Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 85001-23-33-000-2023-00124-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 85001-23-33-000-2023-00124-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 85001-23-33-000-2023-00124-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
25 de julio de 2024
Demandante: Harold Alberto Castillo Pérez
Demandado: Michael Jonathan Castro Niño
como concejal del municipio de Yopal
Radicado: 85001-23-33-000-2023-00124-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 85001-23-33-000-2023-00124-01
Demandante: Harold Alberto Castillo Pérez
Demandado: Michael Jonathan Castro Niño como concejal del municipio de
Yopal (Casanare), para el periodo 2024-2027
Tema: Inhabilidad por celebración de contratos, numeral 3 del
artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo
40 de la Ley 617 de 2000.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a dictar sentencia de segunda instancia1 dentro de la demanda
presentada contra el acto de elección de Michael Jonathan Castro Niño como
concejal del municipio de Yopal, para el periodo 2024-2027.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda y su trámite en primera instancia
1. Harold Alberto Castillo Pérez demandó a Michael Jonathan Castro Niño como
concejal de Yopal para el periodo 2024-2027 porque, según su parecer, incurrió en
la inhabilidad del artículo 43.3 de la Ley 136 de 1994 (modificado por la Ley 617 de
2000). En las pretensiones solicitó que se declare nulo el formulario E-26 CON del
4 de noviembre de 2023 que contiene la elección demandada y se cancele la
respectiva credencial.
2. Lo anterior, en tanto, el demandado habría celebrado un contrato de prestación
de servicios profesionales con la Gobernación de Casanare, el 8 de febrero de 2023,
es decir dentro del periodo inhabilitante. A su vez, según lo expone, sus obligaciones
se ejecutaron en el municipio de Yopal, lugar de su elección como concejal.
1 El Tribunal Administrativo de Casanare anuló la elección mediante providencia del 23 de mayo de
2024.
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Demandante: Harold Alberto Castillo Pérez
Demandado: Michael Jonathan Castro Niño
como concejal del municipio de Yopal
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3. Explicó que el contrato en cuestión, identificado con el registro SECOP II CAS-
OAJ-CDPSP-0330-2023 y No. interno 0486, tenía como objeto2 la prestación de
servicios profesionales de ingeniería civil para el mantenimiento de la red vial
secundaria y terciaria de Casanare, y la revisión técnica de proyectos de inversión
departamental. Asimismo, manifestó que se pactó un plazo de ejecución de cuatro
meses y un valor de $20.106.240.
4. De igual forma, sostuvo que los documentos presentados por el demandado para
justificar el cobro de sus honorarios develan que todos los servicios del contrato se
llevaron a cabo en Yopal. Por lo tanto, afirmó que el señor Castro Niño pudo haber
obtenido beneficios fiscales debido a la realización de las actividades contractuales
en dicho municipio.
5. A través de apoderado judicial, el demandado3 se opuso a las pretensiones
porque consideró que no se demostró el elemento de la inhabilidad relacionado con
que el contrato debe ejecutarse o cumplirse en el municipio de elección, según su
parecer, el contrato y los estudios previos evidencian que las obligaciones
contractuales se ejecutarían en algunos municipios del departamento de Casanare
dentro de los cuales no se encontraba Yopal. Los señores Oromairo Avella
Ballesteros y Ericson Humberto Martínez Vargas, como impugnadores, al intervenir
reiteraron los argumentos de defensa de la parte demandada.
6. Mediante apoderado judicial4, la Registraduría Nacional del Estado Civil
propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva porque, según
lo refirió, no tiene injerencia alguna en la postulación de los candidatos o en la
verificación de las calidades personales de quienes se inscriben.
7. El Tribunal Administrativo de Casanare con auto del 14 de marzo de 20245,
ordenó el trámite de sentencia anticipada, decretó pruebas, fijó el litigio 6, aceptó la
intervención como impugnadores de Oromairo Avella Ballesteros y Ericson
Humberto Martínez Vargas y la excepción propuesta por la RNEC fue declarada
probada7. Luego, alegó de conclusión el demandado8 y conceptuó el procurador 53
judicial II administrativo delegado ante dicho tribunal9.
2 Como objeto del contrato se indicó: «Prestar los servicios profesionales como ingeniero civil, en la
programación de los mantenimientos periódicos y rutinarios en la red vial secundaria y terciaria del
departamento de Casanare, emitir concepto técnico a través de la verificación y revisión técnica de
los proyectos de inversión departamental pertenecientes a los sectores de servicios de agua potable,
y saneamiento básico, infraestructura de vías secundarias, vías terciarias, vías urbanas e
infraestructura de equipamiento del departamento de Casanare».
3 Índice 19 Samai del tribunal.
4 Índice 30 Samai del tribunal.
5 Índice 34 Samai del tribunal.
6 «¿Se configuran los presupuestos previstos en el numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000,
por el lugar de ejecución contractual y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del señor Michael
Jonathan Castro Niño en el marco del contrato de prestación de servicios profesionales No SECOP
II CAS-OAJ-CDPSP- 0330-2023 y No interno 0486 de 2023-02-08, suscrito con el Departamento de
Casanare, para declarar la nulidad de la elección como concejal de Yopal 2024-2027?».
7 Índice 34 Samai del tribunal.
8 Índice 39 Samai del tribunal.
9 Índice 47 Samai del tribunal.
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8. En lo atinente a los alegatos del demandado, se tiene que reiteró lo dicho con la
contestación de la demanda. No obstante, agregó como argumento nuevo de
defensa que « para el pago de los honorarios pactados, se declaró el tributo en el
municipio de Yopal, ello obedeció a un error que posteriormente fue corregido por
un contador público, quien presentó las declaraciones en los municipios donde
efectivamente se ejecutó el contrato».
1.1.1. Sentencia de primera instancia
9. En el fallo del 23 de mayo de 202410, el Tribunal Administrativo del Casanare
declaró la nulidad de la elección pues encontró, conforme al material probatorio
allegado, que el demandado celebró un contrato, en interés propio, dentro del
periodo inhabilitante y, además, que las obligaciones de dicho negocio jurídico
también se ejecutaron en el municipio de Yopal. Asimismo, advirtió que al
expediente no se allegó la prueba de la supuesta corrección que hizo un contador
público respecto del error en el que incurrió el accionado, según su decir, al realizar
declaraciones atinentes a documentos tributarios11.
1.1.2. Recursos de apelación y su trámite en primera instancia
10. Contra la anterior decisión presentaron recursos el impugnador, Oromairo Avella
Ballesteros, el 30 de mayo de 2024 y el demandado, Michael Jonathan Castro Niño,
el 31 del mismo mes y año.
11. En resumen, ambos solicitaron revocar la sentencia porque el tribunal incurrió
en una indebida valoración probatoria para determinar los elementos material y
territorial de la inhabilidad, pues, según lo indican, a diferencia de lo que dispuso la
primera instancia, las evidencias que se allegaron al expediente demostraron que
el contrato se ejecutó en municipios del departamento de Casanare distintos a
Yopal. Asimismo, agregaron que el tribunal consideró erradamente que la
celebración del contrato incluye su fase de ejecución. Finalmente, insistieron en que
el error en la declaración fue corregido por un contador público12.
12. Mediante auto del 5 de junio de 202413, el Tribunal Administrativo del Casanare
concedió las impugnaciones contra la sentencia.
1.2. Trámite del recurso de apelación en segunda instancia
13. El 21 de junio de 202414, el despacho sustanciador admitió los recursos de
apelación y ordenó adelantar el trámite del artículo 293 del CPACA.
10 Índice 66 Samai del tribunal. Los argumentos dados por la autoridad judicial de primera instancia
se explicarán más ampliamente en el caso concreto.
11 Los argumentos que expuso el tribunal serán referenciados al momento de abordar el caso
concreto.
12Los argumentos que expuso el tribunal serán referenciados al momento de abordar el caso
concreto.
13 Índice 74 Samai del tribunal.
14 Índice 5 Samai.
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1.2.1 Traslado del recurso e intervenciones
14. La Secretaría de la Sección Quinta corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión y al Ministerio Público15, para que, si a bien lo tenía, presentara concepto.
Dentro de dichos términos se presentaron las siguientes intervenciones:
a) Harold Alberto Castillo Pérez (actor)16 insistió en que con las pruebas
allegadas al proceso se estableció que algunas de las actividades del contrato,
suscrito con el departamento de Casanare, se ejecutaron en el municipio de
Yopal, por lo que, según su dicho, se demostró el elemento territorial o espacial
de la inhabilidad. Por lo tanto, pidió confirmar la sentencia impugnada.
b) Michael Jonathan Castro Niño (demandado)17, mediante apoderado, reiteró
los argumentos de la apelación y, en consecuencia, solicitó que se revocará la
sentencia del referido tribunal.
c) Procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado18 solicitó
confirmar el fallo apelado conforme con los siguientes argumentos:
i) Indicó que en los informes de ejecución se evidencia que una de las
obligaciones se realizó en torno a un proyecto («prefactibilidad de un macro
acueducto») que debía materializarse en el municipio de Yopal.
ii) Consideró que en las declaraciones para la deducción de la retención en la
fuente, declaró bajo la gravedad de juramento que el lugar de ejecución del
contrato fue dicha municipalidad.
iii) Finalmente, sostuvo que el alegado error en la declaración tributaria carece
de prueba y que, en caso de proceder a su valoración, no sería suficiente para
restar méritos a las demás probanzas que soportan que algunas actividades
de la ejecución tuvieron relación con el municipio de Yopal.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
15. Esta Sección es competente para resolver los recursos de apelación
interpuestos por la parte accionada y el impugnador, de conformidad con los
15 Entre el 28 de junio y el 3 de julio de 2024 (índice 9 Samai) y desde el día siguiente hasta el 4 al
10 de julio del mismo año (índice 13 Samai), respectivamente.
16 Índice 10 Samai.
17 Índices 11, 12 y 14 Samai.
18 Índice 15 Samai.
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artículos 15019 y 152 numeral 7.º, literal a)20 del CPACA, así como lo dispuesto en
el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
16. Asimismo, se advierte que la Sala es competente para conocer del asunto
porque se trata de una apelación contra una sentencia del Tribunal Administrativo
del Casanare, que accedió a las pretensiones de nulidad respecto del acto de
elección de un concejal del municipio de Yopal.
2.2. Oportunidad de los recursos
17. De acuerdo con lo expuesto en los antecedentes reseñados, la Sala concluye
que las apelaciones se interpusieron y sustentaron en los términos que dispone el
artículo 292 del CPACA, es decir, dentro de los cinco (5) días siguientes a su
notificación, toda vez que los sujetos procesales fueron notificados el 24 de mayo
de 202421 y los recursos se presentaron el 30 y 31 de mayo siguientes,
respectivamente.
2.3. Delimitación del problema jurídico a resolver en segunda instancia
18. Con el fin de determinar si la sentencia del Tribunal Administrativo del Casanare
se debe confirmar, modificar o revocar, se estudiará si el demandado incurrió en la
causal de inhabilidad del artículo 43.3 de la Ley 136 de 1994 (modificado por el 40
la Ley 617 de 2000), por haber celebrado y ejecutado en el municipio de Yopal el
contrato de prestación de servicios profesionales No SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-
0330-2023 con No. interno 0486 del 8 de febrero de 2023, durante el año anterior
su elección como concejal.
19. Lo anterior, se abordará estrictamente de los argumentos planteados en las
apelaciones, lo cuales, como se detallará más adelante se limitaron a cuestionar los
elementos material y territorial de la inhabilidad alegada, precisión que se sustenta
en los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso22, que prescriben que
dicho medio de impugnación tiene por objeto que el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por la parte
recurrente23.
19 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
20 «Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 7.
De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: // a) De la nulidad del acto de elección […]
de los miembros de corporaciones públicas de los municipios […]».
21 El mencionado día fue viernes (índice 69 Samai del tribunal), por lo que, los dos (2) días del artículo
205 del CPACA corrieron el 27 y 28 mayo del año en curso y los cinco (5) días establecidos en el
artículo 292 idem, transcurrieron entre el 29 del mismo mes y año al 5 de julio de 2024, teniendo en
cuenta que el lunes 1.º de ese mes y año fue festivo.
22 Aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA.
23 Sentencia del 28 de septiembre de 2023. Radicado:68001-23-33-000-2022-00153-01. M.P. Luis
Alberto Álvarez Parra. «Al respecto, la Sala debe poner de presente que al tenor de lo previsto en el
artículo 320 del Código General del Proceso, «[e]l recurso de apelación tiene por objeto que el
superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados
por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.», disposición que debe
interpretarse en concordancia con lo señalado en el artículo 328 Ibidem, según el cual «[e]l juez de
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20. Previo a resolver el caso concreto, la Sección hará unas breves consideraciones
sobre la inhabilidad por celebración de contratos y sus elementos, puntualmente, el
material y el territorial.
2.4. Inhabilidad contenida en el numeral 3.º del artículo 43 de la Ley 136 de
1994, modificado por el 40 de la Ley 617 de 200024
21. El numeral 3.º del artículo 43 de la Ley 136 de 199425 (modificado por el 40 la
Ley 617 de 2000) establece tres situaciones que pueden inhabilitar a un ciudadano
para inscribirse como candidato para concejal municipal, a saber:26
i) Quienes hayan intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas en
interés propio o de terceros.
ii) Quienes hayan celebrado contratos con entidades públicas en interés propio o en
el de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el
respectivo municipio o distrito;
iii) Hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o
contribuciones o que presten servicios públicos o de seguridad social en el régimen
subsidiado en la respectiva circunscripción territorial.
22. Debe precisarse que para que se configure dicha causal de inhabilidad, la norma
dispuso un margen temporal, el cual corresponde al año inmediatamente anterior a
la fecha de elección, aplicable a los tres eventos descritos.
23. Ahora, si bien en la disposición esbozada existen tres escenarios inhabilitantes,
para la presente controversia se centrarán las consideraciones en la celebración de
contratos con entidades públicas y el lugar donde debe ejecutar tal negocio jurídico,
pues se trata de las hipótesis a las cuales se dirigen las censuras de los apelantes.
24. La jurisprudencia de esta Sección27 ha indicado que la celebración de contratos
requiere de los siguientes elementos configurativos para su estructuración:
segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante,
sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley».
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 6 de
junio de 2024, expediente 54001-23-33-000-2023-00263-01, MP Pedro Pablo Vanegas Gil. También
la sentencia del 11 de julio de 2024, expediente 05001-23-33-000-2024-00012-01, del mismo
ponente.
25 «No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital: […] Quien dentro
del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del
nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel
en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el
respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante
legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten
servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo
municipio o distrito».
26 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Luis Alberto Álvarez Parra, sentencia de 18 de noviembre
de 2021, radicado 41001-23-33-000-2019-00555-01.
27 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil, sentencia de 18 de mayo de
2023, radicado 11001-03-28-000-2022-00157-00; MP. Rocío Araújo Oñate, sentencia de 26 de mayo
de 2022, radicado 11001-03-28-000-2022-00058-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Rocío
Araújo Oñate, sentencia de 1 de diciembre de 2022, radicado 11001-03-28-000-2022-00058-00.
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Elementos Ingrediente normativo
Material u
La celebración de contratos ante entidades públicas.
objetivo
La conducta prohibida tiene lugar dentro del año anterior a la
Temporal
elección.
Espacial o El evento inhabilitante debe acaecer en la circunscripción en la
territorial cual debe efectuarse la elección.
El contrato debe comportar un beneficio propio o para terceros.
En este aspecto, es importante poner de presente que la
Modal o de
Sección ha concluido que los beneficios extrapatrimoniales
propósito
también pueden dar lugar a la materialización de la
inhabilidad28.
25. En ese orden, se ha indicado que «la conducta que materializa la inhabilidad
objeto de estudio es la de intervenir en la celebración de contratos, razón por la que
se ha entendido que aquella se configura con la celebración efectiva del
respectivo contrato estatal dentro del lapso contemplado por la norma,
independiente del momento de su ejecución o liquidación»29, pues dichas
actividades se ubican por fuera del supuesto que configura el elemento material de
la norma.30
26. Por su parte, el elemento territorial implica, para el juez de lo electoral, la labor
de verificar si el contrato se ejecutó en el municipio para el cual fue elegido el
demandado, escenario que en algunas ocasiones exige que, además que se
verifique lo pactado y lo estipulado en los estudios previos, se revise el lugar dónde
se despliegan las actividades pactadas, conforme las pruebas allegadas al
expediente, cuya valoración se hace en conjunto31.
27. Sumado a esto, no es de menor importancia recordar que, sobre la concurrencia
de dichos requisitos, esta Sección, en providencia del 2 de junio de 2022,32 reiteró
que los supuestos enunciados son concurrentes, de modo que si falta alguno de
ellos no se configura la inhabilidad.
28. Así pues, conforme las anteriores consideraciones se abordará el estudio de
la causal inhabilitante contenida en el artículo 43.3 de la Ley 136 de 1994,
modificado por el 40 de la Ley 617 de 2000.
2.5. Caso concreto
29. La Sala confirmará la sentencia apelada toda vez que, a partir de las pruebas
28 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 13 de agosto de 2004, Rad 3944-3957; y,
sentencia del 27 de noviembre de 2008. Rad. 68001231500020070066901. MP. Filemón Jiménez
Ochoa.
29 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente 13001-23-
33-000-2018-00417-01. Providencia del 30 de mayo de 2019. MP. Alberto Yepes Barreiro.
30 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala 13 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura,
sentencia de 16 de octubre de 2020, expediente 2020-03518. Sección Quinta, sentencia de 13 de
agosto de 2020, expediente 2019-00926; sentencia de 31 de julio de 2009, expediente 2007-00966-
02. Sección Quinta del Consejo de Estado, sentencia del 20 de junio de 2024, expediente 63001-23-
33-000-2023-00102-02, MP. Gloria María Gómez Montoya.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 18 de
julio de 2024, expediente 76001-23-33-000-2023-00886-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
32 Ver entre otras las providencias de esta Sección radicados 11001-03-28-000-2022-00074-00,
50001-23-33-000-2020-00013-01; 11001-03-28-000-2018-00080-00.
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allegadas al expediente, se demostró que el demandado ejecutó algunas
actividades del contrato suscrito con la Gobernación de Casanare en el municipio
de Yopal y, por ende, estaba inhabilitado para ser inscrito y elegido concejal
conforme el supuesto de inelegibilidad previsto en el artículo 43.3 de la Ley 136 de
1994, modificado por el 40 de la Ley 617 de 2000.
30. Para efectos de sustentar lo anterior, en primer lugar, se hará una breve
referencia a los hechos de la demanda que resultan relevantes para resolver los
recursos. Luego, será necesario reseñar lo que dijo la primera instancia para
acceder a las pretensiones de nulidad electoral y los respectivos recursos de
apelación. Finalmente, se expondrán los argumentos de la posición que adopta la
Sala para confirmar la providencia apelada.
2.5.1. Delimitación de los hechos relevantes para resolver las apelaciones, de
la decisión de primera instancia, de los argumentos de los recursos y de otras
consideraciones para decidir
31. A partir de lo referido por la parte demandante, se tiene que el accionado
celebró, el 8 de febrero de 2023, el contrato de prestación de servicios, identificado
como SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0330-2023 y No. interno 0486.
32. Adujo que el objeto del negocio jurídico fue la prestación de servicios
profesionales de ingeniería civil para el mantenimiento de la red vial secundaria y
terciaria del departamento de Casanare, así como la revisión técnica de proyectos
de inversión en dicho territorio.
33. Así mismo, señaló que el contrato tenía un plazo de ejecución de cuatro (4)
meses y un valor de $20.106.240, y que algunas de sus obligaciones se ejecutaron
en el municipio de Yopal.
34. Mediante sentencia del 23 de mayo de 202433, el Tribunal Administrativo del
Casanare accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que los cuatro
elementos de la inhabilidad se configuraron.
35. Así, frente a los elementos material y temporal encontró que el contrato se
celebró en el período inhabilitante, pues se suscribió el 8 de febrero de 2023, esto
es, en el lapso comprendido entre el 28 de octubre de 2022 y el 28 de octubre de
202334.
36. A su vez, el tribunal encontró probado que el señor Michael Jonathan Castro
Niño ejecutó algunas obligaciones en el municipio de Yopal -elemento territorial,
afirmación que probatoriamente sustento de la siguiente manera:
Respecto a la ejecución y cumplimiento del objeto contractual, al plenario fue aportado
el necesario material probatorio que demuestra con suficiencia que el señor Michael
Jonathan Castro Niño ejecutó las actividades del negocio jurídico por él suscrito con
el departamento de Casanare, en el municipio de Yopal.
33 Índice 66 Samai del tribunal.
34 Las elecciones de concejo, entro otras, se realizaron el 29 de octubre de 2023.
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[…]
Asimismo, evidencia la Sala que tan solo una de las actividades contractuales
incluía la ejecución y/o desplazamiento del contratista en un ámbito territorial
diferente a Yopal, pues, en la obligación 4 de la cláusula tercera del negocio jurídico
celebrado, se estableció que debía realizar visita técnica de acuerdo a las solicitudes
presentas por la comunidad y/o entidades para el mejoramiento y mantenimiento de
la Infraestructura de la red vial secundara [sic] y/o terciaria en los municipios de
Sabanalarga, Villanueva, Aguazul, Chámeza, Hato Corozal, La Salina, Maní,
Monterrey, Nunchía, Paz de Ariporo, en tanto que, las demás consistían en la revisión
documental y/o emisión de conceptos, que bien podían ser elaborados en este
municipio.
En los informes No. 1 y final de actividades No. 4 relacionados en las premisas
fácticas de esta sentencia, en tan solo dos actividades el señor Castro Niño dejó
constancia específica de la realización visitas [sic] en el corredor vial 65CA11 Paz de
Ariporo – La Aguada – Tehislandia – El Degredo y al tramo vial 65CA01 Marginal (El
Venado) - Tauramena, por lo que resulta lógico que las otras tareas contractuales
fueron ejecutadas en Yopal, máxime si se tienen en cuenta los documentos que el
demandado suscribió como profesional de apoyo, que fueron firmados en este
municipio y/o en relación con corregimientos de Yopal de que tratan los numerales
2.5.8 y 2.5.9 anteriores.
Aunado a lo anterior, la Sala constata la asistencia a reuniones, mesas de trabajo y
mesas técnicas, que demuestran la ejecución de actividades en Yopal, y que fueron
relacionados en los diferentes informes de actividades suscritos por el demandado y
avalados por la Supervisión.
Sin perjuicio de ello, suficiente razón para encontrar configurado el elemento espacial
o geográfico, esto es, se insiste, la ejecución o cumplimiento del contrato celebrado
en el municipio donde resultó electo el señor Castro Niño, obran dentro del expediente
cuatro declaraciones juramentadas, debidamente firmadas por el demandado, en las
que manifiesta que sus servicios fueron prestados en el municipio de Yopal (numeral
2.5.5. de las premisas fácticas).
[…]
Ahora bien, de acuerdo con los artículos 9, 10, 17, 18 y 20 del Estatuto Tributario del
municipio de Yopal(Acuerdo No. 032 del 30 de diciembre de 2020)35, el impuesto de
industria y comercio se genera sobre las actividades de servicio realizadas por
personas naturales de forma permanente u ocasional en inmuebles determinados,
con establecimientos de comercio o sin ellos, sin que medie una relación laboral, que
causen contraprestación en dinero o en especie y que se concreten en la obligación
de hacer sin importar que en ellos predomine el factor material o intelectual. En esa
clase de actividades el ingreso se entiende percibido en el lugar donde se ejecute la
prestación de este y se entiende que éstas son ejecutadas en Yopal si se verifica que
fueron prestadas en esta jurisdicción.
[…]
Al respecto, es importante anotar que, si bien en los alegatos de conclusión la parte
demandada aseguró que esas manifestaciones fueron producto de un error o una
imprecisión y que ello había sido corregido por un contador público, es lo cierto que
se trata de una simple afirmación, en la medida en que de ello no obra prueba en el
plenario, por lo que no tiene vocación de prosperidad.
37. De igual forma, frente al elemento modal o de propósito, como lo indicó el
tribunal, corresponde a la contraprestación del servicio contratado por el que se
acordó un valor de $20.106.240, honorarios que se cancelaron al accionado, que
35 «https://www.yopal-casanare.gov.co/normatividad/acuerdo-no-032-del-30-de-diciembre-de-2020».
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se demostraron con las órdenes de pago, comprobantes de egreso y los soportes
para ello, allegados al proceso.
38. Tal como se indicó en los antecedentes de esta providencia, la decisión fue
apelada por el accionado, conforme los siguientes argumentos:
a) Señaló que el tribunal aplicó causales inexistentes y, en consecuencia, según
su criterio, se apartó de la jurisprudencia pacífica del Consejo de Estado, la cual
expone que las inhabilidades son taxativas y de interpretación restrictiva.
b) Sostuvo que el elemento territorial de la inhabilidad alegada no se acreditó,
dado que al momento de la celebración del contrato no se «incluyó explícitamente
el municipio donde se ejecutaría», en especial, no se mencionó a Yopal.
Por ello, no era factible encontrar probada la inhabilidad con sustento en la
ejecución del contrato, cuando lo cierto fue que, al momento de la celebración de
aquel, incluso en los estudios previos, no se estableció al municipio de Yopal
como lugar donde debían materializarse las obligaciones pactadas.
Por el contrario, del contrato y sus estudios previos se tiene que el objeto
contractual debía ejecutarse en los municipios de «Sabanalarga, Villanueva,
Aguazul, Chameza, Hato Corozal, La Salina, Maní, Monterrey, Nunchia, Orocue,
Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sacama, San Luis de Palenque, Tamara,
Tauramena y Trinidad del departamento de Casanare».
En ese orden, señaló que el tribunal erró al extender el supuesto de la ejecución
del contrato al de la celebración, circunstancia que, según su parecer, denotó el
desconocimiento del precedente de esta Corporación y de la Corte Constitucional
(SU -424 de 2016) en lo relativo al carácter taxativo y restrictivo de las
inhabilidades, específicamente, porque no tuvo en cuenta que el elemento
temporal no puede ser ampliado para incluir la faceta de ejecución de los
contratos.
Para efectos de demostrar lo anterior, sostuvo que el secretario de Infraestructura
de la Gobernación de Casanare emitió una certificación donde consta que no
ejecutó el contrato en el municipio de Yopal, aspecto que coincide con lo
consignado en los estudios previos.
c) Lo anterior, también lo encuadró como un error del tribunal en la valoración
probatoria36 del elemento material u objetivo de la causal de inhabilidad y, al
respecto, reiteró que se confundió la celebración con la ejecución del contrato,
circunstancia que, según su decir, impuso en «cabeza del enjuiciado un
comportamiento y un conocimiento que no debía tener, pues al momento de la
suscripción del contrato estudiado no era posible determinar la ejecución de
conformidad con los lineamientos esbozados por el Juez de Instancia».
Al respecto, advirtió que la errada interpretación y valoración probatoria del
tribunal se nota en el alcance dado a unas certificaciones de deducciones «de
retención de industria y comercio» en un lugar distinto al que se ejecutó el
contrato y en el análisis de disposiciones que «no existen […] como el pago del
impuesto de industria y comercio, y órdenes de pago», situaciones que, como lo
36 El apelante lo denominó defecto fáctico por omisión y valoración defectuosa del material probatorio
(SU 565 de 2015).
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indica, no corresponden a la celebración del contrato, sino a su ejecución y
posterior liquidación.
Respecto de la declaración de industria y comercio, agregó que a partir de esta
no era posible determinar dónde se ejecutó, pues, para ello, lo que procedía era
acudir al contrato que de manera clara determinó que este se ejecutaría en
municipios del departamento de Casanare, distintos a Yopal.
A su vez, esgrimió que las certificaciones mencionadas por el tribunal «[…] no
constituyen declaraciones de industria y comercio», razón por la que, en el caso
específico, «cuando el cliente consultó al contador público para realizar estas
declaraciones, el contador identificó el error y lo corrigió, presentando las
declaraciones y realizando los pagos en los municipios donde se ejecutó el
contrato». En ese sentido, concluyó que dichas certificaciones corresponden a
hechos ajenos y posteriores a la celebración del contrato.
Para sustentar lo anterior, citó una providencia de esta Sala dentro del radicado
27001-23-33-000-2023-00106-0137, para reafirmar que la inhabilidad objeto de
juicio se configura con la celebración del contrato, no con su ejecución o
liquidación, «como el caso de las declaraciones de Industria y Comercio».
39. Por su parte, el impugnador, quien también apeló la sentencia, manifestó, en
iguales términos al demandado, que i) la primera instancia se equivocó al
contemplar la ejecución del contrato y su liquidación dentro del elemento material;
y ii) que el contrato se ejecutó en el departamento de Casanare, razón por la que
consideró que la valoración probatoria no fue la adecuada al otorgarle mayor peso
a unas certificaciones no relacionadas con la suscripción del negocio jurídico.
40. Previo a decidir los recursos de alzadas resulta pertinente advertir que la Sala
se abstendrá de pronunciarse sobre los elementos temporal y modal de la
inhabilidad que se estudian en el presente caso, en razón a que su análisis en
primera instancia no fue objeto de cuestionamiento o censura en las apelaciones
enunciadas.
41. Si bien el accionado en su escrito señaló que «el fallador se apartó de los
presupuestos desarrollados por la Jurisprudencia para cada uno de los 4 elementos,
creando nuevas causales», lo cierto es que su carga argumentativa la dirigió
exclusivamente a censurar la valoración probatoria que hizo la primera instancia
sobre los elementos material y territorial.
42. Lo anterior, evidencia que ambas partes estuvieron de acuerdo con lo que
determinó la primera instancia frente a los elementos temporal y modal, por ende,
la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre lo que dijo el tribunal al analizarlos:
3.1. El elemento temporal
[…]
Ahora bien, como ya se indicó en las premisas fácticas de esta providencia, dentro
del sub examine se encuentra plenamente demostrado que el demandado celebró el
contrato de prestación de servicios profesionales No. SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-
37 MP Luis Alberto Álvarez.
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0330-2023, y No. INTERNO 0486, el 8 de febrero de 2023, con el departamento de
Casanare.
Pues bien, salta a la vista que se configura el elemento temporal, toda vez que, el
negocio jurídico mencionado fue suscrito ocho (8) meses y veinte (20) días antes de
la contienda electoral con el ente territorial departamental de Casanare
[…]
3.4. El interés propio o de terceros [modal]
En relación con el interés propio o de terceros que se persigue con la suscripción del
contrato, en el sub examine está probado que en el contrato No. SECOP II CAS-OAJ-
CDPSP-0330-2023, y No. INTERNO 0486, el 8 de febrero de 2023, las partes
pactaron como contraprestación por la prestación de servicios honorarios por valor de
$20.106.240, monto [fue] que pagado al sujeto pasivo de la litis como se acredita en
las órdenes de pago y comprobantes de egreso enlistados en el numeral 2.5.6 de las
premisas fácticas de este fallo. Por consiguiente, es evidente que se demostró la
configuración del cuarto elemento. [Énfasis del original].
43. Así las cosas, la Sala limitará el estudio del presente caso a determinar si
conforme con las pruebas allegadas al proceso se encuentran acreditados los
elementos objetivo y espacial de la inhabilidad prevista en el artículo 43.3 de la
Ley 136 de 1994, modificado por el 40 de la Ley 617 de 2000.
2.5.2. De la decisión de los recursos de apelación
44. Frente al elemento material u objetivo de la referida inhabilidad, como lo
consideró el tribunal se acreditó pues el demandado, el 8 de febrero de 2023,
suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales No. SECOP II CAS-
OAJ-CDPSP-0330- 2023 y No. interno 0486 con el departamento de Casanare.
45. Por tal razón, no se advierte como el análisis de la primera instancia desconoció
el elemento material u objetivo de la inhabilidad prescrito en el artículo 43.3 de la
Ley 136 de 1994, los lineamientos jurisprudenciales dictados en la materia y el
carácter taxativo y restrictivo de las inhabilidades.
46. Así las cosas, se tiene que el estudio de aquel elemento, por parte de la primera
instancia, siguió las posición reiterada y pacífica de la jurisprudencia de esta
Sección para la configuración del presupuesto material de la norma, como es la
verificación de la celebración del contrato, sin que se emprendiera algún análisis a
la ejecución y liquidación de dicho negocio jurídico.38
47. En relación con el elemento espacial o territorial, cabría la pena anotar que, en
principio, le asiste razón al apelante cuando señala que del contrato que suscribió
y de sus estudios previos es factible determinar que el lugar de ejecución de este
era el departamento de Casanare.
38 Ver, entre muchas otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Quinta. Expediente 13001-23- 33-000-2018-00417-01. Providencia del 30 de mayo de 2019. MP.
Alberto Yepes Barreiro. Consejo de Estado, Sala 13 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura,
sentencia de 16 de octubre de 2020, expediente 2020-03518. Sección Quinta, sentencia de 13 de
agosto de 2020, expediente 2019-00926; sentencia de 31 de julio de 2009, expediente 2007-00966-
02. Sección Quinta del Consejo de Estado, sentencia del 20 de junio de 2024, expediente 63001-23-
33-000-2023-00102-02, MP. Gloria María Gómez Montoya.
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48. En efecto, en el contrato y en los estudios previos consta que el municipio de
Yopal no estaba como lugar de ejecución de aquel39, incluso en la certificación
allegada por el secretario de Infraestructura de Casanare se indica que la
ejecución de las obligaciones contractuales se hizo en otros territorios del
departamento, a saber:
49. Sin embargo, no debe olvidarse que la realización o materialización de las
obligaciones contractuales no siempre coincide con el lugar donde se pacta el
negocio jurídico. Por tal razón, no es acertado como lo aducen los apelantes, que
el análisis del componente espacial se limita solo al momento en que se celebra
del contrato o a sus estudios previos, hacerlo así desconocería el carácter taxativo
y restrictivo de las inhabilidades.
50. A partir de esa idea, la Sala no pierde de vista que el análisis del elemento
territorial, esto es, que los «contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo
municipio», implica una valoración en conjunto de los medios probatorios
allegados al proceso para determinar en dónde se surte la ejecución del contrato
celebrado, estudio que, se reitera, no se limita necesariamente a la fase de
celebración.
39 Tanto el contrato y sus estudios previos se tiene que el objeto contractual debía ejecutarse en los
municipios de «Sabanalarga, Villanueva, Aguazul, Chameza, Hato Corozal, La Salina, Maní,
Monterrey, Nunchia, Orocue, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sacama, San Luis de Palenque,
Tamara, Tauramena y Trinidad del departamento de Casanare».
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51. Dicho criterio ha sido acogido por esta Sala de lo electoral40 al estudiar casos
con contornos similares al presente, en los que, a fines de solventar si la ejecución
del contrato se dio en lugar diferente al pactado en el negocio jurídico, no solo se
ha valido del contrato y sus estudios previos, sino de otras probanzas documentales
que son producto de la actividad y ejecución negocial, como en efecto lo son el acta
de inicio del contrato, los informes presentados por el contratista y las certificaciones
de supervisión del contrato, entre otros, y que, al igual que los demás medios
reseñados, cumplen con los requisitos de utilidad, conducencia y pertinencia para
hallar la verdad procesal.
52. Por ello, lo procedente será emprender el estudio de los demás documentos
que se produjeron a propósito de la ejecución del contrato No. SECOP II CAS-
OAJ-CDPSP-0330- 2023, que suscribió el demandado.41
53. En el orden de ideas, para estudiar la configuración del elemento espacial o
territorial en el presente caso se procederá a valorar el material probatorio allegado
al expediente, lo cual permitirá determinar si el tribunal se extralimitó en la valoración
probatoria como lo aducen los apelantes, conforme con las obligaciones pactadas
en el contrato42.
54. En primera medida se tiene que en los informes43 presentados por el
demandado, en relación con la ejecución del contrato No. SECOP II CAS-OAJ-
CDPSP-0330- 2023, se reportaron actividades que muestran que al menos algunas
obligaciones44 se ejecutaron en el corregimiento del Morro del municipio de Yopal y
en el despacho de la secretaría privada del departamento 45, así consta en la
probanza enunciada:
10 de marzo de 2023
• Se Participó en tres (3) mesas técnicas que se desarrollaron en la Oficina de
Programación para dar respuesta a la acción popular “Prefactibilidad
Macroacueducto corregimientos municipio de Yopal” con participación de
profesionales del municipio de Yopal y Gobernación de Casanare, las cuales se
realizaron en las siguientes fechas: 15-02-2023; 20-02-2023; 22-02-2028. Se
realizaron dos jornadas de capacitación en el centro poblado el Morro, para
elaborar las encuestas correspondientes al corregimiento de referencia,
específicamente para las veredas que aún no las han realizado, para dar respuesta a
la acción popular “prefactibilidad macroacueducto corregimientos municipio de Yopal”
40 Al respecto se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, sentencia del 23 de mayo de 2024, expediente 54001-23-33-000-2023-00262-01,
MP. Gloria María Gómez Montoya. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, sentencia del 20 de junio de 2024, expediente 63001-23-33-000-2023-00102-02,
MP. Gloria María Gómez Montoya. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, sentencia del 18 de julio de 2024, expediente 76001-23-33-000-2023-00886-01, MP.
Pedro Pablo Vanegas Gil.
41 Dichas pruebas documentales fueron aportadas con la demanda.
42 El contrato y las obligaciones se valoraron conforme a los anexos de la demanda (Índice 3 Samai
del tribunal).
43. Idem.
44 Aunque no consta en el informe, verificadas las actividades descritas, se encuentran relacionadas
con las prestaciones indicadas en las obligaciones 6 y 8 del contrato.
45 Con sede en el edificio de la Gobernación del Casanare, en la Carrera. 20 No. 08- 02 Edificio CAD,
en Yopal (enlace: https://www.casanare.gov.co/Dependencias/SecretariaPrivada/Paginas/Privada.aspx ).
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los días: 13-02-2023 y 23-02-2023. Se prestó apoyo técnico para la elaboración de
informe ejecutivo en cumplimiento de la acción popular “prefactibilidad
macroacueducto corregimientos municipio de Yopal”, a solicitud de la Procuraduría
delegada […]
17 de abril de 2023
• Con relación a la actividad 3; Se apoyó en proyectar la respuesta mediante
Memorando No. 285 del 30 de marzo de 2023, al requerimiento del tribunal sobre el
cumplimiento de las actividades de la Acción Popular No 2019-00164-00, cuyo objeto
es Macro Acueducto Veredal del Municipio de Yopal. A solicitud de la Doctora
Tatiana Margarita Oñate Acosta, Procuradora delegada General de la Nación [sic], al
compromiso pactado en la mesa de trabajo de fecha tres (3) de marzo de 2023,
celebrada en las instalaciones de la Gobernación de Casanare, se apoyó en la
respuesta con fecha 8 de marzo de 2023 mediante correo electrónico con el fin de
adjuntar cronograma de actividades ajustado; junto con el acta reunión realizada
el día siete (7) de marzo de 2022 con el municipio de Yopal y el departamento
de Casanare, en marco de la acción popular “Prefactibilidad Macro acueducto
corregimientos municipio de Yopal”.
• Con relación a la actividad 6; Se realizó acompañamiento y apoyó en la mesa de
trabajo del día 31 de marzo de 2023 realizada en el despacho de la secretaria
privada del departamento, donde participaron, Profesionales de la Gobernación,
Profesionales de Gestión del Riesgo del departamento y se trataron temas
relacionados con el avance de las actividades de la acción popular numero 2019-
00164 cuyo objeto es macro acueducto veredal del municipio de Yopal. Del
mismo modo se realizó acompañamiento a la reunión realizada el día siete (7)
de marzo de 2022 [sic] con el municipio de Yopal y el departamento de
Casanare, con relación al ajuste del cronograma de actividades a realizar a solicitud
de la procuradora delegada, en marco de la acción popular “Prefactibilidad Macro
acueducto corregimientos municipio de Yopal”.
17 de mayo 2023
• Con relación a la actividad 6; Se realizó acompañamiento y apoyó en la mesa de
trabajo del día 26 de abril de 2023 realizada en la Dirección Técnica de
Programación, donde participaron, los lideres Roselino Bohórquez presidente de
ASOJUNTAS del Corregimiento el Morro y Yovani Garcia Accionante de la acción
popular “Prefactibilidad Macro acueducto corregimientos municipio de Yopal”
con el fin de cerrar el Censo del corregimiento el Morro y dar continuidad al
proceso. [Énfasis de la Sala].
55. De lo anterior, se evidencia que el demandado ejecutó parte de sus obligaciones
en el municipio de Yopal, en especial, diferentes acciones relacionadas con el macro
acueducto del corregimiento del Morro (de dicha municipalidad), como fueron el
acompañamiento y apoyo en la mesa de trabajo realizada en el despacho de la
secretaria privada del departamento, donde se discutieron temas relacionados con
el avance de las actividades de la acción popular sobre dicho proyecto y la
realización del censo poblacional de beneficiarios de esa obra, como pasa a
explicarse.
56. Al respecto se encuentra que, entre otras pruebas, se aportó la certificación y
verificación sobre la población censada en las veredas del corregimiento de El Morro
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(Yopal), que suscribió el demandado en calidad de profesional de apoyo designado
por la Secretaría de Infraestructura de Casanare, el 26 de abril de 202346, así:
57. En segundo lugar, la Sala advierte que dentro de las pruebas también obran los
comprobantes de pago por actividades realizadas por el accionado, los cuales se
soportan mediante los documentos con referencia: «[d]eclaración juramentada para
la deducción de la retención en la fuente a personas naturales pertenecientes a la
clasificación tributaria “rentas de trabajo” originadas en la modalidad de contrato de
prestación de servicios», de fechas 10 de febrero, 17 de abril, 17 de mayo y 14 de
junio 2023, todas firmadas por el demandado, en las que manifestó bajo la gravedad
de juramento:
Y finalmente, informo que los servicios del contrato No. CAS-OAJ-CDPSP-0330-2023
No interno 0486 de 2023-02-08 fueron ejecutados en el municipio de Yopal y me
comprometo a comunicar cualquier cambio que pueda modificar los beneficios
obtenidos. [Énfasis de la Sala].
58. Frente a dicho aspecto, la Sala encuentra preciso aclarar al accionado que la
46 Índice 3 Samai del tribunal, documentos «22_ED_022MEMORANDOINTERNO(.pdf) NroActua 3»,
ver folios 10 a 12.
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anterior pieza probatoria, al igual que la minuta del negocio jurídico que celebró,
resulta pertinente, útil y conducente para determinar en dónde se ejecutó el contrato.
59. A su vez, es oportuno anotar que, para efectos de analizar el lugar de ejecución
del contrato, es factible acudir a cualquier medio probatorio allegado al proceso que
lo demuestre, así lo ha señalado la jurisprudencia y también se desprende del
artículo 176 del CGP, el cual permite la apreciación de las pruebas en conjunto,
salvo de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez
de ciertos actos, lo que no es del caso dado a que no existe alguna disposición que
imponga ese deber para acreditar lo que se discute.
60. Por las razones expuestas, no encuentra la Sala cómo el tribunal se extralimitó
en la valoración probatoria. Por el contrario, lo que se avizora es que fincó su análisis
en una declaración juramentada que hizo el demandado de cara a la reducción de
la retención en la fuente en la que señaló textualmente que los servicios contratados
los ejecutó en el municipio de Yopal.
61. Ahora, en lo que tiene que ver con el reparo del accionado consistente en que
las certificaciones mencionadas por el tribunal «no constituyen declaraciones de
industria y comercio», razón por la que, en el caso específico, «cuando el cliente
consultó al contador público para realizar estas declaraciones, el contador identificó
el error y lo corrigió, presentando las declaraciones y realizando los pagos en los
municipios donde se ejecutó el contrato», razones por las cuales concluyó que
dichas certificaciones corresponden a hechos ajenos y posteriores a la celebración
del contrato, la Sala advierte lo siguiente:
a) A diferencia de lo que considera el tribunal, para esta Sección no es tan claro
«que las actividades ejecutadas por el señor Michael Jonathan Castro Niño en el
año 2023, fueron grabadas con el impuesto de industria y comercio en el
municipio de Yopal, atendiendo al principio de territorialidad de la prestación del
servicio», pues no existe una prueba que lo acredite con la certeza necesaria.
b) No obstante, conforme la jurisprudencia de la Corporación47, esta Sala de lo
electoral entiende que la retención en la fuente se aplica al recaudo de los
impuestos locales como el de industria y comercio y, por ende, la deducción que
solicitó el demandado en la referida declaración tenía como efectos reducir la
base de esta última contribución del nivel local.
c) De ahí que el tribunal entendió, conforme el artículo noveno del Estatuto
47 Sobre el tema se puede consultar del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, sentencia del 7 de abril de 2011, expediente 25000-23-27-000-2006-01359-01, MP.
Carmen Teresa Ortiz De Rodríguez, en esta decisión frente a la temática mencionada, consideró:
«La retención en la fuente es una obligación establecida por ley a cargo de ciertas personas
jurídicas y naturales, privadas y públicas, para efectuar el recaudo tributario al momento de hacerse
el pago o cuando así lo disponga la ley, a nombre de la Nación, con la obligación de reembolsarlo
en los términos y condiciones legales, a aquélla. // Se aplica al recaudo de los impuestos
nacionales de renta (arts. 365 y ss. Del Estatuto Tributario), sobre las ventas (arts. 437.1 y ss. ib.),
ganancias ocasionales (art. 306 ib.), timbre (arts. 538 y ss. ib.), gravamen (sic) a los movimientos
financieros (art. 876 ib.) y el local de industria y comercio. […] Ha dicho la Sala que “se trata… de
una especie de pago anticipado […]». [Énfasis de la sala].
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Tributario del Municipio de Yopal48, que las actividades ejecutadas por el señor
Michael Jonathan Castro Niño en el año 2023 fueron grabadas con el impuesto
de industria y comercio en el municipio de Yopal.
62. Amén de la discusión que conlleva el tema de naturaleza tributaria, lo que
interesa a la Sala para resolver la censura de la apelación del demandado es que,
si bien la declaración juramentada o «certificación» no es posible enmarcarla como
propia de la celebración del contrato, lo cierto es que la probanza, que además
contiene el dicho del señor Castro Niño bajo la «gravedad de juramento», le brindó
al proceso la utilidad, pertinencia y conducencia para encontrar la verdad procesal,
esto es, que el contrato, en parte, si se ejecutó en el municipio de Yopal.
63. Frente al otro aspecto objeto de impugnación, se tiene que el demandado reiteró
en su recurso, como lo hizo ante la primera instancia, lo siguiente:
En este caso específico, cuando el cliente consultó al contador público para realizar
estas declaraciones, el contador identificó el error y lo corrigió, presentando las
declaraciones y realizando los pagos en los municipios donde se ejecutó el contrato.
Más allá de la discusión sobre la obligación de firmar un formulario preestablecido
que no se podía modificar y el hecho de que el pago del ICA del año 2024 estaba
pendiente, el Tribunal Administrativo no debería interpretar ni establecer esto como
parte de su decisión de la manera en que lo hizo.
64. En lo atinente al anterior argumento, la Sala advierte que corresponde a una
afirmación del apelante que no fue demostrada en el trámite del proceso. Por tal
razón, al tratarse de un hecho que no se acompañó de la prueba que pone de
presente el interesado, resulta palmario concluir que corresponde a un argumento
que, por sí solo, no tiene la potencialidad de contradecir y desvirtuar lo que consta
en los informes de actividades que presentó el señor Michael Jonathan Castro Niño
como contratista del departamento de Casanare y en la declaración juramentada
para la deducción de la retención en la fuente.
65. Por otra parte, tanto en los alegatos de conclusión de primera instancia 49 como
al apelar la sentencia, el apoderado del demandado insistió en que se valorara una
certificación del secretario de Infraestructura de Casanare, la cual indica que el
contrato suscrito no se ejecutó en el municipio de Yopal. Por ello, esgrimió que
tampoco se estructuró el elemento espacial o territorial de la inhabilidad.
66. Desde su contenido se tiene que dicha probanza genera una inconsistencia
frente a los informes y declaraciones juramentadas en las que sí consta que el
demandado ejecutó parte de las obligaciones en el municipio de Yopal.
67. Entonces, para resolver tal contradicción, esta Sala, desde la valoración en
conjunto de las demás pruebas, de acuerdo con las reglas de la sana crítica,
48 Consultado en: «https://www.yopal-casanare.gov.co/normatividad/acuerdo-no-032-del-30-de-
diciembre-de-2020». «[…] todas las actividades […] de servicios que se ejerzan o realicen en las
respectivas jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, por persona naturales […] ya sea
que se cumplan en forma permanente y ocasional, en inmueble determinados, con establecimiento
de comercio o sin ellos».
49 Índice 39 Samai del tribunal.
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Demandante: Harold Alberto Castillo Pérez
Demandado: Michael Jonathan Castro Niño
como concejal del municipio de Yopal
Radicado: 85001-23-33-000-2023-00124-01
encuentra que los informes de actividades y las declaraciones juramentadas
cuentan con mayor mérito probatorio que la referida certificación.
68. En efecto, estas últimas se tratan de pruebas que produjo o provienen del
propio demandado y tuvieron origen en el cumplimiento del objeto contractual,
particularmente, de la cláusula quinta que estableció que para el pago se requería
«[…] previa presentación del informe por parte del contratista […]» y los
documentos requeridos por el supervisor para autorizar los egresos a favor de
aquel. Además, una de ellas, la deducción de la retención en la fuente a personas
naturales se hace bajo la modalidad juramentada, que acompañó los soportes de
egresos aportados con la demanda50.
69. A diferencia de la certificación que suscribió el secretario de Infraestructura de
la Gobernación de Casanare, que indica que el contrato suscrito no se ejecutó en
Yopal; los informes de gestión y la declaración juramentada demuestran con mayor
veracidad y contundencia que algunas de las obligaciones del contrato se
desarrollaron en dicha territorialidad, como fueron el acompañamiento y apoyo en
lo relativo al macro acueducto en el corregimiento del Morro de Yopal y las
reuniones en el despacho de la secretaria privada del departamento del Casanare
relacionadas con el mismo proyecto.
70. Además de lo anterior, la certificación emitida por el secretario de
Infraestructura de la Gobernación de Casanare, pese a que se expidió tras
«consultar los archivos oficiales de esta entidad», no refleja lo que el contratista
(ahora demandado) indicó en sus informes de gestión. Por lo tanto, dicho aspecto
dudoso implica que esa constancia allegada al proceso pierda la fuerza probatoria
que la parte demandada pretendía otorgarle.
71. En el orden de lo expuesto, la Sala reafirma que, del análisis en conjunto de
las pruebas aportadas al proceso, de acuerdo con la sana crítica, se tiene que
algunas de las obligaciones del mencionado contrato se ejecutaron en el municipio
de Yopal, ente territorial donde resultó elegido el demandado como concejal. Por
ende, resta concluir que el elemento espacial de la inhabilidad por celebración de
contratos se encuentra configurado, tal como lo consideró el tribunal.
72. En conclusión, la Sala confirmará la sentencia del Tribunal Administrativo del
Casanare, toda vez que se acreditó que el demandado celebró contrato dentro del
período inhabilitante y algunas de las obligaciones se ejecutaron en el municipio
de Yopal, lugar donde fue elegido concejal. Por tal razón, existen razones
suficientes para afirmar que la parte accionada estaba inhabilitada conforme el
supuesto de la causal de inelegibilidad prevista en el artículo 43.3 de la Ley 136
de 1994, modificado por el 40 de la Ley 617 de 2000.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley
50 Índice 3 Samai del tribunal, anexos de la demanda.
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Demandante: Harold Alberto Castillo Pérez
Demandado: Michael Jonathan Castro Niño
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III. FALLA:
PRIMERO: Confirmar la sentencia del 23 de mayo de 2024, por medio de la cual
el Tribunal Administrativo del Casanare accedió a las pretensiones de la demanda
y declaró la nulidad del acto de elección del señor Michael Jonathan Castro Niño,
como concejal del municipio de Yopal.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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