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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 70001-23-33-000-2020-00035-02

Nulidad electoral: contra el acto de elección de contralor municipal

Fecha
5 de agosto de 2021
Consejero ponente
Rocío Araújo Oñate
Citada por
21 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 70001-23-33-000-2020-00035-02

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de abril de 2021 del Tribunal Administrativo de Sucre, que declaró la nulidad de la elección de la señora Vivian María Montaño González, como contralora municipal de Sincelejo, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 70001-23-33-000-2020-00035-02

Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate

5 de agosto de 2021

NULIDAD ELECTORAL – Contra el acto de elección de contralor municipal / INHABILIDAD - Generalidades e interpretación restrictiva / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA

Ha señalado esta Sección, que de acuerdo con el artículo 40 de la Constitución Política, son derechos fundamentales el de ser elegido y de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, prerrogativas que no tienen el carácter de ser absolutas, dado que la propia Constitución y la ley contemplan restricciones al ejercicio de tales derechos, motivadas en otras garantías -también constitucionales- como el interés general, la igualdad y el ejercicio eficiente de la función pública, tal como es el caso de las inhabilidades para ocupar cargos de elección popular. (…). Como lo viene señalando esta Sala Electoral, el acceso a los cargos públicos se encuentra sometido a una serie de condiciones que buscan la realización del interés general, las cuales, conforme a lo dispuesto por la Corte Constitucional, en sede de control abstracto, pueden ser de dos tipos, “atendiendo al bien jurídico protegido o a la finalidad de la limitación”, a saber: i) casos en que se establecen limitaciones para acceder a cargos públicos con fundamento en conductas jurídicamente reprochables llevadas a cabo por el inhabilitado; y ii) casos en que la limitación para acceder a un cargo no se vincula con ninguna conducta previa, sino que consagra requisitos que persiguen lograr la efectividad de los principios y valores constitucionales. Por lo anterior, ha entendido la Sala que en atención a las limitaciones a los derechos políticos que se derivan de las inhabilidades e incompatibilidades, se ha establecido entonces que, respecto de su aplicación, es necesario observar los criterios de interpretación restrictiva y no la analógica o extensiva. (…). Así, entendiendo el criterio de interpretación restrictiva como aquel que busca la aplicación de la norma a casos concretos, los jueces, al momento de determinar la ocurrencia de una inhabilidad o incompatibilidad respecto de quien pretende ocupar un cargo público, deben limitarse al alcance de los verbos rectores empleados por el legislador. (…). Esta línea de interpretación conlleva a que dichos condicionamientos se apliquen de forma concreta a las situaciones o eventos que el constituyente y en su desarrollo el legislador, según el caso, determinaron como circunstancias de inelegibilidad, sin que para el efecto puedan considerarse otros distintos. Así entonces, al momento de establecer la configuración de una inhabilidad, prima el criterio interpretativo restrictivo, entendido en la forma como se señaló en precedencia y, de ninguna manera, el estudio que emprenda el operador judicial puede conllevar extensiones, analogías o interpretaciones amplias, que conlleven a la aplicación del presupuesto normativo a situaciones diversas a las previstas por el constituyente y/o el legislador, o a vaciar de contenido las mismas en detrimento de su eficacia. Este criterio de interpretación restrictivo que se predica respecto de inhabilidades e incompatibilidades busca entonces, aumentar la eficacia y vigencia de las garantías constitucionales respecto de quienes aspiran a ocupar cargos públicos, pues solamente en los eventos y bajo las condiciones que ellas consagran, es procedente predicar su configuración, máxime si se tiene en cuenta que, en todo caso, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades ha sido concebido como un límite legítimo y válido a los derechos políticos, conforme al cual si se advierte la configuración de alguna causal, ello no conlleva a que de allí se predique la vulneración de estas prerrogativas superiores, sino que, por el contrario, evita el desconocimiento de los intereses superiores respecto de quienes ocupan cargos públicos. Así, para esta Sala Electoral, la interpretación restrictiva, como se viene diciendo, implica que el operador judicial se limite a los verbos rectores que el legislador o el constituyente emplearon en la redacción de la causal, sin extender su interpretación a otros distintos que no se encuentren contenidos en la norma.

NOTA DE RELATORÍA: De las generalidades de las inhabilidades y su interpretación restrictiva, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 22 de abril de 2021, radicación 15001-23-33-000-2020-00120-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 18 de febrero de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 05001-23-33-000-2019-02852-02. Sobre los derechos fundamentales a ser elegido y de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos y que no tienen el carácter de ser absolutos, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de agosto de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 11001-03-28-000-2014-00051-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 12 de marzo de 2015, M.P. Alberto Yepes Barreiro, radicación 11001-03-28-000-2014-00065-00. Sobre el concepto de inhabilidad, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de enero del 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 11001-03-28-000-2018-00031-00(SU). En cuanto a los motivos para el establecimiento de inhabilidades e incompatibilidades, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 19 de noviembre de 2020, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación.50001-23-33-000-2020-00001-01; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 21 de abril de 2009, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, radicación 2007-00581(PI). Respecto del acceso a los cargos públicos que se encuentra sometido a una serie de condiciones que buscan la realización del interés general, consultar: Corte Constitucional, sentencia C-1062 del 11 de noviembre del 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. En cuanto a que las inhabilidades implican la afectación del derecho fundamental a la participación política, en sus modalidades de ser elegido y acceder al desempeño de funciones y cargos públicos y que la interpretación de su alcance es restrictiva, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 22 de abril de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 15001-23-33-000-2020-00120-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 11 de julio de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 54001-23-33-000-2018-00220-02; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 30 de mayo de 2019, M.P: Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación 18001-23-33-000-2018-00194-01. Con respecto al criterio de interpretación restrictiva y lo que debe entenderse por éste, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de enero del 2019, C.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 11001-03-28-000-2018-00031-00(SU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 22 de abril de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 15001-23-33-000-2020-00120-01. Con respecto a la interpretación restrictiva de la inhabilidad y que ello no implica que sea sinónimo de interpretación literal o exegética, sino que opera en un sentido más amplio ya que si la norma tiene vacíos, la laguna debe llenarse con los distintos elementos que proporciona el sistema jurídico, acogiendo de ellos lo más benéfico a los fines de la disposición, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de enero de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 11001-03-28-000-2018-00031-00.

INHABILIDAD CONSTITUCIONAL DEL CONTRALOR MUNICIPAL – Supuestos bajo los cuales se genera la inhabilidad / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA

El artículo 272 original de la Constitución Política, en el inciso 8°, en relación con los contralores municipales y departamentales, disponía la inhabilidad referente al ejercicio de cargos públicos. (…). [L]a versión original de la referida norma constitucional [artículo 272] consagraba que quienes aspiraran a ser elegidos contralores no podían haber desempeñado en el lugar en el que ejercería sus funciones, un cargo del orden departamental, distrital o municipal, salvo la docencia; pero esta inhabilidad no distinguía respecto de éstos algún nivel jerárquico o el ejercicio de ciertas potestades que permitieran predicar una situación excepcional para no incurrir en la causal de inelegibilidad. No obstante, la normativa superior referida, fue reformada mediante el Acto Legislativo 02 de 2015, modificación con la que fueron disminuidas las restricciones para ser elegido contralor territorial, pues con tal acto, se precisó entre los cargos de orden departamental, distrital o municipal, cuáles eran los que generaba la situación de inelegibilidad por haber sido desempeñados durante el año anterior a la elección de contralor, con la especificación de que no lo serían los de mayor jerarquía. (…). [E]n aras de preservar el efecto útil de la norma y la intención del constituyente de incluir en la causal de inhabilidad los cargos de mayor rango del orden departamental, distrital o municipal, la Sala precisó que, si el precepto incluyó los de nivel ejecutivo, también debían entenderse incluidos sus superiores, como los de los niveles asesor y directivo y se dispuso que la inhabilidad del numeral 2° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el 37 de la Ley 617 de 2000, era complementaria de la constitucional y que cada una cubría un ámbito diferente en el objetivo común de protección de los principios de igualdad, imparcialidad, transparencia y moralidad, razonamiento que la Corte Constitucional también aceptó, como se evidencia en la sentencia C-126 de 2018. Más adelante, con el Acto Legislativo 4 del 18 de septiembre de 2019, se implementó otra reforma a la señalada normativa superior que, como lo viene sosteniendo la Sala, tenía como propósito facilitar a los entes de control fiscal el cumplimiento del mandato constitucional de combatir la corrupción y generar espacios para la renovación institucional y el fortalecimiento de su legitimidad. (…). A partir de esta modificación, la Sala ha considerado que la normativa constitucional actual prevé que se genera la inhabilidad bajo los siguientes 2 supuestos: i) por haber sido miembro de la asamblea o concejo que deba hacer la elección y ii) para quien haya ocupado cargo público en la rama ejecutiva del orden departamental, distrital o municipal. (…). De esta manera, se viene diciendo que, a partir de la reforma introducida mediante el Acto Legislativo 04 de 2019, la inhabilidad constitucional respecto del ejercicio de cargos públicos para contralores se amplió, en tanto ya no importa el nivel jerárquico del cargo, sino que se extendió a todos los niveles y no sólo a los del ejecutivo y superiores. Pero también debe considerarse, de acuerdo con la redacción de la normativa constitucional, que para el acceso al puesto de contralor territorial la limitación solo es aplicable a los empleos públicos de la rama ejecutiva del respectivo nivel, por lo que no es extensible a los concernientes a las ramas legislativa y judicial ni a los órganos de control o de otra organización autónoma.

NOTA DE RELATORÍA: De la inhabilidad constitucional de los contralores consagrada en el artículo 272 Superior, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 22 de abril de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 15001-23-33-000-2020-00120-01. En relación con los contralores municipales y departamentales, el artículo 272 original de la Constitución Política, en el inciso 8°, dispone la inhabilidad referente al ejercicio de cargos públicos, consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 22 de abril de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 15001-23-33-000-2020-00120-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 22 de octubre de 2009, M.P. Susana Buitrago Valencia, radicación 73001-23-31-000-2008-00052-03. Sobre la especial naturaleza de la inhabilidad, que era la única que debía considerarse respecto de situaciones relacionadas con el desempeño de empleos públicos en el lugar donde los contralores ejercerían las funciones; por lo que se descartaba la situación de inelegibilidad prevista en el numeral 2° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, que debía tenerse en cuenta, en virtud del literal c) del artículo 163 de la misma ley, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 22 de octubre de 2009, M.P. Susana Buitrago Valencia, radicación 73001-23-31-000-2008-00052-03. Sobre la versión original del artículo 272 de la norma constitucional que consagraba que quienes aspiraran a ser elegidos contralores no podían haber desempeñado en el lugar en el que ejercería sus funciones, un cargo del orden departamental, distrital o municipal, salvo la docencia; pero esta inhabilidad no distinguía respecto de éstos algún nivel jerárquico o el ejercicio de ciertas potestades que permitieran predicar una situación excepcional para no incurrir en la causal de inelegibilidad, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 22 de abril de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 15001-23-33-000-2020-00120-01. Sobre la intención del constituyente de incluir en la causal de inhabilidad los cargos de mayor rango del orden departamental, distrital o municipal, y que la Sala precisó que, si el precepto incluyó los de nivel ejecutivo, también debían entenderse incluidos sus superiores, como los de los niveles asesor y directivo y se dispuso que la inhabilidad del numeral 2° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el 37 de la Ley 617 de 2000, era complementaria de la constitucional y que cada una cubría un ámbito diferente en el objetivo común de protección de los principios de igualdad, imparcialidad, transparencia y moralidad, consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 22 de abril de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 15001-23-33-000-2020-00120-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, de 7 de diciembre de 2016, M.P. Alberto Yepes Barreiro, radicación 47001-23-33-000-2016-00074-02. En cuanto a que con el Acto Legislativo 4 del 18 de septiembre de 2019, se implementó otra reforma a la señalada normativa superior que tenía como propósito facilitar a los entes de control fiscal el cumplimiento del mandato constitucional de combatir la corrupción y generar espacios para la renovación institucional y el fortalecimiento de su legitimidad, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 22 de abril de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 15001-23-33-000-2020-00120-01. En cuanto a que la Corte Constitucional señaló que no importa el nivel jerárquico del cargo público, pues “en virtud de la reforma introducida al artículo 272 por el Acto Legislativo 4 de 2019, no constituye, a partir de dicha reforma, elemento de la inhabilidad, por cuanto en adelante lo que inhabilita es haber ocupado el cargo público “en la rama ejecutiva”, sin que importe para ello el nivel jerárquico del cargo”, consultar: Corte Constitucional, sentencia SU-566 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

Con respecto a que a partir de la reforma introducida mediante el Acto Legislativo 04 de 2019, la inhabilidad constitucional respecto del ejercicio de cargos públicos para contralores se amplió, en tanto ya no importa el nivel jerárquico del cargo, sino que se extendió a todos los niveles y no sólo a los del ejecutivo y superiores, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo del 22 de abril de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 15001-23-33-000-2020-00120-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 15 de octubre de 2020, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 70001-23-33-000-2020-00035-01; Corte Constitucional, fallo C-126 de 2018 y SU-566 de 2019. Respecto de la naturaleza del encargo, consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 13 de junio de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 11001-03-28-000-2018-00111-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 28 de febrero de 2019, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 73001-23-33-000-000-2018-00383-01.

ELECCIÓN DEL CONTRALOR MUNICIPAL - Aplicabilidad de la inhabilidad establecida para los alcaldes

Para resolver este punto, la Sala considera pertinente remitirse al contenido de las normas que regulan la materia. Así, se evidencia que el artículo 163 de la Ley 136 de 1994, establece que no puede ser contralor quien esté incurso en las siguientes inhabilidades, dentro de las que se incluyen las contenidas en el artículo 95, para alcaldes. (…). Así, la remisión expresa de la norma a las inhabilidades establecidas para los alcaldes en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994 a los contralores, es específicamente en lo que les sean aplicables y, sobre el particular, la Sala encuentra que la del numeral 2º, (…), sí lo es, (…), en tanto resulta consecuente con la función de prevalencia del interés general y en garantía de los principios que rigen la función pública, dentro de los que se exalta la igualdad e imparcialidad. Para la Sala, este enfoque, además de ser acorde con la protección de dichos principios que son precisamente los que sirvieron de fundamento en el antecedente analizado, configura una posición que de manera pacífica ha sostenido la Sala, entre otras, en las siguientes providencias: auto del 15 de octubre de 2020, rad. 70001-23-33-000-2020-00035-01; auto del 21 de enero de 2021, rad. 66001-23-33-002-2020-00494-01; auto del 4 de febrero de 2021, rad. 66001-23-33-000-2020-00499-01; las cuales constituyen precedente para el asunto que se analiza. (…). [E]l hecho de que el artículo 272 Superior contenga causales de inhabilidad de rango constitucional respecto de los contralores no es incompatible con la existencia de situaciones de inelegibilidad de tipo legal, como las previstas en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, (modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000) y que, aunque se haya declarado inexequible la expresión “o como encargado” del literal a) del artículo 163 de la Ley 136 de 1994, ello no implica que dejen de aplicarse las demás circunstancias de inhabilidad, como la que ahora se le endilga a la demandada, que también se predica respecto de quienes en encargo ocuparon el cargo de contralor dentro del año anterior a la elección. Sobre este aspecto, conviene precisar, que la declaratoria de inexequibilidad de la expresión referida, obedeció a que el Alto Tribunal Constitucional, encontró desproporcionado imponer como causal de inelegibilidad un aspecto temporal en los casos en que, faltando un lapso considerable para que se produzca la elección, ejercieren como encargados los aspirantes a ocupar el cargo en titularidad, pues el alcance de la inhabilidad resultaba desproporcionadamente extenso, al punto que no respondía a los fines perseguidos. De esta manera, la razón de la declaratoria de inexequibilidad obedeció a que hacía más gravoso el término que duraría la inhabilidad, pero la misma Corte encontró compatible la norma, en lo restante. Es importante precisar, que si bien pareciera haber un vacío legal en la remisión que realiza el artículo 163 de la Ley 136 de 1994 al 95 ibidem, en tanto lo hace bajo el supuesto de en lo que es aplicable, sin precisar qué asuntos lo son y cuáles no, la Corte Constitucional, en sentencia C-126 de 2018, al estudiar la constitucionalidad del mencionado artículo 163, encontró ajustado a la carta la aplicación el numeral 2° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, como limitación en la elección de contralores municipales, lo que refuerza la posición que viene sosteniendo esta Sala sobre el asunto. A este punto resulta relevante reseñar, que la expresión “compatible” a la que hace referencia la norma de reenvío, debe hacerse bajo la lógica de la interpretación restrictiva aducida por la Sala Plena de esta Corporación, a que el texto dispositivo se encuentre en consonancia con la finalidad o propósito de la norma inhabilitante, es decir, que responda a su poder normativo, eficacia inmediata y salvaguarde su utilidad.

Para el caso concreto, la utilidad de la norma se ve reflejada en la efectividad que se tiene en la protección de los derechos del elegido, pero también del elector y, sobre todo, de los ciudadanos en general. En efecto, para el caso de los contralores, la Corte Constitucional estableció: “En cuanto trata de los contralores municipales en encargo, con arreglo a la reforma que sufrió el inciso 8º del artículo 272 de la Carta por virtud del Acto Legislativo 02 de 2015, tales funcionarios se encontrarían inhabilitados para ser elegidos como contralores cuando, dentro de los doce meses anteriores a la elección, hubieren fungido como contralores municipales o como meros empleados públicos del respectivo municipio. Lo anterior, con arreglo a lo previsto en los numerales 2 y 5 del artículo 37 de la Ley 617 de 2000, que reformaron el artículo 95 de la Ley 136 de 1994 a que remite el literal c) del artículo 163 de dicha ley como causales de inhabilidad para ser elegido contralor municipal; inhabilidades estas que encuentran mayor apoyo en la contingente situación de conflicto de intereses ya advertida en esta providencia…”. (…). [C]uando la norma refiere a que sea “compatible”, lo que permite cobijar es el propósito de la regla en que se fundamenta, sin que ello suponga perder su carácter restrictivo o se confunda con la interpretación analógica, o con la interpretación expansiva. (…). Por manera que, al llenar de contenido la expresión “compatible” con el hecho que se pueda predicar la causal de inelegibilidad de los contralores por el ejercicio de autoridad administrativa, en últimas lo que busca esta Sección es que no se utilice dicha prerrogativa para garantizar la elección o el acceso a un empleo, finalidad que persigue mantener la igualdad, transparencia e imparcialidad entre los participantes, en aras de garantizar el no vaciamiento de contenido de dichos principios rectores de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho. (…). Luego, ante el interrogante planteado, la Sala encuentra que sí es aplicable al caso de contralor, la inhabilidad descrita en el numeral 2° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, por remisión expresa del 163 ibidem.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la declaratoria de inexequibilidad de la expresión “o como encargado” del literal a) del artículo 163 de la Ley 136 de 1994, que obedeció a que hacía más gravoso el término que duraría la inhabilidad de contralor, consultar: Corte Constitucional, C-126 de 2018. Sobre la expresión “compatible” a la que hace referencia la norma de reenvío, debe hacerse bajo la lógica de la interpretación restrictiva aducida por la Sala Plena de esta Corporación, a que el texto dispositivo se encuentre en consonancia con la finalidad o propósito de la norma inhabilitante, es decir, que responda a su poder normativo, eficacia inmediata y salvaguarde su utilidad, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de enero del 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 11001-03-28-000-2018-00031-00(SU). En cuanto a que en el caso de los contralores, la Corte Constitucional estableció: “En cuanto trata de los contralores municipales en encargo, con arreglo a la reforma que sufrió el inciso 8º del artículo 272 de la Carta por virtud del Acto Legislativo 02 de 2015, tales funcionarios se encontrarían inhabilitados para ser elegidos como contralores cuando, dentro de los doce meses anteriores a la elección, hubieren fungido como contralores municipales o como meros empleados públicos del respectivo municipio”, consultar: Corte Constitucional, sentencia C-126 de 2018.

INHABILIDAD CONSTITUCIONAL DEL CONTRALOR MUNICIPAL - De la aplicación de la sentencia SU-566 de 2019

[L]a Corte Constitucional no descartó de manera absoluta la aplicación del contenido normativo del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, sino que, precisó que, en cada caso particular, correspondía analizar si había lugar a ello o no, en aras de evitar un uso abusivo de las funciones públicas en beneficio de intereses particulares propios o de terceros, rompiendo la igualdad e imparcialidad en detrimento del interés público. Además, debe resaltarse que los efectos de las sentencias de constitucionalidad obligan a todos los intérpretes a su implementación en los términos allí establecidos bajo el principio de cosa juzgada constitucional, por lo que bajo la ratio establecida en sede de constitucionalidad a través de la sentencia C-126 de 2018, se encontró exequible la remisión prevista en el artículo 163 de la Ley 136 de 1994, en lo que fuera aplicable, siempre que se respeten los postulados constitucionales, (…). Así, la posición que viene sosteniendo esta Sala, no es opuesta a la señalada por la Corte Constitucional en la SU-566 de 2019, en tanto ésta se profirió bajo la perspectiva de control concreto de constitucionalidad, mientras que, en la C-126 de 2018 se determinó la protección al interés general bajo la perspectiva sistemática de sostenimiento de los principios rectores de la función pública. (…). En respuesta al segundo interrogante, se tiene que sí hay lugar a dar aplicación a la decisión de la Corte Constitucional, pero bajo los razonamientos previamente reseñados, lo que en nada implica que se deba concluir en el mismo sentido, pues como se viene diciendo, depende del análisis de cada caso particular.

INHABILIDAD CONSTITUCIONAL DEL CONTRALOR MUNICIPAL / ELECCIÓN DEL CONTRALOR MUNICIPAL - De la presunta necesidad de retomar la posición de la Sala por contener una interpretación más restrictiva de la inhabilidad / ACCESO A CARGO PÚBLICO – No es un derecho absoluto

[E]s pertinente señalar que el derecho de acceder a cargos públicos, si bien es fundamental, no es absoluto por lo que, aunque con la reforma de 2019, la Constitución se refiere al hecho de haber ocupado empleos en la rama ejecutiva, de la que, en efecto, no hacen parte los órganos de control, ello no es excluyente de la normativa legal del artículo 95.2 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, en tanto es compatible con el anterior precepto. (…). Sobre este particular, encuentra la Sala que, aunque para el caso de los contralores esta Sección en un inicio consideró que la inhabilidad consagrada en el numeral 2º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, no era aplicable a los contralores, debido a que su situación fue regulada por el artículo 272 constitucional; la misma Sala precisó que este precepto al ser modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015, cambió el supuesto fáctico de la inhabilidad; en consecuencia, dicho antecedente no resulta aplicable, pues, a partir de la precitada reforma, la inhabilidad quedó circunscrita a los cargos desempeñados en el nivel ejecutivo del orden departamental, distrital o municipal, dejando al descubierto otros aspectos que claramente devendrían en contrarios a los principios constitucionales de transparencia e igualdad. (…). [C]on la reforma introducida mediante el Acto Legislativo 04 de 2019, la inhabilidad respecto del ejercicio de cargos públicos se amplió y ya no importaba el carácter jerárquico del cargo, sino que se extendió a todos los niveles y, puntualmente, para el acceso al cargo de contralor territorial, la limitación solo es aplicable a los cargos públicos de la rama ejecutiva del respectivo nivel, modificación que no varió la jurisprudencia del Consejo de Estado que supone la coexistencia de la inhabilidad constitucional, con la dispuesta en el artículo 95.2 de la Ley 136 de 1994, para éstos, en tanto su ámbito de protección es diferente. De lo anterior se pude concluir que, con las modificaciones introducidas por los diferentes actos legislativos, el juez electoral de la mano con el juez de control abstracto de constitucionalidad, en sentencia C-126 de 2018, determinaron como factible hacer compatible la inhabilidad establecida en el numeral 2° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, a los contralores, para garantizar como ya se reseñó, la pureza de los procesos eleccionarios; pues se trata de una sentencia de constitucionalidad a la que ha dado estricta aplicación esta Sala Electoral, como corresponde. Así, la Sala descarta la posibilidad de retomar la posición que se había asumido con anterioridad a la reforma introducida por el Acto Legislativo 02 de 2015 al artículo 272 de la Constitución, en tanto la inhabilidad se aplica por expresa remisión del artículo 163 de la Ley 136 de 1994, y las razones que exponen los apelantes, no son suficientes para determinar que la norma constitucional excluya la legal, por el contrario, se considera que la una respetando su rango es complementaria de la otra. Lo anterior, para esta Sala Electoral no comporta un desconocimiento del principio de interpretación restrictiva de la inhabilidad, entendida como lo señaló la Sala Plena de la Corporación, como la que busca la aplicación de la norma a casos concretos o a los eventos establecidos por el constituyente o el legislador como circunstancias de inelegibilidad, sin lugar a analogías, extensiones, o interpretaciones amplias, siempre que, su aplicación se limita a los verbos rectores que el legislador o el constituyente emplearon en la redacción de la causal y sin extender su interpretación a otros distintos que no se encuentren contenidos en la norma. (…).

Para este operador judicial, mal podría entenderse que la aplicación de una norma legal que contiene una inhabilidad comporte una forma de aplicación extensiva, cuando su remisión se encuentra expresa en la misma ley, lo cual equivale a que su contenido sea el de aplicación directa, pero además obligatoria. Fue precisamente el legislador el que de manera expresa dispuso para la elección de contralores, la remisión a la inhabilidad establecida para alcaldes en lo pertinente y la Corte Constitucional, la que precisó que el numeral 2° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 les era aplicable. Si bien el legislador pudo transcribir el contenido de la normativa dispuesta como causal de inelegibilidad para los alcaldes y adecuar su redacción a la elección que se acusa en esta oportunidad, el efecto de expresar una remisión en el contenido legal es exactamente el mismo; por manera que no es un capricho del juez ni es una manera arbitraria la aplicación de la causal, sino que constituye una disposición legal. No existe la posibilidad de que el juzgador, bajo el criterio de interpretación restrictiva ignore la remisión legal a que se refiere el literal c) del artículo 163 de la Ley 136 de 1994, pues no es facultativo aplicar o no las causales de inhabilidad a los destinatarios de los preceptos legales y constitucionales. Ahora, si bien ante dos interpretaciones posibles, se debe dar aplicación a la que menos restrinja el derecho de acceder a los cargos públicos, en el caso particular no se encuentran las dos posibilidades a que aducen los apelantes, sino que se advierte solo una posible, que corresponde con el principio pro electoratem o por el electorado, según la cual el derecho del electorado ha de prevalecer sobre el de una persona para postularse y ser elegida para el empleo estatal, toda vez que la remisión que el artículo 163 de la Ley 136 de 1994 hace al artículo 95 ibídem, es clara, al igual que el contenido de la causal de inelegibilidad, pues no evidencia ninguna dificultad ni duda en su interpretación y aplicación, por esta razón no resulta pertinente invocar los principios de proporcionalidad o pro homine. (…). En consecuencia, no se encuentra que la aplicación de la inhabilidad en el asunto de la referencia constituya una interpretación inadecuada y no se advierten razones para retomar la tesis que fue modificada con ocasión de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015.

NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a que para el caso de los contralores esta Sección en un inicio consideró que la inhabilidad consagrada en el numeral 2º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, no era aplicable a los contralores, debido a que su situación fue regulada por el artículo 272 constitucional; la misma Sala precisó que este precepto al ser modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015, cambió el supuesto fáctico de la inhabilidad, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 22 de abril de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 15001-23-33-000-2020-00120-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 6 de febrero de 2003, M.P. Mario Alario Méndez, radicación 2001-0387. En cuanto a que mediante el Acto Legislativo 04 de 2019, la inhabilidad respecto del ejercicio de cargos públicos se amplió y ya no importaba el carácter jerárquico del cargo, sino que se extendió a todos los niveles y, puntualmente, para el acceso al cargo de contralor territorial, la limitación solo es aplicable a los cargos públicos de la rama ejecutiva del respectivo nivel, modificación que no varió la jurisprudencia del Consejo de Estado que supone la coexistencia de la inhabilidad constitucional, con la dispuesta en el artículo 95.2 de la Ley 136 de 1994, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 22 de abril de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 15001-23-33-000-2020-00120-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 15 de octubre de 2020, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 70001-23-33-000-2020-00035-01.

INHABILIDAD CONSTITUCIONAL DEL CONTRALOR MUNICIPAL / ELECCIÓN DEL CONTRALOR MUNICIPAL - Del presunto trato desigual de la jurisprudencia de la Sección en situaciones similares a los contralores, en relación con los personeros

[C]onsideran los recurrentes que la Sala tiene un criterio desigual al momento de estudiar la misma situación para los personeros que para los contralores, pues, mientras que para estos últimos aplica la inhabilidad establecida para los alcaldes en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, a los primeros no se les efectúa dicha remisión en tanto ya se encuentra regulada la inhabilidad en la normativa constitucional, tesis que, a su juicio, debería extenderse a los contralores por ser la que en mayor medida, garantiza los derechos fundamentales de quienes pretenden acceder a cargos públicos. Para la Sala, no les asiste la razón a los recurrentes en tanto la situación en uno y otro caso no son exactamente iguales, ya que, si bien el literal a) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994, efectúa una remisión, en lo aplicable, al numeral 2° del artículo 95 de la misma ley, el resultado del análisis al que ha llegado la Sala es que, en tal caso, no existe la mencionada compatibilidad. Si bien lo anterior, a simple vista, pareciera contradictorio, acudiendo al contenido normativo de cada situación y al desarrollo jurisprudencial de esta Sala Electoral, se concluye que no lo es y que la posición frente a una y otra remisión no es vulneradora de la igualdad, sino que obedece a las particularidades de cada precepto. Así, el artículo 174 de la Ley 136 de 1994, que contiene las inhabilidades para ser elegido personero, en su literal a) preceptúa que también deben considerarse las causales establecidas para el alcalde municipal, en lo que sea aplicable, lo que ha justificado que la parte demandada haya acudido al numeral 2° del artículo 95 de la misma ley, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, del que ya se conoce su contenido en esta providencia. Para esta Sala Electoral, acogiendo el criterio de la Corte Constitucional, la aplicación de la causal de inhabilidad del artículo 95.2 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, (así como la contenida en el numeral 5° ibídem), sobre el hecho de haber ocupado con anterioridad cargos públicos, no resultan aplicables a la elección de personeros, en tanto el legislador se ocupó de manera especial frente a éstos, en el literal b) del artículo 174 de la misma ley, de modo que resultaba innecesaria la remisión a otras normas. El mencionado literal, establece que no podrá ser elegido personero quien: haya ocupado durante el año anterior, cargo o empleo público en la administración central o descentralizada del distrito o municipio, por lo que, frente a la elección de personeros, no resulta viable la remisión a los numerales 2 y 5 artículo 95 de la Ley 136 de 1994, ya que la misma norma especial para la elección de personeros, contenida en el artículo 174 de la misma Ley, se ocupó de las causales de inelegibilidad por el hecho de haber ocupado cargos públicos.

Por otro lado, se trata de cargos disímiles por lo que no se encuentra viable señalar los requisitos, presupuestos, condiciones de elegibilidad ni el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de un cargo a otro, salvo cuando así lo prevea el legislador y, en este caso, fue el mismo constituyente que en el artículo 272 Superior hizo referencia a los contralores y en el 174 ib., a personeros, independiente de que en uno y otro caso se haga una remisión a las causales de inelegibilidad establecidas para los alcaldes, en lo aplicable; pues corresponderá analizar su contenido en cada caso en particular. (…). [P]ara la Sala no hay lugar a realizar la misma afirmación que se ha hecho en relación con la remisión a las causales de inelegibilidad de alcaldes cuando se censura la elección de personeros, en tanto las razones que se expresaron para no acudir a la inhabilidad de alcaldes no son predicables de los contralores territoriales, en tanto para aquellos la normativa se planteó de forma muy amplia que hace innecesaria la remisión a las causales de inhabilidad de los alcaldes y en ese sentido por ello se estimó que ésta no era compatible; mientras que, para el caso de los contralores, con las modificaciones de los actos legislativos de 2015 y 2019, las inhabilidades resultan más específicas y concretas, lo que conlleva, bajo el concepto de compatibilidad, a la aplicación de las inhabilidades de los alcaldes, por remisión expresa del artículo 163 de la Ley 136 de 1994, pues se insiste, sí son concurrentes y en consecuencia, no resultan excluyentes sino como un complemento acorde con los principios de la función pública en aras de evitar algún provecho de los participantes en el trámite de acceder a los cargos públicos. (…). Así, toda vez que la elección que se acusa se produjo por el Concejo municipal de Sincelejo, el 10 de enero de 2020, es decir, con posterioridad a la modificación introducida por el Acto Legislativo N° 4 de 2019 al artículo 272 constitucional y, teniendo en cuenta que se mantiene para el caso particular, la aplicación del artículo 95.2 de la Ley 136 de 1994, como inhabilidad para ocupar el cargo de contralor territorial, se tiene que, en los estrictos términos en que se previó la causal de inhabilidad, sí se configuró la situación de inelegibilidad en cabeza de la demandada. A esta conclusión se llega, por el hecho de haber desempeñado con anterioridad a la elección, un cargo que implica ejercicio de autoridad administrativa, en el lugar en donde ejercería las funciones de contralora, pues antes de la designación controvertida, la demandada, como contralora encargada, por la entonces renuncia de su titular, ejerció tal autoridad, situación que fue analizada en detalle y que no fue objeto de apelación, ya que la censura, como se indicó, se encaminó a pretender que se declarara que a la demandada no le era aplicable la causal del artículo 95.2 de la Ley 136 de 1994, modificado por el 37 de la Ley 617 de 2000, pero no se discutieron las razones que llevaron al primer fallador a concluir el ejercicio de dicha autoridad en razón de su encargo como contralora municipal de Sincelejo. Por manera que, aunque las variaciones en la jurisprudencia han obedecido a la necesidad de ajustar la interpretación conforme a los cambios constitucionales; la posición de la Sección ha sido constante, en el entendido de valorar y contrastar la finalidad de la inhabilidad constitucional y la posible subsunción con la prevista legalmente, siempre con miras a proteger los principios de igualdad, moralidad, transparencia e imparcialidad y, en esta ocasión, se concluye que la inhabilidad del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de 2000, es complementaria de la constitucional y, por consiguiente, resulta aplicable a la elección de contralores territoriales.

En ese orden, la Sala considera que los apelantes no desvirtuaron la incursión en inhabilidad de la demandada, al momento de su elección como contralora municipal de Sincelejo, para el período 2020-2021, por tanto, se confirmará sentencia de primer grado.

NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a que, a través del derecho electoral, como rama autónoma del derecho público, se concreta la función electoral, que de alguna manera tiene como fin último organizar, legitimar y restringir el poder, por lo que se constituyen sobre los principios pro hominum y pro electoratem, que deben regir el ejercicio de la función y su control por parte de las autoridades judiciales, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 28 de noviembre de 2018, M.P. Alberto Yepes Barreiro, radicación 11001-03-28-000-2018-00614-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 11 de octubre de 2018, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 11001-03-28-000-2018-00028-00. Sobre la aplicación de la causal de inhabilidad del artículo 95.2 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, (así como la contenida en el numeral 5° ibídem), sobre el hecho de haber ocupado con anterioridad cargos públicos, no resultan aplicables a la elección de personeros, en tanto el legislador se ocupó de manera especial frente a éstos, en el literal b) del artículo 174 de la misma ley, de modo que resultaba innecesaria la remisión a otras normas, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 73001-23-33-002-2018-00204-03. Con respecto a que la inhabilidad del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de 2000, es complementaria de la constitucional y, por consiguiente, resulta aplicable a la elección de contralores territoriales, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 15 de octubre de 2020, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 70001-23-33-000-2020-00035-01.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 40 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 272 INCISO 8 / ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2015 / ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2019 / LEY 136 DE 1994 - ARTÍCULO 95 NUMERAL 2 / LEY 136 DE 1994 - ARTÍCULO 163 / LEY 136 DE 1994 - ARTÍCULO 174 LITERAL A Y B / LEY 617 DE 2000 – ARTÍCULO 37

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., cinco (05) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 70001-23-33-000-2020-00035-02

Actor: ELKIN MONTERROZA GÓMEZ

Demandado: VIVIAN MARÍA MONTAÑO GONZÁLEZ - CONTRALORA MUNICIPAL DE SINCELEJO, PERÍODO 2020-2021

Referencia: NULIDAD ELECTORAL - Nulidad electoral por inhabilidad de contralor municipal, compatibilidad del artículo 95.2 de la Ley 136 de 1994 con las causales de inelegibilidad de los contralores y personeros. Ejercicio como empleada pública que denota autoridad administrativa dentro de los 12 meses anteriores a la designación

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA- REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

Procede la Sala a decidir mediante sentencia de segunda instancia los recursos de apelación interpuestos por la demandada y por el concejo municipal de Sincelejo, contra el fallo proferido el 14 de abril de 2021, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Sucre, declaró la nulidad de la elección de la señora Vivian María Montaño González, como contralora municipal de Sincelejo, período 2020-2021.

ANTECEDENTES

La demanda

2. El señor Elkin Monterroza Gómez, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, el 11 de febrero de 2020, demandó la nulidad parcial del Acta #007 del 10 de enero de 2020, proferida por el Concejo municipal de Sincelejo, por la cual se declaró la elección de la señora Vivian María Montaño González como contralora del mismo ente territorial, para el período 2020-2021.

Pretensiones

“1.- Declarar la nulidad parcial del acta No. 007 del 10 de enero de 2020, proferida por el concejo municipal de Sincelejo, por la cual se declara la elección de la señora VIVIAN MARÍA MONTAÑO GONZÁLEZ como contralora municipal de la ciudad de Sincelejo para el período 2020-2021, por haber incurrido la elegida, en la inhabilidad prevista en el inciso 8 del artículo 272 de la Constitución Política al haber ejercido un cargo del orden ejecutivo a nivel municipal dentro del año anterior a la declaratoria pública de su elección, igualmente, por encontrarse la demandada, incursa en las circunstancias establecidas en el artículo 95-2 de la Ley 136 de 1994, (modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000), por cuanto como empleada pública ejerció autoridad administrativa dentro de los doce (12) meses anteriores a su elección como contralora (e) municipal de Sincelejo, nulidad que se solicita (…)”.

Hechos

3. La demanda se sustenta en los siguientes supuestos fácticos que sintetiza la Sala:

4. La señora Vivian María Montaño González, se desempeñó como directora de control fiscal de la contraloría de Sincelejo y, en ejercicio de ello, fue nombrada contralora en encargo mediante Resolución No. 2488 del 29 de mayo de 2019, proferida por la alcaldía del mismo municipio, cargo que ocupó a partir del 31 de mayo de 2019.

Mientras se desempeñaba como contralora en encargo, el Concejo municipal, mediante Acta No. 007 del 10 de enero de 2020, declaró la elección de la señora Vivian María Montaño González, para ejercer el mismo cargo en titularidad.

1.1.3.- Normas violadas y concepto de la violación

Señaló la parte demandante que, con la elección censurada, se desconocieron las siguientes normas:

-. El inciso 8° del artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, conforme al cual, “no podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año, miembro de la Asamblea o Concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público en la rama ejecutiva del orden departamental, distrital o municipal”, al haberse desempeñado, dentro de los 12 meses anteriores a su elección, como contralora encargada del municipio en el que resultó electa.

Adujo que el cargo de contralora encargada, en el ámbito de sus competencias, se considera como del nivel ejecutivo en el orden municipal y tiene la prerrogativa de fenecer el presupuesto del concejo de Sincelejo, por lo que tiene facultades de índole jerárquica, con capacidad de influencia.

Precisó que la contraloría que ocupó en encargo era del nivel ejecutivo dentro del municipio con funciones de control fiscal, por lo que se configura la inhabilidad prevista en el artículo 272.8 Superior. De otra parte, sostuvo que la calidad de encargada no inhibe el acaecimiento de la causal de inelegibilidad, por cuanto dicha situación administrativa se originó ante la ausencia absoluta del titular, lo que permitió su designación temporalmente, por lo que contaba con las atribuciones del contralor en propiedad.

Indicó que, entre otras situaciones, la demandada en su calidad de encargada ejerció el control sobre el presupuesto del municipio de Sincelejo y sobre las entidades que les correspondió ejecutarlo, como es el caso del concejo de dicha territorialidad, que determinó elegirla contralora.

Afirmó que la referida norma, tiene como propósito que el funcionario seleccionado no pueda o no tenga la posibilidad de intervenir posteriormente en sobre los actos que él mismo expidió en el desempeño de funciones, máxime cuando se trata de una contralora encargada que, sin solución de continuidad, llega a ser titular del mismo empleo, lo que implica que ejerció control sobre el presupuesto municipal de Sincelejo y sobre las entidades que les correspondió ejecutarlo, dentro de las que se encuentra el concejo municipal que determinó su elección como titular.

Agregó que el inciso del artículo constitucional referido, no preceptúa algún condicionamiento para determinar si se trata de una norma de contenido restrictivo funcional que prevenga lo que denominó el “yo te elijo, tú me eliges”, por lo que su finalidad es la de evitar la presencia de un conflicto de intereses que despojaría de contenido la defensa del interés general, si se llega a permitir que el elegido controle posteriormente sus propios actos, expedidos en el mismo empleo que se hace elegir y que con su poder de intimidación, impida la elección de quien democráticamente espera acceder a dicho cargo en igualdad de condiciones.

Señaló que en principio, se trata de un proceso contencioso objetivo, cuya prueba se reducía a demostrar solamente el desempeño del cargo, dentro de los 12 meses anteriores a la elección como contralora, para lo cual, se encontraban acreditados los elementos de la inhabilidad, esto es: i) temporal: que la demandada dentro del señalado lapso estuviera desempeñando funciones con autoridad administrativa, lo cual se demuestra con el nombramiento que le hace la alcaldía de Sincelejo como contralora encargada desde mayo de 2019; ii) territorial: referente a que el ámbito de sus competencias se hubiera desarrollado en un ente con competencias atribuidas dentro del municipio de Sincelejo, lo cual se encuentra igualmente acreditado; iii) modal: que sea de nivel directivo o con capacidad de influencia.

Artículo 95.2 de la Ley 136 de 1994 (modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000).

Indicó que el artículo 163 de la Ley 136 de 1994, contempla que a los contralores les son aplicables las inhabilidades de los alcaldes, consignadas en el artículo 95 ídem, entre ellas, la correspondiente al ejercicio de autoridad administrativa, situación que se concreta por haber desempeñado las funciones de contralora municipal (e), lo cual le sirvió de plataforma política para obtener el beneficio de los concejales electores.

Agregó que, la demandada ejerció la facultad de nominación en la contraloría, como se observa en las resoluciones: Nos. 109, 99, 92, 94, 105, 107 y 90 de 2019, mediante las cuales afectó su presupuesto porque ordenó pagos, gastos, vacaciones, liquidaciones, asignó comisiones, autorizó desplazamientos, modificó la jornada laboral, dispuso asistir a una fiesta, designó reemplazos y efectuó el nombramiento de un revisor fiscal; todas las cuales configuraron el ejercicio de autoridad administrativa por parte de la demandada como contralora encargada.

Adujo que el cargo de contralora (e), durante el año inmediatamente anterior a su elección, le confirió facultades en el municipio de Sincelejo, que se materializaron con la expedición de actos administrativos a través de los cuales otorgó licencias, vacaciones, comisiones, funciones, afectó el presupuesto, etc., situaciones que comportan ejercicio de autoridad administrativa y la hizo incurrir en la inhabilidad del artículo 95.2 de la Ley 136 de 1994, modificada por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000.

Señaló que con la elección que se censura se cumplen los 3 requisitos de la inhabilidad contenidos en la norma: i) temporal, ii) jurisdiccional o del ejercicio de autoridad y iii) territorial; por lo que, de acuerdo con la ley, la demandada no resultaba apta para ejercer el cargo, pues se desempeñó como contralora municipal encargada, incluso hasta el momento de su elección, es decir, dentro de los 12 meses anteriores a su designación y sus funciones las desempeñó en el municipio de Sincelejo.

El artículo 209 de la Constitución Política que promueve y defiende el acceso a la función administrativa en condiciones uniformes, precepto que encuentra en el establecimiento de las inhabilidades su protección, en tanto evita que se entorpezca el derecho a la igualdad y de acceso a cargos públicos.

Aduce que se desconoció el derecho a la igualdad de los demás aspirantes, pues se eligió a la demandada, luego de que ésta le hubiera notificado en 2019, una serie de hallazgos disciplinarios al órgano elector, lo que inclinó la balanza en su favor.

Concretó la anterior manifestación, en que el 29 de julio de 2019, mediante comunicación escrita dirigida al presidente del concejo municipal, remitió el informe de auditoría seguido a esa corporación, en el que indicó que se le practicó una valoración al manejo de recursos económicos dispuestos al órgano colegiado, sobre aspectos contractuales, rendición de cuentas, gestión presupuestal, en donde profirió concepto favorable de las cuentas fiscales del concejo municipal, con la advertencia sobre 9 hallazgos de carácter administrativo y disciplinario.

Solicitud de medida cautelar

En escrito separado, la parte demandante pidió como medida cautelar la suspensión provisional del acto acusado, con sustento en los mismos hechos y fundamentos de la demanda y, agregó que resultaba necesaria para lograr la protección y garantía del objeto del proceso, como la efectividad de la sentencia solicitada.

Señaló que de acuerdo con el criterio de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, “independientemente de la condición de titular o encargado de la función de contralor municipal o de auditor de la contraloría municipal, los funcionarios que ejerzan dichos cargos, tendrían capacidad de utilizar los poderes inherentes a sus funciones para incidir en beneficio propio sobre el concejo municipal como órgano encargado del nuevo contralor a nivel municipal” (Corte Constitucional, Sentencia C-126 de 2018).

Lo anterior, a juicio del peticionario, se expuso en esos términos, con el fin de evitar el paradigma del “yo te vigilo, tú me eliges” que se advertía en la elección de contralor de Sincelejo, con la evidencia de los 9 hallazgos en la auditoría realizada al concejo municipal, pocos meses antes de su elección en propiedad que, con su sola notificación, intimidan a sus destinatarios, quienes conocedores de los hallazgos tenían la obligación de declararse impedidos, sin embargo, se aprovechó del cargo superior ocupado para obtener ventajas frente a los demás aspirantes.

1.3 Actuaciones Procesales

1.3.1 Admisión de la demanda y decisión sobre la medida cautelar

Mediante auto del 13 de marzo de 2020, el Tribunal Administrativo de Sucre resolvió admitir la demanda de nulidad electoral y decretar la medida cautelar formulada; en consecuencia, declaró la suspensión provisional de los efectos del acto que declaró la elección de la señora Vivian María Montaño González, como contralora municipal de Sincelejo, contenida en el acta No. 007 del 10 de enero de 2020, decisión que fue confirmada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante providencia del 15 de octubre de 2020.

Las razones que llevaron a declarar la medida, en síntesis, obedecieron a que no se halló razón para inaplicar el contenido del artículo 95.2 de la Ley 136 de 1994, por remisión expresa que hace el literal c) del art. 163 ibídem, a la elección de contralor territorial y, al analizar los requisitos de inelegibilidad de dicha norma, se advirtieron cumplidos así: i) hecho generador: toda vez que la elegida estaba ocupando un cargo que representaba ejercicio de autoridad administrativa, de acuerdo con el manual de funciones del empleo que ocupó en encargo, como contralora municipal de Sincelejo ii) elemento temporal: lo fue en los 12 meses anteriores a la elección ya que estuvo en él, hasta el momento de su elección y iii) territorial: en el respectivo municipio donde fue elegida.

1.3.2 Contestación de la demanda

1.3.2.1.- Vivian Montaño González - demandada: Por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda.

Señaló que el inciso 8° del artículo 272 de la Constitución Política fue modificado por el Acto Legislativo No. 04 de 2019, por tal razón, la inhabilidad del contralor municipal se concretaba en el hecho de haber ocupado cargo público en la rama ejecutiva del orden departamental, distrital o municipal en el año inmediatamente anterior, lo que no sucedió en su caso.

Manifestó que, en relación con la extensión de la inhabilidad de los alcaldes, contenida en el numeral 2° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 modificada por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, a los contralores municipales, existen dos posibles interpretaciones, por lo que corresponde al operador jurídico elegir la que sea menos restrictiva al derecho fundamental de acceder a cargos públicos, en virtud de los principios de proporcionalidad y pro homine, acorde con la sentencia SU-566 de 2019 de la Corte Constitucional.

Consideró que el principio pro electoratem, definido por el Consejo de Estado, no tiene aplicación, por tratarse de un cargo que no es de elección popular.

Propuso como excepciones de fondo, las que se señalan a continuación:

• Inexistencia de la inhabilidad contemplada en el inciso 8° del artículo 272 Superior:

Señaló que la contraloría de Sincelejo, no integra la rama ejecutiva municipal, pues la noción de rama ejecutiva, corresponde a la administración pública central y excluye a las otras ramas del poder y a los órganos constitucionalmente autónomos como lo son dichas contralorías, que tienen a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de los resultados de la administración (art. 119 Superior) y gozan de plena autonomía e independencia para el desarrollo de su gestión fiscal, en el marco del Estado unitario señalado en el artículo 1° Constitucional.

Enseguida, se refirió a lo que se entiende por rama ejecutiva de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998 y concluyó que las contralorías son órganos de control que no integran las ramas del poder público y, en consecuencia, no hacen parte de la administración central o descentralizada del departamento, distrito o municipio, como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-557 de 2009, al precisar que: “…las contralorías no hacen parte de ninguna rama del poder público, como tampoco del nivel central o del nivel descentralizado, pues, sencillamente, constituyen órganos autónomos e independientes, lo cual debe redundar en la independencia requerida en todo hacer controlador”.

Por lo anterior, consideró que el hecho de haber ejercido el cargo de contralora (e) no la inhabilitaba para ser elegida, ya que los contralores municipales no integran la rama ejecutiva del orden municipal y toda vez que no se trató de una reelección.

-Inexistencia de la inhabilidad contemplada en el numeral 2° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 por interpretación restrictiva del literal c) del artículo 163 ibidem

Señaló que de acuerdo con la jurisprudencia, las normas que contienen inhabilidades como excepción y restricción al derecho político que le asiste a toda persona de acceder y desempeñar en condiciones de igualdad, funciones o cargos públicos, deben ser interpretadas y aplicadas de manera restrictiva y no extensiva; y, de acuerdo con ello, la causal de la norma referida no tendría aplicación para el caso de contralor municipal.

Adujo que no todas las causales de inelegibilidad de los alcaldes inhabilitan a los contralores municipales y, por ello, el legislador condicionó su eficacia solo para aquellas en lo que sea aplicable, y precisó que debía acudirse a los criterios de la Corte Constitucional, expuestos en la sentencia C-767 de 1998, conforme a los cuales, “en aquellos eventos en que esa extensión carezca de evidente razonabilidad, o exista duda sobre su pertinencia, debe entenderse que la inhabilidad del alcalde no es aplicable al personero…”.

Aseguró que, en igual sentido, el Consejo de Estado en el año 2003, sostuvo que la inhabilidad contenida en el numeral 2° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 no aplicaba para el caso del contralor municipal y que dicha posición fue reiterada en providencia del 2009, en la que, entre otras cosas, se señaló que “la Constitución Política previó una inhabilidad específica para ser Contralor cuando la persona haya ocupado previamente cargo público en el orden departamental, distrital o municipal y, por tal razón, en atención al principio de interpretación restrictiva de las inhabilidades, no es razonable extender a los Contralores la inhabilidad prevista en el numeral 2º del artículo 37 de la ley 617 de 2000”.

Indicó que, en el mismo sentido, lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia de unificación SU-566 del 27 de noviembre de 2019 que especificó que ello se debe a que, en tales casos, se aplica de preferencia la causal especial prevista en la Constitución.

Por otro lado, citó una decisión del Consejo de Estado que, al referirse a la norma que contiene el mismo supuesto en el régimen de inhabilidades del personero municipal aclaró, que al existir norma especial que contempla la inhabilidad resulta desproporcionado acudir a otras disposiciones, lo que adujo, resultaba aplicable al asunto de contralor, por tratarse del mismo supuesto de hecho y de derecho.

Solicitó que se apliquen al caso, los principios de proporcionalidad y la cláusula de favorabilidad, pues según la Sección Quinta, la inhabilidad consagrada en el numeral 2° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 no aplica a los personeros y, por lo mismo, no debería tenerse en cuenta respecto de los contralores.

Precisó que, sobre la extensión de la inhabilidad de los alcaldes al cargo de contralor, existen dos interpretaciones: i) del Consejo de Estado, que abogó por su aplicación al régimen de contralor; y ii) de la Corte Constitucional, que en sentencia de unificación SU-566 de 2019, aseguró que resultaba inconstitucional, al señalar que debía preferirse la causal de inelegibilidad contenida en la Constitución, para contralores, posición que compartía el Consejo de Estado antes del Acto Legislativo 02 de 2015.

Adujo que la postura modificada por el Consejo de Estado, obedeció a la expedición del Acto Legislativo 02 de 2015, pero que el supuesto contemplado en éste, en lo que tiene que ver con las causales de inelegibilidad de los contralores departamentales, distritales o municipales, fue reformado en el Acto Legislativo 04 de 2019, con el que se modificó el inciso 8° del artículo 272 de la Constitución Política, a lo siguiente:

“No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de la Asamblea o Concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público en la rama ejecutiva del orden departamental, distrital o municipal”. (la subraya es de la Sala).

Aseguró que el supuesto que introdujo el Acto Legislativo 04 de 2019 al inciso 8° del artículo 272 Constitucional es distinto al que se había acuñado con el Acto del 2015, pues mientras en el primero se indicaba, entre otros que no podrá ser elegido quien “… haya ocupado cargo público en el nivel ejecutivo del orden departamental, distrital o municipal”, en el de 2019, se señala que “quien haya ocupado cargo público en la rama ejecutiva del orden departamental, distrital o municipal”, por lo que al Consejo de Estado le correspondería revivir la posición jurisprudencial que había trazado hasta antes del Acto Legislativo de 2015 y, en consecuencia, no acceder a las súplicas de la demanda.

1.3.2.2.- Concejo Municipal de Sincelejo: Se manifestó a través de apoderado, quien se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, al considerar inexistente la inhabilidad que se le endilga a la demandada.

Aseguró que, si bien la demandada fungió como contralora en encargo dentro de los 12 meses anteriores a su elección, allí ejerció funciones que no son de índole administrativa; además, su cargo no está considerado por el ordenamiento como de nivel directivo, asesor ni ejecutivo. Sus funciones se encuentran circunscritas a un manual y no puede esgrimirse que son administrativas, y en desarrollo de ellas, produjo unos resultados propios del cargo, como actividades de ejercicio de control y manejo, y no por ello puede aducirse que ejerce influencias o presiones, o que puede favorecer a quienes la eligieron.

Señaló que no había lugar a declarar la nulidad parcial del Acta No. 007 del 10 de enero de 2020, toda vez que se sujeta a la normatividad que rige la materia lo cual se sustenta en que el concejo municipal se asesoró de una universidad que realizó el estudio de las personas que podrían participar, por lo que éste, asumió de buena fe y plena confianza los nombres de quienes se candidatizaron para el proceso de selección.

Manifestó que, de acuerdo con la sentencia C-1372 de 2000 de la Corte Constitucional, cuando en la configuración de una inhabilidad confluya un elemento de temporalidad cuya prolongación resulte desproporcionada, para el logro de los fines por aquellos perseguidos, prevalece la protección de los derechos fundamentales consecuentemente restringidos.

Adujo que las pruebas allegadas con la demanda no son suficientes para demostrar la existencia de la presunta inhabilidad de la demandada, por lo que no es posible anular la elección que se acusa.

Afirmó que el proceso de elección estuvo acorde con el ordenamiento y con él se garantizaron los derechos de todos los participantes, teniendo en cuenta que el concejo municipal acogió la normativa que correspondía y, aunque no se trató de un concurso, se fundó en los mismos principios básicos de éste, incluso en el criterio de mérito, salvo al final del proceso de selección, en tanto las corporaciones públicas conservan la posibilidad de valorar y escoger entre los candidatos que han sido mejor calificados, con una discrecionalidad política entre quienes pasaron la prueba, por lo que cuando la Universidad entregó el listado, transmitió la confianza de que los incluidos en ella, habían pasado todos los filtros e incluso la presunta inhabilidad que insistió, era inexistente.

1.3.2.3 Tercero impugnador: el señor Mauricio Pinzón Jiménez, actuando en nombre propio, señaló que coadyuvaba la defensa de la demandada. Precisó que tanto las inhabilidades como las incompatibilidades deben estar expresamente contempladas en la norma y, además de taxativas, deben ser interpretadas de manera restrictiva.

En relación con las inhabilidades para quien haya fungido como contralor encargado, aseguró que no pueden interpretarse bajo igual situación fáctica de quien pudo ingresar a la función pública en el mismo cargo pero en propiedad, toda vez que la limitante tiene como objetivo prohibir la reelección de quien como tal, viene ocupando el cargo en esa condición, toda vez que existen diferencias sustanciales, pues en el encargo, se entiende que existe un nombramiento provisional, temporal para cubrir una situación administrativa laboral extraordinaria, mientras que quien accede en propiedad, goza de garantía o estabilidad por un período de 4 años.

Indicó que de acuerdo con lo regulado en la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios, los empleados pueden ser encargados para asumir total o parcialmente las funciones de empleos diferentes a aquellos para los cuales han sido nombrados por vacancia absoluta en el mismo, desvinculándose o no de las propias de su cargo; como un derecho que tienen siendo titulares de otro en carrera administrativa o en provisionalidad, para ocupar temporalmente en razón de la vacancia que, en este caso, se produjo por la renuncia de quien lo ocupaba y, una vez culmina el encargo, el empleado es reintegrado al anterior, lo que no ocurre en quien es elegido mediante un proceso de selección.

1.3.2.4 Coadyuvante: El señor José Adolfo Garzón Plazas, presentó solicitud en la que pidió que se le tuviera como coadyuvante de la demanda, sin sustentar las razones de su petición.

1.3.3 Reconocimiento de la intervención de los terceros

Por medio de auto del 11 de diciembre de 2020, el magistrado sustanciador del asunto admitió a los señores José Adolfo Garzón Plazas Y Mauricio Pinzón Jiménez como terceros intervinientes.

1.3.4 Auto que resuelve prescindir de la audiencia inicial, dispone dictar sentencia anticipada y corre traslado para alegar de conclusión y concepto por el Ministerio Público

Mediante providencia del 11 de diciembre de 2020, el magistrado sustanciador de la primera instancia dispuso dar aplicación a lo establecido en el numeral 1° del artículo 13 del Decreto 806 de 2020, en el sentido de dictar sentencia anticipada, para lo cual corrió traslado para alegar de conclusión.

1.4. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Sucre, mediante sentencia del 14 de abril de 2021, rechazó por extemporánea la solicitud de intervención presentada por el señor Deivi Antonio Angulo Sumoza.

A renglón seguido determinó que el problema jurídico a resolver sería el planteado en los siguientes términos:

“(…) establecer, si el acto de elección de la señora Vivian María Montaño González, en el cargo de contralor municipal de Sincelejo, período 2020-2021, consignado en el Acta 007 de fecha 10 de enero de 2020, proferido por el concejo municipal de Sincelejo, se encuentra viciado de nulidad. // En aras de resolver dicho planteamiento, la Sala deberá examinar si la señora Vivian María Montaño González, previo a su elección, se encontraba o no incursa en la causal de inhabilidad prevista en el inciso 8° del artículo 272 de la C.P., y en la consagrada en el numeral 2° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, en virtud de la remisión que consagra el literal c) del artículo 163 ibidem”.

Adujo que de acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional en sentencia C-393 de 2019, las inhabilidades constituyen una forma de control político a través del cual se limita el acceso a cargos públicos y tiene como finalidad anteponer el interés general al particular y evitar que quien pretenda su ingreso, estando antecedido de ocupar otro, en provecho o beneficio de las funciones que emanaban de él, afecte el ejercicio de las competencias y atribuciones del que busca ocupar.

Señaló que las inhabilidades que se predican para el ejercicio de determinados cargos públicos tienen dos características a saber: i) carácter taxativo: deben estar expresamente señaladas en la Constitución o la ley y ii) su aplicación e interpretación debe ser restrictiva y agregó que, en los casos en que se conciban causales legales y constitucionales para un mismo cargo en la administración pública, la previsión expresa en la Carta, no veta o margina al aparato legislativo para regular y ampliar las situaciones de inelegibilidad, como ocurre en el caso de contralor territorial que tiene de ambas, así:

En primer lugar, en el artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el Acto Legislativo 04 de 2019, que, entre otros, dispone los requisitos habilitantes e inhabilitantes, así:

-. Habilitantes o positivos generales: ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de 25 años, acreditar título universitario y las demás calidades que establezca la ley.
-. Inhabilitantes o negativos: quien en el último año tenga o haya tenido calidad de miembro de la asamblea o concejo que deba hacer la elección, o quien haya ocupado cargo público en la rama ejecutiva del orden departamental, distrital o municipal.

En segundo lugar, las estipuladas en el artículo 163 de la Ley 136 de 1994:

Artículo 163. INHABILIDADES. <Artículo subrogado por el artículo 9o. de la Ley 177 de 1994. El nuevo texto es el siguiente:> No podrá ser elegido Contralor, quien: (…) c) Esté incurso dentro de las inhabilidades señaladas en el artículo 95 y parágrafo de esta Ley, en lo que sea aplicable.

Indicó que esta norma, dispone expresamente la aplicación del artículo 95 de la misma Ley, referente a inhabilidades para ser alcalde, lo que significa que quien aspire a ser contralor municipal, además de estar exento de las inhabilidades generales, también debe estarlo en las previstas especialmente para el cargo en la Constitución y la ley.

En cuanto a la causal del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, indicó que la Corte Constitucional mediante sentencia SU-566 de 2019, sostuvo que sí era posible extender las inhabilidades allí previstas a la elección del contralor, en los eventos en que su aplicación fuera posible, esto es, cuando con ella se aseguren y amparen los principios de la función pública, es decir, en los eventos donde se ponga en peligro la imparcialidad, transparencia y moralidad que la rige.

Señaló que, sobre el referido asunto se pronunció la Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia de 4 de mayo de 2017, en la que consideró:

“En este punto, en particular el apoderado del Concejo municipal de Ibagué confunde dos causales de nulidad estructuralmente distintas, no sólo porque están contempladas en normas diferentes, sino porque tales normas tienen finalidades perfectamente distinguibles la una de la otra.

Como se explicó en el punto anterior, la finalidad de la inhabilidad incluida en el artículo 272 constitucional es evitar un permanente y masivo conflicto de intereses que en la práctica terminaría por vaciar de contenido el principio de prevalencia del interés general, el que se ocasionaría si quien ejerce las funciones de Contralor territorial tiene dentro de su ámbito de competencia el control sobre actuaciones propias anteriores.

Por su parte, la finalidad de la inhabilidad establecida en el numeral 2º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, consiste en evitar que con el ejercicio de autoridad administrativa en el respectivo ámbito territorial una persona pueda favorecer su propia candidatura al cargo de Contralor territorial, por la capacidad de influencia que le otorga dicha autoridad administrativa respecto de la corporación pública encargada de hacer la correspondiente elección, circunstancia que rompería las condiciones de igualdad en la competencia por el acceso al cargo, dando al traste con el principio de igualdad material.

De lo anterior, resulta evidente que las dos causales de inhabilidad tienen contenido sustancial estructuralmente distinto y, además, se puede establecer una distinción clara en cuanto a la finalidad que las acompaña, de manera que las mismas resultan perfectamente compatibles y aún complementarias en función de la prevalencia del interés general, a través de la protección que en conjunto procuran de los principios de igualdad, imparcialidad, transparencia y moralidad.”

Así mismo, señaló que la Sala Electoral del Consejo de Estado en pronunciamiento más reciente, estableció que “(…) la norma de contenido legal, es complementaria de la previsión inhabilitante del artículo 272 Superior, que buscan la protección de los principios de igualdad, imparcialidad, transparencia y moralidad para evitar que quien ejerza las funciones de contralor, obtenga una ventaja o beneficio por el hecho de haber ostentado un cargo con autoridad administrativa”; providencia que además indicó que el artículo 95 de la Ley 136 de 1994: i) resulta aplicable de forma complementaria y ii) opera para el caso de contralores encargados sobre la base de las previsiones contenidas en el literal c) del artículo 163 de la Ley 136 de 1994, de conformidad con los considerandos de principio plasmados por la Corte Constitucional en sentencia C-126 de 2018 que legitimó esta integración normativa, sin perjuicio de la declaratoria de inconstitucionalidad parcial del literal a) del artículo 163 ídem.

Frente a los argumentos de la defensa, referentes a que con la última reforma constitucional del artículo 272 Superior con ocasión del Acto Legislativo 04 de 2019, perdía vigencia la postura del Consejo de Estado relacionada con la extensión y aplicación de situaciones de inhabilidad estipuladas en el numeral 2° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 (modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000) para las elecciones de contralor municipal, citó la providencia de esta Sala Electoral, de 15 de octubre de 2020, mediante la cual se confirmó la suspensión provisional del acto de elección acá censurado y mantuvo el criterio de complementariedad de la norma legal a la constitucional, en tanto persiguen un objetivo común que es el de eliminar el abuso en el ejercicio de las funciones públicas de quienes ostentaban con anterioridad a la elección un empleo, cubriendo así diferentes ámbitos de protección de los principios de igualdad, imparcialidad, transparencia y moralidad.

Se refirió a una reciente decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se determinó que la declaratoria de inexequibilidad de la expresión “o como encargo” del literal a) del artículo 163 ibidem, no significa que los contralores encargados hubieran quedado desprovistos de inhabilidades del orden legal para acceder al empleo, en la medida que ellos pueden subsumirse en los supuestos previstos en el artículo 95.2 de la Ley 136 de 1994, toda vez que en el desempeño de sus funciones pueden ejercer autoridad administrativa.

Consideró que no era de recibo el argumento del concejo municipal sobre la exclusión de la inhabilidad señalada en el numeral 2° del referido artículo 95, para los contralores municipales, bajo el pretexto que así debía entenderse por cuanto el literal c) del artículo 163 de la misma ley detallada señaló que era “en lo que le sea aplicable”, pues ello resulta contrario a la naturaleza y finalidad de las garantías que se persiguen con el recto y debido ingreso a la función pública, además que distorsiona la voluntad del legislador y el sentido de la jurisprudencia.

Sobre el argumento del tercero interviniente, Mauricio Pinzón Jiménez, referente a que la inhabilidad no le aplicaba a quien ostentara el cargo en encargo, señaló que lo que se controvierte no es el encargo o designación de la demandada, pues en efecto, cuando no está establecida la inhabilidad para el encargo, no es dable aplicarle la de la titularidad, pero en este caso, la censura obedece a la provisión definitiva del empleo y a que la demandada estuvo en el año anterior encargada del cargo por vacancia absoluta de su titular, lo cual implica el ejercicio íntegro, completo y absoluto de las funciones asignadas constitucional, legal y reglamentariamente para dicho empleo.

Atendiendo que para el caso concreto le es predicable a la demandada la inhabilidad consagrada en el artículo 37.2 de la Ley 617 de 2000, el a quo puntualizó en el caso concreto frente a sus elementos estructuradores que, de acuerdo con la jurisprudencia, la autoridad administrativa comprende el ejercicio de funciones que impliquen el manejo y dirección de la correspondiente entidad, bien sea en el sector central, descentralizado del nivel nacional o territorial, u organismos de control, reflejado en el poder de decisión o mando, autónomo, con la capacidad suficiente de incidir en la adquisición y administración de bienes y servicios, mediante la celebración de convenios y/o contratos, e inclusive, en la incorporación de personal y los derechos laborales que ello implica.

Precisó que, en esta ocasión no estuvo en discusión que la demandada hasta la fecha de la elección como contralora municipal de Sincelejo, período 2020-2021, esto es, al 10 de enero de 2020, ocupó el mismo empleo como encargada por decisión del alcalde municipal, dada la vacancia por renuncia de su titular, por lo que no había duda conforme al manual específico de funciones y competencias laborales, que la mencionada dignidad tiene asignadas atribuciones que comportan el ejercicio de autoridad administrativa, como:

“- Representar legalmente y dirigir el funcionamiento de la Contraloría Municipal de Sincelejo y formular las políticas, planes, programas y estrategias necesarias para el efectivo ejercicio del control fiscal y las funciones que conforme a sus competencias le otorga la Constitución, la Ley y los Acuerdos Municipales;
• Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con que hayan obrado;
• Promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas respectivas, investigaciones penales o disciplinarias, contra quienes hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Municipio de Sincelejo o de sus entidades descentralizadas;
• Presentar informe anual al Concejo sobre la gestión adelantada en el cumplimiento de sus funciones;
• Realizar visitas fiscales e investigaciones que se requieran para el cumplimiento de sus funciones;
• Presentar anualmente al Concejo un informe sobre el estado de las finanzas del Municipio y sus entidades descentralizadas, acompañado de su concepto sobre el manejo dado a los bienes y recursos públicos;
• Definir políticas, planes y programas, sobre el manejo administrativo inherente a la entidad”.

Precisó que las funciones reglamentarias asignadas, son inherentes a la dirección administrativa de ese ente de control y agregó que, de acuerdo con el artículo 2° de la Resolución No. 002 de 2017, contentivo del Manual de Funciones de la Contraloría Municipal de Sincelejo, se encuentra en la cúspide, fijándose la dirección y dependencia de la estructura de la planta de personal al contralor municipal; todo ello, comporta potestad de administración del ente de control, propia del ejercicio de autoridad administrativa.

Indicó que la demandada ejerció acciones y cumplió funciones propias de autoridad administrativa de carácter municipal, las que, de acuerdo con la jurisprudencia, no es necesario acreditar que fueron materialmente ejecutadas, pues basta con tener la asignación normativa para predicar la condición modal de la causal estudiada.

Sostuvo que el ejercicio del cargo de contralor municipal de Sincelejo en encargo, implicó: i) un desequilibrio en la disputa por la elección, respecto del resto de los candidatos, generándoles cierta desventaja por la investidura que tenía la demandada al momento de su elección y ii) que la elección eventualmente estuviera empañada por cuanto, en virtud de su autoridad, tenía la potencialidad de incidir en su elección, por las actividades de control fiscal que realizó al concejo municipal, como se evidencia del Informe de Auditoría Modalidad Regular – Concejo Municipal de Sincelejo – Vigencia 2018 – Contraloría Municipal de Sincelejo – julio de 2019, con hallazgos administrativos y disciplinarios.

Concluyó que la ocupación del cargo de contralora municipal por la señora Vivian Montaño González desde el 31 de mayo de 2019 y hasta la fecha de su elección, correspondió al ejercicio de autoridad administrativa en el municipio de Sincelejo, por lo que se encontraban probados los supuestos legales que se exigen para la configuración de la inhabilidad, esto es, territorial, temporal y modal, y debía declararse la nulidad del acto acusado.

1.5. Recurso de apelación

Inconformes con la decisión anterior, la demandada y el Concejo Municipal de Sincelejo, presentaron sendos escritos de apelación, ante el Tribunal Administrativo de Sucre, así:

1.5.1 Concejo municipal de Sincelejo

A través de apoderado, solicitó que se revoque el fallo de primera instancia y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda.

Señaló que la decisión de primera instancia desconoce los principios orientadores de la figura de las inhabilidades, como su carácter taxativo y la forma de interpretación que se debe realizar al momento de su materialización, que debe ser restrictiva.

Sobre el carácter restrictivo, transcribió apartes de la sentencia C-147 de 1998 de la Corte Constitucional, para insistir en que entre dos interpretaciones posibles de una norma que regula una inhabilidad, se debe preferir aquella que menos limita el derecho de las personas a acceder a los cargos públicos.

Por lo anterior, consideró que no le era permitido al fallador aplicar la inhabilidad acudiendo a una analogía o a una interpretación extensiva o amplia y que, en el caso concreto, el Tribunal se refirió a la taxatividad e interpretación restrictiva de la inhabilidad, pero se apartó de su contenido, dando aplicación de manera extensiva a una inhabilidad para el cargo de alcalde, lo que es violatorio de los derechos al debido proceso y de acceso al desempeño de cargos públicos.

Precisó que las inhabilidades para contralor municipal se encuentran en varias normas, siendo la primera el artículo 272 Superior, que se refiere al desempeño de un cargo público antes de ser elegido contralor, delimitando de manera clara y precisa el aspecto “modo temporal” de la aludida inhabilidad, por el hecho de haber ocupado cargo público en la rama ejecutiva del orden departamental, distrital o municipal.

Señaló que, con ello, se excluyen de la inhabilidad a los demás servidores que hacen parte de otras ramas del poder y a los órganos de control, y puntualizó que, si el querer del legislador fuera el de incluir a todos los funcionarios, así lo hubiera establecido.

Agregó que la disposición constitucional debe preferirse, toda vez que se incorporó a esta por medio del Acto Legislativo 04 de 2019, que es posterior y de carácter Superior, frente al contenido del numeral 2° del artículo 37 de la Ley 617 de 2000 que modificó la Ley 136 de 1994; de esta manera, adujo que la inhabilidad no le era aplicable a la demandada, toda vez que el empleo que venía ocupando en modalidad de encargo, era de contralora dentro del respectivo órgano de control, el cual no hace parte de la Rama Ejecutiva del orden territorial, lo que impide buscar en otra norma jurídica una inhabilidad que le fuera aplicable a quien ejerce un cargo público ya que esa circunstancia en particular estaba prevista en el artículo 272 Superior, delimitada a los servidores de la Rama Ejecutiva.

Afirmó que, si bien el artículo 163 de la Ley 136 de 1994 contempla las inhabilidades propias para el cargo de contralor territorial y en su literal c) se remite a las señaladas para alcalde en el artículo 95 de la misma ley, la norma precisa que ello es “en lo que sea aplicable”; es decir, que no todas las inhabilidades que se pregonan para los alcaldes municipales, son predicables a los contralores y en ese sentido, no le aplica la contenida en el numeral 2°, por cuanto la inhabilidad referida al ejercicio de cargos públicos está expresamente consagrada en el artículo 272 Constitucional, con la precisión de que solo es para aquellos pertenecientes a la Rama Ejecutiva del orden territorial.

Sustentó su dicho con apartes de la sentencia SU-566 de 2019 de la Corte Constitucional, y resaltó que de allí se desprendía que “la inhabilidad consistente en el ejercicio de cargos o empleos públicos en la respectiva entidad territorial, prevista en el artículo 95 para los alcaldes, no es aplicable a los contralores, porque en tales casos, se aplica de preferencia la causal especial prevista en la Constitución para ellos”, pues no resultaba razonable que el legislador de 2019, estableciera como inhabilidad específica para el cargo de contralor territorial el hecho de haber ocupado un cargo público en la rama ejecutiva del orden departamental, distrital y municipal, si ya desde la Ley 136 de 1994, se encontraba vigente una causal de inhabilidad que contenía un alcance de mayor aplicación.

Agregó que el Consejo de Estado, en sentencia del 3 de mayo de 2002, luego de referirse a la extensión de las causales del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 a las inhabilidades para contralor, en el caso de personero municipal, concluyó que en razón a que existía una norma especial en las causales de inhabilidad para ser personero, debía primar ante la general y no podían aplicársele las causales 2, 4 y 5 contenidas en dicho artículo.

En seguida se refirió a la obligatoriedad de las sentencias SU de la Corte Constitucional y concluyó que no hay fundamento para apartarse de ella, en lo que señala que la inhabilidad prevista en el numeral 2° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, para los alcaldes, no es aplicable a los contralores porque en tales casos se da preferencia a la causal especial prevista en la Constitución.

Indicó que del grupo de inhabilidades contenidas en el artículo 163 de la Ley 136 de 1994, la única aplicable al cargo de contralor municipal, es la del literal a), que establece que no podrá ser elegido contralor, quien haya sido contralor o auditor de la contraloría municipal en todo o en parte del período inmediatamente anterior, como titular; con lo que se pretende evitar su reelección, lo que no ocurre en el caso de la demandada, pues en el período anterior no fue contralora titular sino que lo estuvo en encargo por ausencia absoluta de quien sí lo fue.

1.5.2 La demandada

Adujo que, en la providencia apelada, el a quo realizó una indebida interpretación del régimen de inhabilidades del contralor, desnaturalizando lo precisado por la Corte Constitucional, lo que constituye una vía de hecho por defecto sustantivo.

Aseguró que, de acuerdo con la doctrina constitucional expuesta en múltiples fallos, las normas que contienen inhabilidades deben ser interpretadas y aplicadas con un criterio restrictivo y, por ende, con exclusión de un criterio extensivo, lo cual viene siendo contrariado por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

Insistió en que la sentencia de unificación SU-566 de 2019, al analizar el caso particular de la nulidad electoral del Contralor Municipal de Valledupar, aclaró que las inhabilidades previstas en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, para alcaldes, no aplicaba para los contralores municipales y, en el mismo sentido, la Sala Electoral del Consejo de Estado en sentencia de 2003 señaló que la inhabilidad del referido artículo no es predicable para los contralores en lo que pugna con el artículo 272, inciso séptimo, de la Constitución; posición que fue reiterada más adelante, en providencia del 2009.

Adujo que el régimen de inhabilidades para los alcaldes se aplica de manera residual y no complementaria al cargo de contralor municipal, pues el mismo literal c) del artículo 163 de la Ley 136 de 1994 precisa que tienen vigencia en lo que le es aplicable, por lo que es desproporcionado decir que es complementario al régimen constitucional, cuando se refieren a un mismo supuesto fáctico; además, la Corte Constitucional, en sentencia C-767 del 10 de diciembre de 1998, dijo que en los eventos en que exista duda sobre su pertinencia, debe entenderse que la inhabilidad del alcalde no es aplicable.

Insistió en que la posición de la Corte Constitucional y la del Consejo de Estado con anterioridad al Acto Legislativo 02 de 2015, obedecen a una interpretación restrictiva que protege en mayor grado la garantía fundamental de acceder a los cargos públicos sin desconocer la finalidad de las inhabilidades, mientras que la posición actual del Consejo de Estado, es lesiva de los derechos fundamentales del elegido, por lo que considera que se debe seleccionar la interpretación menos restrictiva de los derechos fundamentales y aplicarla atendiendo a los principios de proporcionalidad y pro homine.

Indicó que otra razón para que la Sala varíe su posición, es que el supuesto de derecho que originó el entendimiento que el artículo 95 de la Ley 136 de 1994 se predicaba de los contralores, desapareció con la modificación introducida con el Acto Legislativo No. 04 de 2019. Es decir, para la Sección Quinta, el artículo 272 Superior había cambiado con el Acto Legislativo 02 de 2015 y, al recaer la inhabilidad en quienes desempeñaban un cargo ejecutivo del correspondiente orden territorial, era válido entender que quedaban exentos de ella otros empleos de superior jerarquía, por lo que a su juicio, estos últimos quedaban cobijados bajo el ropaje de la Ley 136 de 1994; no obstante, dicho elemento fue modificado en el 2019, siendo lo relevante que se hubiera ocupado un cargo público en la rama ejecutiva del orden departamental, distrital o municipal, sin distinción del nivel del empleo.

Por lo que, con el desvanecimiento del supuesto introducido con el Acto Legislativo 02 de 2015 al artículo 272.8 Constitucional, debe revivir la línea jurisprudencial que se había trazado hasta entonces, máxime cuando la nueva redacción de la norma se asemeja a la que existió hasta la reforma de 2015, pues la tesis que sostuvo la Sección en vigencia del Acto 02, quedó sin sustento normativo.

1.6. Trámite del recurso de apelación

Mediante auto del 2 de junio de 2021, el magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Sucre, concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo.

Una vez repartido el expediente en la Sección Quinta del Consejo de Estado, por proveído de 29 del mismo mes y año, la magistrada conductora del proceso admitió el recurso de apelación presentado por la parte demandada y el concejo municipal de Sincelejo.

1.7. Alegatos de conclusión en el trámite de la segunda instancia

1.7.1. Parte demandante

Mediante mensaje de datos recibido el 8 de julio de 2021 en la Secretaría de la Sección, el demandante alegó y solicitó que se mantenga la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Sucre, que acogió las pretensiones del medio de control; para el efecto, reiteró de manera sintetizada los argumentos expuestos en la demanda.

Insistió en que la elección acusada transgrede el inciso 8° del artículo 272 Constitucional, por cuanto la señora Vivian María Montaño González ejerció un cargo del orden ejecutivo a nivel municipal en el año inmediatamente anterior y por encontrarse incursa en las circunstancias descritas en el numeral 2° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, dado que, como funcionaria pública, ejerció en el cargo de contralora en encargo, autoridad administrativa dentro de los 12 meses previos a su elección.

Señala que la parte demandada centra su defensa en afirmar que la Ley 136 de 1994 no es aplicable, sino que la única norma es el artículo 272 de la Constitución, pero que se trata de una posición errada ya que ambas disposiciones buscan la protección de principios y valores aplicables a la competencia, por el acceso a la función pública y que ambas coexisten por su propósito y finalidad.

Agregó que el hecho de que su nombramiento en el año anterior a la elección que se acusa hubiera sido en encargo, en un cargo que no pertenece a la rama ejecutiva, no la excluye de las exigencias condicionantes establecidas por disposición de la propia Constitución Política.

1.7.2. Concejo municipal

Mediante mensaje de datos de 9 de julio de los corrientes, dirigido a la Secretaría de la Sección Quinta de esta Corporación, presentó alegatos a través de apoderado judicial, y reiteró en su totalidad, los argumentos de la apelación.

Insistió en que la sentencia recurrida, desconoce de manera flagrante los principios orientadores de la figura de las inhabilidades, como lo es su carácter taxativo y la forma de interpretación restrictiva, que se debe realizar al momento de su materialización.

Así mismo, que no le es aplicable la causal del numeral 2° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, sino la contenida en el numeral 10° del artículo 272 constitucional, que establece que: “No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de la Asamblea o Concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público en la rama ejecutiva del orden departamental, distrital o municipal”; inhabilidad que, en todo caso, no se configura en el caso de la referencia, por cuanto la entidad donde estuvo encargada la demandada, esto es, la Contraloría Municipal de Sincelejo, no hace parte de la Rama Ejecutiva del orden municipal, sino que se trata de un organismo de control, que no forma parte de ella.

Invocó la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado de 18 de julio de 2019, que se adelantó contra el personero de Ibagué, en la que, en síntesis, se concluyó que no le resultaba aplicable la inhabilidad contenida en el numeral 2° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, por cuanto el legislador se ocupó de manera especial frente a ellos, en el literal b) del artículo 174 de la misma ley, por lo que no resulta necesaria la remisión a otras normas; y agregó que, del mismo modo, no debería extenderse la aplicación de la referida norma (el artículo 95) a la elección de contralores municipales.

Adicionalmente, se refirió al carácter obligatorio, vinculante e imperativo que por ser sentencia de unificación tiene las sentencias SU proferidas por el Alto Tribunal Constitucional, que se ha referido a la extensión de las inhabilidades tanto para ser personero, como para ser contralor municipal, y que no obra fundamento para separarse de la decisión SU-566 de 2019 que precisa que la inhabilidad consistente en el ejercicio de cargos o empleos públicos en la respectiva entidad territorial, previstas en el artículo 95 para los alcaldes, no es aplicable a los contralores territoriales, porque en tales casos se aplica la especial prevista en la Constitución.

1.8. Concepto de la Agente del Ministerio Público

La Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado, solicitó confirmar la sentencia de primer grado, con los siguientes argumentos:

Se refirió a la variación jurisprudencial sobre la inhabilidad para los contralores territoriales desde la norma original contenida en el artículo 272 Constitucional, hasta la reforma ocasionada mediante el Acto Legislativo 4 de 18 de septiembre de 2019 y precisó que luego de ésta, el Consejo de Estado continuó aplicando la inhabilidad legislativa contenida en el numeral 2° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000), como complementaria de la constitucional, no obstante la Corte Constitucional en sentencia SU-566 de 2019, señaló un parámetro diferente, en un obiter dicta, en el que dijo que la mentada inhabilidad no era aplicable a los contralores, porque en tales casos se aplicaba de preferencia la Constitución.

Indicó que el precedente constitucional lo constituyen la parte considerativa y la resolutiva de las sentencias de control abstracto de constitucionalidad; la ratio decidendi de las sentencias de tutela y de las sentencias de unificación sobre cómo se deben interpretar los derechos fundamentales.

Señaló que las razones de la decisión de la Corte Constitucional que se pide sean tenidos en cuenta por la demanda, son los siguientes: “i) que el cargo de Defensor Regional del Pueblo, que desempeñó dentro del año anterior a su elección, no es un cargo del orden departamental, mucho menos del orden municipal, y, por lo tanto, no se configuró uno de los presupuestos de la inhabilidad por ocupación de cargos públicos prevista en el inciso octavo del artículo 272 de la Constitución; ii) la norma constitucional, antes de su reforma por el Acto Legislativo 4 de 2019, establecía que no podía ser elegido Contralor quien hubiere “ocupado cargo público en el nivel ejecutivo del orden departamental, distrital o municipal”; y, conforme a dicha disposición, el presupuesto de la inhabilidad relativo al orden territorial del cargo configura la inhabilidad cuando el aspirante al cargo de Contralor municipal ejerce cargo público en el nivel asesor o directivo de la entidad territorial sujeta al control fiscal de la respectiva contraloría, pues ello implicará la posibilidad de controlar su propia gestión fiscal y la de la administración de la cual formó parte”; pero, a su juicio, el aparte de la decisión que se solicita aplicar, no conforma la ratio decidendi y, en consecuencia, no deviene en obligatoria para el presente caso.

Afirmó que se trató de un dicho de paso, es decir, de un obiter dicta, pero no de la razón del fallo en tanto no se compadece con la situación fáctica (discusión sobre autoridad nacional y departamental), la controversia jurídica (desconocimiento del inciso 8 del artículo 272 constitucional) y la decisión de la providencia (violación del debido proceso por interpretación inadecuada de los presupuestos del inciso 8 del artículo 272 superior para ser contralor territorial), por lo que no era imperativa su aplicación para los operadores jurídicos de las diferentes jurisdicciones.

Agregó que la mención relacionada, se efectuó con anterioridad a la reforma introducida por el Acto Legislativo 4 de 2019, por lo que se hizo sobre la disposición cuyo contenido establecía que no podía ser contralor, quien hubiere “ocupado cargo público en el nivel ejecutivo del orden departamental, distrital o municipal”; mientras que la elección que se acusa, se llevó a cabo con posterioridad a la vigencia del mencionado acto legislativo, que impone que no podrá ser contralor, quien haya ocupado cargo público en la rama ejecutiva del orden departamental, distrital o municipal, por lo que la modificación al artículo 272 superior, no implicó la subsunción de la inhabilidad por el ejercicio de cargos públicos para los contralores, prevista en el numeral 95.2 de la Ley 136 de 1994, siendo imperativo que se apliquen de manera independiente.

Indicó que la misma Corte Constitucional, mediante sentencia C-128 de 2018, validó la remisión prevista en el artículo 163 de la Ley 136 de 1994 en materia de inhabilidades para los contralores territoriales, lo cual es consecuente con las decisiones de la Sala Electoral del Consejo de Estado, que, en sentencia del 4 de mayo de 2017, rad. 2016-00107-02, señaló que el sentido de la inhabilidad establecida en el artículo 272 Constitucional, era evitar un permanente y masivo conflicto de intereses contrario al principio de prevalencia del interés general que se ocasionaría si quien ejerce las funciones de contralor, tiene dentro de su ámbito de competencia, el control de actuaciones propias anteriores, mientras que la finalidad de la contenida en el numeral 2° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, es evitar que con el ejercicio de autoridad administrativa en el respectivo ámbito territorial, una persona pueda favorecer su propia candidatura al cargo de contralor territorial.

Indicó que, sin que se afecte el criterio interpretativo y taxativo de las inhabilidades, a la demandada le resultaba aplicable la inhabilidad contenida en el numeral 2° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, por lo que no podía, “…dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haber ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio…”.

En consecuencia, consideró que los argumentos de la apelación no están llamados a prosperar.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación, interpuestos por la parte demandada y el Concejo municipal, contra la sentencia proferida el 14 de abril de 2021, por el Tribunal Administrativo de Sucre, según lo establecido en los artículos 150 y 152.8 de la Ley 1437 de 2011, al igual que lo normado en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 – Reglamento del Consejo de Estado-, expedido por la Sala Plena de la Corporación.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos de la apelación y las pruebas allegadas, corresponde a la Sala determinar si resultaba o no aplicable a la demandada señora Vivian María Montaño González, la inhabilidad contenida en el numeral 2° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 o si, por el contrario, solo le rige lo dispuesto en el artículo 272 Superior.

Para resolver el problema planteado, la Sala encuentra que los siguientes son los interrogantes que deben absolverse: i) ¿es o no compatible la inhabilidad prevista en el numeral 2° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000 en la selección de contralores territoriales?; ii) ¿resulta aplicable para la resolución del caso concreto la sentencia SU-566 de 2019 de la Corte Constitucional, en cuanto sostuvo que “la inhabilidad consistente en el ejercicio de cargos o empleos públicos en la respectiva entidad territorial, prevista en el artículo 95 para los alcaldes, no es aplicable a los contralores, porque en tales casos, se aplica de preferencia la causal especial prevista en la Constitución para ellos”?; iii) ¿aplicar la inhabilidad del artículo 95.2 de la Ley 136 de 1994 a la elección de los contralores, resulta contrario a los principios de interpretación restrictiva, proporcionalidad y pro homine?; y iv) ¿respecto de los contralores, resulta predicable el entendimiento dado por esta Sección y por la Corte Constitucional al caso de los personeros donde se reseñó que a éstos no le es aplicable la inhabilidad del numeral 2° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000?

Para el estudio de los argumentos de la apelación, se estima pertinente realizar algunas consideraciones sobre: i) las generalidades de las inhabilidades y su interpretación restrictiva, ii) el marco normativo de las inhabilidades para contralor municipal y, iii) finalmente el caso concreto.

De las generalidades de las inhabilidades y su interpretación restrictiva – reiteración jurisprudencial

Alegan los recurrentes que la autoridad judicial efectuó una interpretación extensiva de la causal de inhabilidad contenida en el numeral 2° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, establecida para alcaldes, al cargo de contralor municipal, siendo que las causales de inhabilidad deben ser taxativas y de aplicación restrictiva.

Sobre este particular, se encuentra procedente reiterar lo dicho por la Sala en relación con los criterios de interpretación que deben utilizarse a efectos de analizar las causales de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en la Constitución o la ley.

Ha señalado esta Sección, que de acuerdo con el artículo 40 de la Constitución Política, son derechos fundamentales el de ser elegido y de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, prerrogativas que no tienen el carácter de ser absolutas, dado que la propia Constitución y la ley contemplan restricciones al ejercicio de tales derechos, motivadas en otras garantías -también constitucionales- como el interés general, la igualdad y el ejercicio eficiente de la función pública, tal como es el caso de las inhabilidades para ocupar cargos de elección popular.

La Sala Plena de esta Corporación, en decisión de unificación del 29 de enero del 2019, precisó el concepto de inhabilidad en los siguientes términos:

“3.1 Una noción general de inhabilidad implica restricciones al ejercicio del derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, pues buscan impedir la elegibilidad de determinadas personas que se encuentran afectadas por situaciones, circunstancias o condiciones, que el Constituyente anticipó como riesgos que afectan intereses, valores y principios superiores protegidos.”

Del mismo modo, se ha hecho referencia a los motivos para el establecimiento de inhabilidades e incompatibilidades, en decisiones en que se ha adoptado lo señalado por la Sala Plena así:

“(…) el desarrollo indigno del poder, la influencia negativa de la posición, el privilegio indebido con olvido del interés público, de la legalidad, de la buena administración, del patrimonio público y de la probidad en las actuaciones, constituyen, sin duda, razones para establecer restricciones a la libertad y a los derechos de los sujetos en el ámbito del derecho público, tendientes a evitar la vinculación a la función pública o el ejercicio de ésta en las diferentes ramas del Poder Público, de personas cuya conducta o situación pueda ser lesiva a esos intereses, principios y valores.”

Como lo viene señalando esta Sala Electoral, el acceso a los cargos públicos se encuentra sometido a una serie de condiciones que buscan la realización del interés general, las cuales, conforme a lo dispuesto por la Corte Constitucional, en sede de control abstracto, pueden ser de dos tipos, “atendiendo al bien jurídico protegido o a la finalidad de la limitación”, a saber: i) casos en que se establecen limitaciones para acceder a cargos públicos con fundamento en conductas jurídicamente reprochables llevadas a cabo por el inhabilitado; y ii) casos en que la limitación para acceder a un cargo no se vincula con ninguna conducta previa, sino que consagra requisitos que persiguen lograr la efectividad de los principios y valores constitucionales.

Por lo anterior, ha entendido la Sala que en atención a las limitaciones a los derechos políticos que se derivan de las inhabilidades e incompatibilidades, se ha establecido entonces que, respecto de su aplicación, es necesario observar los criterios de interpretación restrictiva y no la analógica o extensiva.

Este criterio fue reiterado, en la sentencia del 11 de julio del 2019, y, retomado entre otras, en el fallo de 22 de abril de 2021 al indicar que “[l]a Sección Quinta ha sido constante en reiterar que en la medida en que las inhabilidades implican la afectación del derecho fundamental a la participación política, en sus modalidades de ser elegido y acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, la interpretación de su alcance es restrictiva”.
Así, entendiendo el criterio de interpretación restrictiva como aquel que busca la aplicación de la norma a casos concretos, los jueces, al momento de determinar la ocurrencia de una inhabilidad o incompatibilidad respecto de quien pretende ocupar un cargo público, deben limitarse al alcance de los verbos rectores empleados por el legislador “-por ejemplo, la gestión de negocios-, a las situaciones de orden jurídico que la originan y su prueba plena -v. gr. el parentesco-, así como a los límites de orden temporal -ejemplo, durante el año anterior a la elección-, espacial -v.gr. a la jurisdicción donde se llevará a cabo la elección- y a las calidades respecto de quienes se predican”.

Esta línea de interpretación conlleva a que dichos condicionamientos se apliquen de forma concreta a las situaciones o eventos que el constituyente y en su desarrollo el legislador, según el caso, determinaron como circunstancias de inelegibilidad, sin que para el efecto puedan considerarse otros distintos.

Así entonces, al momento de establecer la configuración de una inhabilidad, prima el criterio interpretativo restrictivo, entendido en la forma como se señaló en precedencia y, de ninguna manera, el estudio que emprenda el operador judicial puede conllevar extensiones, analogías o interpretaciones amplias, que conlleven a la aplicación del presupuesto normativo a situaciones diversas a las previstas por el constituyente y/o el legislador, o a vaciar de contenido las mismas en detrimento de su eficacia.

Este criterio de interpretación restrictivo que se predica respecto de inhabilidades e incompatibilidades busca entonces, aumentar la eficacia y vigencia de las garantías constitucionales respecto de quienes aspiran a ocupar cargos públicos, pues solamente en los eventos y bajo las condiciones que ellas consagran, es procedente predicar su configuración, máxime si se tiene en cuenta que, en todo caso, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades ha sido concebido como un límite legítimo y válido a los derechos políticos, conforme al cual si se advierte la configuración de alguna causal, ello no conlleva a que de allí se predique la vulneración de estas prerrogativas superiores, sino que, por el contrario, evita el desconocimiento de los intereses superiores respecto de quienes ocupan cargos públicos.

Así, para esta Sala Electoral, la interpretación restrictiva, como se viene diciendo, implica que el operador judicial se limite a los verbos rectores que el legislador o el constituyente emplearon en la redacción de la causal, sin extender su interpretación a otros distintos que no se encuentren contenidos en la norma.

Lo anterior debe entenderse conforme el pronunciamiento de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia del 29 de enero de 2019, en la que, entre otros aspectos, señaló que a pesar de que las causales de inelegibilidad comportan limitaciones al ejercicio de los derechos de elegir y ser elegido, ello no implica que la interpretación restrictiva de la inhabilidad sea sinónimo de interpretación literal o exegética, sino que opera en un sentido más amplio ya que si la norma tiene vacíos, la laguna debe llenarse con los distintos elementos que proporciona el sistema jurídico, acogiendo de ellos lo más benéfico a los fines de la disposición y agregó:

“6.1.5.2 Como señalan entre otros, Ruíz Manero y Guastini, la interpretación restrictiva busca limitar el alcance del intérprete porque su objetivo es aplicar cierta disposición a un determinado caso concreto; mientras que la literalidad o exégesis pretende ceñirse estrictamente al sentido lato de las expresiones.

6.1.5.3 Ello quiere decir que de la literalidad, el juez solo deriva el sentido o significado común que las expresiones de la norma tienen, pero sin entrar a realizar ningún otro razonamiento. Mientras que la interpretación restrictiva supone que el texto dispositivo se encuentre en consonancia con la finalidad o propósito de la norma constitucional, responda a su poder normativo y eficacia inmediata y salvaguarde su utilidad.

6.7.4.5 Una hermenéutica como la señalada anteriormente, permite cobijar el propósito de la norma, sin que ello suponga perder su carácter restrictivo o se confunda con la interpretación analógica, o con la interpretación expansiva, pues cuando hay laguna normativa no se está acogiendo una regla existente y ya prevista en el ordenamiento para resolver el caso, ni tampoco se está ampliando la órbita jurídica de la disposición, y por ello no hay expansión alguna del ámbito del derecho en el que se aplica, del objeto regulado, de los sujetos destinatarios, del supuesto o de la consecuencia prevista por la norma constitucional; simplemente se evita vaciar de contenido dicha disposición superior.”

De acuerdo con lo expuesto, como se precisará en acápites posteriores, se puede observar que el Tribunal Administrativo de Sucre, acudió correctamente al criterio de interpretación restrictiva que reiteradamente ha sido plasmado por la jurisprudencia en materia de inhabilidades e incompatibilidades, en la medida en que se limitó de forma específica a las circunstancias de orden fáctico y jurídico que se describen en la inhabilidad alegada como causal de nulidad en la demanda, teniendo en cuenta los argumentos expuestos por los sujetos procesales, atendiendo la finalidad o propósito de la norma.

En ese orden de ideas, a continuación, se describirán los aspectos más relevantes de la causal de inhabilidad invocada, con el fin de verificar si le era aplicable a la demandada y, en caso afirmativo, si incurrió o no en la situación de inelegibilidad alegada, en el momento en que se realizó la designación controvertida.

2.4. De la inhabilidad constitucional de los contralores consagrada en el artículo 272 Superior – reiteración jurisprudencial

El artículo 272 original de la Constitución Política, en el inciso 8°, en relación con los contralores municipales y departamentales, disponía la inhabilidad referente al ejercicio de cargos públicos de la siguiente forma:

“No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de asamblea o concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público del orden departamental, distrital o municipal, salvo la docencia” (la subraya es de la Sala).

Frente a la inhabilidad contenida en el referido inciso, se pronunció la Sala en ocasiones anteriores, en las que estableció que, de acuerdo con lo consagrado en la norma constitucional, no podía ser contralor quien en el último año hubiera ocupado un cargo público tanto del orden departamental, municipal o distrital en el respectivo ente territorial, pues la finalidad del precepto era evitar que se obtuvieran beneficios indebidos o ventajas por el antecedente de desempeñar un cargo donde pudieran influir para hacerse elegir, y para prevenir que en el desempeño de la atribución fiscal, surgiera para el contralor electo un conflicto de intereses, en relación con las actividades que pudo haber desarrollado en un empleo público del correspondiente departamento, distrito o municipio.

Así, se tenía que, dada la especial naturaleza de la inhabilidad, era la única que debía considerarse respecto de situaciones relacionadas con el desempeño de empleos públicos en el lugar donde los contralores ejercerían las funciones; por lo que se descartaba la situación de inelegibilidad prevista en el numeral 2° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, que debía tenerse en cuenta, en virtud del literal c) del artículo 163 de la misma ley.

Se tiene entonces, que la versión original de la referida norma constitucional consagraba que quienes aspiraran a ser elegidos contralores no podían haber desempeñado en el lugar en el que ejercería sus funciones, un cargo del orden departamental, distrital o municipal, salvo la docencia; pero esta inhabilidad no distinguía respecto de éstos algún nivel jerárquico o el ejercicio de ciertas potestades que permitieran predicar una situación excepcional para no incurrir en la causal de inelegibilidad.

No obstante, la normativa superior referida, fue reformada mediante el Acto Legislativo 02 de 2015, modificación con la que fueron disminuidas las restricciones para ser elegido contralor territorial, pues con tal acto, se precisó entre los cargos de orden departamental, distrital o municipal, cuáles eran los que generaba la situación de inelegibilidad por haber sido desempeñados durante el año anterior a la elección de contralor, con la especificación de que no lo serían los de mayor jerarquía.

Así, el inciso 8° del artículo 272 constitucional, a partir de dicho acto de 2015, se reformó en los siguientes términos:

“No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de la Asamblea o Concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público en el nivel ejecutivo del orden departamental, distrital o municipal” (la subraya es de la Sala).

Para ese momento, en aras de preservar el efecto útil de la norma y la intención del constituyente de incluir en la causal de inhabilidad los cargos de mayor rango del orden departamental, distrital o municipal, la Sala precisó que, si el precepto incluyó los de nivel ejecutivo, también debían entenderse incluidos sus superiores, como los de los niveles asesor y directivo y se dispuso que la inhabilidad del numeral 2° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el 37 de la Ley 617 de 2000, era complementaria de la constitucional y que cada una cubría un ámbito diferente en el objetivo común de protección de los principios de igualdad, imparcialidad, transparencia y moralidad, razonamiento que la Corte Constitucional también aceptó, como se evidencia en la sentencia C-126 de 2018.

Más adelante, con el Acto Legislativo 4 del 18 de septiembre de 2019, se implementó otra reforma a la señalada normativa superior que, como lo viene sosteniendo la Sala, tenía como propósito facilitar a los entes de control fiscal el cumplimiento del mandato constitucional de combatir la corrupción y generar espacios para la renovación institucional y el fortalecimiento de su legitimidad.

El mencionado inciso 8° del artículo 272 Superior, luego de la referida reforma introducida con el Acto Legislativo de 2019, en relación con la inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos, quedó como se señala a continuación:

“No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de la Asamblea o Concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público en la rama ejecutiva del orden departamental, distrital o municipal” (la negrilla y resaltado son de la Sala).

A partir de esta modificación, la Sala ha considerado que la normativa constitucional actual prevé que se genera la inhabilidad bajo los siguientes 2 supuestos: i) por haber sido miembro de la asamblea o concejo que deba hacer la elección y ii) para quien haya ocupado cargo público en la rama ejecutiva del orden departamental, distrital o municipal.

Frente a este particular, la Corte Constitucional señaló que no importa el nivel jerárquico del cargo público, pues “en virtud de la reforma introducida al artículo 272 por el Acto Legislativo 4 de 2019, no constituye, a partir de dicha reforma, elemento de la inhabilidad, por cuanto en adelante lo que inhabilita es haber ocupado el cargo público “en la rama ejecutiva”, sin que importe para ello el nivel jerárquico del cargo.”

De esta manera, se viene diciendo que, a partir de la reforma introducida mediante el Acto Legislativo 04 de 2019, la inhabilidad constitucional respecto del ejercicio de cargos públicos para contralores se amplió, en tanto ya no importa el nivel jerárquico del cargo, sino que se extendió a todos los niveles y no sólo a los del ejecutivo y superiores. Pero también debe considerarse, de acuerdo con la redacción de la normativa constitucional, que para el acceso al puesto de contralor territorial la limitación solo es aplicable a los empleos públicos de la rama ejecutiva del respectivo nivel, por lo que no es extensible a los concernientes a las ramas legislativa y judicial ni a los órganos de control o de otra organización autónoma, como lo reiteró recientemente esta Sección en providencia del 22 de abril de 2021; modificación que no varió la jurisprudencia del Consejo de Estado, que supone la coexistencia de la inhabilidad constitucional, con la dispuesta en el artículo 95.2 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, para los contralores como se expondrá a continuación.

3.- Del caso concreto

3.1.- Cuestión previa

En el presente caso, se advierte que el Tribunal Administrativo de Sucre, luego de analizar las pruebas y argumentos de los diferentes sujetos procesales, concluyó que había lugar a anular la elección de la señora Vivian Montaño González como contralora municipal de Sincelejo, por encontrarse inhabilitada, en tanto desde el 31 de mayo de 2019 y hasta la fecha de su elección (10 de enero de 2020), como contralora encargada, por vacancia absoluta ocasionada por renuncia de su titular, ejerció autoridad administrativa en el mismo municipio para el que fue elegida, por lo que se encontraban probados los supuestos legales territorial, temporal y modal, establecidos en el numeral 2º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, que se exigen para la configuración de la inhabilidad, al considerar que le era aplicable a los contralores municipales en virtud de la remisión del artículo 163 ídem.

El Tribunal concluyó que en el año anterior a la elección que se acusa, la demandada ejerció autoridad administrativa y para el efecto, halló acreditados, entre otros, los siguientes elementos:

Que la señora Vivian María Montaño González, fue nombrada contralora encargada, el 31 de mayo de 2019 y en tal calidad, suscribió actos administrativos en materia presupuestal y laboral.
Que en el tiempo en que estuvo encargada como contralora del municipio, la entidad realizó el informe de auditoría al concejo municipal, vigencia 2018 de julio de 2019 y el informe de auditoría especial de estados financieros 2019.
En sesión ordinaria del 10 de enero de 2020, mediante Acta No. 007, se eligió a la demandada como contralora municipal para el período 2020-2021.

Así, se observa que se encuentra probado el ejercicio por parte de la demandada, del cargo de contralora en calidad de encargada durante el año anterior a su elección y que, en cumplimiento de las atribuciones encomendadas y contenidas en el manual de funciones, ejerció autoridad administrativa, frente a lo que no se visualiza reparo alguno, por lo que el análisis se centrará en establecer si le era aplicable, por remisión, la limitación preceptuada en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994.

3.2.- Sobre la aplicabilidad de la inhabilidad establecida para los alcaldes, al cargo de contralor.

Para resolver este punto, la Sala considera pertinente remitirse al contenido de las normas que regulan la materia. Así, se evidencia que el artículo 163 de la Ley 136 de 1994, establece que no puede ser contralor quien esté incurso en las siguientes inhabilidades, dentro de las que se incluyen las contenidas en el artículo 95, para alcaldes, como se muestra:

ARTÍCULO 163. INHABILIDADES. <Artículo subrogado por el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0177_1994.html" \l "9" 9o. de la Ley 177 de 1994. El nuevo texto es el siguiente:> No podrá ser elegido Contralor, quien: (…) c)  Esté incurso dentro de las inhabilidades señaladas en el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0136_1994_pr002.html" \l "95" 95 y parágrafo de esta Ley, en lo que sea aplicable…” (Subraya y negrita fuera de texto)

Por su parte, el artículo 95 de la Ley 136 de 1994 señala:

“ARTÍCULO 95. INHABILIDADES PARA SER ALCALDE. <Artículo modificado por el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0617_2000.html" \l "37" 37 de la Ley 617 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital:
(...) 2. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador del gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio…” (la negrilla es de la Sala).

Así, la remisión expresa de la norma a las inhabilidades establecidas para los alcaldes en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994 a los contralores, es específicamente en lo que les sean aplicables y, sobre el particular, la Sala encuentra que la del numeral 2º, arriba transcrita, sí lo es, de acuerdo con la postura que ha sostenido esta Sección, en tanto resulta consecuente con la función de prevalencia del interés general y en garantía de los principios que rigen la función pública, dentro de los que se exalta la igualdad e imparcialidad.

Para la Sala, este enfoque, además de ser acorde con la protección de dichos principios que son precisamente los que sirvieron de fundamento en el antecedente analizado, configura una posición que de manera pacífica ha sostenido la Sala, entre otras, en las siguientes providencias: auto del 15 de octubre de 2020, rad. 70001-23-33-000-2020-00035-01; auto del 21 de enero de 2021, rad. 66001-23-33-002-2020-00494-01; auto del 4 de febrero de 2021, rad. 66001-23-33-000-2020-00499-01; las cuales constituyen precedente para el asunto que se analiza.

En ellas se señaló, que el hecho de que el artículo 272 Superior contenga causales de inhabilidad de rango constitucional respecto de los contralores no es incompatible con la existencia de situaciones de inelegibilidad de tipo legal, como las previstas en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, (modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000) y que, aunque se haya declarado inexequible la expresión “o como encargado” del literal a) del artículo 163 de la Ley 136 de 1994, ello no implica que dejen de aplicarse las demás circunstancias de inhabilidad, como la que ahora se le endilga a la demandada, que también se predica respecto de quienes en encargo ocuparon el cargo de contralor dentro del año anterior a la elección.

Sobre este aspecto, conviene precisar, que la declaratoria de inexequibilidad de la expresión referida, obedeció a que el Alto Tribunal Constitucional, encontró desproporcionado imponer como causal de inelegibilidad un aspecto temporal en los casos en que, faltando un lapso considerable para que se produzca la elección, ejercieren como encargados los aspirantes a ocupar el cargo en titularidad, pues el alcance de la inhabilidad resultaba desproporcionadamente extenso, al punto que no respondía a los fines perseguidos. De esta manera, la razón de la declaratoria de inexequibilidad obedeció a que hacía más gravoso el término que duraría la inhabilidad, pero la misma Corte encontró compatible la norma, en lo restante.

Es importante precisar, que si bien pareciera haber un vacío legal en la remisión que realiza el artículo 163 de la Ley 136 de 1994 al 95 ibidem, en tanto lo hace bajo el supuesto de en lo que es aplicable, sin precisar qué asuntos lo son y cuáles no, la Corte Constitucional, en sentencia C-126 de 2018, al estudiar la constitucionalidad del mencionado artículo 163, encontró ajustado a la carta la aplicación el numeral 2° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, como limitación en la elección de contralores municipales, lo que refuerza la posición que viene sosteniendo esta Sala sobre el asunto.

A este punto resulta relevante reseñar, que la expresión “compatible” a la que hace referencia la norma de reenvío, debe hacerse bajo la lógica de la interpretación restrictiva aducida por la Sala Plena de esta Corporación, a que el texto dispositivo se encuentre en consonancia con la finalidad o propósito de la norma inhabilitante, es decir, que responda a su poder normativo, eficacia inmediata y salvaguarde su utilidad.

Para el caso concreto, la utilidad de la norma se ve reflejada en la efectividad que se tiene en la protección de los derechos del elegido, pero también del elector y, sobre todo, de los ciudadanos en general. En efecto, para el caso de los contralores, la Corte Constitucional estableció: “En cuanto trata de los contralores municipales en encargo, con arreglo a la reforma que sufrió el inciso 8º del artículo 272 de la Carta por virtud del Acto Legislativo 02 de 2015, tales funcionarios se encontrarían inhabilitados para ser elegidos como contralores cuando, dentro de los doce meses anteriores a la elección, hubieren fungido como contralores municipales o como meros empleados públicos del respectivo municipio. Lo anterior, con arreglo a lo previsto en los numerales 2 y 5 del artículo 37 de la Ley 617 de 2000, que reformaron el artículo 95 de la Ley 136 de 1994 a que remite el literal c) del artículo 163 de dicha ley como causales de inhabilidad para ser elegido contralor municipal; inhabilidades estas que encuentran mayor apoyo en la contingente situación de conflicto de intereses ya advertida en esta providencia…”.

El conflicto de interés que advirtió la Corte en el mencionado fallo, hace referencia a que: “… surge, prima facie, el eventual conflicto de intereses en que incurrirían los concejos y las alcaldías municipales en su condición de órganos vigilados por las contralorías de su respectivo nivel territorial, cuyos funcionarios en encargo están facultados para elegir…”.

Para concluir la existencia del mentado conflicto, la guardiana de la Constitución hizo uso de la línea jurisprudencial que en la materia ha proferido, esto es:

Sentencia C-509 de 1997, la Corte declaró exequible la inhabilidad que le imposibilita acceder al cargo de contralor departamental a quienes, durante el último año, hubieran ocupado cargo público del orden distrital o municipal. Como fundamento de su decisión, sostuvo que tal inhabilidad: está dirigida a impedir el ingreso de personas que, de alguna forma, tuvieron la oportunidad, los medios y las prerrogativas propias del ejercicio de funciones públicas, para incidir en su favor en una elección o nominación posterior, con clara violación del principio de igualdad de condiciones entre los demás postulantes (C.P., art. 13), y en detrimento de la prestación eficaz, moral, imparcial y pública de la función administrativa (C.P., art. 209), así como neutralizar la posibilidad de que se produzca un autocontrol de la gestión fiscal realizada.

Sentencia C-147 de 1998, mantuvo la inhabilidad prevista para aquellos que durante el último año hubieren ocupado cargo público del nivel departamental y quisieren acceder al cargo de contralor de ese mismo nivel. En esta ocasión la Corte acogió la ratio decidendi de la citada Sentencia C-509 de 1997 y sostuvo que: si es legítimo que se inhabilite para ser contralor departamental a quienes se desempeñaron en el año anterior como servidores públicos distritales o municipales, con mayor razón se debe concluir que es válido que quienes hayan ocupado, en ese mismo lapso, cargos públicos en el orden departamental, no puedan ser contralores departamentales por la injerencia que pueden tener en la elección y por la posibilidad de terminar controlando sus propias actuaciones precedentes.

Sentencia C-1372 de 2000  aunque declaró inexequible la inhabilidad para ser elegido contralor departamental respecto del encargado que hubiera fungido como tal en cualquier tiempo del periodo inmediatamente anterior, en su parte motiva recalcó que la inhabilidad que el legislador previó para impedir la elección como contralor en propiedad de quien se hubiera desempeñado como contralor encargado tiene un sustento claro, máxime si se tiene en cuenta que lo que se busca con esta clase de inhabilidad, es impedir que se abuse de la función de control fiscal y la misma se use con fines proselitistas, en procura del interés personal.

Sentencia C-468 de 2008 la parte motiva de dicha providencia se rememoró la jurisprudencia sentada por la Sentencia C-564 de 1997, en donde se señaló que con las inhabilidades se persigue que quienes aspiran a acceder a la función pública, para realizar actividades vinculadas a los intereses públicos o sociales de la comunidad, posean ciertas cualidades o condiciones que (…) antepongan los intereses personales a los generales de la comunidad.

De ello resulta innegable, que bajo la hermenéutica señalada anteriormente, cuando la norma refiere a que sea “compatible”, lo que permite cobijar es el propósito de la regla en que se fundamenta, sin que ello suponga perder su carácter restrictivo o se confunda con la interpretación analógica, o con la interpretación expansiva, pues para este caso lo que se persigue bajo las mismas palabras de la Corte Constitucional, es que: “…, en tratándose del acceso a cargos públicos en general y al cargo de contralor territorial en particular, los regímenes de inhabilidades de fundamento objetivo encuentran su razón de ser en la protección del interés general que podría verse amenazado por la eventual utilización del poder previamente ejercido, obstruyendo la elección del nuevo funcionario en condiciones de transparencia, imparcialidad e igualdad; todo ello, además en guarda del interés superior que puede verse afectado por una indebida acumulación de funciones o por la confluencia de intereses poco conciliables y capaces, en todo caso, de afectar la imparcialidad y la independencia que deben guiar las actuaciones de quien ejerce la autoridad en nombre del Estado.”.

Por manera que, al llenar de contenido la expresión “compatible” con el hecho que se pueda predicar la causal de inelegibilidad de los contralores por el ejercicio de autoridad administrativa, en últimas lo que busca esta Sección es que no se utilice dicha prerrogativa para garantizar la elección o el acceso a un empleo, finalidad que persigue mantener la igualdad, transparencia e imparcialidad entre los participantes, en aras de garantizar el no vaciamiento de contenido de dichos principios rectores de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

Por otro lado, los apelantes sustentan la mentada inaplicabilidad en la calidad de encargada de la demandada, bajo la declaratoria de inexequibilidad del aparte del literal a) del artículo 163 de la Ley 136 de 1994, que elimina la expresión “o como encargado” para quien haya sido contralor o auditor municipal en todo o en parte del período, debe tenerse presente que el Alto Tribunal Constitucional, mediante la sentencia C-128 de 2018, al analizar dicho precepto, dejó a salvo que, en todo caso, la disposición sí cobijaba a quienes hubieran ejercido, en encargo, esos empleos con 12 de meses de anterioridad, al reseñar:
“En cuanto trata de los contralores municipales en encargo, …, tales funcionarios se encontrarían inhabilitados para ser elegidos como contralores cuando, dentro de los doce meses anteriores a la elección, hubieren fungido como contralores municipales o como meros empleados públicos del respectivo municipio. Lo anterior, con arreglo a lo previsto en los numerales 2 y 5 del artículo 37 de la Ley 617 de 2000, que reformaron el artículo 95 de la Ley 136 de 1994…”.

Luego, ante el interrogante planteado, la Sala encuentra que sí es aplicable al caso de contralor, la inhabilidad descrita en el numeral 2° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, por remisión expresa del 163 ibidem.

3.3.- De la aplicación de la sentencia SU-566 de 2019

Los apelantes consideraron que no es cierto que la norma legal (art. 95.2 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000) complemente la constitucional del artículo 272, como lo señaló el Tribunal a quo, dada su taxatividad y carácter restrictivo y que su remisión por parte del literal c) del 163 de la Ley 136 de 1994 es clara en indicar que es en lo aplicable y el numeral 2° no lo es, frente a lo cual, aseguraron que debía tenerse en cuenta la sentencia SU-566 de 2019, que a juicio de los apelantes protege en mayor grado la garantía de acceder a los cargos públicos.

Ahora, en relación con la petición de los apelantes, encaminada a que se aplique la sentencia de unificación SU-566 de 2019, proferida por la Corte Constitucional, la Sala reitera lo señalado en la providencia del 15 de octubre de 2020, que, si bien se dictó frente a la solicitud medida cautelar, por lo que no resultaba definitiva para la decisión que debiera tomarse en la sentencia, el fundamento sobre la extensión de dicha decisión se mantiene, dado que no se advierte alguna razón nueva o diferente que conlleve a su rectificación o variación.

En dicha oportunidad, se revisó la decisión del Alto Tribunal Constitucional y se señaló que el asunto que se trató en la referida sentencia de unificación de la Corte Constitucional, trató un caso particular decidido en sede de tutela, que sustentó las razones de la decisión, en que: i) el cargo de Defensor Regional del Pueblo que desempeñó el allí demandado dentro del año anterior a su elección, no era del orden departamental y, por lo mismo, no se configuraba uno de los presupuestos de la inhabilidad por ocupación de cargos públicos prevista en el inciso octavo del artículo 272 de la Constitución; ii) además de las inhabilidades señaladas por el constituyente, el legislador, en ejercicio del amplio margen de configuración de que goza en materia de situaciones de inelegibilidad de los servidores públicos del nivel territorial, podía establecer otro tipo de inhabilidades, siempre que lo hiciera de manera razonable y proporcional, de acuerdo con los principios, valores y derechos consagrados en la Constitución y; iii) precisó que se extienden las inhabilidades específicas del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 cuando resulte claramente necesario para asegurar una adecuada protección a la imparcialidad, transparencia y moralidad de la función pública.

Lo anterior, evidencia que, en todo caso, la Corte Constitucional no descartó de manera absoluta la aplicación del contenido normativo del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, sino que, precisó que, en cada caso particular, correspondía analizar si había lugar a ello o no, en aras de evitar un uso abusivo de las funciones públicas en beneficio de intereses particulares propios o de terceros, rompiendo la igualdad e imparcialidad en detrimento del interés público.

Además, debe resaltarse que los efectos de las sentencias de constitucionalidad obligan a todos los intérpretes a su implementación en los términos allí establecidos bajo el principio de cosa juzgada constitucional, por lo que bajo la ratio establecida en sede de constitucionalidad a través de la sentencia C-126 de 2018, se encontró exequible la remisión prevista en el artículo 163 de la Ley 136 de 1994, en lo que fuera aplicable, siempre que se respeten los postulados constitucionales, presupuestos que fueron analizados en el capítulo 3.2 de este proveído.

Así, la posición que viene sosteniendo esta Sala, no es opuesta a la señalada por la Corte Constitucional en la SU-566 de 2019, en tanto ésta se profirió bajo la perspectiva de control concreto de constitucionalidad, mientras que, en la C-126 de 2018 se determinó la protección al interés general bajo la perspectiva sistemática de sostenimiento de los principios rectores de la función pública; en razón de ello, la Sección al momento de resolver cada asunto, tiene en cuenta las circunstancias particulares y, dependiendo de ello, establece la aplicabilidad de la remisión, en búsqueda de atender la necesidad de garantizar la imparcialidad, transparencia y moralidad que rigen los procesos de selección.

En respuesta al segundo interrogante, se tiene que sí hay lugar a dar aplicación a la decisión de la Corte Constitucional, pero bajo los razonamientos previamente reseñados, lo que en nada implica que se deba concluir en el mismo sentido, pues como se viene diciendo, depende del análisis de cada caso particular.

3.4.- De la presunta necesidad de retomar la posición de la Sala por contener una interpretación más restrictiva de la inhabilidad

Los recurrentes, centraron parte de sus argumentos en que no le es aplicable a la demandada, la inhabilidad contenida en el artículo 95.2 de la Ley 136 de 1994, en tanto, a su juicio, desconocería, entre otros, su derecho de acceder a cargos públicos por cuanto se trata de una aplicación extensiva y no restrictiva de la inhabilidad.

En este evento, es pertinente señalar que el derecho de acceder a cargos públicos, si bien es fundamental, no es absoluto por lo que, aunque con la reforma de 2019, la Constitución se refiere al hecho de haber ocupado empleos en la rama ejecutiva, de la que, en efecto, no hacen parte los órganos de control, ello no es excluyente de la normativa legal del artículo 95.2 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, en tanto es compatible con el anterior precepto, como ya se explicó.

De modo que no se afectan los derechos invocados cuando la libertad para acceder a un cargo público, que no es absoluta, se encuentra limitada por una restricción que tiene como finalidad legítima y razonable la de evitar que se obtenga una ventaja o beneficio indebido por el hecho de ostentar un cargo que implica el ejercicio de prerrogativas propias de la autoridad, que es precisamente el criterio que ha de terse en cuenta al momento de determinar si hay lugar o no a la remisión de la situación de inelegibilidad establecida para los alcaldes.

Sobre este particular, encuentra la Sala que, aunque para el caso de los contralores esta Sección en un inicio consideró que la inhabilidad consagrada en el numeral 2º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, no era aplicable a los contralores, debido a que su situación fue regulada por el artículo 272 constitucional; la misma Sala precisó que este precepto al ser modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015, cambió el supuesto fáctico de la inhabilidad; en consecuencia, dicho antecedente no resulta aplicable, pues, a partir de la precitada reforma, la inhabilidad quedó circunscrita a los cargos desempeñados en el nivel ejecutivo del orden departamental, distrital o municipal, dejando al descubierto otros aspectos que claramente devendrían en contrarios a los principios constitucionales de transparencia e igualdad.

Más adelante, con la reforma introducida mediante el Acto Legislativo 04 de 2019, la inhabilidad respecto del ejercicio de cargos públicos se amplió y ya no importaba el carácter jerárquico del cargo, sino que se extendió a todos los niveles y, puntualmente, para el acceso al cargo de contralor territorial, la limitación solo es aplicable a los cargos públicos de la rama ejecutiva del respectivo nivel, modificación que no varió la jurisprudencia del Consejo de Estado que supone la coexistencia de la inhabilidad constitucional, con la dispuesta en el artículo 95.2 de la Ley 136 de 1994, para éstos, en tanto su ámbito de protección es diferente.

De lo anterior se pude concluir que, con las modificaciones introducidas por los diferentes actos legislativos, el juez electoral de la mano con el juez de control abstracto de constitucionalidad, en sentencia C-126 de 2018, determinaron como factible hacer compatible la inhabilidad establecida en el numeral 2° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, a los contralores, para garantizar como ya se reseñó, la pureza de los procesos eleccionarios; pues se trata de una sentencia de constitucionalidad a la que ha dado estricta aplicación esta Sala Electoral, como corresponde.

Así, la Sala descarta la posibilidad de retomar la posición que se había asumido con anterioridad a la reforma introducida por el Acto Legislativo 02 de 2015 al artículo 272 de la Constitución, en tanto la inhabilidad se aplica por expresa remisión del artículo 163 de la Ley 136 de 1994, y las razones que exponen los apelantes, no son suficientes para determinar que la norma constitucional excluya la legal, por el contrario, se considera que la una respetando su rango es complementaria de la otra.

Lo anterior, para esta Sala Electoral no comporta un desconocimiento del principio de interpretación restrictiva de la inhabilidad, entendida como lo señaló la Sala Plena de la Corporación, como la que busca la aplicación de la norma a casos concretos o a los eventos establecidos por el constituyente o el legislador como circunstancias de inelegibilidad, sin lugar a analogías, extensiones, o interpretaciones amplias, siempre que, su aplicación se limita a los verbos rectores que el legislador o el constituyente emplearon en la redacción de la causal y sin extender su interpretación a otros distintos que no se encuentren contenidos en la norma.

Por manera que, contrario a lo expuesto por los apelantes, no se encuentra que el Tribunal Administrativo de Sucre, hubiera dado a la norma una aplicación e interpretación diferente a la que correspondía, pues se evidencia que se limitó a las circunstancias que comprenden la inhabilidad, a partir de los argumentos expuestos y acreditados por los sujetos procesales.

Para este operador judicial, mal podría entenderse que la aplicación de una norma legal que contiene una inhabilidad comporte una forma de aplicación extensiva, cuando su remisión se encuentra expresa en la misma ley, lo cual equivale a que su contenido sea el de aplicación directa, pero además obligatoria.

Fue precisamente el legislador el que de manera expresa dispuso para la elección de contralores, la remisión a la inhabilidad establecida para alcaldes en lo pertinente y la Corte Constitucional, la que precisó que el numeral 2° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 les era aplicable. Si bien el legislador pudo transcribir el contenido de la normativa dispuesta como causal de inelegibilidad para los alcaldes y adecuar su redacción a la elección que se acusa en esta oportunidad, el efecto de expresar una remisión en el contenido legal es exactamente el mismo; por manera que no es un capricho del juez ni es una manera arbitraria la aplicación de la causal, sino que constituye una disposición legal.

No existe la posibilidad de que el juzgador, bajo el criterio de interpretación restrictiva ignore la remisión legal a que se refiere el literal c) del artículo 163 de la Ley 136 de 1994, pues no es facultativo aplicar o no las causales de inhabilidad a los destinatarios de los preceptos legales y constitucionales.

Ahora, si bien ante dos interpretaciones posibles, se debe dar aplicación a la que menos restrinja el derecho de acceder a los cargos públicos, en el caso particular no se encuentran las dos posibilidades a que aducen los apelantes, sino que se advierte solo una posible, que corresponde con el principio pro electoratem o por el electorado, según la cual el derecho del electorado ha de prevalecer sobre el de una persona para postularse y ser elegida para el empleo estatal, toda vez que la remisión que el artículo 163 de la Ley 136 de 1994 hace al artículo 95 ibídem, es clara, al igual que el contenido de la causal de inelegibilidad, pues no evidencia ninguna dificultad ni duda en su interpretación y aplicación, por esta razón no resulta pertinente invocar los principios de proporcionalidad o pro homine.

Así lo viene sosteniendo pacíficamente esta Sala, en el sentido de señalar que la finalidad del régimen electoral, indistintamente de si se trata de elecciones por voto popular o por corporaciones o entidades públicas, consiste en evitar que los intereses personales se antepongan a los públicos, en donde prevalecen los principios de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad propios de la función pública, por encima del interés particular del nombrado o elegido; lo que valga aclarar no se predica únicamente de los comicios populares, ya que la posibilidad de demandar la nulidad de un acto electoral se hace extensiva a todas las elecciones, bajo la necesidad de proteger los mismos principios constitucionales.

A manera de ejemplo, en auto de 28 de noviembre de 2018, la Sección Quinta reiteró que, a través del derecho electoral, como rama autónoma del derecho público, se concreta la función electoral, que de alguna manera tiene como fin último organizar, legitimar y restringir el poder, por lo que se constituyen sobre los principios pro hominum y pro electoratem, que deben regir el ejercicio de la función y su control por parte de las autoridades judiciales.

En consecuencia, no se encuentra que la aplicación de la inhabilidad en el asunto de la referencia constituya una interpretación inadecuada y no se advierten razones para retomar la tesis que fue modificada con ocasión de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015.

3.5.- Del presunto trato desigual de la jurisprudencia de la Sección en situaciones similares a los contralores, en relación con los personeros

Dentro de su sustentación, consideran los recurrentes que la Sala tiene un criterio desigual al momento de estudiar la misma situación para los personeros que para los contralores, pues, mientras que para estos últimos aplica la inhabilidad establecida para los alcaldes en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, a los primeros no se les efectúa dicha remisión en tanto ya se encuentra regulada la inhabilidad en la normativa constitucional, tesis que, a su juicio, debería extenderse a los contralores por ser la que en mayor medida, garantiza los derechos fundamentales de quienes pretenden acceder a cargos públicos.

Para la Sala, no les asiste la razón a los recurrentes en tanto la situación en uno y otro caso no son exactamente iguales, ya que, si bien el literal a) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994, efectúa una remisión, en lo aplicable, al numeral 2° del artículo 95 de la misma ley, el resultado del análisis al que ha llegado la Sala es que, en tal caso, no existe la mencionada compatibilidad.

Si bien lo anterior, a simple vista, pareciera contradictorio, acudiendo al contenido normativo de cada situación y al desarrollo jurisprudencial de esta Sala Electoral, se concluye que no lo es y que la posición frente a una y otra remisión no es vulneradora de la igualdad, sino que obedece a las particularidades de cada precepto.

Así, el artículo 174 de la Ley 136 de 1994, que contiene las inhabilidades para ser elegido personero, en su literal a) preceptúa que también deben considerarse las causales establecidas para el alcalde municipal, en lo que sea aplicable, lo que ha justificado que la parte demandada haya acudido al numeral 2° del artículo 95 de la misma ley, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, del que ya se conoce su contenido en esta providencia.

Para esta Sala Electoral, acogiendo el criterio de la Corte Constitucional, la aplicación de la causal de inhabilidad del artículo 95.2 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, (así como la contenida en el numeral 5° ibídem), sobre el hecho de haber ocupado con anterioridad cargos públicos, no resultan aplicables a la elección de personeros, en tanto el legislador se ocupó de manera especial frente a éstos, en el literal b) del artículo 174 de la misma ley, de modo que resultaba innecesaria la remisión a otras normas.

El mencionado literal, establece que no podrá ser elegido personero quien: haya ocupado durante el año anterior, cargo o empleo público en la administración central o descentralizada del distrito o municipio, por lo que, frente a la elección de personeros, no resulta viable la remisión a los numerales 2 y 5 artículo 95 de la Ley 136 de 1994, ya que la misma norma especial para la elección de personeros, contenida en el artículo 174 de la misma Ley, se ocupó de las causales de inelegibilidad por el hecho de haber ocupado cargos públicos.

Por otro lado, se trata de cargos disímiles por lo que no se encuentra viable señalar los requisitos, presupuestos, condiciones de elegibilidad ni el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de un cargo a otro, salvo cuando así lo prevea el legislador y, en este caso, fue el mismo constituyente que en el artículo 272 Superior hizo referencia a los contralores y en el 174 ib., a personeros, independiente de que en uno y otro caso se haga una remisión a las causales de inelegibilidad establecidas para los alcaldes, en lo aplicable; pues corresponderá analizar su contenido en cada caso en particular.

No obstante lo anterior, y en gracia de discusión, conviene resaltar, que dicho precepto (artículo 174), en mucho se parece al contenido normativo del artículo 272 original de la Constitución Política, como se ilustra a continuación:

Artículo 272 de la Constitución Política en su versión primaria
Artículo 174 literal b) de la Ley 136 de 1994
No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de asamblea o concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público del orden departamental, distrital o municipal, salvo la docencia.

Haya ocupado durante el año anterior, cargo o empleo público en la administración central o descentralizada del distrito o municipio;

Haciendo un paralelo de los ingredientes normativos de uno y otro precepto, se puede observar que las normas cobijaban a todo empleado público del nivel respectivo, circunstancia que permite colegir, que se predica de quienes ejercen autoridad administrativa, en tanto ellos están enmarcados dentro del concepto de la inhabilidad, al contemplar esta la expresión cargo o empleo público.

Así, para la Sala no hay lugar a realizar la misma afirmación que se ha hecho en relación con la remisión a las causales de inelegibilidad de alcaldes cuando se censura la elección de personeros, en tanto las razones que se expresaron para no acudir a la inhabilidad de alcaldes no son predicables de los contralores territoriales, en tanto para aquellos la normativa se planteó de forma muy amplia que hace innecesaria la remisión a las causales de inhabilidad de los alcaldes y en ese sentido por ello se estimó que ésta no era compatible; mientras que, para el caso de los contralores, con las modificaciones de los actos legislativos de 2015 y 2019, las inhabilidades resultan más específicas y concretas, lo que conlleva, bajo el concepto de compatibilidad, a la aplicación de las inhabilidades de los alcaldes, por remisión expresa del artículo 163 de la Ley 136 de 1994, pues se insiste, sí son concurrentes y en consecuencia, no resultan excluyentes sino como un complemento acorde con los principios de la función pública en aras de evitar algún provecho de los participantes en el trámite de acceder a los cargos públicos.

4.- Conclusión

Así, toda vez que la elección que se acusa se produjo por el Concejo municipal de Sincelejo, el 10 de enero de 2020, es decir, con posterioridad a la modificación introducida por el Acto Legislativo N° 4 de 2019 al artículo 272 constitucional y, teniendo en cuenta que se mantiene para el caso particular, la aplicación del artículo 95.2 de la Ley 136 de 1994, como inhabilidad para ocupar el cargo de contralor territorial, se tiene que, en los estrictos términos en que se previó la causal de inhabilidad, sí se configuró la situación de inelegibilidad en cabeza de la demandada.

A esta conclusión se llega, por el hecho de haber desempeñado con anterioridad a la elección, un cargo que implica ejercicio de autoridad administrativa, en el lugar en donde ejercería las funciones de contralora, pues antes de la designación controvertida, la demandada, como contralora encargada, por la entonces renuncia de su titular, ejerció tal autoridad, situación que fue analizada en detalle y que no fue objeto de apelación, ya que la censura, como se indicó, se encaminó a pretender que se declarara que a la demandada no le era aplicable la causal del artículo 95.2 de la Ley 136 de 1994, modificado por el 37 de la Ley 617 de 2000, pero no se discutieron las razones que llevaron al primer fallador a concluir el ejercicio de dicha autoridad en razón de su encargo como contralora municipal de Sincelejo.

Por manera que, aunque las variaciones en la jurisprudencia han obedecido a la necesidad de ajustar la interpretación conforme a los cambios constitucionales; la posición de la Sección ha sido constante, en el entendido de valorar y contrastar la finalidad de la inhabilidad constitucional y la posible subsunción con la prevista legalmente, siempre con miras a proteger los principios de igualdad, moralidad, transparencia e imparcialidad y, en esta ocasión, se concluye que la inhabilidad del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de 2000, es complementaria de la constitucional y, por consiguiente, resulta aplicable a la elección de contralores territoriales.

En ese orden, la Sala considera que los apelantes no desvirtuaron la incursión en inhabilidad de la demandada, al momento de su elección como contralora municipal de Sincelejo, para el período 2020-2021, por tanto, se confirmará sentencia de primer grado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de abril de 2021 del Tribunal Administrativo de Sucre, que declaró la nulidad de la elección de la señora Vivian María Montaño González, como contralora municipal de Sincelejo, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”. Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 21 de enero de 2021, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 66001-23-33-002-2020-00494-01. Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 4 de febrero de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 66001-23-33-000-2020-00499-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 21 de enero de 2021, rad. 50001-23-33-000-2019-00488-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 4 de febrero de 2021, rad. 76001-23-33-002-2019-01077-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. De acuerdo con el concepto de violación expuesto por la parte actora, se advierte que si bien se transcribe la normativa actualizada, contenida en el artículo 272 superior, los argumentos en que se sustenta el concepto, parecieran dirigirse al contenido de la misma, luego de la reforma que se le introdujo a través del Acto Legislativo No. 2 del 1° de julio de 2015, por cuanto el contenido del inciso 8° de dicha norma, consistía en que “no podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año, miembro de la Asamblea o Concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público en el nivel ejecutivo del orden departamental, distrital o municipal” (la subraya es de la Sala). No obstante, se precisa que la referida situación de inelegibilidad fue modificada por el Acto Legislativo No. 04 del 18 de septiembre de 2019, para indicar que “no podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año, miembro de la Asamblea o Concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público en la rama ejecutiva del orden departamental, distrital o municipal” (subraya propia); cambio normativo que al parecer no tuvo en cuenta el demandante al momento de la sustentación en tanto se refiere al contenido de acuerdo con la mencionada reforma de 2015. Modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000. No explica cuáles. Modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000. No precisa cuál. No indica otros datos de la providencia. Modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Bogotá, D.C., del 18 de julio dos mil diecinueve (2019), Radicación número: 73001-23-33-000-2018-00204-03. Modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000. Modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000. Modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 4 de mayo de 2017 Rad. 73001-23-33-000-2016-00107-02, C.P. Rocío Araujo Oñate. Cita de cita: 2. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador del gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio. Consejo de Estado. Sección Quinta. Auto de fecha 21 de enero de 2021. Radicación 66001-23-33-002-2020-00494-01. Demandante: CÉSAR DAVID GRAJALES SUÁREZ. Demandado: MUNICIPIO DE PEREIRA – CONCEJO MUNICIPAL DE RISARALDA Y JUAN DAVID HURTADO BEDOYA, como contralor municipal de Pereira, período 2020-2021. M.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. No precisa los datos de la providencia. Modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000. Folio 4 del escrito de apelación. Modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Fallo 02813, M.P. Darío Quiñonez Pinilla.

Modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000.
consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, M.P. Mario Alario Méndez de 6 de febrero de dos mil tres 2003, Rad. No.: 05001-23-15-000-2001-0387-01(3041). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, M.P.: SUSANA BUITRAGO VALENCIA Bogotá, D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil nueve (2009) Rad.: 73001-23-31-000-2008-00052-03. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 18 de julio de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad, 73001-23-33- 002-2018-00204-03. Modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000. Modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000. Modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000. Modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000. Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 22 de abril de 2021, rad. 15001-23-33-000-2020-00120-01 y Sobre el particular ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 18 de febrero de 2021. Rad. 05001-23-33-000-2019-02852-02, M.P. Rocío Araújo Oñate. Consejo de Estado- Sección Quinta. Sentencia del 3 de agosto de 2015. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez Rad. 11001032800020140005100. Consejo de Estado- Sección Quinta. Sentencia del 12 de marzo de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro Rad. 1100103280002014-0006500. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 29 de enero del 2019. M.P. Rocío Araújo Oñate. Radicación 11001-03-28-000-2018-00031-00(SU). Artículos 40 y 85 de la Carta Política. Sobre este punto son relevantes, entre otros pronunciamientos de la Corte Constitucional, los siguientes: C-415 de 1993, en el que se señaló a la luz del análisis de las inhabilidades en materia contractual, lo siguiente: (…) “Una vez el Legislador identifica una situación específica que puede gravemente afectar el interés general puede legítimamente prohibir las conductas que la configuran. La mencionada prohibición, entre las múltiples formas que puede adoptar, puede tener el carácter de inhabilidad sancionable con nulidad absoluta. En realidad, las inhabilidades establecidas en la ley, no se destinan a castigar a quien formula con posterioridad una propuesta. Como se ha expuesto, este no es ni el objetivo ni la materia de las normas. Las inhabilidades no pueden reducirse ni captarse bajo la única perspectiva de las consecuencias materiales que ellas puedan acarrear para una determinada persona, sin tomar en consideración su verdadero objeto y sentido, que son los elementos que integran el componente principal de la limitación legal y que, adicionalmente, explican y autorizan por sí mismos los efectos materiales que se producen en la esfera vital de las personas comprendidas en su radio de acción.”. (…) De hecho, si para evitar el nepotismo y la colusión, se hace necesario consagrar inhabilidades o incompatibilidades basadas en los nexos familiares, la única forma de hacerlo es la de apartar en el caso concreto a los miembros de una misma familia, de modo que a lo sumo sólo uno de ellos pueda gozar de la oportunidad de que se trate. Aquí no se está, en principio, frente a una acumulación de beneficios en cabeza de un grupo familiar, sino ante el ejercicio del derecho de participación de un ciudadano o persona singular. El sacrificio de los restantes miembros de la familia, se ha podido justificar en esa precisa situación, ya sea en la prevención de un serio peligro social o en la clara y necesaria defensa del interés general. (…) Por lo demás, es común a las prohibiciones que se fundan en los nexos familiares, implicar materialmente, para algunos miembros de una misma familia, la imposibilidad de gozar de un derecho o posibilidad de acción que, en otras condiciones, podían ejercer. Así, por ejemplo, en las hipótesis de los numerales 5 y 6 del art.

179 - 5 y 6 de la C.P., se elimina la posibilidad de ser Congresista para la persona perteneciente a un grupo familiar en el cual uno de sus miembros ejerza autoridad civil o política. También se podría aducir que el miembro del grupo familiar que primero accede al servicio público, impide que los restantes posteriormente puedan hacerlo. No obstante, ésta no es la prohibición sino su consecuencia, y la misma se justifica a la luz del precepto prohibitivo y de su finalidad, que no es otra que la de evitar que el poder político se acumule en una misma familia. No es posible perseguir este fin sin que ese efecto se produzca. El Constituyente simplemente consideró que la promoción del interés general justificaba con creces el sacrificio individual que llegare a presentarse”. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. M.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia del diecinueve (19) de noviembre de dos mil veinte (2020). Radicación.50001-23-33-000-2020-00001-01
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 21 de abril de 2009. C.P. Ruth Stella Correa Palacio Rad. 2007-00581(PI). Corte Constitucional. Sentencia C-1062 del 11 de noviembre del 2003. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. M.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 11 de julio de 2019. Radicación número 54001-23-33-000-2018-00220-02. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. M.P. Rocío Araújo Oñate. Radicación número 15001-23-33-000-2020-00120-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 30 de mayo de 2019, M.P: Carlos Enrique Moreno Rubio, radicado No. 18001-23-33-000-2018-00194-01. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de marzo de 2019, radicación 11001 - 03-28-000-2018-00603-00, M.P. Rocío Araújo Oñate. En cuanto a las condiciones que se deben verificar cuando una persona pretenda el acceso a un cargo o empleo y su relación con las causales de inhabilidad, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de septiembre de 2016, radicación 11001-03-28-000-2016-00001-00 (acumulado), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Con respecto a la distinción entre las calidades para acceder a un cargo y las causas de inhabilidad, consultar entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 11 de marzo de 1999, radicado 1847, C.P. Mario Alario Méndez. Acerca del otorgamiento del aval como requisito formal para la inscripción de candidatos, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de diciembre de 2013, radicación 11001-03-28-000-2013-00037-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro. En cuanto al principio democrático, ver: Corte Constitucional, sentencia de 3 de marzo de 1994, exp. C-089, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Acerca de la triple finalidad que cumple el requisito del aval, consultar entre otros: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 11 de julio de 2013, radicación 60001-23-31-000-2012-00004-01, C.P. Alberto Yepes Barreiro. En cuanto al otorgamiento del aval y el responsable de ello, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 13 de agosto de 2009, radicación 11001-03-28-000-2006-00011-00(3944-3957), C.P. Filemón Jiménez Ochoa. Criterio acogido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en: Sentencia del 29 de enero del 2019. Consejera Ponente Rocío Araújo Oñate. Radicación 11001-03-28-000-2018-00031-00(SU). Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. M.P. Rocío Araújo Oñate. Radicación número 15001-23-33-000-2020-00120-01, sentencia de 22 de abril de 2021. Rad. 11001-03-28-000-2018-00031-00, M.P. Rocío Araújo Oñate. Para el efecto, la Sala señaló que así lo ponía en claro Jiménez Asúa y citó: Rodolfo Vásquez. Compilación. Interpretación jurídica y decisión judicial. Colección Jurídica Contemporánea. Fontamara 1998. México. Cita de cita: Ibídem
Cita de cita:

La interpretación analógica extrapola una regla prevista en el ordenamiento para resolver el caso concreto en ausencia de fórmula resolutiva y es propia de la interpretación extensiva. Cita de cita: La interpretación expansiva, amplía el ámbito de protección de un derecho a otros ámbitos del derecho o para todo el ordenamiento jurídico, por ejemplo: cuando se extiende una regla que opera en el derecho penal a la órbita civil, o cuando se extienden los sujetos a quienes se les aplica la misma o cuándo se extiende el objeto mismo de la regulación. Ver sentencia del 22 de abril de 2021, dentro del expediente del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, rad. 15001-23-33-000-2020-00120-01, M.P. Rocío Araújo Oñate. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 21 de enero de 1999 Rad. 2130. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 9 de noviembre de 2001 Rad. 76001-23-31-000-2001-0316-01. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 6 de agosto de 2009 Exp. 2008-0176, M.P. Filemón Jiménez Ochoa. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 22 de octubre de 2009 Rad. 73001-23-31-000-2008-00052-03, M.P. Susana Buitrago Valencia; reiteradas en la sentencia del 22 de abril de 2021, dentro del expediente del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, rad. 15001-23-33-000-2020-00120-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
“Artículo 95. INHABILIDADES PARA SER ALCALDE. <Artículo modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital: (…)
2. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador del gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio” (Destacado fuera de texto).
“ARTÍCULO 163. INHABILIDADES. <Artículo subrogado por el artículo 9o. de la Ley 177 de 1994. El nuevo texto es el siguiente:> No podrá ser elegido Contralor, quien: (…)
c) Esté incurso dentro de las inhabilidades señaladas en el artículo 95 y parágrafo de esta Ley, en lo que sea aplicable”. (Se destaca)
Sobre el particular, la Sección en providencia del 22 de octubre de 2009 concluyó: “En lo que tiene que ver con la inhabilidad prevista en el artículo 95, numeral 2º de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, que es la causal que invoca el demandante como sustento de ilegalidad del acto acusado, la Sala estima que ésta no tienen aplicación en la elección de contralor, pues el desempeño de empleo público, en relación con los contralores, está consagrado expresamente en el artículo 272 de la Constitución Política, según el cual “no podrá ser elegido contralor quien haya ocupado cargo de orden público del orden departamental, distrital o municipal”. Más aun cuando la causal endilgada exige, por una parte, que el ejercicio del cargo se haya realizado en la misma circunscripción territorial respecto de la cual resulta electo, o, por otro lado, que la ordenación del gasto en la ejecución de recursos de inversión o la celebración de contratos, deba ejecutarse o cumplirse en el mismo municipio, requisitos que no se verifican en el caso objeto de estudio”. (Subrayado fuera de texto). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. sentencia de 22 de octubre de 2009, M.P. Susana Buitrago Valencia, Rad. 73001-23-31-000-2008-00052-03.

Ver sentencia del 22 de abril de 2021, dentro del expediente del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, rad. 15001-23-33-000-2020-00120-01, M.P. Rocío Araújo Oñate. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 23 de marzo de 2015, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Exp. No. 11001-03-28-000-2014-00034-00 (Acumulado). Consejo de Estado, Sección Quinta, de 7 de diciembre de 2016, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Exp. No. 47001-23-33-000-2016-00074-02; decisiones reiteradas en la sentencia del 22 de abril de 2021, dentro del expediente del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, rad. 15001-23-33-000-2020-00120-01, M.P. Rocío Araújo Oñate. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Auto de 16 de junio de 2016 Rad. 41001-23-33-000-2016-00059-01, M.P. Rocío Araújo Oñate. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 4 de mayo de 2017 Rad. 73001-23-33-000-2016-000107-02, M.P. Rocío Araújo Oñate, sentencia del 22 de abril de 2021. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, rad. 15001-23-33-000-2020-00120-01, M.P. Rocío Araújo Oñate. Ver sentencia del 22 de abril de 2021, dentro del expediente del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, rad. 15001-23-33-000-2020-00120-01, M.P. Rocío Araújo Oñate; en cita que se realiza del contenido de la Gaceta del Congreso 820. Lunes 19 de septiembre de 2019. Corte Constitucional sentencia SU-566 de 2019. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. En cita que se hace del auto del 15 de octubre de 2020, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 70001-23-33-000-2020-00035-01 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro del dentro del fallo del 22 de abril de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, rad. 15001-23-33-000-2020-00120-01, M.P. Rocío Araújo Oñate. Sobre este particular, la Sección Quinta ha tenido como referencia, entre otros, los fallos C-126 de 2018 y SU-566 de 2019 de la Corte Constitucional. Respecto de la naturaleza del encargo, se ha pronunciado la Sección Quinta en sentencia del 13 de junio de 2019, dentro del exp. con radicado No. 11001-03-28-000-2018-00111-00 M.P. Rocío Araújo Oñate, en la que se dijo:
“2.3.3.1.1 Con anterioridad la Sala Electoral señaló la diferencia entre el encargo de funciones y el encargo del empleo en los siguientes términos:
“El encargo es una modalidad de provisión temporal de empleos públicos, de conformidad con lo preceptuado por la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación. Esta particularidad permite, en principio, parangonar esta figura jurídica al nombramiento, forma típica de acceso a la función pública. Sin embargo, menester resulta indicar que no en todas las ocasiones los encargos deben ser comprendidos como una forma de proveer los empleos públicos, pues, no en pocas ocasiones, se encargan las funciones, pero no el cargo, eventos en los cuales dicha situación administrativa no puede ser equiparada a un nombramiento. En otros términos, el encargo del cargo implica un reemplazo del titular del mismo, mientras que en el contexto del encargo de funciones éste continúa ocupándolo, a pesar de que por alguna situación administrativa no puede desempeñar el catálogo de funciones asignado a su empleo.”
2.3.3.1.2 Lo anterior, permite concluir que cuando se trata de un encargo del cargo, dicho acto se asemeja a un nombramiento, mientras que, si es un encargo de funciones se constituye en una situación administrativa laboral que escapa del conocimiento del juez electoral.

2.3.3.1.3 Esta postura se reiteró cuando posteriormente se señaló
“Para la Sección, la vacancia definitiva del cargo de Director y la toma de posesión por parte del demandado de dicho empleo evidencian, sin lugar a duda, que a través del acto demandado sí se proveyó, aunque de manera temporal, el cargo de Director Regional del SENA, lo que lo erige como un verdadero acto nombramiento. En efecto, a través del acto acusado el señor Pardo Jiménez tuvo acceso al cargo de director, pues este empleo se encontraba vacante, es decir, se entiende que el demandado reemplazó o sustituyó al director anterior, lo que erige a la resolución acusada en un verdadero acto de nombramiento, ya que, se insiste, a través del acto acusado se proveyó, solo que bajo la modalidad de encargo, un cargo de libre nombramiento y remoción - que se encontraba vacante. En otras palabras, contrario a lo asegurado por el a quo, a través del acto acusado no se “encargaron al demandado unas funciones”, sino que se aprovisionó de manera temporal un cargo que se encontraba vacante de forma definitiva, lo que significa que se realizó un acto de nombramiento. 2.3.3.1.4 Descendiendo al caso en particular se concluye que el acto mediante el cual se encargó al señor Pedro León Reyes Gaspar de la Rectoría de la Universidad Surcolombiana, constituye un acto de nombramiento, pues el cargo que ocupó de manera transitoria se encontraba vacante de forma definitiva por la culminación del período institucional, siendo por ello que se dispuso el encargo del cargo en cabeza del demandado y no simplemente el desempeño de algunas de las funciones. 2.3.3.1.5 Así las cosas, la situación del demandado se analizará desde la perspectiva de un nombramiento efectuado para suplir la vacante definitiva que existía en el cargo de rector de la Universidad Surcolombiana y no como la situación jurídica del encargo de funciones como lo argumentó…”. También se puede: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia 18 de diciembre de 2017, radicación 11001-03-28-000-2017- 00044-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez; auto de 30 de agosto de 2018, rad. 25000-23-41-000-2018-00165-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro; sentencia de 28 de febrero de 2019, rad. 73001-23-33-000-000-2018-00383-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000. M.P. Rocío Araújo Oñate. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. M.P. Rocío Araújo Oñate. Ver sentencia C-126 de 2018 de la Corte Constitucional. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 29 de enero del 2019. M.P. Rocío Araújo Oñate. Radicación 11001-03-28-000-2018-00031-00(SU). Sentencia C-126 de 2018. Ídem. Modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, rad. 70001-23-33-000-2020-00035-02. Modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000. Como lo ha precisado esta Sección en las sentencias antes citadas. Ver sentencia del 22 de abril de 2021. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, rad. 15001-23-33-000-2020-00120-01, M.P. Rocío Araújo Oñate, en cita que se hace de la decisión del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 6 de febrero de 2003, Exp. 2001-0387 M.P. Mario Alario Méndez. Modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000. Ver sentencia del 22 de abril de 2021. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, rad. 15001-23-33-000-2020-00120-01, M.P. Rocío Araújo Oñate. Modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, rad. 15001-23-33-000-2020-00120-01, M.P. Rocío Araújo Oñate, en cita que se hace del auto del 15 de octubre de 2020, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad.

70001-23-33-000-2020-00035-01 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro del dentro del fallo del 22 de abril de 2021, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, rad. 15001-23-33-000-2020-00120-01, M.P. Rocío Araújo Oñate. Modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Auto del 28 de noviembre de 2018, Rad. 11001-03-28-000-2018-00614-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro. En igual sentido se puede consultar la sentencia dictada el 11 de octubre de 2018, Rad. 11001-03-28-000-2018-00028-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, en la que se señaló la necesidad de garantizar que el interés personal del aspirante no se anteponga al interés de los electores –pro hominum y pro electoratem–. Modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000.
“ARTÍCULO   174. Inhabilidades. No podrá ser elegido personero quien:
a) Esté incurso en las causales de inhabilidad establecidas para el alcalde municipal, en lo que le sea aplicable; (…)”
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, rad. 73001-23-33-002-2018-00204-03, M.P. Rocío Araújo Oñate, en cita que hace en los siguientes términos: “Corte Constitucional, sentencia C-767 del 10 de diciembre de 1998, C.P. Alejandro Martínez Caballero. En esta providencia se indicó: “Por ende, en la medida en que el artículo 174 señala que no podrá ser personero quien esté incurso en las causales de inhabilidad establecidas para el alcalde municipal, pero únicamente “en lo que le sea aplicable”, debe entenderse que sólo se extienden al personero aquellas inelegibilidades previstas en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994 cuando tal extensión resulte claramente necesaria para asegurar una adecuada protección a la imparcialidad, transparencia y moralidad de la función pública. Por consiguiente, en aquellos eventos en que esa extensión carezca de evidente razonabilidad, o exista duda sobre su pertinencia, debe entenderse que la inhabilidad del alcalde no es aplicable al personero. 7- Ahora bien, en la medida en que la propia ley previó una inhabilidad específica para ser personero cuando la persona ocupó previamente un cargo en la administración, la cual está contenida en el literal b) del artículo 174, no parece razonable extender a los personeros la inhabilidad sobre el mismo tema prevista para el alcalde.”
Modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000. Modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000. Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 15 de octubre de 2020, rad. 70001-23-33-000-2020-00035-01. M.P. Rocío Araújo Oñate.

Radicado: 70001-23-33-000-2020-00035-02
Demandante: Elkin Monterroza Gómez
Demandada: Vivian María Montaño González
Contralora Municipal de Sincelejo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 70001-23-33-000-2020-00035-02
Demandante: Elkin Monterroza Gómez
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