pertenecer a
más de una organización política; y iii) un elemento temporal, según el cual la pertenencia
a más de una agrupación debe ser simultánea, concurrente o concomitante y en el caso
de que se pretendan derivar consecuencias de nulidad electoral, que se presente al
momento de la inscripción de la respectiva candidatura.

Por último, cabe destacar que, aunque la normativa aplicable a esta modalidad de doble
militancia expresa la prohibición de pertenecer de manera simultánea a más de un partido
político, «[…] no existe un deber temporal – como si ocurre con los directivos – que le

18 Ver entre otras: Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 24 de noviembre de 2016. Expediente 52001-23-

33-000-2015-00841-01. C.P. Alberto Yepes Barreiro; sentencia del 13 de enero de 2017. Expediente 11001-03-28-
000-2016-00005-00. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
19 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 13 de enero de 2017. Expediente 11001-03-28-000-2016-00005-

00. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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imponga al ciudadano retirarse con un tiempo determinado –12 meses– si decide
inscribirse a otra colectividad para así no estar inmerso en doble militancia»20.

2.5. La causal de inhabilidad por ejercicio de autoridad del artículo 43, numeral 2
de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000

Las inhabilidades están erigidas como especiales condiciones objetivas que pueden
recaer sobre una persona y que tienen como único fin que quienes accedan o estén en
la función pública, desempeñen su cargo bajo los criterios de igualdad, eficiencia,
moralidad e imparcialidad, garantizando de esta forma la prevalencia de los intereses
generales de la comunidad sobre los personales21.

En este sentido, las diferentes circunstancias que configuran una inhabilidad examinan
la órbita personal del aspirante o servidor en ejercicio, de manera que «auscultan en los
antecedentes personales, las relaciones familiares, el ejercicio profesional y las
actividades lucrativas del interesado»22.

Acorde con lo anterior, al constituir las inhabilidades una restricción al derecho de acceso
a cargos públicos, la Constitución Política de 1991 dispuso que el desarrollo de su
régimen jurídico tiene una cláusula de reserva legal, lo cual ha sido enfatizado por parte
de esta Corporación, estableciéndose en diferentes oportunidades que el único facultado
para estructurar las circunstancias especiales que limitan el referido derecho es el
legislador23.

Tratándose de los concejales municipales y distritales, la Ley 136 de 1994 enunció
causales inhabilitantes de estos servidores públicos para inscribirse o ser elegidos como
tales. En relación con el supuesto de hecho objeto de estudio, se tiene que el mismo fue
dispuesto con el siguiente tenor literal:

ARTÍCULO 43. INHABILIDADES. <Artículo modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de
2000. El nuevo texto es el siguiente:> No podrá ser inscrito como candidato ni elegido
concejal municipal o distrital:
[…]

2. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido
como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el
respectivo municipio o distrito, o quien, como empleado público del orden nacional,
departamental o municipal, haya intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de
recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el
respectivo municipio o distrito.

20 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 19 de abril de 2021. Expediente 73001-23-33-000-2019-00473-

01. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
21 Corte Constitucional. Sentencia C-564 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell. Ver también: Sentencias C-558 de

1994 M.P. Carlos Gaviria Díaz y C-483 de 1998 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
22 OSORIO CALDERÍN, Ana Carolina, Manual de Inhabilidades Electorales, 2ª Edición, Grupo Editorial Ibáñez, 2014,

p. 24.
23 Sentencia Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 19 de septiembre de 2013. Expedientes

110010328000201200051-00, 110010328000201200052-00 110010328000201200057-00 Acumulado. C.P. Alberto
Yepes Barreiro.

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En lo que interesa a este caso, en cuanto al ejercicio de autoridad, de la norma que se
aduce desconocida se pueden extraer los siguientes elementos estructuradores, a
saber24:

a. Un elemento objetivo dado por el ejercicio de un empleo público […] con autoridad […]
civil, administrativa […].

b. Un elemento temporal que está dado por los 12 meses anteriores a la elección
cuestionada.

c. Un elemento espacial o territorial que se refiere al respectivo municipio o distrito donde
es elegida la persona de quien se predica la inhabilidad, el cual debe coincidir con aquel en
el cual se ejerció anteriormente un empleo público con autoridad.

En primer lugar, resulta pertinente recordar qué se entiende por el ejercicio de un empleo
público. Para ello, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 123 de la Constitución Política, los servidores públicos se clasifican en miembros
de las corporaciones públicas y empleados [públicos] y trabajadores [oficiales] del
Estado.

Es decir, los empleados públicos son una especie de servidores públicos que se
encuentran vinculados con el Estado, por regla general, a través de una relación legal y
reglamentaria25.

Ahora bien26, en cuanto al ejercicio de autoridad administrativa, la Sala Plena del Consejo
de Estado y esta Sección27 han acudido, «[…] para efectos de precisar los elementos que
caracterizan este poder […] no con carácter analógico sino a título de referente
conceptual»28, a la definición plasmada en el artículo 190 de la Ley 136 de 1994, que
dispone:

ARTÍCULO 190. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Esta facultad además del alcalde, la
ejercen los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los
gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes de las unidades
administrativas especiales, como superiores de los correspondientes servicios municipales.

También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o
convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones, licencias
no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar horizontal o
verticalmente los funcionarios subordinados reconocer horas extras, vincular personal
supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los funcionarios que hagan
parte de las unidades de control interno y quienes legal o reglamentariamente tengan
facultades para investigar las faltas disciplinarias.

24 Consejo de Estado. Sección Quinta. Providencia del 29 de abril de 2021. Expediente 23001-23-33-000-2019-00461-

01. C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
25 Consejo de Estado. Sección Quinta. Providencia del 11 de marzo de 2021. Expediente 05001-23-33-000-2019-

03154-01. C.P. Dr. Luis Alberto Álvarez Parra.
26 Consejo de Estado. Sección Quinta. Expediente 23001233300020230019101. Providencia del 7 de marzo de 2024.

C.P. Luis Alberto Álvarez Parra (E).
27 Consejo de Estado. Quinta. Expediente 2007-00800. Sentencia del 20 de febrero de 2009. C.P. Susana Buitrago

Valencia; Expediente 2007-00704-02. Sentencia del 19 de marzo de 2009. C.P. Susana Buitrago Valencia.
28 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 30 de noviembre de 2010.

Expediente 23001-23-31-000-2008-00087-03(IJ). M.P. Susana Buitrago Valencia.

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Rad: 68001-23-33-000-2023-00847-01

Conforme con lo anterior, en lo que concierne a la autoridad administrativa, la Sección
Quinta del Consejo de Estado29 ha aceptado que a esta noción puede arribarse a través
de un criterio funcional que, a partir del análisis casuístico de las competencias
atribuidas a un cargo, permita obtener la certeza de que el titular de la función detenta la
autonomía decisoria requerida; o mediante el uso de un criterio orgánico, que se ocupa
de desentrañar, tomando como base la ubicación jerárquica del empleo, el ejercicio de
la dirección administrativa que la caracteriza, cristalizada, se itera, en poderes de mando.

Lo anterior, en consonancia con la decisión del 9 de septiembre de 2005 30, mediante la
cual esta Sala dispuso:

Es claro, entonces, que para establecer si el ejercicio de determinado cargo público implica
el ejercicio de autoridad administrativa, puede acudirse, o bien a un criterio orgánico, o
bien a un criterio funcional. En virtud del primero, es posible entender que el ejercicio de
determinado cargo conlleva el ejercicio de autoridad administrativa por tratarse de aquellos
que, de conformidad con la ley, implican dirección administrativa, por ser ésta es (sic)
una manifestación de dicha autoridad. Y, acudiendo al segundo, será posible concluir que
las funciones propias de un determinado cargo implican el ejercicio de dicha autoridad, en
atención al análisis que de dichas atribuciones haga el juzgador en el caso concreto».
[Negrilla fuera de texto].

Así, desde el enfoque funcional, la jurisprudencia31 ha admitido que comportan autoridad
administrativa, de conformidad con el artículo 190 ibidem:

• La celebración de contratos o convenios.
• La ordenación de gastos u horas extras.
• La autorización de comisiones, licencias no remuneradas, el decreto de
vacaciones y su suspensión.
• El traslado horizontal o vertical de los funcionarios subordinados.
• La vinculación de personal supernumerario o el establecimiento de una nueva
sede al personal de planta.
• Hacer parte de las unidades de control interno o investigar las faltas disciplinarias.

Lo anterior, sin que se trate de un listado taxativo, pues el catálogo de funciones que
implican el ejercicio de este tipo de autoridad, puede verse ampliado, siempre y cuando,
las competencias analizadas cumplan las condiciones hasta aquí referidas, esto es, que
se constituyan en manifestaciones propias de la facultad decisoria atribuida al cargo, y
cuyo propósito sea el cumplimiento de los fines esenciales del órgano administrativo al
que se encuentra adscrito, ya que, como lo ha advertido la Sala Plena de esta
Corporación32, la autoridad administrativa es:

[…] aquella que ejercen quienes desempeñan cargos de la administración nacional,
departamental y municipal o de los órganos electorales y de control que impliquen poderes
decisorios de mando o imposición sobre los subordinados o la sociedad. La autoridad
administrativa, comprende, entonces, las funciones administrativas de una

29 En reciente decisión, esta Sección ratificó el uso de los denominados criterios: Consejo de Estado. Sección Quinta.

Auto del 1° de octubre de 2020. Expediente 50001-23-33-000-2020-00012-01 acumulado. C.P. Rocío Araújo Oñate.
30 Consejo de Estado. Sección Quinta. Expediente 41001-23-31-000-2003-01299-02(3657). C.P. Filemón Jiménez

Ochoa.
31 Consejo de Estado. Sección Quinta. Auto de 15 de octubre de 2020. Expediente 70001-23-33-000-2020-00035-01.

C.P. Rocío Araújo Oñate.
32 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 27 de agosto de 2002. Expediente

11001-03-15-000-2001-0161-01(PI-025). C.P. Darío Quiñones Pinilla.

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connotación como la descrita y excluye las demás que no alcanzan a tener esa
importancia. [Se resalta por la Sala].

Con miras a analizar la configuración de esta causal de inelegibilidad, en todo caso se
debe examinar que los elementos anteriormente señalados se presenten de manera
concurrente y, en caso de que no sea así, se entenderá que no se materializó. Teniendo
claros los requisitos estructuradores de la inhabilidad endilgada al demandado, se entrará
a revisar el caso particular33.

2.6 Inhabilidad de los(as) concejales por gestión de negocios ante entidades
públicas

Tratándose de concejales, el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 dispone lo
siguiente:

ARTÍCULO 43. INHABILIDADES. <Artículo modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de
2000. El nuevo texto es el siguiente:> No podrá ser inscrito como candidato ni elegido
concejal municipal o distrital:
[…]

3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de
negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de
contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre
que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así
mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que
administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios
públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo
municipio o distrito [Se resalta].

Ahora, a pesar de la identidad de propósito y que, por lo general, las gestiones ante las
entidades públicas apunten a la celebración de contratos, es importante no perder de
vista que se trata de causales de inhabilidad autónomas e independientes, referidas a
conductas que ocurren en diferentes momentos y se manifiestan de formas distintas.

Respecto de la inhabilidad por intervención en la gestión de negocios ante entidades
públicas, la jurisprudencia ha identificado cuatro (4) presupuestos para su
configuración34:

(i) Un elemento temporal, referente a la fecha de la elección y que se extiende durante el
año que la precede35.

(ii) Un elemento geográfico, que dirige la atención al lugar donde se gestionaron los
negocios lo cual debe coincidir con el municipio o distrito de la elección respectiva.

33 Consejo de Estado. Sección Quinta. Providencia del 7 de marzo de 2024. Expediente 23001233300020230019101.

C.P. Luis Alberto Álvarez Parra (E).
34 Ver entre otras: Consejo de Estado. Sección Quinta. expediente Radicado No. 11001-03-28-000-2014-00051-00,

sentencia de 3 de agosto de 2015. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, demandada: Ana María Rincón
Herrera, Representante a la Cámara por el departamento del Huila. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Quinta. Expediente 66001-23-33-000-2015-00475-01, providencia del 25 de agosto de 2016.
M.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro.
35 En el caso de los congresistas, este plazo está previsto en seis (6) meses antes de la elección, como se observa

en el numeral 3 del artículo 179 de la Constitución Política.

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(iii) Un elemento material u objetivo, referido a las actuaciones concretas y comprobadas
del demandado ante la entidad pública para lograr un fin patrimonial o extra patrimonial,
independientemente de su éxito.

(iv) Un elemento subjetivo, relacionado con el interés propio o de terceros que motiva las
gestiones adelantadas.

En particular, respecto del elemento material u objetivo, la intervención en la gestión de
negocios se ha relacionado con una conducta personal y activa del futuro candidato ante
una entidad pública con la que aspira a celebrar un negocio jurídico u obtener una
respuesta favorable frente a un interés patrimonial o extrapatrimonial.

Ahora bien, no toda diligencia que se adelante con una autoridad configura la causal,
pues debe tratarse de una conducta útil, trascendente y potencialmente efectiva, para
cuya valoración también interesa el móvil, causa o aspecto modal36. De ahí que las
actuaciones que se atribuyan al demandado deban estar debidamente probadas y no ser
el resultado de meras inferencias o deducciones subjetivas.

Adicionalmente, en estas gestiones se puede intervenir en nombre e interés propio, como
apoderado, agente oficioso «o cualquier otra figura que permita asumir la defensa de
intereses ajenos»37. Asimismo, la Sala Electoral ha advertido que la conducta proscrita
implica un intercambio que requiere una reacción o respuesta por parte de la entidad
pública, aunque esta sea negativa38.

Con base en estos lineamientos conceptuales, se ha considerado como «intervención en
la gestión de negocios» ante entidades públicas, por ejemplo, la influencia que ejerció un
candidato al concejo para obtener la vinculación de un tercero por contrato con el
municipio39, la participación de un aspirante en la autorización que dio la junta directiva
de una empresa para postularse como contratista de entidad pública40, y las instrucciones
impartidas por el candidato al mandatario de una sociedad sobre el alcance de su oferta
en el marco de un proceso de contratación41.

De otra parte, ha sido tesis reiterada de esta Corporación42 precisar que, cuando la
gestión de negocios es exitosa para el acuerdo de voluntades, únicamente se examina
la causal de inhabilidad de intervención en la celebración de contratos. Por el contrario,
si la actividad precontractual no prospera, entonces el reparo se analiza como gestión de
negocios propiamente dicho43.

36 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 21 de abril de 2009, Rad. 11001-

03-15-000-2007-00581-00. Sección Primera, sentencia de 6 de octubre de 2017, Rad. 63001-23-33-000-2016-00327-
01. Sección Quinta, sentencia de 11 de agosto de 2016, Rad. 50001-23-33-000-2015-00647-01.
37 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 23 de octubre de 2008, Rad. 07001-23-31-000-2007-00083-01.
38 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 7 de marzo de 2013, Rad. 52001-23-31-000-2011-00664-01.
39 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 12 de agosto de 2010, Rad. 08001-23-31-000-2010-00025-01.
40 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 10 de noviembre de 2005, Rad. Int. 2174-3175-3180.
41 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 24 de mayo de 2007, Rad. 25001-23-15-000-2006-00210-01.
42 Consejo de Estado, Sala 17 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia de 27 de noviembre de 2020,

Rad. 11001-03-15-000-2020-02883-00 M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Sala Primera Especial de Decisión de
Pérdida de Investidura, sentencia de 19 de febrero de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2018-02417-00. M.P. María
Adriana Marín. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 12 de agosto de 2021, Rad. 15001-23-33-000-2019-
00630-01. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 18 de noviembre de 2021,

Rad: 05001-23-33-000-2021-00312-02. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

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2.7 Caso concreto

Como viene de explicarse, la Sala deberá resolver si hay lugar a confirmar, modificar o
revocar la decisión del Tribunal Administrativo de Santander que negó las pretensiones
de la demanda, al considerar que, no se configuró la simultaneidad de militancia, dado
que el demandado presentó su renuncia al Movimiento Alternativo Indígena y Social
(MAIS) el 16 de junio de 2023, esto es, mucho antes de las inscripciones de las listas de
candidatos a las elecciones territoriales.

De la misma forma, argumentó que el accionado no ejerció autoridad administrativa
durante el periodo inhabilitante, porque, por una parte, no tenía la calidad de servidor
público y, por otra, suscribió actas de informes parciales de supervisión, restringidas al
lapso durante el cual desempeñó el cargo de tesorero, cuyo ejercicio de la función pública
no abarca el año anterior a las elecciones.

Al respecto, la demandante, en su recurso, sostiene que, aunque el señor Jirson Aguillón
Ramírez presentó su renuncia al MAIS, lo cierto es que solo hasta el 10 de enero de 2024
el secretario de esa colectividad certificó la dimisión, lo que demuestra la doble militancia,
al haber sido avalado para los comicios del 29 de octubre de 2023 por el Partido Liberal
Colombiano, en el cual no demostró su permanencia mínima de un año como afiliado,
previo a la inscripción.

En cuanto a la inhabilidad por ejercer cargo con funciones de autoridad administrativa,
considera que es restrictivo afirmar que solo se puede atribuir a quien ostenta la calidad
o la vinculación de funcionario, cuando es evidente que el demandado ejerció sus
funciones de tesorero con posterioridad a su renuncia al empleo, como se evidencia en
las actas de informes parciales de supervisión de actividades que suscribió.
Adicionalmente, por las mismas razones, aduce que fue desconocido el numera 3° del
artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000,
relativo a la intervención en gestión de negocios.

Sobre el particular, se recuerda que la competencia del juez de segunda instancia se
encuentra limitada a los argumentos expuestos en el recurso de apelación, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 320 y 328 del CGP44, aplicables por

44 «ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la

cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión […] [Se resalta].

ARTÍCULO 328 COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el
superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y
ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia».

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remisión de los artículos 296 y 306 del CPACA, por lo tanto, la Sala se pronunciará
exclusivamente en relación con los reparos concretos formulados por la recurrente.

Comoquiera que la demandante propuso tres causales de nulidad diferentes contra el
acto de elección, a continuación, la Sala las estudiará de manera separada.

2.7.1 De la simultaneidad en la militancia

De las pruebas aportadas al expediente, se tiene que, el 16 de junio de 2023, el señor
Jirson Aguillón Ramírez presentó su renuncia irrevocable «[…] como integrante del […]
Movimiento Alternativo Indígena y Social “MAIS”, […] [por] circunstancias netamente
personales […]»; carta en la que consta la firma de recibido del secretario municipal y del
presidente45, integrantes del Comité Ejecutivo de Floridablanca.

Aunado a lo anterior, según certificación expedida el 10 de enero de 2024, por el aludido
comité, el demandado presentó su dimisión el 16 de junio de 2023 a las 6:30 pm, la cual
fue aceptada por parte del directorio de Floridablanca46.

Igualmente, se advierte que, el 18 de diciembre de 202347, la secretaria general del MAIS
– nacional– dejó constancia en la cual expuso que no encontró la renuncia del accionado
en el correo oficial ni en la mentada secretaría. No obstante, el 5 de febrero de 2024, en
respuesta48 aclaró:

Luego, el 10 de julio de 2023, el accionado se afilió al Partido Liberal Colombiano y
presentó ante este el «formulario único de solicitud de aval».

A su vez, se constata que el delegado del director nacional de la referida agrupación
política emitió una constancia con la cual modificó el aval para el concejo municipal de
Floridablanca, para las elecciones de autoridades locales a celebrarse el 29 de octubre
de 2023, con un listado de militantes que relacionó, dentro de los cuales se encuentra el
accionado.

45 Obra en el plenario la Resolución CM-0098 de 2 de mayo de 2023, a través de la cual se reconoció el Comité

Ejecutivo Municipal del MAIS en Floridablanca, en ella se indican los nombres de sus miembros, dentro de los que se
expresan los del presidente y del secretario municipal.
46 No fue aportada la prueba que contiene la decisión del MAIS de aceptar la renuncia.
47 Respuesta a una petición formulada por un ciudadano que reposa en el expediente y no fue tachada.
48 Ibidem.

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Dicho aval se materializó en el formulario E-6 CO, cuando el demandado fue inscrito en
la lista de candidatos al Concejo Municipal de Floridablanca por el Partido Liberal
Colombiano el 29 de julio de 2023, lo cual fue corroborado con el E-8 CO.
Conforme a lo consignado en el formulario E-26 CON de 29 de octubre de 2023, el
accionado fue elegido concejal del municipio de Floridablanca, por el Partido Liberal
Colombiano.

Así las cosas, resulta del caso precisar que, con fundamento en el inciso primero del
artículo 107 de la Constitución Política, que garantiza a todos los ciudadanos «[…] la
libertad de afiliarse a ellos o de retirarse», esta Sección ha definido la renuncia a un
partido o movimiento político como «un retiro o abandono consiente (sic) y discrecional a
continuar representando los intereses de aquel en el cual una persona natural se
encuentra militando»49 y ha destacado los siguientes elementos:

• La característica principal del acto de renuncia es la voluntad propia, de modo que quien
la exprese, no puede ser compelido a permanecer en las filas de una organización política,
porque, lo contrario, significaría un grave desconocimiento de la Constitución Política50.

• Para que la renuncia surta efectos no puede estar sujeta a que sea aceptada por la
colectividad51, por tanto, basta con el hecho de informar el deseo de abandonarla52.

• Con el fin de establecer que una persona no milita en determinado partido, únicamente es
necesario que, de manera expresa, clara e inequívoca y a través de cualquier medio,
informe a la organización política que es su deseo libre y espontáneo dejar de pertenecer
a ese partido o movimiento político53.

• La renuncia a la colectividad política, en el caso de los militantes, se entiende aceptada
con el hecho de presentarla ante la respectiva agrupación política a la cual pertenece el
interesado54.

• La aceptación de la renuncia es un trámite meramente formal55, pues la carga del militante
se agota cuando informa su deseo abandonar la colectividad56.

• Para conocer si una persona ha dejado las filas del partido o movimiento político al cual
se encontraba vinculada, es suficiente establecer con certeza el día en que presentó la
renuncia, sin necesidad de que esta haya sido aceptada o no por la colectividad57.

• Para que la renuncia tenga la potencialidad de enervar la prohibición de doble militancia,
acá analizada, aquella debe romper con la simultaneidad de la conducta, de forma que debe

49 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 3 de noviembre de 2017. Expediente: 200012339000201600591-

02. C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
50 Ibidem.
51 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 6 de mayo de 2021. Expediente: 08001-23-33-000-2019-00820-

01. C.P. Rocío Araújo Oñate.
52 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 8 de septiembre de 2016. Expediente: 2015-00361-01. C.P.

Alberto Yepes Barreiro. Reiterada en sentencias del 6 de octubre de 2016. Expediente: 05001-23-33-000-2015-02592-
01 y del 3 de noviembre de 2017. Expediente: 200012339000201600591-02. C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
53 Ibidem.
54 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 6 de octubre de 2016. Expediente: 05001-23-33-000-2015-02592-

01. C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
55 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencias del 8 de septiembre de 2016. Expediente: 2015-00361-01. C.P.

Alberto Yepes Barreiro y del 6 de mayo de 2021. Expediente: 08001-23-33-000-2019-00820-01. C.P. Rocío Araújo
Oñate.
56 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 6 de mayo de 2021. Expediente: 08001-23-33-000-2019-00820-

01. C.P. Rocío Araújo Oñate.
57 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 3 de noviembre de 2017. Expediente: 200012339000201600591-

02. C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

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presentarse ante la organización política respectiva antes de la inscripción al nuevo partido
o movimiento político58.

De allí que, con la sola presentación de la dimisión por parte del demandado se evidenció
su deseo de dejar de ser militante del partido político MAIS, sin que su permanencia en
este dependiera de la fecha en que fue aceptada la renuncia y, mucho menos, de cuando
fue expedida la certificación por parte de la organización política, en la que se dejó
constancia de tal hecho, como lo sugiere la recurrente.

Refuerza el anterior argumento, que en los mismos estatutos de la citada agrupación
política se enuncie que uno de los derechos de sus afiliados es el de «[d]esafiliarse
libremente del movimiento»59.

Luego entonces, es palmario que, en este caso, el accionado presentó su renuncia clara,
expresa e inequívoca a la colectividad desde el 16 de junio de 2023, por ende, para el
momento de la inscripción de su candidatura, el 29 de julio del mismo año, por el Partido
Liberal Colombiano, no había simultaneidad en la militancia, con lo cual, no incurrió en la
prohibición invocada por la recurrente.

Ahora bien, en cuanto al argumento de la accionante, según el cual el señor Jirson
Aguillón Ramírez no militó en el Partido Liberal Colombiano el tiempo requerido para que
este le hubiese otorgado el aval, conforme a sus estatutos60, «[…] no resulta relevante
para efectos de la configuración de la prohibición de doble militancia que se predica en
esta instancia, la cual, tiene un desarrollo constitucional y legal específico, determinando
los elementos que la estructuran y que resultan aplicables de forma restrictiva, los cuales
exigen demostrar que, al momento de la inscripción, se presentó la conducta que
reprocha la norma»61.

Sumado a ello, como se analizó en el marco jurídico de esta providencia, las normas
aplicables a esta modalidad de doble militancia no exigen de manera expresa el deber
del ciudadano de retirarse de una organización política con un tiempo de antelación, si
decide inscribirse por otra colectividad; por ello, no puede entenderse que el supuesto
incumplimiento del término fijado en los estatutos de un partido, para otorgar un aval,
tenga la potencialidad de enervar la elección de un concejal elegido, puesto que, no
encuadra en ninguna prohibición legal ni constitucional.

En este punto, se recuerda que las directrices que los estatutos de las colectividades
fijan, muchas veces son aplicables a los militantes en el ámbito interno, pudiendo motivar
cuestionamientos del comité de ética partidista o algunas sanciones tan solo dentro del
esquema del corporativo, pero resulta ajeno al Estado social de derecho y a los principios

58 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 8 de septiembre de 2016. Expediente: 2015-00361-01. C.P.

Alberto Yepes Barreiro.
59 Artículo 10 «Derechos de los afiliados» de los Estatutos del Movimiento Alternativo Indígena (MAIS).
60 «Artículo 96- REQUISITOS PREVIOS PARA EL AVAL- Los miembros de la colectividad que deseen recibir el aval

del Partido Liberal para aspirar a un cargo de elección popular o para optar a un nombramiento o elección estatal en
nombre del mismo, deberán cumplir los siguientes requisitos;
1. Ser militante del Partido por lo menos con un año de antelación al momento de solicitar el aval. Para el caso de los
concejos municipales y los miembros de las juntas administradoras locales, será de seis meses.
[…]».
61 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 8 de agosto de 2024. Expediente: 23001-23-33-000-2024-00009-

01. C.P. Gloria María Gómez Montoya.

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democráticos que, por vía de las previsiones que los rigen, tengan la posibilidad de
establecer inhabilidades o prohibiciones como la doble militancia o establecer requisitos
diferentes o adicionales, pues únicamente tienen origen en la ley o en la Constitución
Política.

Por consiguiente, lo que podría derivarse de esa situación, a lo sumo, serían sanciones
al interior del partido político, a quien otorgó el aval sin el lleno de los requisitos,
concretamente por la inobservancia de la permanencia temporal previa, controversia que
escapa el asunto jurídico de competencia de esta Sala Electoral.

2.7.2 De la inhabilidad por ejercicio de autoridad

Conforme al material probatorio aportado al proceso, se advierte que, por medio de
Resolución 292 del 4 de febrero de 2020, el señor Jirson Aguillón Ramírez fue designado
por el alcalde del municipio de Floridablanca como tesorero general, nivel profesional,
código 201, grado 09, adscrito a la Secretaría de Hacienda del Municipio de
Floridablanca. Empleo del cual tomó posesión el 5 de febrero siguiente.

El demandado renunció al mencionado cargo el 4 de octubre de 2022; decisión que fue
aceptada por el nominador, mediante Resolución 4467 del 19 siguiente, con efectos a
partir del 21 de los mismos mes y año.

Se constata que, unos días después, concretamente, el 24 de octubre de 2022, el señor
César Augusto Duarte Arias se posesionó en el empleo de tesorero general, nivel
profesional, código 201, grado 09, conforme al nombramiento efectuado con Resolución
4501 de la misma fecha, en reemplazo del accionado.

De acuerdo con ello, según certificado del secretario general de la Alcaldía de
Floridablanca, el pago de nómina de los meses de noviembre y diciembre de 2022 de los
empleados de este municipio fue autorizado y contó con la firma y tokens de identificación
del señor César Duarte, en su condición de tesorero.

Por su parte, el 15 de diciembre de 2023, el profesional universitario del Área de Talento
Humano de la Alcaldía de Floridablanca dejó constancia de la siguiente información:

Ahora bien, dentro de las funciones que la demandante aduce que el concejal electo
realizó después de la aceptación de su dimisión, se evidencia el «acta informe parcial y
supervisión de actividades», del 22 de octubre de 202262, suscrita por el accionado,
respecto del contrato de prestación de servicios 1840-2022-CO1.PCCNTR.3884120
celebrado con la señora Milena Lizcano Yáñez, en el cual se dejó constancia que la

62 Que en todo caso está fuera del periodo inhabilitante.

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contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones contraídas. Sin embargo, en ella se
expresa:

Más adelante, en el mismo documento, se verifica que el periodo cumplido de ejecución
del 22 de octubre al 17 de noviembre de 2022 fue firmado por el señor César Augusto
Duarte Arias, como tesorero del municipio de Floridablanca.

Lo mismo se evidencia en las actas «informe parcial y supervisión de actividades» de los
contratos de prestación de servicios 1773-2022CO1.PCCNTR.3872905 y 2541-2022-
CO1.PCCNTR.4092989 del 21 de octubre y 2 de noviembre de 2022, en su orden, en los
que se establece que el demandado supervisó la ejecución de los negocios jurídicos
hasta el 21 de octubre de 2022.

En cuanto al «informe final de actividades y certificado de supervisor», suscrito dentro del
contrato 2479-2022-CO1.PCCNTR.4070 del 29 de septiembre de 2022, se advierte que,
si bien fue expedido el 10 de noviembre de 2022, en su contenido se establece el periodo
cumplido de ejecución, en el cual el demandado fue el tesorero municipal, así:

En la referida acta, se deja constancia que, durante el periodo restante de ejecución del
contrato, el señor César Augusto Duarte Arias fungió como tesorero, como sigue:

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Además, en ese documento se manifiesta que el sustento de su contenido es «[…] el
informe presentado por el Contratista respecto a las actividades ejecutadas en el presente
contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados
por parte de la Alcaldía de Floridablanca y tomando como base la presente Acta Parcial
se certifican las actividades realizadas».

Resulta pertinente aclarar que en los citados documentos se dejó constancia que su
emisión se debía a la «renuncia del supervisor», es decir, del señor Jirson Aguillón
Ramírez.

Sobre el particular, el tesorero de la Alcaldía de Floridablanca, César Augusto Duarte
Arias, el 29 de diciembre de 2023, en respuesta a una petición radicada por el
demandando63, expresó:

[…]

63 Petición y respuesta incorporadas como pruebas al proceso, en primera instancia.

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En ese orden de ideas, esta Sección Electoral colige que, contrario a lo afirmado por la
recurrente, el accionado ejerció el cargo de tesorero general, nivel profesional, código
201, grado 09, adscrito a la Secretaría de Hacienda del Municipio de Floridablanca hasta
el 21 de octubre de 2022, fecha a partir de la cual fue aceptada su dimisión.

Al respecto, es imperioso recordar que la renuncia64, en el caso de los funcionarios, ha
sido concebida como el acto en virtud del cual una persona expresa, de manera escrita,
su voluntad espontánea, consciente e inequívoca de separarse del empleo público y
cesar en el ejercicio del cargo al cual fue legalmente vinculado, de conformidad con la
normativa aplicable, Decreto 1083 de 201565.

En consecuencia, como lo sostuvo el a quo, con la presentación y aceptación de la
renuncia, el demandado decidió apartarse de su cargo, de modo que, entre el 29 de
octubre de 2022 y el 29 de octubre de 2023 (periodo inhabilitante) no tenía la calidad de
empleado público que exige la norma y, con ello, no se cumple el elemento temporal
contenido en la causal invocada, lo que hace innecesario el estudio del ejercicio de
autoridad civil o administrativa.

Cabe anotar que, frente a la inhabilidad planteada, al juez le corresponde establecer si la
situación fáctica puede o no subsumirse en la norma señalada como desconocida. En
efecto, debe tenerse en cuenta el principio de interpretación restrictiva que rige en materia
electoral, según el cual las inhabilidades e incompatibilidades no pueden aplicarse de
manera genérica por extensión ni analogía, toda vez que implican la restricción de
derechos fundamentales y políticos.

Sobre la materia, la Sección Quinta de manera reiterada ha sostenido 66:

Por lo anterior, la Sala considera que, en atención con las limitaciones a los derechos
políticos que se derivan de las inhabilidades e incompatibilidades, se ha establecido que,
respecto de su aplicación, es necesario observar los criterios de interpretación restrictiva y
no la analógica o extensiva. Este criterio fue reiterado, en la sentencia del 11 de julio del
201967 y retomado, entre otros, en los fallos de 22 de abril y 5 de agosto de 202168, al indicar
que “[l]a Sección Quinta ha sido constante en reiterar que en la medida en que las
inhabilidades implican la afectación del derecho fundamental a la participación política, en

64 El Decreto 1083 de 2015 establece: «ARTÍCULO 2.2.11.1.3 Renuncia. Toda persona que sirva un empleo de
voluntaria aceptación puede renunciarlo libremente en cualquier tiempo.
La renuncia se produce cuando el empleado manifiesta por escrito, de forma espontánea e inequívoca, su decisión de
separarse del servicio.
[…]
La renuncia regularmente aceptada la hace irrevocable.
Presentada la renuncia, su aceptación por la autoridad competente se producirá por escrito, y en el acto administrativo
correspondiente deberá determinarse la fecha en que se hará efectiva, que no podrá ser posterior a treinta (30) días
de su presentación.
[…]».
65 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública». Norma aplicable,

conforme al artículo 2.2.5.1 del Título 5°, modificado por el artículo 1 del Decreto 648 de 2017, que tiene «[…] por
objeto reglamentar el régimen de administración de personal, la competencia y procedimiento para el nombramiento,
posesión y revocatoria del nombramiento, vacancia y formas de provisión de los empleos, movimientos de personal y
las situaciones administrativas en las que se pueden encontrar los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder
Público en los órdenes nacional y territorial».
66 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 30 de septiembre de 2021.

Expediente: 66001233300020200049903. M.P. Dra. Rocío Araújo Oñate.
67 Cita del texto original: «Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. M.P. Rocío Araújo

Oñate. Sentencia de 11 de julio de 2019. radicación número 54001-23-33-000-2018-00220-02».
68 Cita del texto original: «Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. M.P. Rocío Araújo

Oñate. Sentencia del 22 de abril de 2021. Radicación Número 15001-23-33-000-2020-00120-01 y Consejo de Estado,
Sección Quinta, sentencia del 5 de agosto de 2021. Rad. 70001-23-33-000- 2020-00035-02, M.P. Rocío Araújo Oñate».

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sus modalidades de ser elegido y acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, la
interpretación de su alcance es restrictiva”69.

Así, entendiendo el criterio de interpretación restrictiva como aquel que busca la aplicación
de la norma a casos concretos70, los jueces, al momento de determinar la ocurrencia de
una inhabilidad o incompatibilidad respecto de quien pretende ocupar un cargo público,
deben limitarse al alcance de los verbos rectores empleados por el legislador “-por ejemplo,
la gestión de negocios-, a las situaciones de orden jurídico que la originan y su prueba plena
-v. gr. el parentesco-, así como a los límites de orden temporal -ejemplo, durante el año
anterior a la elección-, espacial -v.gr. a la jurisdicción donde se llevará a cabo la elección-
y a las calidades respecto de quienes se predican”71.

Esta línea de interpretación conlleva a que dichos condicionamientos se apliquen de forma
concreta a las situaciones o eventos que el constituyente y en su desarrollo el legislador,
según el caso, determinaron como circunstancias de inelegibilidad, sin que para el efecto
puedan considerarse otros distintos.

Con todo, se advierte que el demandado, con posterioridad a su renuncia, no desempeñó
las funciones de tesorero, puesto que, con el fin de suplir la vacante, la Alcaldía de
Floridablanca realizó el respectivo nombramiento ordinario, que como se explicó en
precedencia recayó sobre el señor César Augusto Duarte Arias. Aunado a ello, como fue
objeto de estudio, las firmas del accionado en las actas parciales y final de la supervisión
de los contratos de prestación de servicios y el informe rendido se circunscribieron para
el interregno en el que desempeñó el cargo de tesorero y, en ejercicio de esta investidura,
fungió como supervisor de los negocios jurídicos a su cargo.

Es claro entonces que, desde los enfoques orgánico y funcional, empleados por esta
corporación para determinar si la persona ejerce alguna clase de autoridad, el accionado
estaba legalmente desvinculado del empleo.

Tanto es así que, en lo que atañe a la respuesta de la secretaria general de la Agencia
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, al requerimiento
efectuado por el tribunal, es dable colegir que aunque el usuario del demandado, en la
plataforma SECOP II, estuvo activo hasta el 28 de diciembre de 2023 y realizó algunos
ingresos con este, luego de su renuncia, no hay prueba de que él haya efectuado una
actuación relativa a un proceso contractual u otra actividad propia del que era su empleo
en la Alcaldía de Floridablanca, al punto que se acotó que carece de acceso a la cuenta
de la entidad.

69 Cita del texto original: «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 30

de mayo de 2019, M.P: Carlos Enrique Moreno Rubio, Radicado No. 18001-23-33-000-2018-00194- 01. Consejo de
Estado, Sección Quinta, Sentencia de 14 de marzo de 2019, Radicación 11001 - 03-28-000-2018-00603-00, M.P. Rocío
Araújo Oñate. En cuanto a las condiciones que se deben verificar cuando una persona pretenda el acceso a un cargo
o empleo y su relación con las causales de inhabilidad, consultar: Consejo De Estado, Sección Quinta, sentencia Del
29 de Septiembre de 2016, Rad. 11001-03-28-000-2016-00001-00 (Acumulado), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez. con respecto a la distinción entre las calidades para acceder a un cargo y las causas de inhabilidad,
consultar entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 11 de Marzo de 1999, Radicado 1847, M.P.
Mario Alario Méndez. Acerca del otorgamiento del aval como requisito formal para la inscripción de candidatos,
consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 9 de diciembre de 2013, Radicación 11001-03-28-000-
2013-00037- 00, M.P. Alberto Yepes Barreiro. En cuanto al principio democrático, Ver: Corte Constitucional, Sentencia
de 3 de marzo de 1994, Exp. C-089, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. acerca de la triple finalidad que cumple el requisito
del aval, consultar entre otros: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 11 de Julio de 2013, Rad. 60001-23-
31-000-2012-00004-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro. En cuanto al otorgamiento del aval y el responsable de ello,
consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 13 de Agosto de 2009, Radicación 11001-03-28-000-
2006-00011-00(3944-3957), M.P. Filemón Jiménez Ochoa».
70 Cita del texto original: «Criterio acogido por la sala plena de lo contencioso administrativo en: sentencia del 29 de

enero del 2019. M.P. Rocío Araújo Oñate. radicación 11001-03-28-000-2018-00031-00(su)».
71 Cita del texto original: «Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. M.P. Rocío Araújo

Oñate. Radicación número 15001-23-33-000-2020-00120-01, sentencia de 22 de abril de 2021».

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En efecto, tal situación se refuerza con lo certificado por la secretaria general de la
alcaldía, el 18 de julio de 2024, en el curso del proceso, así:

Luego entonces, aunque el accionado estuvo activo en la plataforma SECOP II, lo cierto
es que, por una parte, no tenía acceso a la cuenta de la entidad, de suerte que no podía
iniciar procesos contractuales en su nombre; y, por otra, no es posible determinar qué
actuación se surtió en las oportunidades en las que ingresó, por lo cual, no es dable
deducir que se trató de la continuación de las funciones de tesorero, cuando lo cierto es
que, se insiste, para ese momento, legal y reglamentariamente ya no era funcionario y el
cargo estaba siendo ejercido por otra persona.

2.7.3 De la inhabilidad por intervención en la gestión de negocios

Finalmente, la parte demandante, de manera subsidiaria, invoca como quebrantada la
causal prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 199472, modificado por el
artículo 40 de la Ley 617 de 2000, por cuanto, según la accionante, el señor Aguillón
Ramírez ejecutó actividades como tesorero y supervisor de contratos hasta el 21 de
noviembre de 2022, esto es, «[…] intervino en la gestión administrativa [sic] ante
entidades públicas del Nivel Municipal […]».

Así las cosas, conforme a los lineamientos expuestos en el marco jurídico de esta
providencia, no se advierte la configuración de la inhabilidad, puesto que, la accionante
la sustenta en que el demandado suscribió actas parciales y finales como supervisor de
contratos, con posterioridad a su retiro como tesorero de la entidad territorial, pero, no
invoca ninguna actividad previa a la celebración de un determinado negocio jurídico
dentro del periodo inhabilitante.

Por consiguiente, pierde de vista la recurrente que, como se explicó, la intervención en la
gestión de negocios hace referencia a las actividades precontractuales, mas no a las
contractuales y mucho menos a las que devienen con posterioridad, relativas, por
ejemplo, a su liquidación.

Bajo tales parámetros, la decisión adoptada por el a quo de negar las pretensiones de la
demanda es correcta, puesto que los cargos propuestos no tienen vocación de
prosperidad; en consecuencia, se confirmará la providencia del 25 de noviembre de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.

72 «ARTÍCULO 43. INHABILIDADES. <Artículo modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000. El nuevo texto es

el siguiente:> No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:
[…]
3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades
públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en
interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o
distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos,
tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el
régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito» [Se resalta].

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Demandante: Magola Puentes Vega
Demandado: Jirson Aguillón Ramírez, concejal de Floridablanca
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Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander el 25 de noviembre de 2024, por medio de la cual negó las pretensiones de la
demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

CUARTO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún
recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx »

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