RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2021 › Radicado 23001-23-33-000-2020-00040-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 23001-23-33-000-2020-00040-01

Nulidad electoral: contra el acto de elección de personero municipal

Fecha
19 de agosto de 2021
Consejero ponente
Rocío Araújo Oñate (e)
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 23001-23-33-000-2020-00040-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmar la sentencia del 8 de abril de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad que se adelantó contra la elección del señor Rodrigo Antonio Ballesteros Argel, como personero municipal de Cereté, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 23001-23-33-000-2020-00040-01

Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate (e)

19 de agosto de 2021

NULIDAD ELECTORAL - Contra el acto de elección de personero municipal / ELECCIÓN DEL PERSONERO MUNICIPAL – Marco normativo / CONCURSO DE MÉRITOS

Sobre la elección de personeros municipales, la Constitución Política dispuso que estuviera a cargo de los concejos municipales (numeral 8° del artículo 313), así: “corresponde a los concejos: … Elegir Personero para el período que fije la ley (…).”. Más adelante, a través de la Ley 136 de 1994 (capítulo XI), el legislador dispuso que la personería se concebía como un ente con autonomía presupuestal y administrativa y con planta de personal, y estableció, entre otros aspectos, los requisitos y la elección del cargo de personero, en el artículo 170. Así, se advierte que con las modificaciones introducidas al artículo 170 referido [Ley 136 de 1994], aunque se mantuvo la competencia de la elección del personero en cabeza del Concejo Municipal, cambió el modo de elección, a la imposición del desarrollo de un concurso de méritos, de modo que la elección del personero dejó de ser un acto discrecional del Concejo Municipal o distrital, para desarrollarse a través de un procedimiento objetivo y reglado, orientado en la meritocracia, aunque sin perder la capacidad de dirigir los aspectos tendientes a estructurar el proceso de selección y de elección, dentro de los márgenes legales. Posteriormente, en atención a la necesidad de reglamentar el concurso público de méritos para la elección de personeros, se profirió el Decreto Reglamentario No. 2485 de 2 de diciembre de 2014 “Por medio del cual se fijan los estándares mínimos para el concurso público y abierto de méritos para elección de personeros municipales.”, que impuso que la elección continuaría en cabeza del Concejo Municipal, pero a partir de una lista que resulte del proceso de selección público y abierto, adelantado por el Concejo Municipal o distrital y que “podrá efectuarse a través de universidades o instituciones de educación superior públicas o privadas o con entidades especializadas en procesos de selección de personal” y que deberá ser adelantado atendiendo criterios de objetividad, transparencia, imparcialidad y publicidad, teniendo en cuenta la idoneidad de los aspirantes para el ejercicio de las funciones (artículo 1°). La Sala ha entendido que se habilitó la realización de las etapas del concurso público a través de terceros, toda vez que el Concejo Municipal no es especializado en la selección objetiva de personal para otra entidad, dado que no hace parte de las competencias asignadas legal y constitucionalmente, pero la nominación sigue estando en cabeza de éste. (…). Esta normativa [artículo 2 del Decreto Reglamentario 2485 de 2014], impone también que, con la utilización de mecanismos de publicidad, se garantice la libre concurrencia del aspirante, por lo que establece la obligatoriedad de emplear medios de difusión tales como avisos físicos y en página web, distribución de volantes, inserción en otros medios, por bando y a través de canales de comunicación masivos de la entidad territorial. Además, la convocatoria deberá efectuarse con no menos de 10 días calendario antes de la fecha de inscripciones. (…). Finalmente, el decreto [2485 de 2014], en su artículo 6°, posibilitó la celebración de convenios interadministrativos con finalidades específicas. (…). [E]l Decreto 1083 de 26 de mayo de 2015 (…) compilatorio que recogió el contenido del Decreto 2485 de 2014, con el señalamiento en su artículo 2.1.1.1., de que agrupaba en un solo cuerpo normativo los decretos vigentes de competencia del sector público, incluidos los referentes a materias como los “estándares mínimos para elección de personeros municipales”. (…).

Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, mediante Sentencia C-105 de 6 de marzo de 2013, consideró que el concurso de méritos no restringía la dinámica de decisiones que debe tomar la corporación pública como entidad electora, teniendo en cuenta que la Constitución de 1991 “propende por un sistema meritocrático de vinculación de las personas al servicio público” y es el concurso de méritos el mecanismo obligatorio para ello, el cual resultaba viable aplicar a los cargos que no son de carrera, exceptuando los elegidos por voto popular o sufragio. (…). Así, el Alto Tribunal Constitucional, precisó que se trata de un mecanismo que facilita y promueve la consecución de los fines estatales, en la medida en que pretende la identificación de las personas que reúnen las condiciones para ejercer óptimamente el respectivo cargo, y que, por lo mismo, pueden contribuir eficazmente a lograr los objetivos y metas de las entidades públicas que, por excluir las determinaciones meramente discrecionales y ampararse en criterios imparciales relacionados exclusivamente con la idoneidad para ejercer los cargos en las entidades estatales, aseguran la transparencia en la actuación del Estado y el principio de igualdad.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la realización de las etapas del concurso público a través de terceros, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de abril de 2021, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 05001-23-33-000-2020-00480-01. En cuanto a los estándares mínimos para elección de personeros municipales, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de abril de 2021, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 05001-23-33-000-2020-00480-01.

ELECCIÓN DEL PERSONERO MUNICIPAL / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ELECCIÓN DEL PERSONERO MUNICIPAL – Inexistencia de falta de competencia de la mesa directiva del concejo municipal en la escogencia de la institución que apoyaría el trámite del concurso

[L]a falsa motivación implica la presencia de hechos contrarios a la realidad en el acto enjuiciado, ya sea por error o por motivos de engaño por parte del autor del acto y requiere la acreditación de que los supuestos fácticos en que se basó no estuvieron debidamente probados o que se omitió tener en cuenta otros que sí lo estaban. En el caso particular se advierte que el apelante se opone a la decisión de primera instancia al considerar que sí había lugar a declarar la nulidad de la elección acusada. (…). [L]a falta de técnica en la denominación de las causales de nulidad aludidas [por el recurrente], evidencian la materialización de un error conceptual, que no sustancial, que implique por la mera titulación, descartar el estudio de los argumentos de inconformidad como los expuso la parte impugnadora, pues en todo caso, el demandante sustentó adecuadamente los cargos que a su juicio hacen nulo el acto electoral y que se encuadran en una falta de competencia, falsa motivación y expedición irregular, a pesar de haberlos enmarcado todos con la titulación del segundo. (…). [S]e tiene que a lo largo del proceso el demandado y la autoridad que expidió el acto, se defendieron de los elementos estructuradores de las tres censuras a que se refirió el apelante, por lo que al denominarlos esta Sala en debida forma no se está proponiendo el estudio de nuevos vicios de ilegalidad en detrimento del derecho al debido proceso de los sujetos procesales. (…). [E]l Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, que compila reglamentaciones preexistentes, como lo es el Decreto Reglamentario No. 2485 de 2 de diciembre de 2014, contiene los estándares mínimos para la elección de personeros (Título 27), que se encuentra en cabeza de los concejos municipales o distritales y los habilita para que efectúen el concurso público de méritos a través de universidades o instituciones de educación superior públicas o privadas, o con entidades especializadas en procesos de selección de personal. Así, en la medida en que la plenaria del Concejo Municipal respaldó por mayoría, como consta en el Acta 67 de 2019, la decisión de que la mesa directiva adelantara los trámites para la escogencia de la institución que apoyaría el trámite del concurso para la elección de personero, y que estaba habilitada para delegar dicha facultad en su mesa directiva, no se advierte que se materialice algún vicio que pueda incidir en la nulidad del acto electoral, máxime cuando, en todo caso, la facultad nominadora se mantuvo en la correspondiente duma. (…). [C]omo se señaló, demuestra que la mesa directiva estaba facultada por el Concejo Municipal para adelantar los trámites del concurso público y no se advierte censura alguna contra la potestad de designar en aquella el mencionado procedimiento, lo que se hizo en audiencia que consta en acta. Por manera que, la posición del apelante carece de fundamentos jurídicos que establezcan que el trámite de la designación de la entidad terciaria para la realización del concurso, solo lo podía llevar a cabo, el pleno del Concejo Municipal, por lo que se encuentra que la mesa directiva obró de legítimamente y, en consecuencia, el cargo no tiene vocación de prosperidad.

ELECCIÓN DEL PERSONERO MUNICIPAL – Inexistencia de expedición irregular frente a la propuesta presentada por la corporación Ideas

Obra (…) en el proceso, la invitación pública No. 001, mediante la cual, la mesa directiva del Concejo Municipal de Cereté (…) invitó a las entidades públicas o privadas especializadas en procesos de selección de personal a que alleguen sus propuestas para promover la elección del personero mediante concurso de méritos público y abierto, con la precisión de las etapas, con la exigencia de que en la oferta se debía demostrar experiencia en procesos de selección de personal directivo, competencia técnica, capacidad logística y contar para su realización, con profesionales con conocimientos específicos en los temas de competencia de personeros municipales, para lo que, entre otros factores, se incluyó una tabla del puntaje de cada factor de idoneidad conforme al número de procesos de selección de personal realizados. (…). [L]a corporación IDEAS presentó su propuesta, en donde acreditó para tal fin su idoneidad y experiencia, cumpliendo para el caso concreto con los requisitos que refiere la norma que rige el proceso de selección de personeros. (…). [U]no de los argumentos [de] la apelación, hace referencia al hecho de que, al no obrar en el expediente una prueba de un experto que determine fecha y hora de recibida la propuesta de IDEAS, debía entenderse que se hizo antes o después del plazo establecido, lo que constituye el acto en irregular, máxime en tanto, a juicio del memorialista, la certificación obrante en el expediente, proviene del mismo demandado, pues a su juicio, es tal la calidad en que actúa el Concejo Municipal de Cereté. (…). [L]a Sala debe precisar, en primer lugar, que en el caso que ocupa la atención, el único demandado es el señor Rodrigo Antonio Ballesteros Argel, como elegido personero municipal de Cereté y el Concejo Municipal actúa como sujeto interesado, por ser quien expidió el acto acusado, es decir, es un tercero en las resultas del proceso, que fue vinculado al proceso en virtud de lo dispuesto por el numeral 2° del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011. Por lo tanto, contrario a lo manifestado por el apelante, no se trata de una certificación expedida por el mismo demandado. En segundo lugar, se evidencia que en el transcurso de la audiencia inicial, (…), el magistrado sustanciador dispuso decretarla parcialmente, en el entendido de que solo se solicitaba en relación con la propuesta de la corporación IDEAS y no frente a las dos instituciones restantes, sin que se advierta alguna manifestación de la parte actora frente a su decreto o al hecho de que se dispusiera que quien certificara fuera el Concejo Municipal y no el CTI, como lo pretende el apelante. En tercer lugar, se evidencia que dentro del término legal para desconocer la certificación, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 272 del Código General del Proceso, que correspondía al curso de la audiencia en que se ordenó tenerla como prueba, no hubo alguna censura en contra de la certificación expedida por el Concejo Municipal, en las condiciones en que fue decretada, por lo que, tiene plena validez dentro del proceso, pues no hay lugar a tener en cuenta el desconocimiento que se presente fuera de dicha oportunidad (artículo 272, inciso 2°). A partir de lo anterior, se tiene que, de acuerdo con las probanzas allegadas legal y oportunamente, la propuesta de la corporación IDEAS se presentó, vía correo electrónico, dentro del término señalado en la convocatoria, lo cual conlleva a que el argumento por el cual el apelante aduce que hubo expedición irregular, carezca de fundamento.

Ahora, sin perjuicio de lo anterior, conviene precisar que los asuntos relacionados con el contrato, el cumplimiento de requisitos, forma de adjudicación, tipo de vinculación, etc., escapan del ámbito del juez del medio de control de nulidad electoral, quien para el caso objeto de controversia, tiene la facultad de valorar si existió una presunta expedición irregular del acto de elección, pero sin que le sea dable adentrarse a las competencias del juez de controversias contractuales. (…). [S]e insiste que en el caso particular no hay lugar a ahondar en el asunto de la expedición irregular bajo el supuesto de no haberse presentado la propuesta antes del 13 de noviembre de 2019 a las 18:00, en tanto se encuentra acreditado que se allegó en dicha fecha a las 17:43, por lo que se concluye que no hubo expedición irregular del acto, por este aspecto. (…). Así las cosas, al determinarse que IDEAS contaba con la experiencia en materia de selección de personal y era un ente educativo de los contemplados en el artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015, esto es, ser una institución de educación superior, se entiende que carece de fundamento el cargo respecto de su idoneidad, requisito que, en todo caso, fue acreditado al interior del proceso de elección de personero.

ELECCIÓN DEL PERSONERO MUNICIPAL – Inexistencia de desviación de poder

Para la Sala, esta censura [presunta desviación de poder] constituye una afirmación carente de fundamentos, pues se aduce que se siguió un procedimiento en contra del otro participante que aprobó la prueba de conocimiento en aras de contratar a la corporación universitaria IDEAS, con el fin de que el elegido fuera el demandado; no obstante, no se detalla ni se acredita en qué consistió tal actuación o alguna situación irregular en su contra, sumado a que la sola experiencia acreditada por quien no resultó electo, no puede ser el único hecho para determinar que debió ser él y no el demandado el elegido personero de Cereté, pues éste es solo uno de los ítems a calificar y, a esa puntuación se le debe sumar, entre otras, la que se obtenga de la prueba de conocimientos y la entrevista, esta última, a la que ni siquiera se presentó el señor Portilla, sino que fue realizada solo a quien resultó electo. En consecuencia, tampoco encuentra la Sala lugar a declarar la nulidad de la elección del personero de Cereté, período 2020-2024, por este aspecto y, en ese orden, considera que la parte actora no desvirtuó la presunción de legalidad del acto de elección, pues ninguno de los argumentos expuestos en la apelación, tienen la virtualidad de revocar el fallo de primera instancia, en razón de ello, se confirmará. En conclusión, al no existir argumento alguno que amerite revocar la decisión adoptada por el a quo en el sentido de negar las pretensiones de la demanda, esta Sala Electoral, encuentra necesario su confirmación acorde con las motivaciones previamente señaladas.

NOTA DE RELATORÍA: Respecto a la falsa motivación y su alcance como causal de nulidad, consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, 1° de julio de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 13001-23-33-000-2019-00264-03; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 14 de marzo de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 11001-03-28-000-2018-00049-00. De las circunstancias para que prospere la causal de nulidad de la falsa motivación, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo de 8 de marzo de 2018, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 25000-23-24-000 2005-01532-01. En cuanto a que el haber actuado sin atribuciones como se le endilga a la mesa directiva al momento de celebrar el contrato, constituye un vicio de falta de competencia, consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de febrero de 2020, M.P. Oswaldo Giraldo López, radicación 11001-03-24-000-2011-00050-00. Sobre la expedición irregular, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 27 de octubre de 2016, M. P. Mauricio Torres Cuervo, radicación 11001-03-28-000-2010-00007-00. Sobre la denominación en debida forma de los vicios alegados, sin que ello signifique el estudio de nuevos vicios de ilegalidad en detrimento del derecho al debido proceso de los sujetos procesales, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 30 de agosto de 2017, M.P: Rocío Araújo Oñate, radicación 13001-23-33-000-2016-00051-01 (Acumulado).

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 313 NUMERAL 8 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 137 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 275 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 277 NUMERAL 2 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 272 / LEY 136 DE 1994 - ARTÍCULO 170 / LEY 1031 DE 2006 / LEY 1551 DE 2012 / DECRETO 2485 DE 2014 - ARTÍCULO 1 / DECRETO 2485 DE 2014 - ARTÍCULO 2 / DECRETO 2485 DE 2014 - ARTÍCULO 6 / DECRETO 1083 DE 2015 - ARTÍCULO 2.1.1.1 / DECRETO 1083 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.27.1 A 2.2.27.6

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE (E)

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 23001-23-33-000-2020-00040-01

Actor: JESÚS MARÍA HERAZO ESCUDERO

Demandado: RODRIGO ANTONIO BALLESTEROS ARGEL - PERSONERO MUNICIPAL DE CERETÉ – CÓRDOBA, PERÍODO 2020-2024

Referencia: NULIDAD ELECTORAL - Falsa motivación del acto de elección y de los actos previos

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir mediante sentencia de segunda instancia el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra el fallo proferido el 8 de abril de 2021, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Córdoba, negó las pretensiones de la demanda de nulidad presentada contra el acto de elección del señor Rodrigo Antonio Ballesteros Argel, como personero del municipio de Cereté, período 2020-2024.

ANTECEDENTES

. La demanda

El señor Jesús María Herazo Escudero, en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, demandó la nulidad del acto del 10 de enero de 2020, por medio del cual se declaró la elección del señor Rodrigo Antonio Ballesteros Argel como personero municipal de Cereté, período 2020-2024, con las siguientes:

Pretensiones

“Primero: Que es NULO ABSOLUTAMENTE el acto de elección del personero municipal de Cereté, de fecha enero 10 de 2020 realizado por el H. Concejo Municipal de dicho municipio y por medio del cual esa corporación previo proceso concursal de mérito, declaró la elección de RODRIGO ANTONIO BALLESTEROS ARGEL (…), como personero del municipio de Cereté, período 2020-2023 (sic), tal como consta en el acta de dicha fecha (…).

Segundo: Que, como consecuencia de la anterior declaración de nulidad, el cargo de personero municipal de Cereté para el período legal 2020-3023 (sic), deberá ser ocupado por la persona que ocupa el primer lugar en la lista que surja del concurso de méritos que deberá convocarse para tal fin por parte del H. Concejo Municipal, previo el lleno de las exigencias de idoneidad de quien le corresponda realizar dicho proceso”.
Hechos

Mediante Resolución No. 105 de 25 de noviembre de 2019, el Concejo Municipal de Cereté, convocó y reglamentó la realización del concurso público y abierto de méritos para la selección de su personero, período 2020-2024, para lo cual se había designado previamente, mediante Acta 067 de 8 de noviembre de 2019, a su Junta (sic) Directiva para el adelantamiento de las diferentes etapas de dicho proceso.

Para adelantar el concurso, en aras de elegir al personero municipal de Cereté, se presentaron ofertas por parte de las Universidades de Cartagena, Antonio Nariño de Cartagena y la Corporación Universitaria IDEAS, estas dos últimas ad honorem.

A pesar de que el Acta 067 del 8 de noviembre de 2019, estableció que la entidad que realizaría las pruebas se seleccionaría por la corporación en pleno y no solo por la junta directiva (sic); esta última, a través de la Resolución 104 del 18 de noviembre de 2019, integrada por los concejales: Iván Nader Diaz (presidente), Ricardo Barguil Bando (primer vicepresidente) y Hernán Vellojín Cordero (secretario), escogieron a la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, como la entidad encargada de llevar a cabo todas las etapas del concurso de méritos referido.

El 19 de noviembre de 2019, el Concejo Municipal firmó el convenio con IDEAS y la supervisión le correspondió al concejal Iván Nader.

El concurso tuvo inicio el 26 de noviembre de 2019, con la admisión de 26 participantes y el rechazo de 4. En él se determinó que los únicos que pasaron la prueba de conocimiento fueron los señores Rodrigo Antonio Ballesteros Argel y Misael Antonio Herrera Portillo.

Mediante acta de sesión especial No. 009 del 10 de enero de 2020, el Concejo Municipal de Cereté, con 13 de 15 votos nominales, eligió al demandado como personero municipal de Cereté, período 2020-2024, sin que a la fecha de presentación de la demanda hubiera tomado posesión del cargo.

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

Como normas violadas, el demandante se refirió a los artículos 2, 13, 25, 29, 54, 83 y 209 de la Constitución Política y 44, 137 y 275.5 de la Ley 1437 de 2011.

En sustento de ello, consideró que no se trató con igual rasero a las universidades que ofrecieron sus servicios al concejo de Cereté, pues la escogencia de IDEAS se debió a malas intervenciones de la Mesa Directiva, lo que se puede evidenciar al descalificar a una universidad altamente calificada por el Ministerio de Educación Nacional y escoger como idónea a IDEAS.

Adujo que sin existir en los archivos del Concejo Municipal alguna invitación a dicha corporación universitaria, el 13 de noviembre de 2019 aparece presentando una oferta técnica, financiera y económica, en la que indica que su altruismo es tan grande, que lo hace de manera gratuita.

El demandante indicó que el acto de elección está viciado de nulidad bajo la causal contenida en el numeral 5° del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que el elegido no reunía las condiciones, calidades y requisitos para ocupar el cargo de personero municipal, en tanto el concurso se realizó por la corporación universitaria IDEAS, que debió ser escogida por la duma en pleno y no por la junta directiva (sic), que realizó un proceso de selección amañado y sin motivación, que además, oculta los procedimientos de selección y evaluación.

Sostuvo que, con esa designación se le dejó a la Corporación Universitaria IDEAS la realización de todas las etapas del concurso y al Concejo Municipal solo la sesión de declaratoria de elección del primero de la lista de elegibles.

Manifestó que solo basta con revisar internet para corroborar el cúmulo de demandas contra esa corporación universitaria por “sus permanentes procesos torcidos en escogencia de personeros y contralores”.

Consideró que la Resolución 104 se expidió: i) con falsa motivación, porque la junta directiva (sic) decidió escoger a IDEAS, “mintiendo deliberadamente, profiriendo de esa manera, un acto abiertamente contrario a la ley que se configura en el campo penal como prevaricato por acción”; con el señalamiento de que esa corporación ha realizado proceso para concurso de méritos en varias latitudes de la geografía colombiana y en el departamento de Córdoba y que por ello, tenía la idoneidad suficiente para adelantar el concurso, no obstante, esa experiencia no está acreditada en la propuesta, ni en ningún otro documento que repose en los archivos del Concejo Municipal; ni siquiera en la página web de esa universidad, por lo que la motivación para escogerla es falsa. Además, acusa la mencionada resolución, de haber sido proferida ii) con desviación de poder, toda vez que la selección de esa corporación universitaria se hizo con el único propósito de favorecer al demandado.

Afirmó que los concejales de la mesa directiva, al momento de evaluar las propuestas, calificaron de mejor manera a IDEAS y a la Universidad Antonio Nariño (cada una con 80 puntos), pese a la falta de experiencia en temas de selección de personal, mientras que a la Universidad de Cartagena, que era la única con alta acreditación por parte del Ministerio de Educación Nacional, la ponderaron por debajo con 30 puntos. Así mismo, a pesar de que las dos primeras eran gratuitas, en el factor precio le asignaron 0 puntos a la Antonio Nariño y 100 a IDEAS.

Indicó que como parte de la motivación se expresó que IDEAS haría el proceso de selección en Cereté, mientras que la Antonio Nariño señalaba hacerlas en la ciudad de Cartagena.

No obstante, en el punto 2.2. de la propuesta, se señaló que la documentación debía ser remitida a las oficinas de Bogotá de la corporación universitaria y que allí mismo se aplicarían las pruebas de selección.

Mencionó que de los dos participantes que pasaron las pruebas de conocimiento, se determinó que el demandado, a pesar que su único cargo ha sido el de personero, como se desprende de su historia laboral, se le calificó respecto de los antecedentes de forma superior al señor Herrera Portillo, quien había sido personero de Cereté y conocido abogado con amplia y notoria experiencia profesional y laboral.

Concluyó que el procedimiento de selección fue secreto, ya que la universidad IDEAS no publicó en las etapas correspondientes los resultados de cada fase, simplemente se conoció el 31 de diciembre de 2019, que el demandado obtuvo un puntaje de 68,5% y 59% para su contrincante.

1.2 Actuaciones Procesales

1.2.1 Inadmisión de la demanda

Mediante auto del 27 de febrero de 2020, el Tribunal Administrativo de Córdoba inadmitió la demanda por incumplimiento del requisito establecido en el artículo 166.1 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que, aunque se aportó copia del acto acusado, no se acompañó con la constancia de publicación.

1.2.2 Admisión de la demanda

En providencia del 3 de agosto de 2020, se admitió la demanda de nulidad electoral contra el acto de elección del señor Rodrigo Antonio Ballesteros Argel, por cumplir con los requisitos de forma y oportunidad y se ordenaron las respectivas notificaciones.

1.2.3 Contestación de la demanda

1.2.3.1 Concejo Municipal: Por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones.

Señaló que actuó dentro del marco legal, durante todo el proceso que se llevó a cabo para la elección del personero de Cereté. En las sesiones ordinarias y especiales se le dieron facultades a la mesa directiva para el referido trámite y se expidieron los actos motivados, con fundamentos fácticos y jurídicos pertinentes para la escogencia de la entidad que debía realizar el concurso de méritos, con la suscripción del respectivo acuerdo de voluntades de fecha 19 de noviembre de 2019.

Aseguró que todos los actos administrativos definitivos y preparatorios para la escogencia del personero, fueron debidamente motivados fáctica y jurídicamente; igualmente, cada una de las actuaciones de los servidores públicos del concejo se realizaron dentro de las atribuciones que les otorga la ley y el acto acusado no adolece de ninguna de las irregularidades por las que se acusa.

Presentó como previas las excepciones de “inepta demanda por no individualizar el acto acusado” y “falta de litis consorte necesario”, por no haber integrado a la Corporación Universitaria IDEAS.

Así mismo, expuso las excepciones de mérito que se señalan a continuación:

Ausencia de falsa motivación en el acto acusado

Señaló que en el Acta 009 de sesión especial del 10 de enero de 2020, el Concejo Municipal hizo la escogencia del personero, con una decisión que se motivó en elegir a quien obtuvo el mayor puntaje en el proceso. Frente al trámite contractual, se soportó en el acta 67 de sesión 03 de 8 de noviembre de 2019 y, la Resolución No. 104 de 18 de noviembre de 2019, en donde constan las razones de escogencia del contratista que adelantó el concurso, esto es, el estudio y evaluación de las propuestas y la asignación de puntajes respecto de los entes universitarios que participaron.

El acto acusado fue expedido sin desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió

Sostuvo que la actuación de los servidores públicos se realizó con apego a la norma jurídica indicada por el legislador para la selección del personero, lo que se demuestra con la expedición de cada uno de los actos en los que se fundó la elección del demandado, sin desviación de poder. El personero se escogió de la terna (sic) que envió la institución educativa IDEAS, según el puntaje que obtuvieron en las pruebas de conocimiento y comportamentales, así como el otorgado en la entrevista a la que solo asistió el demandado. Ninguna de las pruebas de la demanda acredita alguna desviación de las atribuciones.

1.2.3.2 El demandado

Indicó que la normativa que regula la elección de personeros, no exige que las universidades o instituciones de educación superior públicas o privadas, que vayan a adelantar un proceso de selección o concurso para la elección de personeros deban estar acreditadas, por lo que le corresponde al Concejo Municipal, dentro del proceso de contratación correspondiente, determinar qué empresa cumple con los requisitos y estipulaciones contenidas en el pliego de condiciones.

Consideró que no le asistía la razón al demandante, al señalar que hay falsa motivación al escoger a la Corporación Universitaria IDEAS, por no ser una universidad tan reconocida como lo es, según el criterio subjetivo del actor, la Universidad de Cartagena, menos, al insultar a los concejales integrantes de la Mesa Directiva y acusarlos de mentirosos cuando han actuado de conformidad con las leyes, resoluciones y decretos que regulan la materia.

Se opuso al señalamiento de incursión en desviación de poder, toda vez que todo el procedimiento para la elección que ahora se cuestiona, se realizó conforme a las disposiciones legales, desde el momento en que la mayoría de los miembros del Concejo votó por la propuesta del concejal Iván Nader Díaz, quien pidió que fuera la Mesa Directiva de dicho concejo, la que llevara a cabo el proceso de selección de la institución que adelantaría el concurso.

Sostuvo que la Mesa Directiva del concejo, eligió a la Corporación IDEAS por corresponder a la propuesta más favorable, porque sería un servicio gratuito y se realizaría todo el proceso de selección en el lugar que dispusiera la universidad que, para el caso, se acordó que fuera en la ciudad de Montería, lo que permitía el fácil acceso a los participantes; mientras que la otra propuesta, también ad honorem, las efectuaría en Cartagena.

Afirmó que no era cierto que IDEAS ocultara los resultados de las pruebas y las calificaciones ya que éstas fueron publicadas conforme se estableció en el artículo 20 de la Resolución 105 del 25 de noviembre de 2019.

Finalizó aduciendo, que en este caso el demandante propuso como causal de nulidad del acto de elección, la consagrada en el artículo 275.5 de la Ley 1437 de 2011, que se refiere a la elección o nombramiento de personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad, sustentándola en el hecho de la existencia de presuntas irregularidades en el trámite de contratación de la corporación IDEAS, al estimar que no podía ser escogida por la mesa directiva sino por la corporación en pleno, pese a la existencia de la decisión en la que se le faculta por el pleno de la duma para el efecto. Por lo que, a su juicio, el presente cargo al recaer en una causal intuito personae no puede someterse al concepto subjetivo que tiene el actor sobre IDEAS.

1.2.4 Audiencia inicial

Se adelantó, mediante diligencia del 27 de octubre de 2020, en la que el Tribunal Administrativo de Córdoba, a través de la magistrada sustanciadora, luego de llevar a cabo la etapa de saneamiento, fijó el litigio en los siguientes términos:

“Determinar si hay lugar a declarar la nulidad del acto de elección del señor Rodrigo Antonio Ballesteros Argel como personero del municipio de Cereté para el período 2020-2024, contenido en el Acta #009 - Sesión Especial del 10 de enero de 2019 del Concejo Municipal de Cereté, por haberse expedido presuntamente con desviación de poder y falsa motivación, conllevando tal situación a que sobre el elegido pesare falta a las calidades legales y constitucionales para acceder al cargo de personero municipal”.

Así mismo, determinó tener como pruebas las documentales aportadas por las partes y precisó que el valor probatorio se les asignaría al momento de dictar la sentencia; se pronunció sobre las solicitudes de pruebas de los diferentes sujetos procesales, con el decreto total o parcial de las que encontró pertinentes, conducentes y útiles. Finalmente, ordenó oficiar a la Comisión Nacional del Servicio Civil, Ministerio de Educación Nacional y al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES, para que con destino al proceso, informen si la Corporación Universitaria IDEAS se encontraba habilitada o podía participar o realizar concursos públicos de méritos para la escogencia de personeros municipales.
1.3. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia del 8 de abril de 2021, falló:

“Primero: Declárense probadas las excepciones de mérito denominadas “Legalidad del Acto No. 009 Sesión Especial 10 de enero de 2020”, “Legalidad del procedimiento de elección”, “ausencia de falsa motivación en el acto acusado” y “el acto administrativo acusado fue expedido sin desviación a las atribuciones propias de quien las profirió”, (…).

Segundo: En consecuencia de lo anterior, NIÉGUENSE las pretensiones de la demanda (…)”.

Señaló el Tribunal que no había lugar a declarar la nulidad del acto de elección censurada, al no configurarse los cargos propuestos por la parte actora.

Afirmó que de acuerdo con el artículo 275.5 de la Ley 1437 de 2011, los actos de elección o nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 del mismo código y, además, cuando: “5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad”.

Precisó que, en este caso se aducen irregularidades en el trámite del proceso de selección del personero, como la presunta falta de idoneidad del contratista seleccionado para prestar el soporte logístico para lograr tal fin, no obstante, de encontrar acreditados los vicios que se enjuician, no es viable afectar por ello las condiciones propias de cada concursante como lo es su idoneidad, razón por la que negó su prosperidad.

Pese a lo anterior, sostuvo que, una vez revisada la documental obrante en el expediente, no advertía la inobservancia de requisito o calidad alguno por parte del demandado para ocupar el cargo.

Posteriormente, analizó el desarrollo del concurso público de méritos adelantado por el Concejo Municipal de Cereté para la escogencia de personero y encontró que si bien la parte actora consideró que la mesa directiva no podía adelantar su trámite, concluyó que ello no era cierto dado que la duma en pleno -Acta 067 de 2019- la autorizó para adelantar todo el proceso de selección y, con base en dichas facultades fue que procedió a escoger a la Corporación Universitaria IDEAS, mediante la Resolución 104 de 18 de noviembre de 2019.

En cuanto a la selección de IDEAS, por encima de “una universidad acreditada por el Ministerio de Educación Nacional”, indicó que de conformidad con la normatividad vigente y, puntualmente, con el artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”, el proceso de elección lo debe adelantar el Concejo Municipal o distrital y, para el efecto, podrá realizarlo a través de universidades o instituciones de educación superior públicas o privadas, o con entidades especializadas en procesos de selección de personal, por lo que al no exigir cualificación especial o requisito para dichas entidades, como la acreditación en alta calidad, como pareciera entenderlo la parte actora, no se observa que el contratista carezca de la idoneidad que adujo el demandante.

Bajo esa misma cuerda argumentativa, indicó que, de acuerdo con el certificado de existencia de IDEAS, se puede determinar que “es una institución de educación superior privada, de utilidad común, sin ánimo de lucro y su carácter académico es el de institución universitaria, con personería jurídica reconocida mediante Resolución No. 22185 de 1984-12-18, expedida por el Ministerio de Educación Nacional”; por lo que, al ser una institución de educación superior, sí se encontraba apta para adelantar los trámites del concurso público de méritos para la escogencia del personero municipal de Cereté.

En relación con la experiencia de IDEAS, manifestó que no se evidencia prueba alguna de que al menos se hubiera cuestionado la información que allegó con su propuesta ni se censuró como falsa dentro de este proceso, por lo que solo se pueden tener como dichos sin respaldo fáctico o jurídico.

En lo que hace al vicio de desviación de poder, que se sustenta en que la selección de IDEAS lo fue para privilegiar al demandado, encontró que no se demostraron en el proceso, cuáles fueron los móviles y provechos del funcionario que expidió el acto, diferentes a los fines del buen servicio.

1.4. Recurso de apelación

Inconforme con la decisión, el demandante impugnó la sentencia con el fin de que sea revocada y se acceda a las pretensiones de su demanda, en los siguientes términos:

Se refirió al cargo de falsa motivación y señaló que no compartía la decisión del Tribunal al haber considerado que la evaluación de la experiencia de la corporación IDEAS se realizó de forma correcta por parte del Concejo Municipal; pues a su juicio, ocurrió todo lo contrario y son nulos los actos administrativos expedidos al respecto, toda vez que la mesa directiva omitió que la aprobación para escoger a la entidad, debía realizarse por el pleno, además realizó una selección “a escondidas”, pero, “por desgracia para la verdad, ninguna (sic) de sus integrantes, o directivos (…) pudo ser citado a testimoniar”.
Agregó que, a pesar de haber solicitado al Concejo Municipal en ejercicio de su derecho de petición, las constancias o pantallazos para verificar las fechas reales de los correos en que recibió la propuesta de IDEAS, no le fue entregada respuesta, lo que, a su juicio, evidencia que la escogencia y procedimiento estaban amañados con la única finalidad de elegir al personero actual y adujo que “el procedimiento seguido contra el único inscrito al que no podía desechar por su larga experiencia en cargos públicos como lo fue el Dr. Misael Herrera Portillo, demuestra a las claras, la intención torticera y la finalidad de dicha contratación. El Dr. Ballesteros Argel debía ser reelegido al costo legal que fuese”.

Aseguró que lo anterior, evidencia que la propuesta de IDEAS no se realizó en el momento en que la mesa directiva del concejo dice o certifica que se recibió, sino desde antes de que se iniciara el concurso o con posterioridad a la fecha en que se afirma en el expediente, y que ello es la prueba de la finalidad oculta para contratar a IDEAS, que culminó con la elección del demandado, lo que refleja falsedad en ello. Agregó que la motivación real de su escogencia se ve en el resultado de la elección.

Consideró que la primera instancia debió haber solicitado la práctica de una prueba pericial por parte del CTI, para demostrar si efectivamente en los computadores del Concejo Municipal se encuentran los correos de recepción de la propuesta de IDEAS en la fecha y hora que afirma y certifica la duma, prueba que adujo, no era difícil de conseguir, la cual consideró fundamental para determinar la falsa motivación y la falta del lleno de los requisitos legales en la escogencia del proponente con la exclusiva finalidad de que se eligiera al demandado como personero municipal de Cereté, lo que produce la nulidad de la elección en tanto “las cualidades del Dr. Ballesteros Argel, para surtir el cargo de personero no se conocen realmente por el amañamiento del concurso”.

Finalmente, reclamó que ello se presenta, sin que el magistrado ponente “se tome la molestia de profundizar” respecto de la constancia que expide “el mismo demandado (sic) (Concejo Municipal) la cual lo hace de suyo sospechosa”.

1.5. Trámite del recurso de apelación

Mediante auto del 29 de junio de 2021, la magistrada ponente del Tribunal Administrativo de Córdoba, concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo.

Una vez repartido el expediente en la Sección Quinta del Consejo de Estado, por proveído del 27 de julio de 2021, la magistrada conductora del proceso admitió el recurso de apelación presentado por la parte demandada.

1.6. Alegatos de conclusión en el trámite de la segunda instancia

1.6.1. Parte demandada

Mediante mensaje de datos recibido el 29 de julio de 2021 en la Secretaría de la Sección, el demando señaló que reiteraba los argumentos de defensa expuestos a lo largo del proceso. Agregó que la parte actora acudió al recurso de apelación, para insistir, de manera errada, en que la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Cereté, realizó todo el proceso de selección en forma indebida; y, contrario a ello, de lo probado, se pudo determinar que actuó en legal forma ya que se encontraba facultada para tal fin.

Señaló que el fallo de primera instancia evidencia la claridad en todo el procedimiento que inició la mesa directiva del Concejo Municipal, que no se realizó de forma deliberada ni a escondidas, basándose en el acervo probatorio, puntualmente en la Resolución No. 105 de 25 de noviembre de 2019, que convocó y reglamentó la realización de concurso público y abierto de méritos para la elección del personero municipal de Cereté 2020-2024.

Indicó que, además de esa, hubo otras pruebas que fueron valoradas por el Tribunal y que fueron suficientes para confirmar la legalidad del acto acusado, al punto de no ordenar el decreto de algunas, como el pantallazo de los correos electrónicos recibidos por el Concejo Municipal, prueba que en todo caso, hubiera favorecido aun más al demandado ya que hubiera servido para convencer al actor de su existencia, pues el mismo personero le señaló que le constaba la existencia de los correos recibidos por parte de las 3 universidades en la misma fecha ya que lo pudo constatar de la cuenta electrónica del secretario, en visita que le hizo a éste.

Aseguró que las afirmaciones del demandante carecen de fundamentos de derecho y no le asiste razón en expresar que la escogencia estuvo amañada, pues hasta el verdadero interesado que era el otro participante que superó las pruebas, ni siquiera hizo presencia en la entrevista a la que fue citado previamente por la mesa directiva del Concejo Municipal de Cereté, lo que le restó puntos en su calificación.

Así, solicitó que se mantenga la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Córdoba en el sentido de no acceder a las pretensiones de la demanda de nulidad electoral contra el acto de elección del personero de Cereté.

1.7. Concepto de la Agente del Ministerio Público

La Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado, mediante concepto recibido a través de mensaje de datos del 9 de agosto de 2021, solicitó que se confirme la sentencia de primer grado, con sustento en los siguientes argumentos que se sintetizan:

En primer lugar, se refirió a la tácita solicitud probatoria en segunda instancia y precisó que no se encuentra ajustada a los requisitos contenidos en el artículo 212 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el numeral 2° del artículo 53 de la Ley 2080 de 2021, toda vez que: i) no se trata de una solicitud de común acuerdo por las partes, ii) no es un medio de prueba del que se hubiera negado su práctica o se hubiera dejado de practicar en primera instancia, pues no aparece solicitada ni negada dentro de la audiencia inicial, iii) su objetivo y finalidad no versa sobre hechos ocurridos con posterioridad a la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, iv) no se trata de un medio de prueba que no se hubiera podido solicitar en primera instancia y v) con el medio de prueba solicitado, no se busca desvirtuar hechos acaecidos después de la oportunidad para pedirla en primera instancia ni respecto de las que no pudieron solicitarse por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria.

En segundo lugar, adujo que se evidencia que el demandante no compartió la tesis del tribunal sobre la inexistencia de la falsa motivación, pues consideró que la valoración de la experiencia para elegir la Corporación “IDEAS” no fue la correcta, lo cual se prueba con que i) la elección no se hizo en plenaria, sino por la Mesa Directiva de la corporación, y que ii) no le fueron entregadas las constancias o pantallazos de la propuesta remitida por la universidad IDEAS.

Al respecto, señaló que se encuentra acreditado en el expediente, que de acuerdo con el acta No. 67 del 8 de noviembre de 2019, en sesión No. 3 de la plenaria, se aprobó darle facultades a la mesa directiva de la corporación para que adelantara el proceso de elección del personero municipal de Cereté, para el período 2020-2024, siendo claro el porqué no fue la plenaria sino la mesa directiva, la encargada de escoger la universidad para adelantar el proceso; en concordancia con lo preceptuado en los artículos 2.2.27.1 y 2.2.27.2 del Decreto 1083 de 2015.

Consideró que, con base en lo anterior, el presidente del Concejo Municipal de Cereté expidió la invitación pública No. 1 para la escogencia de la institución de educación superior que se encargaría de desarrollar el concurso, en la que se especificó que se tendrían en cuenta los criterios de economía, celeridad, imparcialidad, objetividad y transparencia, así como contar con experiencia en la selección de personal directivo, competencia técnica, capacidad logística y con profesionales para adelantar el concurso, y dispuso sus etapas de acuerdo con lo indicado en el artículo 2.2.27.2 del Decreto 1083 de 2015.
Encontró que, para el efecto, se presentaron: la Universidad de Cartagena, solicitando pago por sus servicios valorados en $12.000.000; la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, ad honorem, “siempre y cuando todas las actividades se realicen en nuestras instalaciones, en nuestra sede en Cartagena…” y, la Corporación Universitaria de Colombia “IDEAS” que se ofreció ad honorem y sin condicionamientos.

En tercer lugar, manifestó que, contrario a lo señalado por el apelante, en el expediente se evidencia que la Corporación IDEAS, a través de mensaje de datos del 13 de noviembre de 2020, allegó a la mesa directiva del Concejo Municipal de Cereté su propuesta, en la que daba cuenta de la competencia institucional por experiencia en selección de personal, competencia técnica y capacidad logística en las etapas y pruebas del proceso a practicar, esto es, las constancias que acreditaban la experiencia en la elaboración y práctica de concursos, por lo que independiente de si le entregaron o no los pantallazos solicitados, los medios de prueba sí fueron allegados al proceso.

Indicó que mediante Resolución No. 104 del 18 de noviembre de 2019, se escogió a la corporación universitaria IDEAS para llevar a cabo el concurso, de manera consecuente con lo establecido en el inciso segundo del artículo 2.2.27.2 del Decreto 1083 de 2015, de acuerdo con la certificación del Ministerio de Educación Nacional del 9 de octubre de 2019, que da cuenta de que la entidad elegida es una institución de educación superior.

Finalmente, concluyó que no están llamadas a prosperar las pretensiones del apelante, al no acreditarse la configuración de alguno de los supuestos o elementos de juicio que estructuran la falsa motivación, ni se advierten aspectos que evidencien vulneración al debido proceso, igualdad, derecho de acceso a cargos públicos o desconocimiento de los principios que gobiernan la función pública que diera como resultado la expedición irregular del acto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 8 de abril de 2021, por el Tribunal Administrativo de Córdoba, según lo establecido en los artículos 150 y 152.8 de la Ley 1437 de 2011, al igual que lo normado en el artículo 13 del Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 – Reglamento del Consejo de Estado-, expedido por la Sala Plena de la Corporación.

2.2. Cuestión previa

En el presente caso, se observa que, aunque la señora Procuradora Judicial consideró que podía haber una petición probatoria tácita por parte del apelante, para la Sala no se evidencia que tal hubiera sido la intención del memorialista en tanto sus argumentos no conllevan a entender que pretenda el decreto de la prueba en segunda instancia, sino a su oposición frente a las determinaciones del Tribunal Administrativo de Córdoba, en tanto a su juicio, debió decretarse de oficio en la primera instancia, un dictamen pericial por parte del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal – CTI, para que estableciera fecha y hora en que el Concejo Municipal recibió la propuesta de la corporación universitaria IDEAS, y considera que al no haber existido dicha probanza, la interpretación que se debía dar, era que la propuesta de la corporación universitaria se allegó fuera de la oportunidad indicada para el efecto.

Se evidencia que el impugnante lo que pretende, como argumento de su alzada, es que se examine la veracidad del contenido de la certificación que expidiera la duma municipal y que, por solicitud de la parte demandada, fue decretada oportuna y legalmente en el trámite de primera instancia, para hacer constar que la entrega de la propuesta por parte de IDEAS no fue el 13 de noviembre de 2020, como se dijo, por lo que, no se advierte lugar a analizar si se cumplen los requisitos para ordenar su decreto en segunda instancia.

2.3 Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el acto de elección se expidió con falsa motivación y desviación de poder y en ese sentido, determinar si la sentencia de primera instancia debe ser revocada, modificada o confirmada, de acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de alzada y con las pruebas obrantes en el expediente.

Para el efecto, conviene resolver los siguientes interrogantes: i) ¿el acto de elección se encuentra viciado de nulidad por haberse efectuado una incorrecta selección de la institución de educación superior, evidenciada en que se hizo por parte de la mesa directiva del Concejo Municipal de Cereté y no por el pleno de éste, como correspondía; ii) la inadecuada valoración de la experiencia de la corporación universitaria IDEAS para apoyar el desarrollo del concurso y la falta de evidencia de la fecha del envío de la propuesta por parte de la Corporación Universitaria IDEAS al Concejo Municipal, que demuestra que se realizó antes o después de lo indicado en el proceso de selección para favorecer la elección del demandado?.

Previo a resolver los anteriores cuestionamientos, la Sala se referirá a la normativa que interesa al asunto objeto de controversia.

En aras de dilucidar el problema jurídico que ocupa la atención de la Sala, se abordarán los siguientes ejes temáticos: (i) el marco normativo y trámite de la elección de personeros y (ii) el caso concreto.

2.4. Sobre la elección de personeros municipales

Sobre la elección de personeros municipales, la Constitución Política dispuso que estuviera a cargo de los concejos municipales (numeral 8° del artículo 313), así: “corresponde a los concejos: … Elegir Personero para el período que fije la ley (…).”.

Más adelante, a través de la Ley 136 de 1994 (capítulo XI), el legislador dispuso que la personería se concebía como un ente con autonomía presupuestal y administrativa y con planta de personal, y estableció, entre otros aspectos, los requisitos y la elección del cargo de personero, en el artículo 170.

La normativa sobre la referida elección ha sufrido algunas modificaciones, como se muestra a continuación:

Texto original de la Ley 136 de 1994:

“Artículo 170. A partir de 1995, los personeros serán elegidos por el Concejo Municipal o Distrital, en los primeros diez (10) días del mes de enero del año respectivo, para períodos de tres años, que se iniciarán el primero de marzo y concluirán el último día de febrero. (…)

Texto modificado por la Ley 1031 de 2006:

“Artículo 170. A partir de 2008 los concejos municipales o distritales según el caso, para períodos institucionales de cuatro (4) años, elegirán personeros municipales o distritales, dentro de los primeros diez (10) días del mes de enero del año siguiente a la elección del correspondiente concejo. Los personeros así elegidos, iniciarán su período el primero (1°) de marzo siguiente a su elección y lo concluirán el último día del mes de febrero. Podrán ser reelegidos, por una sola vez, para el período siguiente. (…)”.

Texto modificado por la Ley 1551 de 6 de julio de 2012:

“Artículo 170. Aparte tachado INEXEQUIBLE> Los Concejos Municipales o distritales según el caso, elegirán personeros para periodos institucionales de cuatro (4) años, dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero del año en que inicia su periodo constitucional, previo concurso público de méritos que realizará la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con la ley vigente. Los personeros así elegidos, iniciarán su periodo el primero de marzo siguiente a su elección y lo concluirán el último día del mes de febrero del cuarto año. (…)”.

Así, se advierte que con las modificaciones introducidas al artículo 170 referido, aunque se mantuvo la competencia de la elección del personero en cabeza del Concejo Municipal, cambió el modo de elección, a la imposición del desarrollo de un concurso de méritos, de modo que la elección del personero dejó de ser un acto discrecional del Concejo Municipal o distrital, para desarrollarse a través de un procedimiento objetivo y reglado, orientado en la meritocracia, aunque sin perder la capacidad de dirigir los aspectos tendientes a estructurar el proceso de selección y de elección, dentro de los márgenes legales.

Posteriormente, en atención a la necesidad de reglamentar el concurso público de méritos para la elección de personeros, se profirió el Decreto Reglamentario No. 2485 de 2 de diciembre de 2014 “Por medio del cual se fijan los estándares mínimos para el concurso público y abierto de méritos para elección de personeros municipales.”, que impuso que la elección continuaría en cabeza del Concejo Municipal, pero a partir de una lista que resulte del proceso de selección público y abierto, adelantado por el Concejo Municipal o distrital y que “podrá efectuarse a través de universidades o instituciones de educación superior públicas o privadas o con entidades especializadas en procesos de selección de personal” y que deberá ser adelantado atendiendo criterios de objetividad, transparencia, imparcialidad y publicidad, teniendo en cuenta la idoneidad de los aspirantes para el ejercicio de las funciones (artículo 1°).

La Sala ha entendido que se habilitó la realización de las etapas del concurso público a través de terceros, toda vez que el Concejo Municipal no es especializado en la selección objetiva de personal para otra entidad, dado que no hace parte de las competencias asignadas legal y constitucionalmente, pero la nominación sigue estando en cabeza de éste.

En el artículo 2°, el referido decreto determinó las etapas del concurso en los siguientes términos:

a) Convocatoria. Deberá ser suscrita por la Mesa Directiva del Concejo Municipal o distrital, previa autorización de la plenaria. La convocatoria es la norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para su realización y a los participantes. Contendrá el reglamento del concurso, las etapas que deben surtirse y el procedimiento administrativo orientado a garantizar los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad en el proceso de elección.
Así mismo, se determinó un estándar mínimo de contenido, advirtiendo que los requisitos del cargo ofertado deben quedar claros, pero que no pueden ser diferentes a los consagrados en la Ley 1551 de 2012.

b) Reclutamiento. Esta etapa tiene como objetivo atraer e inscribir el mayor número de aspirantes que reúna los requisitos para el desempeño del empleo objeto del concurso.

c) Pruebas. Las pruebas o instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y adecuación de los aspirantes, así como establecer una clasificación de los candidatos respecto a las calidades requeridas para desempeñar con efectividad las funciones del empleo.

El proceso público de méritos para la elección de personero deberá comprender la aplicación de las siguientes pruebas:

Prueba de conocimientos académicos (no podrá ser inferior al 60% del total del concurso).
Prueba que evalúe las competencias laborales.
Valoración de los estudios y experiencia que sobrepasen los requisitos del empleo, la cual tendrá el valor que se fije en la convocatoria.
Entrevista (no podrá ser superior al 10% del total del concurso).

Esta normativa, impone también que, con la utilización de mecanismos de publicidad, se garantice la libre concurrencia del aspirante, por lo que establece la obligatoriedad de emplear medios de difusión tales como avisos físicos y en página web, distribución de volantes, inserción en otros medios, por bando y a través de canales de comunicación masivos de la entidad territorial. Además, la convocatoria deberá efectuarse con no menos de 10 días calendario antes de la fecha de inscripciones.

En cuanto a la lista de elegibles, el decreto señala que con los resultados de las pruebas, el Concejo Municipal o distrital elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles, con la cual se cubrirá la vacante del empleo con quien ocupe el primer puesto de la lista.

Respecto de la naturaleza del cargo, se precisó que la imposición del concurso no implica cambio de la naturaleza jurídica del empleo.

Finalmente, el decreto, en su artículo 6°, posibilitó la celebración de convenios interadministrativos con finalidades específicas, así: “para la realización del concurso de personero, los concejos municipales de un mismo departamento que pertenezcan a la misma categoría podrán celebrar convenios interadministrativos asociados o conjuntos con organismos especializados técnicos e independientes dentro de la propia Administración Pública, para los siguientes propósitos: // 1. La realización parcial de los concursos de personero, los cuales continuarán bajo su inmediata dirección, conducción y supervisión. // 2. El diseño de pruebas para ser aplicadas simultáneamente en los distintos procesos de selección convocados por los municipios suscribientes.”.

Más adelante, se expidió el Decreto 1083 de 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”, calificado como decreto compilatorio que recogió el contenido del Decreto 2485 de 2014, con el señalamiento en su artículo 2.1.1.1., de que agrupaba en un solo cuerpo normativo los decretos vigentes de competencia del sector público, incluidos los referentes a materias como los “estándares mínimos para elección de personeros municipales”.

Este último, consagra, a partir de su título 27, los “estándares mínimos para elección de personeros municipales” y, entre los artículos 2.2.27.1 al 2.2.27.6., recoge el contenido del referido Decreto 2485 de 2014, así: el artículo 2.2.27.1 sobre el concurso público de méritos para la elección personeros, corresponde a la previsión que contenía el artículo 1°; el 2.2.27.2, a las etapas del concurso público de méritos para la elección de personeros, señaladas en el artículo 2°; el 2.2.27.3 mecanismos de publicidad, del artículo 3°; el 2.2.27.4 atinente a la lista de elegibles, del artículo 4° y los artículos 2.2.27.5 sobre naturaleza del cargo y 2.2.27.6 convenios interadministrativos (artículos 5° y 6° del Decreto 2485 de 2014).

Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, mediante Sentencia C-105 de 6 de marzo de 2013, consideró que el concurso de méritos no restringía la dinámica de decisiones que debe tomar la corporación pública como entidad electora, teniendo en cuenta que la Constitución de 1991 “propende por un sistema meritocrático de vinculación de las personas al servicio público” y es el concurso de méritos el mecanismo obligatorio para ello, el cual resultaba viable aplicar a los cargos que no son de carrera, exceptuando los elegidos por voto popular o sufragio.

Así, señaló que: “La Corte ha sostenido de manera clara, inequívoca e invariable, que en la medida en que la Carta Política propende por un sistema meritocrático de vinculación de las personas al servicio público, el concurso debe ser el mecanismo regular de incorporación a los empleos y cargos del Estado. De esta directriz se han derivado dos consecuencias específicas: por un lado, el ingreso y el ascenso a los cargos de carrera debe ser el resultado de procedimientos de esta naturaleza; en estos casos, por tanto, el procedimiento es obligatorio. Por otro lado, con respecto a los servidores públicos que no son de carrera, aunque el concurso no constituye un imperativo, es constitucionalmente admisible, excepción hecha de quienes son elegidos a través del sufragio.

Distintos argumentos apoyan esta conclusión. En primer lugar, el Artículo 125 de la Carta Política establece que los funcionarios del Estado deben ser nombrados por concurso público, que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, y que el ingreso y el ascenso en la misma debe efectuarse mediante dicho procedimiento. Como puede advertirse, la obligatoriedad de este sistema en los cargos de carrera no excluye su utilización en aquellos que no tienen este carácter. Por el contrario, como según el texto constitucional el concurso es la regla general, las excepciones que se establezcan en el derecho positivo deben estar respaldadas y justificadas en los principios y fines del propio ordenamiento constitucional.

En segundo lugar, la Carta Política no solo avala este tipo de procedimiento para la elección de funcionarios de libre nombramiento y remoción y de los que se encuentran sometidos a un período fijo (como los personeros), sino que además, sus finalidades justifican su aplicación en las hipótesis que cuestiona el demandante. Por un lado, este mecanismo de vinculación facilita y promueve la consecución de los fines estatales, en la medida en que su objeto es justamente la identificación de las personas que reúnen las condiciones para ejercer óptimamente el respectivo cargo, y que por tanto, pueden contribuir eficazmente a lograr los objetivos y metas de las entidades públicas. Por otro lado, por tratarse de procedimientos abiertos, reglados y formalizados, en los que las decisiones están determinadas por criterios y pautas objetivas, garantizan los derechos fundamentales de acceso a la función pública, el debido proceso en sede administrativa, y al trabajo. Finalmente, por excluir las determinaciones meramente discrecionales y ampararse en criterios imparciales relacionados exclusivamente con la idoneidad para ejercer los cargos en las entidades estatales, aseguran la transparencia en la actuación del Estado y el principio de igualdad HYPERLINK "https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/C-105-13.htm" \l "_ftn12" \o "" [12].

En otras palabras, el concurso para la provisión de cargos de servidores públicos que no son de carrera se encuentra avalado en virtud del reconocimiento constitucional explícito y en razón de los fines estatales y los derechos fundamentales por cuya realización propende” (la subraya es de la Sala).

Así, el Alto Tribunal Constitucional, precisó que se trata de un mecanismo que facilita y promueve la consecución de los fines estatales, en la medida en que pretende la identificación de las personas que reúnen las condiciones para ejercer óptimamente el respectivo cargo, y que, por lo mismo, pueden contribuir eficazmente a lograr los objetivos y metas de las entidades públicas que, por excluir las determinaciones meramente discrecionales y ampararse en criterios imparciales relacionados exclusivamente con la idoneidad para ejercer los cargos en las entidades estatales, aseguran la transparencia en la actuación del Estado y el principio de igualdad.

Señaló que el concurso es herramienta optativa para proveer cargos que no pertenecen al sistema de carrera, que las condiciones de las funciones del personero ameritan que su selección por los mecanismos objetivos sea reglada; que las condiciones del órgano elector, conllevan a que la designación de aquel sea sometida un procedimiento reglado, objetivo y formal; que es viable que las corporaciones administrativas de elección popular se apoyen en terceros para la realización del procedimiento concursal para la elección del personero, en tanto los corporativos de elección popular, no tienen materialmente que ejecutar o intervenir en cada una de las etapas del concurso, porque en realidad la competencia legalmente atribuida a ellos, es la de dirigir el concurso y, en ese sentido, encontró viable conceder la realización parcial de este a terceros.

2.4. Caso concreto

2.4.1. La presunta configuración de la falsa motivación

El medio de control de nulidad electoral establece en su artículo 275 las causales por las cuales se puede pedir la nulidad de un acto de elección o de nombramiento así: “Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando: (…)”.

Por su parte, el artículo 137 ibídem, establece:

“ARTÍCULO 137. NULIDAD. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.”

Sobre esta causal de nulidad se ha pronunciado la Sala, entre otros, en reciente pronunciamiento del 1° de julio de 2021, en el que señaló que respecto a la falsa motivación, esta Corporación ha definido su alcance como causal de nulidad, en los siguientes términos:

“(...) es el vicio que afecta el elemento causal del acto administrativo, referente a los antecedentes legales y de hecho previstos en el ordenamiento jurídico para provocarlo, es decir, que las razones expuestas por la Administración al tomar la decisión, sean contrarias a la realidad”.

En sentencia de 19 de mayo de 1998 la Sección Segunda puntualizó lo siguiente en relación con la falsa motivación de los actos administrativos:

“(…) La falsa motivación se configura cuando para fundamentar el acto se dan razones engañosas, simuladas, contrarias a la realidad. La motivación de un acto implica que la manifestación de la administración tiene una causa que la justifica, y ella debe obedecer a criterios de legalidad, certeza de los hechos, debida calificación jurídica y apreciación razonable (...)”.

En conclusión, la falsa motivación se presenta cuando los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien por error o por razones engañosas o simuladas o porque el autor del acto le ha dado a los hechos un alcance que no tienen.”

Y, para determinar su prosperidad, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, se requiere que “se demuestre una de dos circunstancias: a) O bien que los hechos que la Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o b) Que la Administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente” (la subraya es propia).

Así, la falsa motivación implica la presencia de hechos contrarios a la realidad en el acto enjuiciado, ya sea por error o por motivos de engaño por parte del autor del acto y requiere la acreditación de que los supuestos fácticos en que se basó no estuvieron debidamente probados o que se omitió tener en cuenta otros que sí lo estaban.

En el caso particular se advierte que el apelante se opone a la decisión de primera instancia al considerar que sí había lugar a declarar la nulidad de la elección acusada, por los aspectos que se analizan a continuación:

2.4.2.1 Del cargo de falsa motivación al hacerse una incorrecta selección y valoración de la entidad que apoyaría al Concejo Municipal en el proceso de selección del personero de Cereté

La Sala encuentra que el apelante adujo que no compartía la tesis del tribunal referente a la inexistencia de falsa motivación porque la elección de la institución de educación superior no se realizó correctamente toda vez que debió efectuarse i) por el pleno del Concejo Municipal y no por su mesa directiva, ii) la valoración de la experiencia de la Corporación IDEAS no se adecuó a la realidad y, iii) no hay constancia del envío de la propuesta por parte de esta institución al Concejo Municipal de Cereté, lo que a su juicio demuestra que se realizó antes o después de lo indicado en el proceso de selección para favorecer la elección del demandado.

No obstante ello, se observa que si bien el recurrente adujo que estas 3 causas que soportan su inconformidad se fundaron bajo la égida de la falsa motivación, lo cierto es que para esta Sala, solo la referente a la errónea valoración de la experiencia del proponente se encuadra en dicho título de imputación, dado que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación el haber actuado sin atribuciones como se le endilga a la mesa directiva al momento de celebrar el contrato constituye un vicio de falta de competencia. De otra parte, en lo que hace al reproche de oportunidad en la entrega de la propuesta, esta se refiere a una expedición irregular que recae sobre el inadecuado trámite dado al proceso de selección que culminó con la celebración del convenio con el ente educativo.

La anterior categorización se soporta, en que como se señaló al inicio de este capítulo, la falsa motivación se presenta, en síntesis, cuando una autoridad omite los hechos demostrados y adopta una decisión que, de haberlos consultado sería sustancialmente diferente, por lo que resulta claramente palpable que los cargos relativos a la fecha de entrega de la propuesta y las atribuciones para la celebración del convenio mencionado no se enmarcan en ésta.

Pese a lo anterior, la falta de técnica en la denominación de las causales de nulidad aludidas, evidencian la materialización de un error conceptual, que no sustancial, que implique por la mera titulación, descartar el estudio de los argumentos de inconformidad como los expuso la parte impugnadora, pues en todo caso, el demandante sustentó adecuadamente los cargos que a su juicio hacen nulo el acto electoral y que se encuadran en una falta de competencia, falsa motivación y expedición irregular, a pesar de haberlos enmarcado todos con la titulación del segundo.

Además, más importante que esto, se tiene que a lo largo del proceso el demandado y la autoridad que expidió el acto, se defendieron de los elementos estructuradores de las tres censuras a que se refirió el apelante, por lo que al denominarlos esta Sala en debida forma no se está proponiendo el estudio de nuevos vicios de ilegalidad en detrimento del derecho al debido proceso de los sujetos procesales.

Precisado lo anterior, pasa la Sala a analizar los cargos, como sigue:

I) Trámite adelantado sin competencia por la mesa directiva del Concejo Municipal de Cereté

De conformidad con lo señalado en líneas previas, el Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, que compila reglamentaciones preexistentes, como lo es el Decreto Reglamentario No. 2485 de 2 de diciembre de 2014, contiene los estándares mínimos para la elección de personeros (Título 27), que se encuentra en cabeza de los concejos municipales o distritales y los habilita para que efectúen el concurso público de méritos a través de universidades o instituciones de educación superior públicas o privadas, o con entidades especializadas en procesos de selección de personal.

Así, en la medida en que la plenaria del Concejo Municipal respaldó por mayoría, como consta en el Acta 67 de 2019, la decisión de que la mesa directiva adelantara los trámites para la escogencia de la institución que apoyaría el trámite del concurso para la elección de personero, y que estaba habilitada para delegar dicha facultad en su mesa directiva, no se advierte que se materialice algún vicio que pueda incidir en la nulidad del acto electoral, máxime cuando, en todo caso, la facultad nominadora se mantuvo en la correspondiente duma, que a través del acto demandado eligió como personero municipal de Cereté para el período 2020-2024, al señor Rodrigo Antonio Ballesteros Argel.

Así las cosas, dentro de los documentos obrantes en el expediente, se encuentra el Acta No. 067 del 8 de noviembre de 2019, aportada por la parte actora con la demanda, en la que con relación al proceso de elección del personero municipal de Cereté, se evidencia en el punto tercero, que se presentaron dos propuestas relacionadas con la escogencia de la universidad: i) por parte del concejal Carlos Díaz, quien propone que sea la plenaria de la corporación quien tome tal determinación, respecto de la cual el concejal José María López expresó que ello le quitaba facultades a la mesa directiva, en contra de la ley; y ii) la expresada por el presidente del Concejo Municipal Iván Nader Díaz, que pide al pleno facultades para que sea la mesa directiva la que adelante todo el proceso de elección del personero.

Igualmente, se evidencia que el concejo realizó votación nominal y frente a la primera propuesta se obtuvieron 11 votos por el no y 4 por el sí; y respecto de la segunda, 9 a favor y 6 en contra, por lo que se declaró aprobada esta última.

Lo anterior, como se señaló, demuestra que la mesa directiva estaba facultada por el Concejo Municipal para adelantar los trámites del concurso público y no se advierte censura alguna contra la potestad de designar en aquella el mencionado procedimiento, lo que se hizo en audiencia que consta en acta.

Por manera que, la posición del apelante carece de fundamentos jurídicos que establezcan que el trámite de la designación de la entidad terciaria para la realización del concurso, solo lo podía llevar a cabo, el pleno del Concejo Municipal, por lo que se encuentra que la mesa directiva obró de legítimamente y, en consecuencia, el cargo no tiene vocación de prosperidad.

ii) y iii) Experiencia de la corporación universitaria IDEAS (falsa motivación) y entrega de propuestas (expedición irregular)

Obra también en el proceso, la invitación pública No. 001, mediante la cual, la mesa directiva del Concejo Municipal de Cereté “en uso de sus facultades, en especial las conferidas por el numeral 8 del artículo 313 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, la Ley 909 de 2004, la Ley 1551 de 2012, el Decreto 2485 de 2014 del DAFP y la sentencia C-105 de 2013 (…)” invitó a las entidades públicas o privadas especializadas en procesos de selección de personal a que alleguen sus propuestas para promover la elección del personero mediante concurso de méritos público y abierto, con la precisión de las etapas, con la exigencia de que en la oferta se debía demostrar experiencia en procesos de selección de personal directivo, competencia técnica, capacidad logística y contar para su realización, con profesionales con conocimientos específicos en los temas de competencia de personeros municipales, para lo que, entre otros factores, se incluyó una tabla del puntaje de cada factor de idoneidad conforme al número de procesos de selección de personal realizados.

Para el efecto, la invitación señaló que las propuestas debían allegarse en medio magnético a través de correo electrónico o en físico en sobre cerrado dirigido al Concejo Municipal de Cereté, hasta las 18 horas del 13 de noviembre de 2019.

La corporación universitaria IDEAS, mediante oficio fechado a 13 de noviembre de 2019, manifestó la aceptación de la invitación y allegó su propuesta técnica, financiera y económica en 13 folios y 10 anexos, dentro de la que afirmó haber realizado, entre otros, más de 40 concursos públicos y abiertos para la elección de personeros municipales en Tolima, Atlántico, Boyacá, Costa Atlántica, etc. y 7 para elegir personeros departamentales en Caquetá, Casanare, Vaupés y otros, y en la que aseguró que dentro de sus anexos, aportaba en cuarto lugar, la correspondiente certificación de experiencia de más de 200 procesos realizados.

Así mismo, se observa documento suscrito por el rector y representante legal de la corporación universitaria IDEAS en el que manifiesta que la institución cuenta con amplia experiencia para adelantar concursos para el cargo de personero, dentro de los que señaló, entre otros, los municipios de Venadillo, Líbano, Alpujarra, Palocabildo, Herveo, Guamo, Melgar, Tuchín, San Andrés de Sotavento, San Antero, San José de Ure, La Apartada, Tierralta, Puerto Escondido, Moñitos, Canalete, Puerto Libertador, Pueblo Nuevo, Sahagún. Cereté, Cotorra, San Carlos, San Pedro, La Unión, Granada, San Antonio de Palmito, Chalan, Sampués, Sora y Nilo.

De igual forma, obra en el expediente documento suscrito por el rector nacional de la corporación universitaria IDEAS, en el que manifiesta que esa institución el 13 de noviembre de 2019 a las 17:43, envió al correo del Concejo Municipal de Cereté HYPERLINK "mailto:concejo.m.cerete@hotmail.com" concejo.m.cerete@hotmail.com desde la cuenta electrónica HYPERLINK "mailto:personeros2019@ideas.edu.co" personeros2019@ideas.edu.co, la propuesta con 10 documentos adjuntos y, para el efecto incluyó la descripción que le registra en la bandeja de enviados, así:

Sobre este ítem, la convocatoria a las instituciones para la realización del concurso precisó que se asignaría un puntaje de idoneidad por número de procesos de selección de personal realizados, así:

IDONEIDAD
No. de procesos de selección de personal realizados
Puntaje
Más de 200
100
Entre 150 y 199
80
Entre 100 y 149
60
Entre 50 y 99
40
Entre 30 y 49
30
Entre 10 y 29
20
Menos de 10
5
0
Descalificada
Más adelante, mediante Acta 001 de 18 de noviembre de 2019, la mesa directiva del Concejo Municipal de Cereté procedió a calificar las 3 propuestas presentadas, precisando en detalle las razones por las que, a partir de los diferentes criterios cuantitativos y cualitativos de selección, le otorgaba a la corporación IDEAS un puntaje de 240, de los cuales 80 correspondían a su idoneidad por la experiencia en procesos de selección, quedando en primer lugar, respecto de las otras dos que obtuvieron 170 y 80, por lo que era la seleccionada para realizar la convocatoria pública con quienes aspiraran a ocupar el cargo de personero municipal 2020-2024.

Lo anterior deja entrever que la corporación IDEAS presentó su propuesta, en donde acreditó para tal fin su idoneidad y experiencia, cumpliendo para el caso concreto con los requisitos que refiere la norma que rige el proceso de selección de personeros.

Adicionalmente, se observa que uno de los argumentos en que se sustenta la apelación, hace referencia al hecho de que, al no obrar en el expediente una prueba de un experto que determine fecha y hora de recibida la propuesta de IDEAS, debía entenderse que se hizo antes o después del plazo establecido, lo que constituye el acto en irregular, máxime en tanto, a juicio del memorialista, la certificación obrante en el expediente, proviene del mismo demandado, pues a su juicio, es tal la calidad en que actúa el Concejo Municipal de Cereté. Frente a este punto, la Sala debe precisar, en primer lugar, que en el caso que ocupa la atención, el único demandado es el señor Rodrigo Antonio Ballesteros Argel, como elegido personero municipal de Cereté y el Concejo Municipal actúa como sujeto interesado, por ser quien expidió el acto acusado, es decir, es un tercero en las resultas del proceso, que fue vinculado al proceso en virtud de lo dispuesto por el numeral 2° del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011. Por lo tanto, contrario a lo manifestado por el apelante, no se trata de una certificación expedida por el mismo demandado.

En segundo lugar, se evidencia que en el transcurso de la audiencia inicial, se hizo referencia a que, por solicitud de la parte demandada, se pidió como prueba oficiar al Concejo Municipal de Cereté, para que, con destino al expediente, certificara fecha, día y hora de los correos recibidos a la dirección electrónica de esa corporación, por parte de las 3 instituciones educativas que participaron y, en atención a esta petición, el magistrado sustanciador dispuso decretarla parcialmente, en el entendido de que solo se solicitaba en relación con la propuesta de la corporación IDEAS y no frente a las dos instituciones restantes, sin que se advierta alguna manifestación de la parte actora frente a su decreto o al hecho de que se dispusiera que quien certificara fuera el Concejo Municipal y no el CTI, como lo pretende el apelante.

En tercer lugar, se evidencia que dentro del término legal para desconocer la certificación, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 272 del Código General del Proceso, que correspondía al curso de la audiencia en que se ordenó tenerla como prueba, no hubo alguna censura en contra de la certificación expedida por el Concejo Municipal, en las condiciones en que fue decretada, por lo que, tiene plena validez dentro del proceso, pues no hay lugar a tener en cuenta el desconocimiento que se presente fuera de dicha oportunidad (artículo 272, inciso 2°).

A partir de lo anterior, se tiene que, de acuerdo con las probanzas allegadas legal y oportunamente, la propuesta de la corporación IDEAS se presentó, vía correo electrónico, dentro del término señalado en la convocatoria, lo cual conlleva a que el argumento por el cual el apelante aduce que hubo expedición irregular, carezca de fundamento.

Ahora, sin perjuicio de lo anterior, conviene precisar que los asuntos relacionados con el contrato, el cumplimiento de requisitos, forma de adjudicación, tipo de vinculación, etc., escapan del ámbito del juez del medio de control de nulidad electoral, quien para el caso objeto de controversia, tiene la facultad de valorar si existió una presunta expedición irregular del acto de elección, pero sin que le sea dable adentrarse a las competencias del juez de controversias contractuales.

En ese sentido, frente al punto que se analiza, no le corresponde a la Sala, en este contexto procesal, determinar si la presentación en la fecha indicada fue la debida, o si debió realizarse o no a través de una contratación directa, entre otras cuestiones, sino que deberá valorar si los argumentos en que se sustenta la apelación se encuentran acreditados, caso en el cual estudiará si se trató o no de una expedición irregular, en caso de que se adviertan los elementos necesarios para exponer una postura en tal sentido.

Sin embargo, se insiste que en el caso particular no hay lugar a ahondar en el asunto de la expedición irregular bajo el supuesto de no haberse presentado la propuesta antes del 13 de noviembre de 2019 a las 18:00, en tanto se encuentra acreditado que se allegó en dicha fecha a las 17:43, por lo que se concluye que no hubo expedición irregular del acto, por este aspecto.

Ello, por cuanto los aspectos que pudieron ocurrir al interior del proceso contractual, como lo son la falta de entrega oportuna de la propuesta, la indebida calificación de la misma y los factores subjetivos para la escogencia de IDEAS, son argumentos que no son propios del medio de control de nulidad electoral, en el cual corresponde verificar la legalidad de los actos de elección, y no el trámite de contratación surtido al interior de las entidades estatales, sujetos a las normas que rigen la contratación estatal, casos para los cuales, el legislador previó un mecanismo autónomo de control, como es el de controversias contractuales.

Así las cosas, al determinarse que IDEAS contaba con la experiencia en materia de selección de personal y era un ente educativo de los contemplados en el artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015, esto es, ser una institución de educación superior, se entiende que carece de fundamento el cargo respecto de su idoneidad, requisito que, en todo caso, fue acreditado al interior del proceso de elección de personero.

2.4.2.2 Finalmente, se advierte un argumento sobre una presunta desviación de poder al señalar el apelante que “el procedimiento seguido contra el único inscrito al que no podía desechar por su larga experiencia en cargos públicos como lo fue el Dr. Misael Herrera Portillo, demuestra a las claras, la intención torticera y la finalidad de dicha contratación. El Dr. Ballesteros Argel debía ser reelegido al costo legal que fuese”.

Para la Sala, esta censura constituye una afirmación carente de fundamentos, pues se aduce que se siguió un procedimiento en contra del otro participante que aprobó la prueba de conocimiento en aras de contratar a la corporación universitaria IDEAS, con el fin de que el elegido fuera el demandado; no obstante, no se detalla ni se acredita en qué consistió tal actuación o alguna situación irregular en su contra, sumado a que la sola experiencia acreditada por quien no resultó electo, no puede ser el único hecho para determinar que debió ser él y no el demandado el elegido personero de Cereté, pues éste es solo uno de los ítems a calificar y, a esa puntuación se le debe sumar, entre otras, la que se obtenga de la prueba de conocimientos y la entrevista, esta última, a la que ni siquiera se presentó el señor Portilla, sino que fue realizada solo a quien resultó electo.

En consecuencia, tampoco encuentra la Sala lugar a declarar la nulidad de la elección del personero de Cereté, período 2020-2024, por este aspecto y, en ese orden, considera que la parte actora no desvirtuó la presunción de legalidad del acto de elección, pues ninguno de los argumentos expuestos en la apelación, tienen la virtualidad de revocar el fallo de primera instancia, en razón de ello, se confirmará.

En conclusión, al no existir argumento alguno que amerite revocar la decisión adoptada por el a quo en el sentido de negar las pretensiones de la demanda, esta Sala Electoral, encuentra necesario su confirmación acorde con las motivaciones previamente señaladas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: Confirmar la sentencia del 8 de abril de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad que se adelantó contra la elección del señor Rodrigo Antonio Ballesteros Argel, como personero municipal de Cereté, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”. Sin percibir alguna retribución económica. Haciendo referencia a la mesa directiva. En este punto, el demandante precisó que ello se dio, con “abstención” de la concejal Milena Nova. Puntualmente, en los municipios de Cereté, Tuchín, San Andrés de Sotavento, San Antero, San José de Uré, La Apartada, Tierralta, Puerto Escondido, Moñitos, Canalete, Puerto Libertador, Pueblo Nuevo, Sahagún, San Carlos y Cotorra. Puntualizó entre otras normas, en el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 y su declaratoria de exequibilidad, mediante sentencia C-105 de 2013, artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015, artículo 134 de la Ley 1753 de 2015 y el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia. Sin percibir retribución económica. Con respecto a la persona. Folio 758 del expediente digitalizado, obrante en el aplicativo SAMAI. Sin cobrar remuneración por los servicios. De acuerdo con la certificación aportada por el rector nacional de la corporación universitaria IDEAS, del 27 de agosto del 2020.
“El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.”
“Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 8. De la nulidad del acto de elección de contralor departamental, de los diputados a las asambleas departamentales; de concejales del Distrito Capital de Bogotá; de los alcaldes, personeros, contralores municipales y miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos y demás autoridades municipales con setenta mil (70.000) o más habitantes, o que sean capital de departamento. El número de habitantes se acreditará con la información oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE. La competencia por razón del territorio corresponde al Tribunal con jurisdicción en el respectivo departamento”. Modificada en algunos aspectos por la 617 de 2000.
“Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”. Ver Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 29 de abril de 2021. Rad. 05001-23-33-000-2020-00480-01. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sobre este asunto se puede ver: Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 29 de abril de 2021. Rad. 05001-23-33-000-2020-00480-01. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; link de acceso a la providencia: HYPERLINK "https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/C-105-13.htm" https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/C-105-13.htm
Cita de cita: “Sobre las finalidades del concurso público de méritos cfr. la Sentencia C-181 de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.”
Rad. 13001-23-33-000-2019-00264-03, M.P. Rocío Araújo Oñate. Ibídem, en cita que se hace de: Consejo de Estado, Sección Tercera - Sub Sección B, sentencia del 6 de abril de 2011, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo, Rad. 23001-23-31-000-1999-00291-01(19483). En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 30 de agosto de 2017, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 13001-23-33-000-2016-00051-01. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 14 de marzo de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-28-000-2018-00049-00. Cita de cita: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 4 de marzo de 2000, Exp.1998-0503-01-9772, M.P. Daniel Manrique Guzmán. Cita de cita:

Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 19 de mayo de 1998, expediente 10051, M.P. Clara Forero de Castro. Cita de cita: Sobre la falsa motivación puede consultarse la sentencia de 25 de febrero de 2009, M.P. Miriam Guerrero de Escobar, expediente 15797. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Consejera ponente Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Fallo de 8 de marzo de 2018. Radicación: 25000 2324 000 2005 01532 01; en cita que hace de la sentencia del 26 de julio de 2017. M.P. Milton Chaves García. Rad.: 22326. Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 28 de febrero de 2020, rad. 11001-03-24-000-2011-00050-00, M.P. Oswaldo Giraldo López.
“(…) se deberá rastrear la ausencia de norma que le otorgue la cláusula general de competencia con la cual la autoridad pública fundamente su autorización para ejercer sus funciones dentro de las atribuciones conferidas. Contrario a lo anterior, tendrá competencia la autoridad pública que fundamenta sus funciones en norma constitucional, legal o reglamentaria”
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 27 de octubre de 2016, rad. 11001-03-28-000-2010-00007-00, M. P. Mauricio Torres Cuervo. Esta Sala ha considerado que este vicio de nulidad se materializa cuando: 1. (…) La decisión de la administración viole las normas de orden adjetivo, las cuales establecen el procedimiento para su formación o la forma como éste debe presentarse. 2. Cuando el acto es expedido con vicios en el trámite debe verificarse si éstos son de una suficiencia tal que afecten el sentido de la decisión. 3. Si la irregularidad en el proceso logra afectar la decisión por cuanto es sustancial o trascendente, el acto será anulable por expedición irregular. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 30 de agosto de 2017, M.P: Rocío Araújo Oñate, Radicado No. 13001-23-33-000-2016-00051-01 (Acumulado)
“por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”.
“por medio del cual se fijan los estándares mínimos para el concurso público y abierto de méritos para elección de personeros municipales”. Sobre las funciones de la mesa directiva, se pueden ver los artículos 25, 53, 65, 73, 77, 83 y 172 de la Ley 136 de 1994. Visible a folio 18 del expediente digitalizado, obrante en el aplicativo SAMAI. Se refiere al artículo 170 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 y el título 27 del Decreto 1083 de 2015. No se evidencia la fecha de la invitación pública (folio 23 del expediente digitalizado, obrante en el aplicativo SAMAI). Folio 27 y siguientes del expediente digitalizado, obrante en el aplicativo SAMAI. Folio 362 y siguientes del expediente digitalizado, obrante en el aplicativo SAMAI. Folio 53 y siguientes del expediente digitalizado, obrante en el aplicativo SAMAI.
“En uso de sus facultades legales, especialmente las conferidas por el numeral 8° del artículo 313 de la Constitución Política, los artículos 18 y 35 de la Ley 1551 de 2012, modificatorios de los artículos 32 y 170 de la Ley 136 de 1994, respectivamente, el Decreto 2485 de 2014 y el título 27 del Decreto 1083 de 2015”. Es decir, que tuvo como acreditado entre 150 y 199.; adicionalmente, obra certificación a folio 427 y siguientes del expediente digitalizado, en la que el rector de la corporación IDEAS certifica que solo en elecciones de personeros, la institución ha realizado 74 concursos públicos de méritos, más 3 que se encontraban en trámite, con la especificación de los municipios correspondientes.

Radicación: 23001-23-33-000-2020-00040-01
Demandante: Jesús María Herazo Escudero
Demandado: Rodrigo Antonio Ballesteros Argel
• Personero de Cereté, Córdoba

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
PAGE \* MERGEFORMAT31

Radicado: 70001-23-33-000-2020-00035-02
Demandante: Elkin Monterroza Gómez
Demandada: Vivian María Montaño González
Contralora Municipal de Sincelejo

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.