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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 13001-23-33-000-2024-00139-01

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 13001-23-33-000-2024-00139-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 12 de julio de 2024, que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen. TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 13001-23-33-000-2024-00139-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

6 de febrero de 2025

Demandante: Jahaziel Nohemí Anaya Durán
Demandada: Eliana Simancas Tinoco
Rad.: 13001-23-33-000-2024-00139-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicado: 13001-23-33-000-2024-00139-01
Demandante: JAHAZIEL NOHEMÍ ANAYA DURÁN
Demandada: ELIANA SIMANCAS TINOCO - PERSONERA DISTRITAL
DE CARTAGENA - BOLÍVAR (2024-2028)

Temas: Requisitos mínimos para inscribirse al concurso de méritos
para elegir personero. Convalidación de títulos de educación
superior otorgados en el exterior

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 12 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La ciudadana Jahaziel Nohemí Anaya Durán, en ejercicio del medio de control
previsto en el artículo 139 del CPACA, presentó demanda tendiente a obtener la
nulidad del acto de elección de la señora Eliana Simancas Tinoco, como
personera de Cartagena, para el periodo 2024-2028.

1.2. Hechos

A través de la Resolución 194 del 5 de septiembre de 2023, la Mesa Directiva del
Concejo de Cartagena convocó al concurso público de méritos para proveer el
cargo de personero, período 2024 -2028, al cual se inscribió la demandante.

Con el fin de acreditar los requisitos exigidos para ocupar el cargo, la parte actora
aportó el formato único de hoja de vida, en el cual, a su juicio, se acredita el título
de postgrado de Maestría en Derecho Constitucional y Administrativo de la
Universidad De La Salle Bajío (México).

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Demandante: Jahaziel Nohemí Anaya Durán
Demandada: Eliana Simancas Tinoco
Rad.: 13001-23-33-000-2024-00139-01

El 3 de octubre de 2023 se publicó la lista de admitidos, el 6 siguiente se realizó
la prueba de conocimientos y el 31 del mismo mes y año se dieron a conocer los
resultados definitivos.

Mediante escritos del 8 y 13 de noviembre de 2023, la señora María Luisa Leal
Ramírez solicitó al Concejo de Cartagena excluir a la demandante del concurso,
pues, a juicio, no era claro que el título de postgrado que aportó estuviera
convalidado.

En virtud de lo anterior, la Mesa Directiva del Concejo de Cartagena profirió la
Resolución 302 del 15 de diciembre de 2023, a través de la cual excluyó del
proceso de elección para proveer el cargo de personero a la aspirante Jahaziel
Nohemí Anaya Durán.

La señora Eliana Simancas Tinoco fue elegida personera de Cartagena, para el
periodo 2024-2028.

1.3. Concepto de la violación

Con base en los anteriores supuestos fácticos, la demandante afirma que el acto
acusado infringe los artículos 6, 13, 29, 83, 121, 125, 209 y 313 numeral 8 de la
Constitución Política; 3 de la Ley 1437 de 2011; 35 de la Ley 1551 de 2012, 172
de la Ley 136 de 1994 y 1° de la Resolución 302 del 15 de diciembre de 2023,
conforme a los siguientes argumentos:

Considera que la Resolución 302 del 15 de diciembre de 2023, mediante la cual
la Mesa Directiva del Concejo de Cartagena la excluyó del concurso, vulneró su
derecho al debido proceso, pues, según el artículo 2.2.2.3.4. del Decreto 1083 de
2015, contaba con dos (2) años posteriores a la posesión para presentar la
homologación autorizada por las autoridades colombianas, precisando que, ese
mismo día, recibió por parte del Ministerio de Educación Nacional la homologación
de su título, el cual fue enviado para que se le tuviera en cuenta de manera
inmediata.

Estima que fue elegida personera de Cartagena, para el periodo 2024-2028, una
aspirante que no consolidó los mejores resultados, toda vez que, el listado
definitivo de la evaluación de conocimientos enviado por el rector de la
Universidad de la Costa al presidente del concejo demuestra que la demandante
obtuvo 516 puntos, mientras que la demandada 506.

Alega la falsa motivación de la Resolución 302 del 15 de diciembre de 2023, por
cuanto fue excluida irregularmente del proceso de selección, siendo que el mismo
día aportó el documento de homologación, aunque tenía dos (2) años para
hacerlo.

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Demandante: Jahaziel Nohemí Anaya Durán
Demandada: Eliana Simancas Tinoco
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1.4. Contestaciones de la demanda

1.4.1. Eliana Simancas Tinoco (Demandada)

Mencionó que los títulos de educación superior, obtenidos en el exterior, deben
ser convalidados en Colombia, mediante resolución expedida por el Ministerio de
Educación Nacional, para que puedan tener validez.

Sostuvo que, si bien la demandante aportó el título de Maestría en Derecho
Constitucional y Administrativo, otorgado en el año 2014 por la Universidad De La
Salle Bajío (México), lo cierto es que, se demostró que al momento de su
inscripción en el concurso para ocupar el cargo de personero de Cartagena, no lo
había convalidado ante el Ministerio de Educación Nacional, razón por la cual,
jurídicamente carecía de validez en nuestro sistema jurídico interno, luego no
cumplía los requisitos para poder participar.

Por otra parte, afirmó que el inciso segundo del artículo 2.2.2.3.4. del Decreto
1083 de 2015, al que alude la demandante, no aplica en el marco del concurso
público de méritos para proveer el cargo de personero, por cuanto dicho apartado
establece que, cuando se trate de la posesión en un empleo público, el servidor
contará con un término de dos (2) años para realizar la respectiva convalidación,
so pena de aplicar lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 190 de 1995, de manera
que, dicha excepción está estipulada para la posesión del empleado público y no
para el cumplimiento de los requisitos legales y cómputo de puntajes en dicho
proceso de elección.

1.4.2. Concejo de Cartagena

En cuanto a la violación al debido proceso que alega la demandante, indicó que
el cumplimiento de la exigencia de homologación se produjo el 15 de diciembre
de 2023, lo cual demuestra que el día de inscripción no contaba con el título de
postgrado homologado en Colombia, de manera que no acreditó los requisitos
para inscribirse a la convocatoria.

Respecto a la designación de una aspirante que no consolidó los mejores
resultados, mencionó que luego de realizadas las siguientes fases del concurso,
la calificación de la accionante seguramente hubiese cambiado y no habría
obtenido el primer lugar, toda vez que existen otros criterios para la calificación
como la prueba de competencias laborales, la valoración de la formación
académica y experiencia profesional y la entrevista, los cuales pudieron haber
arrojado un resultado similar al que finalmente obtuvo la actual personera. Frente
a la falsa motivación de la Resolución 302 de 2023, adujo que «podrá disgustar a
la accionante, pero (…) es ajustada a derecho y no resulta falsa cómo lo
pretende».

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1.5. Otras actuaciones de la primera instancia

Mediante proveído del 6 de mayo de 2024, el a quo, en virtud de lo establecido
en el artículo 182A del CPACA, resolvió: i) dar aplicación a la figura de la sentencia
anticipada, ii) decretar pruebas y iii) fijar el litigio en los siguientes términos:

Establecer si en el sub examine se encuentran probadas las siguientes
irregularidades:

• Mediante Resolución No. 302 del 15 de diciembre de 2023 se excluyó una
candidata del concurso de méritos para la elección de personero distrital,
presuntamente con violación del debido proceso; en desconocimiento de lo
dispuesto en el articulo (sic) 2.2.2.3.4 del Decreto 1083 de 2017 (sic); y falsamente
motivada dicha resolución, por cuanto excluyó irregularmente a una participante,
dejando de lado que adjuntó los documentos de homologación, pese a tener 2
años después de la posesión para anexarlos, conforme lo descrito en la
convocatoria contenida en la Resolución No. 194 del 5 de septiembre de 2023.

• Se designó un aspirante que supuestamente no consolidó los mejores resultados
como único medio para determinar el mérito.

De encontrarse probadas las irregularidades, se debe determinar lo siguiente:

¿Si para la elección del personero es aplicable el término de dos años siguientes
a la fecha de la posesión para la presentación de los títulos debidamente
homologados, previstos en el artículo 2.2.2.3.4. del Decreto 1083 de 2017 (sic)?

¿Si las presuntas irregularidades precitadas tienen la virtualidad de afectar la
legalidad del acto de elección de ELIANA SIMANCAS TINOCO como personera
Distrital de Cartagena para el período 2024-2028?

A través de auto del 21 de mayo siguiente, se corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto, quienes
presentaron los escritos respectivos.

1.6. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Bolívar, a través de sentencia del 12 de julio de 2024,
negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente:

Una vez efectuado un recuento de las normas y jurisprudencia aplicables a la
situación particular, precisó que, el reproche principal de la demandante se centra
en que el acto de elección acusado fue expedido con desconocimiento del artículo
2.2.2.3.4. del Decreto 1083 de 2015, norma que prevé que el empleado público
cuenta con dos (2) años posteriores a la posesión para presentar la homologación
de los títulos autorizada por las autoridades colombianas; y dejando de lado que
el 15 de diciembre de 2023 recibió por parte del Ministerio de Educación Nacional
la homologación del título.

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Mencionó que, por medio de la Resolución 194 del 5 de septiembre de 2023 se
fijaron las reglas generales, los criterios de selección y evaluación y el cronograma
del concurso público de méritos para la elección del personero de Cartagena para
el periodo 2024-2028.

Adujo que, de acuerdo con la Resolución 10687 de 20191, el trámite de
convalidación está orientado al reconocimiento de efectos académicos y legales
de un título de educación superior por parte del Estado (artículo 32), de manera
que, para que un título de postgrado en Colombia sea reconocido y surta dichos
efectos tanto académicos como legales, su convalidación deberá constar en la
respectiva resolución expedida por la autoridad competente.

Explicó que los requisitos para inscribirse como aspirante al concurso de
personero del Distrito de Cartagena consistían en tener título de abogado y de
postgrado, los cuales debían estar cumplidos al momento de la inscripción,
periodo que transcurrió entre el 18 de septiembre a las 8:00 a. m. y el 22 de
septiembre de 2023, a las 6:00 p. m.

Evidenció que la parte actora obtuvo el título de abogada y allegó el de Maestra
en Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad De La Salle, México,
debidamente apostillado; sin embargo, el trámite de su convalidación para el
reconocimiento de los efectos académicos y legales en este país solo fue radicado
el 20 de septiembre de 2023, mientras transcurría el término de inscripción, sin
que exista prueba del acto administrativo por el cual se decidió sobre el mismo.

Indicó que, mediante la Resolución 302 del 15 de diciembre de 2023, la Mesa
Directiva del Concejo de Cartagena excluyó del concurso a la demandante, al no
estar convalidado por el Ministerio de Educación Nacional el título de postgrado
que aportó al momento de la inscripción. Por lo tanto, estimó que no podía tenerse
como válido, lo que significa, que incumplió la exigencia mínima requerida para
inscribirse y aspirar al cargo de personero.

Sostuvo que no hay duda que, de acuerdo a la normativa que rige el concurso de
personero de Cartagena, las certificaciones de estudio y experiencia para
acreditar los requisitos mínimos debían cumplir con lo establecido en los artículos
2.2.2.3.2, 2.2.2.3.3, 2.2.2.3.4, 2.2.2.3.5, 2.2.2.3.6, 2.2.2.3.7 y 2.2.2.3.8 del Decreto
1083 es de 2015, conforme a la remisión de la Resolución 194 del 5 de septiembre
de 2023, que contiene la convocatoria, pero solo en lo que respecta a las
exigencias para la validez de los estudios en el exterior, los cuales deben estar
convalidados u homologados.

1 Por medio de la cual se regula la convalidación de títulos de educación superior otorgados en el exterior y

se deroga la Resolución 20797 de 2017, expedida por el Ministerio de Educación Nacional.

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Lo anterior, por cuanto las referidas normas disponen que el momento previsto
para acreditar el cumplimiento de los requisitos de ley y aportar la documentación
exigida para participar en el concurso para personero, es exclusivamente con la
inscripción, sin que sea posible darle aplicación al inciso segundo del artículo
2.2.2.3.4., que extiende el plazo a dos (2) años después de una eventual
posesión.

Precisó que, en el caso de la elección de personeros municipales o distritales,
sólo aquel participante que obtenga la mayor puntuación luego de consolidadas
las etapas del proceso, es el llamado a ocupar el empleo ofertado, a través de la
convocatoria pública, por lo que, la exclusión de la accionante del concurso por
incumplimiento de los requisitos de ley, no tiene la incidencia en el resultado de
la elección de la señora Eliana Simancas Tinoco como personera de Cartagena,
dado que la primera no tenía la posibilidad material de continuar su aspiración, al
encontrarse vencidos los términos para allegar la documentación que demostrara
la totalidad de requisitos exigidos por el ordenamiento.

En consecuencia, consideró que como la accionante no acreditó la homologación
o convalidación del título de postgrado al momento de la inscripción, no podía
continuar en el proceso de selección de personero de Cartagena.

1.7. El recurso de apelación

Inconforme con la anterior decisión, la demandante formuló recurso de apelación,
en el cual explicó que el artículo 2.2.2.3.4. del Decreto 1083 de 2015 dispone que
las personas que hubieran adelantado estudios de postgrado en el exterior, al
momento de tomar posesión de un empleo público que exija para su desempeño
esta modalidad de formación, podrán acreditar el cumplimiento de este requisito
con la presentación de los certificados expedidos por la correspondiente
institución de educación superior e hizo énfasis en que la referida norma establece
que dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de posesión, el empleado
deberá presentar los títulos debidamente homologados.

Precisado lo anterior, mencionó que para el momento en el que se inscribió al
concurso para proveer el cargo de personero de Cartagena contaba con el título
de Maestría en Derecho Constitucional y Administrativo, debidamente apostillado,
lo cual, a su juicio, le daba validez.

En todo caso, el título de postgrado fue convalidado por el Ministerio de Educación
Nacional, a través de la Resolución 023610 del 5 de diciembre de 2023.

Señaló que la Mesa Directiva del Concejo de Cartagena se extralimitó y
desconoció las reglas del proceso, pues, de manera arbitraria, anticipada a sus
fases y con una motivación pobre e ilegal profirió la Resolución 302 del 15 de

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diciembre de 2023, que la excluyó del concurso.

Agregó que la referida corporación no «respetó los resultados obtenidos en el
concurso, ya que la suscrita era quien había ganado en primer lugar la prueba de
conocimientos y con seguridad habría ganado las demás etapas del concurso, si
no hubiera sido por el actuar ilegal del Concejo Distrital de Cartagena».

1.8. Actuaciones de segunda instancia

1.8.1. Alegatos de conclusión

1.8.1.1. Jahaziel Nohemí Anaya Durán (demandante)

Reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación e hizo énfasis en
que, para la fecha de inscripción al concurso para proveer el cargo de personera
de Cartagena, contaba con el título de postgrado debidamente apostillado.
Además, el artículo 2.2.2.3.4. del Decreto 1083 de 2015 establece que cuenta con
un periodo de dos (2) años luego de la posesión para efectuar la homologación
de los estudios realizados en el exterior.

1.8.1.2. Eliana Simancas Tinoco (demandada)

Mencionó que el artículo primero de la Resolución 194 del 5 de septiembre de
2023 en su numeral 1.6 estableció como requisitos para inscribirse al concurso
para proveer el cargo de personero de Cartagena, entre otros, el de tener título
de abogado y de postgrado y, en el numeral 1.8., que la documentación allegada
no podía ser objeto de complementación con posterioridad. En consecuencia,
consideró que, si luego de iniciado el concurso, la demandante obtuvo la
convalidación del título de postgrado, este sería extemporáneo, luego, no era
procedente que el concejo le otorgara validez.

1.8.1.3. Concepto del Ministerio Público

La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia, argumentando que, cuando la Resolución 194 de
5 de septiembre de 2023 estableció que las certificaciones de estudio y
experiencia debían cumplir los requisitos señalados en el artículo 2.2.2.3.4. del
Decreto 1083 de 2015, se estaba refiriendo a la formalidad para su validez, que
en este caso exige que los estudios en el exterior deben estar debidamente
convalidados u homologados. Por lo tanto, los requisitos para inscribirse como
aspirante en el concurso para personero, deben acreditarse al momento de la
inscripción.

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En este orden, consideró que la elección censurada no se expidió de forma
irregular, toda vez que, la exclusión de la señora Jahaziel Nohemí Anaya Durán
se produjo en cumplimiento de los parámetros establecidos en la convocatoria,
toda vez que, al momento de su inscripción, debía aportar el título de postgrado
de Maestría en Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad De La
Salle, obtenido en Bajío de Guanajuato – México, debidamente convalidado por
el Ministerio de Educación y no como lo considera la apelante, dentro de los dos
(2) años siguientes a la posesión.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 150 inciso 1 y 152 2 numeral 7
literal b) del CPACA y el Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena del
Consejo de Estado, esta Sección es competente para conocer en segunda
instancia del recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 12 de julio de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo
de Bolívar negó las pretensiones de la demanda.

2.1. Problema jurídico

De acuerdo con el fallo de primera instancia y los argumentos expuestos en el
recurso de apelación, corresponde a esta Sección determinar si confirma,
modifica o revoca la sentencia de primera instancia. Sobre el punto, se tendrán
en cuenta los límites de la competencia del juez ad quem, a partir de la fijación
del litigio señalada por el tribunal, la providencia de primer grado y los reparos de
la recurrente.

Se advierte que, al tenor de lo previsto en el artículo 320 del Código General del
Proceso3, «[e]l recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados
por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión», disposición
que debe interpretarse en concordancia con lo señalado en el artículo 328 Ibidem,
según el cual «[e]l juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones
que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley».

2 Artículo 152. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…)

7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: (…) b) De la nulidad de la elección de los
contralores departamentales, y la de los personeros y contralores distritales y municipales de municipios con
setenta mil (70.000) habitantes o más, o de aquellos que sean capital de departamento.
3 Aplicable al trámite del recurso de apelación en los aspectos no regulados en la Ley 1437 de 2011, por la

remisión prevista en su artículo 306.

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Por lo tanto, la competencia del superior para pronunciarse sobre el fundamento
de la apelación está circunscrita a los motivos de inconformidad expuestos por la
recurrente, lo que descarta el análisis de cualquier otro aspecto que no haya sido
materia de alzada4.

Para abordar el asunto, la Sala desarrollará la siguiente metodología: i) el
procedimiento de elección de personeros y ii) el caso concreto, conforme a los
límites indicados en el párrafo anterior.

2.2. El procedimiento de elección de personeros - Reiteración
jurisprudencial5

De conformidad con el artículo 113 de la Constitución Política, la estructura del
Estado Colombiano sigue la división tripartita del poder público, heredada del
Estado de Derecho, según el cual, el poder está dividido en tres ramas, esto es,
la legislativa, la ejecutiva y la judicial, a los que se suman algunos órganos
«autónomos e independientes», que aseguran el cumplimiento de «las demás
funciones del Estado», de forma separada, pero guiados por el principio de
colaboración armónica para la realización de sus fines.

En consonancia con lo anterior, el artículo 117 ibídem dispone que el Ministerio
Público y la Contraloría General de la República son órganos de control. En
particular, el artículo 118 de la Carta señala que el Ministerio Público será ejercido
por el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, por los
procuradores delegados y los agentes del ministerio público ante las autoridades
jurisdiccionales. Además, está integrado por los personeros municipales, los
cuales actuarán bajo la suprema dirección del procurador general de la Nación6,
que tienen como atribución «la guarda y promoción de los derechos humanos, la
protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes
desempeñan funciones públicas».

La Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, define la naturaleza del
cargo de personero y establece que desde el punto de vista funcional hace parte
del Ministerio Público. Al respecto, el artículo 169 de la referida ley, en
concordancia con lo previsto en el artículo 118 de la Carta, asigna al personero
municipal o distrital «la guarda y promoción de los derechos humanos, la
protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes
desempeñan funciones públicas».

4 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2021, expediente: 68001-23-33-000-2019-

00896-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
5 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP Luis Alberto Álvarez Parra, sentencia del 27 de enero de 2022,

Rad. 52001-23-33-000-2020-00982-03, Demandante: José Luis Martínez Guerrero – Procurador 221
Judicial I para Asuntos Administrativos de Mocoa, Demandado: Oscar Arturo Hernández Ordoñez –
Personero de Mocoa.
6 Constitución Política, artículo 275.

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De acuerdo con el texto original del artículo 170 de la Ley 136 de 1994, los
concejos municipales gozaban de un amplio margen de discrecionalidad para
definir la forma de elección de los personeros, pues ni esta ni otra norma fijaba un
procedimiento o indicaba unos parámetros mínimos para ejercer esta
competencia, más allá del deber de actuar en consonancia con los principios
constitucionales y legales que orientan la función administrativa.

Esta dinámica cambió a partir de la Ley 1551 de 2012, que dentro de las normas
para modernizar la organización y funcionamiento de los municipios contempló la
elección de los personeros «previo concurso de méritos». La Corte Constitucional
fundó este mecanismo de selección para elegir al personero bajo el principio
democrático y en las relevantes funciones asignadas a este funcionario, como
parte del Ministerio Público:

Por un lado, de acuerdo con los artículos 118 y 277 de la Carta Política, a los
personeros corresponde la promoción, la divulgación y la defensa de los derechos
humanos, y la veeduría y vigilancia de la conducta de los servidores públicos
municipales y distritales; la importancia de estas funciones, y el control que deben
ejercer sobre los órganos del orden territorial justifican una elección reglada y no
necesariamente una decisión discrecional que pueda comprometer la
independencia y la imparcialidad de la persona que resulte favorecida. De este
modo, el rol y las funciones del personero, antes que excluir la aplicación del
precedente anterior, refuerzan la necesidad de apelar a este tipo de
procedimientos.
(…)
En consonancia con los postulados de la democracia participativa, el concurso
público de méritos materializa la intervención ciudadana en distintos sentidos: de
un lado, porque cualquier persona que cumpla los requisitos y condiciones para
ejercer el cargo de personero, puede tomar parte en el respectivo proceso de
selección; esta apertura no es propia ni característica de las dinámicas informales
en las que discrecionalmente los concejos conforman su repertorio de candidatos.
Y de otro lado, porque como se trata de un procedimiento público y altamente
formalizado, cualquier persona puede hacer el seguimiento respectivo, y detectar,
informar y controvertir las eventuales irregularidades. En definitiva, la publicidad,
transparencia y formalización del proceso incentivan la participación ciudadana. Se
trata de un proceso democrático, no en tanto se delega en los representantes de la
ciudadanía la conducción política, sino en tanto la ciudadanía interviene
activamente y controla la actividad estatal.

Además, el concurso es coherente con los postulados de la democracia sustancial,
pues las determinaciones en torno a la integración de las entidades estatales se
estructuran alrededor de los derechos fundamentales a la igualdad, a la
participación en la función pública y al debido proceso. La garantía de estos
derechos no se deja librada al juego de las mayorías, sino que constituye el
presupuesto fundamental, el referente y la finalidad de la actividad estatal7.

Con base en dichos lineamientos y en los preceptos pertinentes, esta Sección ha
descrito reiteradamente la evolución normativa de la forma de elección del
personero por parte de los concejos, en los siguientes términos:

7 Corte Constitucional, sentencia C-103 de 2015, MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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10

Demandante: Jahaziel Nohemí Anaya Durán
Demandada: Eliana Simancas Tinoco
Rad.: 13001-23-33-000-2024-00139-01

El numeral 8 del artículo 313 de la Constitución Política dispone que compete a los
concejos municipales elegir al personero para el periodo que fije la ley. Frente a
este mandato normativo, la Ley 136 de 1994, por la cual se dictan las normas
tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios,
dispuso en su artículo 170 que dicha elección se llevará a cabo en los primeros diez
(10) días del mes de enero del año respectivo, para períodos de tres (3) años. Sin
embargo, este contenido normativo fue modificado por la Ley 1031 de 2006, que
amplió el período de los personeros municipales de tres (3) a cuatro (4) años, a
partir del año 2008.

Con la expedición de la Ley 1551 de 2012,” Por la cual se dictan normas para
modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, se modificó el
artículo 170 de la Ley 136 de 1994 al establecer un concurso público de méritos
para la elección del personero municipal, el cual estaría en cabeza de la
Procuraduría General de la Nación. Esta norma fue objeto de demanda de
inconstitucionalidad, la que fue decidida por la Corte Constitucional en sentencia C-
105 de 2013, en la que se declaró la exequibilidad de la expresión “previo concurso
de méritos” contenida en el inciso primero de la anterior disposición, y a su vez la
inexequibilidad del siguiente aparte “que realizará la Procuraduría General de la
Nación”, contenida en el mismo inciso.
(…)
A su turno, de acuerdo con el Decreto 1083 de 2015, que compiló lo dispuesto en
el Decreto 2485 de 2014, el concurso dirigido a la elección de los personeros debe
adelantarse bajo criterios de objetividad, transparencia, imparcialidad y publicidad.

Por consiguiente, es claro que la ley ha reiterado la atribución constitucional de los
concejos municipales y distritales para la nominación de los personeros,
incorporando al espectro ampliamente discrecional que inicialmente tuvo esta
competencia la exigencia de realizar un proceso de selección donde prevalezcan
el mérito y la idoneidad, en consonancia con los principios constitucionales que
orientan el acceso a la función pública. Así mismo, no cabe duda de que los
concejos tienen a su cargo la responsabilidad de dirigir estos concursos y de trazar
sus lineamientos generales, sin perjuicio de contar con la asistencia de terceros
especializados en la materia8.

En cuanto a las etapas del concurso, la Sala ha identificado, a partir de lo
dispuesto en el título 27 del Decreto 1083 de 2015, que dentro de esta actuación
se surten las fases de (i) convocatoria, (ii) reclutamiento y (iii) pruebas, que, a su
vez, comprenden la evaluación de los conocimientos académicos, las
competencias laborales, la valoración de estudios y la entrevista9.

Conforme con lo expuesto, actualmente la elección de los personeros se realiza
para un periodo de (4) años y debe ser efectuada por el respectivo concejo dentro
de los primeros (10) días de enero, mediante un concurso público de méritos
reglado, que puede ser apoyado por terceros que cumplan la condición de ser
universidades o instituciones de educación superior, o entidades especializadas
en procesos de selección de personal.

8 Ver, entre muchas otras, Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 10 de junio de 2021, Rad. 76001-

23-33-000-2020-00243-01, MP Luis Alberto Álvarez Parra.
9 Id.

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Demandante: Jahaziel Nohemí Anaya Durán
Demandada: Eliana Simancas Tinoco
Rad.: 13001-23-33-000-2024-00139-01

Adicionalmente, como resultado de la labor interpretativa del juez electoral, esta
Sala ha definido algunos presupuestos que deben observarse en el desarrollo de
estos concursos de méritos, con el fin de asegurar la legalidad de la elección de
los personeros. En tal sentido, se han destacado las consecuencias anulatorias
que pueden provenir del desconocimiento de los términos vinculantes de la
convocatoria para la elección realizada, al igual que la importancia de garantizar
la debida publicidad que permita la libre concurrencia de los interesados, junto
con el estricto orden de mérito en que debe ser aplicada la lista de elegibles que
resulte del proceso10.

De otra parte, en el marco de la contratación con terceros para el desarrollo del
concurso, se ha precisado que el objeto social de las entidades operadoras es el
elemento definitorio de su idoneidad para acompañar y brindar asesoría a los
concejos en estos procesos de selección11.

Igualmente, se ha destacado la importancia de asegurar la integridad de los
documentos del concurso, especialmente las pruebas de competencias y
conocimientos, a través de protocolos o guías que ofrezcan condiciones de
igualdad y transparencia para todos los participantes. Sobre el mismo punto, se
ha indicado que las falencias que pudieran advertirse en cuanto a la aplicación de
la cadena de custodia deben ponderarse para establecer su incidencia en la
legalidad del acto final de elección12.

También se ha resaltado en este contexto el alcance del estudio del juez electoral,
cuidando de no entrometerse en asuntos propios del medio de control de
controversias contractuales, so pretexto de analizar el cargo de expedición
irregular cuando se relaciona con la adjudicación del contrato con los operadores
del concurso, el tipo de vinculación, el cumplimiento de los requisitos, entre otros
temas propios de dicho contexto judicial13.

2.3. Caso concreto

Como viene de explicarse en los antecedentes de esta providencia, la parte actora
pretende que se declare la nulidad del acto de elección de la señora Eliana
Simancas Tinoco, como personera de Cartagena para el periodo 2024-2028.

10 Al respecto, ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 25 de marzo de 2021, Rad.

05001-23-33-000-2020-00495-01, MP Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
11 Por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 4 de marzo de 2021, Rad. 25000-23-41-

000-2020-00409, MP Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; sentencia de 29 de abril de 2021, Rad. 05001-
23-33-000-2020-00480-01, MP Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; y sentencia de 6 de mayo de 2021,
Rad. 08001-23-33-000-2020-00139, MP Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
12 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 22 de marzo de 2018, Rad. 85001-23-33-000-2017-

00019-03, MP Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez y sentencia de 6 de mayo de 2021, Rad. 08001-23-33-
000-2020-00139-01, MP Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
13 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 16 de agosto de 2021, Rad. 23001-23-33-000-2020-

00040-01, MP Rocío Araújo Oñate.

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Demandante: Jahaziel Nohemí Anaya Durán
Demandada: Eliana Simancas Tinoco
Rad.: 13001-23-33-000-2024-00139-01

El a quo negó las pretensiones de la demanda argumentando que los requisitos
para inscribirse como aspirante al concurso de personero de Cartagena eran,
entre otros, tener título de postgrado, respecto del cual, la demandante allegó
título de Maestría en Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad
De La Salle Bajío (México) sin que estuviera convalidado. Sobre el particular,
evidenció que tan solo hasta el 20 de septiembre de 2023, esto es, durante el
periodo de inscripción al concurso (18 al 22 de septiembre de 2023), la parte
actora solicitó ante el Ministerio de Educación Nacional la respectiva
convalidación.

En el recurso de apelación, la accionante, en su calidad de aspirante en el
concurso para proveer el cargo de personero de Cartagena, insiste en que tenía
dos (2) años a partir de la fecha de posesión, para acreditar la convalidación del
título de postgrado, en virtud de lo previsto en el inciso final del artículo 2.2.2.3.4
del Decreto 1083 de 2015.

Pues bien, en punto del concurso público de méritos para elegir personeros, el
Decreto 1083 de 2015 en el título 27 fijó las etapas del proceso, dentro de las
cuales se encuentra la de convocatoria, así:

ARTÍCULO 2.2.27.2 ETAPAS DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA
LA ELECCIÓN DE PERSONEROS. El concurso público de méritos para la
elección de personeros tendrá como mínimo las siguientes etapas:

a) Convocatoria. La convocatoria, deberá ser suscrita por la Mesa Directiva del
Concejo Municipal o Distrital, previa autorización de la Plenaria de la corporación.
La convocatoria es norma reguladora de todo el concurso y obliga tanto a la
administración, como a las entidades contratadas para su realización y a los
participantes. Contendrá el reglamento del concurso, las etapas que deben
surtirse y el procedimiento administrativo orientado a garantizar los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad en
el proceso de elección.

En virtud de lo anterior, el Concejo de Cartagena expidió la Resolución 194 del 5
de septiembre de 2023 (convocatoria), a través de la cual fijó las reglas generales,
los criterios de selección y evaluación y el cronograma del concurso público de
méritos para la elección del cargo de personero para el periodo institucional
comprendido entre el 1° de marzo de 2024 y el 29 de febrero de 2028.

En relación con las calidades y requisitos para inscribirse al referido proceso
eleccionario, el artículo 1º, numeral 1.6. estableció lo siguiente:

1.6. REQUÍSITOS PARA INSCRIBIRSE COMO ASPIRANTE AL CARGO DE
PERSONERO DISTRITAL DE CARTAGENA: Todo ciudadano que desee
inscribirse, y que reúnan las calidades y requisitos previstos en la Constitución y
en las Leyes para ejercer el cargo en mención, podrán inscribir sus candidaturas,
teniendo en cuenta los siguientes requisitos:

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Demandante: Jahaziel Nohemí Anaya Durán
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1. Ser colombiano de nacimiento.
2. Ciudadano en ejercicio.
3. Para ser elegido personero municipal se requiere: En los municipios o distritos
de categorías especial, primera y segunda títulos de abogado y de postgrado.
4. No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad,
excepto por delitos políticos o culposos.
6. No encontrarse incurso en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o
conflictos de intereses para el ejercicio del cargo.
7. No haber llegado a la edad de retiro forzoso. (Subrayado fuera de texto).

Por su parte, el artículo 2°, numeral 2.2.1. consagró los documentos que debían
presentar los aspirantes al momento de la inscripción, así:

2.2.1 DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA INSCRIPCIÓN El aspirante
deberá presentar al momento de la inscripción los siguientes documentos:

(…)
2.2.1.9 Copia del título o del Acta de Grado o de la Tarjeta Profesional que acredite
el título profesional y/o de los estudios de posgrado. (Subrayado fuera de texto).

Ahora, en cuanto a la forma de allegar los documentos para poder inscribirse, el
artículo 1º, numeral 1.8. de la convocatoria dispuso:

1.8 PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.

La documentación deberá ser presentada de forma virtual a través de los canales
relacionados en la presente resolución.

Las certificaciones de estudio y experiencia se presentarán siguiendo los criterios
señalados en los artículos 2.2.2.3.2, 2.2.2.3.3, 2.2.2.3.4, 2.2.2.3.5, 2.2.2.3.6,
2.2.2.3.7 y 2.2.2.3.8 del decreto 1083 de 201714 (sic).

Las certificaciones que no reúnan las condiciones señaladas en las normas
anteriormente señaladas, no serán tenidas en cuenta dentro del proceso de
selección ni podrán ser objeto de posterior complementación. (Subrayado fuera
de texto).

Así las cosas, resulta claro que, para poder participar en el concurso público de
méritos para ocupar el cargo de personero de Cartagena, se establecieron unos
requisitos mínimos que debían acreditarse al momento de la inscripción, entre
ellos, tener título de abogado y de postgrado.

Además, se indicó que las certificaciones de estudio y de experiencia debían
atender los criterios señalados en los artículos 2.2.2.3.2, 2.2.2.3.3, 2.2.2.3.4,
2.2.2.3.5, 2.2.2.3.6, 2.2.2.3.7 y 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015, por medio del
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

En el asunto objeto de estudio, la norma a la que alude la accionante en su alzada,
consagra lo siguiente:

14 En realidad, es 2015.

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ARTÍCULO 2.2.2.3.4 TÍTULOS Y CERTIFICADOS OBTENIDOS EN EL
EXTERIOR. Los estudios realizados y los títulos obtenidos en el exterior
requerirán para su validez, de la homologación y convalidación por parte del
Ministerio de Educación Nacional o de la autoridad competente.

Quienes hayan adelantado estudios de pregrado o de postgrado en el exterior, al
momento de tomar posesión de un empleo público que exija para su desempeño
estas modalidades de formación, podrán acreditar el cumplimiento de estos
requisitos con la presentación de los certificados expedidos por la correspondiente
institución de educación superior. Dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha
de posesión, el empleado deberá presentar los títulos debidamente homologados.
Si no lo hiciere, se aplicará lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 190 de 1995 y
las normas que la modifiquen o sustituyan. (Subrayado fuera de texto).

En este orden, se impone establecer si el artículo 2.2.2.3.4 del Decreto 1083 de
2015, en cuanto dospone que «Dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha
de posesión, el empleado deberá presentar los títulos debidamente
homologados», aplica para el caso concreto de la demandante.

Según se explicó en los antecedentes de esta providencia, el Concejo de
Cartagena convocó a concurso público de méritos para proveer el cargo de
personero, período 2024-2028, mediante la Resolución 194 del 5 de septiembre
de 2023.

La señora Jahaziel Nohemí Anaya Durán, quien funge como parte actora, se
inscribió al referido proceso eleccionario y, para efectos de acreditar el título de
postgrado requerido, allegó copia del diploma de Maestría en Derecho
Constitucional y Administrativo de la Universidad De La Salle Bajío (México),
apostillado.

Publicada la lista de admitidos, en la cual figuró la demandante, se realizó la
prueba de conocimientos, la cual presentó la señora Anaya Durán el 6 de octubre
de 2023.

Durante el trámite eleccionario, el Concejo de Cartagena expidió la Resolución
302 del 15 de diciembre de 2023, a través de la cual excluyó del proceso a la
aspirante Jahaziel Nohemí Anaya Durán (demandante), como se lee a
continuación:

16. Que la señora JAHAZIEL NOHEMÍ ANAYA DURÁN, al momento de inscribirse
al concurso de méritos para aspirar al cargo de Personero Distrital de Cartagena,
aportó para acreditar su posgrado, diploma de Maestría en Derecho
Constitucional y Administrativo, de la Universidad De La Salle Bajío de
Guanajuato-México, del año 2014, el cual no obstante estar debidamente
apostillado, no se encontraba convalidado por el Ministerio de Educación.

17. Que al no estar convalidado por parte del Ministerio de Educación Nacional el
título de maestría aportado por la aspirante JAHAZIEL NOHEMÍ ANAYA DURÁN
en su inscripción, no puede tenerse como válido y en consecuencia la participante

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al momento de inscribirse no reunía los requisitos mínimos para ser admitida al
concurso de méritos para aspirar al cargo de Personero Distrital de Cartagena.

18. Así las cosas, y de acuerdo a todo lo expuesto existen razones legales que
conllevan a la exclusión de la participante Jahaziel Nohemí Anaya Durán, del
concurso de méritos para acceder al cargo de Personero Distrital de Cartagena,
por no cumplir con los requisitos mínimos al momento de realizar su inscripción.

En mérito de lo expuesto, la Mesa Directiva del Honorable Concejo Distrital de
Cartagena de Indias,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Excluir del proceso de concurso de méritos para elegir
personero distrital de Cartagena, a la señora Jahaziel Nohemí Anaya Durán,
identificada con cédula de ciudadanía No. 1129568175.

Sea propio señalar que la anterior decisión adoptada por el Concejo de Cartagena
goza de presunción de legalidad, pues, al plenario no se allegó prueba que
demuestre que la accionante la hubiera demandado en sede judicial, como
tampoco de alguna providencia que haya suspendido o anulado sus efectos.

Culminada esta actuación, se adelantaron las demás fases de la convocatoria y
el 2 de febrero de 2024 se llevó a cabo la elección, en la cual, la señora Eliana
Simancas Tinoco resultó elegida personera de Cartagena, para el periodo 2024-
2028.

Con este panorama, resulta claro que, el aparte normativo invocado por la
accionante en la apelación, esto es, que «Dentro de los dos (2) años siguientes a
la fecha de posesión, el empleado deberá presentar los títulos debidamente
homologados», aplica para quienes hubieran tomado posesión del cargo15, lo cual
dista de la situación particular de la señora Jahaziel Nohemí Anaya Durán, pues,
como quedó visto, acudió a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo como
participante del concurso público de méritos, cuestionando la presunta indebida
exclusión del mismo.

Recuérdese que, en el presente caso, para acreditar el título de posgrado
requerido, la demandante aportó al momento de la inscripción copia del diploma
de Maestría en Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad De La
Salle Bajío (México), apostillado. Lo anterior, resulta concordante con la
constancia que obra en el plenario, la cual da cuenta que, el 20 de septiembre de
2023, es decir, dentro del plazo de inscripción al concurso, la parte actora solicitó

15 Al respecto, pueden consultarse las sentencias del Consejo de Estado, Sección Quinta del 7 de diciembre

de 2022, MP Pedro Pablo Vanegas Gil, Rad. 44001-23-40-000-2022-00008-02, demandante: Miguel Eduardo
García Prada, demandado: Bienvenido Mejía Brito – contralor departamental de La Guajira y del 23 de marzo
de 2023, MP Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 68001-23-33-000-2022-00038-01, demandantes: Nohora
Cristina Gutiérrez Barrera, demandados: Viviana Marcela Blanco Morales – contralora municipal de
Bucaramanga (2022-2025) y otros.

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ante el Ministerio de Educación Nacional que le fuera convalidado el título
obtenido en el exterior. Así lo demuestra la siguiente imagen:

De lo anterior se infiere que, para el momento de la inscripción al concurso para
proveer el cargo de personero de Cartagena, etapa que transcurrió entre el 18 y
el 22 de septiembre de 2023, el título de la demandante de Magister en Derecho
Constitucional y Administrativo concedido por la Universidad De La Salle Bajío
(México), no se encontraba debidamente convalidado.

Al respecto, se impone recordar que la homologación o convalidación de títulos
de educación superior otorgados en el exterior, se encuentra definida en la
Resolución 10687 de 201916 en los siguientes términos:

CONVALIDACIÓN: Proceso de reconocimiento que el Ministerio de Educación
Nacional efectúa sobre un título de educación superior otorgado por una
institución legalmente autorizada por la autoridad competente en el respectivo
país para expedir títulos de educación superior, de tal forma que, con dicho
reconocimiento, se adquieren los mismos efectos académicos y jurídicos, que
tienen los títulos otorgados por las instituciones de educación superior
colombianas.

Es así como el proceso de convalidación de títulos otorgados en el exterior, tiene
como finalidad otorgarle los mismos efectos académicos y jurídicos con los que
cuentan los que se adquieren en el país, proceso que tendrá que ser definido por
la autoridad competente en los términos anteriormente descritos.

Con estas precisiones, se concluye que, para poder participar en el proceso de
elección para ocupar el cargo de personero de Cartagena, los requisitos mínimos,

16
Por medio de la cual se regula la convalidación de títulos de educación superior otorgados en el exterior y se deroga la
Resolución 20797 de 2017.

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entre ellos, tener título de abogado y de postgrado, debían, indiscutiblemente,
acreditarse durante la etapa de la inscripción, esto es, entre el 18 y el 22 de
septiembre, lo cual no ocurrió en el sub examine, toda vez que, la accionante
radicó la solicitud de convalidación del título que obtuvo en el exterior hasta el 20
de septiembre de 2023, justamente, durante ese plazo.

Por último, se debe destacar que en el expediente únicamente aparece una copia
de un diploma de maestría proveniente de una universidad de México, y no
existen elementos adicionales que puedan brindar mayor credibilidad o veracidad
de la intensidad horaria y de la temática que se desarrolló en el programa
académico. Lo anterior es de gran relevancia, en tanto los títulos de
especialización y maestría difieren sustancialmente entre los distintos países y
territorios donde se cursen.

De hecho, en virtud de las normas nacionales y la autonomía universitaria es muy
común que programas denominados como maestría en universidades
extranjeras, en Colombia sean equivalentes a cursos de formación o diplomados
incluso. Un ejemplo ilustrativo de esta distinción se encuentra en el sistema
educativo español, donde coexisten los títulos propios y los títulos oficiales. En el
mencionado sistema, dos programas que comparten la denominación de
«Maestría» pueden tener alcances significativamente diferentes, tanto en su
reconocimiento en España como en su posterior proceso de homologación en
Colombia.

Así las cosas, atendiendo a la naturaleza del cargo de personero, y la
trascendencia institucional inherente que este reviste, resulta admisible e incluso
necesario establecer un conjunto de requisitos mínimos de verificación que
garanticen la idoneidad del funcionario, como ocurrió en el presente caso, con la
exigencia de tan solo un elemento probatorio como una certificación que hubiera
permitido evidenciar la suficiencia del título académico para ser considerado como
un título de postgrado de las características que se siguen en nuestro país.

En este orden, resulta acertada la decisión del a quo de negar las pretensiones
de la demanda, toda vez que, la señora Jahaziel Nohemí Anaya Durán no acreditó
el cumplimiento de los requisitos mínimos necesarios para inscribirse al concurso
público de méritos para ocupar el cargo de personero, razón por la cual, la
decisión de la Mesa Directiva del Concejo de Cartagena de excluirla del proceso
se ajustó a las reglas fijadas en la convocatoria, independientemente del puntaje
que hubiera obtenido en la prueba de conocimientos, decisión que, además, goza
de presunción de legalidad.

En consecuencia, se impone confirmar la sentencia del 12 de julio de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar que negó las pretensiones de
la demanda.

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Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Bolívar el 12 de julio de 2024, que negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no
procede ningún recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Salva voto

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Salva voto

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Conjuez

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número
de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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