Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 85001-23-33-000-2024-00111-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 85001-23-33-000-2024-00111-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 85001-23-33-000-2024-00111-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad electoral
Radicación: 85001-23-33-000-2024-00111-01
Demandante: Jesús Barrera Blanco
Demandado: Andersson Alonso Carrillo Pinzón, como concejal del
municipio de Yopal (Casanare), periodo 2024-2027
Tema: Inhabilidad por celebración de contratos prevista en el numeral
3° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el
artículo 40 de la Ley 617 de 2000. Elementos que la configuran
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, el 15 de octubre de
2025, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda
1. El ciudadano Jesús Barrera Blanco, actuando en nombre propio y en ejercicio del
medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 del
2011, presentó demanda el 2 de octubre del 2024, en la que solicitó la nulidad de la
Resolución 134 del 9 de septiembre de ese año, por medio del cual se hizo el llamamiento
del señor Andersson Alonso Carrillo Pinzón como concejal del municipio de Yopal
(Casanare), para el resto del periodo constitucional 2024-2027.
1.2. Hechos
2. Para los comicios del 29 de octubre de 2023, el Partido Social de la Unidad Nacional
«la U» inscribió una lista de 17 candidatos al Concejo Municipal de Yopal, dentro de los
cuales se encontraban los señores Michael Jonathan Castro, Wilson María García Pesca
y Andersson Alonso Carrillo Pinzón.
3. Previo a la realización del certamen democrático, la Oficina de Trasparencia de la
Presidencia de la República elaboró un listado de aspirantes que se encontraban
inhabilitados, dentro de los cuales estaba el demandado.
4. A pesar de ello, el señor Andersson Alonso Carrillo Pinzón, participó en las elecciones
del 29 de octubre de 2023 y ocupó el tercer lugar en la lista a la que pertenecía; no
obstante, no logró ocupar un asiento en la corporación municipal.
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Demandante: Jesús Barrera Blanco
Demandado: Andersson Alonso Carrillo Pinzón,
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5. Frente al señor Michael Jonathan Castro Niño, quien logró obtener una curul en el
concejo municipal, la Sección Quinta del Consejo de Estado1, el 25 de julio de 2024,
confirmó en segunda instancia la declaratoria de nulidad de su elección.
6. En firme la anterior decisión, mediante Resolución 134 del 9 de septiembre de 2024,
se declaró la vacancia absoluta de la curul ocupada por el señor Castro Niño y se
procedió a realizar el llamamiento de quien seguía en el orden descendente en votación
dentro de la lista del Partido de la U para el Concejo de Yopal.
7. El 14 de septiembre de 2024, tomó posesión el señor Andersson Alonso Carrillo Pinzón
como miembro del Concejo Municipal de Yopal.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
8. La parte actora consideró que la elección cuestionada es nula en virtud de lo dispuesto
en el artículo 43.3 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 40.3 de la Ley 617 de
2000, por cuanto el demandado celebró contratos de prestación de servicios en interés
propio con el Departamento de Casanare, específicamente con la Secretaría de Salud,
dentro de los 12 meses anteriores a su elección, los cuales se ejecutaron en Yopal.
9. Para justificar su reproche, relató que el demandado el 1º de febrero de 2023
suscribió el contrato SECOP II-CAS -FDS-CDPSP-073-2023-3052, por un periodo de 4
meses a partir de la fecha señalada y con plazo de ejecución hasta el 31 de mayo de la
referida anualidad. El objeto de este era «Realizar acciones de inspección y vigilancia a
establecimientos y/o objetos de alto riesgo en salud ambiental de los municipios de Chámeza,
Monterrey, Sabanalarga, Tauramena y Villanueva del Departamento de Casanare».
10. Si bien, según el objeto del contrato este debía ejecutarse en determinados
municipios, lo cierto es que el demandado realizó actividades en Yopal, donde se
encuentra la Secretaría de Salud. Como soporte de su dicho hizo la siguiente relación:
• Informe de actividades No. 2 del 12 de abril de 2023, avalado por la supervisora
del contrato, donde se consignó que el demandado participó los días 13 y 22 de marzo
de la referida anualidad, en la mesa de movilidad departamental que se realizó en «la
Sala de Análisis de Registro de la Secretaría de Salud Departamental, con sede en la
ciudad de Yopal». Además, en la última, fungió como trascriptor del acta No. 001.
• Informe No. 4 del 2 de junio de 2023, refrendado por la supervisora. En la actividad
7 relacionó su acompañamiento en una reunión intersectorial vial, que se llevó a cabo
en la calzada Yopal- Aguazul, el 19 de mayo de 2023 -según información obtenida en
la red social Facebook de la Gobernación de Casanare-. Explicó que de las imágenes
que acompañan la publicación se logra observar al demandado en dicho evento.
Agregó que, si bien se informó por parte de la Secretaría de Salud que esta actividad
no hacía parte de las obligaciones contractuales del demandado, para el demandante,
la misma conlleva el cumplimiento de elemento territorial de la inhabilidad, toda vez
que lo relacionó en el informe respectivo como parte de «las demás actividades
relacionadas con el objeto contractual y asignadas por el supervisor del contrato».
Sobre la gestión documental (archivo), afirmó el actor que es una actividad que se
cumple en la Secretaría de Salud del departamento que tiene sede en Yopal.
1
Rad. 85001-23-33-000-2023-00124-01
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11. Además, hizo referencia al contrato de prestación de servicios SECOP II-CAS -FDS-
CDPSP-344-2023, con número interno 3405 del 21 de junio de 2023, suscrito con la
misma dependencia que el anterior, con un plazo de ejecución de 6 meses, cuyo objeto
era realizar inspección sanitaria a establecimientos u objetos de alto riesgo en salud
ambiental y como lugar de ejecución Aguazul, Maní, Nunchía y Orocué en del
Departamento de Casanare, del que a partir de su ejecución denotó actividades en Yopal,
así:
• Según el informe No. 1 del 31 de julio de 2023 el demandado participó en la jornada
de movilidad segura y asistencia técnica en MPG.
• El informe No. 3 del 26 de septiembre de 2023, da cuenta de la asistencia a la
capacitación realizada por el INVIMA en temas de medidas sanitarias de seguridad,
proceso administrativo sancionatorio y normatividad (virtual2).
• En el informe No.6 del 28 de noviembre de 2023, el demando hizo presencia en la
mesa de entornos saludables COTSA, celebradas en el auditorio La Ceiba del CAD
ubicado en Yopal.
12. A partir de lo dicho, concluyó que se configuraron los elementos de la inhabilidad, a
saber: i) el temporal, por cuanto suscribió 2 contratos dentro de los 12 meses anteriores
a la elección; ii) territorial, al haber ejecutado obligaciones contractuales en el municipio
de Yopal, donde fue llamado como concejal; y iii) subjetivo, en la medida en que el
demandado tenía conocimiento de la causal y también, pudo asesorarse sobre la materia.
1.4. Trámite procesal de primera instancia
13. El 4 de octubre de 2024, el despacho conductor de primera instancia inadmitió3 la
demanda; fue subsanada el 10 del mismo mes y año. El 17 siguiente se admitió el medio
de control.
14. En el término para contestar la demanda se presentaron las siguientes
intervenciones:
15. El agente del Ministerio Público4 se declaró impedido en el asunto, por cuanto el
demandante es su apoderado en otro asunto judicial5.
16. El Concejo Municipal de Yopal6 y la Registraduría Nacional del Estado Civil7,
mediante apoderados, propusieron la falta de legitimación en la causa por pasiva.
17. El ciudadano Mario Llano Palacios8, solicitó ser tenido como tercero impugnador.
18. El Partido de la U9, a través de su secretario general señaló que el demandado
cumplía con los requisitos constitucionales y legales para ocupar una curul en el Concejo
de Yopal.
2
La cual asume fue en la Secretaría de Salud con sede en Yopal.
3
Actuación SAMAI 5 expediente del tribunal, el a quo consideró inadmitir por cuanto, el demandante identificó como acto demandado
la Resolución No. 134 del 2024 (llamamiento) y no a través del cual se designó al señor Carrillo Pinzón en la dignidad.
4
Actuación SAMAI 23 expediente del tribunal.
5
Actuación SAMAI 35 expediente del tribunal. Por auto del 22 de noviembre de 2024 se aceptó el impedimento del procurador y se
ordenó notificar al Procurador Regional de Casanare para que actuara en nombre del funcionario separado el proceso.
6
Actuación SAMAI 24 expediente del tribunal.
7
Actuación SAMAI 28 expediente del tribunal.
8
Actuación SAMAI 25 expediente del tribunal.
9
Actuación SAMAI 29 expediente del tribunal.
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19. El demandado10 a través de apoderado judicial solicitó la negativa de las
pretensiones de la demanda. Al respecto pidió un control de legalidad, por cuanto en este
proceso no comparece la Procuraduría General de la Nación11.
20. En lo que hace al fondo del asunto, explicó que no es posible que el demandante
edifique su reproche con base en información aparentemente obtenida de la página de la
Presidencia de la República, cuando a esa institución no le corresponde calificar las
inhabilidades en las que pueda incurrir un ciudadano-candidato.
21. Señaló que la ley no prohíbe la suscripción de contratos por parte de candidatos, lo
que proscribe, es que se ejecute en el municipio o distrito en que resulta elegido, dentro
de un determinado lapso.
22. Adujo que, en este caso, ninguna de las obligaciones contractuales se relacionaba
con las denominadas mesas de movilidad departamental y si bien se pudo plasmar en el
segundo informe de actividades del contrato SECOP II-CAS -FDS-CDPSP-073-2023-
3052 que participó en una sesión de esa dependencia los días 13 y 22 de marzo de 2023,
no se consignó que la ciudad de ejecución hubiera sido Yopal.
23. Desmintió que el demandado fue trascriptor del acta 001, por cuanto el documento
no fue suscrito por él. Explicó que tampoco realizó intervención en el desarrollo de la
mesa técnica.
24. Afirmó que, si bien la Secretaría de Salud está ubicada en Yopal, quiere decir que
«reuniones, oficios, citaciones y memorando tendrán como lugar geográfico de elaboración o
desarrollo en la capital del departamento de Casanare, pero no significa que el señor Andresson
Alonso Carrillo Pinzón haya ejecutado actividades en esa ciudad, por el contrario, todas sus
actividades y objeto contractual se hicieron en municipios que no incluía Yopal».
25. En lo que corresponde a las actividades, relacionadas con la gestión documental
como parte del cumplimiento de la norma general de archivo, se advierte que es
obligación de todas las personas que están vinculadas a la administración pública
(artículo 1° de la Ley 594 de 2000) adelantar aquellas tareas. Dijo que, si bien la labor se
adelantó al interior de la Secretaría de Salud departamental con sede en Yopal, no debe
perderse de vista que es una actividad independiente a las propias del contrato y que la
población del referido municipio no se beneficia con ella.
26. Sobre el acompañamiento en la actividad intersectorial de seguridad vial, no se
expone que se hizo en el municipio de Yopal, además precisó que la calzada donde se
adelantó es de carácter nacional. Así mismo, expresó que las imágenes12 que se utilizan
para soportar el reproche carecen de legalidad pues al tratarse de mensaje de datos,
debieron ser aportados en el medio en que fueron generados, para garantizar su
accesibilidad y no en la forma en que lo hizo el demandante, por lo que no pueden ser
valoradas.
27. Soportó su defensa en la jurisprudencia de la Sección13, en donde se dijo que para
que los mensajes de datos sean avalados como prueba deben cumplir tres requisitos
10
Actuación SAMAI 30 expediente del tribunal.
11
Explicó la necesidad del contar con un agente del Ministerio Público.
12
Sin hacer mención expresa si las tachaba o desconocía.
13
Consejo de Estado. Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Quinta Rad. 11001-03-28-000-2020-00016-00 (ACUM).
Sentencia del 3 de diciembre de 2020. (no indicó ponente).
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según la Ley 527 de 1999, a saber: que i) la información sea accesible para su posterior
consulta; ii) la identificación del iniciador; iii) la integralidad de su contenido, es decir que
no se haya alterado desde el momento en que se generó. Explicó que estos parámetros
no fueron cumplidos por la prueba que se pretende incorporar, por lo que no puede ser
tenida en cuenta.
28. Agregó que las copias de los mensajes de datos deben cumplir los mismos requisitos
que el original, por lo que también debería descartarse el material adosado por el actor.
Además, refirió que las imágenes fueron editadas por el demandante al realizar un
recuadro sobre ellas lo que pone en duda su autoría, integralidad y accesibilidad.
29. En caso de proceder con su valoración, estas no acreditan que el demandado hubiere
intervenido en la referida actividad de movilidad, pues su labor se limitó a un mero
acompañamiento por solicitud de la supervisora del contrato (Pilar Perilla Colmenares).
Además, la gobernación en comunicación del 20 de septiembre de 2024 indicó que no se
aportó registro fotográfico del señalado evento y concluyó que la participación del
demandado no hacía parte de sus obligaciones contractuales.
30. En lo que atañe al contrato SECOP II-CAS -FDS-CDPSP-344-2023-3405, en la
comunicación antes referida, afirmó que no hay soporte de la realización de la jornada de
movilidad segura del 30 de junio de 2023, como tampoco acta de la asistencia técnica;
demás que esa labor no hace parte de sus obligaciones contractuales, por lo que el hecho
de armar carpas y demás aspectos logísticos no puede ser considerado como
estructurador del elemento territorial de la inhabilidad.
31. Advirtió que no es posible inferir que el demandado tenga su domicilio en Yopal, por
la supuesta comparecencia al INVIMA en el curso de una capacitación sobre medidas
sanitarias de seguridad, pues dicha actividad la realizó de manera virtual.
32. En su participación en la mesa de entornos saludables-COTSA, que se realizó en la
ciudad de Yopal -sede de la Secretaría de Salud-, señaló que no estuvo en ella. Añadió
que ese grupo tiene carácter departamental, por lo que no tiene relación con el municipio
de Yopal, el cual cuenta con la misma dependencia en su nivel territorial. Con todo, esta
actividad se materializó el 28 de noviembre de 2023, es decir después del periodo
inhabilitante.
33. En conclusión, se admitió que el demandado suscribió con el Departamento de
Casanare contratos de prestación de servicios profesionales, sin embargo, se indicó que
de ellos no se concretan los elementos territorial y subjetivo, por cuanto el señor Carrillo
Pinzón no debía cumplir sus obligaciones en el municipio de Yopal.
1.4.1. Otros trámites
34. Por auto del 22 de noviembre de 202414, se aceptó el impedimento manifestado por
el agente del Ministerio Público, se reconoce a Mario Llano Palacios como coadyuvante
de la demanda, se niega la solicitud de saneamiento y se reconoce personería al
apoderado del demandado.
14
Actuación SAMAI 35 expediente del tribunal.
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35. El 13 de febrero de 202515 se negó la excepción de ineptitud sustantiva16 de la
demanda propuesta por el demandado. El 26 de marzo de 2025, se fijó el 13 de mayo
siguiente como fecha para la realización de la audiencia inicial.
36. Se presentó solicitud de intervención como terceros impugnadores de la señora Anlly
Daniela Cervera Martínez17 y el señor Enrique Alonso Gil Peñaranda18. Este último
formuló tacha de falsedad contra el «acta No, 001- Primer Mesa Técnica de Movilidad
Segura (22-03-2023)», por cuanto no fue firmada por el concejal, así como de las
fotografías contenidas en la demanda, por cuanto no fueron allegadas como mensajes
de datos, en cumplimiento de la Ley 527 de 1999. De otra parte, solicitó la aplicación de
la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado del 15 de octubre de 2024, en
el expediente 08001-23-33-000-2023-00478-01 con ponencia del magistrado Pedro
Pablo Vanegas Gil, por las similitudes. El señor Gil Peñaranda fue tenido como tal
mediante auto del 22 de mayo de 202519 y la señora Cervera el 12 del mismo mes y
año20.
37. Igualmente, el señor Francisco Javier Pascuales Barrios21 pidió ser reconocido como
tercero impugnador de la demanda. Por su parte, Édgar Orlando Muñoz Melo22 solicitó
ser tenido como coadyuvante, reconocidos mediante auto del 11 de junio de 202523.
38. El 9 de julio de 202524, se realizó la audiencia inicial en donde se definió el litigio en
los siguientes términos: «¿Es procedente declarar la nulidad del acto administrativo a través
del cual se llamó a ocupar curul a quien fue electo como concejal de un municipio porque
presuntamente celebró y ejecutó contratos con el (sic) estado en ese mismo ente territorial
durante el año previo a los comicios electorales?».
39. Se decretaron las pruebas documentales aportadas por los sujetos procesales, así
como el interrogatorio de parte del demandado, los testimonios de Nidia Susana Cortés
Peralta y Pilar del Rocío Perilla Colmenares, así como de oficio se solicitaron los
expedientes administrativos de los contratos CAS -FDS-CDPSP-073-2023-3052 del 1 de
febrero y CAS -FDS-CDPSP-344-2023-3405 del 21 de junio, ambos de 2023.
1.5. Sentencia de primera instancia
40. El 15 de octubre de 202425, el Tribunal Administrativo de Casanare, declaró probada
la excepción de falta de legitimación en la causa de la RNEC y la negó frente al Concejo
Municipal de Yopal.
41. En lo que hace al fondo del asunto, hizo referencia a que en la Resolución 134 del 9
de septiembre de 2024, se realizó el llamamiento del demandado, quien se posesionó el
14 siguiente.
15
Actuación SAMAI 61 expediente del tribunal.
16
Al indicar que la demanda estuvo acorde con los requisitos de ley.
17
Actuación SAMAI 86 expediente del tribunal.
18
Actuación SAMAI 94 expediente del tribunal.
19
Actuación SAMAI 101 expediente del tribunal.
20
Actuación SAMAI 91 expediente del tribunal.
21
Actuación SAMAI 111 expediente del tribunal.
22
Actuación SAMAI 112 expediente del tribunal. Se precisa que no se efectuó manifestación alguna sobre los cuestionamientos de
las pruebas efectuadas por el demandado y el tercero Gil Peñaranda.
23
Actuación SAMAI 114 expediente del tribunal.
24
Actuación SAMAI 126 expediente del tribunal.
25
Actuación SAMAI 157 expediente del tribunal.
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42. Al analizar los elementos de la inhabilidad endilgada al demandado, concluyó lo
siguiente:
• El objetivo: se cumple, por cuanto se celebraron contratos de prestación de servicio
entre el demandado y el Departamento de Casanare el 1 de febrero y el 21 de junio de
2023, identificados con los números 3052 y 3405 respectivamente.
• Temporal: se acreditó, en la medida en que las elecciones se realizaron el 29 de
octubre de 2023 y el término inhabilitante está comprendido desde el año anterior a esa
fecha.
• Territorial: no se encontró probado. A partir del siguiente estudio:
Contrato 3052
43. Señaló que el 1° de febrero de 2023 se celebró entre el demandado y el
Departamento de Casanare el contrato de prestación de servicios profesionales 3052,
con el objeto de «realizar acciones de inspección y vigilancia a establecimientos y/o objetos de
alto riesgo en salud ambiental de los municipios de Chámeza, Monterrey, Sabanalarga,
Tauramena y Villanueva del Departamento de Casanare».
44. En las documentales soporte de la referida relación contractual, con el ánimo de
analizar el elemento territorial de la inhabilidad, se describió el informe de ejecución de
actividades 2 del 12 de abril de 2023, en donde el demandado reportó su participación
en las mesas de movilidad departamental realizadas los días 13 y 22 de marzo del citado
año.
45. Según los elementos de juicio, se pudo constatar que el 22 de marzo de la referida
anualidad, se realizó la mesa técnica de movilidad segura en el auditorio La Ceiba de la
Secretaría de Salud del departamento y que la trascripción se realizó por la señora Nidia
Cortes y el demandado.
46. Seguidamente se refirió a las pruebas testimoniales, respecto de la exposición de la
señora Nidia Susana Cortés Peralta26, destacó que compartía las mismas
responsabilidades del demandado, como prestar ayuda a la supervisora de los contratos
(Pilar Perrilla), en las mesas de movilidad de los días 1 y 22 de marzo de 2023, sobre lo
cual advirtió que fue la declarante quien trascribió el acta de la última reunión y que el
señor Carrillo solo colaboró con la instalación de computadores y pasar diapositivas.
47. En lo que se refiere al relato de Pilar del Rocío Perilla Colmenares27, reseñó que en
su labor de supervisión del contrato del demandado, si bien se dejó constancia de la
asistencia de este a la reunión del 22 de marzo de 2023, su comparecencia se limitó a
un apoyo logístico, pero no a la ejecución del objeto contractual.
48. En cuanto a la declaración del demandado, se resaltó que no tuvo conocimiento que,
en la reunión realizada en la Secretaría de Salud departamental de Casanare, aparecía
como transcriptor junto con la señora Nidia Cortés.
49. De acuerdo con lo consignado en el informe 4 del 2 de junio de 2023, se describió
que el demandado efectuó acompañamiento en la actividad intersectorial de seguridad
vial, para el mes de mayo de 2023.
26
Profesional de apoyo en la Secretaría de Salud del departamento de Casanare.
27
Profesional universitaria, supervisora del contrato del demandado.
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50. Sobre el particular, se demostró que el 19 de mayo de 2023, se adelantó la campaña
de seguridad vial «encarrílate», en la ruta nacional 6512-PR100+300 en el municipio de
Yopal (vereda Upamena) sin constancia de asistencia. En lo que se refiere a este punto,
coincidieron los exponentes en determinar que asistió a instalar unas carpas, por lo que
esta actividad fue algo colaborativo, pero no estuvo relacionado con el cumplimento del
objeto del contrato.
Contrato 3405
51. El 21 de junio de 2023, entre las mismas partes, se suscribió el contrato de prestación
de servicios No. 3405, con el propósito de «realizar acciones de inspección y vigilancia a
establecimientos y/o objetos de alto riesgo en salud ambiental de los municipios de» Aguazul,
Maní, Nunchía y Orocué.
52. En el informe 1, se indicó que el demandado participó en la mesa de movilidad
segura del 30 de junio de 2023, en la Secretaría de Salud departamental con sede en
Yopal, sin embargo, los declarantes coincidieron en determinar que la intervención del
señor Carrillo, se limitó a efectuar una labor logística que no estaba relacionada con su
objeto contractual.
Otras pruebas analizadas
53. El 25 de julio de 2025, la directora de contabilidad del Departamento de Casanare
certificó que por concepto de impuesto de industria y comercio por el contrato 2303052
se efectuaron las deducciones en Tauramena, Monterrey, Chámeza y Villanueva, y por
el 2303405, en Aguazul, Maní, Nunchía y Orocué.
54. Conclusión: En ese sentido, estimó el juzgador de instancia que del tenor literal de
los contratos, se puede extraer que su ejecución se circunscribía a los municipios de
Chámeza, Monterrey, Sabanalarga, Tauramena, Villanueva, Aguazul, Maní, Nunchía y
Orocué. Agregó que si bien se probó que el demandado asistió a distintas reuniones en
las instalaciones de la Secretaría de Salud del departamento de Casanare, que está
ubicada en Yopal «no puede establecerse con claridad que su comparecencia a las mismas
haya acontecido en ejecución de los tantas veces mencionados contratos».
1.6. Recurso de apelación28
55. La parte demandante, el 21 de octubre de 2025, apeló la decisión de negar las
pretensiones bajo los siguientes motivos de inconformidad.
56. Existe una «indiligencia procesal», por cuanto en el acápite de competencia de la
sentencia, se consignó que el asunto se trataba de la elección de Wilmer Alonso Vega
como secretario general de la Asamblea de Casanare (acta de sesión No.082 del 28 de
noviembre de 2024), cuando lo cierto es que en este caso se analiza la nulidad del
llamamiento de Andersson Carrillo, lo que se evidencia que no había claridad sobre el
objeto de la controversia.
57. Para el accionante, si bien se juzgó el llamamiento, se identificó de manera errónea
el acto demandado, lo que vulnera el principio de congruencia.
28
Actuación SAMAI 161 expediente del tribunal.
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Demandante: Jesús Barrera Blanco
Demandado: Andersson Alonso Carrillo Pinzón,
como concejal del municipio de Yopal (Casanare), periodo 2024-2027
Radicación: 85001-23-33-000-2024-00111-01
58. Argumentó de forma abstracta que, en su criterio hubo una insuficiencia en la
descripción de los hechos, lo que generó un defecto fáctico, por cuanto el a quo, ignoró
el relato de ellos efectuado en la demanda, lo que a su vez genera el incumplimiento al
deber de motivación por cuanto no explicó la omisión de estos. Para justificar su
pedimento, hizo mención de las sentencias T-055 y la SU-371, ambas del 2021, donde
se indica qué se entiende por «defecto fáctico».
59. El demandante de manera general critica que el a quo no valoró los elementos de
juicio donde se daba cuenta de las actividades que realizó el demandado en el municipio
de Yopal, con el propósito de ejecutar sus contratos con el departamento de Casanare.
En el recurso se expone que el juzgador de instancia, otorgándole un mayor valor a los
testimonios, concluyó que las labores del señor Carrillo en la señalada capital, fueron de
colaboración o apoyo logístico, pero ignoró la prueba documental (contratos e informes
de ejecución) y la confesión de este.
60. El recurrente afirmó que en lo relativo al contrato 3052, en el hecho 23 de la demanda
hizo alusión al informe de actividades 2 del 12 de abril de 2023, donde el demandado
confesó su participación en la mesa de movilidad departamental en Yopal29 (22 de marzo
de 2023). Lo anterior, se corrobora con el acta 001, en la cual se puede apreciar el nombre
del concejal demandado como quien lo elaboró y que no fue objeto de valoración.
61. Agregó que tal hecho no puede tenerse como una simple colaboración, por cuanto la
actividad fue reportada para el cumplimiento del contrato, con el propósito de que se
pagaran sus honorarios, además aclaró que dicho informe fue avalado por la supervisora
del contrato. Para su justificación, desde la demanda aportó un pantallazo del documento,
en lo que hace al ítem de «actividades desarrolladas», en donde se puede extraer en el
último renglón, lo siguiente «participe en la mesa de movilidad departamental realizada en los
días 13 y 22 de marzo de 2023».
62. En lo relativo al contrato 3405, que aduce, se relacionó en el hecho 25 de la demanda,
refirió que en la declaración de parte y testimonio de la supervisora del contrato Pilar
Perilla, se pudo corroborar lo dicho por la prueba documental que indica que el
demandado participó en la jornada de movilidad segura del 30 de junio de 2023 en el
municipio de Yopal (corredor vial Yopal-Aguazul). Sin embargo, en el fallo de primera
instancia se dijo que su participación se limitó al armado de unas carpas y el cargue de
unos chalecos reflectivos, lo que fue considerado por el juzgador como «un simple favor».
63. Al respecto, explicó que el tribunal omitió la valoración de la prueba documental esto
es, el informe de actividades No. 1 donde reportó su participación en la referida jornada,
atribuyéndole inclusive un 16.66% de la ejecución del contrato en el periodo informado
(junio de 2023), agregó que el lugar donde se realizó la mencionada gestión era el
municipio de Yopal, toda vez que la Concesionaria Vial del Oriente así lo certificó30.
64. Precisó que se dejó de valorar la certificación «3052» allegada por la Secretaría de
Salud de Casanare donde se puede constatar que el señor Andersson Carrillo participó
en la mesa de movilidad segura como en la jornada intersectorial de seguridad vial,
actividad que se realizó un día después de las inscripciones de los candidatos a las
29
En el recurso se menciona que el demandado en el informe indicó «participe en la mesa de movilidad departamental realizada en
los días 13 y 22 de marzo de 2023»
30
Vereda Upamena- Yopal, ruta nacional 6512-PR 100+300.
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elecciones regionales, lo que en su posición de contratista hizo protagonismo político en
desigualdad con los demás aspirantes.
65. Estima que el a quo, citó jurisprudencia que indica el deber de valorar la ejecución
material y los informes del contratista para determinar el elemento territorial, pero no le
otorga ningún valor a la prueba documental, sino que dio prevalencia a los testimonios,
por lo que adoptó una decisión desconociendo la regla de estudio que el mismo se fijó.
66. En ese sentido, ignoró el efecto jurídico del aval para el pago por parte de la
supervisora del contrato, así como estudió de forma sesgada la prueba al ofrecer mayor
credibilidad al testimonio.
67. A manera conclusiva, elaboró un cuadro donde señaló las actividades contractuales
que se desarrollaron en el municipio de Yopal, el cual se resume así:
• Contrato 3052: Informe de actividades No. 1. Trascripción del Acta No.001.
Acompañamiento a la actividad inter sectorial de seguridad vial y gestión documental.
• Contrato 3405: Participación en la jornada de movilidad segura.
• Ambos contratos: confesión de parte
68. Hizo hincapié en la falta de valoración de los hechos 24, 26 y 27 de la demanda,
relativos a la gestión documental que hizo el demandado en cumplimiento de la ley de
archivo en la Secretaría de Salud que está ubicada en la ciudad de Yopal, la asistencia
técnica virtual (informe 3 contrato 3405), la cual se asume fue en el referido municipio por
ser remota y la asistencia en la mesa COTSA en el auditorio la Ceiba de la misma
vecindad.
69. Finalmente advirtió que, si se consideró que solo fue una colaboración, debió
explicarse por qué la actividad fue incluida, avalada y remunerada con los recursos
públicos derivados de un contrato con el Estado. También, si se tiene como tal
(colaboración-favor-apoyo logístico) debió el a quo dar traslado a las autoridades
competentes sobre un detrimento patrimonial por tentativa de fraude procesal o falsedad,
tanto material como ideológica, por lo reportado en las actividades contractuales que no
guardarían correspondencia con la realidad.
1.7. Auto que concedió el recurso de apelación
70. El Tribunal Administrativo de Casanare, el 29 de octubre de 2025, concedió el recurso
interpuesto.
1.8. Actuaciones en segunda instancia
71. La magistrada que funge como ponente de la presente decisión, mediante auto del
25 de noviembre de 2025, admitió el recurso de apelación y corrió traslado a las partes
para que presentaran sus alegaciones finales. Se allegaron los siguientes escritos:
72. El demandante31, insistió en la revocatoria de la sentencia de primera instancia y la
declaratoria de nulidad del llamamiento de Andersson Alonso Carrillo, con base en
argumentos similares a los planteados en el escrito de apelación.
31
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73. Por su parte, el apoderado del Concejo Municipal de Yopal32, relató que estuvo
ajustada al ordenamiento jurídico la decisión de desvincularlo del asunto, por lo que
solicitó la confirmación de esa determinación. Posteriormente allegó un memorial
complementario el 17 de diciembre de 2025, cuando la etapa de alegatos había fenecido
el 15 del mismo mes y año.
74. El demandado33 señaló que el recurrente utilizó inteligencia artificial para realizar su
escrito y sustentó la impugnación en jurisprudencia inexistente, en especial hizo énfasis
en que las sentencias T-055 y la SU-371, ambas del 2021, no mencionan lo que cita el
demandante. En cuanto el uso de las tecnologías, aseguró que debían desestimarse los
argumentos del recurso en la medida en que el 96% del escrito fue elaborado por un
software de IA, lo cual según su criterio es la forma de castigar la mala fe de su
contraparte.
75. Luego se refirió al error en que incurrió el a quo al describir la competencia lo cual
estimó no genera alguna irregularidad en la decisión que se adoptó. De igual manera
indicó que si bien, aseguró el actor que no fueron tenidos en cuenta todos los hechos de
la demanda y existió una indebida motivación de la sentencia, en el escrito de apelación
no se precisó a qué hacía referencia específicamente, por lo que a su juicio tales
circunstancias se tratan de afirmaciones indefinidas.
76. En lo que atañe al informe No. 2 del contrato 3052, negó que haya una confesión del
demandado, pues de su declaración de parte solamente se puede extraer que asistió a
la reunión del 22 de marzo de 2023, con el fin de brindar un apoyo a la supervisora
conectando el computador al proyector, por lo que no puede tenerse como parte de la
ejecución del contrato; información que fue ratificada en la exposición de la supervisora
Pilar Perilla y Nidia Cortes Peralta. Sobre este aspecto estimó que las labores de apoyo
y colaboración no tienen relación con el objeto del contrato y las actividades de este.
77. Explicó que de los informes se puede advertir que el demandado por la actividad 6 -
no recibió remuneración alguna, en la medida en que, su porcentaje de ejecución, a
diferencia de las otras que eran variables, se dividió en fracciones iguales de 25%, en los
4 meses de la duración del contrato, lo que denota que no realizó ninguna actuación en
procura de su materialización. Explicó que, por ejemplo, en los informes 1 y 3 para ese
ítem, se relacionó «no se requirió apoyo en las otras actividades del objeto contractual, sin
embargo estuvo disponible». Lo que se corrobora en las manifestaciones de la señora Pilar
Perilla. Refirió que esta actividad nació en la pandemia cuando debían justificar el pago
de los contratistas, aunque no se ejecutaran las obligaciones normales del objeto
contractual.
78. Seguidamente explicó que no realizó ninguna actividad para ejecutar su contrato en
Yopal, toda vez que en la descripción de la necesidad se indicó que estaba previsto para
temas sanitarios, de municipios de 4, 5 y 6 categoría, y no para los de 1, 2 y 3, últimos
dentro de las cuales se encuentra la capital del departamento del Casanare.
79. En lo que respecta al contrato 3405, específicamente, a la participación del
demandado en la campaña de movilidad segura en la vía Yopal – Aguazul, refirió que del
testimonio de la supervisora del contrato se desvirtuó la participación del demandado,
32
Índice 10 de Samai.
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toda vez que aseguró que la jornada fue organizada por la Policía Nacional a quien le
corresponde adelantar dichos eventos en las vías nacionales. De igual forma, afirmó que
la labor del demandado se limitó al apoyo en armar carpas, algo que no se relaciona con
la ejecución de su contrato.
80. Advirtió que la actividad 8, en el marco del contrato 3405, no es constitutiva de
remuneración, muestra de ello es que el porcentaje aumenta en fracciones iguales del
16,66 durante los 6 meses de ejecución del contrato, y se puede evidenciar de los
informes 2, 4 y 5 que el demandado consignó que «no se requirió apoyo, sin embargo estuve
disponible». En ese sentido señaló que en el presente caso no hubo confesión.
81. Para defenderse de la importancia del aval para los pagos, o la aprobación por parte
del supervisor (a) del contrato, afirmó que la Secretaría de Hacienda realizó los
descuentos producto de la ejecución y el pago de los emolumentos (impuesto de industria
y comercio) a que había lugar, en cada una de las entidades territoriales donde se
desarrollaron estos.
82. Recordó que en la contestación de la demanda, en los índices 30 y 31 del expediente
se allegaron todas las actividades que se ejecutaron en los contratos que se analizan. A
su vez, en los registros 132, 133, y 141, la Gobernación de Casanare, presentó todos los
documentos de los expedientes contractuales, de los cuales se deriva que ninguna
obligación se ejecutó en Yopal.
83. Hizo lo mismo, con los informes de pago del impuesto de industria y comercio (índices
SAMAI 144 y 145), para afirmar que se direccionaron a los municipios donde desarrolló
el contrato, en los que no figura Yopal.
84. Solicitó la aplicación de la sentencia del 17 de octubre de 2024, con ponencia del
magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, en la medida en que se dispuso que para el estudio
del elemento territorial de la inhabilidad por celebración de contratos, debe tenerse en
cuenta que la norma se circunscribe al lugar donde debía ejecutarse o cumplirse el
contrato y no más allá, lo que permite reforzar que no se encontraba incluida la ciudad
de Yopal.
85. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
86. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de
primera instancia, en atención a lo dispuesto en los artículos 15034 y 152.7.a)35 de la Ley
1437 del 2011, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de
34
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio
de impugnación.
35
«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia (…) 7. De los siguientes asuntos relativos
a la nulidad electoral: (…) a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados
de las asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y distritales, de los
miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos, (…)»
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2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de
la misma Corporación.
2.2. Cuestión previa
87. Previo a decidir lo que en derecho corresponde, sobre el asunto objeto de
controversia, se recuerda que respecto al contrato «3052» se reprochó que el
demandado asistió a la mesa de movilidad segura del 30 de junio de 2023 y que la
actividad que se realizó un día después de las inscripciones de los candidatos a las
elecciones regionales, lo que en su posición de contratista hizo protagonismo político en
desigualdad con los demás aspirantes.
88. La Sala estima que no estudiará tal argumento, por cuanto solo en alegatos de
primera instancia36 y en el escrito de apelación, el apelante relató el presunto
protagonismo político por su condición de contratista y desigualdad con los demás
aspirantes, no obstante ello, se precisa que la cuestión litigiosa se limitó al estudio de la
materialización de la inhabilidad de celebración de contratos, dejando de lado el análisis
que extraña la parte actora y en ese sentido se dictó sentencia, por lo que cualquier
aspecto nuevo que se pretenda incluir para ser estudiado vía de la presente impugnación,
resulta improcedente al desconocer el mandato adjetivo consagrado en el artículo 320
del Código General del Proceso37.
89. Para finalizar, el análisis se aleja de la verificación de la inhabilidad que nos ocupa,
pues en este caso nada importa si el demandado tuvo la intención de generar en los
ciudadanos la falsa idea de una posición privilegiada por ser contratista del Departamento
de Casanare, por cuanto la causal de inelegibilidad por celebración de contratos38 cuenta
con unos elementos que son de verificación objetiva, esto es el (i) temporal; (ii) espacial o
geográfico; (iii) material u objetivo, y; (iv) subjetivo, los cuales se dilucidan a partir de los
contratos y todos los documentos que hacen posible su suscripción, denotando
importancia el objeto y lugar de ejecución de estos, por lo que no puede el operador
judicial extender la inhabilidad a cuestiones no comprendidas en la norma dado que las
mismas son de interpretación restrictiva39. Así las cosas, frente a este aspecto no habrá
pronunciamiento alguno.
2.3. Problema jurídico
90. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare el 15 de octubre de 2025, mediante
la cual se negó la nulidad de llamamiento del señor Andersson Alonso Carrillo Pinzón
como concejal del municipio de Yopal (Casanare), para el resto del periodo constitucional
2024-2027, para lo cual se deberá resolver el siguiente interrogante:
36
Aspecto que no fue materia de análisis en la sentencia de primer grado.
37
ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la
decisión.
38
Artículo 43.3 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 40.3 de la Ley 617 de 2000: «3. Quien dentro del año anterior a la
elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de
contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban
ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante
legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o
de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito. (…)»
39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 22 de octubre de 2009, M.P: Susana
Buitrago Valencia, Radicado No. 73001-23-31-000-2008-00052-03.
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¿Se configura el elemento territorial de la inhabilidad por la celebración de contratos
prevista en el artículo 43.340 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 40.3 de
la Ley 617 de 2000, esto es, lo referente al lugar en que debían ejecutarse los contratos
de prestación de servicios 3052 y 3405 de 2023 celebrados entre el demandado y el
departamento de Casanare?. para ello, se verificará si el a quo incurrió en una
supuesta indebida valoración probatoria de los elementos suasorios que así lo
demuestran.
2.3.1. Sobre el asunto a decidir
91. De acuerdo con el problema jurídico planteado, para la Sala resulta claro que esta
controversia gira en torno al presupuesto geográfico o territorial de la inhabilidad alegada,
esencialmente por cuanto en la sentencia de primera instancia quedaron demostrados
los demás elementos de la causal de inelegibilidad.
92. En particular, se destaca que la parte demandante manifestó que el citado elemento
se acreditó en el presente caso, por cuanto el señor Carrillo ejecutó los contratos que
suscribió con el Departamento de Casanare en el Municipio de Yopal; por su parte el
extremo demandado, en contraposición afirmó que no realizó ninguna actividad en la
citada territorialidad, sino en los lugares en donde se pactó debían efectuarse sus
obligaciones, esto es Chameza; Monterrey, Sabanalarga, Tauramena, Villanueva (3052),
Aguazul, Mani, Nunchia y Orocue (3405).
93. Para resolver el cuestionamiento planteado, la Sala abordará los siguientes tópicos:
(i) el marco general del régimen de inhabilidades para los cargos de elección popular; (ii)
la norma que consagra la causal de inhabilidad invocada y; (iii) el caso concreto.
2.4. Marco general del régimen de inhabilidades para los cargos de elección
popular41
94. Buena parte del principio democrático descansa en las garantías que tienen los
ciudadanos de participar en la vida social, económica y política del país, como acceder a
los cargos de elección popular en condiciones de igualdad y transparencia, según lo
disponen los artículos 2 y 40 de la Carta Política. El derecho a la participación política,
específicamente, ha sido erigido como derecho fundamental, tal como se desprende de
varios pronunciamientos de la Corte Constitucional. En tal sentido, ha expresado este
alto tribunal:
«Los derechos políticos de participación, consagrados en el artículo 40 de la Carta, y dentro
de los cuales se encuentra el de "elegir y ser elegido", hacen parte de los derechos
fundamentales de la persona humana. Los derechos de participación en la dirección política
de la sociedad constituyen una esfera indispensable para la autodeterminación de la persona,
el aseguramiento de la convivencia pacífica y la consecución de un orden justo»42
95. El derecho político de elegir y ser elegido puede ser limitado para proteger el interés
general y rodear de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el acceso de las
40
«Artículo 43. Inhabilidades. <Artículo modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> No
podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital: (…)
3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal
o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los
contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido
representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos
domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito. (…)»
41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 6 de mayo de 2021, M.P: Luis Alberto Álvarez Parra,
Radicado 52001-23-33-000-2020-00013-01.
42
Sentencia T-045 de 1993. Magistrado ponente: Jaime Sanín Greiffenstein.
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personas a la función pública43. Dentro de estas limitaciones se encuentra el régimen de
inhabilidades, como restricciones que tienen como finalidad «garantizar que a los cargos
de elección popular se presenten personas probas y carentes de antecedentes negativos
en punto a su idoneidad y honorabilidad, y que no ostenten condiciones de privilegio por
cuenta de vinculaciones con el Estado que desequilibren la contienda electoral»44.
96. Siguiendo el mismo derrotero, la Sección Quinta de la corporación ha señalado que
el objetivo primordial de las inhabilidades consiste en «lograr la moralización, idoneidad,
probidad, imparcialidad y eficacia de la labor de quienes van a ingresar o ya están
desempeñando empleos públicos, garantizando de esta forma la prevalencia de los
intereses generales de la comunidad sobre los personales del aspirante» 45. Así mismo,
en la realización del principio democrático46 esta Sala ha reconocido que estos regímenes
tienen como finalidad «prevenir afrentas contra las condiciones normales en las que se
deben desarrollar los procesos electorales, producto de las situaciones personales de los
aspirantes»47. También, ha indicado la jurisprudencia:
(…) con las inhabilidades se persigue que quienes aspiran a acceder a la función pública, para
realizar actividades vinculadas a los intereses públicos o sociales de la comunidad, posean
ciertas cualidades o condiciones que aseguren la gestión de dichos intereses con arreglo a los
criterios de igualdad, eficiencia, moralidad e imparcialidad que informan el buen servicio y
antepongan los intereses personales a los generales de la comunidad.
Igualmente, como garantía del recto ejercicio de la función pública se prevén
incompatibilidades para los servidores públicos, que buscan, por razones de eficiencia y
moralidad administrativa que no se acumulen funciones, actividades, facultades o cargos48.
97. Por lo tanto, los regímenes de inhabilidades se relacionan con hipótesis, situaciones
o condiciones prohibitivas para el ciudadano que aspira a ser candidato49, que unas veces
atañen a antecedentes que lo descalifican, como la condena a pena privativa de la
libertad, y otras motivadas por el equilibrio que debe guiar la contienda política, como las
que tienen que ver con el ejercicio de autoridad o la celebración de contratos por parte
del candidato antes de las elecciones, que otorgan ventaja y alteran el ejercicio
democrático.
2.5. Norma que consagra la causal de inhabilidad invocada
98. En virtud del cometido previamente expuesto del régimen de inhabilidades
electorales, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 617 de 2000, dispuso para los
concejales la siguiente causal:
ARTÍCULO 40. DE LAS INHABILIDADES DE LOS CONCEJALES. El artículo 43 de la Ley
136 de 1994 quedará así:
Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal
o distrital:
43
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 14 de octubre de 2020, Rad. 2020-00061.
44
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 30 de noviembre de 2010, Rad. 2008-00087-03(IJ).
45
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de enero de 2021, Rad. 2019-00588.
46
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de julio de 2009, Rad. 2007-00966-02.
47
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de diciembre de 2020, Rad. 2020-00016
48
C-564/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
49
De acuerdo con la Corte Constitucional, “la inhabilidad en sentido jurídico estricto es una circunstancia fáctica cuya verificación le
impide al individuo acceder a determinados cargos públicos” (Sentencia C-037 de 2018). También en términos prácticos, la Sección
Quinta del Consejo de Estado ha definido las causales de inhabilidad como todas aquellas condiciones expresas en normas que
definen quiénes pueden ocupar un cargo (Sentencia de 13 de agosto de 2020, Rad. 2019-00926).
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(…) 3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios
ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con
entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los
contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito... (Se
destaca)
99. Acorde a lo anterior, de este tipo normativo se desprenden tres situaciones
diferenciadas, las cuales, a su vez, consagran hipótesis que constituyen inhabilidades
autónomas o independientes, así: i) aquella relativa a la intervención en la gestión de
negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital, ii) la relacionada con la
celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel que deban
ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito, y iii) la referida a haberse
desempeñado como representante legal de entidades que administren tributos, tasas o
contribuciones, o de entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad
social de salud en el régimen subsidiado.
100. Comoquiera que el problema planteado tiene que ver con una de las situaciones
descritas en la norma invocada, esto es, haber celebrado contratos en el año anterior a
las elecciones, a ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito, en interés
propio o de terceros, procede la Sala, seguidamente, a estudiar los elementos de la
referida inhabilidad, previo a decidir el caso concreto.
101. Es abundante la jurisprudencia de la Corporación sobre la inhabilidad por
celebración de contratos encaminada a preservar la igualdad entre los candidatos que
participan en una contienda electoral, en relación con el supuesto de existir un vínculo
contractual, jurídicamente relevante con el Estado, potencialmente ventajoso, y que sin
duda genera un desequilibrio para acceder a los cargos de elección popular. La Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo ha manifestado lo siguiente al respecto:
«Este supuesto de inhabilidad busca prevenir asimetrías de poder en dos ámbitos que se rigen
por estrictas reglas de igualdad. De un lado, previene desequilibrios en la contienda electoral
que puedan derivarse de los beneficios que obtenga el candidato, con ocasión de sus
gestiones o contratos con la Administración. De otro lado, previene asimetrías y prácticas
corruptas en los procesos de contratación, que pueden tener lugar si un candidato aprovecha
su posición para tomar ventaja sobre la entidad pública o sobre otros proponentes»50.
102. En punto a la celebración de contratos, la Sección Quinta ha discurrido sobre su
finalidad en los siguientes términos:
[l]a inhabilidad por celebración de contratos tiene una clara finalidad constitucional –de hecho,
todas la tienen–, tendiente a proteger la moralidad e imparcialidad del proceso electoral y del
cargo al que se aspira, pues, de un lado, “busca evitar una confusión entre intereses públicos
y privados”, ya que, “quien ha intervenido en nombre propio o de terceros en la celebración de
un contrato con la administración, en principio defiende los intereses particulares frente a los
intereses del Estado”; y del otro, “obstaculiza el aprovechamiento de recursos públicos para
desfigurar los procesos electorales51.
103. Así mismo, como factores configurativos de la causal, la Sala ha identificado los
siguientes: (i) un elemento temporal, previsto en la norma, según el cual, el contrato ha
debido celebrarse un año antes del certamen electoral; (ii) un elemento espacial o
geográfico que lo constituye el lugar donde se ejecutó o ha debido cumplirse el contrato,
esto es, el mismo municipio o distrito en que el candidato aspira a ser concejal; (iii) un
50
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de octubre de 2019, Rad. 2018-02417.
51
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 13 de agosto de 2020, Rad. 2019-00926.
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Demandante: Jesús Barrera Blanco
Demandado: Andersson Alonso Carrillo Pinzón,
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Radicación: 85001-23-33-000-2024-00111-01
elemento material u objetivo, consistente en la conducta de suscripción o celebración
del contrato y; (iv) un elemento subjetivo, relacionado con el interés propio o de terceros
que persigue la celebración del contrato estatal52.
104. En lo que atañe puntualmente al elemento material, existe coincidencia al interior
de la Sección en cuanto a que los actos de ejecución y liquidación de los contratos no
configuran la causal de celebración de contratos, dado que estas actividades se ubican
por fuera de los supuestos que contemplan las respectivas normas, es decir, con
posterioridad a su celebración53.
105. Sumado a lo anterior, en punto al elemento subjetivo, se ha reconocido la
posibilidad de que la celebración de contratos ocurra de forma directa o indirecta, en este
último caso, para que queden comprendidos terceros que no lo suscriben, pero frente a
quienes logra probarse la intervención en la contratación en virtud de una simulación, por
interpuesta persona, por delegación, designación o representación54.
106. Finalmente, para que se configure esta causal de inhabilidad, es necesaria la
concurrencia de todos y cada uno de sus elementos definitorios.
2.6. Caso concreto55
2.6.1 Ejecución de los contratos en el Municipio de Yopal
2.6.1.1. Contrato de prestación de servicios 3052 suscrito por el demandado el 1º
de febrero de 2023
107. El recurrente concretó su reproche en que el a quo, le otorgó mayor valor a la
prueba testimonial y a la declaración de parte del demandado que a las documentales
(contratos e informes) que dan cuenta de que los acuerdos de voluntades se ejecutaron
en el Municipio de Yopal, como lo señala el informe de ejecución 2 del 12 de abril de
2023, en el que se advierte que el demandado admitió su participación en la mesa de
movilidad departamental celebrada en la citada territorialidad el 22 de marzo de 202356,
lo que se puede corroborar con el acta de reunión de ese día, donde se encuentra
consignado el nombre del señor Andersson Carrillo, quien fungió como persona
encargada de su elaboración.
108. En el informe 4 se registró que participó en la actividad intersectorial de seguridad
vial, en la vereda Upamena del Municipio de Yopal, así como la realización de un archivo
documental en la sede de la secretaría que queda en la referida territorialidad.
52
Ver, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de enero de 2021, Rad. 2020-00013; sentencia de
3 de septiembre de 2020, Rad. 2020-00010; sentencia de 11 de abril de 2019, Rad. 2018-00080.
53
Ver, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sala 13 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia de 16 de octubre
de 2020, Rad. 2020-03518. Sección Quinta, sentencia de 13 de agosto de 2020, Rad. 2019-00926; sentencia de 31 de julio de 2009,
Rad. 2007-00966-02.
54
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de octubre de 2019, Rad. 2018-02417. Sala
Primera Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia de 19 de febrero de 2019, Rad. 2018-02417. Sala 13 Especial de
Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia de 16 de octubre de 2020, Rad. 2020-03518.
55
Se precisa que en caso de llamamiento las inhabilidades se analizan al momento en que se realiza la elección, sobre el particular
se ha mencionada: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 5 de junio de 2025, rad.
68001-23-33-000-2023-00408-01. M.P. Gloria María Gómez Montoya.«(…) al momento de efectuar el llamamiento para ocupar una
curul vacante en una corporación pública, es determinar, por un lado, un elemento objetivo, que deriva de la determinación del apoyo
popular obtenido en el marco de un proceso eleccionario determinado, y por el otro, un aspecto subjetivo, que busca por garantizar
que la persona beneficiaria de esa decisión, en efecto, milite en la organización política que tiene el derecho a dicho espacio de
representación (…)»
56
Si bien el informe se alude a una actividad del 13 de marzo, lo cierto es que el demandante centró su reproche en la del 22, sobre
la cual también edificó el cargo y los elementos de juicio que obran en el expediente.
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Demandante: Jesús Barrera Blanco
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109. El juzgador de instancia valiéndose de las declaraciones consideró que se trató de
una labor de apoyo, que no fue con el propósito de ejecutar el negocio jurídico, aspecto
que para el recurrente dista de la realidad en la medida en que fue reportado como
actividad para el cumplimiento contractual.
110. Para atender el cuestionamiento del demandante, es pertinente aludir a los
elementos de juicio que se encuentran en el expediente, esto es los estudios previos que
son del 27 de enero de 2023, donde se observan algunos aspectos relevantes:
ESTUDIOS PREVIOS CONTRATO 3052 DEL 1 DE FEBRERO DE 2023
Producto del objeto «1. 100 visitas de IVC a establecimientos y/o objetos de interés sanitario de alto riesgo en salud
a contratar ambiental como: establecimientos educativos, establecimientos de atención al adulto mayor, centros de
desarrollo infantil, internados, establecimientos de espectáculo y diversión Pública, centros de reclusión,
establecimientos cuartelarios, industriales entre otros de los municipios de Chámeza, Monterrey,
Sabanalarga, Tauramena y Villanueva del departamento de Casanare. 2. Un informe de los
establecimientos y/o objetos de interesa (sic) sanitario de alto riesgo en salud ambiental de los
municipios de Chámeza, Monterrey, Sabanalarga, Tauramena y Villanueva del departamento de
Casanare. 3. Un censo sanitario actualizado de los establecimientos de alto riesgo de los municipios de
Chámeza, Monterrey, Sabanalarga, Tauramena y Villanueva». Descripción de la «La Ley 9 de 1979, en el capítulo IV, establece las normas sanitarias para la prevención y control de los
necesidad: agentes biológicos, físicos o químicos que alteran las características del ambiente de las edificaciones
hasta hacerlo peligroso para la salud humana; es así que en el artículo 155 de la mencionada ley, para
los efectos del saneamiento de las edificaciones, estas son clasificadas en nueve grupos, así: viviendas
permanentes; establecimientos de vivienda transitoria; establecimientos educativos y cuartelarios;
establecimientos de espectáculo público; establecimiento de diversión pública; establecimientos
industriales; establecimientos comerciales; establecimientos carcelarios; establecimientos hospitalarios
y similares. De otra parte, la resolución 1229 de 2013 establece los macroprocesos misionales de
fiscalización sanitaria y control de los sujetos de interés sanitaria y aseguramiento de las cadenas
productivas los cuales contemplan 1. La inspección, vigilancia y control de los sujetos de interés
sanitario. 2. Promoción de buenas prácticas, fomento de la conciencia sanitaria en la ciudadanía y
autorregulación de actores, en los municipios de Chámeza, Monterrey, Sabanalarga, Tauramena y
Villanueva del departamento de Casanare, se cuenta en el censo sanitario con más de 300
establecimientos de alto riesgo como: establecimientos educativos, establecimientos de atención al
adulto mayor, centros de desarrollo infantil, internados, establecimientos de espectáculos y diversión
pública, establecimientos cuartelarios, establecimientos carcelarios, establecimientos industriales, entre
otros. Como quiera que en la planta de personal de la secretaria de salud adscrita a la administración
departamental no dispone de personal profesional suficientes que garantice el cumplimiento de las
funciones definidas para la entidad territorial departamental en salud conforme los parámetros definidos
en la norma sanitaria y en el artículo 43 de la Ley 715 de 2001 y específicamente las relacionadas en
el numeral 43.3.8 que establece para los departamentos, ejecutar las acciones de inspección , vigilancia
y control de factores de riesgos del ambiente que afectan las salud humana, y del control de vectores y
zoonosis de competencia del sector salud, en coordinación con las autoridades ambientales en los
municipios de categoría 4, 5 y 6 (….)». Actividades a «1. Realizar 200 acciones de inspección y vigilancia a establecimiento y/o objetos de alto riesgo en
desarrollar para el salud ambiental tales como: establecimientos educativos, establecimientos de atención al adulto mayor,
logro del objeto a centros de desarrollo infantil, internados, establecimientos de espectáculo y diversión pública, centros
contratar: de reclusión, establecimientos cuartelarios, industriales entre otros de los municipios de Chámeza,
Monterrey, Sabanalarga, Tauramena y Villanueva del departamento de Casanare. 2.
Registrar en el
censo sanitario la actualización de información con los datos recolectados en las visitas de inspección
y Vigilancia de los municipios de Chámeza, Monterrey, Sabanalarga, Tauramena y Villanueva. 3. Realizar la inscripción de los establecimientos que al momento de la visita aún no se encuentren en la
base de datos del censo sanitario de los municipios de Chámeza, Monterrey, Sabanalarga,
Tauramena y Villanueva. 4. Realizar asistencia técnica virtual o presencial a los funcionarios a mínimo
20 establecimientos en la elaboración e implementación de planes de saneamiento. (sic) 6. Realizar
informe de seguimiento a los administradores municipales de los establecimientos vigilados. 7. Las
demás actividades relacionadas con el objeto contractual y asignadas por el supervisor del
contrato». Lugar de ejecución «área urbana y rural de los municipios de Chameza; monterrey, Sabanalarga, Tauramena y
Villanueva del departamento de Casanare».
111. El contrato 3052 del 1º de febrero de 2023, el cual suscribió el demandado con el
Departamento de Casanare (Secretaría de Salud) del que se observan las siguientes
particularidades:
CONTRATO 3052 DEL 1 DE FEBRERO DE 2023
Objeto «realizar acciones de inspección y vigilancia a establecimientos y/objetos de alto riesgo de salud
ambiental de los municipios de Chámeza, Monterrey, Sabanalarga, Tauramena y Villanueva del
departamento de Casanare».
Obligaciones se encuentran las descritas en los estudios previos antes referidos, principalmente la realización de 100
acciones de inspección y vigilancia en los establecimiento y objetos antes referidos, entre los cuales se
destacan «de atención de adulto mayor, centros de desarrollo infantil, internados, establecimiento de
espectáculos (…)», en los lugares señalados en el objeto.
Además, se encuentra, «7. Las demás actividades relacionadas con el objeto contractual y asignadas por el
supervisor del contrato».
Duración 4 meses
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Forma de 4 mensualidades, «previa presentación del informe por parte del contratista (…) el contratista deberá anexar a
pago: su información un CD con los soportes que evidencie el cumplimiento porcentual de las actividades a cobrar
mensualmente»
112. En relación con el acuerdo de voluntades que se viene relatando, existen en el
plenario: el «informe parcial de actividades No. 2 del CONTRATO DE PRESTANCIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES NO. 3052 (…)», así como el 4, los cuales fueron suscritos
por el demandado y la señora Pilar del Rocío Perilla Colmenares como supervisora de
este, donde consta que se verificaron las actividades relacionadas en el documento, en
el ítem «E» que se denomina «ACTIVIDADES DESARROLLADAS». En dichos documentos
se consignó lo siguiente:
Informe 2
Informe 4
113. Igualmente, reposa un archivo Excel que se denomina «PLANTILLA PARA
AGREGAR INFORME DE ACTIVIDADES. EN LA PRIMERA COLUMNA CONSECUTIVO, EN LA
SEGUNDA COLUMNA DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO, EN LA TERCERA COLUMNA
PORCENTAJE EJECUTADO, EN LA CUARTA COLUMNA LA ACTIVIDAD REFRENCIADA»
donde se corrobora la citada información:
ÍTEM DESCRIPCIÓN REALIZADO PORCENTAJE ACTIVIDAD REFERENCIADA
6 Participe en la mesa de movilidad departamental realizada en los 50.00 7
días 13 y 22 de marzo de 2023
114. Por su parte, se encuentra el documento denominado «Primera Mesa Técnica de
Movilidad Segura (marzo 22 de 2023) ACTA No 001», en este se consignan, entre otros,
los siguientes datos:
• Fecha: «Yopal, 22 de marzo de 2023»
• Lugar: Sala de análisis de riesgo secretaria de salud departamental
• Asistentes: «(...)Secretaría departamental de salud (…)»
• «DESARROLLO: 1. Saludo por parte de la secretaría de salud. La ingeniera Pilar Perilla
– secretaria de salud, da un saludo (…)»
• De las misma se fijaron los siguientes compromisos: «crear un perfil digital de la mesa de
movilidad; hablar con los diferentes medios de comunicación y oficina de prensa para la
divulgación; solicitar apoyo a algunas instituciones y a la secretaría de educación para la
gestión mediante las universidades y colegios del concurso para el diseño de la mascota,
logo y perfil digital; identificar los puntos de mayor accidentalidad en los municipios a
intervenir y realizar acciones y medidas de prevención como iluminación, señalización y
oficial a quien tenga las competencias y; gestionar la vinculación de artistas de la cultura
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llanera como el Cholo Valderrama o Walter Silva para la implementación de un jingle o
canción de promoción e invite a la prevención de accidentes.
• Al finalizar, se observa una nota que indica lo siguiente:
• Un anexo de lista de asistencia, en la que el demandante sostiene que en la casilla
número 9 aparece la firma del demandado:
• La certificación del 15 de julio de 2025 en donde la Secretaría de Salud de
Casanare indica que «en el marco de la actividad, “las demás actividades relacionadas
con el objeto contractual, y asignadas por el supervisor del contrato” realizó acciones de
apoyo logístico para el desarrollo de la mesa de Movilidad Segura (relacionada en informe
2) y la Jornada Intersectorial de Seguridad Vial, en el Corredor vial Yopal-Aguazul (informe
4)».
115. En atención a lo anterior, se tiene en este caso que el 30 de julio de 2025, se llevó
a cabo la audiencia de pruebas en la que se escuchó el interrogatorio de parte del
demandado, se recibieron las declaraciones de Nidia Cortez Peralta (contratista) y Pilar
Perilla en calidad de supervisora, de las cuales resulta relevante destacar los siguientes
apartes:
EL DEMANDADO
Demandante: ¿para la presentación de los informes de cada actividad presentaba una evidencia?.
(00:27:00)
Demandado: cada actividad cuenta con su soporte, siempre y cuando pertenezcan al objeto contractual. Demandante: con base en esa evidencia ¿usted realizaba el cobro de los honorarios?. Demandado: se presenta un informe, hay unos soportes que es el expediente físico (…) cada actividad tenía su acta. Demandante: ¿los informes que usted realizaba quien se los revisaba?
Demandado: tenía una supervisora inmediata y esa la ingeniera Pilar Perilla, revisaba o contrastaba los soportes con el informe
Demandante: en relación con las jornadas intersectoriales de seguridad vial que se indican. ¿Qué hizo usted en esa actividad? (…)
(00:34:00)
Demandado: el día 21 presente los informes para cobrar y ese día la ingeniera Pilar, mi jefe inmediata, me pidió que le ayudara a
instalar unos computadores y video Beam, pues ella no tiene conocimiento, entre a una reunión (…) simplemente conecte
los computadores al video Beam y le ayude a pasar diapositivas, esa fue mi participación (…). Demandante: El informe número 2 presentado el 12 de abril del 2023. Dice, número siete, las demás actividades relacionadas con el
(00:36:01) objeto contractual asignadas por el supervisor del contrato. E, actividades desarrolladas. Dice, participe en la mesa de
movilidad departamental realizada los días 13 y 21 de marzo del 2023. Porcentaje de ejecución, 50%. Referencia, me
imagino, dice siete, que sería ese. ¿Sí? Entonces, ¿Me puede explicar esa cuestión?
Demandado: Lo que manifiesta que dice 50% es simplemente como esas actividades no pertenecen o son actividades, si no se hace,
(00:37:17) si usted mira los informes anteriores, cuando no se hace igual tiene que aumentar porcentaje, más no significa que sea
de lo que yo ejecuto. Entonces eso es simplemente uno estar disponible para temas de apoyo. A veces dicen, venga, que
toca de pronto ayudar a armar algo así de rapidez y uno está pues eso va aumentando pero esa actividad se creó con
una connotación especial dentro del tema de salud pública porque estamos en contrato de salud pública y eso
tiene que ver con el hecho de que en el marco de la pandemia se dejó un rubro, una actividad más bien
denominada para que en caso de una situación grave pues uno pudiera llegar y a través de esa actividad y como
no están dentro del contrato poder ejecutar otro tipo de acciones Para eso se creó ese ítem y las otras actividades. Porque en el marco de la pandemia, hace muchos años, recuerdo yo en Salud Pública, los temas con los chigüiros
en Paz de Ariporo. Entonces, cuando pasan situaciones y uno no tiene las actividades dentro del contrato, pues
se necesitaba crear una figura que le permitiera a uno poder ir a hacer otras actividades distintas a las que fueron
contratadas. Pero en este caso, lo que Sumerce me manifiesta, mi actividad solamente se refirió a ayudar a armar unos
computadores, armar, como conectar. De hecho, porque creo que la ingeniera, ya recuerdo, el computador de ella no tenía para HDMI. Y esa fue mi participación,
ayudarle a ella en ese tema, como un apoyo logístico. Me dijo, venga, ingrese, ayúdeme acá rápido, en su forma de hablar. Demandante: En otra de las pruebas de la primera mesa técnica de movilidad, acta 001. que se realizó en la sala de análisis de riesgos
(00:39:28) secretaria de salud departamental en esa actividad y en esa acta usted está o aparece su nombre como transcriptor junto
con Nidia Cortez, Andersson Carrillo profesionales de apoyo que la actividad realiza. Demandado: Yo no hice esa acta que Sumerce está manifestando. ¿Sí? Mi actividad, vuelvo y le reitero, yo solamente me limité a
armar unos computadores por un favor que me pidieron como de apoyo. La ingeniera tiene alrededor de 15 o tenía en
ese momento alrededor de 15 contratistas. Casi todos son mujeres, yo era el único hombre, iba pasando y me pidió que
ingresara.
Pues yo no hice esa acta, doctor, y no aparece mi firma porque si no yo la reconocería, pero hasta la fecha yo
la vine a conocer. Cuando la juntaron a la demanda yo dije yo no hice eso. Ni está en mi expediente, puedo dar fe y pues
acá está juramentado. Si de pronto pidieron el expediente, yo estoy seguro que eso no aparece porque yo nunca la realicé.
NIDIA SUSANA CORTEZ PERALTA
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Demandante: Jesús Barrera Blanco
Demandado: Andersson Alonso Carrillo Pinzón,
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Magistrada: ¿Ustedes no tenían nada que venir a hacer en Yopal? ¿Aquí no hicieron reuniones? ¿No expidieron, o sea, lo citaron a
(00:49:25) alguna reunión?
Nidia: No, señora. Nosotros hacemos las actividades en los municipios y lo único que venimos es a entregar las cuentas porque
la sede de la Secretaría de Salud queda aquí en el municipio de Yopal.
Magistrada: ¿Usted solicitó a, bueno, usted sabe si el demandado acudió a alguna reunión o alguna mesa de trabajo citada en las
instalaciones del departamento de Casanare?
Nidia: Nosotros como profesional de apoyo colaboramos cuando nuestro jefe de inmediata nos solicita colaboración, pero pues
son actividades no contratadas, nosotros prestamos el servicio, hacer logística, acompañarnos en alguna reunión. pero
no están dentro de nuestro objeto contractual.
Magistrada: ¿Usted recuerda alguna a la que haya asistido el señor Anderson?
(00:50:24)
Nidia: Sí, la una de marzo, el 13 y el 22 de marzo asistimos
Magistrada: ¿Y en qué consistió?
Nidia: Esa era una mesa que estaban realizando y de movilidad. Nosotros fuimos a hacerle logística a la jefe, que nos pidió el
favor, la manera de favor
Magistrada: ¿Usted sabe si el señor Anderson participó en alguna...? actividad de acompañamiento en lo que tenía que ver con la
actividad intersectorial vial.
Nidia: Si se refiere a la reunión, asistió en carácter de colaboración, colaborándole a la jefe y ayudó a instalar el computador.
Magistrada: ¿Usted sabe o le consta si el señor Anderson asistió a la jornada de movilidad segura realizada el 30 de junio de 2023?
Y en caso afirmativo, ¿cuál fue su labor o su actividad, la actividad que prestó en esa?
Nidia: Él asistió en calidad de colaborador porque nos pidieron el favor a los hombres de ir a ayudar a armar carpas. Como bien
sabe, la Secretaría a veces no tiene personal suficiente y la mayoría somos femeninos, entonces siempre tiene el favor
de asistir a armar, a hacer la parte logística. Colabóreme en ir a armar unas carpas. Conozco que él asistió a hacer eso.
Demandante: (…) dentro de esa acta hay una lista de asistencia, ahí se encuentra la firma del señor Carrillo, usted nos puede decir si
el asistió a esa mesa de movilidad.
Nidia: él asistió en clase de colaborador, porque la jefe le pidió el favor a él, que le ayudara a colocar el computador, porque ella
era quién dirigía la presentación y no tenía espacio para estar dirigiéndolo y estar pasando diapositivas e instalar el
computador»
PILAR PERILLA
Magistrada: usted que rol tenía en ese contrato. Pilar: realizar la supervisión y seguimiento a la ejecución de las actividades. Magistrada: ¿Eso quiere decir, dígale a la audiencia cómo es cierto, sí o no, que el contrato no se ejecutó en el municipio de Yopal?
(01:05:47)
Pilar: No se ejecutó en el municipio de Yopal
Magistrada: Y si usted señala eso porque en un acta que aparece en el proceso documental. Se dice o se expresa que el señor
Anderson asistió. Él no la firma, pero se coloca como asistente de una reunión que se llevó a cabo aquí en la Secretaría
de Salud del departamento. Pilar: La sede principal de la Secretaría de Salud es el municipio de Yopal. Allí se presentan los informes. En algún momento
hay una actividad que no corresponde directamente a en este caso a Andersson, sin embargo solicito apoyo logístico
porque me queda difícil desarrollar la actividad de liderar la mesa o la reunión y la verdad no soy muy buena en la
tecnología, entonces para conectar, para que me pasen las diapositivas, en ese momento no tenía personal de apoyo,
somos un equipo de trabajo, solicité el apoyo. (…) la parte logística, tomar nota para realizar el acta de reunión y el otro
compañero que me liderara la parte de tecnología, de pasar las diapositivas, de conectar. (…) Esta reunión era con
autoridades departamentales. Estaba la policía, un delegado de la Policía de Tránsito y Transporte de Casanare,
es delegado de la Secretaría de Infraestructura, de la Secretaría de la Dirección de Planeación Departamental,
como tal, autoridades del nivel que tienen que ver. Esa era una meta del Plan decenal de Salud Pública, reducir la
accidentalidad en un 50%. La mortalidad por accidente de tránsito en un 50%, esta era una meta que correspondía
a la dimensión salud ambiental. Entonces, pues, yo lidero este componente que es un factor asociado a lo externo,
no es algo interno como tal, sino externo. Y por eso lideraba este tipo de reuniones como tal (…). Magistrada: a cuantas reuniones pudo asistir el señor Andersson, si recuerda.
(1:09:40)
Pilar: (…) esa reunión se suspendió y se retomó en una fecha posterior, el nos colaboró en esa reunión, para posteriores fechas
se contrató una persona exclusivamente para apoyar esa parte y liderar esas mesas. Demandante: que acciones o cuál fue ese apoyo logístico que el señor Carrillo presentó.
(1:10:50)
Pilar: la policía arma esas reunimos y pone un punto para realizar una jornada, en salud la llamamos de movilidad
segura, transito le dice de prevención de accidentes, la policía asigna el kilómetro de ubicación, en vía nacional,
en este caso en el corredor de Yopal – Aguazul, se solicita apoyo del personal que tengo (…) Armamos una carpa
los que participan. Se colocan mesas. El apoyo logístico es armar las carpas en las mesas de trabajo (…) hacemos
videos promocionales y de pronto una foto de todas las personas que apoyaron. Demandante: La pregunta es que si revisa todas las actividades que el señor presenta en los informes, usted revisa los anexos o los
(01:17:30) soportes de esas actividades. Pilar: Yo le estoy diciendo, para esa última actividad donde dice y las demás, usualmente como está configurada es para cuando
el contratista. Debe dejar de hacer lo que están en las primeras actividades por aquello de una emergencia. Entonces sí
se piden soportes, pero para lo demás como tal, hagan o no hagan, no se tiene en cuenta ningún soporte, ni se exige
como tal, porque realmente no impactaría en el pago o no del. Harold: como presentan los informes los contratistas. Pilar: yo le doy un horario (…) convoco uno por uno a mi oficina (…).
Harold: (01:24:00) en relación con la actividad del tema del INVIMA, puede decirle al despacho en qué consistía esa actividad.
(01:24:00)
Pilar: pese al área que yo manejo no lo rige el INVIMA, el modelo de IVC es uno solo a nivel nacional, entonces había una
conferencia virtual que el INVIMA ofertó para quienes hacen inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo del
consumo y está asociada a las medidas sanitarias de seguridad, entonces considere que todo el equipo participara de
eso (…).
Precisiones sobre el objeto contractual y lugar de ejecución
116. En atención al reproche del recurrente, la Sala indica que de los estudios previos
y el contrato 3052 que suscribió el demandado, se infieren que el objeto se debía
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desarrollar en los municipios de Chámeza, Monterrey, Sabanalarga, Tauramena y
Villanueva en el departamento del Casanare, también, se resalta que las mismas
territorialidades se contemplaron como el lugar de ejecución del acuerdo de voluntades.
Así:
ESTUDIOS PREVIOS CONTRATO 3052 DEL 1 DE FEBRERO DE 2023:
Lugar de ejecución «área urbana y rural de los municipios de Chameza; monterrey, Sabanalarga, Tauramena y
Villanueva del departamento de Casanare».
CONTRATO 3052 DEL 1 DE FEBRERO DE 2023
Objeto «realizar acciones de inspección y vigilancia a establecimientos y/objetos de alto riesgo de salud
ambiental de los municipios de Chámeza, Monterrey, Sabanalarga, Tauramena y Villanueva del
departamento de Casanare».
117. De hecho, obran en el expediente un gran número de pruebas que demuestran,
el cumplimiento del objeto contractual en los municipios mencionados en el párrafo
anterior, especialmente las contenidas en los índices SAMAI 30, 31, 132, 133, 141, 144
y 145, relativas a la «inspección y vigilancia a establecimientos y/objetos de alto riesgo de salud
ambiental».
118. A partir de los referidos documentos, la Sala estima que el Municipio de Yopal no
se encontraba previsto como lugar de desarrollo del objeto contractual o de ejecución del
acuerdo de voluntades. Es por ello que, la Sección precisa que el objeto del contrato
resulta ser un aspecto medular que regenta la relación contractual y que a su vez se
relaciona directamente con la ejecución; en relación con ello la Sección Tercera de esta
corporación, ha indicado que «esta particularidad de la contratación estatal determina que la
ejecución del objeto contractual sea un asunto vertebral y es por esto que la ley ha previsto
diversos mecanismos que permiten conjurar factores o contingencias que puedan conducir a su
paralización o inejecución»57.
119. También, se ha indicado por la Corte Constitucional58 que el objeto contractual,
tiene ciertas exigencias para su modificación, así:
«La Sala estima que esta discusión debe ser resuelta a favor de la primera posición, esto es:
la reforma del objeto del contrato, en tanto elemento de su esencia, debe tener lugar en
un nuevo contrato; permitir lo contrario conllevaría (sic) autorizar su sustitución sin el
cumplimiento de las formalidades propias del contrato estatal y en perjuicio de los
principios que persiguen tales reglas. Esto no significa que el objeto no pueda ser
complementado, siempre y cuando se trate de la adición de actividades necesarias para su
adecuada realización. Es este sentido debe entenderse el citado concepto del 18 de julio de
2002 sobre el contrato de obra. Ciertamente, en el caso de ese contrato en particular, es
posible la inclusión de mayores cantidades de obra sin que ello siempre signifique la
transformación del objeto. Esto lleva a la Corte a recordar el objeto de un contrato debe
analizarse en cada caso, a la luz de la normativa que rige cada tipo de negocio y de las
cláusulas pactadas y los demás documentos que hacen parte del contrato.» (negrilla fuera de
texto).
120. En ese sentido, encuentra la Sección que el objeto del contrato fija un parámetro
dentro del cual deben ejecutarse las obligaciones contractuales, en especial para el caso
que se analiza, donde se puede extraer del mismo acuerdo de voluntades, que las
actividades y su desarrollo se circunscribían a unos municipios específicos del
Departamento de Casanare, dentro de los cuales no se encuentra incluido Yopal.
57
Consejo de Estado, Sala de los Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de junio de 2011, Rad. 85001-23-
31-003-1998-00070-01(18836). M:P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa
58
Corte Constitucional, Sentencia C-300 del 25 de abril de 2012. M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
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Demandante: Jesús Barrera Blanco
Demandado: Andersson Alonso Carrillo Pinzón,
como concejal del municipio de Yopal (Casanare), periodo 2024-2027
Radicación: 85001-23-33-000-2024-00111-01
121. Sobre el particular se tiene que el objeto contractual, no puede ser modificado de
forma simple, sino que se requiere hacer un nuevo contrato o a través de uno adicional,
para poder efectuar alguna variación sobre este tópico. En ese sentido, esta sala
especializada59 ha determinado, lo siguiente:
«Ahora bien, respecto de la configuración del elemento material u objetivo de la inhabilidad
endilgada al demandado, acorde con los efectos que generan las modificaciones o adiciones
al contrato celebrado, cuya discusión centra el debate en esta instancia, esta Sala Electoral
recientemente determinó la postura jurisprudencial que gobierna estos asuntos y, en tal
sentido, precisó que no toda modificación al negocio jurídico inicial edifica dicho elemento
referido a la «celebración de contratos», dado que solamente una alteración del objeto
implicaría un nuevo acuerdo.»
Estudio probatorio
• Informe 2
122. De conformidad con el análisis de estos documentos, se tiene que en el informe
de ejecución del contrato No. 2, el demandado advierte que participó en la mesa de
movilidad departamental realizada el 22 de marzo de 2023, que tuvo lugar en el municipio
de Yopal.
123. A partir de las declaraciones practicadas en la audiencia de pruebas, los
exponentes se centraron en determinar que la participación del demandado en esta
actividad, no estaba relacionada con el objeto contractual y por otro, que se limitó a una
labor de apoyo o logística (conectar computadores y el manejo del video) sobre la cual
no obtuvo ninguna clase de remuneración.
124. Se resalta del interrogatorio que se le practicó a la señora Pilar Perilla, quien fungió
como supervisora del contrato que se analiza, lo siguiente:
Demandante: (…) (1:10:50) que acciones o cuál fue ese apoyo logístico que el señor Carrillo
presentó.
Pilar: la policía arma esas reunimos y pone un punto para realizar una jornada, en salud la
llamamos de movilidad segura, transito le dice de prevención de accidentes, la policía asigna
el kilómetro de ubicación, en vía nacional, en este caso en el corredor de Yopal – Aguazul, se
solicita apoyo del personal que tengo (…) Armamos una carpa los que participan. Se colocan
mesas. El apoyo logístico es armar las carpas en las mesas de trabajo (…) hacemos videos
promocionales y de pronto una foto de todas las personas que apoyaron.
Demandante: (01:14:30) las actividades que ustedes realizaban eran para los entornos
de salud de la gobernación, es decir tenían relación con todo lo que tenía que ver con
el sistema de salud o factores de riesgo.
Pilar: si todas las actividades están enmarcadas, por eso cuando la doctora me hacia la
pregunta, yo dije que la reducción de la mortalidad por accidentes de tránsito es una
meta, este año no está así tan puntual pero en el anterior plan decenal la buscaba reducir
la mortalidad por accidentes de tránsito, Casanare era de los primero lugares en las
tasas de mortalidad, entonces la secretaria de salud con recursos del sector salud, se
han hecho actividad para lo cual se contrata a un ejecutor, en este caso se llama plan de
intervenciones colectivas o como lo que todos conocen como el PIG, recursos de salud que
se distribuyen para acciones de promoción y prevención, solo participamos cuando estamos
con la policía, pero en este caso las charlas las dictaba la profesional contrata para ese fin.
59
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 19 de junio de 2025, Rad. 68001-23-33-000-2023-00767-03. M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra.Tesis reiterada en las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 30 de enero de 2025,
Rad. 68001-23-33-000-2024-00043-02. M.P. Gloria María Gómez Montoya y sentencia del 5 de junio de 2025, Rad. 73001-23-33-
000-2023-00463-01 M.P. Gloria María Gómez Montoya.
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125. Se advierte, que la actividad ejecutada por el demandado y que sustenta el
reproche del demandante, no estaba relacionada con el objeto contractual, por un lado al
considerar que el referido elemento, estuvo debidamente delimitado y consistió en
«realizar acciones de inspección y vigilancia a establecimientos y/objetos de alto riesgo
de salud ambiental», y por otro, teniendo en cuenta que se definió expresamente, que la
ejecución tendría lugar en «los municipios de Chámeza, Monterrey, Sabanalarga,
Tauramena y Villanueva del departamento de Casanare».
126. Ahora bien, la Sala no desconoce que, si bien el demandado podía realizar algunas
actividades en el Municipio de Yopal, particularmente por cuanto allí se encontraba la
sede de la Secretaría de Salud del departamento – con quien suscribió el acuerdo de
voluntades -, e incluso reportártelas en su informe de ejecución, ello no quiere decir que
la asistencia a una reunión o jornada de seguridad, hubiera implicado la variación del
lugar de ejecución de la relación negocial.
127. Tampoco podría admitirse que se trata de una modificación al objeto o al lugar de
ejecución contractual, porque como atrás se indicó, ello requiere de estrictas
formalidades (como por ejemplo un contrato adicional) y no puede esta Sala
especializada tomar la labor realizada por el contratista, consignada en su informe, como
una variación al acuerdo de voluntades, pues como se explicó, para ello hubiese sido
necesario un nuevo contrato.
Informe 1
Informe 3
• Informe 4
128. Por otra parte, respecto al informe N 4 de este contrato, debe precisarse, que si
bien el demandante en su escrito inicial y en el recurso de alzada insiste en que la labor
de gestión documental se desarrolló en Yopal no aportó ningún elemento de juicio para
sustentar su dicho, y además, debe tenerse en cuenta que en efecto, por ser el lugar
donde se encuentra la secretaria de salud del departamento, podía realizar actividades
como la que se advierte, sin embargo, no por ese simple hecho podría endilgársele que
fuera en cumplimiento del objeto contractual, pues harían falta pruebas que así lo
demostraran.
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129. En lo que hace a la actividad intersectorial de seguridad vial, el demandante hizo
alusión a una serie de fotografías tomadas de la red social Facebook de la Gobernación
de Casanare60 en donde afirma, aparece el señor Carrillo Pinzón, imagen en la que se
establece la siguiente reseña «Es por ello que, ayer viernes 19 de mayo, se adelantó sobre la
vía Yopal-Aguazul, un espacio de socialización sobre responsabilidad vial, uso de elementos de
protección y claves para ser buenos actores viales». De las cuales se destacan las siguientes
donde se logra identificar al demandado61:
130. En la publicidad que todavía obra en la página de Facebook de la Gobernación de
Casanare, se logra ver al demandado portando una camisa azul claro, junto a una
comitiva, dentro de la cual se destaca a la supervisora del contrato Pilar Perilla 62, quien
puede identificarse con gorra negra, imágenes que permiten advertir que el señor Carrillo
Pinzón asistió al evento como dice en su declaración y lo afirma la señora Perilla, sin
embargo, no puede perderse de vista que según la limitación del objeto contractual, la
actividad ejecutada por el señor Carrillo Pinzón, no guarda ninguna relación con el
propósito del acuerdo de voluntades, esto es, la salubridad e inspección y vigilancia de
establecimientos de riesgo, como tampoco con el lugar de ejecución.
131. Por su parte, la concesionaria COVIORIENTE S.A.S63 a través de su representante
legal, atendió una petición del demandante, en la que dispuso que «en su calidad de
60
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=628882322598009&id=100064287415275&mibextid=oFDknk&rdid=1HlG0HRzHn
KbA2So. Consultado el 15 de enero de 2026.
61
Se trata del demandado, pues así lo afirmó el demandante y esto no fue refutado y además por cuanto se puede observar en la
audiencia de pruebas que obra en el expediente donde éste rindió su declaración.
62
Quien se puede identificar a partir de su asistencia a la audiencia de pruebas como testigo y además en la misma admitió su
comparecencia a la actividad que se analiza.
63
Aspecto relevante para dilucidar el espacio geográfico en el que se desarrolló la actividad.
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sociedad privada, no expide ningún tipo de certificación sobre actividades que se hayan realizado
con instituciones públicas y/o privadas; sin embargo informa al peticionario que el 19 de mayo
de 2023, se realizó campaña de seguridad vial denominada “encarrílate”, la cual se
desarrolló en la vereda Upamena del municipio de Yopal en el PR100+300 de la Ruta
Nacional»
132. Sobre este aspecto, en el informe No. 4 se puede corroborar que el demandado
mencionó haber participado de esa actividad y de hecho así lo ratifica en su declaración
y lo confirman los testigos, en esa medida, aunque los declarantes aseguran que el
evento tuvo lugar en una vía nacional, lo cierto es que de la documental, quien tiene a su
cargo la administración de la calzada, determinó que pertenecía al municipio de Yopal.
133. En ese orden de ideas, para la Sección es claro que de conformidad con el reporte
de actividades 4, el demandado, asistió a la campaña de seguridad vial en Yopal, pero
también, que esta actividad no guardaba relación con el objeto contractual, y el lugar de
ejecución estuvo circunscrito únicamente a cuestiones sanitarias en los municipios
Chámeza, Monterrey, Sabanalarga, Tauramena y Villanueva en el Departamento del
Casanare.
134. También la Sala reitera, que por ser Yopal el lugar donde se encuentra la secretaria
de Salud del Departamento de Casanare, era posible que el demandado en ocasiones
tuviera que realizar algunas actividades, como por ejemplo, aquellas que se describen
por el demandante, o simplemente, para presentar sus informes contractuales, en esa
medida no encuentra esta especializada, en manera alguna, relación entre las acciones
efectuadas por el señor Carillo Pinzón con el lugar de ejecución y el objeto del contrato.
135. En efecto, la Sección estima que en la ejecución de un contrato como el que se
analiza, puede existir actividades accesorias o complementarias, que no necesariamente
guardan relación alguna como el objeto o el lugar de ejecución, como, por ejemplo,
asistencia a capacitaciones o reuniones, acompañamiento o meramente logísticas.
136. Además, debe agregarse que si bien, se reportaron actividades que se realizaron
en el municipio de Yopal, tal circunstancia no acredita que el objeto del contrato se
hubiera ejecutado en esta territorialidad, pues se reitera, se encontraban debidamente
delimitado, en esa medida para que fuera posible que el acuerdo de voluntades se
materializara en la capital de Casanare, se debía realizar un contrato adicional.
137. En vista de lo anterior, la sala concluye que del contrato no se extrae que pudiera
ejecutarse en Yopal.
2.6.1.2. Del contrato de prestación de servicios 3405 suscrito por el demandado el
21 de junio de 2023
138. En este reproche precisa el recurrente que, con el informe No.1 del contrato se
puede asegurar que el demandado incurrió en la inhabilidad endilgada, toda vez que
asistió a la mesa de movilidad que se realizó el 30 de junio de 2023 en el corredor vial
Yopal- Aguazul, ubicación que hace parte de la vereda Upamena perteneciente al
municipio de Yopal, como quedó demostrado en el informe que allegó la concesionaria
vial y que le asignó un porcentaje de ejecución del 16.66.
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139. Para atender el cuestionamiento del demandante, es pertinente aludir a los
elementos de juicio que se encuentra en el expediente, esto es los estudios previos del 8
de junio de 2023, donde se observan, algunos aspectos relevantes:
ESTUDIOS PREVIOS CONTRATO 3405 DEL 21 DE JUNIO DE 2023
Producto del objeto a «1. 170 visitas de IVC a establecimientos y/o objetos de interés sanitario de alto riesgo en salud ambiental
contratar como: establecimientos educativos, establecimientos de atención al adulto mayor, centros de desarrollo infantil,
internados, establecimientos de espectáculo y diversión Pública, centros de reclusión, establecimientos
cuartelarios, industriales entre otros de los municipios de Aguazul, Mani, Nunchia y Orocue del departamento
de Casanare. 2. Un informe de los establecimientos y/o objetos de interesa sanitario de alto riesgo en salud
ambiental de los municipios de Aguazul, Mani, Nunchia y Orocue del departamento de Casanare. 3. Un censo
sanitario actualizado de los establecimientos de alto riesgo de los municipios de Aguazul, Mani, Nunchia y
Orocue ».
Descripción de la «La Ley 9 de 1979, en el capítulo IV, establece las normas sanitarias para la prevención y control de los agentes
necesidad: biológicos, físicos o químicos que alteran las características del ambiente de las edificaciones hasta hacerlo
peligroso para la salud humana; es así que en el artículo 155 de la mencionada ley, para los efectos del
saneamiento de las edificaciones, estas son clasificadas en nueve grupos, así: viviendas permanentes;
establecimientos de vivienda transitoria; establecimientos educativos y cuartelarios; establecimientos de
espectáculo público; establecimiento de diversión pública; establecimientos industriales; establecimientos
comerciales; establecimientos carcelarios; establecimientos hospitalarios y similares. De otra parte, la
resolución 1229 de 2013 establece los macroprocesos misionales de fiscalización sanitaria y control de los
sujetos de interés sanitaria y aseguramiento de las cadenas productivas los cuales contemplan 1. La inspección,
vigilancia y control de los sujetos de interés sanitario. 2. Promoción de buenas prácticas, fomento de la
conciencia sanitaria en la ciudadanía y autorregulación de actores, en los municipios categorías 4,5 y 6 (…) Así
mismos la Ley 715 de 2001 específicamente en el numeral 43.3.8 establece las competencias de: ejecutar las
acciones de inspección , vigilancia y control de factores de riesgos del ambiente que afectan las salud humana,
y del control de vectores y zoonosis de competencia del sector salud, en coordinación con las autoridades
ambientales en los municipios de categoría 4, 5 y 6 (….)».
Actividades a «1. Realizar 170 visitas de inspección y vigilancia a establecimiento y/o objetos de alto riesgo en salud ambiental
desarrollar para el tales como: establecimientos educativos, establecimientos de atención al adulto mayor, centros de desarrollo
logro del objeto a infantil, internados, establecimientos de espectáculo y diversión pública, centros de reclusión, establecimientos
contratar: cuartelarios, industriales entre otros de los municipios de Aguazul, Mani, Nunchia y Orocue del departamento
de Casanare. 2. Realizar revisión y actualización el censo sanitario la actualización de información con los datos
recolectados en las visitas de inspección y Vigilancia de los municipios de Aguazul, Mani, Nunchia y Orocue. 3.
Realizar dos mesas de trbajo con cada uno de los técnicos áreas de salud del departamento con sede de
labores en los municipios de Aguazul, Mani, Nunchia y Orocue (…). 4. Realizar la inscripción de los
establecimientos que al momento de la visita aún no se encuentren en la base de datos del censo sanitario de
los municipios de Aguazul, Mani, Nunchia y Orocue. 5. Realizar asistencia técnica virtual o presencial a los
funcionarios a mínimo 30 establecimientos en la elaboración e implementación de planes de saneamiento. 6.
Elaborar un diagnóstico en el cual se analice y describa el nivel de cumplimiento de planes de saneamiento. 7.
Socializar a las administraciones municipales de la situación sanitaria de los establecimientos vigilados. 8. Las
demás actividades relacionadas con el objeto contractual y asignadas por el supervisor del contrato».
Lugar de ejecución «área urbana y rural de los municipios de Aguazul, Mani, Nunchia y Orocue del departamento de
Casanare».
140. Por su parte, en consonancia con el documento antes descrito, se tiene el contrato
3405 del 21 de junio de 2023, el cual suscribió el demandado con el departamento de
Casanare (Secretaría de Salud) donde se observan las siguientes particularidades:
CONTRATO 3405 DEL 21 DE JUNIO DE 2023
Objeto «realizar acciones de inspección y vigilancia a establecimientos y/objetos de alto riesgo de salud ambiental
de los municipios de Aguazul, Mani, Nunchia y Orocue del departamento de Casanare».
Obligaciones se encuentran las descritas en los estudios previos antes referidos, principalmente la realización de 170
acciones de inspección y vigilancia en los establecimiento y objetos antes referidos, entre los cuales se
destacan «de atención de adulto mayor, centros de desarrollo infantil, internados, establecimiento de
espectáculos (…)», en los lugares señalados en el objeto.
Además se encuentran, «8. Las demás actividades relacionadas con el objeto contractual y asignadas por
el supervisor del contrato».
Duración 6 meses
Forma de pago: 6 mensualidades, «previa presentación del informe por parte del contratista (…) el contratista deberá
anexar a su información un CD con los soportes que evidencie el cumplimiento porcentual de las
actividades a cobrar mensualmente»
141. En el informe No. 1 del 31 de julio de 2023 indica que asistió a la jornada de
movilidad segura del día 30 de junio de 2023:
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142. Más allá de lo dicho por el demandado en su reporte de cumplimiento del contrato,
en el que hizo mención de la participación en una jornada de movilidad segura el 30 de
junio de 2023, además de la certificación del 15 de julio de 2025, donde se mencionó
«que en el marco de la actividad, “las demás actividades relacionadas con el objeto contractual y
asignadas por el supervisor del contrato” realizó acciones de apoyo logístico para el desarrollo
de las jornadas intersectoriales de seguridad vial en el corredor Yopal-aguazul (30/06/2024 (sic))
y socialización de la situación de los establecimientos educativos de los municipios objeto en el
marco de la mesa de entornos Saludables del Consejo Territorial de salud ambiental COSTA»,
las pruebas que se encuentran en el plenario solamente se limitan a que el señor Carrillo
Pinzón asistió a una actividad de este tipo en el marco del contrato 3052 antes analizado
y que tuvo lugar en la misma localización pero que se efectuó el 19 de mayo de 2023.
143. En ese sentido, la Sala no desconoce que el señor Carrillo y la supervisora
aseguraron que éste, asistió a una reunión en el corredor Yopal-Aguazul, sin embargo,
no se tiene certeza si dicha manifestación alude a la que tuvo lugar el 19 de mayo del
2023 o la que se realizó el 30 de junio siguiente y no se cuenta con más soportes para
dilucidar ese aspecto, más allá de lo descrito en el informe que se analiza y las referidas
declaraciones.
144. Lo anterior quiere decir que no existen elementos de juicio para poder corroborar
si, en efecto, se llevó a cabo la reunión que presuntamente ocurrió el 30 de junio de 2023
y si esta fue en el municipio de Yopal.
145. En esa medida, la prueba allegada el expediente no logró demostrar el elemento
territorial de la inhabilidad endilgada, y si se hubiera podido despejar que en efecto dicha
reunión se realizó no sería posible que el demandado, hubiese cumplido el objeto
contractual en el municipio que afirma el demandante, pues éste quedó circunscrito al
tema de «…acciones de inspección y vigilancia a establecimientos y/objetos de alto riesgo
de salud ambiental y su cumplimiento a los municipios de «Aguazul, Mani, Nunchia y Orocue
del departamento de Casanare».
146. También hizo referencia a que el demandado participó en capacitaciones virtuales
(informe 3), que se entienden ejecutadas en el municipio de Yopal, sin embargo, no
aportó ninguna normatividad o elementos de juicio para soportar su afirmación en este
aspecto. Para el efecto se enuncia el respectivo informe y las imágenes:
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147. Ahora bien, de haberse encontrado que en la citada territorialidad se adelantaron
las acciones que reprocha la parte actora, no por ello puede decirse que el demandado
desarrolló el contrato en Yopal, por cuanto carece de soporte probatorio, la relación de
esta actividad con el objeto contractual y su lugar de ejecución, pues la asistencia a
capacitaciones, constituye un apoyo para el mejoramiento del desarrollo de sus
obligaciones.
148. Como último cuestionamiento relativo a este contrato, mencionó que asistió a la
mesa de entornos saludables COTSA en el auditorio La Ceiba en la Gobernación de
Casanare. Al respecto, se tiene que dicha actividad se encuentra por fuera el periodo
inhabilitante, toda vez que se llevó a cabo del 28 de noviembre de 2023, como se puede
apreciar del reporte de asistencia:
2.6.1.3. Otras consideraciones
149. El demandante en su escrito de apelación cuestiona que el a quo al delimitar la
competencia aseguró que se analizaba un acto electoral distinto al del señor Carrillo
Pinzón, no obstante al estudiar la sentencia de primer grado, esta colegiatura estima que
ese yerro no impidió que el juzgador de instancia profiriera una decisión acorde con lo
pedido en la demanda, por lo que esta equivocación no tiene la entidad de afectar la
sentencia impugnada.
150. Además, debe precisarse que la demanda puede edificarse en un número
determinado de hechos, y no por ello en la providencia deben quedar plasmados en la
misma forma, dado que el juez como conductor del proceso puede delimitarlos en los
principales y no por eso se incurre en una irregularidad.
151. Así mismo, se observó que el tribunal, realizó un estudio de las circunstancias
fácticas propuestas por el actor, los elementos de juicio tanto documentales como
testimoniales en conjunto, para dar la solución al caso concreto, inclusive esta Sala arribó
a la misma conclusión como quedó explicado ampliamente en el análisis que se efectuó
de forma antecedente.
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152. Se destaca que el a quo, no omitió valorar las pruebas de la presunta ejecución de
los contratos en el municipio de Yopal, por el contrario, a partir de ellas fue que arribó a
la conclusión de negar las pretensiones de la demanda, por cuanto no encontró relación
entre las labores desplegadas por el demandado y el lugar donde debía cumplirse el
contrato.
153. También, debe decirse que, a partir de los testimonios, se pudo observar que el
demandado participó en diversas actividades colaborativas en el municipio de Yopal, pero
esas actuaciones, no guardaron relación con el objeto contractual que se analizó.
Conclusión
154. En ese sentido luego de determinar que la ejecución contractual no se podía
efectuar en el Municipio de Yopal por la limitación que se fijó en los acuerdos de
voluntades a territorialidades específicas, se impone confirmar la sentencia de primera
instancia, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Casanare el 15 de octubre de 2025, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda contra el llamamiento del señor Andersson Alonso Carrillo Pinzón como
concejal del municipio de Yopal (Casanare), para el periodo constitucional 2024-2027, de
conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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