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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 68001-23-33-000-2023-00408-01

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 68001-23-33-000-2023-00408-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 28 de junio de 2024, por medio de la cual, el 16 Corte Constitucional. Sentencia SU-585 del 2017. 17 Corte Constitucional. Sentencia C-089- de 1994. Reiterado en la sentencia C-490 de 2011. 16 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Rafael Antonio Ovalle Archila Demandado: Jorge Édgar Flórez Herrera Radicación: 68001-23-33-000-2023-00408-01 Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad del acto demandado, para en su lugar NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 68001-23-33-000-2023-00408-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

5 de junio de 2025

Demandante: Rafael Antonio Ovalle Archila
Demandado: Jorge Édgar Flórez Herrera
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00408-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad electoral
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00408-01
Demandante: Rafael Antonio Ovalle Archila
Demandado: Jorge Édgar Flórez Herrera como concejal de Bucaramanga
(Santander) para el período constitucional 2020-2023.
Temas: Llamamiento a ocupar curul en corporaciones públicas de
elección popular.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Considerando que la ponencia inicialmente presentada no obtuvo la mayoría necesaria
para su aprobación en la Sala de Sección del 8 de mayo del 2025, se resuelve el recurso
de apelación presentado por la parte demandada contra la sentencia del 28 de junio de
2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad del
acto demandado.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1.1.1. Pretensiones

1. El ciudadano Rafael Antonio Ovalle Archila, a través de apoderada judicial 1, presentó
demanda en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437
del 2011, en contra del acto por medio del cual se llamó a ocupar curul en el Concejo
Municipal de Bucaramanga al señor Jorge Édgar Flórez Herrera, durante el período
constitucional 2020-2023.

2. El demandante solicitó lo siguiente:

«PRIMERA: Que, se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en los oficios No. CNE-
S-2023-004648-DVIE-700 y CNE-E-DI-2023- 000917 expedidos por el CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL y la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, de acuerdo con los cuales, el
día 30 de julio de 2023 en sesión plenaria en el CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA se
realizó la toma de posesión y juramento al señor JORGE ÉDGAR FLÓREZ HERRERA, como miembro
de la coalición UNIDAD ALTERNATIVA, y militante del partido político Polo Democrático Alternativo,
para ocupar la curul vacante en la corporación pública CONCEJO DE BUCARAMAGA, para el término
restante del período constitucional 2020-2023.

SEGUNDA: Que, como consecuencia de la anterior pretensión, se declare la nulidad de los actos
administrativos que hubieren sido proferidos en consecuencia de los efectos jurídicos de los actos
administrativos contenidos en los oficios No. CNE-S-2023- 004648-DVIE-700 y CNE-E-DI-2023-

1
Elena Beatriz Fonseca Serrano, identificada con cédula de ciudadanía 1.098.729.616, portadora de la tarjeta profesional 276.074
del Consejo Superior de la Judicatura.

1

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Demandante: Rafael Antonio Ovalle Archila
Demandado: Jorge Édgar Flórez Herrera
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00408-01
000917 expedidos por el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL y la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL.

TERCERA: Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene al CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
y a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, rehacer la orden de provisión de la curul
vacante en la corporación CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, en favor del ciudadano
RAFAEL ANTONIO OVALLE ARCHILA, en representación de la COALICIÓN UNIDAD ALTERNATIVA,
atendiendo la renuncia del señor JORGE ÉDGAR FLÓREZ HERRERA a su militancia en el partido
político POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO y en consecuencia a su pertenencia a la COALICIÓN
UNIDAD ALTERNATIVA.

CUARTA: Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene al CONCEJO MUNICIPAL DE
BUCARAMANGA, realizar la toma de posesión y juramento al señor RAFAEL ANTONIO OVALLE
ARCHILA, como nuevo miembro de la corporación pública CONCEJO DE BUCARAMANGA, para
ocupar la curul vacante, en representación de la COALICIÓN UNIDAD ALTERNATIVA» (sic a toda la
cita).

1.1.2. Hechos

3. El 27 de octubre de 2019 se celebraron las elecciones para integrar el Concejo
Municipal de Bucaramanga para el período 2020-2023. El señor Jorge Édgar Flórez
Herrera participó como candidato por la coalición Unidad Alternativa, integrada, entre
otros, por el partido Polo Democrático Alternativo (PDA) del cual era militante.

4. Si bien, la lista referida obtuvo la curul número 19 del concejo, esta fue asignada al
aspirante a la alcaldía con la segunda mayor votación, señor Jaime Andrés Beltrán, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1909 de 2018.

5. El 20 de diciembre de 2021, la Alianza Verde otorgó aval al demandado para
participar en las elecciones legislativas de 2022. Con dicho respaldo se postuló como
candidato a la Cámara de Representantes por el departamento de Santander, para el
período 2022-2026. Ello significó su renuncia al Polo Democrático Alternativo.

6. El señor Flórez Herrera no resultó elegido al no alcanzar la votación requerida en la
contienda.

7. El 19 de julio de 2023, el señor Jaime Andrés Beltrán presentó su renuncia a la
condición de concejal y, en consecuencia, se generó vacancia en el cargo.

8. El 26 de julio de 2023, el Consejo Nacional Electoral a través de oficio CNE-S-2023-
004648-DVIE-700 sobre quién podría recaer la provisión de la curul vacante en la
corporación en favor del accionado, en representación de la coalición Unidad Alternativa.

9. El 30 de julio de 2023 en sesión plenaria del concejo municipal se realizó el
llamamiento a ocupar la curul y la toma de posesión y juramento al señor Jorge Édgar
Flórez Herrera, como miembro de la colectividad mencionada, después de constatar una
certificación de su afiliación vigente a dicho partido de fecha 27 de julio de 2023.

1.1.3. Concepto de la violación

10. El demandante alegó la transgresión de los artículos 29, 40 y 107 de la Constitución
Política, así como 137 de la 1437 del 2011 y el artículo 8º de los estatutos internos del
Polo Democrático Alternativo.

2

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Demandante: Rafael Antonio Ovalle Archila
Demandado: Jorge Édgar Flórez Herrera
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00408-01
11. Indicó que la designación del demandado vulnera directamente las normas
constitucionales, legales y estatutarias que regulan la representación política y la
militancia en partidos y coaliciones.

12. Señaló que el accionado accedió a la lista de la coalición Unidad Alternativa en 2019
en calidad de afiliado del Polo Democrático Alternativo. No obstante, en 2021 presentó
renuncia expresa a dicha militancia con el propósito de recibir aval por parte del partido
Alianza Verde para participar en las elecciones legislativas de 2022; decisión, voluntaria
y debidamente acreditada, que implicó la terminación del vínculo jurídico y político con la
agrupación a la que pertenecía.

13. Afirmó que la norma estatutaria del PDA (artículo 8) dispone que quien se separe del
partido pierde todos sus derechos, incluyendo aquellos derivados de candidaturas
anteriores.

14. Sostuvo que, como consecuencia de su renuncia, el señor Flórez Herrera ya no tenía
legitimación para ser designado en representación de la coalición que lo había
respaldado en 2019.

15. Aseguró que Rafael Antonio Ovalle Archila, segundo en votación dentro de la lista y
único candidato con vínculo vigente con ella, reunía los requisitos objetivos y jurídicos
para acceder a la curul vacante.

16. Insistió en que, la decisión adoptada por la autoridad desconoce el contenido de los
principios constitucionales de afiliación voluntaria, representación legítima y
consecuencia jurídica de la renuncia partidaria. Además de las reglas internas de los
partidos y coaliciones.

17. Con fundamento en lo anterior, se solicitó la suspensión provisional del acto
demandado.

1.2. Trámite procesal relevante

1.2.1. Medida cautelar

18. Con auto del 3 de octubre del 2023 2 , el despacho conductor del proceso en el
Tribunal Administrativo de Santander corrió traslado de la medida cautelar solicitada.

19. En el plazo anterior, se presentaron las siguientes intervenciones:

20. El demandado afirmó que la pérdida de derechos políticos por desafiliación debe
ser declarada mediante una decisión formal y expresa adoptada por el Comité Ejecutivo
Nacional del partido, mediante procedimiento sumario, según lo estipula el artículo 8 de
los estatutos del aquel. Exigencia formal que protege el debido proceso interno y evita
que se produzcan consecuencias automáticas por conductas no calificadas
estatutariamente.

2
Archivo 015 del expediente digital.

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Demandante: Rafael Antonio Ovalle Archila
Demandado: Jorge Édgar Flórez Herrera
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21. Expuso que, al no existir lo anterior, no podría afirmarse que hubiese perdido su
condición de militante o que estuviera desvinculado de la colectividad.

22. Además, alegó que, por tener su afiliación activa con el partido, conservaba la
legitimidad para representar a la colectividad en la corporación municipal, la cual es
extensiva a la coalición Unidad Alternativa, en tanto el Polo Democrático Alternativo
formó parte de ella.

23. Expuso que su vínculo con Alianza Verde se limitó exclusivamente al aval para
participar como candidato en los comicios de 2022 y, que luego de ello, presentó una
solicitud formal de renuncia a esa militancia.

24. Sostuvo que el secretario general del PDA certificó su afiliación activa desde
diciembre de 2022; además, no existen sanciones o procedimientos internos que afecten
tal condición, lo que significa que no ha perdido los derechos derivados de su
vinculación.

25. Estimó que los escaños en corporaciones públicas son conquistados por
organizaciones políticas y no por individuos, quienes los ocupan en condición de
representantes. Por tanto, la curul que se encuentra en disputa corresponde a la
organización política que la obtuvo en 2019, es decir, la coalición Unidad Alternativa
integrada por el PDA.

26. Añadió que en el listado de candidatos obtuvo la más alta votación, lo que lo situó
como primer llamado a ocupar la curul vacante, conforme a los principios de
representatividad y continuidad del mandato popular.

27. Finalmente indicó que los actos administrativos demandados cumplen con los
requisitos legales, en la medida en que fueron expedidos por autoridad competente,
dentro del marco legal vigente, y con motivación suficiente. Por tanto, aseguró que, no se
configura ninguna de las causales de nulidad contempladas en el artículo 137 del
CPACA.

28. El Concejo Municipal de Bucaramanga narró que, al aceptar la renuncia del
concejal Jaime Andrés Beltrán Martínez, el concejo actuó conforme a lo dispuesto en el
artículo 53 de la Ley 136 de 1994 y a los reglamentos internos. La declaratoria de
vacancia fue debidamente sustentada y se cumplieron los requisitos formales previstos
para el efecto.

29. Estimó que el artículo 263 de la Constitución Política establece que la redistribución
de curules vacantes se realiza mediante la aplicación de la cifra repartidora, función que
corresponde a la organización electoral. Por tanto, el concejo no tiene competencia para
definir qué ciudadano debe ser llamado a ocupar la vacante.

30. Refirió que, una vez recibió el oficio del Consejo Nacional Electoral con la
designación de Jorge Edgar Flórez Herrera, procedió a darle posesión en los términos
legales, sin incurrir en extralimitación alguna.

4

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1.2.2. Admisorio

31. En providencia del 2 de noviembre del 20233 se admitió el medio de control de la
referencia y se negó la suspensión provisional de los efectos del acto acusado 4 .
Adicional a la notificación del demandado, se ordenó la vinculación del Concejo
Municipal de Bucaramanga, del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.

1.2.3. Contestaciones

32. El demandado y la corporación pública municipal guardaron silencio.

33. El Consejo Nacional Electoral (CNE), a través de apoderada judicial, presentó
contestación en la que indicó que los cargos endilgados por el demandante contra los
actos acusados son genéricos e indeterminados, además desconocen las reglas
previstas en el parágrafo del artículo 8 de los estatutos del Partido Polo Democrático
Alternativo y sus efectos jurídicos.

34. Señaló que, por mandato constitucional y legal, para efectos de proveer una curul en
una corporación pública, la verificación de que el llamado reúna los requisitos, entre
ellos, si pertenece o no a la organización política por la cual fue inscrito candidato, es del
presidente de la corporación y no es una atribución de la entidad, de conformidad con lo
previsto en el artículo 134 de la Carta Política, en concordancia con el artículo 6 de la
Ley 136 de 1994.

35. Alegó que el acto que se encuentra viciado de ilegalidad es la posesión del concejal,
dado que los actos CNE-S-2023-004648-DVIE-700 y CNE-E-DI-2023-000917, solamente
resolvieron una consulta.

36. La Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) indicó que su actuación se
limitó a emitir la información concerniente a lo consignado en los formularios E-26CON,
correspondientes al acta parcial de escrutinio, de las elecciones territoriales realizadas el
27 de octubre de 2019.

37. Aseguró que no efectuó ninguna acción que vincule los hechos que soportan el
litigio, pues no tiene injerencia en cuestiones sustanciales concernientes a la renuncia y
posterior inscripción a la organización política Polo Democrático Alternativo, así como
tampoco interfiere en las decisiones del Concejo Municipal de Bucaramanga. Solicitó que
se declare la excepción denominada falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.2.4. Trámite de sentencia anticipada

38. A través de auto del 16 de febrero de 2024, el magistrado sustanciador determinó
que se cumplían los presupuestos para dictar sentencia anticipada, declaró no probada

3
Archivo 042 del expediente digital.
4
En síntesis, la providencia indica: « Por lo anterior, considera la Sala que, en esta etapa de admisión de la demanda, no es posible
determinar la violación de las disposiciones invocadas, por lo tanto, resulta necesario agotar las demás etapas del proceso a fin de
que una vez surtidas las mismas, sea en la sentencia que se estudie de fondo el objeto del debate del presente proceso, y, en
consecuencia, no hay lugar a acceder a la suspensión provisional del acto acusado. Así las cosas, será en la sentencia que ponga fin
al proceso cuando se cuente con los elementos probatorios aportados por las partes y de las demás pruebas que se consideren
necesarias allegar para tal fin, que se podrá determinar la prosperidad o no de las pretensiones de la demanda.

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la falta de legitimación por pasiva del CNE y la RNEC y fijó el litigio de la siguiente
manera:

«¿Atendiendo los cargos de nulidad propuestos por el accionante, la Sala debe determinar si
es nulo el acto mediante el cual se llamó a ocupar curul, al señor JORGE ÉDGAR FLÓREZ
HERRERA como concejal del Municipio de Bucaramanga para el periodo correspondiente a
los años 2020-2023?» (sic a toda la cita).

39. En el mismo proveído se pronunció sobre las pruebas solicitadas por las partes.
Dispuso incorporar al expediente las documentales aportadas, decretó las que debían
requerirse a otras autoridades y solicitó otras, de oficio5. Finalmente, indicó que, una vez
allegados los elementos de convicción, se corriera traslado a las partes para alegar de
conclusión.

1.3. Fallo de primera instancia

40. El Tribunal Administrativo de Santander, en decisión del 28 de junio de 2024, declaró
la nulidad del acto de llamamiento acusado.

41. La decisión fue adoptada luego de determinar que el demandado manifestó su
renuncia al partido PDA, para presentarse a las elecciones al Congreso
correspondientes al periodo constitucional 2022-2026 con el aval de Alianza Verde.

42. Además, que conforme el régimen estatutario de la colectividad política PDA, al
haber presentado su dimisión a ella, perdió los derechos que tenía hasta ese momento.

43. Luego de realizar un análisis de las normas citadas concluyó que la «reafiliación»
posterior al partido le confirió nuevamente la calidad de militante, pero no el
restablecimiento del derecho a ocupar una eventual curul sobreviniente en el concejo de
Bucaramanga para el periodo 2020-2023, «pues tal interpretación desconocería la
prohibición de doble militancia, ya que sería tanto como considerar que el demandado tenía
derecho a conservar la expectativa de elección, con el Polo Democrático Alternativo, mientras
aspiraba a una curul a la Cámara de Representantes con el Partido Verde para el periodo 2022 a
2026».

44. Así, concluyó que el llamamiento a ocupar curul del demandado se dio con falta de
los requisitos constitucionales y legales y, por ende, con infracción a las normas en que
debería fundarse.

1.4. Recurso de apelación

45. La parte demandada apeló la anterior decisión, a través de apoderado judicial.
Sostuvo que la sentencia impugnada inició su argumentación afirmando que el escaño
pertenecía al partido, pero luego, analizó la situación desde una perspectiva individual,
para concluir que no se cumplían requisitos subjetivos que no están previstos en la ley.

5
En la providencia se dispuso: «En ejercicio de la anterior facultad, se le solicitará al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Polo
Democrático Alternativo que, en el término de tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia, informe con destino al
presente proceso: El estado de afiliación del señor Jorge Edgar Flórez Herrera, identificado con la cédula de ciudadanía No
91’527.600, los derechos que ostenta frente a la Coalición Política Unidad Alternativa, y allegue el respectivo acuerdo programático
de la respectiva Coalición Política Unidad Alternativa.»

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46. Señaló que, conforme a las pruebas que obran en el plenario, al momento de la
posesión en la curul vacante, el demandado cumplía más de un año de militancia
ininterrumpida en el partido político Polo Democrático Alternativo.

47. Expuso que, en el correo electrónico del 15 de diciembre de 2022, por medio del cual
se dio respuesta por parte de Alianza Verde a una solicitud de renuncia elevada por él,
se indicó «que no es posible expedir certificado de renuncia por cuanto no se encuentra registro
de su inscripción o militancia en dicho partido».

48. Aseguró que, en el fallo objeto de reproche, se reconoció que el secretario general
del Polo Democrático Alternativo, como respuesta al requerimiento efectuado durante el
trámite procesal, indicó que, una vez revisada la documentación, encontró una nueva
afiliación del accionado a esa organización política, con fecha 3 de diciembre de 2022.

49. Expresó que «si el demandado estuvo en otro partido, esto no alteró la curul a la que
fue llamado a posesionarse, pues reitero, fue por el mismo partido, lo que sería un caso
absolutamente atípico. Pese a que pudo haber pertenecido en alguna época a un partido
distinto al POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO, al momento de posesionarse en la curul
bajo estudio, mi poderdante cumplía con todos y cada uno de los requisitos legales». (Sic a toda
la cita).

50. Aseveró que la jurisprudencia constitucional y de lo contencioso administrativo ha
reiterado que las curules pertenecen a los partidos y no a las personas. En este caso, el
Polo Democrático Alternativo fue la colectividad que obtuvo la curul dentro de la coalición
Unidad Alternativa y, el demandado era su representante más votado, por tanto, no se
vulneró el principio de representación partidaria.

1.5. Trámite en segunda instancia

51. Por auto del 17 de enero de 2025, el magistrado sustanciador admitió el recurso de
apelación y ordenó los traslados correspondientes.

1.5.1. Alegatos de conclusión

1.5.1.1. Parte demandada

52. Manifestó que según la certificación expedida el 15 de diciembre de 2022, por el
Partido Alianza Verde, el accionado no ha pertenecido a dicho partido político, prueba
documental sobre la que no hubo queja alguna en el proceso y que no se tuvo en cuenta
en el fallo de primera instancia.

53. Aseguró que, según las pruebas documentales aportadas al expediente, el
demandado nunca perteneció a un partido político diferente al Polo Democrático
Alternativo y tampoco ha pertenecido a dos colectividades simultáneamente.

54. Expuso que el accionado se posesionó en el concejo de Bucaramanga el día 30 de
julio de 2023, por ser el siguiente en votación luego de la renuncia de Jaime Andrés
Beltrán.

55. Agregó que «se le quiere achacar a mi representado el señor JORGE ÉDGAR FLÓREZ
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HERRERA la pertenencia al partido Político ALIANZA VERDE muy a pesar de la certificación
que existe en el expediente adiada el 15 de diciembre de 2022. Ahora, si mi poderdante se
postuló al congreso de la república por el partido político ALIANZA VERDE, es fácil de decir que
no hubiera podido ocupar cargo alguno en caso de ser elegido, pues según el mismo partido
nunca ha pertenecido al mismo, este sería otro asunto que no concierne a lo que aquí se
discute».

1.5.1.2. Registraduría Nacional del Estado Civil

56. Presentó memorial en el que reiteró los argumentos expuestos al contestar la
demanda, en términos de su legitimación en la causa en el presente trámite judicial.

1.6. Concepto del Ministerio Público

57. La procuradora Séptima delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en el
que consideró que la sentencia de primera instancia debe ser revocada, por cuanto, la
interpretación sostenida por el fallador de primer grado en relación con el llamado a
ocupar curul resultó contraria al cumplimiento del núcleo fundamental del derecho a
elegir, ser elegido y a ocupar cargos en el sector público.

58. Para sustentar su posición expresó que los hechos probados dan cuenta que el
accionado tuvo militancia en el Polo Democrático Alternativo, al momento de las
elecciones (27 de octubre de 2019) y, para el 26 de julio de 2023, cuando se generó la
fuente para la expedición del acto demandado, siendo ambas situaciones favorables al
accionado y concurrentes con las garantías fundamentales a elegir y ser elegido.

59. Estimó que la coalición Unidad Alternativa, conformada por los partidos políticos Polo
Democrático Alternativo y Unión Patriótica, consintió la actuación, pues no protestó,
acerca de que el demandado era el legitimado para ocupar la curul que estaba vacante
en el Concejo Municipal de Bucaramanga después del 26 de julio de 2023, hasta el
punto de que, el Partido Polo Democrático Alternativo, su partido de origen, certificó la
militancia para esa fecha.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

60. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 28 de junio de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual accedió a
las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo establecido en los artículos 1506
y 152 numeral 7, literal a) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo7, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12

6
ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y CAMBIO DE RADICACIÓN. Artículo
modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de
Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación.
También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de
este código.
7
Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. «Los tribunales administrativos conocerán en
primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: (…) a) De la nulidad del
acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las asambleas departamentales, de los

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de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024, que contiene el Reglamento
Interno del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

61. Como viene de indicarse en los antecedentes, la Registraduría Nacional del Estado
Civil insiste, en sus alegatos de conclusión de segunda instancia, en su falta de
legitimación en la causa en el presente asunto. Sin embargo, dicha excepción fue
resuelta en la primera instancia, con providencia del 16 de febrero del 2024, decisión
respecto de la cual no se presentó recurso alguno. Al ser una determinación en firme,
esta judicatura no emitirá pronunciamiento sobre el particular.

2.3. Problema jurídico

62. Corresponde a la Sala determinar si, conforme a los precisos argumentos del
recurso de apelación, revoca, modifica o confirma la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, el 28 de junio de 2024, mediante la cual accedió a las
pretensiones de la demanda; para ello, se deberá establecer si el acto de llamamiento a
ocupar curul del 30 de julio de 2023, dictado en sesión plenaria en el Concejo Municipal
de Bucaramanga se profirió con infracción de las normas en que debía fundarse.

2.4. Sobre la manera de proveer vacantes en las corporaciones públicas de
elección popular

63. El artículo 134 de la Constitución Política estableció algunas reglas para la provisión
de faltas absolutas y temporales de los miembros de las corporaciones públicas,
mientras el legislador regula el régimen de reemplazos, y además, lo referente a la silla
vacía, de la siguiente manera:

“Los miembros de las Corporaciones Públicas de elección popular no tendrán suplentes. Solo podrán
ser reemplazados en los casos de faltas absolutas o temporales que determine la ley, por los
candidatos no elegidos que según el orden de inscripción o votación obtenida, le sigan en forma
sucesiva y descendente en la misma lista electoral.

En ningún caso podrán ser reemplazados quienes sean condenados por delitos comunes relacionados
con pertenencia, promoción o financiación a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico;
dolosos contra la administración pública; contra los mecanismos de participación democrática, ni por
Delitos de Lesa Humanidad. Tampoco quienes renuncien habiendo sido vinculados formalmente en
Colombia a procesos penales por la comisión de tales delitos, ni las faltas temporales de aquellos
contra quienes se profiera orden de captura dentro de los respectivos procesos.

Para efectos de conformación de quórum se tendrá como número de miembros la totalidad de los
integrantes de la Corporación con excepción de aquellas curules que no puedan ser reemplazadas. La
misma regla se aplicará en los eventos de impedimentos o recusaciones aceptadas.

Si por faltas absolutas que no den lugar a reemplazo los miembros de cuerpos colegiados elegidos en
una misma circunscripción electoral quedan reducidos a la mitad o menos, el Consejo Nacional
Electoral convocará a elecciones para llenar las vacantes, siempre y cuando falten más de veinticuatro
(24) meses para la terminación del periodo.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras el legislador regula el régimen de reemplazos, se aplicarán las
siguientes reglas: i) Constituyen faltas absolutas que dan lugar a reemplazo la muerte; la incapacidad

concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los
municipios y distritos, de los miembros de los consejos superiores de las universidades públicas de cualquier orden, y de miembros
de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales. Igualmente, de la nulidad de las demás elecciones que se
realicen por voto popular, salvo la de jueces de paz y jueces de reconsideración;

9

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física absoluta para el ejercicio del cargo; la declaración de nulidad de la elección; la renuncia
justificada y aceptada por la respectiva corporación; la sanción disciplinaria consistente en destitución, y
la pérdida de investidura; ii) Constituyen faltas temporales que dan lugar a reemplazo, la licencia de
maternidad y la medida de aseguramiento privativa de la libertad por delitos distintos a los mencionados
en el presente artículo.

La prohibición de reemplazos se aplicará para las investigaciones judiciales que se iniciaron a partir de
la vigencia del Acto Legislativo número 01 de 2009, con excepción del relacionado con la comisión de
delitos contra la administración pública que se aplicará para las investigaciones que se inicien a partir
de la vigencia del presente acto legislativo.” (Destacado y subrayado fuera de texto).

64. Esta Sección ha señalado8, que el artículo 134 constitucional, reiteró la eliminación
las suplencias de los miembros de las corporaciones públicas y, además precisó las
situaciones de falta temporal o absoluta que dan lugar al reemplazo, destacando que
este se provee con «los candidatos no elegidos que según el orden de inscripción o votación
obtenida, le sigan en forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral», garantizando
de esta manera que los llamamientos correspondientes recaerán en ciudadanos que en
su momento obtuvieron un significativo respaldo popular, y por ende, que se respetará la
voluntad del electorado teniendo en cuenta de forma irrestricta el número de sufragios
que obtuvieron los miembros de la colectividad política que logró escaños en la
respectiva corporación pública.

65. A nivel territorial, el artículo 63 de la Ley 136 de 1994, preceptúa que «[l]as vacancias
absolutas de los concejales serán ocupadas por los candidatos no elegidos en la misma lista, en
orden de inscripción, sucesiva y descendente. El presidente del Concejo, dentro de los tres (3)
días hábiles siguientes a la declaratoria, llamará a los candidatos que se encuentren en dicha
situación para que tomen posesión del cargo vacante que corresponde.»

2.5. Caso concreto

66. En el presente asunto, se tiene que el Concejo de Bucaramanga, ante la vacancia
generada por la renuncia del Jaime Andrés Beltrán, efectuó el llamamiento del aquí
demandado, tal y como se observa del contenido del acta de la sesión plenaria del 30 de
julio del 2023, documento del cual se deriva que allí se puso de presente la
comunicación enviada al señor Flórez Herrera, la verificación de los requisitos para el
acceso al cargo y la correspondiente posesión.

67. Precisado lo anterior, la Sala resuelve el recurso de apelación presentado contra la
decisión de primera instancia, adelantando que la misma será revocada en atención a
las siguientes consideraciones:

68. Se pone de presente que en esta oportunidad, el centro del debate planteado por el
recurrente se enfoca en (i) que se desatendió que las curules en las corporaciones
públicas se predican respecto de las organizaciones políticas, siendo aquellas las
llamadas a proveer el reemplazo a través de los candidatos que tengan la votación que
permita acceder a ese derecho en el caso de vacantes absolutas; y (ii) el
desconocimiento del hecho demostrado al interior del proceso que pone de presente que
para la fecha en que se generó la vacante, el demandado militaba en el partido Polo
Democrático Alternativo, lo que implicaba que tenía el derecho para ser llamado en
representación de esa colectividad.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, magistrado ponente: Rocío Araujo Oñate, sentencia del
1 de julio de 2021, radicado: 13001-23-33-000-2019-00264-03.

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69. Lo primero que pone de presente esta Sección, es que, al revisar las normas
alegadas como desconocidas por la parte demandante, estas no regulan
específicamente los requisitos que deben verificarse para sustentar un acto de
llamamiento a ocupar curul.

70. Por un lado, el artículo 29 Constitucional, que consagra la garantía al debido
proceso, guarda silencio sobre dicho particular.

71. A su vez, el artículo 107 del mismo cuerpo normativo dispone varios aspectos, entre
ellos, el derecho a fundar partidos políticos y afiliarse o retirarse libremente de ellos. De
otra parte, establece asuntos relacionados con la prohibición de doble militancia política,
la cual, es de resaltar, no se enrostra en esta oportunidad como un cargo de nulidad
respecto del acto demandado. Si bien, en dicha norma constitucional se fija la
permanencia en una colectividad política mientras se ostenta una curul en
representación de aquella, fijando la obligación de renunciar a tal condición si se decide
aspirar por otro partido o movimiento político, lo cierto es que esa exigencia respecto de
la militancia no se puede predicar del aquí demandado, dado que como se indicó en los
antecedentes, él no tenía la condición de miembro de corporación pública.

72. En consonancia con lo anterior, el artículo 40 de la Constitución Política, el cual
también fundamenta el reparo de ilegalidad, se centra en disponer los denominados
derechos políticos, del cual se resalta, para efectos de la presente providencia, el de
elegir y ser elegido, de acceder al desempeño de cargos públicos y el de «[c]onstituir
partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos
libremente y difundir sus ideas y programas».

73. Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sala considera importante señalar que, como
fue expuesto en forma precedente, el llamamiento como forma de proveer posiciones en
corporaciones públicas respecto de las cuales se predica la existencia de una vacancia
absoluta, tiene como presupuesto a nivel constitucional lo dispuesto en el artículo 134
Superior, el cual refiere que se debe acudir a «los candidatos no elegidos que según el orden
de inscripción o votación obtenida, le sigan en forma sucesiva y descendente en la misma lista
electoral».

74. En consideración a esta circunstancia, de antaño, la jurisprudencia de esta
corporación, especialmente en un fallo del 17 de julio del 2014, concluyó que el
llamamiento tiene como fundamento último la manifestación de la ciudadanía a través de
los sufragios depositados a favor de una determinada opción política 9. Sin embargo, en
la misma decisión a que se hace referencia previamente, se determinó también la
importancia de garantizar que, la persona natural que ocupara la curul en representación
de un partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos, efectivamente
milite en aquel10.

75. Se mencionó en dicha oportunidad, al resolver un caso de contornos similares al que
ahora se conoce, lo siguiente:

9
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 17 de julio del 2014. Radicado 11001032800020130004000, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez.
10
Ídem.

11

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«Así, no existe la menor duda que las curules en las corporaciones públicas de elección popular
son conquistadas por las organizaciones políticas y que si bien las personas naturales que las
ocupan cumplen un papel preponderante en esos logros electorales, ello no basta para señalar
que son éstos y no aquéllas quienes tienen un derecho intangible frente a esos escaños. Los
poderes de veto y expulsión que ostentan los partidos y movimientos políticos refrendan la tesis
de que el derecho subjetivo que adquieren los candidatos electos se subordina al derecho político
fundamental que esas organizaciones tienen en tanto sirven como canales de comunicación entre
la sociedad y sus militantes que integran los cuadros del poder político, para la materialización de
sus ideales y desde luego para la búsqueda del bienestar general.

Ahora, si las curules son de las organizaciones políticas y los integrantes de una corporación
pública están obligados a actuar en bancada junto con los demás miembros elegidos por el
partido o movimiento político, no resulta coherente constitucionalmente que se llame a ocupar una
curul, en representación de un partido político, a un candidato que ya no pertenece a dicha
organización política. A lo anterior debe agregarse que “son las elecciones y no el llamado que
hace la Mesa Directiva, las que generan la vocación del candidato no elegido a suplir la vacancia
de quien resultó electo. Las elecciones, como es sabido, se hacen por la lista, no por un
determinado nombre”11.

(…) Así, el hecho de participar en una elección en representación de una organización política no
limita la libertad de los ciudadanos para que con posterioridad opten por retirarse ella, caso en el
cual no es materialmente posible que la persona que ya no pertenezca al partido o movimiento
continúe dentro de la lista de candidatos con vocación de representar en el futuro a dicha
organización política en una corporación pública, ni de actuar, conjuntamente con los otros
miembros, en bancada, pues con su dimisión ya no le serán aplicables los estatutos de la
organización12.

Además, como la militancia en un partido o movimiento político supone el ejercicio libre y legítimo
del derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político (C.P.
Art. 40), es claro que solamente la persona natural es quien decide si forma parte o no de una
organización política, o si una vez matriculada en un partido o movimiento político se retira de él.
La decisión de renunciar a esa membresía es una manifestación exclusiva del fuero interno de la
persona, quien no puede ser coaccionada ni compelida a mantenerse en la colectividad.

La dimisión a una organización política, además de implicar la ruptura de los derechos y
obligaciones derivados de sus estatutos, no supone, per se, la imposibilidad de regresar a ella.
Esa posibilidad ya no dependerá exclusivamente de la voluntad de la persona interesada en
retornar a las huestes del partido o movimiento político, dado que obviamente será la respectiva
organización quien decida si la acoge o no, para lo cual deberá cuidarse de no incurrir en
conductas contrarias al principio de igualdad o de rechazar la afiliación por razones que
constituyan una clara discriminación.

Y si el partido o movimiento político de nuevo acoge a su antiguo militante, ello no implica que
revivan las situaciones jurídicas que preexistían a la fecha en que se produjo el retiro de la
colectividad, ya que su nueva vinculación lo pone en plano de igualdad con los demás integrantes

11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 15 de mayo de 2001, Rad. AC – 12300.
12
Precisamente el artículo 4° de la Ley 974 de 2005 dispone: “Los partidos deberán establecer en sus estatutos las reglas especiales
para el funcionamiento de sus bancadas y los mecanismos para la coordinación de sus decisiones dentro de las corporaciones
públicas, en las que se establezcan obligaciones y responsabilidades distintas según se trate del cumplimiento de funciones
legislativas, de control político o electorales, por parte de la respectiva corporación. Asimismo, determinarán lo atinente a su régimen
disciplinario interno. Podrán establecer sanciones por la inobservancia de sus directrices, las cuales se fijarán gradualmente hasta la
expulsión, y podrán incluir la pérdida del derecho de voto del miembro de la respectiva corporación pública, observando el debido
proceso. En todo caso la sanción deberá ser comunicada a la Mesa Directiva de la respectiva Corporación, para que a través de ella
se le dé cumplimiento, siempre que ello implique limitación de derechos congresuales. Los estatutos de los partidos también
contemplarán sanciones estrictas por la inasistencia reiterada a reuniones de bancada, las que podrán incluir la pérdida temporal del
derecho al voto. La inasistencia a las reuniones de las bancadas no excusará al ausente de actuar conforme a las decisiones
adoptadas por las mismas, y si no lo hiciere así este quedará sujeto a las sanciones previstas por los estatutos del partido o
movimiento político para la violación del régimen de bancadas. En caso de la imposición de una sanción por un partido o movimiento
a uno de sus miembros procede el recurso de apelación en el efecto suspensivo, que se surtirá dentro del mismo partido y ante la
instancia correspondiente que determine los estatutos. El retiro voluntario de un miembro de Corporación Pública del partido o
movimiento político o ciudadano en cuyo nombre se eligió, implica el incumplimiento del deber de constituir bancada, y como tal
podrá sancionarse como una violación al Régimen de Bancada en los términos de la Constitución y la ley.”

12

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de la organización. Es decir, que cualquier posibilidad de acceder al poder político en los cargos o
corporaciones públicas de elección popular, e incluso en los cuadros directivos del partido que lo
acoge, necesariamente supone el trámite regular que las normas jurídicas y estatutarias
prescriben para los diferentes ejercicios democráticos.

(…) El acto de llamado tiene origen o fuente en los resultados electorales, pero no es el único
aspecto que debe tenerse en consideración para su expedición conforme con las razones
expuestas. Debe resaltarse que “el llamado desarrolla el mecanismo jurídico institucional previsto
en la Constitución Política para complementar la voluntad de los electores quienes determinaron,
en ejercicio de su derecho político al sufragio, el orden de elegibilidad de todos los integrantes de
la lista de candidatos, tanto del elegido como de los demás”13 pero a efecto de ocupar una curul
en representación de un partido político y poder actuar en bancada, es indispensable que el
candidato realmente pertenezca al partido titular de la curul, pues se insiste, las curules
pertenecen a las organizaciones políticas y no a los candidatos de las listas que éstas presenten.

76. De la tesis antes expuesta, la cual se reitera en esta oportunidad, se resalta
entonces que lo necesario para la autoridad competente, al momento de efectuar el
llamamiento para ocupar una curul vacante en una corporación pública, es determinar,
por un lado, un elemento objetivo, que deriva de la determinación del apoyo popular
obtenido en el marco de un proceso eleccionario determinado, y por el otro, un aspecto
subjetivo, que busca por garantizar que la persona beneficiaria de esa decisión, en
efecto, milite en la organización política que tiene el derecho a dicho espacio de
representación.

77. Bajo estas consideraciones, encuentra esta Sala que la decisión de primera instancia
tuvo como fundamento la renuncia que el demandado presentó en su momento al partido
Polo Democrático Alternativo para aspirar al Congreso de la República con el aval de
otra colectividad, sin embargo, descartó que la posterior afiliación a la primera de la
organización mencionadas, que implico adquirir nuevamente la condición de militante de
aquella, hubiere «restablecido el derecho» a ser llamado.

78. En efecto, como lo pone de presente el memorialista, a la actuación se allegó el
siguiente documento:

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 2 de febrero de 2006, Rad. 25000-23-24-
000-2004-01016-01(3870).

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79. A su vez, mediante Resolución 133 del 24 de julio de 2023, la cual obra en el
plenario, el Concejo Municipal de Bucaramanga aceptó la renuncia a la curul presentada
por el concejal Jaime Andrés Beltrán Martínez, declaró la vacancia absoluta con
fundamento el literal b) del artículo 51 de la Ley 136 de 1994 y, dispuso oficiar a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, Seccional Santander y al Consejo Nacional
Electoral, para que, de conformidad con el artículo 263 de la Constitución Política,
enviara certificación de los ciudadanos que, en forma sucesiva y descendente, debían
ser llamados a reemplazar al concejal.

80. Así las cosas, se concluye que el señor Jorge Edgar Flórez Herrera, al momento en
que se generó la vacante absoluta en la curul que ocupaba la persona mencionada en el
párrafo precedente, era militante del partido Polo Democrático Alternativo.

81. Lo anterior, fue corroborado en el marco de la sesión plenaria en donde se efectuó el
llamamiento demandado, ya que al revisar el acta correspondiente se evidencia:

«Me permito leer el suscrito secretario general del partido Polo Democrático Alternativo certifica
que una vez verificada la base de datos de las personas afiliadas al partido Polo Democrático
Alternativo el señor Jorge Édgar Flórez Herrera identificado con cédula de ciudadanía número
91527600 es afiliado al partido la presente se expida solicitud del interesado a los 27 días del mes
de julio del 2023 en la ciudad de Bucaramanga, ha sido leída señor presidente la comunicación
del Consejo Nacional Electoral en la cual le crea el derecho al señor Jorge Édgar Flórez Herrera a
ocupar una en el concejo municipal de Bucaramanga con ocasión de la renuncia de un concejal
por el estatuto de la oposición»14.

82. De otra parte, mediante oficio CNE-2023-004648-DVIE-700 asunto: «suplencia
vacancia absoluta Bucaramanga – Santander», el CNE informó a esa corporación
pública, que, acorde con la redistribución de curules realizada por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, la curul debía suplirse con el demandado. Además, indicó
que, conforme al oficio CNE-E-DI-2023-000917, la Dirección de Gestión Electoral de la
Registraduría Nacional del Estado Civil remitió la proyección de la nueva cifra repartidora
para tal provisión en los siguientes términos:

83. De lo anterior, se puede concluir entonces que, el aquí demandado, era la persona
que, conforme al resultado de la votación, seguía en el orden sucesivo y
descendente.

14
Se realiza la transcripción incluso con los errores del texto original.

14

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84. Así las cosas, esta judicatura concluye que respecto del señor Jorge Édgar Flórez
Herrera se cumplían los dos presupuestos requeridos para ser llamado a ocupar una
curul en el Concejo de Bucaramanga.

85. Ahora bien, no se desconoce que en el interregno de su aspiración inicial al Concejo
Municipal de Bucaramanga y el posterior llamamiento efectuado por esa entidad, el
demandado aspiró al Congreso de la República con el aval de otra colectividad. Los
formularios E-8 CT, lista definitiva de candidatos inscritos, y E-26 CAM, acta parcial de
escrutinio general, correspondientes a las elecciones a Cámara de Representantes del
13 de marzo de 2022, permiten corroborar esta situación.

86. A pesar de que en el expediente no obra documento que contenga la renuncia al
partido Polo Democrático Alternativo, es pertinente señalar que en virtud de la militancia
a un partido o movimiento político que se predica con el otorgamiento del aval15 a un
candidato a un cargo de elección popular, se puede concluir que, en efecto, el
demandado dejó de pertenecer a esa organización para ser afiliado al partido Alianza
Verde.

87. Sin embargo, esta circunstancia no es suficiente para desconocer que al momento
de la vacancia absoluta generada por la renuncia del señor Jaime Andrés Beltrán, el aquí
accionado cumplía con los dos presupuestos normativos que se exige para realizar el
llamamiento.

88. Lo anterior, al margen de los efectos de la renuncia frente a las situaciones previas a
ella, lo cual, se pone de presente, tampoco se regula en ninguna de las normas que
fundamentan el concepto de la violación.

89. El actor trae a colación el contenido del artículo 8º de los Estatutos del Polo
Democrático Alternativo, para señalar la pérdida del derecho a ser llamado. En lo
relevante, esa normativa interna dispone que uno de los derechos de sus miembros es el
de «desafiliarse libremente del Partido, bien sea mediante pronunciamiento público o mediante
escrito presentado ante la Sede Nacional del Partido». Además, el primer inciso del parágrafo
dispone:

«Parágrafo 1°- El retiro o desafiliación del partido no constituye falta disciplinaria, sino el
ejercicio de una facultad constitucional y legal. Con todo, quien se separe del partido perderá
todos sus derechos, incluyendo toda curul, cargo de dirección o posición que ostente en
representación del Partido».

90. No pasa desapercibido por esta corporación, que la referida disposición interna, en
realidad, constituye una regulación de una entidad privada, por lo que la misma no
corresponde a una norma que debió de ser atendida por la autoridad competente para
realizar el llamamiento.

91. Sin desconocer su importante función, es de resaltar que la jurisprudencia
constitucional ha señalado que estas organizaciones no son entidades públicas que
integren la estructura del Estado o que ejerzan alguna función de dicha naturaleza, sino
que en virtud del principio de separación entre lo público y lo privado y de la autonomía
15
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 9 de mayo del 2024. Radicación 11001-03-28-000-2023-00038-00. M.P. Gloria
María Gómez Montoya.

15

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que constitucionalmente se les reconoce, tienen la condición de instituciones
intermedias, ya que si bien son relevantes para el interés general y por ello son
destinatarios de mayores deberes y controles, ello no implica que dejen ser colectivos
particulares16.

92. De otra parte, respecto de los partidos y movimientos políticos, se predica una
prerrogativa consistente en la posibilidad de dictarse sus propios estatutos, así como, en
línea con ello, determinar su propia forma de gobierno, dirección, administración y
vigilancia17.

93. Así las cosas, en atención a las características previamente descritas, los reparos
del accionante dirigidos a cuestionar el incumplimiento de las normas estatutarias no
integran el estudio de legalidad que realiza el juez de lo contencioso electoral, salvo que
aquellos se relacionen con requisitos fijados en el orden constitucional o legal, en tanto
como fue señalado previamente, son actuaciones que responden al fuero interno de
organizaciones de naturaleza privada en el marco de su autorregulación y autogobierno.

94. Con todo, si en gracia de discusión se considera que era una disposición aplicable al
trámite de expedición del acto de llamamiento, se tiene que el efecto de la renuncia que
consagran los estatutos del Polo Democrático Alternativo, se predica respecto de quien
«ostente» una curul en representación de la organización política, lo que no sucedía
respecto del señor Jorge Édgar Flórez Herrera, dado que está claro que, al momento de
las elecciones, si bien obtuvo la votación suficiente para acceder a una curul, la misma
no le fue entregada en tanto el segundo lugar en la contienda para alcalde municipal
decidió ejercer su derecho personal.

95. A su vez, con el reintegro a la organización, se predican del aquí demandado los
derechos que el mismo artículo 8º dispone, como son gozar de los mismos derechos,
libertades y oportunidades que se predican de todo militante, y, por lo tanto, con
fundamento en ello, podía ser beneficiario de aquellas condiciones que beneficiaran a la
organización, como son la obtención de espacios de representación política.

96. En consideración a lo expuesto, esta judicatura encuentra que le asiste razón a la
parte recurrente, dado que está claro que la autoridad competente respecto del acto de
llamamiento verificó el cumplimiento de los dos requisitos de orden constitucional para
ello, como son la militancia y la votación obtenida, sin que el hecho de la renuncia
temporal al partido Polo Democrático Alternativo conlleve a desconocer que esas dos
circunstancias acaecieron al momento en que se generó la vacante.

97. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 28 de junio de 2024, por medio de la cual, el

16
Corte Constitucional. Sentencia SU-585 del 2017.
17
Corte Constitucional. Sentencia C-089- de 1994. Reiterado en la sentencia C-490 de 2011.

16

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Demandado: Jorge Édgar Flórez Herrera
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Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad del acto demandado, para en su
lugar NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Salvamento de voto

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

17

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