Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 73001-23-33-000-2023-00466-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 73001-23-33-000-2023-00466-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 73001-23-33-000-2023-00466-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
20 de marzo de 2025
Demandante: José Baruth Tafur Gutiérrez
Demandada: Johana Ximena Aranda Rivera
Rad.: 73001-23-33-000-2023-00466-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicado: 73001-23-33-000-2023-00466-01
Demandante: JOSÉ BARUTH TAFUR GUTIÉRREZ
Demandada: JOHANA XIMENA ARANDA RIVERA - ALCALDESA DE
IBAGUÉ - TOLIMA (2024-2027)
Temas: Régimen de incompatibilidades de los alcaldes.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por el demandante y el
coadyuvante, contra la sentencia del 12 de diciembre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El ciudadano José Baruth Tafur Gutiérrez, en ejercicio del medio de control
previsto en el artículo 139 del CPACA, presentó demanda tendiente a obtener la
nulidad del formulario E-26 ALC del 14 de noviembre de 2023, que declaró la
elección de la señora Johana Ximena Aranda Rivera, como alcaldesa de Ibagué
(Tolima), para el periodo 2024-2027.
1.2. Hechos
Mediante el Decreto 0750 del 10 de mayo de 2022, el gobernador del Tolima dio
cumplimiento a la medida de suspensión provisional ordenada por la
Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial en contra del
alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrera, elegido por el Partido
Conservador Colombiano, por el término de tres (3) meses, sin derecho a
remuneración.
En el artículo segundo del referido acto, se designó a la señora Johana Ximena
Aranda Rivera, en su calidad de secretaria de despacho, código 020, grado 19,
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Demandante: José Baruth Tafur Gutiérrez
Demandada: Johana Ximena Aranda Rivera
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adscrita a la Secretaría de Salud, como alcaldesa encargada, por el término de
la suspensión provisional decretada por el ente investigador.
A través de oficio PCC/PDTE.041-22 del 18 de mayo de 2022, el presidente y
representante legal del Partido Conservador Colombiano le remitió al
gobernador del departamento del Tolima la terna para la designación de alcalde
para el municipio de Ibagué, en reemplazo del mandatario suspendido, señor
Andrés Fabián Hurtado Barrera, la cual estuvo conformada por las siguientes
personas:
➢ Johana Ximena Aranda Rivera
➢ Juan Manuel Rodríguez Acevedo
➢ Claudia Gisella Rengifo Parra
En virtud de lo anterior, el gobernador del Tolima expidió el Decreto 0772 del 18
de mayo de 2022, por medio del cual designó a la señora Johana Ximena
Aranda Rivera como alcaldesa de Ibagué hasta cuando durara la suspensión
provisional impuesta al alcalde titular.
Mediante el Decreto 0800 del 31 de mayo de 2022 expedido por el gobernador
del Tolima, se levantó la suspensión impuesta al alcalde de Ibagué, señor
Andrés Fabián Hurtado Barrera.
A través del Decreto 0301 del 31 de mayo de 2022, el señor Hurtado Barrera, en
su calidad de alcalde de Ibagué, ordenó retornar a la señora Johana Ximena
Aranda Rivera a su cargo de secretario de despacho, código 020, grado 19,
adscrito a la Secretaría de Salud, a partir de esa fecha.
La señora Johana Ximena Aranda Rivera, actuando como alcaldesa encargada,
expidió el Decreto 1000 0417 del 18 de julio de 2022, por medio del cual fijó el
incremento salarial para los diferentes empleos de la administración central
municipal para la vigencia del año 2022; lo anterior, conforme a la atribución
conferida en el numeral 7° del artículo 315 de la Constitución Política.
El 2 de mayo de 2023, en la sede del Partido Centro Democrático de la ciudad
de Bogotá, se le otorgó a la señora Johana Ximena Aranda Rivera el aval para
la alcaldía de Ibagué (Tolima), evento que fue transmitido en vivo por varios
medios de comunicación.
Mediante el oficio PCC/SJ152-23 del 26 de mayo de 2023, suscrito por la
secretaria jurídica del Partido Conservador, se señaló que Johana Ximena
Aranda Rivera había sido incluida en la terna para el encargo de la Alcaldía de
Ibagué (Tolima), y que luego de verificar en la oficina de militancia del partido, la
información obtenida arrojaba en la base de datos del nivel nacional que no
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reposaba ninguna renuncia por parte de esta; y que en caso de presentarse
debió hacerse ante el Directorio Municipal o Departamental, por lo tanto, se
entendía que la demandada no había sido desvinculada de ese movimiento
político.
A través del oficio PCC/SJ-158-23 del 30 de mayo de 2024, el Partido
Conservador amplió la respuesta emitida con anterioridad y precisó que era
posible que la demandada hubiese renunciado ante el Directorio Municipal o
Departamental, y en ese sentido, dicha dimisión sería debidamente registrada
en el Directorio Nacional Conservador al momento de su llegada; pero que para
todos los efectos, se entendería como fecha de presentación la de radicación
ante el Directorio Municipal o Departamental, si allí se hubiera remitido.
De la Resolución 13622 del 19 de octubre de 20231, emitida por el Consejo
Nacional Electoral, se evidencia que la señora Johana Ximena Aranda Rivera, a
través de apoderado, aportó un oficio con fecha 31 de mayo de 2023 con sello y
radicado 1851, dirigido al secretario general del Partido Conservador, solicitando
la renuncia de militancia a esa agrupación.
La señora Johana Ximena Aranda Rivera, fue elegida alcaldesa de Ibagué
(Tolima), con el aval otorgado por el Partido Centro Democrático, para el periodo
2024-2027.
1.3. Concepto de la violación
Con base en los anteriores supuestos fácticos, el demandante afirma que el acto
acusado infringe el numeral 2° del artículo 37, el numeral 7° del artículo 38 y el
artículo 39, todos de la Ley 617 de 2000 y el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011,
conforme a los siguientes argumentos:
Señaló que la señora Johana Ximena Aranda Rivera fue designada como
alcaldesa de Ibagué (Tolima), de la terna enviada por el Partido Conservador
Colombiano, lo cual configura la inhabilidad prevista en el numeral 2° del artículo
37 de la Ley 617 de 2000, toda vez que, como tal, ejerció autoridad civil, política
y administrativa.
En concordancia con lo anterior, estimó que la demandada se encuentra incursa
en la causal de incompatibilidad del numeral 7° del artículo 38 de la norma
ibidem, la cual prohíbe inscribirse como candidato a cualquier cargo de elección
popular durante el período para el cual fue elegido, pues este se refiere a la
duración del periodo constitucional y no a la forma como se accedió al cargo, lo
1 Por la cual se niega la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de la ciudadana Johana
Ximena Aranda Rivera a la Alcaldía de Ibagué (Tolima), avalada por la coalición «IBAGUÉ PARA TODOS,
para las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023.
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cual no tiene relación con el extremo temporal en que ejerció tal calidad.
Argumenta que el Consejo de Estado2 ha advertido sobre el elemento temporal
de la prohibición legal que se estableció originalmente en 24 meses, por el
legislador del 2000, y que fue reducido a 12 meses en el año 2011, esto con
fundamento en dos extremos temporales distintos.
Que un extremo temporal, se refiere al momento a partir del cual se dejó de
detentar el cargo; y el otro, hace alusión a la fecha de la nueva inscripción del
candidato; sin embargo, el Consejo de Estado ha establecido que la renuncia no
es una circunstancia válida para que se entienda modificado el extremo
temporal inicial por cuanto se trata de cargos sometidos a periodo constitucional.
Sostuvo que al designarse a la demandada como alcaldesa encargada y emitir
el decreto que fijaba el incremento salarial para los diferentes empleados de la
administración municipal con vigencia del año 2022, la favoreció en su
aspiración a la alcaldía municipal, pues ese encargo generó condiciones
ventajosas ante los demás aspirantes a elección popular.
De otro lado, indicó que existen dos oficios emitidos por el Partido Conservador
Colombiano, del 26 y 30 de mayo de 2023, donde constan que para ese
momento no había registro alguno de la renuncia por parte de la demandada.
Así mismo, señala que de la Resolución 13622 del 19 de octubre de 2023,
emitida por el Consejo Nacional Electoral3, se evidencia que la mencionada
renuncia solo fue radicada el 31 de mayo de 2023, lo que demuestra que
pertenecía simultáneamente a más de un partido o movimiento político,
incurriendo en doble militancia.
Precisó que existen suficientes pruebas fílmicas y archivos audiovisuales del 2
de mayo de 2023 en donde se registró públicamente la entrega del aval a la
señora Johana Ximena Aranda Rivera como candidata a la Alcaldía Municipal
de Ibagué por el Partido Centro Democrático.
Conforme a lo anterior, concluyó que, para el 26 de mayo de 2023, la
demandada hacía parte del partido Conservador Colombiano según la
certificación allegada, por lo que, al recibir el aval para ser candidata a la
Alcaldía de Ibagué, por parte del Partido Centro Democrático, el 2 de mayo de
2023, incurrió en doble militancia.
2 «Sentencia del 29 de Enero del 2009 con Radicaciones 760012331000200701606 01 y 2007-1658
(acumulados); con Radicación interna No. 2007 – 1606 de la Sección quinta del Consejo de Estado».
3 Por la cual se niega la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de la ciudadana Johana
Ximena Aranda Rivera a la Alcaldía de Ibagué (Tolima), avalada por la coalición «IBAGUÉ PARA TODOS,
para las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023.
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1.4. Contestaciones de la demanda
1.4.1. Johana Ximena Aranda Rivera (demandada)
A través de apoderado, manifestó que se oponía a todas y cada una de las
pretensiones y solicitó que se negaran, de acuerdo con los siguientes
argumentos:
i) Presunta inhabilidad e incompatibilidad
Sobre la incompatibilidad alegada precisó dos cosas, la primera es que, en
principio, la norma consagra esta prohibición para los alcaldes, así como para
los que los reemplacen en el ejercicio de tal dignidad, en el sentido que no
podrían inscribirse como candidatos a cualquier cargo de elección popular
durante el periodo para el cual fueron elegidos. No obstante el carácter de
incompatibilidad, el artículo 39 de la misma ley, al extenderla en el tiempo, la
convierte en una clara inhabilidad.
El segundo aspecto son los extremos temporales que deben tenerse en cuenta
para no incurrir en ella, los cuales empiezan a contarse a partir del momento en
que se deja de detentar la calidad de alcalde, bien sea por el cumplimiento del
periodo constitucional, o por haber presentado la renuncia al cargo. No ocurre lo
mismo con el segundo extremo temporal, esto es, a partir de qué momento se
estructura la prohibición, es decir, desde la inscripción o a partir de la elección.
Señaló que, mediante el Decreto 772 de 18 de mayo de 2022, se designó a la
señora Aranda Rivera como alcaldesa de Ibagué por el tiempo que durara la
suspensión provisional impuesta a su titular, esto es, por tres (3) meses; sin
embargo, la medida fue levantada, siendo acatada por el gobernador del Tolima,
mediante el Decreto 800 del 31 de mayo del mismo año, motivo por el cual, la
demandada retornó al cargo de secretaria de despacho desde esa fecha.
Que, según el numeral 7° del artículo 38 de la Ley 617 de 2000, los doce (12)
meses que generan la prohibición empiezan a contabilizarse desde la fecha en
que dejó el cargo de alcaldesa encargada, es decir, el 31 de mayo de 2022; por
lo que, hasta ese entonces le estaba prohibido a la demandada inscribirse para
cualquier cargo de elección popular de la respectiva circunscripción; sin
embargo, en este caso, la inscripción ocurrió el 29 de julio de 2023, es decir, por
fuera del periodo inhabilitante.
Que el otro reproche que surge de la demanda es que existe inhabilidad porque
dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección, la señora Aranda Rivera
ejerció como alcaldesa encargada de Ibagué, jurisdicción o autoridad política,
civil, administrativa o militar, al expedir el Decreto 1000 0417 de 18 de julio de
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2022, mediante el cual se fijó un incremento salarial; sin embargo, dicho acto
administrativo se profirió por fuera de los límites temporales que prescribe la
conducta establecida en el numeral 2° del artículo 37 de la Ley 617 de 2000,
pues, las elecciones tuvieron lugar el 29 de octubre de 2023, esto significa que
la restricción para ejercer como empleado público, jurisdicción o autoridad
política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio se extendió
hasta el 29 de octubre de 2022 y, en el presente asunto, está probado que la
demandada presentó renuncia a su cargo de secretaria de despacho y le fue
debidamente aceptada el 28 de julio de 2022, mediante el Decreto 448 de la
misma fecha.
ii) Sobre la doble militancia
Comentó que la demandada no fue miembro de una corporación pública ni
mucho menos directiva de una organización política, para exigirle renunciar al
Partido Conservador doce (12) meses antes de la inscripción, y aunque se
inscribió como candidata a la Alcaldía de Ibagué por el Partido Centro
Democrático, para ese momento no pertenecía simultáneamente a otro partido.
Precisó que, con las pruebas aportadas, se puede demostrar que la
demandada, al momento de la inscripción por el Partido Centro Democrático, el
29 de julio de 2023, ya había renunciado como militante del Partido Conservador
un año atrás, esto es, desde el 28 de julio de 2022, fecha en la que remitió a la
Secretaría General del Partido Conservador Colombiano su renuncia como
militante, a través de correo electrónico.
Mencionó que el Estatuto del Partido Conservador Colombiano establece en su
artículo 12, que la calidad de militante se pierde por la «renuncia» al partido, sin
que se exija ninguna formalidad en su presentación, así como tampoco que la
misma deba ser aceptada por el partido.
Concluyó que era evidente que no se configuraba la modalidad de doble
militancia por pertenecer de manera simultánea a más de un partido político, por
cuanto a la fecha de la inscripción como candidata a la Alcaldía de Ibagué (29
de julio de 2023) ya había presentado renuncia de su militancia al Partido
Conservador, siendo inadecuado extender la temporalidad de la renuncia a
dicho partido doce (12) meses antes de la inscripción, comoquiera que esa
exigencia no se predica para la modalidad que es objeto de estudio y, en todo
caso, de pretender inadecuadamente hacerla extensiva, tampoco se
configuraría en atención a que fue presentada el 28 de julio de 2022, vía correo
electrónico, a la Secretaría General del Partido Conservador.
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1.4.2. Registraduría Nacional del Estado Civil
Solicitó declarar configurada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva, toda vez que no es la entidad llamada a intervenir en el asunto de la
referencia. Adujo que desarrolla una labor meramente logística tratándose de
comicios, pero no verifica inhabilidades ni incompatibilidades, pues su tarea es
estrictamente técnica y organizativa.
1.4.3. Consejo Nacional Electoral
Intervino para señalar que tiene competencia administrativa frente a las
solicitudes de revocatoria de inscripción de candidaturas por causales de
inhabilidad y doble militancia, conforme a lo establecido en el inciso 5 del
artículo 108 y el numeral 12 del artículo 265 de la Constitución Política.
Que, en ese sentido, se presentó ante esa corporación solicitud de revocatoria
contra la inscripción de la candidata Johana Ximena Aranda Rivera por parte del
ciudadano Julián Rocha Aristizábal, siendo radicado bajo el No. CNE-E-DG-
2023-036875, y al verificar la plataforma de inscripción de candidatos del año
2023 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se evidenció que la
demandada se encontraba inscrita como candidata a la Alcaldía de Ibagué
avalada por la Coalición «Ibagué Para Todos» integrada por los partidos Centro
Democrático, Cambio Radical, de la U, Colombia Justas Libres, y el Partido
Alianza Democrática Amplia «ADA», la cual fue resuelta negativamente,
mediante la Resolución 13622 del 19 de octubre de 2023.
Por último, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva,
debido a que no se está debatiendo una irregularidad o vicio en relación con las
funciones del Consejo Nacional Electoral, además de no tener participación en
la expedición del acto de declaratoria de la elección censurada.
1.5. Otras actuaciones de la primera instancia
El 23 de abril de 2024, se realizó la audiencia inicial, en la cual se decretaron
pruebas y se fijó el litigio en los siguientes términos:
Se concreta en determinar si hay lugar o no a declarar la nulidad electoral de la
alcaldesa del Municipio de Ibagué, conforme a las causales alegadas en la
demanda.
El 19 de junio siguiente se llevó a cabo la audiencia de pruebas y, mediante auto
del 25 de octubre de 2024, se ordenó correr traslado a las partes para que
presentaran los alegatos de conclusión y al agente del Ministerio Público, a fin
de que rindiera concepto.
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1.6. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Tolima, a través de sentencia del 12 de diciembre
de 2024, negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente:
Frente a la inhabilidad para ser alcalde, establecida en el numeral 2° del artículo
37 de la Ley 617 de 2000, adujo que el periodo que la generaría sería entre el
29 de octubre de 2022 y el 29 de octubre de 2023, teniendo en cuenta que el
límite final de los doce (12) meses se consolida en la fecha de la elección.
Precisó que se encuentra acreditado que esta causal no se encuentra
configurada, toda vez que, dentro del periodo inhabilitante (29 de octubre de
2022 hasta el 29 de octubre de 2023) la demandada ya no tenía la condición de
secretaria de despacho y tampoco la de alcaldesa encargada, pues, esas
designaciones terminaron el 28 de julio de 2023 y el 31 de mayo de 2022,
respectivamente.
Advirtió que al proceso se aportó copia del Decreto 1000 0417 del 18 de julio de
2022, mediante el cual la demandada, en calidad de alcaldesa encargada, fijó el
incremento salarial total con relación a la vigencia del año 2022, en un 7.26%
para el nivel directivo y 8.26% para los niveles asesor, profesional, técnico y
asistencial para quienes conforman la planta de personal de la administración
municipal, nivel central; sin embargo, de acuerdo a la fecha de su expedición (18
de julio de 2022), se entendía que esa actuación se desplegó por fuera del
término del periodo inhabilitante.
De otro lado, en relación con la vulneración del régimen de incompatibilidades
de los alcaldes, señaló que el numeral 7° del artículo 38 de la Ley 617 de 2000,
establece como prohibición para optar a ese cargo, inscribirse como candidato
de elección popular dentro del periodo para el que fue elegido.
Al respecto, precisó que el periodo en el que se configura la incompatibilidad es
de doce (12) meses, con un límite temporal final que corresponde a la fecha de
la inscripción.
Explicó, que para que se configure dicha incompatibilidad se requiere: i) ser
alcalde o tener esa calidad a cualquier título; ii) inscribirse como candidato a
cualquier cargo de elección popular durante el periodo por el que fue elegido; y
iii) que se configure el elemento temporal para la prohibición (artículo 39 de la
Ley 617 de 2000, modificado por el parágrafo 3° del artículo 29 de la Ley 1475
de 2011) que corresponde a la vigencia del periodo constitucional y hasta doce
(12) meses después del vencimiento de este o de la aceptación de la renuncia.
Indicó que, en el caso concreto, se acreditó que Johanna Ximena Aranda
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Rivera, fue designada como alcaldesa encargada, mediante Decreto 0772 del
18 de mayo de 2022 y dicha designación duró hasta el momento en que se
cumplió la medida provisional de suspensión impuesta al titular, como lo dispuso
este último acto administrativo.
Igualmente, señaló que, mediante el Decreto 0301 del 31 de mayo de 2022, se
levantó la medida provisional y se ordenó que la demandada retornara a su
cargo como secretaria de despacho, por lo tanto, se entendía que se
desempeñó como alcaldesa encargada de Ibagué entre el 18 y el 31 de mayo
de 2022, precisando que la incompatibilidad consagrada en el artículo 38.7 de la
Ley 617 de 2000, aplica no solo para el alcalde elegido popularmente, sino para
quienes lo reemplazan a cualquier título.
Aclaró que el artículo 39 de la Ley 617 de 2000 dispone frente al límite temporal
para la configuración de esa prohibición que, si bien, este se da durante el
periodo constitucional y hasta los doce (12) meses después del vencimiento de
este, también contempla otra opción del límite y es a partir de la «aceptación de
la renuncia»; es decir que no siempre el periodo inhabilitante corresponde al
periodo constitucional.
Sobre el tema, argumentó que en la sentencia de unificación del Consejo de
Estado4 se analizó el concepto de periodo constitucional, y concluyó que si bien
es cierto el elegido tiene derecho a renunciar a un cargo que ha obtenido por
mandato popular, ese mismo mandato, le impone que, mientras dure el período
para el cual fue electo, no puede buscar el favor del electorado para acceder a
otros de mayor jerarquía en la estructura estatal; sin embargo, esa premisa no
era viable aplicarla en este caso, porque la designación de la demandada como
alcaldesa fue en encargo y no por elección popular.
Es decir, que, en este caso, el elemento temporal para que se configure la
incompatibilidad, consagrada en el numeral 7° del artículo 38 de la Ley 617 de
2000, tiene un límite inicial que correspondería a la fecha en que finalizó el
encargo y un límite final que sería la fecha de inscripción a la candidatura como
alcaldesa de Ibagué, esto es, 31 de mayo de 2022 (fecha de terminación del
encargo) y 29 de julio de 2023 (fecha de la inscripción – Formulario E-6) por lo
que se encuentra fuera del límite temporal de la prohibición.
Frente a la doble militancia, adujo que existe un escrito de renuncia, presentada
ante el Partido Conservador Colombiano por la demandada del 28 de julio de
2022, con un «pantallazo» de envío al correo
JURIDICA@PARTIDOCONSERVADOR.ORG; sin embargo, en contraposición a
4
«CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Consejero Ponente:
Alberto Yepes Barreiro Bogotá D.C, siete (07) de junio dos mil dieciséis (2016) Radicación: 11001-03-28-000-2015-
00051-00».
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ello, se aportaron dos (2) oficios de fechas 26 de mayo y 30 de mayo de 2023
de esa colectividad, en donde se indicó que en su registro no figuraba la
renuncia de Johanna Ximena Aranda Rivera.
Teniendo en cuenta que, para el 2 de mayo de 2023, la demandada contaba con
el aval del Partido Centro Democrático, consideró necesario decretar prueba
pericial, porque en la contestación de la demanda se indicó que para el 28 de
julio de 2022, se presentó la renuncia y se aportó dicho escrito.
Señaló que el Grupo de Informática Forense – Sección de Criminalística –
Sección de Policía Judicial CTI – TOLIMA, mediante el Informe 73-316362 del
15 de agosto de 2024 y complemento, advirtió que, efectivamente, la
demandada, a través de su correo electrónico jarandax17@gmail.com, remitió
escrito de renuncia el 28 de julio de 2022, al correo del Partido Conservador
Colombiano JURIDICA@PARTIDOCONSERVADOR.ORG.
Así mismo, mencionó que el tercero interviniente que coadyuva al demandante
indicó en sus alegatos de conclusión que el dictamen presentaba irregularidades
como extemporaneidad y que la visita fue atendida por persona diferente a la
demandada al momento de la inspección de su correo electrónico; sin embargo,
no logró controvertir los resultados que arrojó con otras pruebas, y además, si
bien, la demandada no atendió la visita de los peritos, autorizó a otra persona
para ello, como consta en el acta de inspección del lugar.
Frente a la extemporaneidad de la prueba pericial allegada, precisó que es claro
que pese a que esta se decretó en audiencia inicial del 23 de abril de 2024, y se
otorgaron treinta (30) días, mediante auto del 10 de septiembre de 2024 fue
necesario complementarlo y cada uno de los informes se presentaron el 16 de
agosto de 2024 y el 24 de septiembre de 2024; sin embargo, aunque el primero
no fue allegado dentro del término, la prueba fue pedida y decretada en término
y tal falencia no impidió valorar la prueba.
Del mismo modo, la prueba contaba con las respectivas actas de
consentimiento de las personas que recibieron la visita de los peritos, quienes
lograron el acceso a cada uno de los correos electrónicos, sin que el Partido
Conservador Colombiano o la demandada hubieran desvirtuado el
consentimiento otorgado.
Así mismo, explicó que no se allegó prueba que lograra desvirtuar el dictamen
pericial aportado por el Grupo de Delitos Informáticos de la Fiscalía General de
la Nación – CTI y aunado a ello, tanto la parte demandante como la demandada
reconocieron, en los alegatos de conclusión, que el 28 de julio de 2022 fue
presentada la renuncia por parte de Johana Ximena Aranda Rivera ante el
Partido Conservador Colombiano.
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Demandante: José Baruth Tafur Gutiérrez
Demandada: Johana Ximena Aranda Rivera
Rad.: 73001-23-33-000-2023-00466-01
Es decir, que la demandada, para el 28 de julio de 2022, presentó la renuncia de
su militancia al Partido Conservador Colombiano, lo cual, según los estatutos de
dicha colectividad, significa que perdió dicha calidad.
En relación con la renuncia a movimientos políticos, señaló que la jurisprudencia
del Consejo de Estado ha sido enfática en sostener que un ciudadano deja de
ser militante con la sola manifestación expresa, clara e inequívoca de su deseo
de retirarse del mismo, sin que sus efectos queden condicionados a trámites
administrativos internos de la respectiva agrupación o a la aceptación de la
renuncia5.
Concluyó que «la demandada para el 28 de julio de 2022, dejó de militar en el
Partido Conservador Colombiano, al presentar la renuncia, sin que para el
momento del otorgamiento del aval por parte del Partido Centro Democrático (2
de mayo de 2023) y mucho menos para la inscripción de su candidatura para la
Alcaldía Municipal de Ibagué, estuviera vinculada con el Partido Conservador».
Por último, declaró no probadas las excepciones de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el
Consejo Nacional Electoral.
1.7. Los recursos de apelación
1.7.1. José Baruth Tafur Gutiérrez (demandante)
Inconforme con la anterior decisión, formuló recurso de apelación, en síntesis,
con los siguientes argumentos:
i) Incompatibilidad del numeral 7° del artículo 38 de la Ley 617 de 2000
Mencionó que la señora Johana Ximena Aranda Rivera no fungió en un simple
encargo, sino que fue alcaldesa designada por el gobernador del Tolima,
mediante el Decreto 0772 del 18 de mayo de 2022, de la terna enviada por el
Partido Conservador Colombiano, «porque el titular fue removido
completamente de sus funciones debido a la suspensión por parte de la
Procuraduría General de la Nación, haciendo el trámite dispuesto por el art 106
ley 136 del 94, situaciones a los que ni siquiera se refirió el Tribunal» (sic).
Sostuvo que dicha circunstancia invistió con todas las características de alcalde
a la demandada, por lo tanto, no podía inscribirse como candidata a cualquier
cargo de elección popular durante el periodo constitucional en el que ejerció
como alcaldesa designada (2019-2023).
5
«Consejo De Estado-Sala De Lo Contencioso Administrativo-Sección Quinta; Consejera Ponente: Rocío Araújo Oñate,
Bogotá, D.C., Seis (6) De Mayo Dos Mil Veintiuno (2021), Radicación Número: 08001-23-33-000-2019-00820- 01».
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Demandante: José Baruth Tafur Gutiérrez
Demandada: Johana Ximena Aranda Rivera
Rad.: 73001-23-33-000-2023-00466-01
Explicó que la designación de la señora Aranda Rivera deja clara la vulneración
al régimen de incompatibilidades, toda vez que el numeral 7° del artículo 38 de
la Ley 617 de 2000 establece que los alcaldes, así como los que los reemplacen
en el ejercicio del cargo, no podrán inscribirse como candidato a cualquier cargo
de elección popular durante el periodo para el cual fue elegido, lo cual encuadra
en la situación de la demandada, por cuanto «fue elegida DESIGNADA
alcaldesa durante la suspensión emitida por la Procuraduría General de la
Nación al Ing Hurtado» (sic).
Adujo que el tiempo de la designación no es una circunstancia válida para que
se entienda modificado el extremo temporal inicial, pues se trata de cargos
sometidos a periodos constitucionales, toda vez que la señora Johana Ximena
Aranda Rivera fue primera autoridad del municipio de Ibagué al ser designada
como alcaldesa.
ii) Doble militancia
Resaltó que existen cinco (5) modalidades o causales que se encuentran
establecidas en la Constitución Política y en la Ley 1475 de 2011, las cuales han
sido recopiladas e identificadas por la jurisprudencia del Consejo de Estado y
debieron ser argumentadas en el fallo de primera instancia, pero simplemente
fue encuadrada en la primera como una simple ciudadana.
Afirmó que la demandada no es una simple ciudadana como la cataloga el a
quo, puesto que accedió al cargo de alcaldesa de Ibagué de la terna enviada por
el Partido Conservador Colombiano, mediante oficio PCC/PDTE 041-22 del 18
de mayo de 2022, postulación que fue aceptada por la demandada, quedando
clara su pertenencia al Partido Conservador Colombiano.
Precisó que la señora Aranda Rivera fue designada alcaldesa de Ibagué
mediante el Decreto 0772 del 18 de mayo de 2022, emitido por el gobernador
del Tolima, el cual de manera clara y expresa dispuso «DESIGNAR de la terna
presentada por el Partido Conservador Colombiano, como alcaldesa del
municipio de Ibagué (Tol) a JOHANA XIMENA ARANDA RIVERA», lo anterior,
porque el titular fue removido de sus funciones debido a la suspensión
provisional por parte de la Procuraduría General de la Nación, haciendo el
trámite dispuesto por el artículo 106 de la Ley 136 del 1994.
Mencionó que la situación de la demandada sí encuadra en la causal 4ª del
inciso 2, del artículo 2, de la Ley 1475 2011, y si bien se podría plantear que no
fue electa sino designada, lo cierto es que accedió al cargo de elección popular
con el aval del Partido Conservador Colombiano, quedando descartado el
planteamiento de simple ciudadana, pues hizo parte de una terna enviada por
dicho partido, por lo que no podía abandonar la agrupación política que la
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postuló o avaló con la exigencia especial de que si en la siguiente elección se
fuera a presentar por otro partido (se presentó por el Centro Democrático) debía
renunciar doce (12) meses antes del primer día de las inscripciones, es decir
antes del 29 de junio 2022, por lo que sí está probado que la renuncia al Partido
Conservador Colombiano fue el 28 de julio del 2022, es decir, que fue
extemporánea.
Concluyó señalando que, mediante el Decreto 0301 del 31 de mayo 2022 se
terminó la suspensión del titular y la demandada retornó a su cargo de
secretaria de despacho, es decir que se posesionó para ejercer sus funciones
como alcaldesa en el periodo de la suspensión, de manera que incurrió en doble
militancia, por lo tanto, solicitó revocar la sentencia de primer grado y acceder a
las pretensiones de la demanda.
1.7.2. Gustavo Adolfo Osorio Reyes (coadyuvante)
En desacuerdo con la anterior decisión, el interviniente Gustavo Adolfo Osorio
Reyes formuló recurso de apelación, con fundamento en lo siguiente:
Trajo a colación la tesis abordada por el Consejo de Estado, Sección Quinta,
respecto de la doble militancia, radicado: 11001-03-28-000-2023-00056-00, la
cual señala que dicha prohibición se materializa en cinco (5) modalidades.
Sostuvo que el a quo no hizo un análisis de fondo respecto de la prohibición de
la doble militancia como una causal subjetiva en el caso en concreto, toda vez
que se han planteado diferentes conductas que la configuran, de este modo, el
objeto de estudio debió partir de un estudio más complejo que permitiese
dilucidar de forma objetiva las hipótesis planteadas en la jurisprudencia.
Indicó que, una persona se puede encontrar incursa en una o varias de las
causales de doble militancia, por lo tanto, el análisis fijado por el tribunal en el
sentido de encauzar la conducta de la señora Johana Ximena Aranda dentro del
inciso primero del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, desconoce los aspectos
relevantes como la designación de la demandada como alcaldesa encargada del
municipio de Ibagué mediante el Decreto 0772 del 18 de mayo de 2022,
expedido por el gobernador del Tolima.
Igualmente, mencionó que dentro del desarrollo del dictamen pericial, el cual fue
realizado por funcionarios de policía judicial, no se aprecia el registro ni
evaluación de receptor del mensaje de datos dentro de la práctica señalada en
el informe 73-3166362, lo cual era el mínimo indispensable para lograr acreditar
la dimisión por parte de la señora Johana Ximena Aranda Rivera, es decir
correspondía a la demandada el deber de informar, al Partido Conservador
Colombiano, la intencionalidad de renunciar a este. Así las cosas, se logra
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identificar que no es posible conectar que la información y la apreciación propia
del medio probatorio resultara relevante en el presente proceso.
En este orden, concluyó que la demandada concurrió simultáneamente en
ambos partidos y no presentó renuncia en el tiempo establecido en la norma,
acreditándose así las circunstancias de modo, tiempo y lugar necesarias para
incurrir en las prohibiciones objeto de estudio del medio de control de nulidad
electoral de la referencia.
1.8. Actuaciones de segunda instancia
1.8.1. Alegatos de conclusión
1.8.1.1. José Baruth Tafur Gutiérrez (demandante)
Reiteró todos los argumentos esbozados en la demanda y en el recurso de
apelación y recalcó que, en el presente caso, se vulneró el régimen de
incompatibilidades de los alcaldes, específicamente, el artículo 38.7 de la Ley
617 de 200 e hizo énfasis en que se configuró la doble militancia, toda vez que
la demandada debía renunciar al Partido Conservador Colombiano doce (12)
meses antes del primer día de inscripciones.
1.8.1.2. Johana Ximena Aranda Rivera (demandada)
La demandada, a través de apoderado, reiteró los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda y precisó lo siguiente:
i) De la incompatibilidad del numeral 7°, del artículo 38 de la Ley 617 de
2000
Mencionó que, en el presente caso, los doce (12) meses que generan la
prohibición empiezan a contabilizarse desde la fecha en que la demandada dejó
el cargo de alcaldesa encargada, esto es, el 31 de mayo de 2022, de manera
que, hasta el 31 de mayo de 2023 le estaba prohibido inscribirse para cualquier
cargo de elección popular de la respectiva circunscripción. Recordó que la
alcaldesa accionada se inscribió como candidata a la Alcaldía de Ibagué el 29
de julio de 2023, es decir, por fuera del término que establece la inhabilidad. Lo
mismo ocurrió con el encargo realizado por parte del alcalde titular, el cual se
enmarcó por fuera del inicio del periodo inhabilitante, esto es, antes del 29 de
julio de 2022.
ii) De la inhabilidad del numeral 2, del artículo 37 de la Ley 617 de 2000
Manifestó que, en el sub examine no se estructura la causal endilgada a la
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demandada, toda vez que el Decreto 1000 0417 del 18 de julio del 2022 se
expidió por fuera de los límites temporales que prescribe la norma. Al respecto,
precisó que las elecciones se realizaron el 29 de octubre de 2023, de manera
que la restricción para ejercer como empleado público, jurisdicción o autoridad
política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio se extendió
hasta el 29 de octubre de 2022 y, en el presente asunto, está probado que la
señora Aranda Rivera presentó renuncia a su cargo de secretaria de despacho
el 28 de julio de 2022, la cual le fue aceptada mediante Decreto 448 de la misma
fecha.
iii) Doble militancia
Indicó que, de manera perspicaz, el actor pretende incluir en el recurso de
apelación una nueva causal de nulidad electoral que no planteó en la demanda
ni en la subsanación, por lo tanto, solicitó rechazar este argumento.
Explicó que el reproche planteado en el libelo y en el escrito mediante el cual lo
corrigió, se refería a la presunta ausencia de renuncia al aval del Partido
Conservador Colombiano y, para ello, le impuso al a quo la excesiva e inútil
carga de decretar la prueba pericial para supuestamente probar que los correos
aportados eran falsos y que en verdad la demandada no había renunciado al
Partido Centro Democrático, encuadrando esta circunstancia en la causal
primera del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, esto es, la prohibición de los
ciudadanos de pertenecer a más de un partido o movimiento político.
Ahora, en el recurso de apelación este planteamiento es abandonado, para
señalar que, debido a la designación de la demandada como alcaldesa de
Ibagué, por virtud de la terna enviada por el Partido Conservador Colombiano,
se encontraba incursa en otra causal de doble militancia, esto es, en la
modalidad de elegida, razón por la cual, debía renunciar al menos doce (12)
meses antes del primer día de inscripciones.
Sobre el particular, adujo que, si en gracia de discusión se admitiera el debate
sobre esta causal, lo cierto es que no tiene vocación de prosperidad, en razón a
que esta solo aplica a candidatos elegidos, más no designados.
1.8.1.3. Gustavo Adolfo Osorio Reyes (coadyuvante)
Reiteró los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación, concretamente,
que la demandada incurrió en la prohibición de doble militancia, porque no
renunció al Partido Conservador Colombiano al menos doce (12) meses antes
del primer día de inscripciones.
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1.8.1.4. Registraduría Nacional del Estado Civil
Insistió en la configuración de la excepción de la falta de legitimación en la
causa por pasiva.
1.8.1.5. Concepto del Ministerio Público
La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia, argumentando que, contrario a lo considerado
por los recurrentes, del material probatorio allegado al plenario se logra
establecer que: (i) la demandada no incurrió en la causal de incompatibilidad e
inhabilidad establecida en los artículos 38.7 y 39 de la Ley 617 de 2000, por
cuanto además de no haber sido electa popularmente a la Alcaldía de Ibagué, la
designación para ejercer ese cargo fue transitoria, producto de la suspensión
provisional impuesta al titular, culminando con más de doce (12) meses de
antelación a la fecha de inscripción; (ii) logró demostrarse que renunció al
Partido Conservador Colombiano previo a inscribir su candidatura, por una
colectividad distinta, no acreditándose el elemento objetivo de la conducta; es
decir, que aquella hubiere militado simultáneamente en dos agrupaciones
políticas.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 150 inciso 1 y 152 6 numeral 7
literal a) del CPACA y el Acuerdo 080 de 20197, proferido por la Sala Plena del
Consejo de Estado, esta Sección es competente para conocer en segunda
instancia de los recursos de apelación interpuestos por el demandante y el
coadyuvante contra la sentencia del 12 de diciembre de 2024, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo del Tolima negó las pretensiones de la demanda.
2.2. Cuestión previa
Antes de entrar al fondo del asunto, la Sala observa que, en los recursos de
apelación el demandante y su coadyuvante afirman que la demandada incurrió
en la prohibición de doble militancia conforme al artículo 2 de la Ley 1475 de
2011, en cuanto dispone que «[l]os candidatos que resulten electos, siempre
que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al
que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden
presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto,
6 Artículo 152. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia… 7. De los siguientes asuntos
relativos a la nulidad electoral: a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según
el caso (…) de los miembros de corporaciones públicas de los municipios (…).
7
Modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024.
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deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de
inscripciones».
Sobre el particular, el actor manifestó8 que si la demandada «quería presentarse
en un proceso electoral como candidato por otro partido (Aranda se presentó
como candidata del partido CENTRO DEMOCRÁTICO) debía renunciar al
partido conservador al menos DOCE MESES antes del primer día de
inscripciones, lo cual no hizo pues su renuncia fue el 28 de JULIO 2022 como
está probado y corroborado por el peritazgo, siendo esta renuncia
EXTEMPORÁNEA porque debió hacerla el 29 de JUNIO del 2022; De tal
manera que la Dra Johana Ximena Aranda incumplió la ley estatutaria 1475
2011 sobre DOBLE MILITANCIA».
Por su parte, el coadyuvante indicó9 que «el ad quo, no tuvo en cuenta un
análisis de fondo respecto de la prohibición de doble militancia como una causal
subjetiva en el caso en concreto, toda vez que (…) se han plateado diferentes
conductas que conllevan a la prohibición de la doble militancia, de este modo el
(…) estudio debió partir de una análisis más complejo» y agregó que
«correspondía, dentro del presente proceso resolver las cualidades específicas
de las cuales (sic) ostentaba la señora Johana Aranda, y encuadrar la
prohibición de la doble militancia», por lo tanto, considera que la demandada
«debió renunciar (…) 12 meses antes del día de la inscripción, siendo este el día
29 de junio de 2023».
Al respecto, la Sección Quinta evidencia que dichos planteamientos no devienen
del texto de la demanda, por lo que resultan sorpresivos en esta fase del
proceso.
Lo anterior, amerita recordar el principio de congruencia que «se erige como una
verdadera garantía del derecho fundamental al debido proceso a las partes en el
proceso judicial (…)»10 y que se materializa en la debida coherencia que debe
existir entre las diferentes actuaciones que emanan de los sujetos procesales y
el marco jurídico-fáctico que se estructuró en torno a los planteamientos de la
demanda y su contestación. Así mismo, dicho postulado se predica de las
actuaciones judiciales, en cuanto deben guardar la debida conformidad,
inicialmente, con lo solicitado en el libelo inicial y, durante el iter procesal, frente
a las diferentes solicitudes que se interponen.
Es conforme a dicho postulado que se exige congruencia, a modo de ejemplo,
entre: i) la sentencia de primera instancia y los hechos y pretensiones de la
8 Transcripción fiel, incluso con errores.
9 Transcripción fiel, incluso con errores.
10 Consejo de Estado, sentencia del 26 de octubre de 2017, MP César Palomino Cortés, Rad. 25000-23-42-
000-2014-01139-01(2458-15)
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demanda y excepciones probadas dentro del proceso11; ii) la sentencia de
segunda instancia y el recurso de apelación12; iii) el recurso de apelación y la
providencia objeto de censura13; iv) el recurso de apelación y la demanda. En
suma, corresponde a los jueces y sujetos procesales atender el criterio de
conexidad que impone que todas las actuaciones que se desplieguen a lo largo
del proceso garanticen la debida coherencia con lo allí debatido.
En el sub examine, se tiene que en la demanda se señaló que la accionada
incurrió en doble militancia, pues «[e]n ningún caso se permitirá a los
ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento
político», de ahí que el recurso de apelación no sea una oportunidad para
exponer aspectos nuevos que desbordan la fijación del litigio.
En este orden, los argumentos formulados por el actor relacionados con la
presunta doble militancia en la modalidad de elegida no serán estudiados.
Tampoco se resolverán las censuras del coadyuvante, de un lado, porque
fundamentó la apelación en una causal de doble militancia que no se invocó en
la demanda ni en la subsanación y, de otro, por cuanto el reproche en contra del
desarrollo del dictamen pericial no fue abordado por el actor en la alzada14.
Finalmente, se observa que, en la apelación el accionante únicamente censuró
el análisis del tribunal de instancia relacionado con la incompatibilidad del
numeral 7° del artículo 38 de la Ley 617 de 2000, por ende, considera que la
demandada no podía inscribirse como candidata a cualquier cargo de elección
popular durante el periodo para el que fue elegida, en consecuencia, será sobre
este cargo que se pronunciará la Sala de decisión.
2.3. Problema jurídico
De acuerdo con el fallo de primera instancia y los argumentos expuestos en el
recurso de apelación formulado por el demandante, corresponde a esta sección
determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia de primera instancia.
Sobre el punto, se tendrán en cuenta los límites de la competencia del juez ad
quem, a partir de la fijación del litigio señalada por el tribunal, la providencia de
primer grado y los reparos del recurrente.
Se advierte que, al tenor de lo previsto en el artículo 320 del Código General del
11 Al respecto, véase sentencia T-455 de 25 de agosto de 2016, MP Alejandro Linares Cantillo.
12 Artículo 328 del Código General del Proceso.
13 Artículo 322 del Código General del Proceso (inciso 9º).
14 Recuérdese que los terceros únicamente pueden realizar los actos procesales de apoyo a la parte que
se adhiere, a saber, del demandante (coadyuvante) o del demandado (impugnador), con dos condiciones:
i) que no estén en oposición con las de éste y ii) que no conlleven disposición del derecho en litigio.
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Proceso15, «[e]l recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados
por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión», disposición
que debe interpretarse en concordancia con lo señalado en el artículo 328
Ibidem, según el cual «[e]l juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley».
Por lo tanto, la competencia del superior para pronunciarse sobre el fundamento
de las apelaciones está circunscrita a los motivos de inconformidad expuestos
por los recurrentes, lo que descarta el análisis de cualquier otro aspecto que no
haya sido materia de alzada16.
2.4. De las incompatibilidades de los alcaldes
Sobre el particular, es necesario precisar que las incompatibilidades son
aquellas actuaciones que no pueden realizarse durante el desempeño de un
cargo, por resultar contrarias al deber de dedicación exclusiva que exige el
desempeño de la función pública. En otros términos, son circunstancias
taxativamente señaladas en la constitución o la ley, que ocurren con
posterioridad al nombramiento o elección, que restringen la posibilidad de
ejercer coetáneamente tareas públicas o privadas en guarda del interés superior
que puede verse afectado por una indebida acumulación de funciones o
confluencia de tareas no conciliables. La Sección Quinta ha sostenido,
insistentemente, que las incompatibilidades no pueden aducirse como
fundamento de la nulidad de una elección, sin que haya una norma que así lo
señale17.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta el principio de interpretación restrictiva
que rige en materia electoral, según el cual las inhabilidades e
incompatibilidades no pueden aplicarse de manera genérica por extensión ni
analogía, toda vez que implican la restricción de derechos fundamentales y
políticos.
15 Aplicable al trámite del recurso de apelación en los aspectos no regulados en la Ley 1437 de 2011, por la
remisión prevista en su artículo 306.
16 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2021, expediente: 68001-23-33-000-
2019-00896-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
17 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP Luis Alberto Álvarez Parra, sentencia del 12 de agosto de 2021,
Rad. 54001-23-33-000-2020-00506-02, Demandantes: Procuradores 98 Judicial I y 24 Judicial II para
asuntos Administrativos de Cúcuta, Demandado: Martín Eduardo Herrera León- Personero Municipal
transitorio de San José de Cúcuta.
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Sobre la materia, la Sección Quinta, de manera reiterada, ha sostenido18:
Por lo anterior, la Sala considera que, en atención con las limitaciones a los
derechos políticos que se derivan de las inhabilidades e incompatibilidades, se
ha establecido que, respecto de su aplicación, es necesario observar los
criterios de interpretación restrictiva y no la analógica o extensiva.
Este criterio fue reiterado, en la sentencia del 11 de julio del 201919 y retomado,
entre otros, en los fallos de 22 de abril y 5 de agosto de 202120, al indicar que
“[l]a Sección Quinta ha sido constante en reiterar que en la medida en que las
inhabilidades implican la afectación del derecho fundamental a la participación
política, en sus modalidades de ser elegido y acceder al desempeño de
funciones y cargos públicos, la interpretación de su alcance es restrictiva21”.
Así, entendiendo el criterio de interpretación restrictiva como aquel que busca la
aplicación de la norma a casos concretos22, los jueces, al momento de
determinar la ocurrencia de una inhabilidad o incompatibilidad respecto de quien
pretende ocupar un cargo público, deben limitarse al alcance de los verbos
rectores empleados por el legislador “-por ejemplo, la gestión de negocios-, a las
situaciones de orden jurídico que la originan y su prueba plena -v. gr. el
parentesco-, así como a los límites de orden temporal -ejemplo, durante el año
anterior a la elección-, espacial -v.gr. a la jurisdicción donde se llevará a cabo la
elección- y a las calidades respecto de quienes se predican”23.
Esta línea de interpretación conlleva a que dichos condicionamientos se
apliquen de forma concreta a las situaciones o eventos que el constituyente y en
su desarrollo el legislador, según el caso, determinaron como circunstancias de
inelegibilidad, sin que para el efecto puedan considerarse otros distintos.
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 30 de
septiembre de 2021. Expediente: 66001233300020200049903. M.P. Rocío Araújo Oñate.
19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. M.P. Rocío Araújo Oñate.
Sentencia de 11 de julio de 2019. radicación número 54001-23-33-000-2018-00220-02.
20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. M.P. Rocío Araújo Oñate.
Sentencia del 22 de abril de 2021. Radicación Número 15001-23-33-000-2020-00120-01 y Consejo de
Estado, Sección Quinta. Sentencia del 5 de agosto de 2021. Rad. 70001-23-33-000-2020-00035-02, M.P.
Rocío Araújo Oñate.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia de 30 de mayo de
2019, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Radicado No. 18001-23-33-000-2018-00194-01. Consejo de
Estado, Sección Quinta, Sentencia de 14 de marzo de 2019, Radicación 11001 - 03-28-000-2018-00603-
00, M.P. Rocío Araújo Oñate. En cuanto a las condiciones que se deben verificar cuando una persona
pretenda el acceso a un cargo o empleo y su relación con las causales de inhabilidad, consultar: Consejo
de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de septiembre de 2016, Rad. 11001-03-28-000-2016-00001-
00 (Acumulado), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. con respecto a la distinción entre las calidades
para acceder a un cargo y las causas de inhabilidad, consultar entre otras: Consejo de Estado, Sección
Quinta, Sentencia del 11 de marzo de 1999, Radicado 1847, M.P. Mario Alario Méndez. Acerca del
otorgamiento del aval como requisito formal para la inscripción de candidatos, consultar: Consejo de
Estado, Sección Quinta, Sentencia del 9 de diciembre de 2013, Radicación 11001-03-28-000-2013-00037-
00, M.P. Alberto Yepes Barreiro. En cuanto al principio democrático, Ver: Corte Constitucional, Sentencia
de 3 de marzo de 1994, Exp. C-089, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. acerca de la triple finalidad que
cumple el requisito del aval, consultar entre otros: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 11 de
julio de 2013, Rad. 60001-23-31-000-2012-00004-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro. En cuanto al
otorgamiento del aval y el responsable de ello, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de
13 de agosto de 2009, Radicación 11001-03-28-000-2006-00011-00(3944-3957), M.P. Filemón Jiménez
Ochoa.
22 Criterio acogido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en: Sentencia del 29 de enero del
2019. M.P. Rocío Araújo Oñate. Radicación 11001-03-28-000-2018-00031-00(SU).
23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. M.P. Rocío Araújo Oñate.
Radicación número 15001-23-33-000-2020-00120-01, Sentencia de 22 de abril de 2021.
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Demandada: Johana Ximena Aranda Rivera
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Así entonces, al momento de establecer la configuración de una inhabilidad,
prima el criterio interpretativo restrictivo, entendido en la forma como se señaló
en precedencia y, de ninguna manera, el estudio que emprenda el operador
judicial puede conllevar extensiones, analogías o interpretaciones amplias, que
conlleven a la aplicación del presupuesto normativo a situaciones diversas a las
previstas por el constituyente y/o el legislador, o a vaciar de contenido las
mismas en detrimento de su eficacia.
Criterio de interpretación que se predica respecto de inhabilidades e
incompatibilidades y que busca entonces, aumentar la eficacia y vigencia de las
garantías constitucionales respecto de quienes aspiran a ocupar cargos
públicos, pues solamente en los eventos y bajo las condiciones que ellas
consagran, es procedente predicar su configuración, máxime si se tiene en
cuenta que, en todo caso, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades ha
sido concebido como un límite legítimo y válido a los derechos políticos,
conforme al cual, si se advierte la configuración de alguna causal, ello no
conlleva a que de allí se predique la vulneración de estas prerrogativas
superiores, sino que, por el contrario, evita el desconocimiento de los intereses
superiores respecto de quienes ocupan cargos públicos.
Así las cosas, es claro que no resulta conforme con el ordenamiento jurídico
electoral dejar abierta y general una limitación de acceso a cargos públicos.
En punto de las incompatibilidades, esta Sala ha explicado lo siguiente24:
Son aquellas prohibiciones que aplican a quienes han sido elegidos o
nombrados, o a quienes en el pasado lo fueron, y que, por mandato
constitucional o legal, no pueden incurrir en ciertas actuaciones mientras ejerzan
el cargo para el cual fueron electos, y en muchas oportunidades incluso cobijan
un tiempo adicional.
Además, se ha precisado que25:
Se trata de una limitación para desplegar una actividad por el hecho de ocupar
un cargo, circunstancia que no genera la nulidad del acto electoral, pues a
diferencia de las inhabilidades, que constituyen impedimentos para el ejercicio
de un empleo, las incompatibilidades son circunstancias que ocurren con
posterioridad a la elección, el nombramiento o la posesión.
Pues bien, en el sub examine, la incompatibilidad invocada por la parte actora
es la consagrada en el numeral 7° del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 que
señala:
ARTÍCULO 38.- INCOMPATIBILIDADES DE LOS ALCALDES. Los alcaldes,
así como los que los reemplacen en el ejercicio del cargo no podrán:
(…)
7. Inscribirse como candidato a cualquier cargo de elección popular durante el
período para el cual fue elegido.
24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente
11001032800020120005500. Providencia del 19 de septiembre de 2013. M.P. Alberto Yepes Barreiro.
25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 4 de diciembre
de 2014. Expediente 11001-03- 28-000-2014-00006-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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Demandada: Johana Ximena Aranda Rivera
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De la lectura de esta norma, se desprende que se refiere a cargos de elección
popular, es decir, lo que limita es que alguien que ha sido elegido popularmente
para una determinada dignidad renuncie para aspirar a otra posición de la
misma naturaleza.
Este precepto debe leerse en conjunto con el artículo subsiguiente, el cual
dispone:
ARTICULO 39. DURACION DE LAS INCOMPATIBILIDADES DEL ALCALDE
MUNICIPAL DISTRITAL. Artículo CONDICONALMENTE EXEQUIBLE. Las
incompatibilidades de los alcaldes municipales y distritales a que se refieren los
numerales 1 y 4, tendrán vigencia durante el período constitucional y hasta doce
(12) meses después del vencimiento del mismo o de la aceptación de la
renuncia. En el caso de la incompatibilidad a que se refiere el numeral 7 tal
término será de veinticuatro (24)26 meses en la respectiva circunscripción.
El mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades regirá para el Distrito
Capital de Santafé de Bogotá, D.C.
PARAGRAFO. Para estos efectos la circunscripción nacional, coincide con cada
una de las circunscripciones territoriales.
Al respecto, resulta del caso recordar que la Sección Quinta del Consejo de
Estado27, ha precisado que si bien dicha incompatibilidad puede tornar en una
inhabilidad, tampoco resulta aplicable a todos los casos, sino a aquellos cargos
uninominales de elección popular frente a los cuales los electores votan por un
programa de gobierno (voto programático) y, por ende, el elegido queda
vinculado y comprometido a cumplir ese mandato popular, sin que le sea posible
«mientras dure el período para el cual fue electo, [ ] buscar el favor del
electorado para acceder a otros [cargos] de mayor jerarquía en la estructura
estatal».
Con estas precisiones, se encuentra que, mediante el Decreto 0750 del 10 de
mayo de 2022, el alcalde de Ibagué (Tolima), Andrés Fabián Hurtado Barrera,
fue suspendido provisionalmente por orden de la Procuraduría Delegada para la
Vigilancia Administrativa y Judicial, por el término de tres (3) meses, sin derecho
a remuneración, es decir, se trató de una falta temporal.
En punto de las faltas temporales de los alcaldes, el artículo 99 de la Ley 136 de
1994 establece como tales las siguientes:
26 Al respecto, la Ley 1475 del 2011, en su artículo 29, parágrafo 3º, precisó que «[n]ingún régimen de
inhabilidades e incompatibilidades para los servidores públicos de elección popular será superior al
establecido para los congresistas en la Constitución Política», es decir, redujo el período por el cual se
extiende la causal de inelegibilidad bajo estudio, toda vez que el estatuto aplicable a los senadores y
representantes a la Cámara consagra una duración igual a doce (12) meses, razón por la cual, en la
actualidad, es este último plazo el que se aplica para este caso.
27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente
11001032800020150005100. Providencia del 7 de junio de 2016. M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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a) Las vacaciones
b) Los permisos para separarse del cargo
c) Las licencias
d) La incapacidad física transitoria
e) La suspensión provisional en el desempeño de sus funciones dentro de un
proceso disciplinario, fiscal o penal
f) La suspensión provisional de la elección, dispuesta por la Jurisdicción
Contencioso Administrativa
g) La ausencia forzada e involuntaria (Subrayado fuera de texto).
A su turno, el artículo 106 ibidem señala quién es el competente para suplir
estas faltas, según el hecho que las genere. En unos casos corresponderá al
presidente de la República o a los gobernadores y, en otros, el propio alcalde.
Así lo dispone la mencionada norma:
“ARTÍCULO 106. DESIGNACIÓN. El Presidente de la República, en relación
con el Distrito Capital de Santafé de Bogotá y los gobernadores con respecto a
los demás municipios, para los casos de falta absoluta o suspensión, designarán
alcalde del mismo movimiento y filiación política del titular, de terna que para el
efecto presente el movimiento al cual pertenezca en el momento de la elección.
Si la falta fuere temporal, excepto la suspensión, el alcalde encargará de sus
funciones a uno de los secretarios o quien haga sus veces. Si no pudiere
hacerlo, el Secretario de Gobierno o único del lugar asumirá las funciones
mientras el titular se reintegra o encarga a uno de sus secretarios.
El alcalde designado o encargado deberá adelantar su gestión de acuerdo con
el programa del Alcalde elegido por voto popular y quedará sujeto a la ley
estatutaria del voto programático”.
Así las cosas, se tiene que, con ocasión a la falta temporal generada por la
suspensión provisional imputada al alcalde de Ibagué y en atención a la terna
remitida por el Partido Conservador Colombiano, al que pertenecía el
mandatario titular, el gobernador del Tolima expidió el Decreto 0772 del 18 de
mayo de 2022, a través del cual designó a la señora Johana Ximena Aranda
Rivera como alcaldesa, por el término de la medida.
Mediante el Decreto 0800 del 31 de mayo de 2022 emitido por el gobernador del
Tolima, se levantó la medida impuesta al alcalde de Ibagué, Andrés Fabián
Hurtado Barrera.
En consecuencia, el señor Hurtado Barrera, en su calidad de alcalde de Ibagué,
expidió el Decreto 0301 del 31 de mayo de 2022, a través del cual le ordenó a
Johana Ximena Aranda Rivera retornar a su cargo de secretario de despacho,
código 020, grado 19, adscrito a la Secretaría de Salud, a partir de esa fecha.
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Con este panorama, se impone traer a colación la sentencia de unificación del
27 de julio de 2021 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado28, la cual,
en relación con el supuesto inhabilitante invocado por el actor, explicó lo
siguiente:
139. (…) al fijarse que la prohibición de inscribirse se predica “durante el
período para el cual fue elegido”, es claro que en su redacción se pretende
establecer un condicionamiento particular respecto de los destinatarios de la
norma, pues es necesario entonces determinar, en qué eventos, en particular, el
designado en reemplazo tiene, desde el punto de vista legal, un período. Los
vocablos que se resaltan -en negrilla- de la expresión, son relevantes en esta
línea argumentativa, porque es posible concluir de ellos y respecto de los
destinatarios de la norma, lo siguiente:
140. El reemplazante es aquel que constitucional y legalmente es designado
como titular del cargo de gobernador, en tanto sólo en este evento se presenta
un cambio respecto de quien ostenta la calidad originalmente, lo que claramente
excluye los eventos en que se presenta el encargo de funciones. Pero
adicionalmente, es aquel respecto de quien sea posible predicar la existencia
de un período.
(…)
143. Ahora bien, entendiendo que el gobernador no es nominador de su propio
empleo pues se trata de un cargo de elección popular, para determinar la
materialización del encargo del cargo respecto de dicho funcionario, se debe
entonces efectuar la correspondiente integración normativa y tener en cuenta los
escenarios que plantea el artículo 303 constitucional en su inciso tercero29, en
los cuales se presenta la designación presidencial para suplir las faltas
absolutas del mismo, por lo que serán estos, y no otros, los que tienen la
entidad suficiente para entender el alcance de la expresión “reemplazo”
dispuesta en el inciso único del artículo 31 de la Ley 617 del 2000.
(…)
144. De suyo, conforme con la jurisprudencia de esta Corporación y la lectura
sistemática y armónica de las normas antes citadas, el reemplazo del
gobernador ocurre cuando hay falta absoluta de este, de manera que sólo se
predica la calidad de reemplazante de quien lo suple totalmente en la titularidad
de su cargo, mediante la correspondiente decisión del Presidente de la
República para dichos efectos. Lo anterior, se reitera, sólo se presenta en los
estrictos eventos descritos en el artículo 303 Constitucional, toda vez que
únicamente en estos el elegido de forma democrática ha perdido su calidad de
gobernador, mientras que en otra (sic) situaciones administrativas, que ocurren
en forma temporal y por razones del servicio, quien resultó electo como primer
mandatario departamental, no pierde tal condición.
(…)
147. Conforme con lo anterior, el “designado en reemplazo”, para efectos de la
configuración de la causal de inelegibilidad, es aquel señalado por el Presidente
de la República para ocupar el cargo por el período constitucional antes
señalado -en los términos del inciso final del artículo 303 del texto superior- para
cubrir las faltas absolutas (…).
28 MP Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-28-000-2020-00004-00(SU), demandante: Gina Marcela
Sánchez Camargo, demandado: Ramiro Barragán Adame - gobernador de Boyacá.
29 "ARTÍCULO 303. (…) Siempre que se presente falta absoluta a más de dieciocho (18) meses de la
terminación del período, se elegirá gobernador para el tiempo que reste. En caso de que faltare menos de
dieciocho (18) meses, el Presidente de la República designará un Gobernador para lo que reste del
período, respetando el partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el gobernador elegido.”
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148. En adición a lo expuesto, es claro que la acepción “período” no puede ser
utilizada para otras situaciones administrativas que se presenten respecto del
cargo del gobernador, como sucede, por ejemplo, con el encargo de funciones.
Si bien es cierto que respecto de este último -encargo de funciones- es posible
predicar la existencia de un tiempo o duración, ese espacio temporal no puede
entenderse en los mismos términos que el periodo constitucional para el
ejercicio del cargo de gobernador por elección popular o por designación
presidencial (…).
(…)
152. Por lo dicho, el específico presupuesto normativo consagrado en el artículo
31 de la Ley 617 del 2000, implica entonces un cambio respecto del titular del
cargo, entendiendo que el reemplazo se hace por el “período para el cual fue
elegido” -o designado, conforme a los eventos del 303 constitucional inciso 3º-,
requiriéndose del trámite de la posesión.
153. Bajo este panorama, desde el punto de vista constitucional y legal, no se
puede entender que el “reemplazo” se presente cuando quien fue elegido como
gobernador continúa siéndolo, pero por alguna razón o situación administrativa
no puede ejercer total o parcialmente las funciones propias de su cargo, pues
ello desconocería el claro alcance semántico de esa palabra e implicaría
aceptar, en forma contraria a la Constitución, que es posible contar en un mismo
tiempo con dos empleados públicos que ejercen un mismo cargo y posición, con
idénticas competencias y funciones, respecto de la misma entidad territorial.
(…)
162. Conclusión:
El entendimiento literal, razonable, sistemático y proporcional de la expresión
“reemplazo” consignada en el inciso único del artículo 31 de la Ley 617 del 2000,
conlleva a que, de manera concurrente i) se materialice una situación de
cambio, pleno y absoluto30, del titular de la función -encargo del cargo ante una
falta absoluta- ii) situación en la cual es posible hablar de un período
determinado y específico; y iii) que el reemplazante tome posesión del cargo,
pues se trata de un elemento normativo-descriptivo exigido por la literalidad de
la norma bajo estudio.
(…)
185. Respecto de los destinatarios de la inhabilidad consagrada en el numeral 7º
del artículo 31 de la Ley 617 del 2000, la Sala entiende lo siguiente:
(i) Son los gobernadores elegidos en el certamen democrático
correspondiente, trátese de elecciones típicas o atípicas.
(ii) También lo son “quienes sean designados en su reemplazo”,
entendiendo que ellos son a quienes el Presidente de la República
designa, en los casos en que se presenta falta absoluta del titular y bajo
los eventos descritos en el inciso 3º artículo 303 constitucional.
(…)
188. Ahora bien, como se observa de lo descrito con anterioridad, es claro que
la situación del aquí demandado no se enmarca dentro de los parámetros de la
regla de interpretación fijada en la presente providencia, en tanto no fue elegido
popularmente ni designado por el Presidente de la República, por lo que no
puede concluirse que tenga la calidad de reemplazante de titular del despacho
del gobernador de Boyacá. Adicional a ello, se demostró que la situación de
encargo que se efectuó mediante el Decreto No. 442 del 2018, fue una
30 Esto quiere decir que el reemplazo no es posible en términos relativos, por lo que el encargo de una o
varias funciones no conlleva el ejercicio del cargo en sí mismo.
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delegación de algunas funciones, incluso, sólo para asuntos urgentes, dado que
se fundamentó en el contenido del artículo 93 del Decreto Ley 1222 de 1986.
(Negrillas propias).
En tales condiciones, es claro para la Sala que la incompatibilidad endilgada por
el recurrente no resulta aplicable en este caso concreto, toda vez que la señora
Johana Ximena Aranda Rivera no fue elegida popularmente, ni por voto
programático, sino que, debido a la suspensión provisional impuesta al alcalde
titular (falta temporal), fue designada por el gobernador del Tolima de la terna
enviada por el Partido Conservador Colombiano, como alcaldesa de Ibagué por
el término de la medida, periodo comprendido entre el 18 y el 30 de mayo de
2022.
En este orden, se concluye que la alcaldesa demandada no incurrió en la
prohibición objeto de estudio, pues, durante la referida designación no fungió
como titular del cargo de alcalde de Ibagué (Tolima).
En este caso, el señor Andrés Fabián Hurtado Barrera continuó siendo el
alcalde de Ibagué, solo que, Johana Ximena Aranda Rivera fue designada entre
el 18 y el 30 de mayo de 2022 para atender una situación administrativa que no
implicó un cambio del titular del cargo, lo cual, a todas luces, resulta contrario a
lo manifestado por el actor.
En consecuencia, se impone confirmar la sentencia del 12 de diciembre de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual se
negaron las pretensiones de la demanda.
Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
del Tolima el 12 de diciembre de 2024, que negó las pretensiones de la
demanda.
SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.
TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no
procede ningún recurso.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número
de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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