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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 68001-23-33-000-2023-00799-01

Fecha
8 de mayo de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 68001-23-33-000-2023-00799-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Confírmase la sentencia del 17 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte considerativa del fallo. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia. 19 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: José Alexis Rodríguez Ávila Demandado: Édgar Alexis Olarte Díaz – concejal de Vélez (Santander) Rad: 68001-23-33-000-2023-00799-01

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 68001-23-33-000-2023-00799-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

8 de mayo de 2025

Demandante: José Alexis Rodríguez Ávila
Demandado: Édgar Alexis Olarte Díaz – concejal de Vélez (Santander)
Rad: 68001-23-33-000-2023-00799-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00799-01
Demandante: JOSÉ ALEXIS RODRÍGUEZ ÁVILA
Demandado: ÉDGAR ALEXIS OLARTE DÍAZ – CONCEJAL DE VÉLEZ
(SANTANDER), PERIODO 2024-2027

Tema: Inhabilidad para ser concejal por celebración de contrato –
artículo 43.3 de la Ley 136 de 1994

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la
sentencia del 17 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, por la cual se declaró la nulidad de la elección de Édgar Alexis Olarte
Díaz, como concejal de Vélez, periodo constitucional 2024-2027.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. El ciudadano José Alexis Rodríguez Ávila, a través de apoderado, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral1, consagrado en el
artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, contra el acto de elección de Édgar Alexis Olarte Díaz como concejal
del municipio de Vélez, periodo constitucional 2024-2027, contenido en el formulario
E-26 CON del 1.º de noviembre de 2023. En el escrito se elevaron las siguientes
pretensiones:

1. Se declare la nulidad del acto de inscripción como candidato al concejo del
municipio de Vélez Santander del señor Edgar Alexis Olarte Díaz identificado
con C.C. 13956971 por el partido de la U ante la Registradora Nacional del
Estado Civil.

2. Se declare la nulidad del acto administrativo de elección contenido en
la declaración de elección Acta de Escrutinio Formulario E 26 CON – del día

1 La demanda fue radicada en el Tribunal Administrativo de Santander, el 30 de noviembre de 2023,

según consta en el documento 3 del expediente digital de primera instancia registrado en SAMAI.
1

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Demandante: José Alexis Rodríguez Ávila
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1 DE NOVIEMBRE DE 2023, expedida por la comisión escrutadora municipal
de Vélez - Santander elección concejo – elecciones del 31 de octubre de
2023. Por medio del cual declararon electo a Edgar Alexis Olarte Díaz
identificado con C.C. 13956971 como concejal del Municipio de Vélez
Santander para el periodo constitucional 2024-2027.

3. Así mismo se profiera la cancelación del LA CREDENCIAL EXPEDIDA
LA REGISTRADURÌA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL a Edgar Alexis Olarte
Díaz identificado con C.C. 13956971 para el periodo constitucional 2024-2027
en el Municipio de Vélez Santander.

4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones el H Tribunal
declare la elección de los miembros del Concejo de Vélez Santander como
corresponda.

5. Que, como consecuencia de lo anterior, el cargo de Concejal del
Municipio de Vélez Santander en representación del partido de la U se declare
debe ser ocupado por el señor José Alexis Rodríguez Ávila identificado con
C.C. 13955727 de Vélez según la votación obtenida.

2. Ordenar que se profiera la correspondiente cancelación de la ‘credencial’
que acredite como concejal electo al demandado para el periodo
constitucional 2024-2027.

3. Que como consecuencia de lo anterior, el cargo de CONCEJAL del
Municipio de Bugalagrande en representación del PARTIDO DE LA UNIÓN
POR LA GENTE PARTIDO DE LA U sea ocupado por los candidatos que le
subsiguió al demandado según votación obtenida (sic).

1.2. Hechos relevantes

2. Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora narró, en
síntesis, los siguientes:

3. Sostuvo que el señor Édgar Alexis Olarte Díaz se inscribió y fue elegido
concejal de Vélez por el Partido de La Unión por la Gente «La U», para el periodo
2024-2027.

4. Asimismo, indicó que el demandado fue representante legal de la Asociación
de Ganaderos de la Provincia de Vélez «ASOGANAVEL», durante el año 2022, es
decir, el año anterior a la elección como concejal de Vélez.

5. Adujo que Édgar Alexis Olarte Díaz, el 16 de diciembre de 2022, suscribió un
«convenio de alianza», en calidad de representante legal de ASOGANAVEL, con el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural2, la Gobernación de Santander, la
Alcaldía de Vélez y las empresas Veleña de Bocadillos y Bocadillos Mundo Raro,
negocio jurídico que, actualmente, se encuentra en ejecución en el municipio de
Vélez.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

6. La parte actora señaló como vulnerados los artículos 137, 139 y 275.5 de la
Ley 1437 de 2011, 43.3 de la Ley 136 de 1994 y 28 de la Ley 1475 de 2011.

2 En adelante MADR.

2

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7. Para el efecto, manifestó que el demandado incurrió en la causal de
inhabilidad por haber suscrito el convenio de alianza con las entidades antes
señaladas, el 16 de diciembre de 2022, es decir, dentro del periodo inhabilitante,
razón por la cual se configura la causal de inhabilidad «por su intervención en
negocios con entidades tanto del orden nacional, departamental y municipal».

8. Expuso que Édgar Alexis Olarte Díaz omitió informar a las autoridades
electorales competentes acerca de la inhabilidad para ser inscrito y elegido concejal
de Vélez.

1.4 Contestación de la demanda3

Édgar Alexis Olarte Díaz

9. A través de apoderado, contestó la demanda con fundamento en los
siguientes argumentos:

10. En primer término, indicó que se desempeñó como representante legal de
ASOGANAVEL hasta el 23 de diciembre de 2022, fecha en la cual la junta directiva
aceptó su renuncia.

11. En segundo lugar, explicó que, si bien es cierto, el 16 de diciembre de 2022,
en la condición de representante legal de ASOGANAVEL, suscribió un documento
denominado «Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas “Convenio de la Alianza”»,
este no tiene la naturaleza jurídica de ser un contrato ni mucho menos constituye la
gestión de un negocio.

12. Adujo que la alianza tiene su origen en el Proyecto Apoyo a Alianzas
Productivas (PAAP), creado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
desde el año 2002, y se trata de un «documento técnico que describe todos los
compromisos de los intervinientes y que además desagrega las actividades
específicas que se realizarán durante su ejecución», el cual, por sí solo, no genera
obligaciones ni compromete recursos financieros o en especie.

13. Sostuvo que, comoquiera que el documento es de carácter técnico no
determina ningún interés propio o de terceros, para lo cual se debe tener en cuenta
que el perfeccionamiento y cumplimiento de la alianza se materializa con la firma
del contrato de fiducia y la suscripción de las respectivas pólizas, los que, además,
fueron firmados el 8 de junio de 2023 por Herleing Quintero Olave, nuevo
representante legal de ASOGANAVEL.

14. Insistió en que en el capítulo 1 de la alianza, en el acápite de definiciones, se
precisó que: «este acuerdo no compromete por sí solo recursos financieros y/o en
especie, sino que establece el marco de acuerdos que se ajustan al propósito PAAP
para que a través del instrumento contrato de fiducia mercantil se comprometan
formalmente los aportes y obligaciones sobre su destinación».

3 Se pone de presente que, si bien se dispuso la notificación de la demanda al Concejo de Vélez, no

se allegó escrito alguno por parte de la corporación.
Por otro lado, el Consejo Nacional y la Registraduría Nacional del Estado Civil no fueron vinculados
al proceso.
3

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15. Aseguró que el alcance de la alianza está definido en el numeral 3.3.8.1 del
manual operativo, lo que pone de presente que se trata de una guía dirigida a la
implementación del modelo de alianzas productivas. Igualmente, adujo que para el
perfeccionamiento se requiere de un contrato de fiducia.

16. Explicó que se requiere de la contratación de diferentes actores para que se
cumpla el objeto de la alianza, que consiste en el mejoramiento de la calidad de vida
de treinta y siete familias que hacen parte de la GANAVEL, a través del incremento
de la producción lechera de 3 a 3.6 litros, mediante el mejoramiento de la nutrición
de los bovinos.

17. Aclaró que la concreción de la alianza requiere del desarrollo de varias
actividades adicionales, las que no se habían materializado para el 29 de octubre
de 2023, fecha en la que se realizaron las elecciones para autoridades regionales.

18. Sostuvo que, en el informe del 27 de enero de 2024, dirigido al representante
legal de ASOGANAVEL, se describieron las actuaciones desarrolladas, de las que
se concluye que, para la fecha de las elecciones, el convenio de alianza aún no
había iniciado con la contratación de los profesionales que debían ejecutar las
actividades tendientes para el cumplimiento del objetivo.

19. Añadió que la suscripción de la alianza no produjo una ventaja electoral frente
a los demás candidatos al concejo, pues para el momento de la contestación de la
demanda, ni los treinta y siete pequeños productores de leche, ni el concejal
demandado, habían recibido ningún beneficio económico ni en especie.

1.5. Actuaciones procesales relevantes en la primera instancia

20. Mediante auto del 16 de enero de 2024, el Tribunal Administrativo de
Santander admitió la demanda4.

21. Por auto del 11 de abril de 20245, se negó la medida cautelar de suspensión
provisional del acto demandado.

22. El 30 de mayo de 20246 se aplicó lo dispuesto en los artículos 283, 175
parágrafo 2º y 182 A de la Ley 1437 de 2011, para efectos de dictar sentencia
anticipada. Por ello, se decretaron pruebas dentro del asunto y se fijó el litigio en los
siguientes términos:

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a declarar la nulidad de la elección
como concejal del Municipio de Vélez Santander del señor EDGAR ALEXIS
OLARTE DIAZ.

Para ello se deberá establecer si el señor EDGAR ALEXIS OLARTE DIAZ, incurrió
en la inhabilidad consagrada en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994,
debiendo analizarse si el demandado dentro del año anterior a la elección intervino
en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o

4 Índice 6 del expediente digital de primera instancia.
5 Índice 16 ibidem.
6 Índice 25.

4

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participó en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en
interés propio o de terceros en el municipio de Vélez.

1.6. Sentencia de primera instancia

21. Mediante sentencia del 17 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Santander declaró la nulidad del acto de elección demandado, por haberse
acreditado la configuración de la causal de inhabilidad del numeral 3 del artículo 43
de la Ley 136 de 1994. Como fundamento de la decisión expuso, en resumen, lo
siguiente:

22. En forma previa, se refirió al marco normativo y jurisprudencial de la causal de
inhabilidad establecida en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley136 de 1994,
modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, para lo cual señaló que la norma
comprende dos situaciones reprochables, esto es, la relativa a la «gestión de
negocios ante entidades públicas del nivel departamental o en la celebración de
contratos con entidades públicas de cualquier nivel» y, por otro lado, la referente a
haberse desempeñado como representante legal de entidades que administren
tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos
domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado.

23. Se refirió a los elementos que estructuran la causal de inhabilidad, para luego
señalar el objeto del «Convenio de Alianza (Acuerdo) la Asociación de Ganaderos
de la Provincia de Vélez, Veleña de Bocadillos y Fábrica de Bocadillos Mundo Raro,
Alcaldía de Vélez, Bioentorno, UNAD, Gobernación de Santander, SENA y el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural -MADR», suscrito el 16 de diciembre de
2022, al igual que la descripción de la alianza, los compromisos que adquirió
ASOGANAVEL, el MADR y las entidades acompañantes; las inversiones de la
alianza y las fuentes de financiación; la canalización de los recursos, y el valor del
incentivo modular, a partir del cual concluyó que se cumplieron todos los elementos
de la inhabilidad por gestión de negocios.

24. En cuanto al elemento objetivo de la inhabilidad, sostuvo que se demostró
que, el 16 de diciembre de 2022, Édgar Alexis Olarte Díaz, en la condición de
representante legal de ASOGANAVEL, suscribió el acuerdo técnico o de alianza
con el MADR, el departamento de Santander, la Alcaldía de Vélez y con las
empresas Veleña de Bocadillos y Bocadillos Mundo Raro.

25. Respecto del territorial, sostuvo que el convenio se ejecuta en el municipio
de Vélez, territorio en el cual el demandado fue candidato y resultó elegido concejal
para el periodo 2024-2027.

26. En relación con el temporal, afirmó que el convenio fue suscrito el 16 de
diciembre de 2022, esto es, dentro del periodo inhabilitante, que inició desde el 29
de octubre de ese año y se extendió hasta el 29 de octubre de 2023 -un año antes
de las elecciones.

27. Para estructurar el elemento subjetivo, indicó que el convenio fue firmado en
virtud de la Resolución 121 del 3 de mayo de 2021, por medio de la cual se adopta

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el Manual Operativo del Proyecto Alianzas Productivas del MADR.

28. Destacó que el convenio de alianza es un documento que se limita a
establecer los acuerdos vinculantes del objeto común de las partes, el cual consiste
en hacer llegar a los pequeños productores rurales asociados los incentivos o
subvenciones establecidas en el Decreto 1071 de 2015.

29. Mencionó que el Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas (PAAP) es una
propuesta empresarial de estructuración de subproyectos productivos participativos
sostenibles y de política sectorial, dirigido a la producción de nuevas relaciones
económicas y sociales en el campo, para contribuir al desarrollo regional sobre las
bases de convivencia y paz.

30. Anotó que Édgar Alexis Olarte Díaz, al suscribir el convenio, actuó en
representación de los beneficiarios de este, conformado por treinta y siete familias
ubicadas en diecisiete veredas integradas por ciento dieciocho personas, razón por
la cual encontró acreditado el elemento subjetivo de la inhabilidad por gestión de
negocios, ya que el negocio jurídico se celebró a título oneroso. Frente al punto,
aseguró que el hecho de que el contrato se haya suscrito con una entidad sin ánimo
de lucro y en la modalidad de convenio de alianza, no significa que no haya
reportado ventajas económicas a GANAVEL.

31. Por ello, se configuró la inhabilidad por «gestión o celebración de negocios»
en el periodo inhabilitante, razón por la cual declaró la nulidad parcial del acto de
elección acusado y ordenó la cancelación de la credencial de Édgar Alexis Olarte
Díaz como concejal de Vélez, periodo 2024-2027.

1.8. El recurso de apelación

32. El demandado interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de
primera instancia, con fundamento en lo siguiente:

33. Manifestó que el Tribunal Administrativo de Santander efectuó una valoración
inadecuada de la naturaleza jurídica del convenio de alianza, a partir del cual se
configuró la inhabilidad, pues este no se trató de un contrato estatal, requisito
indispensable para ese efecto.

34. Consideró que el juez de primera instancia se limitó a hacer unas
transcripciones del contenido del documento, sin que hubiera estudiado los
requisitos esenciales o accidentales, y omitió el hecho de que no comprende
obligaciones bilaterales ni onerosas, así como tampoco advirtió que los firmantes
no son contratistas sino beneficiarios de una política pública.

35. Enfatizó en que el convenio no reportó beneficio particular propio o en favor
de un tercero. Sin embargo, para el tribunal se reputó una ventaja económica o
extrapatrimonial, en forma objetiva, sin que esta se hubiera demostrado.

36. Precisó que no se distinguió entre las nociones de convenio y contrato, y si
bien el Consejo de Estado ha señalado que conceptualmente no existe diferencia,
ello no implica que sean idénticos en cuanto a su naturaleza y efectos.

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37. Señaló que los convenios, contrario a los contratos, no tienen ánimo de lucro
y, en el caso concreto, no se ejecutó una prestación a cambio de un precio, lo cual
es característico de los contratos estatales.

38. En su criterio, desde el punto de vista sustancial, en los convenios confluyen
intereses con el fin de satisfacer una necesidad de interés público, lo que difiere de
la naturaleza conmutativa de los contratos estatales.

39. Indicó que los montos señalados en la sentencia no se concretaron con el
convenio, toda vez que iban a ser percibidos a través de un contrato de fiducia, es
decir, se trató de un negocio jurídico que sí permitía poner en marcha las inversiones
del PAAP, el cual no fue suscrito por el demandado.

40. Expresó que el convenio no tiene las características y elementos del contrato
estatal o de un negocio que estructure la inhabilidad endilgada, sino que se trató de
un documento para materializar una política pública por parte del MADR.

41. Para el efecto, mencionó que en el numeral 1.1 del convenio se define el
convenio como un «documento técnico que describe compromisos», es decir que
no se pactan obligaciones de manera bilateral, requisito necesario para los
contratos. Ello pone de presente que es un documento meramente descriptivo.

42. Por otro lado, afirmó que los participantes del convenio no tienen la condición
de contratistas, de manera que no concurren todos los elementos esenciales para
la existencia del contrato (artículos 1501 del Código Civil y 998 del Código de
Comercio).

43. Acotó que en el numeral 2.2, en cuanto a la descripción de la alianza, se
definió a ASOGANAVEL como una organización sin ánimo de lucro que representa
a los beneficiarios del convenio, de acuerdo con los estatutos de aquella, lo que
pone de presente que la organización era un beneficiario de una política pública del
MADR.

44. Expresó que el convenio no era oneroso, aspecto que no fue analizado por
el tribunal.

45. Indicó que no se materializó el elemento objetivo, toda vez que el legislador
no previó la suscripción de «acuerdos técnicos» o «acuerdos de alianza» como
inhabilidad. Por lo tanto, en atención a la interpretación restrictiva del régimen de
inhabilidades, debió analizarse que en este caso no hubo la celebración de un
contrato estatal.

46. Adujo que el tribunal no explicó por qué encontró demostrado el elemento
subjetivo, pues solo se limitó a señalar que el convenio fue oneroso, por lo que
realizó una negación indefinida para tener por cierta la existencia de beneficios
económicos en favor de terceros.

1.9. Actuación procesal en segunda instancia

47. Mediante auto del 18 de noviembre de 2024, el magistrado ponente de la

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Sección Quinta del Consejo de Estado: (i) admitió el recurso de apelación; (ii)
ordenó a la secretaría de la Sección correr traslado a la parte contraria por el término
de 3 días; (iii) igualmente que, una vez vencido el plazo anterior, permaneciera el
expediente en Secretaría por otros 3 días para que las partes presentaran alegatos
de conclusión y (iv) dejar el expediente a disposición del Ministerio Público con el
fin de que rindiera concepto dentro de los 5 días siguientes.

1.10. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.10.1. Demandante

48. Reiteró los argumentos expuestos en el escrito inicial.

1.10.2. Demandado

49. No allegó escrito de alegaciones finales.

1.11. Concepto del Ministerio Público

50. Durante el término concedido para rendir concepto, la señora agente del
Ministerio Público guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

51. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la sentencia del 17 de
septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, de
conformidad con lo establecido en los artículos 1507 y 152 numeral 7, literal a) del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo8, en

7 ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y
CAMBIO DE RADICACIÓN. Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso
modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule
contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código.
8 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 152.

Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. «Los tribunales administrativos
conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(…)
7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:
(…)
a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados
de las asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes
municipales y distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los municipios y
distritos, de los miembros de los consejos superiores de las universidades públicas de cualquier
orden, y de miembros de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales.
Igualmente, de la nulidad de las demás elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de
jueces de paz y jueces de reconsideración;
8

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concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el artículo 1º del Acuerdo 434 de 2024, de la Sala Plena del Consejo
de Estado.

2.2. Problema jurídico

52. Corresponde a esta Sección resolver, en los precisos términos expuestos en el
recurso de apelación, si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia
proferida del 17 de septiembre de 2024, por el Tribunal Administrativo de Santander,
que declaró la nulidad parcial del acto de elección.

53. Para el efecto, se debe establecer si acreditaron o no todos los elementos para
la configuración de la causal de inhabilidad endilgada, por cuanto, en criterio del
demandado, el tribunal no analizó en debida forma la naturaleza jurídica del
documento denominado «convenio de la alianza», el cual no corresponde a un
contrato estatal.

54. Por lo anterior, consideró el demandado que el tribunal omitió que, por el hecho
de que se trata de un documento técnico que describe compromisos, es claro que
no se pactaron obligaciones de manera bilateral y, en esa medida, no existió
conmutatividad ni onerosidad.

2.3. Generalidades de las inhabilidades

55. Según lo ha señalado la jurisprudencia de la Sección Quinta9, los derechos
fundamentales a elegir y ser elegido y de acceso al desempeño de funciones y
cargos públicos, previstos en el artículo 40 de la Constitución Política, no tienen el
carácter de absolutos, de manera que la propia norma constitucional y la ley prevén
unas restricciones al ejercicio de tales prerrogativas, con el fin de garantizar el
interés general, la igualdad y el ejercicio eficiente de la función pública, como ocurre
tratándose de las inhabilidades para ocupar cargos de elección popular.

56. La Corte Constitucional ha justificado la institución del régimen de inhabilidades
porque busca «impedir o limitar el ejercicio de la función pública a los ciudadanos
que no ostentan las condiciones y cualidades que han sido estatuidas para asegurar
la idoneidad y probidad del que aspira a ingresar o está desempeñando un cargo
público».10

57. En similar sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado ha entendido respecto de las restricciones a los derechos políticos que
«el desarrollo indigno del poder, la influencia negativa de la posición, el privilegio
indebido con olvido del interés público, de la legalidad, de la buena administración,
del patrimonio público y de la probidad en las actuaciones, constituyen, sin duda,

9 Sobre el particular ver entre otros: auto de 4 de mayo de 2017 Rad. 11001-03-28-000-2017-00011-

00, C.P. Rocío Araujo Oñate, auto de 30 de junio de 2016, Rad. 85001-23-33-000-2016-00063-01
Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; auto de 25 de abril de 2016 Rad 11001-03-28-000-2015-
00005-00 C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; auto de 4 de febrero de 2016 Rad. 1001-03-28-000-
2015-00048-00 C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; auto de 21 de abril de 2016, Rad. 11001-
03-28-000-2016-00023-00 C.P. Rocío Araujo Oñate.
10 Sentencia C-064 de 2003

9

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razones para establecer restricciones a la libertad y a los derechos de los sujetos
en el ámbito del derecho público, tendientes a evitar la vinculación a la función
pública o el ejercicio de esta en las diferentes ramas del Poder Público, de personas
cuya conducta o situación pueda ser lesiva a esos intereses, principios y valores».11

58. Por ello, cada cargo de elección popular tiene previsto un régimen de
inhabilidades con un listado de las actuaciones que no pueden realizarse durante
un plazo determinado, anterior a la inscripción o elección, según el caso, so pena
de impedir la aspiración política.

2.4. Elementos que estructuran la causal de inhabilidad del artículo 43.3 de la
Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000

59. La norma en referencia prevé las inhabilidades en las que incurren quienes
aspiren a ser concejales, en los siguientes términos:

Artículo 43. Inhabilidades. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal
municipal o distrital:

(…)

3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de
negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración
de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de
terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo
municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido
representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o
de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social
en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito.

60. La causal contempla tres inhabilidades que impiden al aspirante ser concejal.
Así pues, no podrán serlo quien dentro del año anterior a la elección haya: i)
intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o
distrital; ii) intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas de
cualquier nivel en interés propio o de terceros, y iii) sido representante legal de
entidades que administren tributos, tasas y contribuciones o entidades que
presenten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social.

61. Asimismo, se ha advertido que la norma contempla dos causales autónomas de
inhabilidad que, si bien apuntan a un propósito común, se distinguen en cuanto a la
conducta que las configura, por un lado, la intervención en la gestión de negocios y,
por otra, la celebración de contratos, ambas con entidades públicas.12

62. En este asunto, se analiza el contenido del numeral 3.º de la norma, que
establece que no podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal «quien

11 Sentencia de 21 de abril de 2009, Rad. 2007-0058.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 12 de

agosto de 2021, rad. 15001-23-33-000-2019-00630-01, MP Luis Alberto Álvarez Parra, reiterada,
entre otras, en sentencia del 13 de febrero de 2025, rad. 08001-23-33-000-2024-00024-01, MP Omar
Joaquín Barreto Suárez.
10

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dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante
entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con
entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que
los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito (…)».

63. Sobre el punto, esta Sala13 ha reiterado que los elementos que configuran la
inhabilidad por gestión de negocios son los siguientes:

i) Un elemento temporal limitado al año anterior a la fecha de la elección, es decir,
se toma como punto de referencia el día de la elección y se cuenta un año hacia
atrás.

ii) Un elemento material u objetivo consistente en la celebración de contratos con
entidades públicas de cualquier nivel.

(iii) Un elemento subjetivo relacionado con que dicha celebración se realice en
interés propio o de terceros y;

(iv) Un elemento territorial que implica que el contrato se deba ejecutar o cumplir
en el municipio o distrito para el cual resultó electo.

64. En cuanto al elemento material u objetivo, «la intervención en la gestión de
negocios se ha relacionado con una conducta personal y activa del futuro candidato
ante una entidad pública con la que aspira a celebrar un negocio jurídico u obtener
una respuesta favorable frente a un interés patrimonial o extrapatrimonial»14.

65. No obstante, «no toda diligencia que se adelante con una autoridad configura la
causal, pues debe tratarse de una conducta útil, trascendente y potencialmente
efectiva, para cuya valoración también interesa el móvil, causa o aspecto modal. De
ahí que las actuaciones que se atribuyan al demandado deban estar debidamente
probadas y no ser el resultado de meras inferencias o deducciones subjetivas»15.

66. Adicionalmente, en estas gestiones se puede intervenir en nombre e interés
propio, como apoderado, agente oficioso «o cualquier otra figura que permita asumir

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 28 de

abril de 2016, C.P: Alberto Yepes Barreiro, Expediente: 25000-23-24-000-2015-002753-01, Consejo
de Estado, Sección Quinta, providencia del 25 de agosto de 2016, M.P. Alberto Yepes Barreiro, rad.
66001-23-33-000-2015-00475-01; esta providencia reiteró lo indicado en el siguiente fallo: Sección
Quinta, 18 de julio de 2013, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, rad. 47001-23-31-000-2012-
00010-01. Sobre la inhabilidad por celebración de contratos y que esta se configura con la
celebración del mismo y de manera independiente del momento de su ejecución o liquidación,
consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 30 de mayo de 2019, M.P. Alberto
Yepes Barreiro, rad. 13001-23-33-000-2018-00417-01. Sobre el mismo tema, consultar: Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 18 de noviembre de 2018, M.P.
Mauricio Torres Cuervo, rad. 11001-03-15-000-2008-00316-00 (PI), tesis que fue reiterada en los
siguientes pronunciamientos: Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 3 de agosto de
2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, rad. 11001-03-28-000-2014-00051-00 y, Consejo
de Estado, Sección Quinta, providencia del 20 de febrero de 2020, M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio, rad. 11001-03-28-000-2020-00010-00. Postura reiterada en fallo del 19 de noviembre de
2020, rad. 50001-23-33-000-2020-00001-01, MP Rocío Araújo Oñate.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 25 de

febrero de 2025, rad. 68001-23-33-000-2023-00847-01, MP Luis Alberto Álvarez Parra.
15 Id.

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la defensa de intereses ajenos»16. Asimismo, la Sala Electoral ha advertido que la
conducta proscrita implica un intercambio que requiere una reacción o respuesta
por parte de la entidad pública, aunque esta sea negativa17.

67. También se ha considerado por la corporación18 que cuando la gestión de
negocios culmina con un acuerdo de voluntades, se examina la causal de
inhabilidad de intervención en la celebración de contratos, por lo que, si la actividad
precontractual no prospera, el reparo se analiza como gestión de negocios
propiamente dicho19.

68. Por otro lado, en cuanto a la inhabilidad por celebración de contratos, se tiene
que está dirigida a preservar la igualdad entre los candidatos, bajo el supuesto de
que ha existido un vínculo contractual con el Estado y potencialmente ventajoso,
situación que, sin duda, genera un desequilibrio para acceder al cargo de elección
popular.

69. Como factores configurativos de la inhabilidad, se encuentran, igualmente, i) un
elemento temporal, según el cual el contrato ha debido celebrarse un año antes de
las elecciones: ii) un elemento espacial o geográfico, que lo constituye el lugar
donde se ejecutó o ha debido cumplirse, es decir, el municipio donde el candidato
aspira a ser concejal; iii) un elemento material u objetivo, consistente en la conducta
de suscripción o celebración del acuerdo de voluntades, y iv) un elemento subjetivo,
que se refiere al interés propio o de terceros que se persigue20.

70. Específicamente, sobre el elemento material u objetivo, la jurisprudencia ha
dicho que los actos de ejecución y liquidación de los contratos no configuran la
causal de inhabilidad por celebración de contratos, pues estas actividades no están
previstas en los supuestos que trae la norma, puesto que acaecen en forma
posterior al acto de suscripción21.

71. Es importante señalar que la norma que establece la inhabilidad no hizo una
distinción en punto del régimen aplicable al respectivo negocio jurídico, toda vez
que lo relevante es que sea celebrado con una entidad pública de cualquier nivel.
Por ello, estructuran la inhabilidad los acuerdos de voluntades que se rigen por la
Ley 80 de 1993, o los que, aunque suscritos con la administración pública, se

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 23 de

octubre de 2008, Rad. 07001-23-31-000-2007-00083-01
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 23 de

octubre de 2008, rad. 52001-23-31-000-2011-00664-01.
18 Consejo de Estado, Sala 17 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia de 27 de

noviembre de 2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-02883-00 M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
Sala Primera Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia de 19 de febrero de 2019,
Rad. 11001-03-15-000-2018-02417-00. M.P. María Adriana Marín. Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia de 12 de agosto de 2021, Rad. 15001-23-33-000-2019-00630-01. M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 18 de

noviembre de 2021, Rad: 05001-23-33-000-2021-00312-02. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 21 de

enero de 2021, rad. 2020-00013; sentencia de 3 de septiembre de 2020, rad. 2020-00010; sentencia
de 11 de abril de 2019, Rad. 2018-00080.
21 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala 13 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura,

sentencia de 16 de octubre de 2020, Rad. 2020-03518. Sección Quinta, sentencia de 13 de agosto
de 2020, Rad. 2019-00926; sentencia de 31 de julio de 2009, Rad. 2007-00966-02; sentencia del 30
de enero de 2025, rad. 68001-23-33-000-2024-00043-02 (acum), MP Gloria María Gómez Montoya.
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encuentran exceptuados de las disposiciones allí contenidas o se regulen por otras
disposiciones22.

72. Respecto del elemento subjetivo, se ha indicado que la celebración de contratos
puede ser directa o indirecta, caso este último cuya finalidad es que queden
comprendidos los terceros que no lo suscriben, pero frente a quienes logra probarse
la intervención en la contratación en virtud de una simulación por interpuesta
persona, delegación, designación o representación23.

73. En lo relativo al elemento espacial o territorial, se ha explicado que el lugar de
ejecución «corresponde al territorio en el que deben cumplirse las obligaciones
pactadas», el cual no necesariamente corresponde al domicilio contractual, «que se
utiliza para efectos, por ejemplo, de notificaciones»24.

74. Sobre el punto, también se ha indicado que «el elemento territorial de la
inhabilidad no requiere para su comprobación que se constate que el objeto
contractual se cumplió en el lugar de la elección, sino que basta con demostrar que
el contrato debía ejecutarse en esa circunscripción»25.

75. En conclusión, el alcance de la inhabilidad debe ser interpretado en forma
estricta y restrictiva respecto de los supuestos expresamente tipificados en la
normativa, dada la naturaleza de limitación al ejercicio de un derecho político, como
lo es el de ser elegido. Asimismo, para la estructuración de la inhabilidad se debe
tener en cuenta que todos los elementos se deben acreditar en forma concurrente
y, en el evento en que falte alguno de ellos, el entendimiento que le ha dado esta
Sección frente a ello es la inexistencia de la inhabilidad.

2.5. Caso concreto

76. En este asunto, la Sala encuentra que el demandado discute la configuración
de la causal de inhabilidad por celebración de contrato, toda vez que, en su sentir,
no se analizó en debida forma la naturaleza jurídica del acuerdo técnico suscrito el
16 de diciembre de 2022, en el municipio de Vélez.

77. Lo primero que se debe advertir es que el Tribunal Administrativo de Santander
determinó la existencia de la inhabilidad por intervención en la gestión de negocios
y por celebración de contratos, sin hacer ninguna distinción entre esos dos
supuestos que contempla el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, pues,
como se explicó en el marco conceptual y jurídico de la inelegibilidad, la norma
contempla dos causales autónomas en cuanto a la conducta que las configura, toda
vez que, por un lado, se encuentra la intervención en la gestión de negocios y, por
otra, la celebración de contratos, ambas con entidades públicas.

22 Sentencia del 30 de enero de 2025, rad. 68001-23-33-000-2024-00043-02.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de octubre de

2019, Rad. 2018-02417. Sala Primera Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia de
19 de febrero de 2019, Rad. 2018-02417. Sala 13 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura,
sentencia de 16 de octubre de 2020, Rad. 2020-03518.
24 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 10 de octubre de 2024, Rad. 54001-23-33-000-

2023-00254-01, MP. Omar Joaquín Barreto Suárez.
25 Id.

13

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78. Así pues, para el juez de primera instancia la inhabilidad se estructuró por el
hecho de la suscripción de un contrato por Édgar Alexis Olarte Díaz, en la condición
de representante legal de ASOGANAVEL, con el MADR, el departamento de
Santander, el municipio de Vélez y con las empresas Veleña de Bocadillo y
Bocadillo Mundo Raro, a título oneroso, a pesar de que fue celebrado por una
entidad sin ánimo de lucro y en la modalidad de convenio de alianza, pues ello no
significa que no haya reportado beneficios económicos para aquella.

79. No obstante, en forma paralela, y bajo el mismo análisis, aseguró que el
demandado incurrió en la inhabilidad por «gestión o celebración de negocios»
durante el periodo inhabilitante.

80. En esas condiciones, la sala advierte que, comoquiera que la inhabilidad
endilgada tiene origen en la suscripción de un instrumento jurídico, se abordará el
estudio de la censura con fundamento en la causal por intervención en la
celebración de contratos, para cuyo efecto habrá de establecerse si el convenio de
alianza firmado por el demandado tiene se trató de un contrato, con el fin de
establecer el cumplimiento del elemento objetivo de la inhabilidad.

81. Hecha la anterior precisión, se tiene que no está en discusión que el demandado
fungió como representante legal de ASOGANAVEL para el día 16 de diciembre de
2022.26

82. Según el «Manual Operativo Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas», del 6 de
junio de 2020, expedido por el MADR, el PAAP «es una propuesta empresarial de
estructuración de subproyectos productivos participativos y sostenibles que dan
respuesta a necesidades de mercados formales y de política sectorial dirigida a la
construcción de nuevas relaciones económicas y sociales en el campo, que
contribuyan al desarrollo rural regional sobre bases de convivencia y paz».

83. En el manual se definió que, a través de un incentivo modular (IM), creado
mediante el Decreto 321 de 200227, y compilado mediante el Decreto 1071 de
201528, se hacen los aportes e inversión que el Estado asigna para estimular la
financiación de subproyectos de empresas rurales productivas agropecuarias y
agroindustriales, que hayan sido formulados por una organización de pequeños
productores en desarrollo de alianzas productivas y financieras que acuerden con
el sector privado empresarial.

84. El PAAP es un instrumento para generar ingresos, crear empleo y promover la
cohesión social de las comunidades vulnerables, económica y ambientalmente
sostenible, a través del establecimiento de alianzas productivas entre grupos
organizados de pequeños productores. La financiación del proyecto (recursos del
incentivo modular) se hace únicamente con recursos del Presupuesto General de la

26 Según el certificado de existencia y representación legal del 15 de enero de 2024, por acta del 23

de diciembre de 2022, de asamblea extraordinaria de asociados, inscrita en la Cámara de Comercio
el 19 de enero de 2023, se designó a Herleing Quintero Olave como representante legal.
27 «Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 101 de 1993 y 160 de 1994 en lo relativo a la

asignación integral de asistencia e incentivos directos para apoyar subproyectos productivos
sostenibles, en desarrollo del Proyecto Alianzas Productivas para la Paz».
28 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo

Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural».
14

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Nación, y contará con aportes de co-financiación de otras entidades públicas de
diferente orden territorial, además de la empresa privada y los organismos de
cooperación internacional que, de forma voluntaria, estén interesados en participar.

85. Ahora bien, la ejecución del proyecto está a cargo del MADR, a través de la
Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, y será apoyada
por un el Equipo de Implementación del Proyecto, encargado de hacer seguimiento
de su ejecución y avances, así como de tramitar las autorizaciones que le
correspondan de acuerdo con el manual.

86. Asimismo, en el numeral 3.3.8.1 se define el convenio de alianza como el
«documento técnico que describe todos los compromisos de los aliados que lo
suscriben y que además desagrega las actividades específicas que se realizarán
durante su ejecución. Este convenio es suscrito por el representante legal de la
Organización de Productores, por el representante legal del Aliado Comercial y por
el MADR, a través de la Dirección de Capacidades y/o el Coordinador del EIPE. Los
demás cofinanciadores podrán suscribir el convenio si, a juicio de sus oficinas
jurídicas, es necesario transferir sus recursos al patrimonio autónomo.

87. El convenio de la alianza deberá incluir:

88. En virtud del PAAP, el 16 de diciembre de 2022, en el municipio de Vélez, el
demandado suscribió el convenio de la alianza, que constituye el acuerdo técnico
entre la asociación de ganaderos de la provincia de Vélez (ASOGANAVEL), las
fábricas Veleña de Bocadillos y Mundo RARO, la Alcaldía de Vélez, Bioentorno, la
UNAD29, la Gobernación de Santander, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
y el MADR.

89. El objeto de la alianza es «mejorar los ingresos y la calidad de vida de 37
familias de pequeños productores del municipio de Vélez en el departamento de
Santander, a partir del incremento de ingresos generados por un aumento en la
productividad de los hatos lecheros a través de una mejor oferta nutricional e
implementación del BPG y buenas prácticas de ordeño.

29 Universidad Nacional Abierta y a Distancia.

15

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90. En el convenio de la alianza se indicó que ASOGANAVEL es una organización
sin ánimo de lucro, constituida legalmente el 25 de octubre de 2021, con Nit.
901533738-2 e inscrita en la Cámara de Comercio de Vélez, la cual representa para
todos los efectos a los beneficiarios de la alianza, de acuerdo con los estatutos de
esta.

91. En el documento se señalaron las metas generales de la alianza: i) los actores
comprometidos con esta (beneficiarios: pequeños productores – organización de
productores), ii) los aliados comerciales, iii) las entidades acompañantes de la
alianza, y el rol del MADR.

92. Asimismo, se establecieron los compromisos de los beneficiarios, de
ASOGANAVEL30, del MADR, de los aliados comerciales (Veleña de Bocadillos y
Mundo Raro), y de las entidades acompañantes (Secretaría de Agricultura de
Santander, Alcaldía de Vélez, SENA, Bioentorno, UNAD).

93. En cuanto a los aportes se dejó consignado lo siguiente:

94. Asimismo, fue señalado el aporte de cada uno de los participantes del convenio,
el cual se haría a través del patrimonio autónomo, para un total de $657.804.000.
El valor del incentivo modular fue de $200.000.000, correspondientes al 37.9% del
total del proyecto.

95. Del análisis de los elementos del convenio de alianza suscrito por el
demandado, la sala encuentra que se trata de un contrato estatal, pues tuvo como
finalidad la unión de esfuerzos de varias autoridades y entidades para promover el
incremento en la productividad de hatos lecheros de treinta y siete familias, lo que
repercutiría en un aumento de sus ingresos, a partir de un incentivo modular, lo que
pone de presente que se pactó un interés patrimonial para las partes.

96. Al respecto, en sentencia del 8 de marzo de 201731, proferida por la Subsección

30 Señalados en el documento.
31
Rad. 85001-23-31-000-2011-00100-01(51389), MP Marta Nubia Velásquez Rico. El
objeto31 del convenio adjudicado consistió en que el municipio entregaría a la unión
temporal Agroindustrial del Llano las instalaciones físicas de la planta procesadora de yuca
para que esta, a su turno, la operara técnica y administrativamente y comercializara su
producto final, actividad que a su vez debía reportar unos beneficios económicos para el
municipio equivalentes al 2% de la facturación sobre el valor de las ventas realizadas por
el operador.
16

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A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al resolver en segunda instancia la
demanda promovida en ejercicio de la acción de controversias contractuales para
que se declarara el incumplimiento del convenio de alianza estratégica 016 del 6 de
julio de 200632 y, por ende, la liquidación de este, cuyo objeto consistió en operar
técnica y administrativamente la planta procesadora de yuca de Tauramena
(Casanare) y en la comercialización de los productos finales, se indicó que ese
negocio jurídico se trató de un contrato estatal, bajo las siguientes consideraciones:

Como se observa, la alianza estratégica que sirvió como génesis y marco para la
celebración del Convenio No. 016, además de procurar la unión de esfuerzos
dirigidos a satisfacer un propósito afín al desarrollo rural agroindustrial previsto por
el ordenamiento, en igual medida conjugó intereses patrimoniales de las partes,
traducidos en el provecho económico que habría de reportar el negocio para cada
uno de los extremos intervinientes.

La circunstancia puesta de manifiesto permite equiparar los efectos derivados
del Convenio No. 016 a aquellos que emanan propiamente de un contrato
como acto jurídico creador de derechos y obligaciones, cuyo cumplimiento
recíproco respecto de cada una de las partes resulta judicialmente exigible.

Es claro que en realidad no converge en el caso una diferencia sustancial que aparte
esas dos nociones jurídicas y que amerite dispensarle al convenio bajo examen un
tratamiento distinto a aquel que, por regla general, se le imparte a un contrato
celebrado entre una entidad estatal y personas de derecho privado y que se rige,
como ocurre en el sublite, íntegramente por el Estatuto de Contratación Estatal.
(resalta la sala).

97. En este asunto, para la sala es claro que el convenio de alianza suscrito por el
demandado, en la condición de representante legal de ASOGANAVEL, es un
contrato, toda vez que, con independencia de que el nombre otorgado haya sido
«documento técnico», lo cierto es que se cumplen los elementos del contrato
estatal, en los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 33, sobre la base de
considerar que se trató de un acto jurídico que generó obligaciones para las partes,
aunque se hubiera utilizado la denominación de «compromisos» para definir
aquellas.

98. Ahora bien, la Sección Tercera de esta corporación ha indicado que un contrato
estatal no se define por la denominación que adopte el respectivo instrumento que
lo materialice, sino porque cumple con los elementos de existencia establecidos en
la ley. Al respecto, resulta ilustrativa la siguiente consideración de la sentencia del
20 de mayo de 200934:

No obstante lo dicho, no está por demás señalar que ni el nombre ni la forma que
adopte un escrito son determinantes para desentrañar la naturaleza de un negocio

32 Suscrito entre el municipio de Tauramena (Casanare), la unión temporal Agroindustrial del Llano

y la empresa asociativa de trabajo Yucasan E.A.T.
33 ARTÍCULO 32. De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos

generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto,
previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la
autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación
34 Rad. 41001-23-31-000-1995-08064-01(28694), MP Enrique Gil Botero.

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Demandante: José Alexis Rodríguez Ávila
Demandado: Édgar Alexis Olarte Díaz – concejal de Vélez (Santander)
Rad: 68001-23-33-000-2023-00799-01

jurídico. Es decir, un contrato es tal porque cumple con los elementos de existencia
que exige la ley, no porque en el cuerpo del texto se le denomine de ese modo.

De allí que un contrato es lo que es, aunque se denomine así mismo acuerdo, pacto,
tratado, convención, alianza, concierto, compromiso, ajuste, estipulación, trato u otro
semejante, pues -se insiste-, no es el nombre sino el contenido obligacional,
emanado de sujetos capaces de obligarse y dirigido a producir efectos, lo que
estructura la naturaleza convencional de un acuerdo de voluntades. Incluso, un
documento de esta naturaleza bien podría carecer de calificativo o nombre, y no
obstante ser un contrato, pues es el contenido, no la forma estética o los calificativos,
lo que lo define.

99. En ese orden, el hecho de que se le haya conferido al convenio de alianza el
nombre de «documento técnico» no le sustrae la connotación de contrato, por
cuanto en él confluyen los elementos de ese acto jurídico.

100. Bajo el mismo razonamiento se resuelven los reproches referentes a que los
participantes del convenio no tienen la condición de contratista y que
ASOGANAVEL es la beneficiaria de una política pública, en la medida en que no se
requiere una denominación específica de los intervinientes o que el objeto del
negocio jurídico sea la materialización de una política pública para sostener que no
se trató de un contrato estatal.

101. Ahora bien, el apelante señaló que el legislador no previó la suscripción de
acuerdos técnicos o de alianzas como una inhabilidad, frente a lo cual la sala insiste
en que en este caso el convenio firmado por Édgar Alexis Olarte Díaz, en la
condición de representante legal de ASOGANAVEL, constituye un contrato estatal,
por lo que se cumple con el elemento material de la inhabilidad endilgada.

102. Por otro lado, en relación con el argumento atinente a que el tribunal no
explicó las razones por las cuales encontró acreditado el elemento subjetivo de la
prohibición, se tiene que, en la sentencia de primera instancia, se indicó lo siguiente:

Encontrando la Sala, con la suscripción de esta alianza o convenio el interés
particular en beneficio de un tercero específico, esto es, a favor de la Asociación de
Ganaderos de Vélez, en la medida que tal como lo precisa el Ministerio Público dicho
negocio jurídico se celebró a título oneroso y el hecho que el contrato se haya
celebrado con una entidad sin ánimo de lucro y en la modalidad de convenio de
alianza no significa que no haya reportado beneficios económicos para aquella (Sic).

103. Sobre el punto, es claro que el tribunal expuso el argumento por el cual se
configuró el elemento subjetivo de la inhabilidad, el cual fue demostrado por el
hecho de que el objeto del convenio de alianza era recibir un monto específico para
la mejorar la producción láctea en los hatos de treinta y siete familias del municipio
de Vélez.

104. Adicional a lo anterior, se tiene que el monto pactado sería recibido por parte
de esas familias, luego se cumple el requisito establecido en el artículo 43.3 de la
Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, relacionado
con que el contrato se realice en interés propio o de un tercero, como aconteció en
este caso.

105. Por otro lado, el apelante sostuvo que el valor del convenio de alianza no se
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concretó con este, sino a través del contrato de fiducia, a través del cual se ejecutan
las inversiones del PAAP.

106. Para responder ese planteamiento, se debe señalar que el contrato de fiducia
se trata de un negocio jurídico de naturaleza jurídica distinta al convenio de alianza,
el cual fue suscrito en forma posterior a la celebración de aquel, sin que ello incida
en modo alguno en la estructuración de la inhabilidad.

107. En el numeral el numeral 3.4 del convenio de alianza se estableció que el
MADR es el encargado de aportar los recursos del incentivo modular, para lo cual
se debe constituir el patrimonio autónomo (numeral 7.2) con destinación específica
para las inversiones señaladas en aquel, recursos que finalmente son recibidos por
los beneficiarios.

108. En efecto, los dineros se canalizan bajo el esquema de contrato de fiducia
mercantil, que se erige como un mecanismo para «ejecutar el plan de inversiones
de la alianza», el cual lo celebró ASOGANAVEL con FIDUAGRARIA, y en donde se
establecen los derechos de los socios del convenio, las obligaciones de la fiduciaria
y las atribuciones de las autoridades que vigilan el contrato.

109. Como se observa, el contrato de fiducia mercantil se trata de un negocio
jurídico distinto que tiene como fin recibir los dineros que transfiera el MADR y que
son entregados a los beneficiarios, para de esta forma ejecutar lo pactado en el
convenio.

110. Por las anteriores razones, la sala evidencia que se cumplieron todos los
elementos fijados por el legislador para que se configure la prohibición de
intervención en la celebración de contratos, por lo que se confirmará la sentencia
del 17 de septiembre de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo de Santander,
que declaró la nulidad de la elección de Édgar Alexis Rodríguez Ávila como concejal
de Vélez, periodo constitucional 2024-2027.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, en uso de sus facultades constitucionales y legales,

III. FALLA:

PRIMERO: Confírmase la sentencia del 17 de septiembre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte
considerativa del fallo.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen para lo de su competencia.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

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