RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2024 › Radicado 54001-23-33-000-2023-00263-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 54001-23-33-000-2023-00263-01

Fecha
6 de junio de 2024
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 54001-23-33-000-2023-00263-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: Revocar la sentencia de 14 de marzo del 2024, dictada por Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante la cual declaró la nulidad de la elección de Pablo José Rojas Espinosa como concejal de Pamplona, Norte de Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26 Demandante: Karen Camargo Velandia Demandado: Pablo José Rojas Espinosa, concejal de Pamplona, Norte de Santander, periodo 2024-2027 Radicado: 54001-23-33-000-2023-00263-01 Santander, periodo 2024-2027 y, en su lugar. negar las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 54001-23-33-000-2023-00263-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

6 de junio de 2024

Demandante: Karen Camargo Velandia
Demandado: Pablo José Rojas Espinosa, concejal
de Pamplona, Norte de Santander, periodo 2024-2027
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00263-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 54001-23-33-000-2023-00263-01
Demandante: Karen Camargo Velandia
Demandado: Pablo José Rojas Espinosa, concejal de Pamplona, Norte de
Santander, periodo 2024-2027

Tema: Inhabilidad por celebración de contratos, numeral 3 del
artículo 43 de la Ley 136 de 2000.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la
sentencia del 14 de marzo del 2024, dictada por Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, mediante la cual declaró la nulidad de la elección de Pablo José Rojas
Espinosa, como concejal de Pamplona, Norte de Santander, periodo 2024-2027.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1. Karen Camargo Velandia solicitó que se anulara el formulario E-26 CON de
3 de noviembre de 2023, que declaró la elección de Pablo José Rojas Espinosa,
como concejal del municipio de Pamplona, Norte de Santander, periodo 2024-2027,
porque, en su criterio, está incurso en la causal de inhabilidad contenida en el
numeral 3, del artículo 431 de la Ley 136 de 1994.

2. Fundamentos fácticos

2. La parte actora mencionó que el demandado es propietario de un inmueble
ubicado en la carrera 5 # 10-34/36 (Plazuela Almeida) del municipio de Pamplona

1«Inhabilidades. <Artículo modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000. El nuevo texto es el

siguiente:> No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:
(…)
3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante
entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades
públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban
ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior
haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las
entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado
en el respectivo municipio o distrito».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Demandante: Karen Camargo Velandia
Demandado: Pablo José Rojas Espinosa, concejal
de Pamplona, Norte de Santander, periodo 2024-2027
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00263-01

(Norte de Santander), el cual fue objeto de contrato de arrendamiento suscrito el 31
de octubre de 2022, de conformidad con el cronograma y documento obrantes en
Sistema Electrónico para la Contratación Pública (en adelante SECOP II), entre la
Fiscalía General de la Nación y el administrador del inmueble Omar Luna Suescún.
Además, informó que la ejecución del contrato fue del 1° de noviembre de 2022
hasta el 29 de febrero de 2024.

3. Indicó que, en virtud de la jornada electoral llevada a cabo el 29 de octubre
de 2023, la comisión escrutadora declaró electo a Pablo José Rojas Espinosa, como
concejal del municipio de Pamplona (Norte de Santander), por el partido Liga de
Gobernantes Anticorrupción, mediante el formulario E-26CON de 3 de noviembre
de 2023.

3. Normas violadas

4. A juicio de la accionante, en el presente caso, se vulneraron los artículos 43
numeral 3 de la Ley 136 de 1994; 139, del 162 al 167 y 275 numeral 5 de la Ley
1437 de 2011 (en adelante CPACA).

4. Concepto de la violación

5. La demandante alegó que, según el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136
de 1994 no podrá ser inscrito ni elegido concejal municipal o distrital «quien dentro
del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante
entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos
con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros,
siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo
municipio o distrito». (énfasis del escrito de demanda)

6. En tal sentido, indicó que el contrato de arrendamiento suscrito entre el
demandado y la Fiscalía General de la Nación, por intermedio de una inmobiliaria,
configura la causal de inhabilidad contenida en el artículo citado en precedencia.

7. Al respecto, precisó que se cumplen los elementos necesarios para la
configuración de la inhabilidad endilgada, a saber:

• Elemento material: El demandado suscribió contrato de arrendamiento, en
calidad de propietario, tal y como se desprende del certificado de libertad y
tradición 27240872, con una entidad pública del orden nacional, como lo es
la Fiscalía General de la Nación.
• Elemento temporal: Dentro del año anterior a la elección. Tal y como se
puede evidenciar la suscripción del contrato data del 31 de octubre de 2022
y las elecciones en las que fue electo fueron el 29 de octubre de 2023.
• Elemento espacial: Según el dicho de la demandante, en la cláusula tercera
del contrato, se indicó que el municipio de Pamplona (Norte de Santander)
sería el lugar de ejecución.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Demandante: Karen Camargo Velandia
Demandado: Pablo José Rojas Espinosa, concejal
de Pamplona, Norte de Santander, periodo 2024-2027
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00263-01

8. La accionante aclaró que, aunque Pablo José Rojas Espinosa actuó por
intermedio del administrador del inmueble Omar Luna Suescún, el beneficio o
provecho del proceso contractual mencionado, recayó netamente sobre el
propietario del inmueble, es decir el demandado; lo que permite concluir que se
configura la causal de inhabilidad contenida en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley
136 de 1994.

9. Al respecto, citó la sentencia de 6 de mayo de 20212 proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se estudió esta misma inhabilidad
y se concluyó que para su configuración deben concurrir los siguientes elementos:

«a) uno temporal y de causa contractual, que la gestión o celebración del contrato se
haya dado dentro del año anterior al día de elecciones, b) otro material territorial, es
decir, que el contrato deba ejecutarse o cumplirse en el municipio o distrito al que
aspira el candidato o es elegido el concejal, c) uno subjetivo de interés o beneficio, es
decir, que la gestión o celebración se haga en interés propio o de terceros y,
finalmente, d) una parte contractual cualificada, lo que implica que el otro extremo del
negocio jurídico sea una entidad pública de cualquier nivel (municipal, departamental
o nacional) (…)».

10. Por tanto, con el fin de demostrar los argumentos expuestos solicitó tener
como pruebas el formulario E-26 CON de 3 de noviembre de 2023 y la copia del
contrato de arrendamiento FGN-RNO-0049-2022 de la Fiscalía General de la
Nación, Subdirección Regional de Apoyo Nororiental y los respectivos soportes del
Secop II.

5. Trámite inicial

11. La demanda fue admitida en providencia del 1° de diciembre del 2023, en la
cual se ordenaron las notificaciones que corresponden según el CPACA.

6. Contestaciones

6.1. Consejo Nacional Electoral3

12. Por medio de apoderado judicial indicó que no tenía legitimación en la causa
por pasiva dentro del trámite del presente medio de control, en virtud a que este
versa sobre una nulidad de carácter subjetivo, por lo que debe ser el candidato y el
partido que avaló su candidatura, a quienes incumbe pronunciarse y demostrar que
sí cumple con las condiciones para ocupar la curul que ostenta.

13. Indicó que, contra la inscripción de Pablo José Rojas Espinosa, no se formuló
solicitud de revocatoria, por tanto, no ha hecho pronunciamiento alguno al respecto.

2 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, sentencia de 6 de

mayo de 2021, radicado 54001-23-33-000-2020-00012-01, demandado: Luis Alejandro Castellanos
Cárdenas, concejal de San José de Cúcuta, período 2020-2023.
3 Al respecto, debe precisarse que revisado el auto admisorio de la demanda el tribunal no ordenó

su vinculación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Demandante: Karen Camargo Velandia
Demandado: Pablo José Rojas Espinosa, concejal
de Pamplona, Norte de Santander, periodo 2024-2027
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00263-01

6.2. Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC)

14. Por medio de representante, indicó que la RNEC es ajena a las pretensiones
de la demandante y no puede hacer pronunciamiento sustancial de estas, y solicitó
declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva.

6.3. Pablo José Rojas Espinosa

15. Mediante apoderado judicial se opuso a la prosperidad de las pretensiones y
formuló la excepción previa de ineptitud sustantiva de la demanda 4. Al respecto,
indicó que no existen supuestos fácticos, jurídicos ni probatorios que permitan
establecer la presunta incursión en la causal de inhabilidad.

16. Manifestó que no se cumple la totalidad de los elementos requeridos por la
jurisprudencia para la configuración de la inhabilidad, toda vez que: i) el contrato de
arrendamiento no fue suscrito por él, sino el representante legal de la inmobiliaria
que tenía el manejo y la administración del inmueble y; ii) no se configuró el
elemento subjetivo relativo a la obtención de un provecho político, directo o
indirecto, de tal situación.

17. Afirmó que desde el año 2018 la Inmobiliaria Arrendamientos Parada Alarcón
realiza todo lo relacionado con la administración, con ánimo de señor y dueño del
inmueble, lo cual, no permite atribuir al demandado que haya actuado con una
conducta dolosa o gravemente culposa dentro del proceso contractual.

18. Por tanto, en virtud del contrato de administración del inmueble, es la
inmobiliaria la facultada para adelantar todos los procesos contractuales, sea con
un particular o con una entidad pública, por lo que no es posible establecer que haya
actuado de mala fe o con el ánimo de infringir alguna disposición normativa.

19. Adujo que Pamplona es un municipio pequeño, de sexta categoría, que los
honorarios obtenidos de las sesiones del concejo son muy pequeños, y «sería
ilógico que se restrinja cualquier tipo de actividad comercial o profesional» en la que
ni siquiera actuó, pues fue la inmobiliaria Arrendadora Parada Alarcón quien
suscribió el contrato y quien decide con quien celebrar el arriendo de los inmuebles
entregados a su administración.

20. Afirmó que no se probó su participación en el proceso contractual, ni que
haya presentado propuestas ante la entidad contratante y mucho menos que
hubiese suscrito el contrato con la Fiscalía General de la Nación, tal y como lo afirma
la accionante.

21. En consecuencia, consideró que no se establecieron los elementos objetivos
y subjetivos previstos para la configuración de la inhabilidad, puesto que no celebró
el contrato ni intervino en él dentro del año anterior a la elección; por lo que debe

4Resuelta mediante auto de 8 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Demandante: Karen Camargo Velandia
Demandado: Pablo José Rojas Espinosa, concejal
de Pamplona, Norte de Santander, periodo 2024-2027
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00263-01

tenerse en consideración lo indicado por la Corte Constitucional en las sentencias
T-1285 de 2005 y SU-424 de 2016.

22. Indicó que tampoco se probó algún tipo de ventaja electoral o política a su
favor, que pudiera representar desequilibrio social frente a las elecciones del 29 de
octubre de 2023.

23. Argumentó que el artículo 43.3 de la Ley 136 de 1994 no está vigente, puesto
que fue modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, razón por la que la
sustentación de los hechos carece de «piso legal». Al respecto citó las sentencias
de la Corte Constitucional T-118A de 2013, T-315 de 2020, T-416 de 2016, T-021
de 2018 y el fallo 00301 de 2019 del Consejo de Estado, con el ánimo de sustentar
la incursión en defecto sustantivo5.

24. Refirió que el precedente jurisprudencial6 citado por la accionante no resulta
aplicable a la actual controversia, pues las situaciones fácticas allí acontecidas no
tienen relación alguna con la presente demanda, ya que corresponde a la
celebración de un contrato de prestación de servicios, situación distinta a la
celebración de un contrato de arrendamiento de inmueble.

25. Por lo que, a su juicio, debe aplicarse lo definido por el Consejo Nacional
Electoral (CNE) mediante decisión de 29 de septiembre de 2023 7, en la que se
evaluó una situación muy parecida derivada de la celebración de un contrato de
arrendamiento, y negó la revocatoria de la inscripción del candidato; de igual forma
solicitó tener en consideración la decisión de 16 de abril de 2020 de la Sección
Primera del Consejo de Estado8, a través de la cual se resolvió una pérdida de
investidura de un concejal con iguales situaciones fácticas.

7. Trámite posterior

26. En auto del 8 de febrero del 2024, el magistrado conductor dispuso el trámite
de sentencia anticipada; se decretaron las pruebas aportadas con la demanda y la
contestación, y se negaron las requeridas por las partes9. Además, se fijó el litigio
en los siguientes términos:

5 Al respecto, es necesario precisar que el demandado citó en extenso aquella jurisprudencia, sin

que hiciera claridad o informara bajo que supuestos, dichos antecedentes se configuran en la
presente controversia.
6 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, 6 de mayo de 2021,

radicado 54001-23-33-000-2020-00012-01.
7 Resolución 11822 de 29 de septiembre de 2023, «Por medio de la cual se DECIDE la solicitud de

revocatoria de la inscripción de la candidatura del señor JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.941.641, a la ALCALDÍA DE BOGOTÁ D.C., inscrito
por el Grupo Significativo de Ciudadanos CON TODA POR BOGOTÁ, por presuntamente incurrir en
la causal de inhabilidad consagrada en el numeral 3 del artículo 37 de la Ley 617 del 2000, con
ocasión de las elecciones de autoridades locales a celebrarse el 29 de octubre de 2023, dentro del
expediente con radicado No. CNE-E-DG-2023-029211».
8 Consejo de Estado, Sección Primera, MP. Hernando Sánchez Sánchez, 16 de abril de 2020,

radicado 54001233300020190009101.
9 Negó las pruebas documentales requeridas por las partes al considerarlas inútiles al proceso,

porque con las aportadas con la demanda y la contestación, se encuentra completo el material

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Demandante: Karen Camargo Velandia
Demandado: Pablo José Rojas Espinosa, concejal
de Pamplona, Norte de Santander, periodo 2024-2027
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00263-01

Si hay lugar a declarar la nulidad de la elección contenida en la “declaración de
elección acta de escrutinio formulario E-26 del día 3 de noviembre de 2023 expedida
por la Comisión Escrutadora Municiapal de Pamplona, Norte de Santander, elección
concejo municipal – elecciones del 29 de octubre de 2023, mediante la cual se declara
electo, como concejal del municipio de Pamplona, Norte de Santander, por el partido
Liga Gobernantes Anticorrupción a Pablo José Rojas Espinosa, para el periodo
constitucional 2024-2027”, o si por el contrario, la misma debe conservar su
presunción de legalidad conforme a los argumentos de defensa y contradicción
expuestos por el señor Pablo José Rojas Espinosa.

27. Lo anterior, luego de transcribir en extenso el concepto de la violación de la
demanda, argumentos de la defensa y respuesta de la Registraduría Nacional del
Estado Civil.

8. Alegatos de conclusión

8.1. Pablo José Rojas Espinosa (demandado)

28. Reiteró, en esencia, los argumentos de la contestación de la demanda e
indicó que la Fiscalía General de la Nación, en cuanto al régimen de contratación,
garantiza el ofrecimiento de sus bienes y servicios en igualdad de condiciones a
todos sus ciudadanos, por lo cual, el contrato de arrendamiento fue ofrecido a todas
las personas a través de la plataforma SECOP II; razón por la cual, dependía del
interés de cualquiera de presentarse para la suscripción del contrato, por la
modalidad de contratación directa.

29. Así pues, tal circunstancia no tiene la posibilidad de influir en la voluntad de
los electores, pues se trató de un arrendamiento de un bien inmueble urbano para
las actividades propias de la entidad contratante, sin que se pueda advertir una
«gestión de negocios»10 que «tenga la potencialidad de otorgarle al aspirante una
ventaja respecto de los demás candidatos».

30. Al respecto, manifestó que aunque el contrato de arrendamiento reporta un
beneficio económico, dicha contraprestación es insuficiente para afirmar que se
cumple con el elemento subjetivo de la inhabilidad, puesto que, se suscribió con una
entidad del orden nacional para satisfacer las necesidades de gestión de atención
a la ciudadanía y población, para llevar a cabo las distintas actuaciones de la
entidad.

8.2. Karen Camargo Velandia (demandante)

31. Reiteró los argumentos expuestos en el escrito inicial e indicó que de
conformidad con la jurisprudencia fijada por el Consejo de Estado 11, las pruebas

probatorio necesario para resolver la controversia. Negó las testimoniales porque no cumplen con
los requisitos fijados por el artículo 212 del CGP. Decisiones que no fueron recurridas.
10 Descrito así por el demandado en el recurso.
11 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Alberto Yepes Barreiro, sentencia de 30 de mayo de

2019, radicación 13001-23-33-000-2018-00417-01 (2018-00394-00, 2018-00416-00 y 2018-00419-
00).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Demandante: Karen Camargo Velandia
Demandado: Pablo José Rojas Espinosa, concejal
de Pamplona, Norte de Santander, periodo 2024-2027
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00263-01

obrantes en el expediente y las normas invocadas, se encuentra demostrada la
incursión del demandado en la causal de inhabilidad contenida en el artículo 43.3
de la Ley 136 de 1994. Por lo cual, solicitó se declare la nulidad de la elección de
Pablo José Espinosa, como concejal del municipio de Pamplona (Norte de
Santander), periodo 2024-2027.

9. Concepto del Ministerio Público

32. El procurador delegado luego de hacer un recuento normativo y
jurisprudencial de la causal de inhabilidad por celebración de contratos, se
encuentra probado que el demandado es propietario del inmueble ubicado en el
municipio de Pamplona (Norte de Santander), el cual fue arrendado a la Fiscalía
General de la Nación, mediante contrato suscrito por el gerente de la Inmobiliaria
Arrendamiento Parada Alarcón.

33. Respecto de los elementos configurativos de la causal de inhabilidad
definidos por la jurisprudencia, son:

i) Temporal: El contrato de arrendamiento fue celebrado el 31 de octubre de
2022 y la elección del demandado se llevó a cabo el 29 de octubre de 2023,
es decir, fue celebrado dentro del año anterior a la elección.
ii) Territorial: El inmueble se encuentra ubicado en el municipio de Pamplona
(Norte de Santander), donde fue electo como concejal el demandado.
iii) Contractual calificado: La Fiscalía General de la Nación es pública y del
orden nacional.
iv) Subjetivo de interés o beneficio propio dado que, aunque el contrato fue
suscrito por un tercero (Inmobiliaria Arrendamiento Parada Alarcón), en la
cláusula 10 se indicó con claridad que el propietario es el demandado;
situación que también se puede corroborar del contrato de administración,
donde se define la propiedad de Pablo José Rojas Espinosa.

34. Al respecto, reiteró que el elemento subjetivo se configura dado que existe
un beneficio propio del demandado, fruto del contrato de arrendamiento con entidad
pública puesto que, a su juicio, aunque el acuerdo lo haya firmado por intermedio
de inmobiliaria, le reportó beneficio personal económico al demandado; situación
que era de su conocimiento al momento de inscribir su candidatura a las elecciones
para el Concejo Municipal de Pamplona.

35. En consecuencia, el procurador concluyó que el demandado se encuentra
incurso en la causal de nulidad contenida en el artículo 275.5 del CPACA y se debe
declarar la nulidad de su elección.

10. Sentencia de primera instancia

36. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander accedió a las pretensiones
de la demanda12. Para tal efecto, sostuvo que de acuerdo la jurisprudencia del

12En dicha ocasión también declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva frente a la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Demandante: Karen Camargo Velandia
Demandado: Pablo José Rojas Espinosa, concejal
de Pamplona, Norte de Santander, periodo 2024-2027
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00263-01

Consejo de Estado13 la configuración de la causal de inhabilidad contenida en el
artículo 43 de la Ley 136 de 1994, se debe establecer la concurrencia de cuatro
elementos.14

37. Frente al elemento temporal indicó que el periodo inhabilitante transcurrió
del 29 de octubre de 2023 hasta el 29 de octubre de 2022. Por tanto, como el
contrato de arrendamiento del inmueble, celebrado entre la Fiscalía General de la
Nación y el representante legal de la Inmobiliaria Arrendamientos Parada, se
suscribió el 31 de octubre de 2022, se encuentra demostrada la configuración de
este requisito.

38. Con relación al elemento territorial citó la cláusula tercera del contrato de
arrendamiento, la cual fijó como el lugar de ejecución, el municipio de Pamplona,
Norte de Santander. Por otra parte, indicó que de conformidad con el formulario E-
26 CON de 29 de octubre de 2023, se encuentra probado que el demandado fue
elegido concejal de dicha municipalidad.

39. En cuanto a la parte contractual cualificada adujo que la Fiscalía General
de la Nación es una entidad del orden nacional.

40. Finalmente, respecto de elemento subjetivo de interés o beneficio propio
o de terceros, manifestó que su configuración «salta a la vista, ya que el contrato
fue celebrado en interés propio del demandado» además, expuso que si bien, es
lo cierto que, fue suscrito por el representante legal de la inmobiliaria administradora
del inmueble, también lo es que Pablo José Rojas Espinosa resultó beneficiado por
el pago de los cánones a los que tiene derecho como propietario del inmueble.

41. Expuso que, en la Resolución No. 0791 de 2022, mediante la cual la Fiscalía
General de la Nación justificó y ordenó la contratación directa de 7 inmuebles, entre
los cuales se encuentra el de propiedad del demandado, el numeral 11 describió
que «los propietarios de los inmuebles antes señalados, manifestaron su
consentimiento para entregar los bienes inmuebles en calidad de arrendamiento»,
por tanto, tenían conocimiento del acuerdo de voluntades.

42. Resultó que en la propuesta económica del contrato se precisó que el
propietario del inmueble es Pablo José Rojas Espinosa. Así pues, encontró probado
que el demandado recibe beneficio económico por los cánones de arrendamiento
pagados por la Fiscalía General de la Nación.

43. Así las cosas, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander concluyó que,
se encuentran demostrados los elementos configurativos de la causal de inhabilidad
contenida en el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, razón por la cual declaró la nulidad
de su elección.

13 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Rocío Araújo Oñate, 19 de noviembre de 2020, radicado

50001-23-33-000-2020-00001-01.
14 Además, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la

Registraduría Nacional del Estado Civil.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Demandante: Karen Camargo Velandia
Demandado: Pablo José Rojas Espinosa, concejal
de Pamplona, Norte de Santander, periodo 2024-2027
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00263-01

11. Recurso de apelación

44. El demandado se opuso a la decisión de primera instancia. Manifestó que
dos de los elementos constitutivos de la inhabilidad no son aplicables al caso, a
saber: «1). Parte contractual Cualificada (…). 2). Subjetivo de interés o
beneficio (…)», toda vez que no son desarrollados por la jurisprudencia del «alto
tribunal de lo contenciosos (sic) administrativo», y a su juicio, el tribunal se apartó
de los precedentes jurisprudenciales de la Sección Quinta del Consejo de Estado.

45. Argumentó que el a quo incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento
de precedente judicial15 puesto que al aplicar los elementos16 expuestos
anteriormente se apartó de la realidad jurisprudencial que desarrolla el problema
jurídico en controversia.

46. Manifestó que el artículo 43 de la Ley 136 de 1994 contiene dos exigencias
constitutivas de la inhabilidad endilgada: la intervención en la gestión de negocios
ante entidades públicas y la celebración de contratos estatales.

47. Indicó que los argumentos de la demanda se circunscriben a establecer la
presunta incursión en la causal de inhabilidad por celebrar un contrato que no
suscribió.

48. Para soportar sus argumentos, citó varios pronunciamientos de la Sección
Quinta del Consejo de Estado17, con el fin de establecer los elementos que, a su
juicio, jurisprudencialmente permiten establecer cuando se configura la causal de
inhabilidad. Al respecto, indicó:

ELEMENTOS FUNDAMENTALES CASO EN CONCRETO
(i) Elemento Material u objetivo. se Las partes en la relación contractual de
requiere que el candidato haya intervenido en arrendamiento FGN-RNO-0049-2022 fijan:
la celebración de contratos con entidades
públicas de cualquier nivel. Arrendatario. FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN
No se Cumple. No suscribió, ni intervino en
la suscripción del contrato. Arrendador. OMAR LUNA SUESCÚN.
(ii) Elemento Subjetivo. Se requiere que No se hace mención en ningún precepto del
el contrato se haya suscrito en interés propio o contrato la presencia del elegido, el señor
de terceros. Pablo José Rojas Espinosa.

No se Cumple. No suscribió ni intervino en
la suscripción del contrato.
(iii) Elemento Temporal. Se requiere que Contrato de arrendamiento FGN-RNO-0049-
dicho contrato haya sido celebrado dentro del 2022 en su artículo 2º MODALIDADES DE
año anterior a la fecha de elección. SELECCIÓN, establece en el numeral 6 que;

15 Sin precisar a cuáles se refiere.
16 «1). Parte contractual Cualificada (…). 2). Subjetivo de interés o beneficio (…)»
17 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia 12 de agosto de 2021, rad: 15001-2 3-33-000-2019-

00630-01; sentencia del 25 de mayo de 2005, rad.: expediente 3537; sentencia del 29 de abril de
2005, expediente 3558; sentencias del 11 y 17 de febrero de 2005, Exp. 3499 y 3522; sentencia de
19 de octubre de 2001, expediente 2654; providencia del 18 de julio de 2013, expediente:
470012331000201200010-01; sentencia 18 de julio de 2012, radicación 47001-23-31-000-2012-
00010-01; auto del 13 de abril de 2016, radicado 25000-23-24-000-2015-02753-01; providencia del
8 de septiembre de 2016 rad.: 23001-23-33-000-2015-00461-02; providencia de 12 de mayo de 2016
rad.: 41001-23-33-000-2015-00907-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Demandante: Karen Camargo Velandia
Demandado: Pablo José Rojas Espinosa, concejal
de Pamplona, Norte de Santander, periodo 2024-2027
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00263-01

el inmueble motivo del presente estudio está
No se cumple. El contrato viene siendo actualmente al servicio de la entidad mediante
prorrogado y ejecutado desde el día 2 de contrato de arrendamiento suscrito el 02 de
enero de 2012. enero de 2012 siendo prorrogado, toda vez que
la Fiscalía General de la Nación no cuenta con
un inmueble para la ubicación de estas
oficinas18.
(iv) Elemento territorial. Se requiere que Contrato de arrendamiento FGN-RNO-0049-
el contrato se ejecute en el municipio o distrito 2022 en su cláusula tercera, el contrato se
en el cual se encuentra postulado el candidato. ejecutará en el municipio de Pamplona, Norte
de Santander.
Si cumple. El contrato se ejecuta en el
municipio de Pamplona – Norte de
Santander.

49. Manifestó que es necesario para su configuración la concurrencia de todos y
cada uno de los elementos señalados anteriormente, situación que considera no
ocurre en el presente caso.

50. Resaltó que desde el año 2012 viene celebrando el contrato de
arrendamiento del inmueble, por lo cual, «no necesariamente» inició el 1 de
noviembre de 2022, ya que su suscripción obedece a una prórroga del contrato
inicial.

51. Indicó que el representante legal de la inmobiliaria, Omar Luna Suescún
administra el inmueble de su propiedad y tiene la posesión material del mismo, por
lo cual es el facultado para llevar a cabo las actuaciones de carácter comercial,
financiero y jurídico.

52. Refirió que del material probatorio recaudado no es posible inferir que haya
gestionado o intervenido directa o indirectamente en la celebración del contrato de
arrendamiento, puesto que el acuerdo de voluntades fue suscrito y negociado por
alguien «externo y ajeno a las voluntariedades que pudiera tener en ese momento».

53. Además, adujo que dentro del objeto contractual y de las cláusulas
estipuladas no se observa que el tuviera obligación o beneficio en la celebración del
contrato, puesto que todos los elementos y obligaciones que se desprenden del
acuerdo de voluntades se realizaban directamente por la administración de la
Inmobiliaria Parada Alarcón.

54. Así pues, de todo lo expuesto indicó que no se puede aplicar la inhabilidad
endilgada puesto que no celebró ningún tipo de contrato en el municipio de
Pamplona (Norte de Santander).

55. Respecto de la inhabilidad por contratación, manifestó que el Consejo de
Estado la ha definido como la «circunstancia creada por la Constitución o la Ley que
impide o imposibilita a una persona acceder a un cargo público (…)»19, la cual tiene
la finalidad de proteger la moralidad e imparcialidad del proceso electoral y que

18 Ver anexos Contrato FGN-RNO-0049-2022.
19 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Alberto Yepes Barreiro, 11 de julio de 2013, rad. 50001-

23-31-000-2012-00087-02.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Demandante: Karen Camargo Velandia
Demandado: Pablo José Rojas Espinosa, concejal
de Pamplona, Norte de Santander, periodo 2024-2027
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00263-01

buscan «evitar una confusión entre los intereses públicos y privados» 20, y
obstaculiza el aprovechamiento de los recursos públicos para desfigurar los
procesos electorales.

56. En tal sentido, afirmó que el operador jurídico debe aplicar una interpretación
restrictiva de los «gravámenes que limitan las garantías constitucionalmente
amparadas», como el acceso a cargos públicos. Señaló que la Sección Quinta en
sentencia de 11 de abril de 201921 definió el contrato como «todo acto jurídico que
genera obligaciones y aquel acto bilateral de creación de validez jurídica»; por lo
cual, adujo que de las pruebas aportadas no se tiene evidencia que haya suscrito el
contrato objeto de arrendamiento con la Fiscalía General de la Nación.

57. Alegó que en ninguna de las etapas contractuales, se evidencia su actuación
o intervención, lo cual, en armonía con reciente jurisprudencia sobre la materia, se
tiene que la intervención en la celebración del contrato se concreta en el acto mismo
de su suscripción o firma, lo que en concordancia con lo dispuesto por el artículo 41
de la Ley 80 de 1993, establece el perfeccionamiento de los contratos estatales a
que «se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a
escrito»22.

58. Agregó que no toda celebración contractual que reúna los cuatro elementos
citados configura la inhabilidad ya que esa interpretación «llevaría al absurdo
jurídico de considerar contratos como los de servicios de energía eléctrica,
bancarios, de seguros, de transporte, entre otros, también podrían inhabilitar al
concejal electo».

59. Frente a tal apreciación, adujo que la Corte Constitucional hizo un análisis de
constitucionalidad de la inhabilidad endilgada y fijó un parámetro según los cuales
se debe interpretar el artículo 40.3 de la Ley 617 del 2000, así:

no se aplica a aquellos contratos por medio de los cuales la administración ofrece, en
igualdad de condiciones, a todos los ciudadanos y personas, un determinado bien o
servicio, en desarrollo de sus funciones constitucionales y legales, y tal y como
sucede por ejemplo con la prestación de los de los servicios públicos, pues en tal caso
la inhabilidad sería totalmente irrazonable23.

60. Argumentó que el Consejo Nacional Electoral ha establecido que la referida
causal de inhabilidad tiene una doble finalidad, evitar con la suscripción del contrato
o la gestión de tales negocios, se confiera una ventaja sobre los demás que pueda
afectar el principio de igualdad y; evitar que, al ser elegido el candidato, se

20 Corte Constitucional, C-618 de 1997, MP. Alejandro Martínez Caballero.
21 No precisó el radicado del proceso.
22 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 8 de abril de 2021, Rad. 85001-23-33-000-2019-

00184-01. Ver además, entre otras: Sentencia de 29 de abril de 2021, Rad. 11001-03-28-000-2020-
00002-00; sentencia de 18 de febrero de 2021, Rad. 05001-23-33-000-2019-02852-02 y sentencia
de 16 de diciembre de 2020, Rad. 20001-23-33-000-2020-00005-01.
23 Corte Constitucional sentencia C-618 de 1997.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Demandante: Karen Camargo Velandia
Demandado: Pablo José Rojas Espinosa, concejal
de Pamplona, Norte de Santander, periodo 2024-2027
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00263-01

confundan los interese privados de este, con los interesas públicos que debe
perseguir como concejal24.

61. Así pues, manifestó que de acuerdo al artículo 2º del contrato en cuestión se
tiene que el bien puesto en arrendamiento se ofreció en condiciones comunes a
todas las personas a través del SECOP II, lo que permitió que cualquier persona
podía presentarse y suscribir el contrato adelantado por la modalidad de
contratación directa y no tiene la posibilidad de influir en la voluntad de los electores,
puesto que se trató del arrendamiento de un bien inmueble urbano para las
actividades propias de la Fiscalía General de la Nación, el cual, reiteró no fue
suscrito, celebrado y firmado por él.

62. Manifestó que se aportó el contrato de mandato, suscrito por él con la
inmobiliaria, con el fin de demostrar que no tiene una relación contractual, como
elemento configurativo de la inhabilidad, con la Fiscalía General de la Nación como
lo concluyó el a quo.

63. Así pues, no todas las diligencias adelantadas con una autoridad pública
configuran la causal de inhabilidad, dado que debe tratarse de una conducta útil,
trascendente y potencialmente efectiva, situación que deriva en que las actuaciones
atribuidas al demandado deben estar debidamente probadas y no ser el resultado
de inferencia o deducciones subjetivas.

64. En tal sentido, afirmó que «[e]l tribunal mezcla intervención de negocios con
la celebración de contratos, actos que son totalmente diferentes en su concepto»,
por lo cual trae a colación que la inmobiliaria fue quien intervino en aquellos
negocios, y allegó el contrato de mandato suscrito y celebrado años antes a la
temporalidad de la inhabilidad, es decir, antes del día 29 de octubre de 2022. En tal
sentido, reiteró que en el presente medio de control se está debatiendo la inhabilidad
por celebración de contrato y no la gestión de negocios, situación que considera fue
equivocadamente entendida por el magistrado ponente del tribunal.

65. Argumentó que el a quo debió aplicar el precedente más favorable de
conformidad con la sentencia SU-406 de 2016 de la Corte Constitucional, puesto
que los argumentos de decisión del Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
empleando dos elementos de la inhabilidad por celebración de contratos que no han
sido decantados por el Consejo de Estado, a saber: «contractual cualificada y
mezclando con el otro extremo de un negocio jurídico que nunca hizo parte (…),
subjetivo de interés o beneficio (…)», donde nunca celebró contrato con entidades
del Estado.

24 Consejo Nacional Electoral, Resolución 11822 de 2023, 29 de septiembre de 2023. (Si bien el
demandado indicó que se trataba de una interpretación del Consejo de Estado, lo cierto es que de
la cita al pie de página del recurso es una decisión del CNE).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12

Demandante: Karen Camargo Velandia
Demandado: Pablo José Rojas Espinosa, concejal
de Pamplona, Norte de Santander, periodo 2024-2027
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00263-01

12. Trámite en segunda instancia

66. El 22 de abril del 202425, se admitió la apelación. Además, se ordenaron los
traslados de ley.

13. Alegatos de conclusión en segunda instancia

67. El demandado26 concluyó que debe revocarse la decisión y reiteró los
argumentos expuestos en el recurso de apelación.

68. La demandante27, manifestó que el recurso de apelación no puede abordar
materias o cuestiones que no hacen parte del concepto de la violación de la
demanda y que no fueron objeto de estudio de la decisión recurrida 28. Por lo tanto,
el juez está limitado a decidir los reproches que tengan correspondencia o que estén
en coherencia con las censuras de la demanda y el contenido de la sentencia de
primera instancia29.

69. Así pues, a su juicio el recurso carece de sustentos jurídicos que den cuenta
de que el juez de primera instancia incurrió en equivocación, pues en este se
transcribieron los mismos fundamentos jurídicos que fueron resueltos por el a quo
y los mismos planteamientos expuestos en la contestación de la demanda.

70. Contrario a lo concluido por el recurrente, indicó que el demandado si celebró
contrato de arrendamiento con la Fiscalía General de la Nación, pero que este fue
suscrito por un intermediario en virtud del contrato de mandado concedido a la
Inmobiliaria Arrendamientos Parada Alarcón, acuerdo que también fue aportado al
proceso.

71. Por otra parte, respecto de los otros elementos configurativos de la
inhabilidad indicó que tanto el temporal, territorial, parte contractual cualificada y
subjetivo de interés o beneficio, se encuentran debidamente probados tal y como lo
concluyó el tribunal de instancia.

72. Indicó que es «ilógico pretender demostrarle que el contrato se venía
prorrogando desde el año 2012», puesto que tal y como quedó demostrado del
material probatorio, el contrato estatal fue celebrado el 31 de octubre de 2022 e
inició el 1 de noviembre de 2022, el cual además se encuentra dentro del extremo
temporal fijado por la inhabilidad.

73. Afirmó que tampoco es cierto que el contrato se hubiera convocado en
igualdad de condiciones a todos los ciudadanos, ya que como se puede evidenciar
del mismo, este fue adelantado bajo la modalidad de contratación directa, sin que

25 Índice 5 Samai.
26 Índice 9 Samai.
27 Índice 11 Samai.
28 Las que no precisó
29 Al respecto citó: Consejo de Estado, Sección Quinta, MP: Susana Buitrago Valencia de 10 de abril

de 2014. Rad.: 08001-23-31-000-2011-01474-01; y la sentencia SU 418 de 2019.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13

Demandante: Karen Camargo Velandia
Demandado: Pablo José Rojas Espinosa, concejal
de Pamplona, Norte de Santander, periodo 2024-2027
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00263-01

fuese posible allegar ofertas por diferentes proponentes. Razón por la cual, concluyó
que el contrato se suscribió con la intensión de ser adjudicado a Pablo José
Espinosa.

14. Concepto del Ministerio Público

74. En esta instancia, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

75. De conformidad con los artículos 150, 152 numeral 7.a30, así como también
el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado,
esta corporación es competente para conocer en segunda instancia, dado que se
trata de la apelación interpuesta contra la providencia del Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, y es la Sección Quinta, en este caso, quien debe resolver el
asunto, porque se demandó el acto de elección del demandado como concejal del
municipio de Pamplona (Norte de Santander), periodo 2024-2027 (art. 13 del
Reglamento).

2. Problema jurídico

76. A partir de los fundamentos de la apelación expuestos, se deberá determinar
si se revoca, modifica o confirma la sentencia del Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, en cuanto accedió a las pretensiones de la demanda, contra el acto
de elección de Pablo José Rojas Espinosa como concejal del municipio de
Pamplona (Norte de Santander) periodo 2024-2027.

77. Para solucionar la anterior cuestión, la Sala verificará si se configuran los
elementos material, temporal y modal o de propósito31, estructurales de la causal
de inhabilidad contenida en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994,
modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000; es decir, si el demandado
celebró «(…) contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio
o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el
respectivo municipio o distrito».

30Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. «Los Tribunales

Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 7.a. De la nulidad del
acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las asambleas
departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y
distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos, de los miembros
de los consejos superiores de las universidades públicas de cualquier orden, y de miembros de los
consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales. Igualmente, de la nulidad de las
demás elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de jueces de paz y jueces de
reconsideración (…)». (Subrayado fuera del texto original)
31 Lo anterior debido a que los reproches del demandado se circunscriben a la configuración de estos

tres, puesto que en cuanto al elemento territorial considera que está debidamente acreditado. Por
tanto, esta Sala no hará pronunciamiento alguno al respecto.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14

Demandante: Karen Camargo Velandia
Demandado: Pablo José Rojas Espinosa, concejal
de Pamplona, Norte de Santander, periodo 2024-2027
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00263-01

78. Con el propósito de dar solución al cuestionamiento antes planteado, la Sala
abordará la segunda instancia desde los siguientes tópicos: i) alcances de la
inhabilidad contenida en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994; ii) de la
inhabilidad por celebración de contratos y; iii) el caso concreto.

3. Alcances de la inhabilidad contenida en el numeral 3 del artículo 43 de la
Ley 136 de 1994

79. El numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 32 establece tres
situaciones que pueden inhabilitar a un ciudadano para inscribirse como candidato
o ser concejal municipal o distrital, en el respectivo municipio. A saber:

i) Quienes hayan intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas en
interés propio o de terceros.
ii) Quienes hayan celebrado contratos con entidades públicas en interés propio o en el
de terceros.
iii) Hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o
contribuciones o que presten servicios públicos o de seguridad social en el régimen
subsidiado en la respectiva circunscripción territorial.33

80. Debe precisarse que para que se configure dicha causal de inhabilidad, la
norma dispuso un margen temporal, el cual corresponde al año inmediatamente
anterior a la fecha de elección, aplicable a los tres eventos descritos.

81. La jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en definir el objetivo que
persiguen estas inhabilidades, el cual no es otro que preservar la igualdad entre los
candidatos, sobre el supuesto de existencia de una relación relevante con el Estado
potencialmente ventajosa para alguno de ellos.

82. Esta Sección34 ha concluido, desde un análisis frente al objeto de la causal
de la inhabilidad, que:

La teleología de esta inhabilidad es preventiva y proteccionista de la igualdad de los
aspirantes a las justas electorales, bajo el propósito de precaver vicios en la relación
del candidato con las entidades públicas que implique la indebida utilización de esa
condición de candidato en las actividades que adelante ante aquellas y, evitar, vicios
de mayor trascendencia, como es que el candidato utilice sus vínculos y relaciones
con las entidades públicas en beneficio de sus intenciones electorales o que el
electorado asocie, deduzca o concluya que verlo en tratativas con las entidades

32 «No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:

(…)
3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante
entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades
públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban
ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior
haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las
entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado
en el respectivo municipio o distrito».
33 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Luis Alberto Álvarez Parra, sentencia de 18 de noviembre

de 2021, radicado 41001-23-33-000-2019-00555-01.
34 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, sentencia 3 de

agosto de 2015, radicado 11001-03-28-000-2014-00051-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15

Demandante: Karen Camargo Velandia
Demandado: Pablo José Rojas Espinosa, concejal
de Pamplona, Norte de Santander, periodo 2024-2027
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00263-01

públicas le aventaja y con ello acreditarse ante los electores para obtener los votos.
(Énfasis del texto original)

83. Al respecto la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo explicó que:

Este supuesto de inhabilidad busca prevenir asimetrías de poder en dos ámbitos que
se rigen por estrictas reglas de igualdad. De un lado, previene desequilibrios en la
contienda electoral que puedan derivarse de los beneficios que obtenga el candidato,
con ocasión de sus gestiones o contratos con la Administración. De otro lado,
previene asimetrías y prácticas corruptas en los procesos de contratación, que
pueden tener lugar si un candidato aprovecha su posición para tomar ventaja sobre
la entidad pública o sobre otros proponentes.35

84. Por su parte la Sección Quinta reiteró con relación al objeto preventivo de
estas inhabilidades:

[L]a fuente de las causales de inhabilidad en estudio es preventiva y proteccionista de
la igualdad de los aspirantes a las justas electorales, bajo el propósito de precaver
vicios en la relación del candidato con las entidades públicas que implique la indebida
utilización de esa condición de candidato en las actividades que adelante ante
aquellas y, evitar, vicios de mayor trascendencia, como es que el candidato utilice sus
vínculos y relaciones con las entidades públicas en beneficio de sus intenciones
electorales o que el electorado asocie, deduzca o concluya que verlo en tratativas con
las entidades públicas le aventaja y con ello acreditarse ante los electores para
obtener los votos. 36

85. Sin embargo, en cuanto a la celebración de contratos y la gestión ante
entidades públicas, debe advertirse que, aunque tengan identidad de propósito, y
que, por regla general, cuando se habla de gestión estas apunten a la celebración
de contratos, se debe precisar que son causales de inhabilidad autónomas e
independientes, referidas a conductas que ocurren en diferentes momentos y se
manifiestan de formas distintas.37

86. Si bien en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 existen tres
escenarios inhabilitantes, para la presente controversia centraremos el estudio en
uno solo de ellos, a saber, la celebración de contratos con entidades públicas.

87. Debe advertirse que aunque el demandado considera que el a quo confunde
los elementos configurativos de la intervención en la gestión de negocios y la
celebración de contratos con entidades públicas, de la lectura detallada de la
demanda y de los argumentos expuestos para sustentar la inhabilidad endilgada,
se evidencia que el problema jurídico radica en la celebración de un contrato de
arrendamiento por parte del demandado con una entidad del orden nacional, por lo
cual, será este el margen de estudio de la presente controversia.

35 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de octubre de

2019, Rad. 11001-03-15-000-2018-02417-01. Posición general explicativa que ya era sostenida de
antaño por la jurisprudencia teorizando sobre la teleología de la inhabilidad.
36 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Rocío Araújo Oñate sentencia de 27 de septiembre de

2018, Rad. 11001-03-28-000-2018-00015-00.
37 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Luis Alberto Álvarez Parra, sentencia de 18 de noviembre

de 2021, radicado 41001-23-33-000-2019-00555-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16

Demandante: Karen Camargo Velandia
Demandado: Pablo José Rojas Espinosa, concejal
de Pamplona, Norte de Santander, periodo 2024-2027
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00263-01

88. En tal sentido, se precisarán los elementos configurativos de la celebración
de contratos con entidades públicas para resolver si en efecto, como lo concluye el
demandado, se tuvieron en cuenta elementos adicionales para definir su
configuración.

4. Inhabilidad por la celebración de contratos con entidades públicas

89. Frente a este concepto inhabilitante, vale la pena resaltar que la
jurisprudencia de esta Sección38 ha indicado que la celebración de contratos
requiere para su estructuración los siguientes elementos configurativos:

CELEBRACIÓN DE CONTRATOS
Elementos Ingrediente normativo
Material La celebración de contratos ante entidades públicas
Temporal Que dicha conducta prohibida se realice dentro del año
anterior a la elección
Espacial Que la situación haya acaecido en la circunscripción en la
cual debe efectuarse la elección
Modal o de Que el contrato comporte un beneficio propio o para
propósito terceros. En este aspecto, es importante poner de presente
que la Sección ha concluido que los beneficios
extrapatrimoniales también pueden dar lugar a la
materialización de la inhabilidad39

90. De igual forma se ha indicado que «la conducta que materializa la inhabilidad
objeto de estudio, es la de intervenir en la celebración de contratos, razón por la que
se ha entendido que aquella se configura con la celebración efectiva del
respectivo contrato estatal dentro del lapso contemplado por la norma,
independiente del momento de su ejecución o liquidación».40

91. Ahora bien, conforme a la jurisprudencia, no es suficiente con que se pruebe
el elemento temporal, material y territorial de la inhabilidad, sino que además es
necesario que se acredite que la suscripción del contrato estatal aportó beneficios
patrimoniales o extra patrimoniales al candidato o a terceros41 y, además, sobre la
concurrencia de dichos requisitos, esta Sección reiteró en providencia del 2 de junio
de 202242 que los supuestos enunciados son concurrentes, de modo que si falta
alguno de ellos no se configura la inhabilidad.

92. Esta Sala ha concluido que no podrá ser elegido «quien haya intervenido en
la celebración de contratos con entidades públicas. Es decir, uno de los elementos

38 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil, sentencia de 18 de mayo de

2023, radicado 11001-03-28-000-2022-00157-00; MP. Rocío Araújo Oñate, sentencia de 26 de mayo
de 2022, radicado 11001-03-28-000-2022-00058-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Rocío
Araújo Oñate, sentencia de 1 de diciembre de 2022, radicado 11001-03-28-000-2022-00058-00.
39 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 13 de agosto de 2004, Rad 3944-3957; y,

sentencia del 27 de noviembre de 2008. Rad. 68001231500020070066901. MP Filemón Jiménez
Ochoa.
40 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente 13001-23-

33-000-2018-00417-01. Providencia del 30 de mayo de 2019. M.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro.
41Consejo de Estado, Sección quinta, Sentencia del 3 de agosto de 2015, radicación

11001032800020140005100. CP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
42 Ver entre otras las providencias de esta Sección radicados 11001-03-28-000-2022-00074-00,

50001-23-33-000-2020-00013-01; 11001-03-28-000-2018-00080-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17

Demandante: Karen Camargo Velandia
Demandado: Pablo José Rojas Espinosa, concejal
de Pamplona, Norte de Santander, periodo 2024-2027
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00263-01

centrales de la inhabilidad es lo relativo al contrato, pues solo la celebración de ese
negocio jurídico configurará el verbo rector de la conducta proscrita por el
legislador»43.

93. Esta Sección ha precisado respecto del análisis de la presente causal
inhabilitante que:

[E]l análisis de la norma objeto de estudio debe realizarse única y exclusivamente
desde la óptica de la finalidad de la inhabilidad.

Lo anterior, porque cuando se alegan aquellas inhabilidades que tienen que ver con
la celebración o gestión de contratos, el juez electoral no las analiza desde la
perspectiva contractual o del medio de control de controversias contractuales, sino
desde la finalidad con la que el legislador estableció esa restricción como limitación
al derecho a elegir y ser elegido.

En consecuencia, el estudio de las etapas precontractual, contractual o pos
contractual que se relacionan con los supuestos de hecho consagrados en la norma
objeto de estudio debe abordarse desde el propósito del proceso electoral y no desde
las teorías propias del contrato, habida cuenta que una cosa es examinar un contrato
estatal en relación o frente a la inhabilidad y otra muy distinta estudiarlo desde la
perspectiva contractual; v.gr. en el medio de control previsto en el artículo 141 del
CPACA. (Énfasis del texto original)

94. Así pues, con base en los precedentes jurisprudenciales citados en
precedencia, se abordará el estudio de la causal inhabilitante contenida en el
artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de
2000 y definir si el demandado incurrió en ella.

5. Caso concreto

95. El recurso de apelación formulado por el demandado plantea que la decisión
de primera instancia fijó dos elementos adicionales que no son aplicables a la causal
de inhabilidad por celebración de contratos, a saber: «1). Parte contractual
Cualificada (…). 2). Subjetivo de interés o beneficio (…)» y que no configuraron
los elementos material, subjetivo y temporal.

96. Además, manifestó que el a quo desconoció los precedentes
jurisprudenciales de la Sección Quinta del Consejo de Estado e incurrió en defecto
sustantivo, pues se apartó de los elementos que desarrollan el problema jurídico en
controversia.

97. Al respecto, indicó que el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994,
consagró dos conductas constitutivas de inhabilidad, por lo que se remitió al escrito
de demanda para afirmar que la demandante formuló el medio de control de nulidad
electoral con fundamento en la causal de celebración de contratos.

43 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Alberto Yepes Barreiro, sentencia de 30 de mayo de 2019,

radicado 13001-23-33-000-2018-00417-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18

Demandante: Karen Camargo Velandia
Demandado: Pablo José Rojas Espinosa, concejal
de Pamplona, Norte de Santander, periodo 2024-2027
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00263-01

98. En tal sentido, consideró que los elementos señalados en el párrafo anterior,
no son aplicables al caso, pues el estudio de la inhabilidad no obedece a la
intervención en la gestión de negocios ante entidades públicas.

99. Así pues, la Sala comparte la apreciación del demandado, puesto que tal y
como se evidencia de la demanda y de la fijación del litigio, el problema jurídico a
resolver se centra en la presunta celebración de contratos de Pablo José Rojas
Espinosa con entidad pública.

100. Por lo anterior, la Sala se ocupará de definir, si se encuentran probados los
elementos configurativos de la inhabilidad, se reitera, por celebración de contratos,
a saber:

i) Material: Celebración de contratos ante entidades públicas.
ii) Temporal: Que dicha conducta prohibida se realice dentro del año anterior a la
elección.
iii) Modal o de propósito: Que el contrato comporte un beneficio propio o para
tercero.

101. En este orden, se pasará a estudiar cada exigencia, para definir si se
configura o no la inhabilidad formulada contra el demandado.

102. El demandado aduce que, únicamente, se configura el elemento espacial de
la inhabilidad porque el contrato se ejecuta en el municipio de Pamplona, Norte de
Santander, misma municipalidad en la cual resultó electo como concejal para el
periodo 2024-2027, en tal sentido, dado que no existe reparo alguno frente a este,
la Sala no abordará su estudio.

103. Sin embargo, a juicio de Pablo José Rojas Espinosa, los demás elementos
estructuradores de la inhabilidad, no se configuran, pues como está acreditado en
plenario él no suscribió el contrato de arrendamiento con la Fiscalía General de la
Nación, pues la gestión y firma estuvo a cargo de del administrador del inmueble.

Respecto del elemento material

104. Obra en el plenario el contrato de arrendamiento FGN-RNO-0049-2022,
suscrito el 31 de octubre de 2022, el cual dispuso:

CARMEN SOFIA AYALA GUARIN, (…) quien obra en nombre y representación de
la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN (…), quien para los efectos del presente
contrato será el ARRENDATARIO (…) por una parte y por la otra OMAR LUNA
SUESCÚN, (…) quien obra en calidad de Gerente de la Inmobiliaria
ARRENDAMIENTOS PARADA ALARCON (…), en su calidad de administrador del
inmueble ubicado en Carrera 5 # 10 – 34/36 Plazuela Almeida del Municipio de
Pamplona, (…) quien en adelante se llamará EL ARRENDADOR, hemos convenido
en celebrar el presente contrato de arrendamiento (…). (Sic a la cita).

105. Por otra parte, se allegó copia del «contrato administración de inmueble»,
suscrito el 3 de diciembre de 2018 entre el demandado y Omar Luna Suescún,
según el cual:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19

Demandante: Karen Camargo Velandia
Demandado: Pablo José Rojas Espinosa, concejal
de Pamplona, Norte de Santander, periodo 2024-2027
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00263-01

Entre los suscritos a saber PABLO JOSE ROJAS ESPINOSA (…) quien actúa a
nombre propio y/o en representación de y quien en adelante y para todos los efectos
del presente contrato se llamara EL PROPIETARIO, por una parte, y por la otra parte
OMAR LUNA SUESCÚN, (…) representante legal de ARRENDAMIENTOS PARADA
ALARCON, (…) y quien en adelante se llamará EL ADMINISTRADOR se ha
celebrado el presente CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLE
DESTINADO A LOCAL COMERCIAL, el cual se regirá por las disposiciones legales
contenidas en la Ley 820 de 2003, y/o el Código Civil (…).

PRIMERA:- OBJETO. A través del presente contrato EL PROPIETARIO entrega para
su ADMINISTRACIÓN, de manera real y material, a EL ADMINISTRADOR un bien
inmueble VIVIENDA URBANA de su propiedad (…) (Sic a la cita).

106. A partir de la celebración de dicho contrato, entiende el recurrente que el
contrato de arrendamiento, con el cual se pretende configurar la causal de
inhabilidad que se endilga en su contra, en realidad, no se configura porque la
calidad de arrendatario, en este preciso caso, la tiene Omar Luna Suescún,
administrador del inmueble de su propiedad.

107. Por lo anterior, concluye que «no es posible inferir que haya gestionado o
intervenido directa o indirectamente en la celebración del contrato de
arrendamiento, puesto que el acuerdo de voluntades fue suscrito y negociado por
alguien “externo y ajeno a las voluntariedades que pudiera tener en ese momento”».

108. La Sala debe precisar que de la revisión del contrato de arrendamiento,
allegado al expediente, se advierte que, en efecto, fue suscrito entre la FGN y Omar
Luna Suescún, Gerente de la Inmobiliaria Arrendamientos Parada Alarcón,
administrador del inmueble de propiedad del demandado; por tanto, debe la Sala
resolver los alcances de contrato de administración a efectos de determinar si se
estructura o no la inhabilidad alegada.

109. Al respecto, se advierte que el contrato de administración, suscrito por el
demandado, en realidad, contiene un mandato, el cual es definido por el artículo
2142 del Código Civil, en los siguientes términos:

El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o
más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la
primera.

La persona que concede el encargo se llama comitente o mandante, y la que
lo acepta apoderado, procurador, y en general mandatario.

110. Ahora retomando que el contrato celebrado entre el demandado y Omar Luna
Suescún, Gerente de la Inmobiliaria Arrendamientos Parada Alarcón, tenía como
objeto la administración de un inmueble, es necesario acudir a la definición
contenida en artículo 1262 del Código de Comercio, según el cual:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20

Demandante: Karen Camargo Velandia
Demandado: Pablo José Rojas Espinosa, concejal
de Pamplona, Norte de Santander, periodo 2024-2027
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00263-01

El mandato comercial es un contrato por el cual una parte se obliga a celebrar o
ejecutar uno o más actos de comercio44 por cuenta de otra.

El mandato puede conllevar o no la representación del mandante.

Conferida la representación, se aplicarán además las normas del Capítulo II del Título
I de este Libro.

111. Así las cosas, a fin de la íntegra comprensión del mandato comercial es
necesario, precisar los efectos de actuar con y sin representación del mandante,
como lo prevé la norma antes transcrita en su inciso segundo.

112. En este punto, para la Corte Suprema de Justicia45:

Cuando es representativo, el mandatario actúa en nombre, por cuenta y riesgo
del mandante, invocando, dando a conocer o haciendo cognoscible esta
condición (contemplatio domini), los efectos jurídicos del acto o negocio jurídico
celebrado, concluido o ejecutado dentro de los precisos límites, facultades y
atribuciones otorgadas en el poder (procura), tanto inter partes cuanto respecto de
terceros, recaen en forma directa e inmediata sobre el patrimonio del dominus, titular
exclusivo de los derechos y sujeto único de las obligaciones, por ende, de las
acciones y pretensiones inherentes, como si hubiera actuado e intervenido directa y
personalmente.

La actuación en nombre ajeno, en forma de conocerse por todos el mandante
representado, caracteriza el tipo contractual, y en consecuencia, evidencia la
sustitución.

Se trata, por lo tanto de una hipótesis de legitimación dispositiva extraordinaria, por
cuya virtud un sujeto puede disponer de los intereses de otro, y comprometer su
esfera jurídica, derechos y patrimonio.

Contrario sensu, en el mandato no representativo, en rigor, el mandatario carece
de la representación del mandante, y por consiguiente, actúa a riesgo y por cuenta
ajena pero en su propio nombre, en cuyo caso, se presenta como parte directa
interesada y frente a terceros figura como titular de los derechos, es sujeto
pasivo de las obligaciones, ostenta la posición de parte, tiene legitimación
jurídica para exigirlos y está sometido a las acciones y pretensiones
respectivas. (Negrillas fuera de texto).

113. Conviene destacar que, en algunas oportunidades se habla indistintamente
del mandato oculto o sin representación, siendo figuras diferentes, tal y como se
advierte del siguiente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia:

Distinta es la hipótesis del mandato ‘oculto’, el cual se presenta, según expresa el
simple nomen, cuando se esconde, no se indica, ni da a conocer o hace cognoscible

44 Respecto de la definición del concepto de acto de comercio, en lo que interesa en este proceso,

puede acudirse al artículo 20. <ACTOS, OPERACIONES Y EMPRESAS MERCANTILES -
CONCEPTO>. Son mercantiles para todos los efectos legales:
(…);
2) La adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino a arrendarlos; el arrendamiento de
los mismos; el arrendamiento de toda clase de bienes para subarrendarlos, y el subarrendamiento
de los mismos (…).
45 Fallo de la Corte Suprema de Justicia de 16 de diciembre de 2010, Rad.
47001310300520050018101. MP. William Namén Vargas. Reiterado el 31 de julio de 2014, Rad,
11001310300620010063301. MP. Ruth Marina Díaz Rueda.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21

Demandante: Karen Camargo Velandia
Demandado: Pablo José Rojas Espinosa, concejal
de Pamplona, Norte de Santander, periodo 2024-2027
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00263-01

a terceros, verbi gratia, el mandatario celebra o ejecuta el acto como suyo, en su
nombre, a riesgo propio, y por su propia cuenta, sin expresión o mención alguna del
mandato ni del mandante.

Esta conducta puede obedecer a la imposición del poder, instrucciones del dominus
o iniciativa del mandatario, en cuyo caso, los efectos del acto se radican en éste
porque el dueño del interés permanece oculto al tercero y el mandato o la procura
en estas condiciones no le es oponible, salvo que llegue a conocerlo y lo invoque
para prevalecerse.

La ocultación puede versar sobre el mandato con o sin representación, porque
basta, ocultarlo, cualesquiera sea.

114. De acuerdo con lo expuesto, debe concluirse que estaremos ante un
mandato sin representación cuando el mandatario contrata o actúa a su propio
nombre y, en consecuencia, no obliga a su mandante frente a terceros.

115. Por el contrario, el mandato tendrá representación cuando el mandatario
actúe en nombre y por «cuenta y riesgo» del mandante, en este escenario, los
efectos de su actuación sí recaen en este último (mandante) «como si hubiera
actuado e intervenido directa y personalmente».

116. Al respecto de este mismo tema, resulta procedente señalar que esta
Corporación, en fallo de 4 de diciembre de 200846, concluyó que:

Conforme a lo dispuesto por el artículo 2177 del Código Civil, el mandatario puede,
en el ejercicio de su cargo, contratar a su propio nombre o al del mandante; pero si
contrata a su propio nombre, no obliga respecto de terceros al mandante; se da
entonces, el denominado mandato oculto.

“El mandato oculto o sin representación consiste en que el mandatario contrata
a nombre propio y, en consecuencia, no obliga al mandante frente a terceros
(art. 2177 C.C.). O, como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, “el carácter
del mandato no representativo estriba en que, anteriormente, entre mandante y
mandatario existe por hipótesis un contrato de mandato civil o mercantil llamado
a gobernarse por sus propias reglas, mientras que en el plano exterior no se da
esa percepción jurídica del mandato pues la representación - se repite - no
existe ya que el mandatario obra en su propio nombre, no en el de su mandante”
(Sala de Casación Civil, sentencia de octubre 11 de 1991. M.P. Carlos Esteban
Jaramillo Schloss)”47.

Contrario sensu, cuando el mandatario da a conocer su condición de simple
intermediario y descubre que en realidad el negocio se hace a nombre del
mandante, es éste finalmente, quien asume las obligaciones y compromisos
surgidos de aquel y así mismo, quien adquiere los derechos que se deriven para
esa parte del negocio jurídico celebrado con el tercero; existe entonces, “…un
vínculo directo entre el mandante y el tercero, que permitía el nacimiento de
prestaciones del uno en favor del otro y, consecuentemente, la posibilidad de accionar
el mandante de manera directa para obtener del tercero la satisfacción de las
obligaciones generadas del contrato celebrado entre este y el mandatario

46 Consejo de Estado, Sección Tercera, fallo de 4 de diciembre de 2008, MP. Ramiro Saavedra

Becerra, Rad. 25000232600019960292301.
47 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 1997, Expediente 10.315.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22

Demandante: Karen Camargo Velandia
Demandado: Pablo José Rojas Espinosa, concejal
de Pamplona, Norte de Santander, periodo 2024-2027
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00263-01

117. Arribando al caso concreto, debe resaltarse que, de la revisión del contrato
de administración, se tiene que se celebró el 3 de diciembre de 2018, y del mismo,
se advierte que el demandado otorgó a Omar Luna Suescún la administración del
inmueble de su propiedad y lo facultó, entre otras, para:

a) Anunciar y promover por medios ordinarios e idóneos y bajo sus costas
(ADMINISTRADOR) el arriendo del inmueble de que trata el presente contrato.

b) Escoger a los arrendatarios, que a criterios de EL ADMINISTRADOR reúnan los
requisitos exigidos por este, para calificar como arrendatario del inmueble.

c) Arrendar el inmueble por el precio acordado con EL PROPIETARIO,

d) Celebrar los contratos de arrendamiento respectivos bajo las garantías que a juicio
del ADMINISTRADOR sean oportunas.

e) Otorgar autorizaciones a los arrendatarios para traslado o instalaciones de líneas
de servicio telefónico o televisión al inmueble, bajo responsabilidad de los inquilinos.

118. Sumado a lo anterior, debe advertirse que de conformidad con la cláusula
quinta del referido contrato de administración se encuentra que su duración es de
12 meses, pero se pactó que cuando el inmueble no esté arrendado, no podrá darse
por terminado.

119. Así las cosas, retomando las definiciones traídas de la jurisdicción ordinaria,
y adoptadas por esta Corporación, es procedente concluir que, en este asunto, el
contrato de administración de inmueble celebrado entre el demandado y Omar Luna
Suescún, se trata de un mandato comercial por medio del cual el administrador se
obligó a celebrar y ejecutar un acto de comercio (celebración de contrato de
arrendamiento), el cual no conlleva la representación del mandante (Pablo José
Rojas Espinosa).

120. Lo anterior, porque como se advierte de las facultades otorgadas al
mandatario (administrador) este actúa y contrata bajo su propio nombre y sin mediar
actuación alguna de su mandante, entiéndase el demandado en el asunto de la
referencia.

121. En efecto, nótese que, según lo establecido en el contrato de administración,
al mandatario le corresponde «bajo sus costas» el anuncio y promoción del
inmueble a efectos de su arriendo. Escoger, bajo su criterio, al arrendatario del
inmueble. Elaborar y celebrar el contrato de arrendamiento con las condiciones
que considere «sean oportunas». Incluso, autorizar a los arrendatarios el «traslado
o instalaciones de líneas de servicio telefónico o televisión al inmueble» y efectuar
las reparaciones locativas.

122. Incluso dentro de las obligaciones del administrador se destaca que le
corresponde «adelantar por su cuenta las acciones judiciales necesarias para la
RESTITUCIÓN DEL INMUEBLE ARRENDADO de los arrendatarios en caso de
incumplimiento del contrato por mora en el pago de cánones de arrendamiento o
por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas celebradas en el contrato y para

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23

Demandante: Karen Camargo Velandia
Demandado: Pablo José Rojas Espinosa, concejal
de Pamplona, Norte de Santander, periodo 2024-2027
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00263-01

el cobro judicial de las sumas adeudadas en cuyo caso único y exclusivamente EL
ADMINISTRADOR asumirá los gastos de juicio…».

123. Ahora, para comprobar que se trata de un mandato comercial sin
representación, resulta conveniente señalar que, revisadas las actuaciones surtidas
a fin de celebrar el contrato de arrendamiento, el administrador no actuó como
un simple intermediario, sino que realmente ocupó el lugar del arrendador,
según pasa a demostrarse.

124. En este preciso caso, está acreditado que todos los trámites, tendientes a la
celebración del contrato de arrendamiento, comenzando por la escogencia del
arrendatario, fueron adelantados por Omar Luna Suescún (administrador) y no por
el demandado.

125. En efecto, de la revisión del expediente, se observa que de la información
registrada que en SECOP II, respecto del referido contrato de arrendamiento, se
tiene que Omar Luna Suescún, el 5 de septiembre de 2022, diligenció y suscribió:

✓ «compromiso anticorrupción», con destino a la FGN,
✓ «formato certificación de pagos de seguridad social y aportes para fiscales»,
✓ «anexo No. 3 sistema de gestión de la seguridad social y salud en el trabajo»,
✓ «anexo No. 6 declaración origen de fondos y;
✓ «propuesta económica continuidad contrato sede fiscalía Pamplona» dirigida
a la subdirectora Regional de apoyo Nororiental de la Fiscalía General de la
Nación.

126. Sumado a lo anterior, es relevante señalar que revisado en su totalidad el
contrato de arrendamiento FGN-RNO-0049-2022 celebrado entre la Fiscalía
General de la Nación, Subdirección Regional de Apoyo Nororiental (arrendatario) y
Omar Luna Suescún (arrendador), puede afirmarse que no tiene ninguna obligación
a cargo del propietario del inmueble, pues todas recaen en el arrendador Omar Luna
Suescún.

127. En este orden de ideas, queda demostrado que, en este caso, en virtud del
contrato de administración de inmueble suscrito entre el demandado y Omar Luna
Suescún, este último actuó bajo su propia cuenta y riesgo y sin representar a Pablo
José Rojas Espinosa.

128. Así mismo, las actuaciones antes detalladas acreditan que, en esta
oportunidad, fue del arbitrio de Omar Luna Suescún celebrar contrato de
arrendamiento con la FGN, del inmueble que, si bien era propiedad del demandado,
también lo es que estaba facultado para elaborar y suscribir contrato con las
garantías que a su juicio (del administrador) fueran «oportunas».

129. Al respecto, conviene resaltar que en el contrato de administración de
inmueble se establece que el mandante (demandado) facultó al mandatario
(administrador) para «escoger [a su criterio] a los arrendatarios», lo que deviene en
que Omar Luna Suescún, contaba con la libertad de decidir si firmaba con la FGN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24

Demandante: Karen Camargo Velandia
Demandado: Pablo José Rojas Espinosa, concejal
de Pamplona, Norte de Santander, periodo 2024-2027
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00263-01

el contrato de arrendamiento o, bien podía, anunciar, promover y celebrar con
cualquier otra personal, natural o jurídica, pública o privada, pues el mandato nunca
se dirigió a un destinatario específico.

130. Así las cosas, en el caso objeto de análisis, se demostró Omar Luna Suescún
tiene la calidad de arrendador de la FGN, como da cuenta el contrato FGN-RNO-
0049-2022, en el cual si bien actuó como administrador del inmueble de propiedad
del demandado, también lo es que en los términos del artículo 1262 del Código de
Comercio actuó en virtud de un mandato comercial no representativo; es decir, a su
nombre, siendo parte directa e interesada, sujeto de obligaciones y titular de los
derechos que tiene como arrendador.

131. De acuerdo con lo anterior, debe concluir este juez de lo electoral que, del
anterior recuento normativo y fáctico, es procedente señalar que, en este asunto,
se probó que Pablo José Rojas Espinosa no firmó, directa ni indirectamente, el
contrato de arrendamiento con el cual la parte actora pretende configurar la
inhabilidad contenida en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 2000 y que
se anule su elección como concejal de Pamplona, Norte de Santander.

132. En efecto, como ya quedó demostrado, el contrato de arrendamiento FGN-
RNO-0049-2022 fue firmado por Omar Luna Suescún, gerente de la Inmobiliaria
Arrendamientos Parada Alarcón (arrendador) y administrador del inmueble y la
Fiscalía General de la Nación (arrendatario).

133. Ahora no desconoce la Sala que esta Sección, en anterior oportunidad,
concluyó que:

El contrato de mandato es aquel mecanismo, a través del cual un particular confía a
otro la gestión de una determinada actividad, para que esta la realice en su nombre
y representación. Es decir, el contrato de mandato conlleva ínsita la representación,
de forma que se entiende que obra el mandante pero a través de un tercero.

Debe tenerse en cuenta que, tal y como lo ha dispuesto la jurisprudencia el mandato
es esencialmente representativo, de forma que el mandatario ejecuta, a nombre y
en representación, del mandante las funciones, facultades, responsabilidades o
negocios que, en principio, recaían en este48; por ello, todo lo que el mandatario
haga se entiende como si directamente lo hubiese efectuado el mandante.49

134. No obstante, lo anterior, debe precisarse que, en aquella oportunidad, el
estudio se realizó de un contrato de mandato mientras que, en el asunto de la
referencia, como quedó demostrado ampliamente, estamos ante un contrato de
administración, entiéndase contrato de mandato comercial, en este caso, sin
representación del mandante.

135. Lo anterior equivale a que del contrato de administración no se advierte que
el mandante (demandado) haya conferido un mandato al administrador limitado
para que celebrara contrato de arrendamiento con entidad pública, por el contrario,

48 Valencia Zea. Ob, cit. Pág. 496.
49 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Alberto Yepes Barreiro, sentencia del 11 de abril de 2019,

radicado 11001-03-28-000-2018-00080-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25

Demandante: Karen Camargo Velandia
Demandado: Pablo José Rojas Espinosa, concejal
de Pamplona, Norte de Santander, periodo 2024-2027
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00263-01

de sus cláusulas se encontró que corresponde al mandatario a escoger libremente
y sin condicionamiento alguno al arrendatario.

136. Sumado a lo anterior, en virtud de dicho mandato comercial Omar Luna
Suescún adelantó, a su nombre y no del demandado, todas las actuaciones
necesarias para, finalmente, concluir con la suscripción del contrato de
arrendamiento en la cual consta su calidad de arrendador y sujeto de todas las
obligaciones que ese atributo le impone.

137. De manera que, para la Sala, no hay duda de que Omar Luna Suescún, en
virtud del mandato comercial otorgado por el demandado, no actuó en nombre ni en
representación del demandado y, en consecuencia, debe concluirse que, en efecto,
Pablo José Rojas Espinosa no suscribió ni directa y tampoco indirectamente el
contrato de arrendamiento con la FGN, pues se insiste en virtud del mandado
comercial sin representación, el administrador actuó por su propia cuenta ante dicha
entidad pública, como da cuenta el contrato suscrito y todas las gestiones que se
adelantaron para celebrarlo.

138. Por consiguiente, el verbo rector de la inhabilidad objeto de estudio, esto es,
«celebrar» contratos no se encuentra acreditado, en el asunto de la referencia, ya
que el demandado, en los términos antes expuestos no intervino en la celebración
del contrato de arrendamiento FGN-RNO-0049-2022 celebrado con la FGN, como
se demostró con las pruebas analizadas.

139. En conclusión, la no suscripción del contrato de arrendamiento por parte del
demandado con la FGN, en los términos ya expuestos, conlleva a que no se puede
afirmar que el concejal incurrió en la inhabilidad contenida en el numeral 3 del
artículo 43 de la Ley 136 de 1994, pues no se logró demostrar el elemento material
configurativo de la prohibición, lo que de paso genera que no resulte necesario
abordar el análisis del elemento modal o de propósito.

6. Conclusión

140. De conformidad a las consideraciones expuestas y dado que, en este preciso
asunto no se encuentra acreditado el elemento material (suscribir contrato)
configurativo de la inhabilidad derivada de la celebración de contratos, es lo
procedente revocar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, por las razones que se expusieron en la
presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, en uso de sus facultades constitucionales y legales,

III. RESUELVE:

PRIMERO: Revocar la sentencia de 14 de marzo del 2024, dictada por Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, mediante la cual declaró la nulidad de la
elección de Pablo José Rojas Espinosa como concejal de Pamplona, Norte de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26

Demandante: Karen Camargo Velandia
Demandado: Pablo José Rojas Espinosa, concejal
de Pamplona, Norte de Santander, periodo 2024-2027
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00263-01

Santander, periodo 2024-2027 y, en su lugar. negar las pretensiones de la
demanda.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Salva voto

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.