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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 85001-23-33-000-2023-00131-02

Fecha
20 de marzo de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 85001-23-33-000-2023-00131-02

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 2 de mayo de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Casanare declaró la nulidad del acto de elección del señor Jhon Jairo Peynado Correa como concejal del municipio de Yopal, para el período 2024-2027, contenido en el formulario E-26 CON de 4 de noviembre de 2023, expedido por la Comisión Escrutadora Municipal. 25 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Reyes Emilio Guanaro Vargas Demandado: Jhon Jairo Peynado Correa Radicación: 85001-23-33-000-2023-00131-02 SEGUNDO: Remitir copia digital del expediente a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, para que, de encontrarlo procedente, examine la conducta de los abogados Edelberto Arenas, identificado con cédula de ciudadanía 13.834.443 y tarjeta profesional 76.994, y Edwin Fernando Gómez González, identificado con cédula de ciudadanía 1.118.538.195 y tarjeta profesional 277.601, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia. TERCERO: Advertir al señor Jhon Jairo Peynado Correa sobre la consecuencia prevista en el artículo 295 de la Ley 1437 de 2011, por la presentación de solicitudes improcedentes y dilatorias. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 85001-23-33-000-2023-00131-02

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

20 de marzo de 2025

Demandante: Reyes Emilio Guanaro Vargas
Demandado: Jhon Jairo Peynado Correa
Radicación: 85001-23-33-000-2023-00131-02

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 85001-23-33-000-2023-00131-02
Demandante: REYES EMILIO GUANARO VARGAS
Demandado: JHON JAIRO PEYNADO CORREA – CONCEJAL DE YOPAL
(PERÍODO 2024-2027)

Temas: Inhabilidad de concejal por celebración de contrato con entidad
pública. Factor territorial o espacial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la Sala decidir los recursos de apelación interpuestos contra la
sentencia de 2 de mayo de 2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo de
Casanare anuló la elección del señor Jhon Jairo Peynado Correa como concejal de
Yopal.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. El ciudadano Reyes Emilio Guanaro Vargas, a través de apoderado1, instauró
demanda en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 139 de la Ley 1437
de 2011, con el fin de obtener la nulidad del acto que declaró la elección del señor
Jhon Jairo Peynado Correa como concejal del municipio de Yopal (Casanare), para
el período 2024-2027, contenido en el formulario E-26 CON del 4 de noviembre de
2023, expedido por la Comisión Escrutadora Municipal.

1.2. Hechos

2. La parte actora relató los hechos relevantes que se sintetizan a continuación:

1 El abogado Marlon Oswaldo Vargas Hurtado.

1

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Demandante: Reyes Emilio Guanaro Vargas
Demandado: Jhon Jairo Peynado Correa
Radicación: 85001-23-33-000-2023-00131-02

3. El 29 de octubre de 2023 se celebraron a nivel nacional las elecciones de
autoridades locales, entre otras, de los concejales. El señor Jhon Jairo Peynado
Correa resultó elegido concejal de Yopal en la lista del Partido Liberal Colombiano,
con 1.019 votos.

4. El 7 de febrero de 2023, el demandado celebró con la Gobernación de
Casanare el contrato SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0317-2023 (No. Interno 0473),
con el objeto de «REALIZAR ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2023 DE LA COMISIÓN
DEPARTAMENTAL DE PROTECCIÓN DE LÍDERES SOCIALES Y DEFENSORES
DE DERECHOS HUMANOS».

5. Los estudios previos de 26 de enero de 2023 indicaban que el aludido
contrato debía ejecutarse en Yopal, con desplazamientos esporádicos a otros
municipios de Casanare.

6. De acuerdo con el informe rendido por el contratista el 14 de marzo de 2023,
las obligaciones fueron cumplidas «en el municipio de Yopal (100%)».

7. La misma manifestación fue realizada por el demandado en la declaración
juramentada para la deducción de la retención en la fuente a personas naturales por
contratación en la modalidad de prestación de servicios, dirigida a la Gobernación
de Casanare el 14 de marzo y el 19 de abril de 2023.

8. El referido contrato fue ejecutado dentro del año anterior a la elección,
durante cuatro meses, que corrieron desde el acta de inicio del 13 de febrero, hasta
el 12 de junio de 2023.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

9. El demandante invocó la causal de nulidad electoral prevista en el numeral 5
del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con la inhabilidad
establecida para los concejales en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de
1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

10. Con base en los hechos narrados, explicó que las pruebas aportadas con la
demanda demostraban todos los elementos de la prohibición, debido a que el
contrato de prestación de servicios celebrado por el señor Jhon Jairo Peynado
Correa con la Gobernación de Casanare fue cumplido dentro del año anterior a su
elección como concejal en el municipio de Yopal.

11. Precisó que los elementos material y temporal estaban acreditados con el
documento del contrato, donde figura el demandado como la persona que lo
suscribe y celebra con la mencionada entidad estatal, junto al acta de inicio, que
data del 13 de febrero de 2023.

2

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12. En cuanto al elemento territorial, destacó los informes de actividades y los
estudios previos del contrato, que señalaban el municipio de Yopal como el lugar de
ejecución.

13. Por otra parte, advirtió que el valor pactado del contrato demostraba el
elemento subjetivo, pues existió un beneficio patrimonial para el contratista.

14. Finalmente, indicó que el Consejo de Estado ha determinado que el régimen
de inhabilidades busca salvaguardar los principios de moralidad, imparcialidad,
igualdad y transparencia en el ejercicio de las funciones públicas2.

1.4. Contestación de la demanda

15. Dentro del plazo concedido por el tribunal en el auto admisorio de 6 de
diciembre de 20233, se recibieron las intervenciones que se reseñan a continuación:

1.4.1. Registraduría Nacional del Estado Civil

16. A través de apoderado4, la entidad precisó que sus funciones
constitucionales y legales son de carácter técnico y logístico, para la organización
de los certámenes democráticos.

17. Así mismo, diferenció sus competencias, de aquellas que cumple el Consejo
Nacional Electoral, en especial, la revocatoria de inscripción de candidatos incursos
en causales de inhabilidad.

18. También aclaró que la declaratoria de los resultados oficiales de las
elecciones corresponde a las comisiones escrutadoras, designadas particularmente
en los municipios por los tribunales superiores.

19. Por otra parte, advirtió que los partidos y movimientos políticos y los grupos
significativos de ciudadanos son los encargados de avalar e inscribir a los
candidatos, previa verificación de sus requisitos e inhabilidades, de conformidad con
el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011. A su turno, destacó que la Registraduría
Nacional del Estado Civil solo revisa cuestiones de forma del acto de inscripción y
gestiona el respectivo formulario, según el artículo 32 de la misma ley.

20. Con base en esos argumentos, propuso la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva, debido a que el rol de la entidad, tanto en la etapa de
inscripción de candidatos, como en los escrutinios, es estrictamente logístico, no
recae sobre lo sustancial ni guarda relación con las causales de nulidad electoral.

2 Citó los conceptos 1347 de 2001 y 1831 de 2007 de la Sala de Consulta y Servicio Civil de la

corporación.
3 Esta providencia también negó la medida cautelar de suspensión provisional del acto acusado,

solicitada por la parte actora.
4 El abogado Óscar Felipe Osorio Gaviria.

3

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1.4.2. Consejo Nacional Electoral

21. El apoderado de la entidad5 afirmó que carecía de legitimación en la causa
por pasiva, porque la demanda está sustentada en una causal subjetiva de nulidad
electoral, referida a requisitos, calidades y condiciones de elegibilidad de un
candidato, que debieron ser revisados por él mismo y por el partido que lo avaló.

22. Adicionalmente, precisó que, si bien el organismo tiene competencia para
resolver las solicitudes de revocatoria de inscripción de los aspirantes a cargos de
elección popular, para el caso del demandado no fue presentada una petición en
ese sentido y, por lo tanto, no hubo pronunciamiento de la autoridad respecto de la
inhabilidad que se discute.

1.4.3. Concejo Municipal de Yopal

23. Por medio de apoderado6, la corporación intervino durante el traslado de la
demanda para solicitar la nulidad del trámite7, con fundamento en la causal prevista
en el numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso.

24. Al respecto, aseguró que se enteró de la demanda por revisión externa, pero
no se ordenó su notificación en el auto admisorio para ejercer el derecho de defensa
ni se le corrió traslado de la petición cautelar, pese a tener interés en los resultados
del litigio, por controvertirse la elección de uno de sus integrantes.

1.4.4. Demandado

25. Por intermedio de apoderado8, el concejal Jhon Jairo Peynado Correa solicitó
que se negaran las pretensiones de la demanda. En tal sentido, admitió haber
celebrado el contrato señalado por la parte actora con la Gobernación de Casanare,
pero negó haber incurrido en la inhabilidad del numeral 3, artículo 43 de la Ley 136
de 1994.

26. Particularmente, sostuvo que el contrato no se ejecutó en Yopal, pues los
destinatarios de la labor contratada eran los líderes sociales y defensores de
derechos humanos de los municipios de Monterrey, Aguazul, Támara, Paz de
Ariporo y Maní, conforme a las obligaciones descritas en la cláusula 3, en los
informes de actividades que presentó, en el numeral 3.1. de los estudios previos y
en la certificación emitida por la entidad contratante.

27. Sobre el mismo aspecto, aclaró que la mención a «la zona urbana del
municipio de Yopal», como lugar de ejecución en el numeral 8.2. de los estudios

5 El abogado Juan José Salgado Olivares.
6 El abogado Rusbin Giovanni Mogollón Torres.
7 La entidad fue vinculada al proceso por el tribunal en primera instancia, como tercero interesado.
8 El abogado Edwin Fernando Gómez González.

4

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previos, se debió a que la Gobernación de Casanare tiene su sede en la capital del
departamento.

28. Añadió que su trabajo debía coordinarse con las entidades que conforman la
Comisión Departamental de Protección de Líderes Sociales y Defensores de
Derechos Humanos, las cuales también operan en Yopal, pero no están adscritas
al municipio, como la Seccional Casanare de la Fiscalía General de la Nación, la
Defensoría del Pueblo – Regional Casanare, el Departamento de Policía de
Casanare, entre otras.

29. Agregó que en este caso el contrato fue suscrito con la Gobernación de
Casanare, mientras que la causal de inhabilidad invocada impide la contratación
con una entidad del orden municipal o distrital. Por lo mismo, afirmó que el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales no generó desventaja a los demás
candidatos al Concejo de Yopal.

30. También advirtió que la parte actora no realizó en su oportunidad las
«respectivas reclamaciones» ante el Consejo Nacional Electoral.

31. Concluyó que no se presentaban de forma concurrente los elementos de la
inhabilidad9 y recordó la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre su
interpretación restrictiva10.

1.5. Coadyuvancias

1.5.1. Oromairo Avella Ballesteros

32. El ciudadano intervino en el proceso para oponerse a las pretensiones de la
demanda. En tal sentido, señaló que el contrato suscrito por el demandado con la
Gobernación de Casanare no fue ejecutado en el mismo municipio donde fue
elegido concejal.

33. Explicó que el alcance del objeto contractual y los informes parciales de las
actividades realizadas fueron claros en que el trabajo con los líderes sociales y
defensores de derechos humanos para actualizar el plan operativo de 2023 se llevó
a cabo en los municipios de Monterrey, Aguazul, Támara, Paz de Ariporo y Maní.

34. En consecuencia, afirmó que dicho contrato «NO TUVO INCIDENCIA
ALGUNA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL» y adujo que su mención en los estudios
previos podía deberse a error de quienes los elaboraron.

9 De acuerdo con la sentencia de 19 de noviembre de 2020, Rad. 50001-23-33-000-2020-00001-01,

Sección Quinta, MP. Rocío Araújo Oñate.
10 Citó la sentencia de 8 de febrero de 2011, Rad. 11001-03-15-000-2010-00990-00, MP. Ruth Stella

Correa Palacio.
5

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35. Además, resaltó que la interacción con algunas autoridades ubicadas en
Yopal no podía configurar la inhabilidad que se le atribuye.

1.5.2. Irenaldo Tarache Sogamoso

36. En defensa del acto acusado, el ciudadano sostuvo que no se estructuran en
este caso los elementos material y territorial de la causal de inhabilidad prevista en
el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, de acuerdo con la jurisprudencia
de la Sección Quinta del Consejo de Estado11.

37. Para sustentar su afirmación, manifestó que el contrato SECOP II CAS-OAJ-
CDPSP-0317-2023 (No. Interno 0473), suscrito entre el señor Jhon Jairo Peynado
Correa y la Gobernación de Casanare, no contempló al municipio de Yopal en su
objeto ni lugar de ejecución.

38. Precisó que «la inhabilidad se configura al momento de la celebración del
contrato estatal, contrario a lo erróneamente interpretado por la parte demandante
quien pretende extenderse a la ejecución del contrato».

1.6. Actuaciones de la primera instancia

39. Mediante auto de 5 de febrero de 2024, la magistrada ponente en el Tribunal
Administrativo de Casanare resolvió (i) negar la nulidad procesal propuesta por el
Concejo de Yopal, (ii) admitir las coadyuvancias a favor de la parte demandada, (iii)
rechazar, por extemporánea, la reforma de la demanda presentada por el
demandante12 y (iv) declarar probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva, formulada por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el
Consejo Nacional Electoral.

40. El 6 de marzo de 2024 se llevó a cabo la audiencia inicial, en la cual se fijó el
litigio, así:

¿El señor Jhon Jairo Peynado Correa vulneró el artículo 40 de la Ley 617 de 2000,
que modifica el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 y por ende, está
inmerso en inhabilidad para ser concejal, por haber celebrado contrato de prestación
de servicios que se ejecutó o cumplió en el municipio de Yopal dentro de los doce
meses anteriores a su elección?

41. En la misma diligencia se requirieron a la Gobernación de Casanare algunos
documentos del contrato involucrado en el asunto y se negó la prueba testimonial
solicitada por el demandado. Frente a esta última decisión, se desestimó el recurso
de reposición interpuesto por la parte interesada y se concedió el de apelación.

11 Hizo referencia a: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencias de 9 de septiembre de 2021,

Rad. 17001-23-33-000-2019-00548-01, MP. Rocío Araújo Oñate y 19 de noviembre de 2020, Rad.
50001-23-000-2020-00001-01, MP. Rocío Araújo Oñate.
12 Memorial radicado el 5 de febrero de 2024, con el propósito de adicionar los hechos y las pruebas.

6

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42. El magistrado ponente del proceso en la Sección Quinta del Consejo de
Estado, a través de auto de 15 de marzo de 2024, confirmó la decisión recurrida.

43. El 8 de abril de 2024 se realizó la audiencia de pruebas, en la que se
incorporaron los documentos previamente solicitados y se corrió traslado para
alegar.

1.7. Sentencia de primera instancia

44. Mediante sentencia de 2 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo de
Casanare declaró la nulidad de la elección del señor Jhon Jairo Peynado Correa
como concejal de Yopal, por encontrar configurada la inhabilidad prevista en el
numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la
Ley 617 de 2000.

45. En respaldo de su decisión, verificó que el demandado celebró con el
departamento de Casanare el contrato de prestación de servicios profesionales
SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0317-2023 (Número Interno 0473) del 7 de febrero de
2023, es decir, dentro del año anterior a su elección como concejal. Señaló que el
objeto consistió en «realizar asistencia y acompañamiento en la elaboración y
ejecución del plan operativo 2023 de la Comisión Departamental de Protección de
Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos».

46. Destacó que, de acuerdo con la cláusula 8.2. de los estudios previos y el
contrato electrónico publicado en la plataforma SECOP, el lugar de ejecución
correspondió a la «zona urbana del municipio de Yopal, con desplazamientos
esporádicos a los municipios de Monterrey, Aguazul, Támara y Paz de Ariporo y
Maní».

47. También soportó la ejecución del contrato en Yopal, atendiendo a lo
manifestado por el contratista en los documentos con referencia «Declaración
juramentada para la deducción de la retención en la fuente a personas naturales
pertenecientes a la clasificación tributaria “rentas de trabajo” originadas en la
modalidad de contrato de prestación de servicios», del 14 de marzo, 19 de abril y
15 de junio de 2023.

48. El mismo municipio fue indicado en las comunicaciones anexadas a los
informes de actividades del contrato, en dos circulares elaboradas por el contratista
en cumplimiento de sus obligaciones y en la lista de asistencia a un taller sobre el
plan integral de prevención y garantías de no repetición.

49. Agregó que «las actividades ejecutadas por el señor Peynado en el año 2023,
fueron grabada (sic) con el impuesto de industria y comercio en el municipio de
Yopal, atendiendo al principio de territorialidad de las (sic) prestación del servicio».

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1.8. Recursos de apelación

50. El demandado, el Concejo de Yopal y los dos terceros impugnadores
reconocidos en el proceso apelaron el fallo de primera instancia13.

1.8.1. Demandado

51. Su apoderado sostuvo que el análisis de la sentencia apelada fue «parcial y
subjetivo», como también «exiguo y superfluo».

52. Reiteró que al momento de la suscripción del contrato SECOP CAS-OAJA-
CDPS-0317-2023 se estableció que se ejecutaría en los municipios de Monterrey,
Aguazul, Támara, Paz de Ariporo y Maní (Casanare), con el fin de realizar asistencia
y acompañamiento en la elaboración y ejecución del plan operativo de la Comisión
Departamental de Protección de Líderes Sociales y Defensores de Derechos
Humanos.

53. En esa línea, adujo que la interpretación del tribunal sobre la ejecución del
contrato en Yopal se opone a su objeto y sus cláusulas, a los estudios previos y a
los informes que describen las labores cumplidas, especialmente cinco talleres de
capacitación en los mencionados municipios.

54. Consecuente con lo anterior, argumentó que la interpretación restrictiva de
las inhabilidades impedía al tribunal efectuar razonamientos extensivos y ajenos a
la norma que consagra la causal, para el caso, valorar lo ocurrido en momentos
distintos a la celebración del contrato, como su ejecución, cumplimiento o
liquidación, con apoyo en documentos que no hacían parte de aquel.

55. Igualmente, alegó la falta de prueba de que el demandado hubiese tenido
alguna ventaja sobre los demás candidatos.

56. También advirtió nuevamente que la causal de inhabilidad estudiada hace
referencia a la celebración de contratos con entidades del orden municipal o distrital,
pero en este caso fue suscrito con la Gobernación de Casanare.

1.8.2. Concejo de Yopal

57. El apoderado de la corporación controvirtió el fallo apelado por cuenta de
«una omisión e indebida valoración probatorio (sic) por parte del a quo, que llevo
(sic) a valorar varios elementos obrantes en el proceso que resultan impropios para
acreditar que el demandante (sic) haya incurrido en la causal establecida en el
numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, norma que modificó el artículo 43
de la Ley 136 de 1994» (subrayado y cursivas del original).

13 Los recursos fueron concedidos mediante auto de 16 de mayo de 2024.

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58. Destacó que el tribunal verificó los elementos taxativos de la inhabilidad con
base en los estudios previos, los informes de ejecución, las órdenes de pago y el
pago del impuesto de industria y comercio, en lugar de limitarse al contrato, que
constituye la «prueba principal» de lo pactado en sus cláusulas al momento de la
celebración o suscripción, como lo establece la norma y lo ha determinado la
jurisprudencia del Consejo de Estado14.

59. Particularmente, sobre el aludido tributo, aseguró que, «cuando el cliente se
acercó al contador público para realizar dichas declaraciones, el contador identificó
el error y lo corrigió, presentando las declaraciones y realizando los pagos en los
municipios donde se ejecutó el contrato».

60. De esta forma, consideró que «[e]l tribunal, a todas cuentas, lo que busca es
de manera inquisitiva encuadrar la causal a hechos inexistentes» y extenderla a
situaciones no contempladas en la norma, en contra del carácter restrictivo y
taxativo de la prohibición15, concordante con los principios de favorabilidad y pro
homine.

61. Así mismo, advirtió que el contrato celebrado por el demandado nunca señaló
a Yopal como lugar de ejecución, sino que abarcó cinco municipios del
departamento de Casanare indicados por la entidad contratante, razón por la cual
sostiene que no se configura el elemento territorial de la inhabilidad estudiada.

1.8.3. Oromairo Avella Ballesteros

62. El tercero impugnador manifestó que «no se entiende el cambio repentino de
postura al momento de emitir sentencia de primer grado», teniendo en cuenta
algunos razonamientos del auto que negó la medida cautelar de suspensión
provisional sobre las pruebas aportadas desde la demanda.

63. Por otra parte, explicó que la necesidad del contrato descrita en los estudios
previos mencionó al municipio de Yopal como parte de la ruta de protección de
líderes sociales para el año 2022, pero lo excluyó para la vigencia 2023.

64. Sumado a lo anterior, indicó que «ninguna de las entidades que conforman
la Comisión departamental para la protección de líderes y defensores de derechos
humanos de Casanare a la cual el demandado le hizo acompañamiento, es de orden
municipal, por el contrario, su jurisdicción es nacional y departamental y, la Ruta de
Protección concretamente incluia (sic) municipios distintos a Yopal».

14 Indicó como fuente: Consejo de Estado, sentencia de 18 de noviembre de 2008, Rad. 11001-03-

15-000-2008-00316-00(PI), MP. Mauricio Torres Cuervo. Sentencia 02417 de 2019, MP. María
Adriana Marín. Sentencia 63001-23-33-000-00417-01, MP. Roberto Augusto Serrato Valdés.
Sentencia Rad. 50001-23-33-000-2020-00001-01, MP. Rocío Araújo Oñate. Providencia del 14 de
marzo de 2024, Sección Quinta, Rad. 27001-23-33-000-2023-00106-01, MP. Luis Alberto Álvarez
Parra (E).
15 Mencionó: Consejo de Estado, sentencia 3518 de 2021, MP. Stella Jeannette Carvajal Basto.

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65. Por lo expuesto, concluyó que el fallo apelado hizo un análisis inadecuado
del elemento territorial de la inhabilidad y apreció de forma incorrecta el material
probatorio.

1.8.4. Irenaldo Tarache Sogamoso

66. El coadyuvante del demandado consideró que el tribunal se apartó de los
presupuestos desarrollados por la jurisprudencia frente a la causal de inhabilidad
invocada en la demanda.

67. Especialmente, criticó que el lugar de ejecución se hubiese determinado por
los estudios previos aprobados el «26 de enero de 2026», pese a que se trata de
una fecha futura.

68. Además, reprochó que «el fallador se dedicó a analizar documentos tales
como impuestos de rentas e informes de ejecución del contrato [y] no se centró en
analizar el contrato en sí», de donde pudo advertir que no se mencionó el municipio
de Yopal.

69. De igual manera, aseguró que el tribunal «se ocupó en analizar más allá de
la intervención del demandado en la celebración de contratos y se dedicó a observar
el proceso de ejecución», a pesar de que la jurisprudencia de la Sección Quinta del
Consejo de Estado determina el elemento material de la inhabilidad por la
intervención en la celebración del negocio jurídico16.

1.9. Trámite en segunda instancia

70. Mediante auto de 7 de junio de 2024, el despacho del magistrado ponente
admitió los recursos de apelación interpuestos contra el fallo de primera instancia,
previa constatación de su oportunidad y procedencia. En la misma providencia,
corrió los traslados que ordena el artículo 293 del CPACA.

71. Adicionalmente, a través de auto de 31 de julio de 2024, se rechazó por
extemporánea la petición probatoria formulada por el demandado 17. Contra esta
decisión, el demandado interpuso recurso de reposición, desestimado por el
ponente por auto de 21 de agosto de 2024. Finalmente, la decisión recurrida fue
confirmada por la Sala con providencia dictada el 12 de septiembre de 202418, que
resolvió el recurso de súplica.

16 Citó la sentencia de 19 de noviembre de 2020, Rad. 50001-23-33-000-2020-00001-01, MP. Rocío

Araújo Oñate.
17 Allegó «pruebas sobrevinientes», relacionadas en el memorial radicado el 23 de julio de 2024

(SAMAI, anotación 21).
18 Mediante auto de 3 de octubre de 2024, se negó la solicitud de aclaración y complementación de

la decisión.
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Radicación: 85001-23-33-000-2023-00131-02

72. Por auto de 13 de febrero de 2025, la Sección Primera de esta corporación
rechazó de plano la recusación formulada por el señor Oromairo Avella Ballesteros
contra los magistrados de esa Sala y declaró infundada la recusación presentada
por el demandado contra los magistrados de la Sección Quinta. Estas decisiones
estuvieron sustentadas en que los hechos expuestos no encuadraban en los
supuestos previstos en la ley para la configuración de las causales invocadas.

73. Finalmente, el despacho del magistrado ponente de esta providencia profirió
auto el 19 de marzo de 2025, por el cual rechazó de plano la nulidad parcial del
proceso que propuso el demandado, con fundamento en el artículo 135 del Código
General del Proceso.

74. En la misma providencia se rechazó, por extemporánea, la solicitud de
unificación de jurisprudencia que también presentó el demandado, atendiendo al
plazo previsto en el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011.

1.9.1. Alegatos de conclusión

75. Demandante. Su apoderado solicitó confirmar el fallo apelado, ante la
configuración de los cuatro elementos de la inhabilidad para ser concejal por
celebración de contrato con entidad pública. Particularmente, explicó que el
elemento territorial estaba definido por el lugar de ejecución o cumplimiento de las
obligaciones, para lo cual debía atenderse a lo dispuesto en los estudios previos del
proceso de contratación, pues constituyen el soporte para elaborar el contrato, de
conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

76. En tal sentido, recordó que los estudios previos del contrato celebrado por el
demandado con el departamento de Casanare incluyeron «de manera clara,
expresa e inequívoca» a Yopal, con desplazamiento a otros municipios del
departamento. Igualmente, advirtió que ese era el lugar de ejecución del contrato,
según la minuta publicada en SECOP II y la certificación expedida por la Dirección
de Desarrollo Comunitario de la Gobernación de Casanare.

77. Resaltó que el mismo municipio fue informado por el propio contratista con
las declaraciones juramentadas para la retención en la fuente, adjuntadas a los
informes de 14 de marzo, 19 de abril, 17 de mayo y 15 de junio de 2023.

78. También destacó la indicación de Yopal en las circulares y oficios elaboradas
por el demandado entre febrero y marzo de 2023, junto con el acta de asistencia al
taller del 4 y 5 de mayo de 2023, para la actualización del plan integral para la
prevención y garantías de no repetición.

79. Demandado. A través de su apoderado, reiteró que la minuta del contrato de
prestación de servicios SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0317-2013 (No. Interno 0473)
del 7 de febrero de 2023 no contempló a Yopal como lugar de ejecución.
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80. Insistió en lo dicho en el recurso de apelación, en cuanto a que el elemento
material de la inhabilidad que se ventila se restringe a la celebración del contrato y
no puede extenderse a su cumplimiento o liquidación.

81. Explicó que «los estudios previos, no son claros, y esta falta de claridad es lo
que genera la confusión, que en últimas motiva al demandante». Precisó que en
dos ítems se indica que el contrato se ejecutaría en los municipios de Monterrey,
Aguazul, Támara, Paz de Ariporo y Maní, y solo en uno incluye a Yopal.

82. Por ello, aseguró que «NO era la voluntad de la Gobernación de Casanare
que ese contrato se ejecutar (sic) en el Municipio de Yopal, por ello no fue plasmado
así en la propia minuta», debido a que «ya había sido intervenido este municipio en
el año 2022», según los estudios previos. Además, subrayó que dicho instrumento
hace parte de la etapa precontractual, en la que no intervino el demandado.

83. Del mismo modo, recordó el carácter taxativo y la interpretación restrictiva de
las causales de inhabilidad para ser elegido en un cargo público, en concordancia
con el deber de aplicación uniforme de la jurisprudencia, previsto en el artículo 10
de la Ley 1437 de 2011.

84. Finalmente, sostuvo que está prohibido acudir al pago de impuestos y
seguridad social del contratista para configurar una inhabilidad.

85. Concejo de Yopal. En esta oportunidad, el apoderado de la corporación
reiteró que el tribunal valoró de forma indebida elementos probatorios que resultan
impropios para demostrar la inhabilidad que se atribuye al demandado, como
también hizo una aplicación extensiva o analógica de la prohibición.

86. Así mismo, mencionó nuevamente que en las actividades contratadas se
precisaron cinco talleres con líderes sociales y defensores de derechos humanos
en los municipios de Monterrey, Aguazul, Támara, Paz de Ariporo y Maní
(Casanare).

87. Igualmente, criticó que el fallo apelado se sustentara en actos posteriores a
la celebración del contrato, a pesar de que la inhabilidad se configura por el
momento de su celebración.

88. Irenaldo Tarache Sogamoso. Insistió en que para el caso concreto no se
cumplieron los presupuestos de la inhabilidad del numeral 3, artículo 43 de la Ley
136 de 1994, particularmente el territorial. También resaltó que el tribunal se basó
en los estudios previos para determinar dicho factor, en lugar de acudir al contrato,
de modo que, a su juicio, realizó una interpretación errónea de los medios de
prueba.

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89. Registraduría Nacional del Estado Civil. El apoderado de la entidad
propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, con base en
argumentos similares a los expuestos en la contestación de la demanda19.

90. Oromairo Avella Ballesteros. Dirigió sus alegatos a recalcar que el objeto y
alcance del contrato suscrito por el demandado quedó claramente establecido en
los estudios previos, donde se definió la realización de jornadas de capacitación en
municipios del departamento de Casanare, diferentes a Yopal.

91. Así mismo, reiteró que la causal de inhabilidad del caso concreto se
determina por la celebración del contrato y no por circunstancias relacionadas con
su ejecución o liquidación.

1.9.2. Concepto del Ministerio Público

92. La procuradora séptima delegada ante esta Corporación solicitó confirmar la
sentencia recurrida, pues considera que el tribunal hizo un análisis acertado del
elemento temporal de la causal de inhabilidad del caso concreto y de las pruebas
que fueron aportadas para demostrarlo.

93. Destacó que, contrario a lo señalado por los apelantes, dicho factor estuvo
basado en el contenido del contrato y de los estudios previos. Al respecto, destacó
que «los documentos allegados al proceso dan cuenta de manera clara que la
ejecución del contrato de prestación de servicios se efectuó en el Departamento de
Casanare, incluido el municipio de Yopal».

94. En tales condiciones, concluyó que «el demandado pudo tener ventaja fáctica
en relación con los demás participantes del proceso electoral, al celebrar un contrato
de prestación de servicios que le permitía ejercer labores de apoyo a la función
pública, interrelacionándose con asuntos de los eventuales votantes».

95. Por lo tanto, en su concepto, la decisión apelada se ajusta a la exégesis de
la norma que consagra la inhabilidad y la línea jurisprudencial de la sala electoral
del Consejo de Estado.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

96. La Sala es competente para decidir los recursos de apelación contra el fallo
de 2 de mayo de 2024, por el cual el Tribunal Administrativo de Casanare anuló la
elección del señor Jhon Jairo Peynado Correa como concejal de Yopal, período

19 El tribunal en primera instancia declaró probada esta excepción.

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2024-2027, de conformidad con los artículos 15020 y 152, numeral 7, literal a)21 del
CPACA y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación22.

2.2. El acto acusado

97. El acto cuya nulidad se pretende dentro del presente asunto corresponde a
la elección del señor Jhon Jairo Peynado Correa como concejal de Yopal, período
2024-2027, contenida en el formulario E-26 CON de 4 de noviembre de 2023,
expedido por la Comisión Escrutadora Municipal.

2.3. Problema jurídico

98. Con base en los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala establecer si hay lugar a revocar, modificar o confirmar la
sentencia de 2 de mayo de 2024, a través de la cual el Tribunal Administrativo de
Casanare declaró la nulidad de la elección del señor Jhon Jairo Peynado Correa
como concejal de Yopal, período 2024-2027.

99. Con tal propósito, es necesario determinar si el demandado incurrió en la
causal de inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994,
por haber celebrado un contrato con una entidad pública, dentro del año anterior a
la elección, en interés propio o de terceros, especialmente si ese contrato fue
ejecutado en el mismo municipio donde fue elegido concejal.

100. Para el efecto, se estudiarán los presupuestos que configuran la aludida
prohibición, con énfasis en el material y el territorial, que constituyen los aspectos
centrales de las apelaciones contra el fallo de primera instancia.

2.4. Inhabilidad de los concejales por celebración de contrato con
entidades públicas

101. Las inhabilidades son prohibiciones para ocupar cargos públicos, que se
justifican en la necesidad de asegurar que los servidores de los diferentes órganos

20 «Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.

(Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021). El Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación (…)».
21«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. (Modificado por

el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021). Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia
de los siguientes asuntos: (…) 7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: a) De la
nulidad del acto de elección (…) de los miembros de corporaciones públicas de los municipios y
distritos (…).
22 Modificado por el artículo 1º del Acuerdo 434 de 2024. «ARTÍCULO 13. DISTRIBUCIÓN DE LOS

PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos del reparto, los asuntos de que conoce la Sala
de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de
especialización y de volumen de trabajo, así: (…) Sección Quinta: (…) 1. La acción de nulidad
electoral contra los actos de elección por voto popular (…)».
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del Estado accedan en igualdad de condiciones y orienten su desempeño hacia el
interés general y el cumplimiento de los fines estatales, sin consideración a
motivaciones privadas que puedan arriesgar la buena marcha de la función pública.

102. Por ello, esta corporación ha advertido que las inhabilidades «buscan
preservar los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad de la función
administrativa y la garantía del derecho de igualdad de oportunidades»23.

103. Tratándose de cargos de elección popular, constituyen restricciones válidas
al derecho fundamental a ser elegido, que deben ser revisadas previamente por las
organizaciones políticas y los ciudadanos interesados en ser candidatos, so pena
de que las autoridades competentes revoquen la inscripción o anulen la elección
realizada en esas circunstancias.

104. Atendiendo a las consecuencias que pueden acarrear, las inhabilidades se
reservan al legislador y su interpretación es restringida, en virtud del principio de
capacidad electoral24. De manera que el operador jurídico no está autorizado para
aplicar la analogía ni extenderlas a hipótesis no previstas al cargo que corresponda.

105. Particularmente, el régimen de inhabilidades para ser concejal está regulado
en el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617
de 2000, que establece la siguiente causal:

ARTÍCULO 43. INHABILIDADES. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido
concejal municipal o distrital: (...) 3. Quien dentro del año anterior a la elección haya
intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o
distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel
en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o
cumplirse en el respectivo municipio o distrito (…) (Subrayado adicional).

106. De acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, aquella inhabilidad
busca «preservar la igualdad entre los candidatos, sobre el supuesto de existencia
de una relación relevante con el Estado potencialmente ventajosa para alguno de
ellos»25, además de prevenir «asimetrías y prácticas corruptas en los procesos de
contratación, que pueden tener lugar si un candidato aprovecha su posición para
tomar ventaja sobre la entidad pública o sobre otros proponentes»26.

23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 21 de abril de 2009,

Rad. 2007-00581(PI), MP. Ruth Stella Correa Palacio. Citada en: Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia de 12 de agosto de 2021, Rad. 50001-23-33-000-2020-00012-02 (Acum.), MP.
Rocío Araújo Oñate.
24 Código Electoral, artículo 1º, numeral 4.
25 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 6 de junio de 2024, Rad. 54001-23-33-000-2023-

00263-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de octubre de

2019, Rad. 11001-03-15-000-2018-02417-01, MP. Alberto Montaña Plata.
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107. En cuanto a sus elementos, la inhabilidad por intervención en la celebración
de contratos con entidades públicas se configura para los concejales por la
concurrencia de los siguientes:

a) Material u objetivo: la intervención en la celebración de contratos con
entidades públicas de cualquier nivel.

b) Subjetivo: el interés propio o de terceros que anima la contratación, con fines
patrimoniales o extrapatrimoniales27.

c) Temporal: dentro del año anterior a la elección.

d) Espacial o territorial: el contrato debió ejecutarse en el municipio o distrito
donde fue elegido el concejal.

108. Específicamente, sobre el elemento material u objetivo se ha precisado que
«la intervención en la celebración del contrato se concreta en el acto mismo de su
suscripción o firma, considerando los precisos términos en que fue formulada la
causal, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993»28.

109. Con ese enfoque, se ha destacado que «los actos de ejecución y liquidación
de los contratos no configuran la causal de celebración de contratos, dado que estas
actividades se ubican por fuera de los supuestos que contemplan las respectivas
normas, es decir, con posterioridad a su celebración»29.

110. En lo relativo al elemento espacial o territorial, se ha explicado que el lugar
de ejecución «corresponde al territorio en el que deben cumplirse las obligaciones
pactadas», el cual no necesariamente corresponde al domicilio contractual, «que se
utiliza para efectos, por ejemplo, de notificaciones»30.

111. Sobre el punto, también se ha indicado que «el elemento territorial de la
inhabilidad no requiere para su comprobación que se constate que el objeto
contractual se cumplió en el lugar de la elección, sino que basta con demostrar que
el contrato debía ejecutarse en esa circunscripción»31.

27 Sobre este ingrediente, ver: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencias de 27 de noviembre

de 2008, Rad. 68001-23-15-000-2007-00669-01, MP. Filemón Jiménez Ochoa y 3 de agosto de
2015, Rad. 11001-03-28-000-2014-00051-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Citadas en:
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 12 de septiembre de 2024, Rad. 50001-23-33-
000-2023-00337-02, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
28 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 12 de agosto de 2021, Rad. 15001-23-33-000-

2019-00630-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
29 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 13 de junio de 2024, Rad. 70001-23-33-000-

2023-00204-01, MP. Gloria María Gómez Montoya.
30 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 10 de octubre de 2024, Rad. 54001-23-33-000-

2023-00254-01, MP. Omar Joaquín Barreto Suárez.
31 Id.

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112. En suma, tratándose de concejales, la inhabilidad por intervención en la
celebración de contratos con entidades públicas se estructura por la concurrencia
de los presupuestos que consagra la norma y que ha identificado la jurisprudencia,
es decir, suscribir el negocio jurídico dentro del año anterior a la elección y cumplir,
efectiva o potencialmente, las obligaciones en el respectivo municipio.

2.5. Caso concreto

113. Mediante sentencia de 2 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo de
Casanare declaró la nulidad del acto de elección del señor Jhon Jairo Peynado
Correa como concejal de Yopal, para el período 2024-2027, por encontrar
comprobada la inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de
1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

114. En ese sentido, advirtió que el demandado celebró un contrato de prestación
de servicios con la Gobernación de Casanare, dentro del año anterior a su elección,
que se ejecutó en el municipio de Yopal, de acuerdo con los estudios previos, la
minuta publicada en SECOP II, los anexos a los informes de actividades, algunos
documentos proyectados en cumplimiento de las obligaciones, la lista de asistencia
a un taller y la declaración juramentada presentada por el contratista para efectos
de la retención en la fuente.

115. Contra la anterior decisión se presentaron cuatro recursos de apelación, por
parte del demandado, el Concejo de Yopal y los terceros impugnadores, quienes
coinciden en que el tribunal hizo una interpretación extensiva de la inhabilidad,
porque la norma circunscribe la prohibición de forma taxativa a la «celebración» del
contrato, pero en este caso analizó circunstancias relacionadas con su ejecución.

116. En ese terreno, consideran que el fallo apelado valoró documentos que no
integraban el contrato y que daban a entender que fue cumplido en el aludido
municipio, cuando estaba claro que la población objeto de las actividades
contratadas se encontraba en Monterrey, Aguazul, Támara, Paz de Ariporo y Maní.

117. Al respecto, agregaron que la Comisión Departamental de Protección de
Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos estaba integrada por
entidades del orden nacional y del departamento de Casanare, que no dependían
ni hacían parte de la administración municipal de Yopal.

118. Por otra parte, uno de los impugnantes32 destacó que el contrato fue
celebrado con una entidad del nivel departamental (Gobernación de Casanare) y no
con el mencionado municipio. Otro33 advirtió un cambio de postura en la sentencia,
respecto del análisis de los mismos documentos al momento de negar la suspensión
provisional del acto acusado.

32 La parte demandada.
33 Oromairo Avella Ballesteros.

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119. Atendiendo a los argumentos de las apelaciones, esta Sala considera, en
primer lugar, que el fallo recurrido no faltó a la interpretación restrictiva ni al carácter
taxativo que orienta el estudio de las causales de inhabilidad para ocupar cargos de
elección popular.

120. Sobre el punto, es importante recordar que tales postulados parten del
principio de capacidad electoral34, que permite a todo ciudadano elegir y ser elegido,
mientras no exista norma expresa que establezca alguna limitación.

121. Como se advirtió en un acápite anterior de esta providencia, tras este enfoque
subyace el carácter fundamental que el constituyente primario otorgó a ese derecho,
que contribuye, a su vez, a la realización de los componentes democrático,
participativo y pluralista del Estado social de derecho colombiano35.

122. Con tales precisiones, se advierte que, en este caso, el elemento material de
la inhabilidad se determinó por la celebración del contrato de prestación de servicios
CAS-OAJ-CDPSP-0317-202336 entre el señor Jhon Jairo Peynado Correa con una
entidad pública, para el caso, la Gobernación de Casanare. Así mismo, se verificó
el elemento temporal porque el contrato fue suscrito el 7 de febrero de 202337, es
decir, dentro del año anterior a su elección como concejal, ocurrida el 29 de octubre
de 2023.

123. Ahora bien, cuando la jurisprudencia afirma que esta causal se define por el
hecho de celebrar o suscribir el contrato, lo hace con el fin de aclarar que esto debe
haber ocurrido en el año que precede a la elección correspondiente. Por lo tanto,
quedan excluidos del estudio los actos posteriores a ese momento, como la
ejecución o liquidación, aunque hayan ocurrido dentro del lapso indicado.

124. Sobre el punto, esta sección ha explicado que «la ejecución de los contratos
no es tenida en cuenta para la configuración de este motivo inhabilitante,
comoquiera que, se itera, su estudio recae exclusivamente en el día en que tuvo
lugar el perfeccionamiento de las voluntades que llevaron a la existencia del vínculo
contractual, de conformidad con los requisitos que para el efecto erige la Ley»38.

125. De esta forma, el juez electoral busca, precisamente, respetar el carácter
taxativo y restrictivo de estas prohibiciones, atendiendo al verbo rector que utiliza la
disposición. A su turno, este concepto se llena de contenido a partir de los

34 Código Electoral, artículo 1º, numeral 4.
35 Constitución Política, artículos 1º y 2º.
36 Identificación del contrato en SECOP II. Adicionalmente, la entidad contratista asignó el número

interno 0473 de 2023.
37 Fecha consignada, tanto en el contrato, como en la ficha correspondiente en SECOP II. La misma

fecha fue informada por la directora de Desarrollo Comunitario de la Secretaría de Gobierno,
Convivencia y Seguridad Ciudadana del Departamento de Casanare, en la certificación Rad. 410 85
del 10 de abril de 2024, en respuesta al requerimiento del tribunal en primera instancia.
38 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de septiembre de 2021, Rad. 25000-23-41-

000-2020-00347-02, MP. Rocío Araújo Oñate.
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elementos que perfeccionan los contratos del Estado, esto es, «cuando se logre
acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito», de
conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.

126. Por otra parte, la ejecución del contrato viene a ser un aspecto determinante
para configurar la inhabilidad que se estudia, no por el momento en que se cumplen
las obligaciones, sino por el lugar en que ello ocurre, es decir, por cuenta del
elemento territorial de la causal. En tal sentido, como se anotó previamente, el
numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 exige expresamente que «los
contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito».

127. Este factor constituye el núcleo de las inconformidades de los apelantes,
quienes sostienen que el contrato no se ejecutó en Yopal, sino en los municipios de
Monterrey, Aguazul, Támara, Paz de Ariporo y Maní.

128. Para sustentar su afirmación, remiten exclusivamente a las cláusulas del
contrato y reprochan que el tribunal valorara documentos adicionales.

129. Frente a esta inconformidad, es necesario destacar que esta sección ha
señalado respecto al elemento territorial de la inhabilidad por celebración de
contratos con entidades públicas que su verificación pasa por una valoración
integral de los documentos aportados al proceso.

130. En tal sentido, se ha explicado que este factor «en algunas ocasiones exige
que, además [de] que se verifique lo pactado y lo estipulado en los estudios previos,
se revise el lugar donde se despliegan las actividades pactadas, conforme las
pruebas allegadas al expediente, cuya valoración se hace en conjunto»39.

131. Siendo así, no es aceptable la postura propuesta en las apelaciones, en
cuanto a limitar el estudio del cumplimiento del contrato a este solo documento,
como «prueba principal».

132. Por el contrario, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082
de 2015, «[l]os estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el
proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato», lo que torna estos
antecedentes del negocio en pruebas necesarias, pertinentes y útiles, a la hora de
constatar los lugares donde el contratista lo ejecutó o debía ejecutarlo.

133. Lo mismo ocurre con los informes que exige la entidad contratante, pues
contienen el detalle de las actividades desempeñadas, con el fin de constatar el
debido cumplimiento de las obligaciones pactadas y justificar el pago de los

39 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 28 de noviembre de 2024, Rad. 47001-23-33-

000-2023-00286-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Ver, además: Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencias de 20 de junio de 2024, Rad. 63001-23-33-000-2023-00102-02 y 23 de mayo de
2024, Rad. 54001-23-33-000-2023-00262-01, MP. Gloria María Gómez Montoya.
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honorarios acordados, a través del supervisor, encargado de «vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado»40.

134. Sin perjuicio de lo anterior, pueden existir documentos adicionales en el
expediente contractual que contribuyan a esclarecer el factor territorial al que se
viene haciendo referencia, lo que dependerá de las características de cada caso.

135. Hechas las anteriores precisiones, se tiene que el tribunal verificó en primera
instancia que el municipio de Yopal fue el territorio en el que se cumplieron las
obligaciones contratadas, a partir de lo que consta en los siguientes documentos:

a) Estudios previos No. 2023-00566 del 26 de enero de 2023. De este insumo
destacó el numeral 8.2., según el cual el lugar de ejecución correspondía a
la «Zona urbana del municipio de Yopal, con desplazamientos esporádicos a
los municipios de Monterrey, Aguazul, Támara y Paz de Ariporo y Maní
(CASANARE YOPAL).

b) Contrato electrónico SECOP II, CAS-OAJ-CDPSP-0317-2023 (No. interno
0473). Constató que allí se señaló a Yopal como «Municipio de ejecución del
contrato».

c) Comunicaciones. Se trata de cuatro oficios firmados por el secretario de
Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Gobernación de
Casanare, dirigidas a diferentes autoridades entre febrero y mayo de 2023,
«en cuyo encabezado se evidencia que fueron suscritos en el municipio de
Yopal» y en los que aparece el demandado como la persona que los
proyectó, en la calidad de «Profesional de apoyo CTO No. 0473-2023».

d) Circulares. Son dos, de febrero y marzo de 2023, en las que el mismo
secretario referido antes, convocaba a sesiones a los integrantes de la
«COMISION (sic) PROTECCION (sic) DE LÍDERES Y DEFENSORES DE
DDHH», igualmente elaboradas por el demandado, en las que Yopal
(Casanare) se señala como lugar de emisión.

e) Lista de asistencia a taller. Actividad realizada el 4 y 5 de mayo de 2023,
en la Biblioteca Pública Departamental, en el municipio de Yopal, para la
«actualización planes DDHH y contingencia», con la participación del
demandado.

136. Adicionalmente, el tribunal advirtió que, aunque lo anterior es «suficiente
razón para encontrar configurado el elemento espacial o geográfico», tuvo en
cuenta las declaraciones juramentadas del contratista, suscritas el 14 de marzo, 19
de abril, 17 de mayo y 15 de junio de 2023.

40 Ley 1474 de 2011, artículo 83.

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137. Explicó que estos documentos fueron presentados «para la deducción de la
retención en la fuente a personas naturales pertenecientes a la clasificación
tributaria “rentas de trabajo” originadas en la modalidad de contrato de prestación
de servicios». Igualmente, observó que el señor Peynado Correa manifestó en ellos
que «los servicios del contrato (…) fueron ejecutados en el municipio de Yopal
(100%)».

138. Revisados los documentos previamente relacionados, la Sala constató su
contenido y, en efecto, ponen en evidencia que el contrato en referencia fue
cumplido en Yopal, que corresponde al mismo municipio donde fue elegido el señor
Jhon Jairo Peynado Correa como concejal.

139. En primer lugar, se resalta de los estudios previos que el lugar de ejecución
(8.2) fue delimitado de forma clara en la «Zona urbana del municipio de Yopal, con
desplazamientos esporádicos a los municipios de Monterrey, Aguazul, Támara y
Paz de Ariporo y Maní (CASANARE YOPAL)».

140. En cuanto a las actividades, el mismo documento describió seis ítems, de los
cuales únicamente el número 5 se refiere a «Realizar cinco (5) talleres de
capacitación a líderes sociales y/o defensores de Derechos Humanos de los
municipios de Monterrey, Aguazul, Támara, Paz de Ariporo y Maní, con una
duración de dos (2) horas y un aforo mínimo [de] diez líderes por municipio, en los
que se socialice la ruta de prevención y protección actualizada».

141. Lo anterior es consecuente con el objeto a contratar, que según el mismo
insumo estuvo dirigido a «realizar asistencia y acompañamiento en la elaboración y
ejecución del plan operativo 2023 de la Comisión Departamental de líderes sociales
y defensores de Derechos Humanos».

142. En tal sentido, allí se advirtió que expresamente, «[e]l desarrollo de este
objeto, implica que el profesional que se contrate debe trabajar de manera articulada
con las entidades que conforman la mencionada Comisión, como es: Policía
Nacional, Unidad Nacional de Protección, Fiscalía General de la Nación seccional
Casanare, Procuraduría Regional de Casanare, Defensoría del Pueblo Regional
Casanare, Ministerio del Interior y Unidad para las Víctimas».

143. De manera que los términos en que fue definida la necesidad que justificó el
contrato CAS-OAJ-CDPSP-0317-2023 (No. interno 0473) señalaron su desarrollo
en los cinco municipios que subrayan los apelantes, pero también en Yopal. De
hecho, como reconocen los mismos reconocen, la citada comisión estaba integrada
por entidades que, aunque no hacen parte del gobierno municipal de Yopal, sí
operan en la capital de Casanare, y desde el inicio estaba anunciado que el
contratista debía interactuar con ellas.

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144. Por su parte, en el contrato celebrado entre el demandado y la Gobernación
de Casanare, tanto en su minuta como en la descripción de la ficha de SECOP II,
se reprodujeron el objeto y las actividades expresadas en los estudios previos. En
consecuencia, de su contenido se desprenden las mismas conclusiones en lo que
concierne a los lugares en que debían cumplirse las obligaciones, que incluyeron al
municipio de Yopal.

145. Sumado a lo anterior, los informes de actividades del contratista41 señalan
como lugar de elaboración el municipio de Yopal y varios de los anexos42 indican
que las mesas de trabajo y sesiones de la comisión, con la participación del señor
Jhon Jairo Peynado Correa, se llevaron a cabo en los siguientes lugares:

• Estación de Policía Nacional Casanare (23 de febrero de 2023)
• Comando de Policía y sede de la XVI Brigada del Ejército (23 de febrero de
2023)
• Defensoría del Pueblo, Yopal (27 de febrero y 9 de marzo de 2023)
• Biblioteca Pública Departamental, Yopal (4 y 5 de mayo de 2023)

146. Igualmente, se anexaron a los informes una serie de circulares y oficios que,
como lo advirtió el tribunal, fueron proyectados por el demandado, en calidad de
contratista, con indicación de Yopal como el lugar de emisión, por ejemplo:

• Oficios 410-200-85-080 de 14 de febrero de 2023, 410-200-85-079 de 14 de
febrero de 2023, del secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad
Ciudadana de Casanare, a la Subdirección de Evaluación del Riesgo de la
UNP.

• Oficio 410-200-85-081 de 14 de febrero de 2023, del secretario de Gobierno,
Convivencia y Seguridad Ciudadana de Casanare, al comandante del
Departamento de Policía de Casanare.

• Circular 400-30-10 de 10 de marzo de 2023, del secretario de Gobierno,
Convivencia y Seguridad Ciudadana de Casanare (E), a las entidades
integrantes de la Comisión de Protección de Líderes y Defensores de
Derechos Humanos.

147. Del mismo modo, en las declaraciones juramentadas adjuntas a cada informe
de actividades, «para la deducción de la retención en la fuente a personas naturales
pertenecientes a clasificación tributaria “rentas de trabajo” originadas en la
modalidad de contrato de prestación de servicios», el propio contratista manifestó
de forma idéntica que «los servicios del contrato No. SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-
0317-2023 y No. Interno 0473 fecha 2023-02-07, fueron ejecutados en el

41 Informes No. 1 del 14 de marzo, No. 2 del 19 de abril, No. 3 del 17 de mayo y No. 4 del 15 de junio

de 2023.
42 Remitidos al tribunal en una carpeta digital, mediante oficio No. 282 de 10 de abril de 2024, por

parte del secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana de Casanare.
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municipio de Yopal (100%) y me comprometo a comunicar cualquier cambio que
pueda modificar los beneficios obtenidos» (negrillas adicionales).

148. Respecto a estos documentos, contrario a lo que consideran los apelantes,
no son «impropios» ni ajenos al contrato, sino que hacen parte del expediente
contractual, como anexos a los informes que tienen por objeto definir un factor del
pago de los honorarios del contratista. De hecho, fueron remitidos por la entidad
contratante, dentro de la carpeta del contrato. En esa medida, sí resultan útiles y
pertinentes para corroborar la información sobre la ejecución de las obligaciones,
que constan en otros soportes.

149. Ahora bien, sobre la corrección contable que aduce el apoderado del Concejo
de Yopal en el recurso de apelación, la Sala advierte que, además de que no aportó
pruebas para demostrarlo, no fue un argumento expuesto por el demandado para
controvertir la decisión ni para ejercer su defensa en la contestación de la demanda.

150. Al respecto, se recuerda que, de acuerdo con el artículo 71 del Código
General del Proceso, el coadyuvante «podrá efectuar los actos procesales
permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no estén en oposición con los de esta y
no impliquen disposición del derecho en litigio», lo cual determina los términos en
que puede intervenir el tercero.

151. Por otra parte, frente al argumento de la apelación del demandado, según el
cual la entidad contratante es departamental y no corresponde al municipio de
Yopal, se recuerda que la causal de inhabilidad contempla la celebración de
contratos con entidades públicas «de cualquier nivel» y el aspecto determinante es
que el lugar de ejecución coincida con el de la elección, como se constató.

152. Adicionalmente, la Sala desestima la censura sobre la inexistencia de
ventajas al demandado por cuenta del contrato que celebró, teniendo en cuenta que
la ley no contempla este ingrediente al momento de consagrar la causal de
inhabilidad que se estudió. Es importante señalar que los beneficios electorales que
pudieran derivarse para un candidato por cuenta de la celebración de un contrato
con una entidad pública tienen que ver con la finalidad de la inhabilidad, pero no es
un aspecto que deba constatarse para efectos de su configuración.

153. Por último, sobre el reproche del coadyuvante Oromairo Avella Ballesteros,
debido al «cambio repentino de postura al momento de emitir sentencia de primer
grado», respecto del auto que negó la suspensión provisional sobre las pruebas
aportadas desde la demanda, se observa que es un argumento extraño a los
esgrimidos por el demandado, quien determina el marco temático de los actos
procesales de esta parte, según se explicó.

154. Además, se recuerda que el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011 advierte que
«[l]a decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento». En

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consecuencia, la valoración probatoria en aquel momento inicial del proceso puede
válidamente variar posteriormente en el proceso, en conjunto con el material
recaudado en la etapa correspondiente y los argumentos expuestos por las partes
en defensa de sus respectivas posturas.

155. Se concluye de lo discurrido que en el caso concreto se constataron de forma
concurrente los elementos que configuran la causal de inhabilidad para ser concejal
por la celebración de un contrato con una entidad pública, especialmente el factor
territorial o espacial, toda vez que las pruebas demostraron que las obligaciones
fueron ejecutadas en el municipio de Yopal, donde fue elegido el demandado.

156. En tales condiciones, se confirmará el fallo apelado.

2.6. Conducta procesal de la parte demandada

157. No pasa inadvertido por la Sala que la parte demandada presentó durante la
segunda instancia una serie de solicitudes con distinto propósito, que no han
prosperado. Por sus características, es válido concluir que responden a las que
regula el artículo 295 de la Ley 1437 de 2011, que conviene transcribir:

ARTÍCULO 295. PETICIONES IMPERTINENTES. La presentación de peticiones
impertinentes así como la interposición de recursos y nulidades improcedentes
serán considerados como formas de dilatar el proceso y se sancionarán con multa
de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

158. En concordancia, el numeral 2 del artículo 43 del Código General del Proceso
otorga entre los poderes de ordenación e instrucción del juez «[r]echazar cualquier
solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación
manifiesta».

159. Así las cosas, el juez electoral está habilitado para interpretar como dilatorias
las peticiones, recursos y nulidades improcedentes e imponer sanción de multa, que
puede ir hasta 10 salarios mínimos.

160. En este caso, la conducta del demandado, asistido por dos profesionales del
derecho, ha impedido que el proceso termine, por cuenta de la presentación de
solicitudes, resueltas con los respectivos autos que se reseñaron en los
antecedentes de esta providencia y que se relacionan a continuación:

1) Petición probatoria del 23 de julio de 2024, que el magistrado ponente
rechazó por extemporánea mediante auto de 31 de julio de 2024.

2) Recurso de reposición contra el auto referido, desestimado por el ponente
por auto de 21 de agosto de 2024.

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3) Recurso de súplica, resuelto por la Sala en el sentido de confirmar el auto
recurrido, a través de providencia dictada el 12 de septiembre de 2024.

4) Solicitud de aclaración y complementación de la citada decisión de la Sala,
negada por medio de auto de 3 de octubre de 2024.

5) Recusación presentada contra los magistrados de la Sección Quinta, que se
declaró infundada por la Sección Primera de esta corporación, con el auto de
13 de febrero de 2025.

6) Solicitud de nulidad parcial del proceso, rechazada de plano mediante auto
de 19 de marzo de 2025.

7) Solicitud para dictar sentencia de unificación, rechazada de plano en el
mismo auto de 19 de marzo de 2025.

161. Como resultado de las siete peticiones de la parte demandada, la decisión
del recurso de apelación se extendió hasta este momento, a pesar de que fue
admitido desde el 7 de junio de 2024 y que el proceso entró por primera vez para
fallo al despacho del magistrado ponente el 4 de julio de 2024. Esta desafortunada
consecuencia afecta, no solo el principio de celeridad que de forma especial
gobierna el proceso electoral, sino también el interés general de la comunidad en
tener un gobierno estable y legítimo, que está por encima del particular del
demandado.

162. Siendo así, la Sala considera necesario remitir copia digital del expediente a
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en cuanto a la participación de los
abogados que han presentado los memoriales relacionados previamente.
Asimismo, advertir al demandado sobre la consecuencia prevista en el artículo 295
de la Ley 1437 de 2011, ante la presentación de solicitudes improcedentes y
dilatorias.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 2 de mayo de 2024, por medio de la cual
el Tribunal Administrativo de Casanare declaró la nulidad del acto de elección del
señor Jhon Jairo Peynado Correa como concejal del municipio de Yopal, para el
período 2024-2027, contenido en el formulario E-26 CON de 4 de noviembre de
2023, expedido por la Comisión Escrutadora Municipal.

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SEGUNDO: Remitir copia digital del expediente a la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, para que, de encontrarlo procedente, examine la conducta de los
abogados Edelberto Arenas, identificado con cédula de ciudadanía 13.834.443 y
tarjeta profesional 76.994, y Edwin Fernando Gómez González, identificado con
cédula de ciudadanía 1.118.538.195 y tarjeta profesional 277.601, de acuerdo con
lo expuesto en esta providencia.

TERCERO: Advertir al señor Jhon Jairo Peynado Correa sobre la consecuencia
prevista en el artículo 295 de la Ley 1437 de 2011, por la presentación de solicitudes
improcedentes y dilatorias.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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