Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07595-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07595-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-07595-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
12 de diciembre de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, doce (12) de diciembre dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-07595-00
Demandante: RAFAEL ANTONIO OVALLE ARCHILA
Demandado: SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SE DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO POR EL
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. NIEGA EL REPARO POR
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
Síntesis del caso: el actor cuestionó la providencia de segunda instancia que revocó la decisión
de primer grado que había declarado la nulidad del acto de llamamiento al señor Jorge Edgar
Flórez Herrera a ocupar una curul en el concejo municipal de Bucaramanga, como miembro de
la coalición Unidad Alternativa y militante del partido político Polo Democrático Alternativo, para
el término restante del período constitucional 2020-2023. Sin embargo, la Sala declarará
improcedente el defecto procedimental por incumplir el requisito de relevancia constitucional en
cuanto a los reproches anotados frente a la sentencia, toda vez que la acción de tutela no está
prevista para cuestionar desacuerdos meramente subjetivos de las partes inconformes con el
sentido de las decisiones judiciales, sino para enmendar violaciones evidentes y trascendentes
de derechos fundamentales derivadas de actuaciones judiciales abiertamente arbitrarias, al
tiempo se negará el defecto por desconocimiento del precedente.
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Rafael Antonio Ovalle Archila1,
por intermedio de apoderado judicial, en contra de la Sección Quinta del Consejo de
Estado para la protección de sus derechos fundamentales del debido proceso y acceso
a la administración de justicia consagrados en los artículos 29 y 229 de la Constitución
Política, presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia del 5 de junio de 2025,
proferida por dicha autoridad judicial.
I. ANTECEDENTES
1
El escrito fue radicado el 28 de noviembre de 2025.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07595-00
Actor: Rafael Antonio Ovalle Archila
Acción de tutela
Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) El 27 de octubre de 2019 se llevaron a cabo las elecciones para integrar el Concejo
Municipal de Bucaramanga, período 2020-2023, en las cuales el señor Jorge Édgar
Flórez Herrera participó como candidato por la coalición Unidad Alternativa, integrada,
entre otras colectividades, por el Partido Polo Democrático Alternativo (PDA),
organización política de la cual era militante.
2) Los miembros con las votaciones más altas fueron Jorge Edgar Flórez Herrera con
2,136 votos y Rafael Antonio Ovalle Archila con 815 votos.
3) Sin embargo, en aplicación del artículo 25 de la Ley 1909 de 2018, la Coalición debió
ceder su curul al señor Jaime Andrés Beltrán, quien fue el segundo aspirante a la alcaldía
municipal de Bucaramanga con la segunda votación más alta.
4) El señor Jorge Edgar Flórez Herrera, quien cedió su curul, decidió continuar con su
carrera política como aspirante a la Cámara de Representantes, por el partido Alianza
Verde, para el periodo constitucional 2022-2026.
5) El 19 de julio de 2023, el señor Jaime Andrés Beltrán presentó su renuncia como
concejal y, en consecuencia, quedó vacante el cargo.
6) El 26 de julio de 2023, mediante Oficio CNE-S-2023-004648-DVIE-700, el Consejo
Nacional Electoral informó al Concejo Municipal de Bucaramanga a quién debía recaer
la provisión de la curul vacante en dicha corporación y señaló que el llamado
correspondía al señor Jorge Édgar Flórez Herrera, en representación de la coalición
Unidad Alternativa.
7) El 30 de julio de 2023, en sesión plenaria, el Concejo Municipal de Bucaramanga
realizó el llamamiento a ocupar la curul y la toma de posesión y juramento al señor Jorge
Édgar Flórez Herrera, como miembro de la colectividad mencionada, después de
constatar una certificación de su afiliación vigente a dicho partido el 27 de julio de 2023.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07595-00
Actor: Rafael Antonio Ovalle Archila
Acción de tutela
8) En ejercicio del medio de control de nulidad electoral, el señor Rafael Antonio Ovalle
Archila presentó demanda en contra de los Oficios nos. CNE-S-2023-004648-DVIE-700
y CNE-E-DI-2023-000917, expedidos por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría
Nacional del Estado Civil, de acuerdo con los cuales, el 30 de julio de 2023, en sesión
plenaria en el Concejo Municipal de Bucaramanga se realizó la toma de posesión y
juramento al señor Jorge Édgar Flórez Herrera, como miembro de la coalición Unidad
Alternativa, y militante del partido político Polo Democrático Alternativo, para el término
restante del período constitucional 2020-20232.
9) Mediante sentencia anticipada del 28 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de
Santander declaró la nulidad del Oficio no. CNE-S-2023-004648-DVIE-700, tras
determinar que el señor Flórez Herrera presentó su renuncia al Partido Polo Democrático
Alternativo para postularse a las elecciones al Congreso de la República para el periodo
2022-2026 con el aval del partido Alianza Verde, situación que lo hizo perder los derechos
que tenía hasta ese momento con el régimen estatutario del PDA.
10) Luego entonces la reafiliación posterior al partido le confirió nuevamente la calidad
de militante, pero no el restablecimiento del derecho a ocupar una eventual curul
sobreviniente en el Concejo de Bucaramanga para el periodo 2020-2023, por considerar
que tal interpretación desconocería la prohibición de doble militancia, ya que sería tanto
como considerar que el demandado tenía derecho a conservar la expectativa de elección
con el PDA, mientras que aspiraba a una curul a la Cámara de Representantes con el
Partido Verde para el periodo 2022-2026.
11) En conclusión, el llamamiento a ocupar curul del demandado se dio con falta de los
requisitos constitucionales y legales y, por ende, con infracción a las normas en que
debería fundarse.
12) El demandado interpuso recurso de apelación que se basó en que i) conforme con
las pruebas obrantes en el expediente, al momento de la posesión en la curul vacante
cumplía más de un año de militancia ininterrumpida en el partido Polo Democrático
Alternativo; ii) mediante correo electrónico del 15 de diciembre de 2022, el partido Alianza
Verde informó que no era posible expedir certificado de renuncia, por cuanto no existía
registro de su inscripción o militancia en dicha colectividad; iii) en el fallo cuestionado se
2
El proceso se registró con el número de radicación 68001-23-33-000-2023-00408-00/01.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07595-00
Actor: Rafael Antonio Ovalle Archila
Acción de tutela
reconoció que el secretario general del Polo Democrático Alternativo informó que, tras
revisar la documentación, se encontró una nueva afiliación a esa organización política el
3 de diciembre de 2022; iv) aun si hubiese pertenecido en algún momento a otra
colectividad, ello no alteraba la curul a la que fue llamado a posesionarse, pues
correspondía al mismo partido, lo que configuraría un caso atípico y al momento de la
posesión cumplía todos los requisitos legales y v) de conformidad con la jurisprudencia
aplicable las curules pertenecen a los partidos y no a las personas, por lo que, al haber
sido el partido el Polo Democrático Alternativo la colectividad que obtuvo la curul dentro
de la coalición Unidad Alternativa y ser el demandado su candidato más votado, no se
vulneró el principio de representación partidaria.
13) En providencia del 5 de junio de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado
revocó la decisión que declaró la nulidad de los actos demandados y, en su lugar, negó
las pretensiones, tras concluir que el llamamiento a ocupar una curul vacante no se agota
en la constatación de que esta pertenece a un partido político, sino que exige verificar,
de manera concurrente, el orden sucesivo y descendente de la lista y la militancia efectiva
del llamado en la colectividad titular al momento en que se configuró la vacancia.
14) Así mismo, analizó el alcance de la renuncia previa presentada por el demandado
para aspirar por otra colectividad y concluyó que dicha circunstancia no tenía la virtualidad
de impedir el llamamiento, en la medida en que lo relevante no era la situación partidaria
pasada, sino la existente al momento de la vacancia, en ese sentido, consideró acreditado
que la posterior afiliación al Polo Democrático Alternativo era válida y suficiente para
cumplir el presupuesto subjetivo exigido constitucionalmente.
15) De igual forma, descartó la aplicación automática de las disposiciones estatutarias
del partido que prevén la pérdida de derechos, por estimar que estas no constituyen
normas constitucionales ni legales directamente aplicables al acto de llamamiento y,
además, que tales consecuencias se predican de quien ejerce una curul en
representación del partido, supuesto que no se configuraba en el caso concreto.
16) Finalmente, reiteró que las curules pertenecen a las organizaciones políticas y no a
las personas, por consiguiente, el llamamiento controvertido respetó el principio de
representación partidaria, pues recayó en el candidato que seguía en el orden de votación
dentro de la lista de la colectividad que obtuvo la curul.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07595-00
Actor: Rafael Antonio Ovalle Archila
Acción de tutela
Fundamento de la vulneración
El actor alegó que la sentencia de segunda instancia incurrió en defecto procedimental
absoluto por desconocer los efectos jurídicos definitivos de la renuncia presentada por el
señor Jorge Edgar Flórez Herrera al partido Polo Democrático Alternativo para aspirar a
un cargo de elección popular con el aval de otra colectividad.
A su juicio, la Sección Quinta del Consejo de Estado introdujo una regla no prevista en el
orden constitucional ni legal por considerar que la posterior reafiliación al partido permitía
restablecer el derecho a ser llamado a ocupar una curul vacante, pese a que la renuncia
había extinguido los derechos y expectativas derivados de la lista y de la coalición para
el período constitucional 2020-2023.
Así mismo, el actor sostuvo que la providencia cuestionada desconoció el precedente
jurisprudencial por apartarse de la línea reiterada de la Sección Quinta del Consejo de
Estado conforme con la cual la renuncia a un partido político comporta la pérdida de los
derechos políticos derivados de la pertenencia a la lista electoral, sin que una afiliación
posterior tenga la entidad de revivir situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad3.
Dicho precedente fue correctamente aplicado por el Tribunal Administrativo de Santander
en la sentencia de primera instancia, pero injustificadamente desconocido por la decisión
mayoritaria de segunda instancia.
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:
“Solicito respetuosamente al Honorable CONSEJO DE ESTADO, hacer las
siguientes declaraciones y condenas:
PRIMERA: Declarar al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA, responsable de la vulneración del
derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, en consonancia con el derecho
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, magistrado ponente: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez, sentencia del 17 de julio de 2014, radicado: 11001-03-28-000-2013-
00040-00.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 21 de noviembre
de 2024, rad. 27001-23-33-000-2023-00110-01 (Principal).
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07595-00
Actor: Rafael Antonio Ovalle Archila
Acción de tutela
fundamental de ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, al incurrir en
un DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO y en DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL, al proferir la sentencia de segunda
instancia dentro del trámite de la acción de nulidad electoral proveniente del
Tribunal Administrativo de Santander, y surtida bajo radicado 68001-23-33-000-
2023-00408-01.
SEGUNDA: Ordenar a la CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA, dejar sin efecto la
sentencia de segunda instancia proferida el día cinco (5) de junio de 2025,
dentro del trámite de la acción de nulidad electoral proveniente del Tribunal
Administrativo de Santander, y surtida bajo radicado 68001-23-33-000-2023-
00408-01, y en su lugar proveer el fallo judicial que corresponda, dando
aplicación al precedente jurisprudencial de la Corporación, citado en el
salvamento de voto del Honorable Magistrado Dr. OMAR JOAQUÍN BARRETO
SUÁREZ.
TERCERA: Proveer lo que en derecho corresponda”. (archivo disponible en
medio magnético en el aplicativo SAMAI- índice 2).
Actuación procesal
Mediante auto del 1 de diciembre de 2025, se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y a los magistrados integrantes de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, al tiempo que se vinculó como tercero con interés, al señor Jorge
Édgar Flórez Herrera, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a los magistrados del
Consejo Nacional Electoral, a los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander,
a los miembros del Concejo Municipal de Bucaramanga (Santander) y a los magistrados
integrantes del Tribunal Administrativo de Santander, con el fin de que allegaran un
informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción (índice 05 de Samai).
Intervenciones de las autoridades demandadas y vinculadas
La magistrada ponente del Tribunal Administrativo de Santander manifestó que no ha
vulnerado derecho fundamental alguno del actor (índice 15 de Samai).
La Registraduría Nacional del Estado Civil carece de competencia para pronunciarse en
cuanto a las pretensiones del accionante toda vez que, la Constitución y la Ley le asignó
la misionalidad de “(…) dirección organización de las elecciones, el registro civil y la
identificación de las personas”, por su parte, la expedición de autos y sentencias en los
procesos judiciales está a cargo de los jueces de la República (índice 16 de Samai).
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07595-00
Actor: Rafael Antonio Ovalle Archila
Acción de tutela
El Consejo Nacional Electoral solicitó ser desvinculado del presente trámite por carecer
de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no expidió la providencia cuya
vulneración se predica y señaló que la única relación que existió con el caso en concreto
fue mediante los Oficios CNE-S-2023-004648-DVIE-700 y CNE-E-DI-2023-000917, a
través de los cuales se limitó exclusivamente a resolver una consulta formulada, sin que
en dichos pronunciamientos se haya adoptado decisión de fondo alguna respecto a la
posesión del concejal (índice 18 de Samai).
La magistrada ponente de la Sección Quinta del Consejo de Estado solicitó que se
declarara la improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional o, en su defecto, se niegue el amparo por no configurarse los
defectos alegados (índice 19 de Samai).
II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) solicitudes de desvinculación y
3) el caso concreto.
Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07595-00
Actor: Rafael Antonio Ovalle Archila
Acción de tutela
Solicitudes de desvinculación
El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil solicitaron su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, sin embargo, la Sala
negará dichas solicitudes, toda vez que ambos fueron vinculadas al presente trámite en
calidad de terceros con interés por haber intervenido en el proceso de nulidad electoral,
con el fin de garantizar su derecho de defensa y contradicción y para que aportaran los
elementos probatorios que obraran en su poder, sin que ello implique atribuirles
responsabilidad respecto de la providencia judicial cuestionada.
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Sección Quinta
del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de la
providencia del 5 de junio de 2025.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará improcedente
la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional el defecto
procedimental y negará el desconocimiento del precedente, por las siguientes razones:
La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias judiciales
Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.
En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos
los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia de
los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la
seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.
Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la
Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de
requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a
preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales se
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07595-00
Actor: Rafael Antonio Ovalle Archila
Acción de tutela
la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una genuina,
verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.
En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que
el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades
concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos
fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se
convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales ejecutoriadas.
En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente4, la Corte ha reiterado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un
medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez
natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez constitucional
sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el ámbito de la
legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional que afecte
derechos fundamentales de las partes involucradas.
De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de índole
constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de un
derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos legales
de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma
procesal5”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se acredite de
manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos fundamentales.
En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se había
planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
4
Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.
5
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07595-00
Actor: Rafael Antonio Ovalle Archila
Acción de tutela
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora “busca
una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos con la
intención de revivir los términos procesales”.
En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña una
exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con invocar,
en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste la carga de
explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada comporta una
restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado por el Consejo
de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la que se dispuso
que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales6”, enfatizando
en que corresponde al demandante justificar por qué su pretensión tiene tal entidad, so
pena de rechazo o improcedencia.
En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más
exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte Constitucional
fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se presume por la sola
invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de un derecho
fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema jurídico de
naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se pretenden atribuir
a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre el por qué estos
desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración concreta de un
derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del requisito “más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con
derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción desproporcionada” de tales derechos:
“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el
asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07595-00
Actor: Rafael Antonio Ovalle Archila
Acción de tutela
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.”.7
En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o simples
desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela
no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de la
decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios
legalmente concluidos.
Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019, determinó
que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de las decisiones
de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta diáfano que la
intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único fin de cuestionar
la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente por encontrarse en
desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho mecanismo carece de
una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.
El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo del
actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con miras
a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura, específicamente,
con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la consecuencia lógica
es que es que el amparo así deprecado se torna a todas luces improcedente pues en esa
hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no compromete directamente
mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente a los jueces ordinarios,
quienes fueron investidos por el legislador de precisas facultades para ello.
El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios,
de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una genuina
y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales, en orden
a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de vaciar de
contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de tutela no
puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las providencias proferidas
7
Ibidem.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07595-00
Actor: Rafael Antonio Ovalle Archila
Acción de tutela
por los jueces naturales en su ejercicio de tal y cualquier intento dirigido a reemplazar o
arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser contenido.
En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-128
de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción de tutela
reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela debe
trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación, aplicación
o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia no puede
limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de proyección
constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación grave,
concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una decisión
judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una pretensión
dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y resueltas en el
proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción competente.
Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción
para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo establecido
por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, esta hipótesis
comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima facie, si la
decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de acción tanto
de los jueces constitucionales, como de las demás jurisdicciones’ en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios.” (negrillas adicionales).”8.
En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio que
condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara y específica,
que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación razonable y
comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.
En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga al
juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones probatorias
8
Criterio que, a su vez fue ratificado en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, MP Natalia Ángel
Cabo.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07595-00
Actor: Rafael Antonio Ovalle Archila
Acción de tutela
o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o privados; únicamente
cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de los defectos alegados
en el caso concreto.
2.1 La falta de relevancia constitucional
1) En el presente asunto, el actor sostuvo que la sentencia de segunda instancia proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en un defecto procedimental
absoluto, en consideración que la renuncia presentada por el señor Jorge Edgar Flórez
Herrera al Partido Polo Democrático Alternativo no tenía efectos jurídicos definitivos, en
la medida en que una posterior reafiliación al mismo partido permitía restablecer el
derecho a ser llamado a ocupar una curul vacante dentro del período constitucional 2020-
2023.
2) A su juicio, dicha interpretación introdujo una regla no prevista en el orden
constitucional ni legal, pues la renuncia habría extinguido de manera definitiva los
derechos y expectativas derivados de la lista electoral y de la coalición.
3) Así mismo, afirmó que la providencia cuestionada desconoció el precedente reiterado
de la Sección Quinta del Consejo de Estado, conforme al cual la renuncia a un partido
político comporta la pérdida de los derechos políticos derivados de la pertenencia a la
lista electoral, sin que una afiliación posterior tenga la entidad de revivir situaciones
jurídicas consolidadas con anterioridad. Indicó que dicho precedente había sido
correctamente aplicado por el Tribunal Administrativo de Santander en la sentencia de
primera instancia y fue injustificadamente desconocido por la decisión mayoritaria
adoptada en segunda instancia.
4) Examinados estos planteamientos, la Sala advierte que la acción de tutela no satisface
el requisito general de procedencia relativo a la relevancia constitucional, en efecto, los
reproches formulados por el actor, aun cuando se presentan bajo la invocación de
defectos de naturaleza constitucional, no plantean un problema iusfundamental
autónomo ni evidencian la configuración de una actuación judicial arbitraria, caprichosa
o manifiestamente irrazonable que comprometa de manera directa el núcleo esencial de
los derechos fundamentales invocados.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07595-00
Actor: Rafael Antonio Ovalle Archila
Acción de tutela
5) Por el contrario, los argumentos expuestos se orientan a controvertir la interpretación
jurídica efectuada por el juez natural respecto de los efectos de la renuncia partidista y
de la posterior reafiliación, así como la regla de decisión adoptada para resolver el
llamamiento a ocupar una curul vacante. Se trata, por tanto, de un debate propio del
ámbito de la legalidad electoral y de la autonomía judicial en la interpretación y aplicación
del ordenamiento jurídico, cuya definición corresponde exclusivamente al juez natural.
6) En particular, el actor no identificó la omisión de una etapa procesal, la inobservancia
de un trámite esencial, la falta de competencia ni la afectación del derecho de defensa o
contradicción que permita predicar la existencia de un defecto procedimental absoluto en
sentido constitucional, su inconformidad se dirige, en realidad, contra la interpretación
normativa adoptada, lo cual resulta insuficiente para dotar al debate de relevancia
constitucional.
7) En este contexto, la acción de tutela pretende reabrir un debate jurídico ya resuelto por
la jurisdicción contencioso-administrativa, con el propósito de obtener una nueva
valoración del alcance jurídico de la renuncia y de la reafiliación partidista, finalidad que
resulta incompatible con la naturaleza excepcional del amparo constitucional y con la
prohibición de convertirlo en una tercera instancia.
8) En ese orden de ideas, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la
referencia no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir
un debate interpretativo que era propio del proceso ordinario y al juez constitucional le
está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia.
9) Lo anterior cobra mayor sentido si se tiene en cuenta que la providencia atacada fue
expedida por una Alta Corte, eventos en los cuales el análisis de procedibilidad debe ser
mucho más riguroso en orden a establecer si se incurrió en una actuación a todas luces
arbitraria e ilegítima, así:
“[L]a tutela en contra de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte,
exige valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación
arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos
fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los jueces
constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en estricto respeto
a la independencia de los jueces ordinarios ”.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07595-00
Actor: Rafael Antonio Ovalle Archila
Acción de tutela
10) En esa medida, única y exclusivamente cuando se advierta prima facie que la
providencia proferida por un tribunal de cierre contiene una decisión abiertamente
incompatible con la Constitución la tutela será procedente, sin que en ningún caso la mera
diferencia de criterios constituya una razón válida para justificar la intervención del juez
constitucional, por cuanto:
“La tutela contra providencias judiciales de las altas Cortes es más restrictiva,
en tanto: ‘sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la
Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por
la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos
fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto
es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa
intervención del juez constitucional. En los demás eventos los principios de
autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición de órganos
supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las
interpretaciones y valoraciones probatorias aún cuando el juez de tutela pudiera
tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión”.
11) En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional en cuanto a la providencia
judicial se refiere, por las razones hasta aquí expuestas.
Análisis de los requisitos generales de procedencia respecto al defecto por
desconocimiento del precedente judicial
Para la Sala el presente asunto cumple los requisitos genéricos de procedibilidad, por
cuanto: i) se agotaron todos los medios de defensa judiciales disponibles al alcance de
la parte afectada, sin que sea procedente algún otro; ii) se cumplió con el requisito de la
inmediatez9; iii) no se atacó una sentencia de tutela y, iv) la parte actora identificó de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que
estimó transgredidos.
Asimismo, para la Sala v) la cuestión que se discute resulta de relevancia constitucional,
en tanto lo que se reprocha es que el juez de segunda instancia del proceso de nulidad
electoral desatendió el precedente judicial vinculante.
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La providencia cuestionada se notificó el 5 de junio de 2025 y la tutela se presentó el 5 de junio 2025,
esto es, en el término de los seis meses.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07595-00
Actor: Rafael Antonio Ovalle Archila
Acción de tutela
Análisis del defecto por desconocimiento del precedente en el caso concreto
1) La Sala advierte que la sentencia de 17 de julio de 2014 proferida por la Sección Quinta
del Consejo de Estado no resulta vinculante para la resolución del asunto examinado, en
la medida en que los supuestos fácticos que dieron lugar a dicha decisión difieren de
manera relevante de aquellos que fueron analizados en la providencia cuestionada.
2) En efecto, en el precedente invocado, la controversia se estructuró a partir de un
escenario fáctico en el cual la candidata no elegida había presentado renuncia expresa e
irrevocable al partido político que obtuvo la curul, renuncia que fue aceptada por la
organización política y respecto de la cual no se produjo una reafiliación efectiva, pues la
solicitud posterior de reingreso fue rechazada de manera expresa por la dirección del
partido.
3) En ese contexto, la Sección Quinta concluyó que la actora no ostentaba la condición
de militante al momento de configurarse la vacancia absoluta y, por tanto, carecía de
vocación para ser llamada a ocupar la curul, sin que se planteara la posibilidad de atribuir
efectos jurídicos a una vinculación posterior.
4) Por el contrario, en el asunto que dio lugar a la providencia cuestionada mediante la
presente acción de tutela, el debate se centró en el alcance jurídico de una renuncia
seguida de una posterior reafiliación al mismo partido político, lo que quiere decir que la
autoridad judicial demandada no resolvió un caso de ausencia definitiva de militancia,
sino un supuesto en el cual se analizó la existencia y los efectos jurídicos de una nueva
vinculación partidista, a partir de las particularidades del caso concreto.
5) Así, debido a que no existe identidad entre los supuestos fácticos examinados en la
sentencia de 2014 y aquellos valorados en la providencia objeto de reproche, no se
configura el presupuesto indispensable para predicar el carácter vinculante del
precedente, en consecuencia, la adopción de una regla de decisión distinta no constituye
un desconocimiento del precedente judicial, sino el ejercicio legítimo de la función
interpretativa del juez natural frente a un escenario fáctico diverso.
6) Por su parte, en la providencia proferida el 21 de noviembre de 2024 se resolvió a partir
de un escenario fáctico diferente, en el cual la controversia se circunscribió a establecer
si una candidatura había desconocido la prohibición de doble militancia, mediante el
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07595-00
Actor: Rafael Antonio Ovalle Archila
Acción de tutela
examen de la oportunidad y eficacia de una renuncia partidista frente a una inscripción
posterior. En ese contexto, la Sala centró su análisis en la ausencia o presencia de
simultaneidad entre vínculos políticos, como presupuesto para la configuración de la
causal de nulidad electoral.
7) En contraste, el asunto objeto de estudio se estructura sobre un planteamiento distinto,
pues el debate no gira en torno a la coexistencia de militancias, sino a la incidencia
jurídica que puede atribuirse a una afiliación posterior a la renuncia, respecto de la
expectativa de ser llamado a ocupar una curul vacante. Esta diferencia en el presupuesto
fáctico que dio origen a cada demanda impide afirmar la existencia de identidad sustancial
entre los casos y, por ende, descarta que la sentencia invocada tenga carácter vinculante
para la decisión del presente asunto.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Declárase improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
2º) Niégase el amparo en lo relacionado con el defecto por desconocimiento del
precedente judicial, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
3º) Niéganse las solicitudes de desvinculación elevadas por El Consejo Nacional
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
4°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-07595-00
Actor: Rafael Antonio Ovalle Archila
Acción de tutela
5°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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