Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 47001-23-33-000-2024-00047-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 47001-23-33-000-2024-00047-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 47001-23-33-000-2024-00047-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 47001-23-33-000-2024-00047-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
7 de noviembre de 2024
Demandantes: Hollsman Enrique González Ibáñez y otros
Demandada: Ginna Marcela Sarmiento Gómez, concejal de Santa Marta, periodo 2024-2027
Rad: 47001-23-33-000-2024-00047-01 acumulado
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicado: 47001-23-33-000-2024-00047-01 (principal)
47001-23-33-000-2024-00031-00 (acumulado)
Demandantes: HOLLSMAN ENRIQUE GONZÁLEZ IBÁÑEZ, RODRIGO
ALEXANDER QUINTERO CASTRILLÓN Y JAVIER
ALBERTO VARGAS SALCEDO
Demandada: GINNA MARCELA SARMIENTO GÓMEZ, CONCEJAL DE
SANTA MARTA (MAGDALENA), PERIODO 2024-2027
Tema: Inhabilidad por gestión de negocios ante entidades públicas.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante
contra la sentencia del 8 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
del Magdalena, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1 Las demandas
Los señores Hollsman Enrique González Ibáñez y Rodrigo Alexander Quintero
Castrillón (2024-00047-00) y Javier Alberto Vargas Salcedo (2024-00031-00),
actuando en nombre propio los primeros, y mediante apoderado el último,
presentaron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral,
contemplado en el artículo 139 del CPACA, en contra del Acta de Escrutinio
Municipal E26 – CON del 25 de noviembre del 2023, mediante la cual se declaró la
elección, entre otros, de la señora Ginna Marcela Sarmiento Gómez como concejal
de Santa Marta (Magdalena), para el periodo constitucional 2024-2027.
1.2 Hechos
Los fundamentos fácticos expuestos por los actores en las demandas acumuladas
coinciden en lo siguiente:
Precisaron que la señora Ginna Marcela Sarmiento Gómez se inscribió, el 28 de julio
de 2023, como candidata al Concejo Distrital de Santa Marta (Magdalena) por el
grupo significativo de ciudadanos «Santa Marta Gana», para el periodo constitucional
2024-2027, según consta en los formularios E-6 CON y E-8 CON.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Demandantes: Hollsman Enrique González Ibáñez y otros
Demandada: Ginna Marcela Sarmiento Gómez, concejal de Santa Marta, periodo 2024-2027
Rad: 47001-23-33-000-2024-00047-01 acumulado
Destacaron que la demandada fue elegida representante de los estudiantes ante el
Consejo Superior de la Universidad del Magdalena, para el periodo comprendido
entre el 26 de noviembre de 2021 y el 25 de noviembre de 2023. Asimismo, que la
señora Sarmiento Gómez fue elegida para esa dignidad en virtud de su propuesta
«Unidos por la U», con la cual se comprometió a realizar distintas gestiones ante
entidades públicas en favor de la población universitaria.
Comentaron que, en virtud de un derecho de petición formulado ante la universidad
en comento, por el actor Hollsman Enrique González Ibáñez, se pudo evidenciar que
la elección de Ginna Marcela Sarmiento Gómez como representante de los
estudiantes ante el consejo directivo de la institución de educación superior, tuvo
lugar el 25 de noviembre de 2021. Igualmente, que su periodo culminó el 25 de
noviembre de 2023 y que su última actuación ante el órgano de dirección fue el 10 de
noviembre de 2023; finalmente, que asistió a todas las sesiones ordinarias y
extraordinarias en representación de los estudiantes, según consta en la certificación
entregada por la Secretaría General de la Universidad del Magdalena.
Indicaron que las gestiones realizadas por parte de la señora Ginna Marcela
Sarmiento Gómez, como miembro del consejo directivo en cuestión, se llevaron a
cabo, inclusive, dentro del período en el cual ya era candidata al Concejo Distrital de
Santa Marta, de acuerdo con el calendario electoral.
Anotaron que, entre otras actuaciones adelantadas por la demandada en favor de la
Universidad del Magdalena, se encuentran las siguientes ante la Alcaldía Distrital de
Santa Marta durante el año 2023: i) tramitó una tarifa diferencial de transporte público
para los estudiantes de esa institución de educación superior y la creación de nuevas
rutas con destino a la sede universitaria y, ii) solicitó la exención del impuesto predial
del inmueble en el que opera el referido establecimiento, el día 22 de febrero de
2023; la respuesta a esa solicitud fue otorgada por el secretario distrital de Hacienda
de manera negativa, pero por ausencia de documentación que la acreditara como
representante estudiantil.
Agregaron que, el 18 de mayo de 2023, la Universidad del Magdalena creó la
Comisión Permanente de la Política de Equidad de Género y Diversidad. Aquella
estaba conformada por cinco personas, que eran miembros activos del Consejo
Superior y Académico del establecimiento educativo; una de ellas era la demandada,
Ginna Marcela Sarmiento Gómez.
Resaltaron que el 25 de noviembre de 2023 se declaró la elección de los concejales
del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, (Magdalena), entre ellos, la
señora Ginna Marcela Sarmiento Gómez perteneciente al grupo significativo de
ciudadanos «Santa Marta Gana», periodo constitucional 2024-2027, según consta en
el Formulario E-26 CON, expedido por la Comisión Escrutadora Distrital.
Anotaron que, consultados los formularios E-14 CON, la votación de la señora Ginna
Marcela Sarmiento Gómez, en la Universidad del Magdalena, correspondió a
doscientos treinta y dos (232) votos, mientras que la del señor Javier Alberto Vargas
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Demandantes: Hollsman Enrique González Ibáñez y otros
Demandada: Ginna Marcela Sarmiento Gómez, concejal de Santa Marta, periodo 2024-2027
Rad: 47001-23-33-000-2024-00047-01 acumulado
Salcedo (accionante), fue de cuarenta y seis (46) votos.
1.3 Normas violadas y concepto de la violación
La parte actora invocó como normas vulneradas los artículos 40, 103, 258 de la
Constitución Política de Colombia; 137, 139 y el numeral 5 del artículo 275 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 40,
numeral 3, de la Ley 617 del 2000.
Argumentaron que la demandada participó en reuniones como representante
principal de los estudiantes ante el Consejo Superior de la Universidad del
Magdalena y realizó gestiones ante entidades del distrito de Santa Marta
(Magdalena), hecho que evidencia una violación al régimen de inhabilidades para ser
concejal, durante el año anterior a las elecciones. Alegaron que su actuación en favor
de la comunidad universitaria le concedió una ventaja respecto de los demás
candidatos al Concejo Distrital de Santa Marta.
Destacaron que su activa participación en redes sociales, valiéndose de la
representación de los estudiantes ante el consejo superior universitario, al tiempo
que era candidata a la duma distrital, supuso un desequilibrio en la contienda
electoral. Esto por cuanto, el desempeño de su labor en la institución de educación
superior y las distintas gestiones adelantadas ante entidades públicas, le permitió
llevar a cabo actos proselitistas dentro de aquella, la cual cuenta con más de 20.000
estudiantes.
Refirieron las sentencias del 25 de agosto de 2016, Rad: 66001-23-33-000-2015-
00475-01 del Consejo de Estado, Sección Quinta, magistrado ponente, Alberto
Yepes Barreiro, y del 8 de octubre de 2019, Rad: 11001-03-15-000-2018-02417-01
acumulado, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con el
propósito de precisar el alcance que le ha dado la jurisprudencia a la gestión de
negocios de que trata el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.
2. Actuaciones procesales
2.1 La admisión
El Tribunal Administrativo del Magdalena, en el asunto 2024-00031-00 a través de
auto del 23 de enero de 2024, admitió la demanda y ordenó las notificaciones de
rigor.
Por su parte, en el radicado 2024-00047-00, el tribunal dispuso en proveído del 19 de
febrero de 2024 admitir la demanda y ordenar las notificaciones respectivas.
3. Contestación de la demanda
3.1 Ginna Marcela Sarmiento Gómez – demandada
Mediante apoderada intervino en los siguientes términos:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Demandantes: Hollsman Enrique González Ibáñez y otros
Demandada: Ginna Marcela Sarmiento Gómez, concejal de Santa Marta, periodo 2024-2027
Rad: 47001-23-33-000-2024-00047-01 acumulado
Sostuvo que la simple manifestación o presentación de una propuesta para ser
elegida representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Universidad de
Magdalena, aun cuando precisa gestiones ante entidades públicas no constituye el
adelantamiento de diligencias o actuaciones que proscribe la inhabilidad endilgada.
Anotó que no se probaron las supuestas diligencias que fueron adelantadas por la
demandada, para obtener una tarifa diferencial en el transporte público para los
estudiantes de la referida universidad.
Indicó que, en efecto, formuló un derecho de petición ante la Alcaldía Distrital de
Santa Marta, junto con otros dos miembros del Consejo Académico y Superior de la
universidad, el 22 de febrero de 2023, con el fin de que la institución de educación
superior fuera exonerada del impuesto predial; sin embargo, aquella solicitud la podía
presentar cualquier ciudadano, sin tener la calidad de representante del
establecimiento; ello, en consideración a la regulación normativa sobre el particular.
Resaltó que, en cuanto a las fotografías y videos aportados sobre la actividad de la
demandada en redes sociales, se desconocen las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en las que fueron capturados, así como su autoría. De cualquier forma, afirmó
que la documental allegada no demuestra ninguna conducta que se proscriba por el
ordenamiento.
Comentó que es claro que la inhabilidad alegada por la parte actora contempla tres
situaciones prohibidas durante el año anterior a la elección para quienes aspiran a
ser elegidos concejales. La primera, referida a abstenerse de intervenir en la gestión
de negocios y se concreta con la realización de una actividad o aproximación
potencialmente efectiva, valiosa, útil y trascendente, efectuada directamente por el
candidato ante órganos públicos con el propósito de obtener un beneficio propio o de
un tercero. La segunda, es la intervención en la celebración de contratos con
entidades públicas en interés propio o de terceros. Y la tercera es aquella que se
configura con la representación legal de entidades que administran tributos o
contribuciones parafiscales.
Expuso que la configuración de la gestión de negocios se concreta con la
intervención positiva, dinámica, modificatoria del mundo exterior y puntual, que haya
estado directamente orientada a adelantar una iniciativa o un proyecto ante una
entidad pública, para la búsqueda de un objetivo específico que tenga como
propósito un beneficio para sí, o para un tercero, de naturaleza no necesariamente
económica y con independencia de que se obtenga o no.
Argumentó que la solicitud elevada por la demandada en conjunto con otros
representantes, en relación con la exención del impuesto predial en favor de la
Universidad del Magdalena, se formuló en su calidad de miembro del consejo
superior de la institución y en cumplimiento de las funciones que le competían en
ejercicio de ese cargo; razón por la cual, no es posible entender la solicitud como una
gestión personal pues, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia, la labor que se
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Demandantes: Hollsman Enrique González Ibáñez y otros
Demandada: Ginna Marcela Sarmiento Gómez, concejal de Santa Marta, periodo 2024-2027
Rad: 47001-23-33-000-2024-00047-01 acumulado
adelanta en nombre de esos órganos de dirección son propias de estos y no pueden
ser atribuibles individualmente a cada uno de sus integrantes.
Mencionó que, en lo que respecta a los sufragios obtenidos por la demandada en la
sede de la Universidad del Magdalena, es un argumento que resulta incongruente, si
se tiene en cuenta que, quienes acudieron a ese puesto de votación, no
necesariamente hacían parte de la comunidad universitaria. Recordó que la
designación del lugar en el que se ejerce el derecho al sufragio está determinada por
la proximidad al sitio de residencia o donde la persona inscribe su documento; por lo
tanto, los ciudadanos que votaron en las pasadas elecciones, en la Universidad del
Magdalena, no necesariamente tenían un vínculo con la institución de educación
superior.
3.2 Consejo Nacional Electoral
Invocó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y advirtió que
ante dicha autoridad no se presentó solicitud alguna relacionada con la revocatoria
de la inscripción de la candidatura de la señora Ginna Marcela Sarmiento Gómez al
Concejo Distrital de Santa Marta (Magdalena), para el periodo 2024-2027.
3.3. Registraduría Nacional del Estado Civil
Solicitó que se declare la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva,
toda vez que le corresponde únicamente a los partidos y movimientos políticos
verificar los requisitos de sus aspirantes a las corporaciones públicas que se
postulan. Así, la función de la referida entidad se limita a la constatación de
presupuestos formales para la inscripción de candidatos.
4. Otras actuaciones de la primera instancia
Mediante providencia del 4 de marzo de 2024, en el expediente 2024-00047-00, la
magistrada ponente del Tribunal Administrativo del Magdalena ordenó dictar
sentencia anticipada. Sin embargo, el 8 de marzo de 2024, el Secretario de la
corporación advirtió la existencia de 2 procesos en contra de la señora Ginna
Marcela Sarmiento Gómez. En consideración a dicho informe, a través de proveído
del 14 de marzo de 2024 se dejó sin efecto el auto que prescindió de la audiencia
inicial y decretó la acumulación con el proceso 2024-00031-00.
El 26 de abril de 2024 se llevó a cabo la audiencia inicial; en la referida diligencia la
magistrada sustanciadora advirtió que no había excepciones previas que resolver y
que las formuladas por el CNE y la RNEC serían resueltas en la sentencia, razón por
la cual, procedió con el decreto de las pruebas solicitadas por las partes, y denegó
algunas. Fijó el litigio en los siguientes términos1:
¿Está viciado o no de nulidad el Formulario E-26 CON del 25 de noviembre de 2023,
por medio del cual, se declaró la elección de la señora GINNA MARCELA
SARMIENTO GOMEZ, como Concejal del Distrito de Santa Marta para el periodo
1 Se transcriben inclusive los errores del texto original
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Demandantes: Hollsman Enrique González Ibáñez y otros
Demandada: Ginna Marcela Sarmiento Gómez, concejal de Santa Marta, periodo 2024-2027
Rad: 47001-23-33-000-2024-00047-01 acumulado
constitucional 2024-2027 por el Grupo significativo de ciudadano SANTA MARTA
GANA, por estar presuntamente incurso en la causal de nulidad electoral
contemplada en el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 concordante
con el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, esto es, por encontrarse incursa en causal
de inhabilidad para ser concejal, por haber intervenido en la gestión de negocios ante
entidades públicas del nivel municipal o distrital dentro del año inmediatamente
anterior a su elección?
Para lo cual deberá establecerse:
Si es cierto o no, que la señora GINNA MARCELA SARMIENTO GOMEZ candidata al
Concejo del distrito de Santa Marta - Magdalena, por el Grupo significativo de
ciudadano SANTA MARTA GANA, en la contienda electoral del año 2023 para el
periodo constitucional 2024 – 2027, dentro del año inmediatamente anterior a la
elección, en calidad de representante estudiantil, realizó gestión de negocios en favor
de la Universidad del Magdalena en relación con la excepción del impuesto predial.
Si es cierto o no que la señora GINNA MARCELA SARMIENTO GOMEZ siendo
candidata al Concejo del distrito de Santa Marta - Magdalena, por el Grupo
significativo de ciudadano SANTA MARTA GANA, en la contienda electoral del año
2023 para el periodo constitucional 2024 – 2027, dentro del año inmediatamente
anterior al de su elección, en calidad de representante estudiantil, realizó gestión de
negocios ante el Distrito de Santa Marta, el Sistema Estratégico de Transporte
Público y la Secretaría de Transporte Distrital, en beneficio de los estudiantes de la
Universidad del Magdalena, respecto de una disminución de la tarifa del servicio de
transporte público y la creación de nuevas rutas de transporte que llegaran dicha
Institución. Habrá lugar a determinar si:
Constituye o no gestión de negocios de que trata el numeral 3 del artículo 40 de la
Ley 617 de 2000, la actuación desplegada por la accionada al solicitar la exención del
pago del impuesto predial a favor de la Universidad del Magdalena, suscrita en
calidad de representante estudiantil.
Constituye o no gestión de negocios la solicitud elevada por la accionada en calidad
de representante de los estudiantes, ante el Distrito de Santa Marta, el SETP y la
Secretaría de Transporte, relacionada con la obtención de una tarifa preferencial para
los estudiantes de la Universidad del Magdalena, así como la creación de nuevas
rutas de transporte público hacia la Institución educativa.
Establecer si es procedente declarar probada o no la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formuladas por la REGISTRADURIA
NACIONALDEL ESTADO CIVIL y el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL.
Finalmente, en la misma audiencia se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión, así como al Ministerio Público, término dentro del cual allegaron sus
escritos correspondientes.
5. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante providencia del 8 de agosto de
2024, declaró probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Demandantes: Hollsman Enrique González Ibáñez y otros
Demandada: Ginna Marcela Sarmiento Gómez, concejal de Santa Marta, periodo 2024-2027
Rad: 47001-23-33-000-2024-00047-01 acumulado
pasiva, propuestas por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo
Nacional Electoral y denegó las pretensiones de la demanda, con fundamento en las
siguientes consideraciones:
Sostuvo que la gestión de negocios ha sido entendida por la jurisprudencia del
Consejo de Estado como aquellas actuaciones desplegadas por un candidato con el
fin de derivar un lucro. De modo que, para que se configure la inhabilidad, se
requiere demostrar que la(el) candidata(o) al concejo intervino personalmente ante
las entidades distritales para obtener un resultado lucrativo.
Indicó que en este asunto se encuentra acreditado que el 22 de febrero de 2023, la
señora Ginna Marcela Sarmiento Gómez en calidad de representante de los
estudiantes ante el Consejo Superior de la Universidad del Magdalena, presentó
junto con los señores Edilmer Sarmiento Anchila y Rafael Ricaurte Ebratt, en la
Alcaldía Distrital de Santa Marta, una solicitud de exención del impuesto predial del
ente universitario.
Comentó que, asimismo, se aportó copia de la respuesta otorgada a la referida
petición, por parte del secretario Distrital de Hacienda, en la que niega la solicitud, en
la medida en que esa dependencia carece de competencia para adoptar medidas de
eliminación de tributos, tasas y sobretasas, ordenar exoneraciones y establecer
sistemas de retención y anticipo, toda vez que aquellas son funciones del Concejo
Distrital de Santa Marta, de conformidad con el artículo 313 numeral 4 de la
Constitución Política, y el artículo 4 del Acuerdo 004 del 19 de marzo de 2016.
Mencionó que al expediente no se aportó ninguna prueba que acredite cuáles fueron
las gestiones de negocio que presuntamente realizó la demandada ante el Sistema
Estratégico de Transporte Público SETP y la Secretaría de Transporte del Distrito de
Santa Marta, a través de las cuales solicitó la creación de una tarifa especial del
transporte público para los estudiantes de la Universidad del Magdalena y la creación
de nuevas rutas de transporte hacia dicha institución. Es decir, tales afirmaciones
carecen de sustento probatorio por lo cual no procede efectuar pronunciamiento
alguno.
Respecto de la solicitud de exención del impuesto predial de la Universidad del
Magdalena, elevada por la concejal demandada ante el Distrito de Santa Marta en su
calidad de representante estudiantil, estimó que, si bien implicó una diligencia
personal realizada dentro del año inmediatamente a su elección, de la misma no se
advierte la finalidad de obtener un resultado lucrativo de la administración distrital,
por lo cual consideró que no constituyó la causal de gestión de negocios.
Manifestó que de la solicitud se evidencia que su objetivo era el interés general, en
tanto se perseguía un beneficio que impactaría a la comunidad estudiantil de la
Universidad del Magdalena; por tal motivo, sostuvo que se desdibujan los elementos
subjetivo y material, establecidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado para la
configuración de la inhabilidad.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Demandantes: Hollsman Enrique González Ibáñez y otros
Demandada: Ginna Marcela Sarmiento Gómez, concejal de Santa Marta, periodo 2024-2027
Rad: 47001-23-33-000-2024-00047-01 acumulado
Enfatizó en que la gestión de negocios solo se predica cuando se obra en interés
particular bien sea propio o de un tercero, por lo que tal interpretación excluye la
celebración de contratos cuando se hace en razón a la representación, entre otras,
de una entidad pública porque se entiende que se obra en interés general. Además,
recordó que esta causal apunta a la consecución de contratos estatales, es decir, se
refiere a las diligencias previas al negocio jurídico, como los acercamientos a la
entidad pública o las propuestas que efectivamente se le hagan, aún en los eventos
en que lo pretendido no se concrete.
Argumentó que es evidente que la actuación desplegada por la demandada en
calidad de representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Universidad del
Magdalena no pretendía la concreción de un negocio o contrato con el Distrito de
Santa Marta; por el contrario, de la solicitud se observa que se trató de generar un
beneficio para los jóvenes de la ciudad, es decir, la comunidad general.
Resaltó que la parte demandante aportó una fotografía y dos videos, para demostrar
la presunta gestión de negocios de la señora Ginna Marcela Sarmiento Gómez ante
el Distrito de Santa Marta. Sin embargo, la imagen aportada por sí sola no demuestra
la causal de inhabilidad invocada, comoquiera que se observa a una persona, quien
presuntamente es la demandada, en un perfil de la red social Instagram, con un
mensaje al pie de la foto que indica que se presentó una solicitud para obtener la
exención del impuesto predial de la Universidad del Magdalena.
Indicó que en lo que respecta a los videos, serían valorados como documentos, en
tanto que no reúnen los requisitos para apreciarse como un mensaje de datos.
Precisó que en una de las filmaciones aportadas se observa la entrevista realizada
presuntamente por el medio informativo Opinión Caribe en live stream, en el que se
ve a una moderadora y a la demandada quien expone su aspiración al Concejo
Distrital de Santa Marta. Sobre el particular, se advierte que la concejal acusada se
limitó a informar sobre su perfil profesional, su desempeño como representante de
los estudiantes ante el Consejo Superior de la Universidad del Magdalena y todas las
gestiones adelantadas en virtud de esa representación.
Comentó que, incluso, hace referencia a la tarifa preferencial del transporte público
que consiguieron para toda la comunidad universitaria en el año 2019, esto es, por
fuera del extremo temporal de la inhabilidad.
Resaltó que en el segundo video se evidencia a la demandada en compañía de dos
mujeres, en el que expone un programa de becas que podría implementarse en
beneficio de los jóvenes samarios, con los recursos destinados al impuesto predial
pagado por la Universidad del Magdalena. Sin embargo, de la videograbación
tampoco se logran advertir los presupuestos que exige la ley y la jurisprudencia para
la configuración de la inhabilidad.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Demandantes: Hollsman Enrique González Ibáñez y otros
Demandada: Ginna Marcela Sarmiento Gómez, concejal de Santa Marta, periodo 2024-2027
Rad: 47001-23-33-000-2024-00047-01 acumulado
6. Los recursos de apelación
Inconformes con la decisión2, los demandantes, mediante escritos allegados el 17 y
18 de septiembre de 2024, formularon sus respectivos recursos de apelación, con
fundamento en los siguientes argumentos:
6.1. Javier Alberto Vargas Salgado (demandante 2024-00031-00)
Insistió en que la inhabilidad por gestión de negocios en este asunto se configuró,
por cuanto la demandada dentro del año anterior a los comicios en los que resultó
electa como concejal del Distrito de Santa Marta, solicitó a la alcaldía distrital, en
representación de los estudiantes ante el Consejo Superior de la Universidad del
Magdalena, la exoneración del impuesto predial; lo cual reportaba claramente un
beneficio a favor de terceros, además de la ventaja electoral que ello le significaba en
su aspiración al cabildo distrital; tanto así, que en el puesto de votación de la referida
institución obtuvo un gran respaldo.
Anotó que en este caso el beneficio obtenido se traduce en mejores resultados
electorales, lo cual generó un desequilibrio frente a los demás candidatos. Además,
indicó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que no se requiere
del éxito de la gestión, sino que sea potencialmente efectiva.
Comentó que el a quo no llevó a cabo una valoración probatoria adecuada, pues de
la documental aportada se evidencia la configuración de la inhabilidad.
6.2. Hollsman Enrique González Ibáñez y Rodrigo Alexander Quintero Castrillón
(demandantes 2024-00047-00)
Aseguraron que el tribunal de primera instancia realizó una indebida valoración
probatoria de las evidencias allegadas, lo cual comporta un desconocimiento al
debido proceso de la parte actora. Especialmente, de la petición que fue radicada por
la demandada ante la Alcaldía Distrital de Santa Marta, pues de aquella sí se
desprende un beneficio claro, aun cuando no lucrativo, para la propia concejal.
Sustentaron que aquella actuación le significó una ventaja electoral a la señora
Ginna Marcela Sarmiento Gómez, quien aspiraba al Concejo Distrital de Santa Marta,
al mostrarse como gestora de buenos proyectos ante la comunidad estudiantil; lo
cual, además, se puede constatar con los resultados que obtuvo en el puesto de
votación de la Universidad del Magdalena.
Agregaron que tanto los videos como la fotografía aportada, fueron menospreciados
por el a quo, sin otorgarles el valor probatorio que merecían, pues dan cuenta de la
conducta inhabilitante que se reprocha. En efecto, indicaron que en esas
documentales se aprecia a la demandada conceder entrevistas sobre su gestión
como representante de los estudiantes ante el consejo superior del referido ente
universitario y los beneficios que le traería a la comunidad la concreción de tales
2
Notificada el 11 de septiembre de 2024.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Demandantes: Hollsman Enrique González Ibáñez y otros
Demandada: Ginna Marcela Sarmiento Gómez, concejal de Santa Marta, periodo 2024-2027
Rad: 47001-23-33-000-2024-00047-01 acumulado
iniciativas.
Mencionaron que no comprenden la razón por la cual el tribunal, al abordar el estudio
de la causal de gestión de negocios, hace alusión a la celebración de contratos, a
pesar de que esta última no fue invocada.
Concluyeron que la gestión realizada ante la alcaldía por parte de la demandada tuvo
la potencialidad efectiva, valiosa, útil y trascendente para quebrantar la igualdad
entre los candidatos, es decir, la generación de una ventaja electoral efectiva. Por lo
tanto, alegaron que el tribunal no puede sostener la tesis, según la cual, la concejal
acusada realizó la solicitud ante la alcaldía como representante estudiantil del
consejo superior de la universidad en comento, cuando esa calidad ni siquiera se
acreditó frente la administración distrital.
7. Actuaciones en segunda instancia
Mediante providencia del 7 de octubre de 2024 se admitieron los recursos de
apelación formulados, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al
Ministerio Público para rindiera su concepto.
8. Alegatos de conclusión en segunda instancia
8.1. Demandada3
Sostuvo que, contrario a lo señalado por los recurrentes, el a quo sí valoró cada una
de las pruebas aportadas y, a partir del análisis de aquellas pudo concluir que no se
configuró la inhabilidad por gestión de negocios endilgada a la concejal acusada.
Destacó que la parte actora insiste en que el beneficio obtenido por la señora
Sarmiento Gómez, se traduce en una ventaja electoral, en consideración a los
resultados obtenidos en el puesto de votación ubicado en las instalaciones de la
Universidad del Magdalena; sin embargo, parte de una premisa equivocada, esto es,
que las personas registradas para sufragar en las instalaciones de la institución
educativa tienen una relación con esta o con sus miembros. Aspecto que carece de
certeza, pues la designación del lugar de votación está determinada por la
proximidad al sitio de residencia y a donde se inscriba el documento.
Anotó que la solicitud presentada por la señora Ginna Sarmiento junto a dos
miembros más del consejo superior universitario, no quebranta la igualdad entre los
demás candidatos, toda vez que constituye un requerimiento que puede efectuar
cualquier ciudadano a través del ejercicio constitucional y legítimo del derecho de
petición, razón por la cual, la actuación efectuada no configura una gestión de
negocios ante entidades públicas.
3
Índice 9 de SAMAI
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Demandantes: Hollsman Enrique González Ibáñez y otros
Demandada: Ginna Marcela Sarmiento Gómez, concejal de Santa Marta, periodo 2024-2027
Rad: 47001-23-33-000-2024-00047-01 acumulado
9. Concepto del Ministerio Público4
La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia, con base en los siguientes argumentos:
Precisó que se encuentra demostrado que la demandada Ginna Marcela Sarmiento
Gómez, en calidad de represente estudiantil ante el consejo superior universitario,
presentó ante la Alcaldía Distrital de Santa Marta (Magdalena), el 22 de febrero de
2023, una solicitud para la exoneración del impuesto predial a la Universidad del
Magdalena.
Comentó que, no obstante, dicha petición no configura la inhabilidad por gestión de
negocios. Sobre el punto, explicó que la jurisprudencia del Consejo de Estado en
reiteradas ocasiones ha entendido esa causal como el conjunto de acciones que
facilitan la obtención de consecuencias jurídicas favorables para la persona elegida.
Estas actuaciones reportan el beneficio que el individuo electo busca obtener, el cual
puede concretarse en la formalización de un contrato.
Mencionó que la solicitud presentada por la demandada no buscaba concretar un
negocio o contrato con la Alcaldía de Santa Marta, sino que tenía como único
objetivo una exención tributaria para destinar esos recursos en becas para los
jóvenes de la región. Al respecto, la Sección Quinta ha descartado como conducta
inhabilitante actuaciones que no persiguen un interés propio particular ni de terceros,
sino satisfacer el interés general.
Concluyó que el ejercicio del derecho de acceso a la administración de justicia no
puede desconocer la proporcionalidad, racionalidad y lealtad procesal, como
imperativos categóricos. Sobre todo, cuando se acude al juez con fundamento en
circunstancias que claramente no denotan la configuración de la inhabilidad alegada,
para atacar el acto de elección de una de tres (3) mujeres (un muy bajo porcentaje
femenino) que ocupa una curul en el Concejo de Santa Marta (Magdalena).
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 150 inciso 1 y 152 5 numeral 7
literal (a) del CPACA y el Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena del
Consejo de Estado, esta Sección es competente para conocer en segunda instancia
de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora contra la sentencia del 8
de agosto de 2024, por medio de la cual, el Tribunal Administrativo del Magdalena
denegó las pretensiones de la demanda.
4 Índice
5 Artículo 152. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia… 7. De los siguientes asuntos
relativos a la nulidad electoral: a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el
caso (…) de los miembros de corporaciones públicas de los municipios (…).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Demandantes: Hollsman Enrique González Ibáñez y otros
Demandada: Ginna Marcela Sarmiento Gómez, concejal de Santa Marta, periodo 2024-2027
Rad: 47001-23-33-000-2024-00047-01 acumulado
2. El acto electoral cuestionado
Corresponde al Acta de Escrutinio Municipal E26 – CON del del 25 de noviembre del
2023, mediante la cual se declaró la elección, entre otros, de la señora Ginna
Marcela Sarmiento Gómez como concejal de Santa Marta (Magdalena), para el
periodo constitucional 2024-2027.
3. Problema jurídico
De conformidad con el fallo de primera instancia y con los argumentos expuestos en
los recursos de apelación, corresponde a esta Sección determinar si confirma,
modifica o revoca la sentencia de primera instancia. Sobre el particular, se tendrán
en cuenta los límites de la competencia del juez ad quem, a partir de la fijación del
litigio señalada por el tribunal, la providencia de primer grado y los argumentos de los
recursos.
En consecuencia, se deberá establecer si la señora Ginna Marcela Sarmiento
Gómez se encontraba inhabilitada para ser concejal de Santa Marta (Magdalena),
por la gestión de negocios ante entidades públicas durante el año anterior a las
elecciones del 29 de octubre de 2023. Particularmente, por la petición que formuló,
en calidad de representante de los estudiantes en el Consejo Superior de la
Universidad del Magdalena, ante la Alcaldía Distrital de Santa Marta, con miras a
obtener la exoneración del impuesto predial del inmueble en el que opera dicha
institución universitaria. Asimismo, por las gestiones que, en ejercicio de sus
funciones como vocera estudiantil, desplegó durante todo el término de su campaña
política.
Se advierte que al tenor de lo previsto en el artículo 320 del Código General del
Proceso6, «[e]l recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por
el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión», disposición que
debe interpretarse en concordancia con lo señalado en el artículo 328 Ibidem, según
el cual «[e]l juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley».
Por lo tanto, la competencia del superior para pronunciarse sobre el fundamento de
la apelación está circunscrita a los motivos de inconformidad expuestos por el
apelante, lo que descarta el análisis de cualquier otro aspecto que no haya sido
materia de alzada7.
Para abordar el asunto, la Sala desarrollará la siguiente metodología: (i) El marco
jurídico de la inhabilidad por gestión de negocios ante entidades públicas y, (ii) el
caso concreto, conforme a los límites indicados en el párrafo anterior.
6 Aplicable al trámite del recurso de apelación en los aspectos no regulados en la Ley 1437 de 2011, por la
remisión prevista en su artículo 306.
7 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2021, expediente: 68001-23-33-000-2019-
00896-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Demandantes: Hollsman Enrique González Ibáñez y otros
Demandada: Ginna Marcela Sarmiento Gómez, concejal de Santa Marta, periodo 2024-2027
Rad: 47001-23-33-000-2024-00047-01 acumulado
4. Marco jurídico de la inhabilidad de los(as) concejales por gestión de
negocios ante entidades públicas
El carácter fundamental que la Constitución Política otorgó al derecho a ser elegido
es consecuente con los rasgos que definen a Colombia como una República
«democrática, participativa y pluralista» (artículo 1º) y con el fin esencial del Estado
de «facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan» (artículo 2º).
Sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa constitucional requiere de
condicionamientos mínimos que aseguren principios del mismo rango, especialmente
la prevalencia del interés general y la igualdad. Para alcanzar este cometido no debe
descuidarse la razonabilidad y proporcionalidad, teniendo en cuenta que afectan una
prerrogativa primordial para el ciudadano en un Estado democrático8.
Con tal propósito, están instituidos en el ordenamiento jurídico requisitos y
restricciones para acceder a la función pública. Uno de estos instrumentos lo
constituyen los regímenes de inhabilidades para ocupar cargos de elección popular.
De acuerdo con la jurisprudencia de la corporación, estas causales de inhabilidad
persiguen como objetivo común, preservar la igualdad entre los candidatos, sobre el
supuesto de existencia de una relación relevante con el Estado potencialmente
ventajosa para alguno de ellos. Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha explicado lo siguiente:
Este supuesto de inhabilidad busca prevenir asimetrías de poder en dos ámbitos que
se rigen por estrictas reglas de igualdad. De un lado, previene desequilibrios en la
contienda electoral que puedan derivarse de los beneficios que obtenga el candidato,
con ocasión de sus gestiones o contratos con la Administración. De otro lado, previene
asimetrías y prácticas corruptas en los procesos de contratación, que pueden tener
lugar si un candidato aprovecha su posición para tomar ventaja sobre la entidad
pública o sobre otros proponentes9.
De forma similar, la Sala Electoral ha destacado la finalidad preventiva de estas
inhabilidades:
“[L]a fuente de las causales de inhabilidad en estudio es preventiva y proteccionista de
la igualdad de los aspirantes a las justas electorales, bajo el propósito de precaver
vicios en la relación del candidato con las entidades públicas que implique la indebida
utilización de esa condición de candidato en las actividades que adelante ante aquellas
y, evitar, vicios de mayor trascendencia, como es que el candidato utilice sus vínculos y
relaciones con las entidades públicas en beneficio de sus intenciones electorales o que
8 Sobre la finalidad y los límites de las situaciones que restringen el ejercicio de cargos públicos, ver, entre
muchas otras: Corte Constitucional, sentencias C-903 de 2008 y C-146 de 2021 Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencias de 18 de noviembre de 2021, Rad. 41001-23-33-000-2019-00555-01, MP. Luis Alberto Álvarez
Parra; 27 de septiembre de 2018, Rad. 11001-03-28-000-2018-00015-00, MP. Rocío Araújo Oñate.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de octubre de 2019, Rad.
11001-03-15-000-2018-02417-01. Posición general explicativa que ya era sostenida de antaño por la
jurisprudencia teorizando sobre la teleología de la inhabilidad.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Demandantes: Hollsman Enrique González Ibáñez y otros
Demandada: Ginna Marcela Sarmiento Gómez, concejal de Santa Marta, periodo 2024-2027
Rad: 47001-23-33-000-2024-00047-01 acumulado
el electorado asocie, deduzca o concluya que verlo en tratativas con las entidades
públicas le aventaja y con ello acreditarse ante los electores para obtener los votos10”.
Tratándose de concejales, el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994
dispone lo siguiente:
ARTÍCULO 43. INHABILIDADES. <Artículo modificado por el artículo 40 de la Ley
617 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> No podrá ser inscrito como candidato ni
elegido concejal municipal o distrital:
(…)
3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de
negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la
celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o
de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo
municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante
legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades
que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen
subsidiado en el respectivo municipio o distrito.
Ahora, a pesar de la identidad de propósito y que, por lo general, las gestiones ante
las entidades públicas apunten a la celebración de contratos, es importante no perder
de vista que se trata de causales de inhabilidad autónomas e independientes,
referidas a conductas que ocurren en diferentes momentos y se manifiestan de
formas distintas.
Respecto de la inhabilidad por intervención en la gestión de negocios ante entidades
públicas, la jurisprudencia ha identificado cuatro (4) presupuestos para su
configuración11:
(i) Un elemento temporal, referente a la fecha de la elección y que se extiende
durante el año que la precede12.
(ii) Un elemento geográfico, que dirige la atención al lugar donde se
gestionaron los negocios lo cual debe coincidir con el municipio o distrito de la
elección respectiva.
(iii) Un elemento material u objetivo, referido a las actuaciones concretas y
comprobadas del demandado ante la entidad pública para lograr un fin
patrimonial o extra patrimonial, independientemente de su éxito.
10 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de septiembre de 2018, Rad. 11001-03-28-000-2018-
00015-00.
11
Ver entre otras: Consejo de Estado. Sección Quinta. expediente Radicado No. 11001-03-28-000-2014-00051-
00, sentencia de 3 de agosto de 2015. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, demandada: Ana María Rincón
Herrera, Representante a la Cámara por el departamento del Huila. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Quinta. Expediente 66001-23-33-000-2015-00475-01, providencia del 25 de agosto de
2016. M.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro.
12 En el caso de los congresistas, este plazo está previsto en seis (6) meses antes de la elección, como se
observa en el numeral 3 del artículo 179 de la Constitución Política.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Demandantes: Hollsman Enrique González Ibáñez y otros
Demandada: Ginna Marcela Sarmiento Gómez, concejal de Santa Marta, periodo 2024-2027
Rad: 47001-23-33-000-2024-00047-01 acumulado
(iv) Un elemento subjetivo, relacionado con el interés propio o de terceros que
motiva las gestiones adelantadas.
En particular, respecto del elemento material u objetivo, la intervención en la gestión
de negocios se ha relacionado con una conducta personal y activa del futuro
candidato ante una entidad pública con la que aspira a celebrar un negocio jurídico u
obtener una respuesta favorable frente a un interés patrimonial o extrapatrimonial.
Ahora bien, no toda diligencia que se adelante con una autoridad configura la causal,
pues debe tratarse de una conducta útil, trascendente y potencialmente efectiva,
para cuya valoración también interesa el móvil, causa o aspecto modal 13. De ahí que
las actuaciones que se atribuyan al demandado deban estar debidamente probadas
y no ser el resultado de meras inferencias o deducciones subjetivas.
Adicionalmente, en estas gestiones se puede intervenir en nombre e interés propio,
como apoderado, agente oficioso «o cualquier otra figura que permita asumir la
defensa de intereses ajenos»14. Asimismo, la Sala Electoral ha advertido que la
conducta proscrita implica un intercambio que requiere una reacción o respuesta por
parte de la entidad pública, aunque esta sea negativa15.
Con base en estos lineamientos conceptuales, se ha considerado como
«intervención en la gestión de negocios» ante entidades públicas, por ejemplo, la
influencia que ejerció un candidato al concejo para obtener la vinculación de un
tercero por contrato con el municipio16, la participación de un aspirante en la
autorización que dio la junta directiva de una empresa para postularse como
contratista de entidad pública17, y las instrucciones impartidas por el candidato al
mandatario de una sociedad sobre el alcance de su oferta en el marco de un proceso
de contratación18.
En contraste, se ha descartado como conducta inhabilitante el evento en que un
servidor público obra en ejercicio de sus atribuciones legales, pues en este
escenario sus actuaciones no persiguen un interés propio ni de terceros particulares,
sino que buscan satisfacer el interés general19. Tampoco se ha dado este alcance
a la sola calidad de socio de la persona jurídica que actúa como proponente u
oferente en un proceso de selección con una entidad pública 20. A la misma
conclusión se ha llegado frente al administrador de la sucursal o gerente
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 21 de abril de 2009, Rad.
11001-03-15-000-2007-00581-00. Sección Primera, sentencia de 6 de octubre de 2017, Rad. 63001-23-33-000-
2016-00327-01. Sección Quinta, sentencia de 11 de agosto de 2016, Rad. 50001-23-33-000-2015-00647-01.
14 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 23 de octubre de 2008, Rad. 07001-23-31-000-2007-00083-
01.
15 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 7 de marzo de 2013, Rad. 52001-23-31-000-2011-00664-01.
16
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 12 de agosto de 2010, Rad. 08001-23-31-000-2010-00025-
01.
17 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 10 de noviembre de 2005, Rad. Int. 2174-3175-3180.
18 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 24 de mayo de 2007, Rad. 25001-23-15-000-2006-00210-
01.
19 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de noviembre de 2008, Rad. 73001-23-31-000-2007-
00710-01.
20 Ver: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 17 de octubre de 2013, Rad. 76001-23-31-000-2011-
01747-01 y sentencia de 5 de junio de 2005, Rad. 70001-23-31-000-2003-02150-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Demandantes: Hollsman Enrique González Ibáñez y otros
Demandada: Ginna Marcela Sarmiento Gómez, concejal de Santa Marta, periodo 2024-2027
Rad: 47001-23-33-000-2024-00047-01 acumulado
administrativo21 de la empresa contratista22, ni a quien actuó por poder en una
audiencia de sorteo de adjudicatario ocurrida con posterioridad a la selección del
contratista23.
De otra parte, las características particulares de algunos casos han requerido
precisar que, cuando la gestión de negocios es exitosa para el acuerdo de
voluntades, únicamente se examina la causal de inhabilidad de intervención en la
celebración de contratos. Por el contrario, si la gestión tendiente a la realización de
un contrato no prospera, entonces la causal se analiza como gestión de negocios
propiamente dicha24.
En tales condiciones, es crucial para el juez electoral analizar una posible
intervención en la gestión de negocios ante una entidad pública cuando el
demandado no figura entre quienes suscribieron el contrato estatal obtenido, pues
por este cauce corre el riesgo de vaciar de contenido la primera causal, omitiendo el
debido estudio de las conductas que pudieran desplegarse en la etapa
precontractual.
5. Caso concreto
Como viene de explicarse en los antecedentes de esta providencia, la parte actora
pretende que se declare la nulidad del acto de elección de la señora Ginna Marcela
Sarmiento Gómez, con fundamento en que se encontraba inhabilitada para ocupar
una curul en el Concejo Distrital de Santa Marta. Para la parte demandante, ahora
recurrente, durante el año anterior a las elecciones, la demandada llevó a cabo
conductas que se encuadran en la gestión de negocios ante entidades públicas;
particularmente, adelantó iniciativas para la consecución de una tarifa preferencial
para los estudiantes de la Universidad del Magdalena en el transporte público y
además, solicitó a la Alcaldía Distrital de Santa Marta la exoneración del impuesto
predial del inmueble donde funciona el referido ente universitario.
El tribunal de primera instancia negó las pretensiones de la demanda, al advertir que
las gestiones realizadas por la demandada tuvieron lugar como consecuencia de su
representación del estamento estudiantil ante el Consejo Superior de la Universidad
del Magdalena; por lo tanto, no podía significar un beneficio particular a nombre
propio o de terceros, comoquiera que se buscaba la satisfacción de un interés común
o general de la población universitaria.
Sin embargo, los recurrentes consideran que el a quo no valoró en debida forma las
pruebas que fueron allegadas al proceso y que demuestran la conducta prohibitiva
21 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 17 de octubre de 2013, Rad. 76001-23-31-000-2011-01747-
01.
22 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 5 de marzo de 2012, Rad. 11001-03-28-000-2010-00025-00.
23 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 11 de agosto de 2016, Rad. 50001-23-33-000-2015-00647-
01.
24 Consejo de Estado, Sala 17 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia de 27 de noviembre de
2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-02883-00. Sala Primera Especial de Decisión de Pérdida de Investidura,
sentencia de 19 de febrero de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2018-02417-00. Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia de 12 de agosto de 2021, Rad. 15001-23-33-000-2019-00630-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Demandantes: Hollsman Enrique González Ibáñez y otros
Demandada: Ginna Marcela Sarmiento Gómez, concejal de Santa Marta, periodo 2024-2027
Rad: 47001-23-33-000-2024-00047-01 acumulado
de la inhabilidad. Para los accionantes hubo una gestión indebida ante la alcaldía
distrital, en tanto la demandada formuló una petición que pretendía una exención
tributaria que, en últimas, reportaría un beneficio a los estudiantes que representaba
como a su campaña política al Concejo de Santa Marta; más aún, si se tiene en
cuenta que la señora Sarmiento Gómez se mostró en sus redes sociales como una
buena gestora de negocios frente a la administración distrital, con fundamento en las
acciones desplegadas en favor de la institución de educación superior, dándole una
ventaja electoral respecto de los demás candidatos.
Adicionalmente, los apelantes señalaron que no comprenden por qué el tribunal, al
analizar la causal invocada en este asunto, se refirió a la celebración de contratos,
cuando es claro que se endilga la gestión de negocios.
Con esa claridad, la Sala debe hacer una precisión inicial, la cual resulta fundamental
para llevar a cabo el estudio de los reparos de los recurrentes frente a la decisión de
primera instancia. Si bien la «gestión de negocios» es una causal autónoma de la
«celebración de contratos», los términos «negocios» y «contratos» pueden tener
elementos comunes, que resulta necesario comparar.
Como se precisó en el marco jurídico de esta providencia y los precedentes
jurisprudenciales anotados, la celebración de contratos supone la realización de una
gestión previa; por su parte, la gestión de negocios busca la celebración o ejecución
de contratos y en general, un beneficio particular a favor de la persona que lo
adelanta o de un tercero, así el cometido no se concrete efectivamente.
Luego, en el marco de la inhabilidad invocada en este asunto, debe tenerse presente
que las tratativas, actuaciones, diligencias o gestiones que adelanta una persona
ante una entidad, suponen el interés en la celebración de un negocio. El tratamiento
de la causal, en cada caso, depende de si se concreta o no el acto jurídico que
puede ser un contrato, en la mayoría de las veces.
Cuando no se suscribe o celebra el acuerdo de voluntades entre el gestor y la
entidad pública, la conducta que genera la inhabilidad es la de «gestión de
negocios». Pero siempre existe la intencionalidad de concretar un negocio jurídico
que reporte un beneficio en interés propio o de terceros de carácter particular.
En el caso bajo estudio, la parte recurrente insiste en que la concejal Ginna Marcela
Sarmiento Gómez no podía postularse ni ser elegida para esa dignidad, por cuanto
formuló una petición a la administración distrital de Santa Marta, con la finalidad de
obtener la exoneración del impuesto predial del inmueble en el que funciona la
Universidad del Magdalena. Aun cuando la respuesta que le otorgó el secretario de
Hacienda a esa solicitud fue negativa, los accionantes sostienen que ello no implica
que no haya gestionado ante la alcaldía una actuación que generaba un beneficio a
la comunidad educativa que representaba.
Frente al punto es importante resaltar que, por un lado, la concejal cuestionada
presentó la referida solicitud en su condición de representante de los estudiantes
ante el Consejo Superior de la Universidad del Magdalena; es decir, no lo hizo en
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Demandantes: Hollsman Enrique González Ibáñez y otros
Demandada: Ginna Marcela Sarmiento Gómez, concejal de Santa Marta, periodo 2024-2027
Rad: 47001-23-33-000-2024-00047-01 acumulado
interés propio. De otro lado, aun cuando se aceptara que formuló el requerimiento
para beneficiar a terceros, en realidad, se pretendía la satisfacción general de la
población universitaria, mas no el provecho particular de unos pocos25.
Además, no puede perderse de vista que la petición se hizo i) ante una autoridad que
no es la competente para la exoneración tributaria en cuestión y, ii) no tuvo la
finalidad de concretar un negocio o contrato.
Así, no puede confundirse la gestión de quien obra en ejercicio de sus atribuciones
legales o estatutarias, en este caso, como miembro del consejo superior
universitario, con las diligencias que se llevan a cabo con el propósito de celebrar un
negocio jurídico con una utilidad privada. La circunstancia que se plantea en las
demandas acumuladas dista sustancialmente de la causal invocada, pues no se
advierte la intención de la demandada en celebrar un acuerdo de voluntades con la
Alcaldía de Santa Marta (Magdalena).
Ahora bien, la parte recurrente señala que la solicitud elevada por la señora
Sarmiento Gómez no se hizo en representación de la universidad, pues esa calidad
ni siquiera se acreditó ante la administración distrital, según la respuesta otorgada
por el secretario de Hacienda. Sin embargo, la petición allegada demuestra lo
siguiente:
Como se lee, la concejal demandada introduce la solicitud con la advertencia de que
aquella se presenta en su condición de representante estudiantil ante el Consejo
Superior de la Universidad del Magdalena; el hecho de que no haya allegado la
documentación que acreditara esa calidad, no supone que haya formulado la petición
a nombre propio o en interés particular de algún tercero (solo reportaba un beneficio
25
La Sección Quinta llegó a la misma conclusión en un asunto en el que no se pretendía la celebración de
contrato o negocio jurídico alguno: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
sentencia del 18 de noviembre de 2021. Rad: 410001-23-33-000-2019-00555-01. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Demandantes: Hollsman Enrique González Ibáñez y otros
Demandada: Ginna Marcela Sarmiento Gómez, concejal de Santa Marta, periodo 2024-2027
Rad: 47001-23-33-000-2024-00047-01 acumulado
general para toda la comunidad educativa). Tampoco se puede confundir el ejercicio
del derecho de petición, como sucedió en este asunto, con la gestión de diligencias y
actos positivos ante entidades públicas con el propósito de celebrar un negocio
jurídico.
No puede dejarse de lado que la exención del impuesto predial requerido por el
Consejo Superior de la Universidad del Magdalena, a través de algunos de sus
miembros (como la concejal demandada), no supone la concreción de un acuerdo de
voluntades; el trámite para lograr esa exoneración está reglado en la ley y solo
procede en casos específicos, tratándose de bienes inmuebles con una destinación
pública. Luego, se insiste, la finalidad de la petición formulada en manera alguna
pretendía la celebración de un negocio jurídico.
Lo propio sucede con las actuaciones tendientes a obtener una tarifa preferencial en
el transporte público para los estudiantes de la universidad. Dicha afirmación no fue
respaldada probatoriamente, y aun cuando se hubiera demostrado, esa circunstancia
solo apareja un beneficio a la población universitaria, producto de la potestad
unilateral de la administración distrital, por lo que tampoco se traduce en la
concreción de un negocio jurídico del cual la demandada sacara un provecho
particular, más allá del cumplimiento de sus deberes como miembro del consejo
superior universitario.
Asimismo, las pruebas que allegó la parte demandante, consistentes en una
fotografía y dos videos, tal y como lo advirtió el tribunal de primera instancia, tan solo
revelan el uso legítimo de la libertad de expresión de la candidata al concejo, con el
ánimo de dar a conocer su perfil profesional y la experiencia adquirida, entre otros,
como representante del estamento estudiantil de la referida universidad. Asimismo,
pretendía destacar los resultados obtenidos en los distintos escenarios en que se ha
desempeñado, con los que seguramente quería demostrar a la ciudadanía su
capacidad para representarlos ante el Concejo de Santa Marta.
Dichas conductas, en modo alguno, configuran la inhabilidad de gestión de negocios
invocada por los accionantes. Naturalmente, la contienda y campaña electoral
supone para los aspirantes resaltar sus logros, habilidades y desempeño tanto en el
sector público como privado; por lo tanto, no puede condenarse a la demandada por
usar sus redes sociales para señalar las actuaciones que llevó a cabo como
representante de los estudiantes ante el Consejo Superior de la Universidad del
Magdalena, pues ello escapa del objeto de la inhabilidad invocada, el cual consiste
únicamente en tramitar ante las entidades públicas toda clase de diligencias
tendientes a la celebración de un negocio jurídico.
Tampoco puede afirmarse que la señora Ginna Marcela Sarmiento Gómez obtuvo
una ventaja electoral en la universidad, respecto de los demás candidatos, por el solo
cumplimiento de sus deberes como vocera del estamento estudiantil. Además, el
argumento según el cual, la demandada obtuvo más sufragios en el puesto de
votación de la Universidad del Magdalena, no se traduce en un beneficio directo por
su desempeño como representante de la comunidad universitaria; sobre todo porque,
tal y como lo advirtió la parte demandada, los estudiantes de la institución de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Demandantes: Hollsman Enrique González Ibáñez y otros
Demandada: Ginna Marcela Sarmiento Gómez, concejal de Santa Marta, periodo 2024-2027
Rad: 47001-23-33-000-2024-00047-01 acumulado
educación superior no necesariamente ejercieron su derecho al voto en ese puesto,
pues ello dependía de varios factores como su lugar de residencia o la simple
libertad de escogencia del sitio de inscripción en la ciudad.
Visto así el asunto, los argumentos señalados por los recurrentes no prosperan y, en
consecuencia, se confirmará la providencia apelada.
Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena del 8 de agosto de 2024, mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda.
SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.
TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede
ningún recurso.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.