Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 13001-23-33-000-2019-00264-03
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2021 › Radicado 13001-23-33-000-2019-00264-03
Consejo de Estado · Sección Quinta
Nulidad electoral: contra el acto de elección de concejal distrital
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 13001-23-33-000-2019-00264-03
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 13001-23-33-000-2019-00264-03
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate
1 de julio de 2021
NULIDAD ELECTORAL – Contra el acto de elección de concejal distrital / NULIDAD ELECTORAL – El acto es susceptible de control judicial cuando se demuestra que produjo efectos
[U]n acto electoral es pasible de control judicial, cuando aun habiendo sido retirado del ordenamiento jurídico o cesado en sus efectos los produjo, contrario sensu, si éste existió pero no se puede predicar que cumplió el fin para el cual fue expedido, se impone decretar su sustracción de materia y con ello la imposibilidad de ser enjuiciado. En el presente caso, se tiene que el período constitucional para el cual fue proferida la Resolución No. 063 de 5 de abril de 2019, estaba comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019, de ello, resulta claro que el acto cesó en sus efectos por vencimiento del período, no obstante ello, se encuentra demostrado que produjo efectos, toda vez que el demandado con la resolución cuestionada fue investido de la dignidad de concejal; por tanto, conforme con la jurisprudencia unificada de esta Sección, no opera la carencia de objeto y por consiguiente es susceptible de control judicial, en esa medida, el ad quem mantiene su competencia para conocer de la legalidad del mismo.
NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a si un acto electoral es pasible de control judicial, pese a haber sido retirado del ordenamiento jurídico o cesado en sus efectos, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de unificación del 24 de agosto de 2018, M.P. Rocío Araujo Oñate, radicación 47001-23-33-000-2017-00191-02.
VACANTE EN LA CORPORACIÓN PÚBLICA DE ELECCIÓN POPULAR - Forma de provisión
[E]l artículo 134 constitucional [reformado], reiteró la eliminación las suplencias de los miembros de las corporaciones públicas, y además precisó las situaciones de falta temporal o absoluta que dan lugar al reemplazo, destacando que éste se provee con “los candidatos no elegidos que según el orden de inscripción o votación obtenida, le sigan en forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral”, garantizando de esta manera que los llamamientos correspondientes recaerán en ciudadanos que en su momento obtuvieron un significativo respaldo popular, y por ende, que se respetará la voluntad del electorado teniendo en cuenta de forma irrestricta el número de sufragios que obtuvieron los miembros de la colectividad política que logró escaños en la respectiva corporación pública. (…). [L]a norma relativa a la forma de proveer las vacancias absolutas en el caso de los concejales [artículo 63 de la Ley 136 de 1994], guardando coherencia con el artículo 134 constitucional, establece que debe tenerse en cuenta el orden elegibilidad correspondiente para llamar al candidato que ocupará la curul, lo que está en consonancia con el principio democrático y el respeto de la voluntad popular. Vale la pena destacar que la exigencia de respetar el orden de elegibilidad para proveer los reemplazos está en consonancia con los incisos 2° y 3° del artículo 262 de la Constitución Política, que de manera inequívoca establecen que la asignación de las curules se efectúa teniendo en cuenta el número de votos obtenidos por las correspondientes colectividades, hayan hecho uso o no del mecanismo del voto preferente.
NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a que el Acto Legislativo Nº 01 de 1993, amplió el ámbito de aplicación de las vacancias absolutas de los miembros del Congreso, a los miembros de las corporaciones públicas, consagrando además la figura de los suplentes”, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 30 de agosto de 2017, M.P. Alberto Yepes Barreiro, radicación 13001-23-33-000-2017-00606-01.
NULIDAD ELECTORAL – El juez electoral no tiene competencia para entrar a revisar la validez de las actuaciones de los jueces de tutela / NULIDAD ELECTORAL - De la supuesta aplicación indebida del fallo T132 de 2019 de la Corte Constitucional
La sentencia de revisión tuvo su génesis en la acción de tutela que interpuso el señor Carlos Alberto Barrios Gómez en contra el Concejo Distrital de Cartagena, al considerar que se vulneraron sus derechos al debido proceso administrativo y a desempeñar cargos públicos, teniendo en cuenta que el cabildo distrital al proferir las resoluciones 047 y 052 de 2017 lo retiró de su cargo como miembro de la corporación, por incurrir en una inhabilidad sobreviniente derivada de un fallo de responsabilidad fiscal en su contra. A juicio del señor Barrios, se ignoró que había cancelado la totalidad de las sanciones impuestas por la Contraloría de Cartagena, lo que generaba que la situación que dio origen al asunto fiscal se superara plenamente. (…). [E]l demandante reprocha que el Consejo Distrital de Cartagena efectuó una interpretación y aplicación indebida de la sentencia T-132 de 2019 de la Corte Constitucional, porque ésta se circunscribió a la situación de los candidatos Carlos Alberto Barrios Gómez y Wilson Ernesto Toncel Ochoa, no emitió orden alguna para la recomposición de la lista de candidatos del Partido Cambio Radical al cabildo y porque no hizo parte del proceso de tutela correspondiente. (…). Sobre el particular es pertinente subrayar, que escapa a la competencia de la Sala entrar a revisar la validez de las actuaciones de los jueces de tutela, incluida la Corte Constitucional, respecto de las vinculaciones en el referido asunto, pues ello implicaría entrar a cuestionar las providencias que se dictaron dentro del mismo y que están llamadas a hacer tránsito a cosa juzgada. Además, no puede perderse de vista que el análisis del medio de control de nulidad electoral se circunscribe al estudio de legalidad del acto de llamamiento del señor Wilson Ernesto Toncel Ochoa a ocupar una curul en el citado cabildo, para lo que restaba del período 2016-2019, materializado a través de la Resolución N° 063 de 2019. Por lo tanto, cualquier reparo por parte del demandante contra la sentencia de la Corte Constitucional estaba llamado efectuarse y resolverse ante la misma en las oportunidades y términos legalmente establecidos, y no por vía indirecta a través del presente medio de control, que en forma alguna constituye el mecanismo idóneo para aclarar, modificar, revocar o confirmar las decisiones de tutela, máxime cuando el amparo transitorio que se otorgó, no se condicionó a lo decidido en el proceso de la referencia, sino a la resolución de las controversias judiciales relativas a la legalidad de los actos que excluyeron al señor Barrios Gómez de la corporación de elección popular. (…). En este punto se evidencia, que el fallo de revisión de la Corte Constitucional no le indicó pormenorizadamente al Concejo Distrital de Cartagena cómo debía efectuar el reintegro, pues simplemente prescribió que debía realizarse en el término de 48 horas. (…). En efecto, al analizar la referida sentencia se tiene que la controversia respecto de la cual se ocupó la Corte Constitucional, giró alrededor de la curul que ocupaba el señor Barrios Gómez, en la que se designó en reemplazo al señor Toncel Ochoa, sin que se evidencie tuviera información adicional sobre la composición de la corporación (…), y por consiguiente, de cambios en el orden de elegibilidad a tener en cuenta, de manera tal que dicha aseveración se efectuó a partir de los elementos de juicio con los que contaba la Corte.
Por la anterior circunstancia, no se advierte que la sentencia de tutela haya establecido, por ejemplo, que para reintegrar al señor Carlos Alberto Barrios Gómez debía excluirse de la corporación al señor Wilson Ernesto Toncel Ochoa, respecto del cual sólo se afirmó que el hecho de haber sido llamado al Concejo en virtud de una acción de tutela, no significaba que permanecería incuestionablemente en la entidad, pues simplemente amparó los derechos fundamentales del primero y de manera transitoria dispuso que en el término de 48 horas debía regresar a la corporación de elección popular, de manera tal que ésta debía evaluar conforme a las reglas legal y constitucionalmente establecidas cómo acatar la decisión constitucional. Se destaca esta situación, porque el demandante al hacer énfasis en el referido fallo, en sus efectos y en que no fue vinculado al trámite que dio lugar mismo, sugiere que para cumplir con la orden de reintegro única y exclusivamente debía disponerse de la curul que ocupaba el señor Wilson Ernesto Toncel Ochoa, presupuesto a partir del cual considera que el Concejo Distrital de Cartagena interpretó y aplicó incorrectamente la sentencia de revisión, premisa que a juicio de la Sala es incorrecta, pues se insiste, el fallo no estableció tal parámetro, simplemente ordenó el reintegro. De allí que la corporación de elección popular debía acatarlo siguiendo las reglas para la asignación de las curules, contenidas por cierto, en las normas que se estiman violadas, los artículos 134 y 262 de la Constitución Política y 63 de la Ley 136 de 1994, y desde luego, la composición del Concejo para el momento en que se dictó la providencia T-132 de 2019, en especial respecto de las curules del Partido Cambio Radical, al que pertenece el ciudadano cuyos derechos fueron amparados. En ese orden de ideas, se observa que después del mencionado fallo, el Concejo Distrital de Cartagena profirió las resoluciones N° 062 y 063 del 5 de abril de 2019, respecto de las cuales en cuanto a la sentencia T-132 de 2019, simplemente indicaron que debían suspenderse los efectos de los actos administrativos mediante los cuales el señor Carlos Alberto Barrios Gómez fue retirado de la corporación porque debía volver a ésta, argumentos y decisiones que no se advierten contrarios a la sentencia de revisión, por el contrario, que se apegan a la misma, sin que evidencie algún error de aplicación o interpretación, pues se reitera, la Corte no se precisó los términos en que debía efectuarse el reintegro. Ahora bien, no pasa por alto la Sala que la inconformidad principal del demandante es que en relación con el mencionado reintegro se recompuso la lista del Partido Cambio Radical al Concejo Distrital de Cartagena, aunque la Corte no dio alguna orden sobre el particular, lo cual obedeció como se ha indicado, a que la alta corporación no precisó las actuaciones administrativas que debían adelantarse para tal efecto. Por lo tanto, lo que a continuación corresponde establecer, es si debía o no revisar la referida lista, lo que nos lleva a la segunda cuestión planteada, esto es, el presunto desconocimiento entre otros, de los artículos 134 y 262 de la Constitución Política y 63 de la Ley 136 de 1994, que establecen los parámetros básicos para la asignación de curules en las corporaciones de elección popular.
VACANTE EN LA CORPORACIÓN PÚBLICA DE ELECCIÓN POPULAR – Su reemplazo se provee con los candidatos no elegidos que según el orden de inscripción o votación obtenida, le sigan en forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral / VACANTE EN LA CORPORACIÓN PÚBLICA DE ELECCIÓN POPULAR – No hubo desconocimiento de las normas en que debía fundarse
Es pertinente reiterar, que el artículo 134 de la Constitución, indicó las situaciones de falta temporal o absoluta que dan lugar al reemplazo, destacando que ante éstas las vacantes se proveen con “los candidatos no elegidos que según el orden de inscripción o votación obtenida, le sigan en forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral”. Esto se traduce en una garantía para que la asignación de curules y los llamamientos se efectúen respetando irrestrictamente la voluntad popular, de la cual emerge el derecho a participar con voz y voto en la respectiva corporación. En el mismo sentido, se encuentran los numerales 2 y 3 del artículo 262 constitucional y el 63 de la Ley 136 de 1994. (…). Ahora bien se resalta, que si bien el a-quo no citó de manera textual las disposiciones referidas en las resoluciones 062 y 063 de 2019, sí efectuó un análisis completo de los documentos allegados con el expediente, y como consecuencia de ello enunció los actos administrativos proferidos por el Concejo Distrital de Cartagena que dieron lugar a las vacancias absolutas al interior del cabildo, así como las certificaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil que reflejaban el orden de elegibilidad respecto de las curules que obtuvo el Partido Cambio Radical. (…). Por lo tanto, una vez expedido y notificado el fallo que ordenó el reintegro del señor Carlos Alberto Barrios Gómez perteneciente al Partido Cambio Radical, debía establecerse en qué curul debía materializarse el amparo concedido, para lo cual en aplicación de los artículos 134 y 262 de la Constitución Política y 63 de la Ley 136 de 1994, debía tenerse en cuenta el orden de elegibilidad de la lista de la agrupación política para la anterior corporación pública, en otras palabras, precisar de qué manera quedaría conformada al incluir al señor Barrios Gómez. (…). Dicho de otro modo, no podía pretender el demandante que en virtud de la orden de reintegró no se viera afectada su permanencia en el Concejo Distrital, pues era el candidato que para el momento del fallo de tutela tenía la menor votación de aquellos que ocupaban una curul, y por ende, el que en aras de respetar la voluntad popular y el fallo judicial, debía ceder su lugar para garantizar que los escaños fueran ocupados por quienes obtuvieron el respaldo del electorado. (…). Proceder en contrario implicaría desconocer la voluntad popular permitiendo que una persona que no obtuvo el número de votos para permanecer en el Concejo siguiera en el mismo, lo que sería totalmente contrario a los artículos 134 y 262 de la Constitución Política y 63 de la Ley 136 de 1994, que como se ha indicado, establecen como parámetro fundamental para la provisión de las curules y los remplazos, el número de votos obtenidos. (…). Se precisa que con el artículo 3° de la anterior resolución [N° 063 de 2019 del Concejo Distrital de Cartagena] (que se controvierte en este proceso), se formalizó el hecho de que el candidato Toncel Ochoa debía ocupar la cuarta curul del Partido Cambio Radical y no la tercera (que venía desempeñando), porque a ésta regresó el señor Barrios Gómez. De acuerdo con lo anterior, lo cierto es que, en consideración a la decisión constitucional reseñada, la única curul a proveer en el cabildo municipal era la de Vicente Blel Scaff y quien debía ocuparla era el señor Wilson Toncel Ochoa, por haber obtenido la siguiente votación en orden de elegibilidad, respecto de quienes conformaban inicialmente la bancada del Cambio Radical en el concejo distrital referido. En suma, la Sala no observa que el Tribunal Administrativo de Bolívar haya incurrido en un defecto al momento de proferir el fallo de primer grado, por el contrario, basó sus argumentos en los artículos referidos, cuyo contenido fue aplicado en debida forma, por lo que no hay lugar a la prosperidad del cargo de desconocimiento de las normas en que debía fundarse.
DESVIACIÓN DE PODER – No se configuró dado que la expedición del acto enjuiciado obedeció al respeto irrestricto del orden de elegibilidad de la lista del Partido Cambio Radical al Concejo de Cartagena
[L]a Sala encuentra que contrario a lo dicho por el apelante para darle cumplimento al fallo constitucional T-132 de 2019, (…) el Concejo Distrital de Cartagena resultó necesario [analizar] todas las situaciones de vacancia que se presentaron a raíz de la mentada decisión judicial, y en efecto retrotraer la composición del cabildo a su estado inicial para poder suplir las curules respetado los postulados de los artículos 134 y 262 Superior y el 63 de la Ley 136 de 1994, en aras de poder efectuar el llamamiento a la persona que tiene ese derecho, teniendo en cuenta el número de votos obtenidos en el certamen electoral respectivo. De acuerdo con lo indicado, para la Sección es claro que la única forma de garantizar la voluntad popular era efectuando la recomposición de la lista, pues haber considerado solo afectar, la posición de Wilson Toncel Ochoa por ser quien reemplazo al señor Carlos Alberto Barrios Gómez, hubiera desconocido el derecho que tenía el primero de los mencionados a ocupar una curul en el concejo distrital de Cartagena por ser quien había obtenido el apoyo popular para ser miembro de la citada entidad. Adicionalmente, el recurrente, indicó que con el acto demandado, el Concejo Distrital de Cartagena, terminó materializando una actuación constitutiva de desviación de poder, para excluirlo de la corporación de elección popular y favorecer al señor Wilson Ernesto Toncel Ochoa. De conformidad con el artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, los actos de elección o de nombramiento son nulos, entre otros eventos, cuando se expiden con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió, situaciones previstas en el artículo 137 ídem. Así las cosas, es procedente el estudio de legalidad de un acto electoral, bajo la égida de las causales generales de nulidad de los actos administrativos, entre las que se encuentra la desviación de poder, entendida como un vicio que surge en la expedición del acto y que radica en que quien actúa, si bien lo hace en el marco de sus competencias, cumpliendo las formalidades de procedimiento y sin incurrir en violación de la ley, utiliza sus poderes o atribuciones con el propósito de buscar una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales, en general, o los específicos y concretos, que el legislador buscó satisfacer al otorgar la respectiva atribución. Conforme con la anterior definición, la desviación de poder radica en la finalidad del acto electoral, elemento teleológico que se erige como un requisito fundante de validez del mismo, por cuanto debe sustentarse en los fines que constitucional y legalmente se encuentran establecidos para su expedición. Es por ello que, cuando un acto se profiere, con una intención particular, personal o arbitraria, que persigue un fin opuesto a las normas a las que debe someterse, es que se materializa el vicio analizado. (…). [P]ara que se materialice esta infracción, se debe llevar al juzgador a la convicción plena, que la intención de quien profirió el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los previstos por la norma. (…).
Teniendo clara la noción del vicio denominado desviación de poder y los requisitos para su configuración, que no son otros que demostrar, que las autoridades que intervinieron en la elección cuestionada persiguen un fin distinto al que la ley establece, de las pruebas allegadas por las partes no se advierte de forma alguna la configuración de esta causal de nulidad, por el contrario, como se explicó con anterioridad, la expedición del acto enjuiciado obedeció al respeto irrestricto del orden de elegibilidad de la lista del Partido Cambio Radical al Concejo de Cartagena, y a las consecuencias que se derivaron de la sentencia de revisión de la Corte Constitucional, frente a la cual no se observa una aplicación arbitraria o caprichosa por la corporación de elección popular.
NOTA DE RELATORÍA: Respecto del alcance de la falsa motivación como causal de nulidad, consultar, entre otras que se citan: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 14 de marzo de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad. 11001-03-28-000-2018-00049-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 30 de agosto de 2017, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad. 13001-23-33-000-2016-00051-01. Sobre la procedencia del estudio de legalidad de un acto electoral bajo las causales generales de nulidad de los actos administrativos, consultar: Corte Constitucional, sentencia C-456 de 2 de septiembre de 1998, M.P: Antonio Barrera Carbonell, expediente D- 1932. En cuanto a la desviación de poder, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de septiembre de 2012, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, radicación 19001-23-31-000-2001-01047-01(0407-10). En cuanto a la materialización de la desviación de poder, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección A, sentencia del 22 de febrero de 2018, M.P: Rafael Francisco Suárez Vargas, radicación 25000-23-25-000-2008-00942-01(1635-17).
DERECHO AL DEBIDO PROCESO – Pese a haberse presentado una irregularidad, esta carece de incidencia para afectar el acto de llamamiento
Analizadas las normas que regulan las formas de suplir las vacancias absolutas, esto los artículos 134 y 262 superior y 63 de la Ley 136 de 1994, es claro que el legislador no ha establecido un trámite o procedimiento que indique como efectuarlas, más allá del fundamento constitucional y legal el cual refiere que las curules, deben asignarse, de acuerdo con el número de votos obtenidos en un determinado certamen electoral. (…). Una vez advertido que si bien el Concejo Distrital de Cartagena, no permitió la intervención del señor Dagoberto Macías Cabrera, en el procedimiento para el acatamiento de la sentencia, T-132 de 2019, la Sala estima que, en realidad se presentó la mentada irregularidad, carece de incidencia para afectar el acto de llamamiento, en la medida en que no representaría ninguna variación en los resultados electorales que son el fundamento para suplir las vacancias absolutas que se presente en las corporaciones públicas de elección popular, de allí que no se avizore un desconocimiento, o un vicio de tal entidad que ponga entredicho la elección, en especial cuando en materia electoral sólo las irregularidades de significativa incidencia son las que pueden afectar la validez y efectos de las decisiones del electorado, como se desprende por ejemplo, del artículo 287 de la Ley 1437 de 2011. (…). Así las cosas, de lo descrito, se reitera que si bien se presentó un desconocimiento normativo, éste no tiene la entidad para afectar los resultados electorales, que son el fundamento para suplir las vacancias absolutas que se presenten en el Concejo Distrital de Cartagena. Al margen de lo anterior, se precisa que el demandante tenía a su alcance el respectivo medio de control, para cuestionar la forma como se excluyó al actor del cabildo distrital, situación que escapa el análisis de la nulidad electoral. (…). La Sala considera que el actor no desvirtuó la presunción de legalidad de los artículos 2 y 3 de la Resolución No. 63 del 5 de abril de 2019, mediante la cual el Concejo Distrital de Cartagena de Indias D.T. y C. llamó al señor Wilson Ernesto Toncel Ochoa a ocupar una curul en el citado cabildo, para lo que resta del período 2016-2019, por tanto, se confirmará sentencia de primer grado.
NOTA DE RELATORÍA: Del principio de eficacia al voto y las irregularidades que puedan afectar el resultado del proceso electoral, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 18 de diciembre de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 11001-03-28-000-2019-00036-00.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 134 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 262 NUMERAL 2 Y 3 / ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2009 / ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2015 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 287 / LEY 136 DE 1994 – ARTÍCULO 63
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C., primero (1º) de julio dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 13001-23-33-000-2019-00264-03
Actor: DAGOBERTO MACÍAS CABRERA
Demandado: WILSON ERNESTO TONCEL OCHOA - CONCEJAL DE CARTAGENA, PERÍODO 2016-2019
Referencia: NULIDAD ELECTORAL - Respeto del orden de elegibilidad para la provisión de vacantes en corporaciones de elección popular
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante mediante apoderada judicial, contra la sentencia electoral No. 001/2021 proferida el 16 de febrero de 2021, por medio de la cual la Sala de Decisión No. 001 del Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
1. La demanda
1. El señor Dagoberto Macías Cabrera, presentó demanda en ejercicio del medio de control contenido en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, contra los artículos 2 y 3 de la Resolución No. 63 del 5 de abril de 2019, mediante la cual el Concejo Distrital de Cartagena de Indias D.T y C. llamó al señor Wilson Ernesto Toncel Ochoa a ocupar una curul en el citado cabildo, para lo que restaba del período 2016-2019.
1.1. Pretensiones
2. Solicitó lo siguiente:
“PRIMERA: Declárese que es nulo parcialmente el acto administrativo contenido en la Resolución No. 063 de fecha cinco (5) de abril de dos mil diecinueve (2019) signada por el señor OSCAR ALFONSO MARÍN VILLALBA, en su calidad de presidente del CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS, y en consecuencia, declarar la nulidad de los artículos (2º) y artículo tercero (3º) (…).
A
SEGUNDA: Que se hagan las demás declaraciones y condenas a que haya lugar conforme lo señalan las leyes y las especiales circunstancia de este tipo de proceso.”
1.1.1. Hechos
3. Relató que el señor Carlos Alberto Barrios Gómez fue elegido como concejal de Cartagena, período 2016-2019, cargo para el cual se posesionó, luego encontrándose vinculado al citado cabildo, la Contraloría de Cartagena profirió un fallo de responsabilidad fiscal en su contra, consecuencia de lo cual, ante la inhabilidad sobreviniente que ello generó fue retirado de su empleo por medio de las resoluciones 047 y 052 de 2017, ante la vacante generada se llamó al siguiente en votación, esto es, al señor Wilson Toncel Ochoa (demandado).
4. Narró que como consecuencia de lo anterior, el señor Carlos Alberto Barrios Gómez, el 24 de abril de 2017, promovió acción de tutela contra el Concejo de Cartagena, al estimar que con las Resoluciones Nos. 047 y 052 del 2017, mediante las cuales decidió retirarlo del cargo como concejal, por supuestamente incurrir en una inhabilidad sobreviniente, derivada de una condena por responsabilidad fiscal que le impuso la contraloría de la citada ciudad, se le desconoció su derecho al debido proceso administrativo, en tanto en el trámite de expedición de los anteriores actos administrativos no se le brindó la oportunidad de ejercer su defensa. Además, alegó que se pasó por alto respecto de la sanción fiscal que le fue impuesta, los efectos que se predican del pago de la misma.
5. A su turno indicó, que el citado amparo inicialmente fue negado por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena, mediante providencia del 9 de mayo de 2017, decisión que fue revocada por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad, que en su lugar tuteló transitoriamente los derechos fundamentales invocados, ordenando la suspensión de los efectos de las Resoluciones Nos. 047 y 052 del 2017 y su reintegro a la corporación de elección popular, mientras se adelantaban las acciones contenciosas correspondientes contra tales actos.
6. Indicó que el 3 de octubre de 2017, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de todo lo actuado en la referida acción constitucional, por cuanto no fue vinculado el señor Wilson Ernesto Toncel Ochoa, quien ocupó la vacante que había dejado en el cabildo el señor Carlos Alberto Barrios Gómez.
7. Afirmó que, mediante auto del 26 de enero de 2018, la Corte Constitucional seleccionó el mencionado proceso de tutela para revisión, sin embargo advirtió que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia había dejado sin efecto todo lo actuado, por lo que en auto del 27 de febrero de 2018, dispuso abstenerse de pronunciarse de fondo y remitió el asunto al Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena, para que efectuara la vinculación de todos los interesados, profiriera decisión de primera instancia y una vez se surtiera el procedimiento correspondiente, se devolviera al máximo tribunal constitucional el expediente para surtir la etapa de revisión eventual.
8. Aseguró que mientras se adelantaba el trámite de la referida acción de tutela, el 21 de junio de 2018, el concejal por el Partido Cambio Radical Vicente Blel Scaff, presentó renuncia a su cargo, la cual fue aceptada por el concejo el 22 siguiente, con la consecuente declaratoria de la vacancia absoluta de la curul de la mencionada agrupación política. Para efectos de suplir el escaño, la RNEC certificó que quien seguía en la lista de la colectividad de acuerdo al número de votos obtenidos, era el señor Dagoberto Macías Cabrera, en esa medida por Resolución No. 105 del 26 de junio de 2019 la duma procedió a efectuar su llamamiento.
9. Volviendo al señalado proceso de tutela, afirmó que por sentencias del 17 de abril de 2018 y 10 de julio del mismo año, los juzgados Cuarto Penal con Funciones de Control de Garantías y Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cartagena respectivamente, negaron el amparo solicitado, y el segundo de ellos ordenó su remisión a la Corte Constitucional.
10. Comentó que la Corte Constitucional mediante fallo T-132 de 2019, determinó que el Concejo Distrital de Cartagena vulneró el debido proceso administrativo del señor Carlos Alberto Barrios Gómez, al no permitirle ejercer el derecho a la defensa durante el trámite de expedición de las Resoluciones Nos. 047 y 052 del 2017 que fueron proferidas de plano. En consecuencia, revocó las sentencias de tutela de instancia y ordenó el reintegro del anterior ciudadano al cabildo.
11. Advirtió que en cumplimiento del mencionado fallo de la Corte Constitucional, la corporación de elección popular por medio de la Resolución No. 062 del 5 de abril de 2019, suspendió los efectos de las resoluciones Nos. 047 y 052 del 2017 y reintegró al señor Carlos Alberto Barrios Gómez como concejal por el Partido Cambio Radical.
12. Agregó que el Concejo Municipal de Cartagena a través de Resolución No. 063 del 5 de abril de 2019, como consecuencia del reintegro del señor Carlos Alberto Barrios Gómez, resolvió recomponer la lista de la colectividad del Partido Cambio Radical.
13. Dicha resolución da cuenta que la anterior colectividad logró 4 curules en la corporación de elección popular, las cuales inicialmente fueron ocupadas en orden descendente por los señores Vicente Blel Scaff, Luis Javier Cassiani Valiente, Antonio Salim Guerra Torres y Carlos Alberto Barrios Gómez. Adicionalmente, destacó que en orden elegibilidad para un eventual llamamiento, quedaron los señores Wilson Ernesto Toncel Ochoa y Dagoberto Macías Cabrera, en quinto y sexto lugar respectivamente.
14. Precisó esta resolución (teniendo como presupuesto el mencionado reintegro), que como el señor Wilson Ernesto Toncel Ochoa obtuvo un número mayor de votos que el señor Dagoberto Macías Cabrera, por lo que el primero (Toncel Ochoa) era quien debía ocupar la vacante que dejó por renuncia el señor el Vicente Blel Scaff, motivo por el cual el segundo candidato (Macías Cabrera) no podía permanecer en la corporación de elección popular.
15. Afirmó el demandante, señor Dagoberto Macías Cabrera, que con posterioridad a la Resolución No. 063 del 5 de abril de 2019, mediante la cual se estableció que no podía ocupar una curul en la duma municipal, presentó solicitud de nulidad de la sentencia T-132 de 2019 de la Corte Constitucional (por no haber sido vinculado a la actuación) y a su vez aclaración de tal petición, que a la fecha presentación de la demanda indicó no habían sido resueltas.
1.1.2. Normas violadas y concepto de violación
16. Argumentó que el acto de elección se encuentra viciado de nulidad por incurrir en desviación de poder, por cuanto con la expedición de la Resolución 063 de 5 de abril de 2019, suscrita por el entonces presidente del concejo señor Óscar Alfonso Marín Villalba, se incurrió en una extralimitación de funciones, pues si bien el mencionado acto fue proferido en aparente cumplimiento de la sentencia T-132 del 27 de marzo de 2019, lo cierto es que con la exclusión del señor Dagoberto Macías Cabrera se favoreció al señor Wilson Ernesto Toncel Ochoa.
17. Sobre el particular, destacó que en anterior oportunidad el señor Toncel Ochoa fue presidente del Concejo Distrital de Cartagena, condición en virtud de la cual se llamó a ocupar una curul al ciudadano Óscar Alfonso Marín Villalba, quien posteriormente, mediante la Resolución 063 de 5 de abril de 2019, le devolvió el favor al primero.
18. Así mismo, argumentó que se presentó un ejercicio arbitrario por parte del presidente del concejo (Óscar Alfonso Marín Villalba), por cuanto en cumplimiento de la sentencia T-132 del 27 de marzo de 2019, desconoció los derechos del señor Dagoberto Macías Cabrera, quien no fungió como parte o interviniente en el proceso constitucional, para lo cual recordó que dicha decisión tiene efectos interpartes. Indicó por ello que la decisión constitucional no impartió alguna orden contra el ahora demandante y que los hechos sobre los que versó son ajenos a él, pues lo que se definió fue lo concerniente a la supuesta inhabilidad que recaía en el señor Carlos Alberto Barrios Gómez, por lo que no podían excluirlo de la duma en acatamiento del fallo.
19. Aseveró que también se incurrió en una falsa de motivación del acto administrativo, para lo cual explicó que la Resolución 063 del 5 de abril de 2019 hizo alusión a la renuncia del concejal Vicente Blel Scaff y a la forma en que se suplió su vacante, aunque ello no tenía relación alguna con el asunto materia de decisión por la mencionada resolución, que se circunscribía a la aplicación de la sentencia T-132 de 2019, la cual resultaba vinculante para los señores Carlos Alberto Barrios Gómez y Wilson Ernesto Toncel Ochoa.
20. Insistió en que lo correcto era que el concejo hubiera proferido un acto en donde se cumpliera la sentencia de tutela de la Corte Constitucional desvinculando al señor Wilson Ernesto Toncel Ochoa y devolviéndole la curul al señor Carlos Alberto Barrios Gómez y no recomponer la lista del Partido Cambio Radical con su consecuente exclusión.
21. Aseguró que se vulneró su debido proceso, teniendo en cuenta que el Concejo Distrital de Cartagena dio apertura a un proceso de cumplimiento del fallo T-132 de 2019, otorgándole al demandante mediante oficio del 3 de abril de 2019, que fue notificado al día siguiente, un término de 24 horas para ejercer el derecho de contradicción, que a su juicio vencía el 5 del mismo mes a las 3:15 p.m., plazo antes del cual la corporación de elección popular profirió las resoluciones Nos. 062 y 063, por lo que materialmente no tuvo la oportunidad de exponer sus argumentos defensa.
22. Para acreditar lo anterior resaltó, que la posesión del señor Wilson Ernesto Toncel Ochoa y la recomposición de la lista de candidatos del Partido Cambio Radical quedaron consignadas en actas de sesión No. 568 y No. 610 del 5 de abril de 2019 a las 8:20 a.m.
23. Destacó que, por el contrario, al señor Toncel Ochoa sí se le concedió el plazo para pronunciarse en el trámite de acatamiento de la decisión constitucional, dado que el 4 de abril de 2019 presentó un escrito a través del cual solicitó recomponer la lista del Partido Cambio Radical.
24. Bajo estos supuestos, se presentó solicitud de suspensión provisional del acto demandado.
1.2. Actuaciones Procesales
1.2.1. Decisión que revocó el rechazo de la demanda
25. La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante auto del 14 de noviembre de 2019, revocó el auto del 4 de septiembre de la misma anualidad, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Bolívar rechazó la demanda, al estimar que el éste último debía efectuar el estudio de admisibilidad teniendo en cuenta las siguientes reglas:
“El artículo primero de la Resolución 063, no es objeto de discusión porque es claro que se desprende del cumplimiento de la orden de la tutela T– 132 de 2019, en el que en 48 horas contado a partir de su notificación se debía reintegrar al señor Carlos Alberto Barrios Gómez al cargo de concejal de la ciudad para el período constitucional comprendido entre los años 2016 y 2019.
En cuanto al artículo 2 de este acto que ordenó la recomposición de la lista, se tiene que es una decisión previa y necesaria para realizar el llamamiento que es el que se constituye en un acto autónomo y pasible de control a través del medio de nulidad electoral, sin que ello no implique que si se presentan vicios en éste quede sustraído del control judicial, pues lo que sucede es que dichas anomalías se estudiaran por el juez electoral cuando analice la legalidad del acto definitivo de llamamiento
Respecto del artículo 3, es el acto de llamamiento propiamente dicho y por lo tanto, pasible de control judicial por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través de la nulidad electoral, conforme la regla establecida en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011.
Ahora bien, el artículo 4 del acto en discusión, es la consecuencia del llamamiento previsto en el artículo 3 y escapa del control objetivo propio del medio de control de nulidad electoral, máxime cuando el actor indica que se presume la legalidad de la Resolución 105 del 26 de junio del 2018, por la cual fue llamado a ocupar la curul del señor Vicente Blel Scaff. En razón de ello, si es su voluntad demandar la decisión por la cual el Concejo Distrital de Cartagena le revocó su llamamiento, dicha pretensión debe ventilarse a la luz del medio de control establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011”.
1.2.2. Admisión de la demanda
26. Con auto del 3 de febrero de 2020, la Sala del Tribunal Administrativo de Cartagena admitió la demanda, negó la solicitud de suspensión provisional y ordenó las notificaciones respectivas.
1.2.3. Contestación de la demanda
27. El demandado se opuso a la prosperidad de las pretensiones, para lo cual adujo que la presente acción carece de objeto, en la medida en que los actos administrativos que se cuestionan no están produciendo efectos, toda vez que se dirigían a controvertir la integración del Concejo Distrital de Cartagena para el período constitucional 2016-2019, el cual finalizó el 31 de diciembre de 2019.
28. El Distrito de Cartagena advirtió que la corporación de elección popular expidió las resoluciones Nos. 062 y 063 de 5 de abril de 2019 conforme a derecho, con el fin de acatar las reglas jurídicas y bajo las motivaciones dispuestas en la sentencia de tutela T-132 de 2019. En consecuencia, aseveró que no incurrió en ninguna causal de nulidad.
29. La RNEC sostuvo que no incurrió en alguna afectación o lesión de los derechos invocados. Expresó que las consideraciones de la parte actora carecen de sustento jurídico y probatorio para endilgarle responsabilidad a la entidad, que en la presente controversia carece de legitimación en la causa por pasiva.
1.2.4. Fijación del litigio
30. En la audiencia inicial celebrada el 6 de agosto de 2020, el Tribunal Administrativo de Bolívar, entró el litigio en “determinar si el acto administrativo demandado contenido en la resolución n° 063 del 05 de abril de 2019, por medio de la cual se hizo un llamado a ocupar una curul, expedido por el Concejo Distrital de Cartagena, se encuentra inmersa en las causales de nulidad que alega el actor, y en caso positivo si hay lugar a la declaratoria de nulidad con las consecuencias de ley”.
1.2.5. Alegatos de conclusión en primera instancia.
31. El demandado Wilson Toncel reiteró que el Concejo Distrital de Cartagena de Indias expidió las resoluciones 062 y 063 del 5 de abril de 2019 conforme a derecho, en aras de acatar la sentencia de tutela T-132 de 2019. A su vez indicó, que los citados actos administrativos tuvieron sustento en los artículos 263A, 134 Superior y 63 de la Ley 136 de 1994, por lo que no incurrieron en ninguna causal de nulidad.
32. La RNEC reiteró sobre su falta de legitimidad en el presente proceso, aduciendo que quien efectuó el acto de llamamiento y la posesión del demandado fue el Concejo Distrital de Cartagena.
33. El demandante insistió en que se soslayaron las garantías constitucionales y legales, teniendo en cuenta que fue el único perjudicado con la Resolución 063 de 5 de abril de 2019, toda vez que fue retirado de su curul cuando ya la tenía consolidada a través de la Resolución 105 del 26 de junio de 2018, la cual goza de plena presunción de legalidad, por cuanto no fue impugnada por ningún ciudadano.
34. Reiteró que no ejerció el derecho de defensa, porque antes de que venciera el término para pronunciarse en el proceso administrativo que tenía como fin dar cumplimiento a la sentencia T-132 de 2019, el cabildo distrital posesionó al señor Wilson Ernesto Toncel Ochoa.
35. El Ministerio Público solicitó que se accediera a las pretensiones, teniendo en cuenta que el Concejo de Cartagena desbordó su competencia, por cuanto la sentencia T-132 de 2019 solo dispuso suspender los efectos de las resoluciones 047 y 052 del 6 y 8 de abril de 2017 y reintegrar al cargo al señor Carlos Alberto Gómez Barrios, pero en modo alguno hizo alusión a la Resolución 105 de 26 de junio de 2018, mediante la cual se llamó al demandante a ocupar una curul en el cabido distrital, acto administrativo que goza de presunción de legalidad.
1.3. Fallo de primera instancia
36. El Tribunal Administrativo del Bolívar mediante sentencia del 16 de febrero de 2021 negó las pretensiones formuladas por las siguientes razones:
37. En primer lugar, decidió no aceptar la excepción de falta de legitimación en la causa propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil, al considerar que al ser un mandato legal la vinculación de la citada corporación, no como demandada, sino como sujeto especial, “resulta obligatoria su permanecía en el proceso, máxime que esta entidad se le requirió para que remitiera al Concejo de Cartagena el formulario E-26 y la certificación en la que consta el cómputo de votos para el Partido Cambio Radical, el cual se tomó como base para el acto demandado”.
38. En segundo lugar, reseñó que el partido Cambio Radical obtuvo 4 curules, para el Concejo de Cartagena para el período 2016-2019, conformada de la siguiente manera:
“1. Blel Scaff Vicente Antonio
2. Cassiani Valiente Luis Javier
3. Guerra Torres Antonio Salim
4. Barrios Gómez Carlos Alberto”
39. En tercer lugar, destacó que Carlos Alberto Barrios Gómez siendo concejal de Cartagena, período 2016-2019, fue declarado en vacancia y cesación de sus funciones por el cabildo, en cumplimiento de un fallo de responsabilidad fiscal, por lo que se dio posesión al ciudadano Wilson Ernesto Toncel Ochoa, mediante Resolución No. 059 del 11 de mayo de 2017, por ser quien ocupaba el quinto orden de elegibilidad para la mencionada colectividad.
40. A su vez, advirtió que el 21 de junio de 2018 el Concejo de Cartagena, aceptó la renuncia del señor Vicente Blel Scaff, por lo que se llamó, mediante Resolución No. 105 del 26 siguiente, a ocupar la vacante al señor Dagoberto Macías Cabrera, por el Partido Cambio Radical, por haber quedado de sexto en orden de votación.
41. Sin embargo, advirtió que la Corte Constitucional mediante el fallo de tutela T-132 de 2019 suspendió temporalmente la resolución por medio de la cual se desvinculó al señor Carlos Alberto Barrios Gómez, lo que implicó que el cabildo, tuviera que devolverle su curul y recomponer la lista de los concejales del Partido Cambio Radical, lo que ocasionó que el señor Dagoberto Macías Cabrera quedara excluido de la corporación, y que los escaños de la colectividad fueron ocupados por:
“1. Cassiani Valiente Luis Javier
2. Guerra Torres Antonio Salim
3. Barrios Gómez Carlos Alberto
4. Toncel Ochoa Wilson Ernesto”
42. Aclarado lo anterior, advirtió que el acto acusado no incurrió en los defectos alegados por el demandante, por cuanto el concejo en caso de vacancias absolutas debía proveerlas con los candidatos no elegidos de la misma lista, en el orden sucesivo y descendente como lo hizo en el presente caso.
43. Adicionalmente, manifestó frente a la vulneración del debido proceso que no tenía vocación de prosperidad, porque “(…) no existe norma que disponga que antes de hacer un llamado deba citarse a los candidatos de la lista o adelantarse algún procedimiento administrativo previo con su participación (…)”, por cuanto tal modalidad de designación está soportada en los resultados electorales y la pertenencia a la colectividad que debe proveer la curul. Así mismo, advirtió que sin obligación alguna el Concejo de Cartagena corrió un traslado para que el actor se vinculara al trámite administrativo, lo que da cuenta que no hubo violación de la prerrogativa señalada.
1.4. Recurso de apelación
1.4.1. El demandante
44. Solicitó revocar la sentencia de primera instancia para que en su lugar se declare la nulidad de los artículos 2 y 3 de la Resolución No. 063 del 5 abril de 2019, expedida por el Concejo Distrital de Cartagena, por cuanto con ellos se excedió la orden impartida por la Corte Constitucional en la sentencia T-132 de 2019.
45. Refirió que el a quo no analizó de forma detallada y completa las pruebas obrantes en el plenario, puesto que en la providencia de primer grado, no efectuó alguna valoración sobre los artículos antes referidos, los cuales son el sustento de la presente controversia judicial.
46. El recurrente indicó que la citada decisión constitucional en ninguno de sus apartes ordenó recomponer la lista que conformaba la bancada del Partido Cambio Radical, sino el reintegro de un concejal, por lo que al abordar el primer asunto incurrió en una infracción de los artículos 134 y 262 Superior y 63 de la Ley 136 de 1994, en falsa motivación y desviación de poder, aunque la corporación de elección popular simplemente debió proferir un acto de ejecución atendiendo lo dispuesto por el alto tribunal.
47. Afirmó que al señor Dagoberto Macías Cabrera no le podían aplicar lo resuelto en la citada decisión constitucional, por cuanto “nunca fue vinculado siquiera como un tercero interesado en dicho proceso”.
48. Insistió en la vulneración de debido proceso, “por cuanto se inició un supuesto procedimiento administrativo que terminó siendo inexistente (…), pues no se le permitió ejercerse sus derechos fundamentales a la defensa y contradicción, y contrario a lo exigido por la legislación vigente, se profirió de plano la decisión de cesarle del cargo al concejal, a pesar de su entidad y potencialidad de afectar las prerrogativas fundamentales (…)”, pues antes de que se venciera el terminó para intervenir en el citado trámite, el Concejo lo había excluido de la curul.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.5.1. De la parte demandante
49. Reiteró los argumentos propuestos en su escrito de demanda y de apelación.
1.5.2. El Ministerio público
50. Solicitó confirmar la sentencia de primer grado, para lo cual advirtió que si bien el Tribunal no se refirió textualmente a los artículos 2 y 3 de la Resolución No 063 de 2019, la decisión efectuó un recuento pormenorizado de una parte, de los actos administrativos que profirió el Concejo Distrital de Cartagena, explicando que el señor Wilson Ernesto Toncel fue llamado a ocupar la vacante del concejal Carlos Alberto Barrios Gómez, quien fue separado de su cargo por una inhabilidad sobreviniente derivada de una sanción de naturaleza fiscal, y de otra, del hecho que Dagoberto Macías Cabrera fue llamado debido a que el ciudadano Vicente Antonio Blel Scaff renunció al cabildo distrital, situaciones que justificaron la necesidad de recomponer la lista de los concejales de Cambio Radical que integraban la corporación de elección popular.
51. Adicionalmente indicó que, la sentencia T-132 de 2019 fue clara en amparar los derechos fundamentales de Carlos Alberto Barrios Gómez y suspender las resoluciones No. 047 y 052 de 2017, por las que fue separado de su empleo como concejal de Cartagena, lo cierto es que con base en de los artículos 134, y 262 Superior y el 63 de la ley 136 de 1994, era necesario que el Concejo Distrital de Cartagena, efectuara una recomposición de la lista de los miembros de la citada corporación por el partido Cambio Radical, teniendo en cuenta que se debía dar prelación a quien obtuvo mayor votación en el respectivo certamen electoral, lo que implicó que el señor Dagoberto Macías cabrera quedara por fuera del cabildo.
52. Indicó que la controversia que otorga la competencia de la Sala Electoral del Consejo de Estado, es el hecho de analizar los artículos 2 y 3 de la Resolución No. 063 de 2019, que, si bien no corresponde a un acto de ejecución ordenado expresamente en la sentencia de tutela, refirió que debe ser analizada con el fin de establecer si su expedición estuvo ceñida en la ley.
53. Así, afirmó que, si bien el período constitucional de que trata este asunto culminó en el 2019, por lo que podría pensarse en la configuración de la carencia de objeto, también lo es que el citado acto produjo efectos, por ello es procedente hacer un análisis su legalidad en abstracto.
54. De acuerdo con lo anterior concluyó, que los actos de llamamiento, están debidamente fundamentados en los principios pro hominum y pro electoratem que constituyen los pilares del derecho electoral y se encuentran consagrados en el artículo 134 constitucional, por lo que en este caso se materializó la voluntad del elector supliendo las vacancias con los candidatos correspondientes en escrito orden de elegibilidad.
55. En el mismo sentido, indicó que no “puede hablarse de falsa motivación, requisitos estos, que se desprenden de la parte considerativa de la Resolución No. 063 de 2019 donde se argumentan las causas y los hechos probados que dan origen a la reorganización de la lista y el llamado a ocupar la curul por parte del señor WILSON ERNESTO TONCEL OCHOA (5.630 votos), en cumplimiento del mandato constitucional, al igual, que de respeto al principio democrático, pues habría una infracción directa del ordenamiento, si se persistiera en el llamado al señor DAGOBERTO MACÍAS CABRERA (4.357 votos), quien no es el candidato que de acuerdo con la votación obtenida, sigue en forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral”.
56. Posteriormente, indicó que, “no encuentra esta agente, que se hubiere probado en el plenario la finalidad subjetiva y desviada del Concejo Distrital de Cartagena, como tampoco, lo encontró el a quo, pues, el fundamento de derecho esgrimido y los hechos soporte, encuentran fundamento en lo reglado en la Constitución y en la ley, aun cuando, se evidencien fallas procedimentales y en la técnica argumentativa empleada a la hora de proferir el acto, pero que no logra desvirtuar su legalidad”.
57. En cuanto al desconocimiento del debido proceso, por el hecho de que no se le permitió intervenir al señor Dagoberto Macías Cabrera en la actuación previa a la expedición de la Resolución No. 063 de 2019, indicó que esta omisión desde la perspectiva de la causal de nulidad de expedición irregular carece de la trascendencia necesaria para anular el acto de llamamiento, dado que en materia de nulidad electoral en virtud del artículo 287 de la Ley 1437 de 2011 y el principio de eficacia al voto, sólo las irregularidades que puedan afectar el resultado de la designación justifican la anulación de los actos controvertidos. Por lo tanto, como los actos por medio de los cuales se estableció la provisión de las vacantes tuvieron génesis en los resultados electorales, aun teniendo en cuenta la intervención del demandado “el orden de las listas del Partido Cambio Radical frente al llamado a ocupar las curules del Concejo Distrital de Cartagena, no habría tenido variación”.
58. Por último, realizó la siguiente petición: “SE INSTA de manera respetuosa a la Honorable Sala para que se pronuncie en el fallo sobre los límites, temporalidad u objeciones al llamamiento a ocupar curules en las corporaciones de elección popular, ante vacancias absolutas como excepción a la regla general contenida en el artículo 134 constitucional”.
CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
59. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para tramitar y decidir el presente proceso, en segunda instancia, en virtud de lo establecido en los artículos 150 y 152.8 de la Ley 1437 de 2011, al igual que lo normado en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 –Reglamento del Consejo de Estado–, expedido por la Sala Plena de esta Corporación.
2.2 Oportunidad de la interposición y sustentación del recurso
60 El artículo 292 de la Ley 1437 de 2011, dispone la forma en que ha de interponerse y sustentarse el recurso de apelación contra el fallo que se dicte en el trámite de nulidad electoral, prescribiendo que se presentará ante el a quo en el acto de notificación de la sentencia o dentro de los 5 días siguientes a ello. Además, que dicho medio de impugnación se concederá en el efecto suspensivo.
61. En el caso en estudio, el impugnante presentó el recurso de alzada contra el fallo electoral No. 001/2021 del 16 de febrero de 2021, proferido por la Sala de Decisión No. 001 del Tribunal Administrativo de Bolívar dentro de la oportunidad procesal antes indicada, toda vez que la notificación de la providencia se surtió mediante correo electrónico del 5 de marzo de 2021 y la presentación del escrito ocurrió el 12 del mismo mes y año. En razón de lo anterior, el ponente de la sentencia de primera instancia mediante auto del 16 de marzo de la misma anualidad, concedió el recurso de alzada.
2.4. Cuestión previa- efectos del acto demandado
62. El demandado, al contestar la demanda, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y advirtió que la presente acción carece de objeto, en la medida en que el acto de llamamiento que se controvierte no está produciendo efectos, en la medida en que se dirigía a cuestionar la integración del Concejo Distrital de Cartagena para el período constitucional 2016-2019, el cual finalizó el 31 de diciembre de 2019.
63. De lo anterior, es pertinente aclarar que el acto que se ataca mediante la presente controversia es la Resolución N° 063 del 5 de abril de 2019, “por medio de la cual se recompone el listado de la bancada del partido Cambio Radical, se hace un llamado a ocupar las curules y se dictan otras disposiciones en el concejo Distrital de Cartagena de Indias”, específicamente en los numerales 2 y 3 en la cual se indicó:
“ARTÍCULO PRIMERO: Reintégrese al señor CARLOS BARRIOS GÓMEZ, a la. Curul del partido Cambio Radical, que venía ocupando de conformidad con la parte considerativa de la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: Recompóngase la lista que conforma la bancada del Partido Cambio radical, según el orden descendente empezando por el candidato que haya obtenido el mayor número de votos preferentes conforme al formulario E-26 a partir de la renuncia del señor VICENTE BLEL SCAFF así:
CANDIDATO
NO. de votos
LUIS JAVIER CASSIANI VALIENTE
8.808
ANTONIO SALIM GUERRA TORRES
7.310
CARLOS ALBERTO BARRIOS GÓMEZ
6.419
WILSON ERNESTO TONCEL OCHOA
5.630
ARTÍCULO TERCERO: llámese al señor WILSON ERNESTO TONCEL OCHOA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.237.356 de Cartagena, a ocupar la curul del partido Cambio Radical, por ser el candidato a la corporación concejo Distrital de Cartagena de Indias, que le sigue en lista a CARLOS BARRIOS GOMEZ, y désele posesión en el cargo.
ARTÍCULO CUARTO: Por Secretaría General de la corporación, exclúyase del llamado a la lista al Señor a DAGOBERTO MACÍAS CABRERA, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esa resolución.(…)”
64. Se recalca que los cuestionamientos en este proceso van dirigidos a debatir los artículos 2 y 3 de la anterior resolución, esto es, en especifico se demandó el llamamiento del señor Wilson Toncel Ochoa, y de ninguna manera el artículo 4, es decir la exclusión de Dagoberto Macías Cabrera, razón por la que dichos cuestionamientos relacionados con éste último son propios de otro medio de control ajeno a la nulidad electoral.
65. Por otra parte, para la Sala es indiscutible que dicho acto versó sobre la conformación de los miembros del Concejo Distrital del Cartagena por el Partido Cambio Radical en el período constitucional 2016-2019, el cual entró a regir desde su expedición, esto es el 5 de abril de 2019.
66. Teniendo en cuenta que el período para el cual fue expedido el citado acto finalizó el 31 de diciembre del año 2019, corresponde determinar si ese hecho se constituye en una carencia de objeto o, si por el contrario, al haber producido efectos es pasible de control. Al respecto, la Sección Quinta determinó que:
“(…) si el acto acusado produjo efectos y no se encuentra vigente, el juez contencioso administrativo aún en el evento en que haya sido retirado del ordenamiento jurídico, mantiene su competencia para conocer de su legalidad porque, su exclusión jurídica impide que el acto se aplique hacia el futuro, empero, no desvirtúa la presunción de legalidad que sirvió de sustento para producir los efectos jurídicos que se dieron cuando el acto tuvo eficacia.
Por lo anterior, un acto administrativo retirado del ordenamiento jurídico que produjo efectos jurídicos en el tiempo y en el espacio es susceptible de control por la jurisdicción contencioso administrativa, quien formalmente decidirá si dicho acto excluido fue expedido en su momento observando los elementos de validez: competencia, objeto, forma, causa y finalidad. De esta manera, no podría configurarse la denominada sustracción de materia y se impone por parte del operador judicial su resolución de fondo en la sentencia.
Si el acto demandado no produjo efectos jurídicos opera la carencia de objeto por sustracción de materia, caso en el cual el funcionario judicial deberá considerar terminar el proceso en su etapa inicial”.
67. De la sentencia de unificación reseñada, se puede concluir que un acto electoral es pasible de control judicial, cuando aun habiendo sido retirado del ordenamiento jurídico o cesado en sus efectos los produjo, contrario sensu, si éste existió pero no se puede predicar que cumplió el fin para el cual fue expedido, se impone decretar su sustracción de materia y con ello la imposibilidad de ser enjuiciado.
68. En el presente caso, se tiene que el período constitucional para el cual fue proferida la Resolución No. 063 de 5 de abril de 2019, estaba comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019, de ello, resulta claro que el acto cesó en sus efectos por vencimiento del período, no obstante ello, se encuentra demostrado que produjo efectos, toda vez que el demandado con la resolución cuestionada fue investido de la dignidad de concejal; por tanto, conforme con la jurisprudencia unificada de esta Sección, no opera la carencia de objeto y por consiguiente es susceptible de control judicial, en esa medida, el ad quem mantiene su competencia para conocer de la legalidad del mismo.
2.4. Problema jurídico
69. En aras de dilucidar si el fallo de primera instancia se debe confirmar, modificar o revocar, estima la Sala a partir de los argumentos desarrollados en el escrito de impugnación, que son tres los problemas jurídicos a resolver:
70. En primer lugar, si el Concejo Distrital de Cartagena al recomponer la lista de los miembros del cabildo por el Partido Cambio Radical mediante la Resolución 063 del 5 de abril de 2019, que permitió la expedición del acto de llamamiento del señor Wilson Ernesto Toncel Ochoa, en primer lugar, realizó:
(I) Una interpretación y consecuente aplicación indebida de la sentencia T-132 de 2019 de la Corte Constitucional, porque la misma se circunscribió a la situación de los candidatos Carlos Alberto Barrios Gómez y Wilson Ernesto Toncel Ochoa, al referirse orden alguna respecto de la recomposición de la lista de candidatos del Partido Cambio Radical del Concejo Distrital de Cartagena, aunado al hecho de no haber sido parte del proceso de tutela correspondiente.
(II) Desconoció los artículos 2 y 3 de la Resolución N° 063 de 2019 del Concejo Distrital de Cartagena, 134 y 262 de la Constitución Política y 63 de la Ley 136 de 1994.
(III) Incurrió en falsa motivación al hacer alusión a la vacante que por renuncia dejó el señor concejal Vicente Blel Scaff, aunque ello no tenía relación alguna con el asunto materia de decisión por la mencionada resolución, que a su juicio se circunscribía a la aplicación de la sentencia T-132 de 2019, la cual resultaba vinculante únicamente para los señores Carlos Alberto Barrios Gómez y Wilson Ernesto Toncel Ochoa.
(IV) Terminó materializando una actuación constitutiva de desviación de poder, para excluirlo de la corporación de elección popular y favorecer al señor Wilson Ernesto Toncel Ochoa.
71. En segundo lugar, corresponde establecer si con el acto acusado se vulneró el derecho al debido proceso al demandante, pues aquél se expidió, aunque no había vencido la oportunidad concedida al accionante para pronunciarse sobre la ejecución de la sentencia T-132 de 2019 de la Corte Constitucional.
72. Finalmente, el evento de verificarse alguna(s) de las circunstancias antes señaladas, debe la Sala precisar si tiene(n) o no la virtualidad de anular el acto de llamamiento controvertido en esta oportunidad.
73. Antes de analizar el caso concreto se realizarán algunas consideraciones sobre la forma de proveer las vacantes en las corporaciones públicas.
2.4.1. Respecto a la forma de proveer vacantes en las corporaciones publicas
74. El artículo 134 original de la Constitución se ocupó de regular cómo debían suplirse las vacancias absolutas generadas por los congresistas, indicando simplemente que lo serían “por los candidatos no elegidos, según el orden de inscripción en la lista correspondiente”.
75. Posteriormente, con el Acto Legislativo Nº 01 de 1993, se amplió el ámbito de aplicación de la norma, al hacer referencia no sólo al Congreso, sino a los miembros de las corporaciones públicas. Además, estimó que “era necesario establecer con mayor detalle cómo debía escogerse a la persona que supliría la falta absoluta, para lo cual se consagró la figura de los suplentes”.
76. En el año 2009 a través del Acto Legislativo 01, se estipuló que los miembros de las corporaciones públicas de elección popular no tendrían suplentes; se previó una regulación más específica en cuanto a las faltas temporales y absolutas de los miembros de aquéllas y; se implementó un mecanismo para depurar la composición de las mismas y sancionar a las colectividades políticas que respaldaron a candidatos involucrados en investigaciones de carácter penal relacionadas “con la pertenencia, promoción o financiación a/o por grupos armados ilegales, de narcotráfico, delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad”.
77. En virtud del Acto Legislativo Nº 01 de 2009, el artículo 134 de la Constitución rezaba:
“Los miembros de las Corporaciones Públicas de elección popular no tendrán suplentes. Solo podrán ser reemplazados en caso de muerte, incapacidad física absoluta para el ejercicio del cargo, declaración de nulidad de la elección, renuncia justificada, y aceptada por la respectiva Corporación, sanción disciplinaria consistente en destitución, pérdida de investidura, condena penal o medida de aseguramiento por delitos distintos a los relacionados con pertenencia, promoción o financiación a/o por grupos armados ilegales, de narcotráfico, delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad o cuando el miembro de una Corporación pública decida presentarse por un partido distinto según lo planteado en el Parágrafo Transitorio 1o del artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr003.html" \l "107" 107 de la Constitución Política.
En tales casos, el titular será reemplazado por el candidato no elegido que, según el orden de inscripción o votación obtenida, le siga en forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral.
Como consecuencia de la regla general establecida en el presente artículo, no podrá ser reemplazado un miembro de una corporación pública de elección popular a partir del momento en que le sea proferida orden de captura, dentro de un proceso penal al cual se le vinculare formalmente, por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación a/o por grupos armados ilegales, de narcotráfico o delitos de lesa humanidad. La sentencia condenatoria producirá como efecto la pérdida definitiva de la curul, para el partido al que pertenezca el miembro de la Corporación Pública.
No habrá faltas temporales, salvo cuando las mujeres, por razón de licencia de maternidad deban ausentarse del cargo. La renuncia de un miembro de corporación pública de elección popular, cuando se le haya iniciado vinculación formal por delitos cometidos en Colombia o en el exterior, relacionados con pertenencia, promoción o financiación a/o por grupos armados ilegales, de narcotráfico o delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad, generará la pérdida de su calidad de congresista, diputado, concejal o edil, y no producirá como efecto el ingreso de quien corresponda en la lista. Las faltas temporales no darán lugar a reemplazos.
Cuando ocurra alguna de las circunstancias que implique que no pueda ser reemplazado un miembro elegido a una Corporación Pública, para todos los efectos de conformación de quórum, se tendrá como número de miembros la totalidad de los integrantes de la Corporación con excepción de aquellas curules que no puedan ser reemplazadas.
Si por faltas absolutas, que no den lugar a reemplazo, los miembros de cuerpos colegiados elegidos por una misma circunscripción electoral quedan reducidos a la mitad o menos, el Gobierno convocará a elecciones para llenar las vacantes, siempre y cuando falte más de dieciocho (18) meses para la terminación del período.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. El régimen de reemplazos establecido en el presente artículo se aplicará para las investigaciones judiciales que se inicien a partir de la vigencia del presente acto legislativo” (El destacado es nuestro).
78. Sobre la referida reforma, la Sección en providencia del 30 de agosto de 2017 indicó:
“Como puede observarse, a través el Acto Legislativo Nº 01 de 2009 no solo se eliminó la figura de los suplentes, sino que se creó un sistema complejo que, según las circunstancias, derivaría bien en la figura del llamamiento, o en lo que comúnmente se conoció como la “Silla Vacía”.
En efecto, la aludida reforma constitucional buscó diferenciar los eventos en los que era posible que la vacancia dejada por un miembro de una corporación pública permitiera que una nueva persona pudiera ocupar el cargo. Por ello, la Constitución distinguió entre la falta temporal y la falta absoluta.
Frente al primero evento -falta temporal- se consagró, simple y llanamente que esa circunstancia no daría lugar al reemplazo; por su parte, respecto al segundo evento -falta absoluta- se determinó que dependiendo de la causa que la originara se podía hacer o no el reemplazo correspondiente.
Así las cosas, si la falta absoluta se originaba en circunstancias de fuerza mayor como la muerte o la incapacidad física absoluta para el desempeño del cargo, el miembro de la Corporación Pública podía ser sustituido por el candidato de su partido que le siguiere en votación y no hubiese resultado electo -en el caso de listas abiertas-, o por quien continuara en orden de inscripción -en el evento de lista cerrada-, es decir, en esos casos sería posible hacer un llamamiento.
Lo propio sucedería si la falta absoluta se derivaba de la declaratoria de nulidad de la elección, de la renuncia aceptada, la sanción disciplinaria, la pérdida de investidura y/o la condena penal o medida de aseguramiento por delitos distintos a la pertenencia, promoción o financiación a/o por grupos armados ilegales, de narcotráfico, delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad.
En contraste, el Constituyente prohibió el reemplazo del miembro de la Corporación Pública cuya falta absoluta se originara en la orden de captura emitida “dentro de un proceso penal al cual se le vinculare formalmente, por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación a/o por grupos armados ilegales, de narcotráfico o delitos de lesa humanidad.” En otras palabras, si la incapacidad para desempeñar el cargo de elección popular se fundamentaba en las causas antes descritas, no existía la posibilidad de que la curul pudiera ser ejercida por otro candidato del partido de la persona que había sido despojada de su dignidad.
Lo anterior, por cuanto como se explicó en precedencia lo que se buscaba era depurar a las colectividades políticas e imponerles, si se quiere, una sanción por permitir que personas con nexos con grupos al margen de la ley militaran en sus filas. En efecto, la consecuencia directa de esta prohibición era la imposibilidad de reconformar la bancada, y por ende, limitar la toma decisiones de la colectividad (…)” (subrayado fuera de texto).
79. Finalmente, en el año 2015 se llevó a cabo la más reciente reforma al artículo 134 Superior, en la que se establecieron algunas reglas para la provisión de faltas absolutas y temporales de los miembros de las corporaciones públicas, mientras el legislador regula el régimen de reemplazos, y además, en lo referente a la silla vacía, por un lado, se incluyeron los delitos dolosos contra la administración pública, y de otro, se subrayó que en ningún caso la curules que se encuentren en la situación de que trata la misma norma podrán ser provistas con otros candidatos, esto en aras de destacar el carácter autónomo y estricto de la referida prohibición. Con la reforma introducida por el Acto Legislativo N° 02 de 2015, la norma actualmente es del siguiente tenor:
“Los miembros de las Corporaciones Públicas de elección popular no tendrán suplentes. Solo podrán ser reemplazados en los casos de faltas absolutas o temporales que determine la ley, por los candidatos no elegidos que según el orden de inscripción o votación obtenida, le sigan en forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral.
En ningún caso podrán ser reemplazados quienes sean condenados por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción o financiación a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico; dolosos contra la administración pública; contra los mecanismos de participación democrática, ni por Delitos de Lesa Humanidad. Tampoco quienes renuncien habiendo sido vinculados formalmente en Colombia a procesos penales por la comisión de tales delitos, ni las faltas temporales de aquellos contra quienes se profiera orden de captura dentro de los respectivos procesos.
Para efectos de conformación de quórum se tendrá como número de miembros la totalidad de los integrantes de la Corporación con excepción de aquellas curules que no puedan ser reemplazadas. La misma regla se aplicará en los eventos de impedimentos o recusaciones aceptadas.
Si por faltas absolutas que no den lugar a reemplazo los miembros de cuerpos colegiados elegidos en una misma circunscripción electoral quedan reducidos a la mitad o menos, el Consejo Nacional Electoral convocará a elecciones para llenar las vacantes, siempre y cuando falten más de veinticuatro (24) meses para la terminación del periodo.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras el legislador regula el régimen de reemplazos, se aplicarán las siguientes reglas: i) Constituyen faltas absolutas que dan lugar a reemplazo la muerte; la incapacidad física absoluta para el ejercicio del cargo; la declaración de nulidad de la elección; la renuncia justificada y aceptada por la respectiva corporación; la sanción disciplinaria consistente en destitución, y la pérdida de investidura; ii) Constituyen faltas temporales que dan lugar a reemplazo, la licencia de maternidad y la medida de aseguramiento privativa de la libertad por delitos distintos a los mencionados en el presente artículo.
La prohibición de reemplazos se aplicará para las investigaciones judiciales que se iniciaron a partir de la vigencia del Acto Legislativo número HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_01_2009.html" \l "INICIO" \h 01 de 2009, con excepción del relacionado con la comisión de delitos contra la administración pública que se aplicará para las investigaciones que se inicien a partir de la vigencia del presente acto legislativo.” (Destacado y subrayado fuera de texto).
80. De acuerdo con lo anterior, se encuentra que el artículo 134 constitucional, reiteró la eliminación las suplencias de los miembros de las corporaciones públicas, y además precisó las situaciones de falta temporal o absoluta que dan lugar al reemplazo, destacando que éste se provee con “los candidatos no elegidos que según el orden de inscripción o votación obtenida, le sigan en forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral”, garantizando de esta manera que los llamamientos correspondientes recaerán en ciudadanos que en su momento obtuvieron un significativo respaldo popular, y por ende, que se respetará la voluntad del electorado teniendo en cuenta de forma irrestricta el número de sufragios que obtuvieron los miembros de la colectividad política que logró escaños en la respectiva corporación pública.
81. En lo que respecta al caso que se discute, debe tenerse en cuenta el artículo 63 de la Ley 136 de 1994, que al regular las vacancias absolutas de los concejales prescribió: “Las vacancias absolutas de los concejales serán ocupadas por los candidatos no elegidos en la misma lista, en orden de inscripción, sucesiva y descendente. El Presidente del Concejo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la declaratoria, llamará a los candidatos que se encuentren en dicha situación para que tomen posesión del cargo vacante que corresponde.” (Subraya la Sala).
82. Como puede apreciarse, la norma relativa a la forma de proveer las vacancias absolutas en el caso de los concejales, guardando coherencia con el artículo 134 constitucional, establece que debe tenerse en cuenta el orden elegibilidad correspondiente para llamar al candidato que ocupará la curul, lo que está en consonancia con el principio democrático y el respeto de la voluntad popular.
83. Vale la pena destacar que la exigencia de respetar el orden de elegibilidad para proveer los reemplazos está en consonancia con los incisos 2° y 3° del artículo 262 de la Constitución Política, que de manera inequívoca establecen que la asignación de las curules se efectúa teniendo en cuenta el número de votos obtenidos por las correspondientes colectividades, hayan hecho uso o no del mecanismo del voto preferente.
2.4.2. Caso concreto
2.4.2.1. Hechos probados
84. A partir de las pruebas aportadas al proceso, se destacan las siguientes circunstancias respecto de la controversia planteada:
El 25 de octubre de 2015, se efectuaron las elecciones territoriales del período 2016-2019, certamen en el cual resultó elegido como concejal por el Partido Cambio Radical el señor Carlos Alberto Barrios Gómez.
Las partes de la presente actuación, concuerdan en señalar que para el Concejo Distrital de Cartagena el Partido Cambio Radical, obtuvo 4 curules, que en principio fueron ocupadas por los señores Vicente Blel Scaff, Luis Javier Cassiani Valiente, Antonio Salim Guerra Torres y Carlos Alberto Barrios Gómez.
El 19 de enero de 2017, la Contraloría Distrital de Cartagena, encontró responsable fiscalmente al señor Carlos Alberto Barrios Gómez, así mismo el 30 y 31 de marzo y 5 de abril de 2017, el señor Barrios Gómez informó al Concejo Distrital de Cartagena, la cancelación de la totalidad de la multa impuesta y que no se encontraba reportado en el boletín fiscal.
El Concejo Distrital de Cartagena de Indias, profirió la Resolución No. 047 del 6 de abril de 2017, “mediante la cual se da cumplimiento al fallo de responsabilidad fiscal proferido por la Contraloría de Cartagena, dentro del proceso radicado No. 028 de 2014”, en el citado acto administrativo, el cabildo distrital acató la decisión en donde se comprobó que el señor Carlos Alberto Barrios Gómez, incurrió en una conducta que generó culpa grave, generado una decisión fiscal en su contra, por lo que el cabildo determinó que se encontraba inmerso en una inhabilidad sobreviniente para desempeñar cargos públicos, por ello resolvió:
“ARTÍCULO PRIMERO: en cumplimiento del fallo de responsabilidad fiscal de fecha 17 de enero de 2017, emanado de la Contraloría Distrital de Cartagena, declárese la vacancia y cesación en sus funciones en el cargo de concejal de Cartagena al señor CARLOS ALBERTO BARRIOS GÓMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía no. 73.138.180.512 por el resto del período constitucional conforme a la parte motiva de este proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: solicítese a la Registraduría Nacional del Estado Civil en esta ciudad de Cartagena, para que en el término de la distancia envíe a esta Corporación copia del registro electoral donde aparezcan la lista de candidatos al Concejo Distrital de Cartagena para el período constitucional 2016 a 2019, no elegidos por el partido político cambio Radical, que según el orden de votación obtenida le siga en forma sucesiva y descendiente en la misma lista electoral al señor CARLOS ALBERTO BARRIOS GÓMEZ” (Destacado fuera de texto).
Posteriormente, la citada corporación expidió la Resolución No. 052 del 8 de abril de 2017, por medio de la cual se decidió no acceder a reponer la Resolución No. 047 de 6 de abril de 2017, teniendo en cuenta el escrito formulado por el señor Barrios Gómez, en donde invocó el desconocimiento de los derechos de audiencia, defensa, contradicción y publicidad, al considerar que no estaba incurso en una falta absoluta.
La RNEC, mediante oficio No. 930 del 7 de abril de 2017, anexó copia del formulario E-26 CON, en el cual aparecen los votos obtenidos por cada uno de los candidatos inscritos en la lista de voto preferente por el Partido Cambio Radical, para efectos de suplir la vacancia del señor Carlos Alberto Barrios Gómez, de donde se extraer lo siguiente:
“1. Blel Scaff Vicente Antonio – 13.942 votos
2. Cassiani Valiente Luis Javier- 8-808 votos
3. Guerra Torres Antonio Salim- 7.310 votos
4. Barrios Gómez Carlos Alberto- 6.419 votos
5. Toncel Ochoa Wilson Ernesto- 5.630 votos
6. Dagoberto Macías cabrera- 4.357 votos”
El Concejo expidió el 11 de mayo de 2017, la Resolución 059, en la que ordenó: “ARTÍCULO PRIMERO: Désele posesión en el cargo de elección popular de concejal del Distrito Turístico y cultural de Cartagena de Indias al señor WILSON ERNESTO TONCEL OCHOA (…)”. Lo anterior, en cumplimiento de una orden judicial dictada en sede de tutela por el Juzgado 11 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena, en virtud de la acción constitucional que interpuso el ciudadano antes señalado para ocupar la curul que dejó el señor Carlos Alberto Barrios Gómez.
El día 21 de junio de 2018, el concejal del Partido Cambio Radical Vicente Blel Scaff presentó renuncia a su cargo, en la misma fecha se le aceptó y por Resolución No. 098 del 22 de junio de 2018, corregida por la No. 101 de la misma data, se declaró la vacancia absoluta de la curul. En virtud de lo anterior y por la solicitud del concejo distrital, la RNEC, a través de oficio No. 001980 de 25 de junio de 2018, remitió el formulario E-26 y el cómputo de votos, donde costa que quien seguía en lista para proveer el remplazo, era el señor Dagoberto Macías Cabera.
En aplicación de los artículos 134 constitucional y el 63 de la Ley 136 de 1994, el Concejo profirió la Resolución No. 105 del 26 de junio de 2018, por medio de la cual llamó y posesionó al señor Dagoberto Macías Cabrera, para que ocupara la vacante que dejó el señor Vicente Blel Scaff, por ser quien seguía en el orden votación en la lista del partido Cambio Radical, lo que implicó que la composición de cuerpo colegiado quedara de la siguiente manera:
1. Cassiani Valiente Luis Javier
2. Guerra Torres Antonio Salim
3. Toncel Ochoa Wilson Ernesto
4. Macías Cabrera Dagoberto
Paralelamente a las anteriores actuaciones, el señor Carlos Alberto Barrios Gómez presentó una acción de tutela contra el Concejo Distrital para obtener su reintegro a la corporación de elección popular, alegando que no podía considerarse que incurrió en una causal de inhabilidad sobreviniente por responsabilidad fiscal, toda vez que canceló la multa que por tal circunstancia le fue impuesta. Dicha demanda, fue objeto de revisión por la Corte Constitucional, que mediante sentencia T-132 del 27 de marzo de 2019 resolvió:
PRIMERO.- REVOCAR los fallos proferidos por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena de Indias, el 27 de abril de 2018, y por el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad, el 10 de julio de la mencionada anualidad, los cuales declararon improcedente el amparo de la referencia y, en su lugar, TUTELAR TRANSITORIAMENTE los derechos fundamentales al debido proceso administrativo y a desempeñar cargos públicos de Carlos Alberto Barrios Gómez.
SEGUNDO.- SUPENDER LOS EFECTOS de las resoluciones 047 y 052 de 2017 expedidas por el Concejo Distrital de Cartagena de Indias hasta que finalicen los procesos contenciosos administrativos adelantados por Carlos Alberto Barrios Gómez con ocasión de su retiro del servicio y, en consecuencia, ORDENAR al presidente de dicha corporación política que proceda, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contado a partir de la notificación de esta providencia, a reintegrar al mencionado ciudadano al cargo de concejal de la ciudad para el período constitucional comprendido entre los años 2016 y 2019.
En consideración al fallo referido, el Concejo Distrital de Cartagena profirió la Resolución No. 062 del 5 de abril de 2019, “por medio de la cual se cumple una orden judicial y se dictan otras disposiciones en el Concejo Distrital de Cartagena”, en la que determinó:
“ARTÍCULO PRIMERO: Cúmplase lo ordenado por la H. Corte Constitucional a través de la sentencia T-132/2019 y por tal razón, suspender los efectos de las resoluciones No. 047 y No. 052 de 2017.
ARTÍCULO SEGUNDO: Tómese las medidas administrativas pertinentes, para darle reintegro al cargo de concejal por el Partido Cambio Radical, al señor CARLOS. BARRIOS GÓMEZ. (…)”.
El 3 de abril de 2019, la oficina asesora jurídica del Concejo Distrital de Cartagena, inició un trámite administrativo para dar cumplimento a la sentencia T-132 de 2019, vinculando al señor Dagoberto Macías Ochoa, otorgándole un término de 24 horas para que ejerciera su derecho de defensa y contradicción. Así mismo, al día siguiente el señor Macías Ochoa, solicitó al cabildo se entregara “copia del memorial presentado por el señor WILSON ERNESTO TONCEL OCHOA”, para efectos de tener conocimiento del asunto y poder ejercer los referidos derechos.
Mediante escrito del 4 de abril intervino el señor Toncel Ochoa en el procedimiento citado, solicitándole al Concejo Distrital recomponer la lista incluyéndolo en el cabildo.
El Consejo Distrital de Cartagena profirió la Resolución N° 063 del 5 de abril de 2019, “por medio de la cual se recompone el listado de la bancada del partido Cambio Radical, se hace un llamado a ocupar las curules y se dictan otras disposiciones en el Concejo Distrital de Cartagena de Indias”, en la cual se indicó:
ARTÍCULO PRIMERO: Reintégrese al señor CARLOS BARRIOS GÓMEZ, a la curul del partido Cambio Radical, que venía ocupando de conformidad con la parte considerativa de la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: Recompóngase la lista que conforma la bancada del Partido Cambio radical, según el orden descendente empezando por el candidato que haya obtenido el mayor número de votos preferentes conforme al formulario E-26 a partir de la renuncia del señor VICENTE BLEL SCAFF así:
CANDIDATO
NO. de votos
LUIS JAVIER CASSIANI VALIENTE
8.808
ANTONIO SALIM GUERRA TORRES
7.310
CARLOS ALBERTO BARRIOS GÓMEZ
6.419
WILSON ERNESTO TONCEL OCHOA
5.630
ARTÍCULO TERCERO: llámese al señor WILSON ERNESTO TONCEL OCHOA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.237.356 de Cartagena, a ocupar la curul del partido Cambio Radical, por ser el candidato a la corporación concejo Distrital de Cartagena de Indias, que le sigue en lista a CARLOS BARRIOS GÓMEZ, y désele posesión en el cargo.
ARTÍCULO CUARTO: Por Secretaría general de la corporación, exclúyase del llamado a lista al señor DAGOBERTO MACÍAS CABRERA, conforme a los expuesto en la parte motica de esta resolución.
85. Con el fin de destacar a partir de las anteriores circunstancias el cambio de composición del Concejo Distrital de Cartagena.
2.4.2.2. Análisis de los motivos de inconformidad
86. Esclarecidos los hechos que dieron lugar a la presente controversia y que se encuentran probados en el proceso, procederá la Sala a analizar los principales motivos de inconformidad de la parte demandante, comenzando por la supuesta aplicación e interpretación indebida de la sentencia T-132 del 27 de marzo de 2019 de la Corte Constitucional.
De la supuesta aplicación indebida del fallo T-132 de 2019 de la Corte Constitucional
87. La sentencia de revisión tuvo su génesis en la acción de tutela que interpuso el señor Carlos Alberto Barrios Gómez en contra el Concejo Distrital de Cartagena, al considerar que se vulneraron sus derechos al debido proceso administrativo y a desempeñar cargos públicos, teniendo en cuenta que el cabildo distrital al proferir las resoluciones 047 y 052 de 2017 lo retiró de su cargo como miembro de la corporación, por incurrir en una inhabilidad sobreviniente derivada de un fallo de responsabilidad fiscal en su contra. A juicio del señor Barrios, se ignoró que había cancelado la totalidad de las sanciones impuestas por la Contraloría de Cartagena, lo que generaba que la situación que dio origen al asunto fiscal se superara plenamente.
88. La acción constitucional fue negada por los Juzgados Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena de Indias y Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad, mediante sentencias del 27 de abril y el 10 de julio de 2018 respectivamente. Así mismo, es pertinente indicar que en el mencionado trámite se vinculó al Concejo Distrital de Cartagena y al señor Wilson Toncel Ochoa, quien fue llamado a la corporación de elección popular después de la desvinculación del señor Carlos Alberto Barrios Gómez.
89. En el fallo, la Corte Constitucional suspendió los efectos de las resoluciones 047 y 052 de 2017 expedidas por el Concejo Distrital de Cartagena de Indias que dispusieron el retiro del accionante (el ciudadano Carlos Alberto Barrios Gómez) de su cargo de concejal, hasta que finalizaran los procesos contencioso administrativos que se encuentran en curso para cuestionar tales decisiones, y además, ordenó al presidente del Concejo reintegrar al señor Carlos Alberto Barrios Gómez para el período constitucional comprendido entre los años 2016 y 2019. Para arribar a tal decisión el alto tribunal consideró lo siguiente:
“7.3. Sobre el particular, esta Corporación constata que el Concejo Distrital de Cartagena de Indias vulneró el derecho al debido proceso administrativo del accionante, por cuanto antes de proferir la decisión de cesarlo del cargo de concejal no inició un procedimiento administrativo con la finalidad de permitirle ejercer su defensa y contradicción, pues, contrario a lo exigido por la legislación vigente, tal determinación se adoptó de plano a pesar de su entidad y potencialidad de afectar las prerrogativas fundamentales.
7.4. Igualmente, este Tribunal evidencia que el Concejo Distrital de Cartagena de Indias ignoró los efectos del pago de la sanción fiscal contemplados en el parágrafo 1º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, toda vez que aunque el demandante canceló la condena impuesta por la Contraloría de la ciudad y puso de presente tal situación antes de que se adoptara la decisión de cesarlo de su cargo, se procedió a su desvinculación bajo una interpretación formalista de la ley que desconoce que, de conformidad con la mencionada disposición sustancial, es razonable entender que la inhabilidad había terminado y no había lugar al retiro del servicio”.
90. En este punto el demandante reprocha que el Consejo Distrital de Cartagena efectuó una interpretación y aplicación indebida de la sentencia T-132 de 2019 de la Corte Constitucional, porque ésta se circunscribió a la situación de los candidatos Carlos Alberto Barrios Gómez y Wilson Ernesto Toncel Ochoa, no emitió orden alguna para la recomposición de la lista de candidatos del Partido Cambio Radical al cabildo y porque no hizo parte del proceso de tutela correspondiente.
81. En primer lugar se destaca, que la vinculación del señor Wilson Ernesto Toncel Ochoa al proceso de tutela promovido por el señor Carlos Alberto Barrios Gómez, obedeció a que el primero reemplazó al segundo, empero, también es cierto que no se evidencia que al trámite constitucional hayan sido vinculados los demás miembros de la corporación de elección popular (para ese entonces), por ejemplo, el señor Dagoberto Macías, demandante del proceso de la referencia.
92. Sobre el particular es pertinente subrayar, que escapa a la competencia de la Sala entrar a revisar la validez de las actuaciones de los jueces de tutela, incluida la Corte Constitucional, respecto de las vinculaciones en el referido asunto, pues ello implicaría entrar a cuestionar las providencias que se dictaron dentro del mismo y que están llamadas a hacer tránsito a cosa juzgada. Además, no puede perderse de vista que el análisis del medio de control de nulidad electoral se circunscribe al estudio de legalidad del acto de llamamiento del señor Wilson Ernesto Toncel Ochoa a ocupar una curul en el citado cabildo, para lo que restaba del período 2016-2019, materializado a través de la Resolución N° 063 de 2019.
93. Por lo tanto, cualquier reparo por parte del demandante contra la sentencia de la Corte Constitucional estaba llamado efectuarse y resolverse ante la misma en las oportunidades y términos legalmente establecidos, y no por vía indirecta a través del presente medio de control, que en forma alguna constituye el mecanismo idóneo para aclarar, modificar, revocar o confirmar las decisiones de tutela, máxime cuando el amparo transitorio que se otorgó, no se condicionó a lo decidido en el proceso de la referencia, sino a la resolución de las controversias judiciales relativas a la legalidad de los actos que excluyeron al señor Barrios Gómez de la corporación de elección popular.
94. Teniendo presente lo anterior, lo primero que debe considerarse, es que la orden de reintegro del señor Carlos Alberto Barrios Gómez implicaba necesariamente que el Concejo Distrital adelantara las actuaciones administrativas pertinentes para devolverle la curul, ante lo cual surge el interrogante sobre la forma en que debía proceder, concretamente, qué parámetros y situaciones debía evaluar, so pretexto de dar cumplimiento a una orden judicial incurriera en una infracción al ordenamiento jurídico.
95. En este punto se evidencia, que el fallo de revisión de la Corte Constitucional no le indicó pormenorizadamente al Concejo Distrital de Cartagena cómo debía efectuar el reintegro, pues simplemente prescribió que debía realizarse en el término de 48 horas.
96. Ahora bien, no se desconoce que sobre el particular, el fallo de tutela efectuó la siguiente declaración:
“Estima necesario precisar que el hecho de que Wilson Toncel Ochoa hubiera accedido al cargo de concejal en cumplimiento de un fallo de tutela, no impide que sea retirado del cargo en acatamiento de esta decisión, comoquiera que el presupuesto que tuvieron los jueces de instancia en dicho proceso de amparo para ordenar que se le asignara una curul en el Concejo Distrital de Cartagena de Indias, fue la desvinculación de Carlos Alberto Barrios Gómez de la misma corporación, la cual por medio de esta sentencia se deja temporalmente sin efectos”
97. Se recuerda que el señor Toncel Ochoa ingresó al Concejo Distrital en virtud de una acción de tutela que interpuso a fin de ser llamado en la curul que dejó por inhabilidad sobreviniente el señor Barrio Gómez.
98. Aunque prima facie podría considerarse a partir de la anterior declaración, que la Corte Constitucional estableció que para materializar el reintegro debía retirarse al señor Toncel Ochoa, a juicio de la Sala no puede arribarse de manera certera a tal conclusión, pues de ella sólo se desprende respecto de éste último, que aunque su llamamiento hubiera provenido de una decisión constitucional, no significaba que pudiera verse afectado en virtud de las actuaciones que debían adelantar el Concejo Distrital de Cartagena a efectos de devolverle la curul al señor Barrios Gómez.
99. Lo antes señalado, aunado a que la mencionada afirmación no está precedida de un estudio relativo a la composición de la corporación de elección popular y al orden de elegibilidad de los candidatos del Partido Cambio Radical, pues tales son asuntos que están llamados a analizarse primordialmente al momento de materializar la orden de reintegro, y que requieren información que de lo que se desprende del fallo de revisión, no tenía a disposición la Corte Constitucional.
100. En efecto, al analizar la referida sentencia se tiene que la controversia respecto de la cual se ocupó la Corte Constitucional, giró alrededor de la curul que ocupaba el señor Barrios Gómez, en la que se designó en reemplazo al señor Toncel Ochoa, sin que se evidencie tuviera información adicional sobre la composición de la corporación, por ejemplo, de las vacancias que se hubieren presentado después del primer llamamiento del señor Toncel Ochoa (materializado mediante Resolución N° 059 de 2017), y por consiguiente, de cambios en el orden de elegibilidad a tener en cuenta, de manera tal que dicha aseveración se efectuó a partir de los elementos de juicio con los que contaba la Corte.
101. Por la anterior circunstancia, no se advierte que la sentencia de tutela haya establecido, por ejemplo, que para reintegrar al señor Carlos Alberto Barrios Gómez debía excluirse de la corporación al señor Wilson Ernesto Toncel Ochoa, respecto del cual sólo se afirmó que el hecho de haber sido llamado al Concejo en virtud de una acción de tutela, no significaba que permanecería incuestionablemente en la entidad, pues simplemente amparó los derechos fundamentales del primero y de manera transitoria dispuso que en el término de 48 horas debía regresar a la corporación de elección popular, de manera tal que ésta debía evaluar conforme a las reglas legal y constitucionalmente establecidas cómo acatar la decisión constitucional.
102. Se destaca esta situación, porque el demandante al hacer énfasis en el referido fallo, en sus efectos y en que no fue vinculado al trámite que dio lugar mismo, sugiere que para cumplir con la orden de reintegro única y exclusivamente debía disponerse de la curul que ocupaba el señor Wilson Ernesto Toncel Ochoa, presupuesto a partir del cual considera que el Concejo Distrital de Cartagena interpretó y aplicó incorrectamente la sentencia de revisión, premisa que a juicio de la Sala es incorrecta, pues se insiste, el fallo no estableció tal parámetro, simplemente ordenó el reintegro. De allí que la corporación de elección popular debía acatarlo siguiendo las reglas para la asignación de las curules, contenidas por cierto, en las normas que se estiman violadas, los artículos 134 y 262 de la Constitución Política y 63 de la Ley 136 de 1994, y desde luego, la composición del Concejo para el momento en que se dictó la providencia T-132 de 2019, en especial respecto de las curules del Partido Cambio Radical, al que pertenece el ciudadano cuyos derechos fueron amparados.
103. En ese orden de ideas, se observa que después del mencionado fallo, el Concejo Distrital de Cartagena profirió las resoluciones N° 062 y 063 del 5 de abril de 2019, respecto de las cuales en cuanto a la sentencia T-132 de 2019, simplemente indicaron que debían suspenderse los efectos de los actos administrativos mediante los cuales el señor Carlos Alberto Barrios Gómez fue retirado de la corporación porque debía volver a ésta, argumentos y decisiones que no se advierten contrarios a la sentencia de revisión, por el contrario, que se apegan a la misma, sin que evidencie algún error de aplicación o interpretación, pues se reitera, la Corte no se precisó los términos en que debía efectuarse el reintegro.
104. Ahora bien, no pasa por alto la Sala que la inconformidad principal del demandante es que en relación con el mencionado reintegro se recompuso la lista del Partido Cambio Radical al Concejo Distrital de Cartagena, aunque la Corte no dio alguna orden sobre el particular, lo cual obedeció como se ha indicado, a que la alta corporación no precisó las actuaciones administrativas que debían adelantarse para tal efecto. Por lo tanto, lo que a continuación corresponde establecer, es si debía o no revisar la referida lista, lo que nos lleva a la segunda cuestión planteada, esto es, el presunto desconocimiento entre otros, de los artículos 134 y 262 de la Constitución Política y 63 de la Ley 136 de 1994, que establecen los parámetros básicos para la asignación de curules en las corporaciones de elección popular.
Del presunto desconocimiento de las normas invocadas
105. El actor indica que se desconocieron los artículos 2 y 3 de la Resolución N° 063 de 2019 del Concejo Distrital de Cartagena, 134 y 262 de la Constitución Política y 63 de la Ley 136 de 1994.
106. Es pertinente reiterar, que el artículo 134 de la Constitución, indicó las situaciones de falta temporal o absoluta que dan lugar al reemplazo, destacando que ante éstas las vacantes se proveen con “los candidatos no elegidos que según el orden de inscripción o votación obtenida, le sigan en forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral”. Esto se traduce en una garantía para que la asignación de curules y los llamamientos se efectúen respetando irrestrictamente la voluntad popular, de la cual emerge el derecho a participar con voz y voto en la respectiva corporación. En el mismo sentido, se encuentran los numerales 2 y 3 del artículo 262 constitucional y el 63 de la Ley 136 de 1994, como se expuso en el numeral 2.4.1 de esta providencia.
107. Ahora bien se resalta, que si bien el a-quo no citó de manera textual las disposiciones referidas en las resoluciones 062 y 063 de 2019, sí efectuó un análisis completo de los documentos allegados con el expediente, y como consecuencia de ello enunció los actos administrativos proferidos por el Concejo Distrital de Cartagena que dieron lugar a las vacancias absolutas al interior del cabildo, así como las certificaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil que reflejaban el orden de elegibilidad respecto de las curules que obtuvo el Partido Cambio Radical.
108. Con base a lo anterior, explicó que, en un primero momento, el señor Carlos Alberto Barrios Gómez fue separado de su condición de concejal por haber incurrido en una inhabilidad sobreviniente al haber sido declarado responsable fiscalmente, además que para efectos de suplir su vacancia el Concejo de Cartagena procedió a llamar al señor Wilson Ernesto Toncel Ochoa, por ser quien obtuvo la siguiente votación, en atención a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política y la sentencia de tutela proferida por el Juzgado 11 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena.
109. Así mismo, explicó que el señor Dagoberto Macías Cabrera también fue llamado por la renuncia presentada por el señor Vicente Antonio Blel Scaff. Por último, indicó que teniendo en cuenta la sentencia T-132 de 2019 proferida por la Corte Constitucional, en la que se ordenó el reintegro del señor Carlos Alberto Barrios Gómez, el Concejo tuvo que recomponer la lista de Partido Cambio Radical, con el fin de darle cumplimiento a la decisión judicial y respetar el orden de votación obtenido por cada uno de los candidatos, lo que implicó que Macías Cabrera haya sido retirado del cabildo distrital.
110. Esto último toda vez (I) que el Partido Cambio Radical alcanzó 4 curules en la corporación, (II) que el señor Carlos Alberto Barrios Gómez obtuvo 6.419 votos y que (II) para el momento previo a la sentencia de revisión, las curules de la mencionada colectividad estaban ocupadas de la siguiente manera:
1. Cassiani Valiente Luis Javier con 8.808 votos.
2. Guerra Torres Antonio Salim con 7.310 votos.
3. Toncel Ochoa Wilson Ernesto con 5.360 votos.
4. Macías Cabrera Dagoberto con 4.357 votos.
111. Por lo tanto, una vez expedido y notificado el fallo que ordenó el reintegro del señor Carlos Alberto Barrios Gómez perteneciente al Partido Cambio Radical, debía establecerse en qué curul debía materializarse el amparo concedido, para lo cual en aplicación de los artículos 134 y 262 de la Constitución Política y 63 de la Ley 136 de 1994, debía tenerse en cuenta el orden de elegibilidad de la lista de la agrupación política para la anterior corporación pública, en otras palabras, precisar de qué manera quedaría conformada al incluir al señor Barrios Gómez, lo que conllevó a establecer el siguiente orden:
1. Cassiani Valiente Luis Javier- 8-808 votos- (1era curul)
2. Guerra Torres Antonio Salim- 7.310 votos - (2da curul)
3. Barrios Gómez Carlos Alberto - 6.419 votos - (3era curul)
4. Toncel Ochoa Wilson Ernesto - 5.630 votos - (4ta curul)
5. Macías Cabrera Dagoberto - 4.357 votos - (sin curul)
112. Del orden de elegibilidad salta a la vista, que el señor Macías Cabrera en virtud del número de votos obtenidos, no tenía mejor de derecho que los otros 4 candidatos que obtuvieron una votación mayor y que de conformidad con la voluntad popular y las normas antes señaladas, garantizaron un escaño en la corporación de elección popular.
113. Dicho de otro modo, no podía pretender el demandante que en virtud de la orden de reintegró no se viera afectada su permanencia en el Concejo Distrital, pues era el candidato que para el momento del fallo de tutela tenía la menor votación de aquellos que ocupaban una curul, y por ende, el que en aras de respetar la voluntad popular y el fallo judicial, debía ceder su lugar para garantizar que los escaños fueran ocupados por quienes obtuvieron el respaldo del electorado.
114. Cierto es que en un primer momento fue el señor Toncel Ocha el llamado a ocupar la vacante que dejó el señor Gómez Barrios, pero también que posteriormente, el demandante (el señor Macías Cabrera) ingresó a la corporación ante la renuncia de otro concejal (Vicente Antonio Blel Scaff), razón por la cual al momento de cumplir el fallo de tutela debía verificarse, como en efecto ocurrió, cuál era el orden de elegibilidad de los candidatos del Partido Cambio Radical, de lo cual se desprendía que para materializar el reintegro del señor Barrios Gómez, quien debía dejar de ocupar una curul era el señor Macías Cabrera, no el señor Toncel Ochoa, pues éste obtuvo una mayor votación que aquél.
115. Proceder en contrario implicaría desconocer la voluntad popular permitiendo que una persona que no obtuvo el número de votos para permanecer en el Concejo siguiera en el mismo, lo que sería totalmente contrario a los artículos 134 y 262 de la Constitución Política y 63 de la Ley 136 de 1994, que como se ha indicado, establecen como parámetro fundamental para la provisión de las curules y los remplazos, el número de votos obtenidos.
116. Es más, siendo fiel a la aplicación de esta pauta, los artículos 2 y 3 de la Resolución N° 063 de 2019 del Concejo Distrital de Cartagena prescribieron acertadamente:
ARTÍCULO SEGUNDO: Recompóngase la lista que conforma la bancada del Partido Cambio radical, según el orden descendente empezando por el candidato que haya obtenido el mayor número de votos preferentes conforme al formulario E-26 a partir de la renuncia del señor VICENTE BLEL SCAFF así:
CANDIDATO
NO. de votos
LUIS JAVIER CASSIANI VALIENTE
8.808
ANTONIO SALIM GUERRA TORRES
7.310
CARLOS ALBERTO BARRIOS GÓMEZ
6.419
WILSON ERNESTO TONCEL OCHOA
5.630
ARTÍCULO TERCERO: llámese al señor WILSON ERNESTO TONCEL OCHOA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.237.356 de Cartagena, a ocupar la curul del partido Cambio Radical, por ser el candidato a la corporación concejo Distrital de Cartagena de Indias, que le sigue en lista a CARLOS BARRIOS GOMEZ, y désele posesión en el cargo.
117. Se precisa que con el artículo 3° de la anterior resolución (que se controvierte en este proceso), se formalizó el hecho de que el candidato Toncel Ochoa debía ocupar la cuarta curul del Partido Cambio Radical y no la tercera (que venía desempeñando), porque a ésta regresó el señor Barrios Gómez. De acuerdo con lo anterior, lo cierto es que, en consideración a la decisión constitucional reseñada, la única curul a proveer en el cabildo municipal era la de Vicente Blel Scaff y quien debía ocuparla era el señor Wilson Toncel Ochoa, por haber obtenido la siguiente votación en orden de elegibilidad, respecto de quienes conformaban inicialmente la bancada del Cambio Radical en el concejo distrital referido.
118. En suma, la Sala no observa que el Tribunal Administrativo de Bolívar haya incurrido en un defecto al momento de proferir el fallo de primer grado, por el contrario, basó sus argumentos en los artículos referidos, cuyo contenido fue aplicado en debida forma, por lo que no hay lugar a la prosperidad del cargo de desconocimiento de las normas en que debía fundarse.
De la supuesta configuración de los cargos de falsa motivación y desviación de poder
119. Afirmó que el cabildo distrital, incurrió en falsa motivación al hacer alusión a la vacante que por renuncia dejó el señor concejal Vicente Blel Scaff, aunque ello no tenía relación alguna con el asunto materia de decisión por la mencionada resolución, que a su juicio se circunscribía a la aplicación de la sentencia T-132 de 2019, la cual resultaba vinculante únicamente para los señores Carlos Alberto Barrios Gómez y Wilson Ernesto Toncel Ochoa.
120. Respecto a la falsa motivación, vale la pena recordar que esta Corporación ha definido el alcance de la misma como causal de nulidad, así:
“(...) es el vicio que afecta el elemento causal del acto administrativo, referente a los antecedentes legales y de hecho previstos en el ordenamiento jurídico para provocarlo, es decir, que las razones expuestas por la Administración al tomar la decisión, sean contrarias a la realidad”.
En sentencia de 19 de mayo de 1998 la Sección Segunda puntualizó lo siguiente en relación con la falsa motivación de los actos administrativos:
“(..) La falsa motivación se configura cuando para fundamentar el acto se dan razones engañosas, simuladas, contrarias a la realidad. La motivación de un acto implica que la manifestación de la administración tiene una causa que la justifica, y ella debe obedecer a criterios de legalidad, certeza de los hechos, debida calificación jurídica y apreciación razonable (...)”.
En conclusión, la falsa motivación se presenta cuando los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien por error o por razones engañosas o simuladas o porque el autor del acto le ha dado a los hechos un alcance que no tienen.”
121. En atención a lo anterior, la Sala encuentra que contrario a lo dicho por el apelante para darle cumplimento al fallo constitucional T-132 de 2019, en donde fue precisó en señalar que “en el término de cuarenta y ocho (48) horas contado a partir de la notificación de esta providencia, a reintegrar al mencionado ciudadano al cargo de concejal de la ciudad para el período constitucional comprendido entre los años 2016 y 2019” el Concejo Distrital de Cartagena resultó necesario todas las situaciones de vacancia que se presentaron a raíz de la mentada decisión judicial, y en efecto retrotraer la composición del cabildo a su estado inicial para poder suplir las curules respetado los postulados de los artículos 134 y 262 Superior y el 63 de la Ley 136 de 1994, en aras de poder efectuar el llamamiento a la persona que tiene ese derecho, teniendo en cuenta el numero de votos obtenidos en el certamen electoral respectivo.
122. De acuerdo con lo indicado, para la Sección es claro que la única forma de garantizar la voluntad popular era efectuado la recomposición de la lista, pues haber considerado solo afectar, la posición de Wilson Toncel Ochoa por ser quien reemplazo al señor Carlos Alberto Barrios Gómez, hubiera desconocido el derecho que tenía el primero de los mencionados a ocupar una curul en el concejo distrital de Cartagena por ser quien había obtenido el apoyo popular para ser miembro de la citada entidad.
123. Adicionalmente, el recurrente, indicó que con el acto demandado, el Concejo Distrital de Cartagena, terminó materializando una actuación constitutiva de desviación de poder, para excluirlo de la corporación de elección popular y favorecer al señor Wilson Ernesto Toncel Ochoa.
124. De conformidad con el artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, los actos de elección o de nombramiento son nulos, entre otros eventos, cuando se expiden con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió, situaciones previstas en el artículo 137 ídem.
125. Así las cosas, es procedente el estudio de legalidad de un acto electoral, bajo la égida de las causales generales de nulidad de los actos administrativos, entre las que se encuentra la desviación de poder, entendida como un vicio que surge en la expedición del acto y que radica en que quien actúa, si bien lo hace en el marco de sus competencias, cumpliendo las formalidades de procedimiento y sin incurrir en violación de la ley, utiliza sus poderes o atribuciones con el propósito de buscar una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales, en general, o los específicos y concretos, que el legislador buscó satisfacer al otorgar la respectiva atribución.
126. Conforme con la anterior definición, la desviación de poder radica en la finalidad del acto electoral, elemento teleológico que se erige como un requisito fundante de validez del mismo, por cuanto debe sustentarse en los fines que constitucional y legalmente se encuentran establecidos para su expedición. Es por ello que, cuando un acto se profiere, con una intención particular, personal o arbitraria, que persigue un fin opuesto a las normas a las que debe someterse, es que se materializa el vicio analizado.
127. Para lograr establecer ese fin contrario a la función pública, “se impone un análisis que trasciende la órbita de lo objetivo y formal del acto censurado, para trasladarse a la esfera estrictamente volitiva de las personas que representan a la administración, situación que implica la demostración del iter desviatorio para quien la alega como causal de anulación. Debe entonces aparecer acreditado fehacientemente, que la autoridad nominadora actuó con fines personales, a favor de terceros o influenciado por una causa adversa al cumplimiento efectivo de los deberes públicos, que el ordenamiento legal le obliga observar”.
128. Quiere decir lo anterior, que para que se materialice esta infracción, se debe llevar al juzgador a la convicción plena, que la intención de quien profirió el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los previstos por la norma, es decir, “…Cuando se invoca este vicio, necesariamente la prueba ha de encontrarse en circunstancias anteriores a la determinación que se acusa, pues se trata de establecer, precisamente, la intención del funcionario que expide el acto, que es previa a la toma de la decisión.”.
129. Teniendo clara la noción del vicio denominado desviación de poder y los requisitos para su configuración, que no son otros que demostrar, que las autoridades que intervinieron en la elección cuestionada persiguen un fin distinto al que la ley establece, de las pruebas allegadas por las partes no se advierte de forma alguna la configuración de esta causal de nulidad, por el contrario, como se explicó con anterioridad, la expedición del acto enjuiciado obedeció al respeto irrestricto del orden de elegibilidad de la lista del Partido Cambio Radical al Concejo de Cartagena, y a las consecuencias que se derivaron de la sentencia de revisión de la Corte Constitucional, frente a la cual no se observa una aplicación arbitraria o caprichosa por la corporación de elección popular.
De la violación del debido proceso y su eventual incidencia en la designación cuestionada
130. El recurrente alude que hubo una vulneración del debido proceso pues si bien se le vinculó a un procedimiento previo para el cumplimento de la sentencia T-132 de 2019, antes de vencer el plazo para intervenir, el Concejo de Cartagena ya había proferido la resolución No. 063 de 2019, mediante la cual efectúo un llamamiento en favor del señor Wilson Ernesto Toncel Ochoa, que implicó que no continuara en la corporación de elección popular.
131. Analizadas las normas que regulan las formas de suplir las vacancias absolutas, esto los artículos 134 y 262 superior y 63 de la Ley 136 de 1994, es claro que el legislador no ha establecido un trámite o procedimiento que indique como efectuarlas, más allá del fundamento constitucional y legal el cual refiere que las curules, deben asignarse, de acuerdo con el número de votos obtenidos en un determinado certamen electoral.
132. De lo anterior, la Sala encuentra que mediante oficio del 3 de abril de 2019, dirigido al señor Dagoberto Macías Cabrera, el Concejo Distrital de Cartagena, inició un trámite administrativo para dar cumplimento de la sentencia T-132 de 2019, documento en el que de concedió un terminó de 24 horas a partir de su comunicación para que ejerciera su derecho de defensa y contradicción, el cual como aparece a un costado del legajo fue enterado el 4 de abril de 2019 a las 03:15 p.m. Adicionalmente, se observa que la Resolución No. 063 de 2019, fue proferida el 5 de ese mismo mes y año y siendo las 8:25 a.m. de la misma data, el presidente del cabildo le dio posesión al señor Wilson Ernesto Toncel Ochoa,
133. De lo mencionado es claro que si bien es cierto, en apariencia de buen derecho el Concejo de Cartagena, inició un trámite administrativo para dar cumplimento a la providencia aludida, para efectos de que pudiera ser controvertida por los interesados, lo cierto es que por parte del señor Dagoberto Macías, la finalidad del proceso no se cumplió en la medida en que, antes de vencer el término para su intervención, se había acatado la orden constitucional, lo que puede considerarse una vulneración a su debido proceso.
134. Lo señalado, en consideración a que si a la administración concede un término a los interesados para ejercer el derecho a la defensa antes de adoptar una decisión, es con el fin de garantizar que previo a la emisión de ésta analizará las razones de hecho y derechos expuestas por los intervinientes, inclusive, que se pronunciará sobre las mismas en el correspondiente acto, pues sólo así se garantiza plenamente la contradicción, de lo contrario el plazo concedido se convierte en una mera formalidad sin ninguna transcendencia en el margen de protección del derecho al debido proceso.
135. Una vez advertido que si bien el Concejo Distrital de Cartagena, no permitió la intervención del señor Dagoberto Macías Cabrera, en el procedimiento para el acatamiento de la sentencia, T-132 de 2019, la Sala estima que, en realidad se presentó la mentada irregularidad, carece de incidencia para afectar el acto de llamamiento, en la medida en que no representaría ninguna variación en los resultados electorales que son el fundamento para suplir las vacancias absolutas que se presente en las corporaciones públicas de elección popular, de allí que no se avizore un desconocimiento, o un vicio de tal entidad que ponga entredicho la elección, en especial cuando en materia electoral sólo las irregularidades de significativa incidencia son las que pueden afectar la validez y efectos de las decisiones del electorado, como se desprende por ejemplo, del artículo 287 de la Ley 1437 de 2011 y lo ha precisado la Sección en los siguientes términos:
“121. Vale la pena recordar que la norma antes señalada constituye una manifestación del principio de la eficacia al voto, según el cual como lo ha destacado esta Sección, “en los procesos de índole objetiva, es decir aquéllos en los cuales de discute la ocurrencia de irregularidades en la votación o en los escrutinios, el acto electoral solamente puede ser anulado si se demuestra que dichas irregularidades tienen la incidencia de modificar el resultado de la contienda electoral. De lo contrario, debe preservarse la voluntad legítima mayoritaria de los electores” HYPERLINK "https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es-mx&rs=es-mx&wopisrc=https%3A%2F%2Fetbcsj.sharepoint.com%2Fsites%2FElectorales%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F6fd17284d07641f691d147e50b81b483&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-2011&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F2333313453%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fetbcsj.sharepoint.com%252Fsites%252FElectorales%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252Ffallo%2520%25202019-00264-03%2520-%2520Concejales%2520de%2520cartagena%2520%2520con%2520ajustes%2520-%25202.docx%26fileId%3D6fd17284-d076-41f6-91d1-47e50b81b483%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D2011%26locale%3Des-mx%26theme%3Ddefault%26version%3D21043007800%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1624311050216%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&wdhostclicktime=1624311050120&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=3bd971bd-eeb5-4279-9db1-9b3b793b02ed&usid=3bd971bd-eeb5-4279-9db1-9b3b793b02ed&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected" \l "_ftn3" \h [3] (Destacado fuera de texto).
122. En el mismo sentido ha señalado esta Sección:
“(…) (La) legislación por excelencia para las elecciones por voto popular, en su catálogo de principios, destaca el llamado principio de eficacia del voto, definido como la preponderancia de la interpretación que le dé validez al voto para que así represente la expresión de la libre voluntad del elector.
Principios análogos y de redacción similar se encuentran en el principio del efecto útil de la norma o la ponderación que hace el Código Civil frente a las máximas de interpretación de la ley, en las que se encuentran en tensión, en mayor o menor grado, las posibles interpretaciones o aspectos hermenéuticos frente a la aplicación de las normas. Por eso, en forma constante, la jurisdicción electoral ha entendido y así lo ha manifestado a los sujetos procesales, a lo largo de sus pronunciamientos judiciales, que el hecho de que exista y se prueben irregularidades en el proceso de electoral administrativo, no conlleva per se la nulidad del acto electoral que la declara.
Para el lector desprevenido y en grado sumo acontece con los sujetos procesales, les parece casi paradójico que habiéndose demostrado irregularidades, se mantenga al elegido en su cargo o curul. Pues bien no ha de olvidarse que se encuentran en tensión varios derechos, unos de espectro mucho más amplio que deben ser protegidos, así pues el ejercicio de los derechos fundamentales políticos a elegir y ser elegido tiene su alter ego como ser político público en la voluntad popular, en la democracia y en el mantenimiento de la institucionalidad del Estado en el que una de sus manifestaciones es propender por garantizar la evolución normal del desenvolvimiento del Estado, a través de los servidores designados por el conglomerado.
Es por ello, que con base en el principio de la eficacia del voto o del efecto útil de la norma, acreditadas las irregularidades, ha de pasarse a una última etapa dentro del iter del proceso electoral, para adentrarse en el análisis del impacto de esos votos espurios en el resultado definitivo que dio al elegido el triunfo, pues mientras aquel no sea mutado o modificado a tal punto que se tenga certeza que había otro participante con mejor derecho, la declaratoria de la elección se mantendrá incólume” (Destacado fuera de texto).
136. Así las cosas, de lo descrito, se reitera que si bien se presentó un desconocimiento normativo, éste no tiene la entidad para afectar los resultados electorales, que son el fundamento para suplir las vacancias absolutas que se presenten en el Concejo Distrital de Cartagena.
137. Al margen de lo anterior, se precisa que el demandante tenia a su alcance el respetivo medio de control, para cuestionar la forma como se excluyó al actor del cabildo distrital, situación que escapa el análisis de la nulidad electoral.
f. Petición del ministerio público
138. Ahora bien, es importante mencionar que el Ministerio Público, realizó la siguiente petición, “SE INSTA de manera respetuosa a la Honorable Sala para que se pronuncie en el fallo sobre los límites, temporalidad u objeciones al llamamiento a ocupar curules en las corporaciones de elección popular, ante vacancias absolutas como excepción a la regla general contenida en el artículo 134 constitucional”.
139. Para la Sala, la anterior petición, adolece de claridad, teniendo en cuenta que el Ministerio Público no mencionó cual era la finalidad o importancia para fijar los supuestos limites, temporalidad u objeciones al llamamiento a ocupar curules en las corporaciones de elección popular, así mismo, se precisa que por vía jurisprudencial no es dable establecer excepciones al texto constitucional, que se erige como normas de normas y la cual tiene un procedimiento claro para iniciar sus modificaciones.
2.5. Conclusión
140. La Sala considera que el actor no desvirtuó la presunción de legalidad de los artículos 2 y 3 de la Resolución No. 63 del 5 de abril de 2019, mediante la cual el Concejo Distrital de Cartagena de Indias D.T. y C. llamó al señor Wilson Ernesto Toncel Ochoa a ocupar una curul en el citado cabildo, para lo que resta del período 2016-2019, por tanto, se confirmará sentencia de primer grado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia 16 de febrero de 2021 del Tribunal Administrativo de Bolívar que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta providencia.
TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CUARTO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.
ARTÍCULO PRIMERO: Reintégrese al señor CARLOS BARRIOS GÓMEZ, a la. Curul del partido Cambio Radical, que venía ocupando de conformidad con la parte considerativa de la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: Recompóngase la lista que conforma la bancada del Partido Cambio Radical, según el orden descendente empezando por el candidato que haya obtenido el mayor numero de votos preferentes conforme al formulario E-26 a partir de la renuncia del señor VICENTE BLEL SCAFF así.
CANDIDATO
No. De votos
LUIS JAVIER CASSIANI VALIENTE
8.808
ANTONIO SALIM GUERRA TORRES
7.310
CARLOS ALBERTO BARRIOS GOMEZ
6.419
WILSON ERNESTO TONCEL OCHOA
5.630
ARTÍCULO TERCERO: Llámese al señor WILSON ERNESTO TONCEL OCHOA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.237.356 de Cartagena, a ocupar la curul del partido Cambio Radical, por se el candidato a la Corporación Concejo Distrital de Cartagena de Indias, que le sigue en lista a CARLOS BARRIOS GÓMEZ, y désele posesión en el cargo.
ARTÍCULO CUARTO: Por Secretaría General de la corporación, exclúyase del llamado a la lista al Señor a DAGOBERTO MACÍAS CABRERA, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esa resolución.
Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de 18 de febrero de 2016, M.P: Alberto Yepes Barreiro, Radicado No. 25000-23-41-000-2015-00101-02. Al demandante, al demandado, al Concejo de Cartagena, a la RNEC, al CNE, Ministerio Público. El artículo 5 de la Resolución No. 063 de 5 de abril de 2019, mencionó que: “la presente resolución, rige a partir de la fecha de su expedición”. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de unificación del 24 de agosto de 2018. Radicación número 47001-23-33-000-2017-00191-02. M.P. Rocío Araujo Oñate. Como en el caso en concreto, que el acto demandado fue revocado por el Concejo Distrital de Santa Marta. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 18 de febrero de 2016, C.P. Rocío Araujo Oñate, radicación 81001-23-33-000-2012-00039-04. ARTICULO 134. Las vacancias por faltas absolutas de los congresistas serán suplidas por los candidatos no elegidos, según el orden de inscripción en la lista correspondiente. En virtud del cual el artículo 134 quedó así: “Las faltas absolutas o temporales de los Miembros de las Corporaciones Públicas serán suplidas por los candidatos que, según el orden de inscripción, en forma sucesiva y descendente, correspondan a la misma lista electoral.”
Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 30 de agosto de 2017, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 13001-23-33-000-2017-00606-01. Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 30 de agosto de 2017, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 13001-23-33-000-2017-00606-01.
“ARTÍCULO 262. <Artículo modificado por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_02_2015.html" \l "20" \h 20 del Acto Legislativo 2 de 2015, anteriormente era el artículo 263. El nuevo texto es el siguiente:> Los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que decidan participar en procesos de elección popular, inscribirán candidatos y listas únicas, cuyo número de integrantes no podrá exceder el de curules o cargos a proveer en la respectiva circunscripción, excepto en las que se eligen hasta dos miembros, las cuales podrán estar integradas hasta por tres (3) candidatos. La selección de los candidatos de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica se hará mediante mecanismos de democracia interna, de conformidad con la ley y los estatutos. En la conformación de las listas se observarán en forma progresiva, entre otros, los principios de paridad, alternancia y universalidad, según lo determine la ley. Cada partido o movimiento político podrá optar por el mecanismo de voto preferente. En tal caso, el elector podrá señalar el candidato de su preferencia entre los nombres de la lista que aparezcan en la tarjeta electoral. La lista se reordenará de acuerdo con la cantidad de votos obtenidos por cada uno de los candidatos. La asignación de curules entre los miembros de la respectiva lista se hará en orden descendente empezando por el candidato que haya obtenido el mayor número de votos preferentes. En el caso de los partidos y movimientos políticos que hayan optado por el mecanismo del voto preferente, los votos por el partido o movimiento que no hayan sido atribuidos por el elector a ningún candidato en particular, se contabilizarán a favor de la respectiva lista para efectos de la aplicación de las normas sobre el umbral y la cifra repartidora, pero no se computarán para la reordenación de la lista. Cuando el elector vote simultáneamente por el partido o movimiento político y por el candidato de su preferencia dentro de la respectiva lista, el voto será válido y se computará a favor del candidato. La ley regulará la financiación preponderantemente estatal de las campañas, los mecanismos de democracia interna de los partidos, la inscripción de candidatos y listas propias o de coalición a cargos uninominales o a corporaciones públicas, la administración de recursos y la protección de los derechos de los aspirantes.
Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva circunscripción, podrán presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas. (Destacado fuera de texto)”
En este caso se precisa que el señor Toncel solicitó al cabildo distrital la recomposición de la lista.
Consejo de Estado, Sección Tercera - Sub Sección B, sentencia del 6 de abril de 2011, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo, Rad. 23001-23-31-000-1999-00291-01(19483). En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 30 de agosto de 2017, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 13001-23-33-000-2016-00051-01. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 14 de marzo de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-28-000-2018-00049-00.
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 4 de marzo de 2000, Exp.1998-0503-01-9772, M.P. Daniel Manrique Guzmán.
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 19 de mayo de 1998, expediente 10051, M.P. Clara Forero de Castro.
Sobre la falsa motivación puede consultarse la sentencia de 25 de febrero de 2009, M.P. Miriam Guerrero de Escobar, expediente 15797.
Corte Constitucional, Sentencia C-456 de 2 de septiembre de 1998, M.P: Antonio Barrera Carbonell, expediente D- 1932
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección A, sentencia del 26 de septiembre de 2012, M.P: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Radicado No. 19001-23-31-000-2001-01047-01(0407-10)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección A, sentencia del 22 de febrero de 2018, M.P: Rafael Francisco Suárez Vargas, Radicado No. 25000-23-25-000-2008-00942-01(1635-17)
ARTÍCULO 287. PRESUPUESTOS DE LA SENTENCIA ANULATORIA DEL ACTO DE ELECCIÓN POPULAR. Para garantizar el respeto de la voluntad legítima mayoritaria de los electores habrá lugar a declarar la nulidad de la elección por voto popular, cuando el juez establezca que las irregularidades en la votación o en los escrutinios son de tal incidencia que de practicarse nuevos escrutinios serían otros los elegidos” (destacado fuera de texto).
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 18 de diciembre de 2019, Rad. 11001-03-28-000-2019-00036-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.
Radicado: 13001-23-33-000-2019-00264-03
Demandante: Dagoberto Macías Cabrera
Demandado: Wilson Ernesto Toncel Ochoa, concejal de Cartagena
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 13001-23-33-000-2019-00264-03
Demandante: Dagoberto Macías Cabrera
Demandado: Wilson Ernesto Toncel Ochoa, concejal de Cartagena
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.