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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 50001-23-33-000-2022-00119-04

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 50001-23-33-000-2022-00119-04

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Confirmar la sentencia de 29 de octubre de 2025 del Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión No. 2, que, entre otras decisiones, declaró la nulidad de la elección de Carlos Alberto López López, conforme las consideraciones de la presente decisión. SEGUNDO. Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 50001-23-33-000-2022-00119-04

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

19 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Medio de control: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 50001-23-33-000-2022-00119-041
Demandantes: Jorge Alejo Calderón Perilla y otros2
Demandado: Carlos Alberto López López, contralor de Villavicencio,
periodo 2022-2025

Tema: Inhabilidad por ejercicio de autoridad administrativa

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes3 y el Concejo
de Villavicencio, contra la sentencia de primera instancia proferida el 29 de octubre
de 2025 por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión No. 2, que, entre
otras decisiones, anuló la elección del demandado; de conformidad con los artículos
150 y 152.7 literal b)4 del CPACA y 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 20195
de la Sala Plena del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1. Jorge Alejo Calderón Perilla, Jaime Darío Carrillo Suárez, José Enrique
Molina Rojas, Yefferson Posso Mosquera y Yeimi Andrea Rodríguez Velásquez
demandaron6, en nombre propio, la elección del contralor de Villavicencio para el
periodo 2022 - 2025, contenida en el acta 067 del 11 de abril de 2022, porque, a su
juicio, está inhabilitado, de conformidad con los numerales 2 y 3 del artículo 95 de
la Ley 136 de 1994, al haber ejercido autoridad administrativa y celebrado contratos
durante el año anterior a su nombramiento en el referido municipio.

1
Acumulado con los expedientes 50001-23-33-000-2022-00104-00, 50001-23-33-000-2022-00106-00, 50001-
23-33-000-2022 00121-00 y 50001-23-33-000-2022-00126-00.
2
Jaime Darío Carrillo Suárez, José Enrique Molina Rojas, Yefferson Posso Mosquera y Yeimi Andrea Rodríguez
Velásquez.
3
Jorge Alejo Calderón Perilla (demandante) y Carlos Alberto López López (demandado).
4
«COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los tribunales
administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 7. De los siguientes asuntos
relativos a la nulidad electoral: […] b) De la nulidad de la elección de los contralores departamentales, y la de
los personeros y contralores distritales y municipales de municipios con setenta mil (70.000) habitantes o
más, o de aquellos que sean capital de departamento».
5
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
6
Nulidad electoral, artículo 139 del CPACA. Demandas del 6 de mayo (2022-00104-00), 18 de mayo (2022-
00119-00), 9 de mayo (2022-00106-00), 23 de mayo (2022 00121-00), y 24 de mayo (2022-00126-00) todas de
2022.

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1

Demandantes: Jorge Alejo Calderón Perilla y otros
Demandado: Carlos Alberto López López,
contralor de Villavicencio, periodo 2022-2025
Radicación: 50001-23-33-000-2022-00119-04 (Acum.)

2. Indicaron que el demandado fue contralor departamental del Meta, para el
periodo 2020 - 20217 y durante su ejercicio8: i) desplegó control fiscal frente a la
estampilla departamental Universidad de los Llanos (Unillanos), la cual era
recaudada por el municipio y el Concejo de Villavicencio9, ii) efectuó
nombramientos, concedió vacaciones, licencias, incapacidades y encargos10 y, iii)
como ordenador del gasto suscribió contratos de prestación de servicios11.

3. Con todo, sostuvieron que no resultaría necesario que la autoridad se
materializara, en tanto que, las competencias en cabeza del contralor departamental
del Meta se encuentran legalmente establecidas; razón suficiente para que la
inhabilidad se configure.

4. A su vez, alegaron que el Concejo de Villavicencio eligió «en forma irregular»
al demandado como contralor municipal sin verificar las posibles inhabilidades en
las que podría estar incurso y sostuvieron que se configuró la causal de nulidad
contemplada en el inciso 2° del artículo 137 del CPACA, dado que, la referida
corporación omitió tener en cuenta los conceptos emitidos sobre el particular por
parte del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)12, los cuales
resultan vinculantes conforme lo prevé el artículo 15 de la Resolución 0728 de 2019
de la Contraloría General de la República.13

5. Por último, en los alegatos de conclusión de primera instancia14, reiteraron
su petición para que se anule la elección del demandado e insistieron en que el solo
empleo de contralor departamental del Meta y las funciones que dicho cargo
contempla, conllevan a indicar que Carlos Alberto López López ejerció autoridad
administrativa, sin que sea necesario verificar su materialización.

B. Posición de la parte demandada e intervinientes

6. El demandado solicitó la denegatoria de las pretensiones, al considerar que
no se configuró la inhabilidad alegada, dado que, al ejercer el cargo de contralor
departamental del Meta no desplegó el ejercicio de vigilancia y control fiscal sobre

7
Mediante acta Nro. 06 del 14 de enero de 2020.
8
En este punto resaltaron los numerales 1, 3, 4, 7, 11, 12, 14, 15, 16 y 21 del manual de funciones del contralor
del Meta.
9
Al respecto, citaron los artículos 7 de la Ley 1178 de 2007, 262 de la Ordenanza Departamental 466 de 2001,
14 de la Ordenanza 662 de 2008, 2 de la Ordenanza 670 de 2009, 3 y 7 de la Ordenanza 724 de 2010. A su
vez, aludieron al proceso de auditoría 2320 de 2020 y a la certificación emitida por el presidente del concejo,
quien indicó el valor retenido por concepto de las citadas estampillas.
10
Para lo cual acudieron al informe de gestión y empalme 2021.
11
Contratos nrs.: i) 564 de 2020, ii) 254 de 2019, iii) 564 de 2020, iv) 584 de 2019, v) 016 de 2021, vi) 004 de
2021 y vii) 17 relacionados en SECOP.
12
Sobre el particular allegaron los siguientes conceptos: i) 20216000468401 del 28 de diciembre de 2021 (P.
51 a 60 anexos reforma demanda 2022-00104-00, ii) 20226000004611 del 6 de enero de 2022 P. 64 a 74
anexos reforma demanda 2022-00104-00.
13
En líneas posteriores se precisará que dicho cargo no guarda relación con la fijación del litigio planteada por
el tribunal y, en consecuencia, no será abordado su análisis en esta sede.
14
Jorge Alejo Calderón Perilla y José Enrique Molina Rojas.

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Demandantes: Jorge Alejo Calderón Perilla y otros
Demandado: Carlos Alberto López López,
contralor de Villavicencio, periodo 2022-2025
Radicación: 50001-23-33-000-2022-00119-04 (Acum.)

el municipio de Villavicencio y tampoco al Concejo de esa municipalidad15 «ni
potencial, ni materialmente»; en consecuencia, no ejerció autoridad administrativa.
Además, propuso las excepciones de inconstitucionalidad16, inepta demanda,
indebida representación de las partes, caducidad y abuso del derecho.

7. En adición a lo anterior, expuso que la suscripción de contratos se llevó a
cabo en atención de «un deber legal y funcional» y en ejercicio del cargo de contralor
departamental del Meta, periodo 2020 – 2021, por lo que no podría configurarse la
inhabilidad por celebración de contratos.

8. Seguidamente, explicó que la estampilla Unillanos tiene connotación de
«renta o ingreso del orden departamental» y, la gestión fiscal «solo es predicable»
de la Universidad de los Llanos y de la Secretaría de Hacienda del Departamento
del Meta. En ese sentido, indicó que el Concejo de Villavicencio no desempeña
dicha gestión, en tanto que, «ni es sujeto activo, ni es sujeto pasivo de esa
contribución».

9. De otra parte, en similares términos a los expuestos por el demandado, el
apoderado judicial del Concejo de Villavicencio solicitó que se nieguen las
pretensiones porque, en su concepto, no se configuró la inhabilidad endilgada a
Carlos Alberto López López, dado que, este último, en calidad de contralor
departamental del Meta, no ejerció autoridad administrativa respecto del municipio
y tampoco de la corporación.

10. Además, puntualizó que la elección del contralor municipal de Villavicencio
se llevó a cabo con observancia del ordenamiento jurídico, «garantizando los
derechos de todos sus participantes» y, explicó que las advertencias sobre la
presunta configuración de la inhabilidad endilgada al demandado fueron
debidamente analizadas por la corporación y la universidad encargada de adelantar
la convocatoria pública.

11. En sus alegaciones finales, el demandado reiteró los argumentos expuestos
en su contestación a la demanda e insistió en que en el presente asunto no se
demostró que durante su periodo como contralor departamental hubiese ejercido
autoridad administrativa y tampoco la afectación de la voluntad de la corporación
para su elección como contralor municipal. Por su parte, el Concejo de Villavicencio
recalcó que la convocatoria pública se desarrolló conforme lo dispone el
ordenamiento jurídico, con observancia de las garantías de todos los aspirantes al
cargo.

15
Al respecto citó los siguientes antecedentes jurisprudenciales: i. 76001-23-31-000-2008 00176-03, ii. 73001-
23-31-000-2008-00052-03, iii. 05001-23-15-000-2001-0387-01(3041), iv. 73001-23-33-002-2018-00204-03 y, v.
15001-23-33-000-2020-00120-01.
16
«Así las cosas, solicito se inaplique por vía Excepción de Inconstitucionalidad, para este caso, el numeral 2
vigente del artículo 95 de la ley 136 de 1994, que estaría siendo contrario, abierta y categóricamente
inconstitucional en su interpretación en el caso del suscrito, confrontado esto con los incisos 10 y 11 del artículo
272 de la Constitución Política».

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Demandantes: Jorge Alejo Calderón Perilla y otros
Demandado: Carlos Alberto López López,
contralor de Villavicencio, periodo 2022-2025
Radicación: 50001-23-33-000-2022-00119-04 (Acum.)

C. Sentencia recurrida17

12. El 29 de octubre de 202518 el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de
Decisión Nro. 2, entre otras decisiones, declaró la nulidad de la elección de Carlos
Alberto López López como contralor de Villavicencio para el periodo 2022 - 2025 y
negó las demás pretensiones de la parte actora.

13. Previo a abordar el asunto y en atención a los principios de economía
procesal y celeridad, en la citada providencia el tribunal rechazó los recursos de
reposición y las solicitudes de nulidad del apoderado del Concejo de Villavicencio,
el demandante José Enrique Molina Rojas y el tercero impugnador Alexander
Tejeiro Torres respecto de los autos 38319 y 38420 del 9 de septiembre de 2025.

14. En igual sentido, el a quo rechazó las reiteradas recusaciones presentadas
por el demandante José Enrique Molina Rojas21 contra los integrantes de la sala de
decisión Nro. 222, principalmente porque mediante Auto 327 del 25 de julio de 2025
el Despacho abordó dichas peticiones en los mismos términos.

15. Seguidamente, el tribunal negó la solicitud del demandado de excluir las
pruebas aportadas por los demandantes, que fueron incorporadas y decretadas en
autos del 24 de febrero y 31 de marzo, ambos de 2023, por las razones que se
exponen a continuación.

16. En cuanto a las pruebas incorporadas y decretadas en auto del 24 de febrero
de 2023, el tribunal explicó, en primer lugar, que los artículos 182 A de la Ley 1437
de 2011 y 137 de la Ley 1564 de 2012 no contemplan la obligación de exponer cómo
fueron obtenidos los elementos probatorios, por lo que no resulta procedente aludir
al desconocimiento del debido proceso. A su vez, precisó que el demandado no
cumplió con la carga argumentativa respecto de las pruebas que consideraba
necesario otorgarles el carácter de reservado.

17. En segundo lugar, advirtió que, aunque las respuestas proferidas por la
Contraloría Departamental del Meta23 a las peticiones elevadas por el demandante
Jorge Alejo Calderón Perilla, se allegaron de manera «extemporánea» por este

17
Mediante auto del 24 de febrero de 2023, el tribunal, entre otras decisiones, se pronunció sobre las solicitudes
probatorias y fijó el litigio en los siguientes términos: «¿Si el señor CARLOS ALBERTO LOPEZ LOPEZ, incurrió
en la inhabilidad consagrada en los numerales 2º y 3º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el
artículo 37 de la Ley 617 de 2000, para ser elegido en el cargo de Contralor del municipio de VILLAVICENCIO,
(i) por cuanto en su condición de CONTRALOR DEL DEPARTAMENTO DEL META ejerció autoridad
administrativa en dicho Municipio dentro de los doce (12) meses anteriores a su elección; y (ii) suscribió, bajo
esa condición, dentro del año anterior a su elección, contratos que debían ejecutarse en ese Municipio?».
18
Índice 590 Samai, expediente 2022-00119-00.
19
Frente a esta providencia el tribunal negó la reposición impetrada por el apoderado del Concejo de
Villavicencio. Página 37 de la sentencia de primera instancia.
20
En cuanto al citado auto el tribunal decidió no reponer la decisión y rechazar el recurso de apelación
interpuesto por el demandante José Enrique Molina Rojas. Páginas 40 y 41 de la sentencia de primera instancia.
21
Memoriales aportados el 6 y 7 de octubre de 2025.
22
Magistrados Juan Darío Contreras Bautista y Nohra Eugenia Galeano Parra.
23
Índices 60, 67 y 80, Samai. Expediente 2022-00104-00.

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Demandantes: Jorge Alejo Calderón Perilla y otros
Demandado: Carlos Alberto López López,
contralor de Villavicencio, periodo 2022-2025
Radicación: 50001-23-33-000-2022-00119-04 (Acum.)

último, se tiene que, de un lado, dichas pruebas fueron decretadas de oficio por el
juez y, por otra parte, no tienen carácter reservado; máxime si se tiene en cuenta
que fueron incorporadas al proceso judicial, lo que demuestra que no se vulneró el
debido proceso.

18. Ahora, frente a las pruebas decretadas en providencia del 31 de marzo de
24
2023 , el a quo sostuvo que tampoco resulta procedente su exclusión y remitió a lo
decidido en los autos del 5 de julio de 2023 y 10 de abril de 2025, en donde se
explicó que el recurso de reposición interpuesto por el Ministerio Público, que dio
lugar al decreto de dichas pruebas, se presentó en término, conforme la tesis
mayoritaria del tribunal25.

19. Por otra parte, el tribunal negó la excepción de inconstitucionalidad propuesta
por el demandado y el Concejo de Villavicencio al advertir la falta de argumentación
para sustentarla, pues, se limitaron a aducir que el numeral 2 del artículo 95 de la
Ley 136 de 1994 no se acompasa con el contenido del artículo 272 de la
Constitución Política.

20. Sin perjuicio de lo anterior, señaló que la citada norma no desconoce el
artículo 272 bajo cita, dado que «complementa el mandato constitucional para
cumplir con los fines del Estado y la protección a la imparcialidad, transparencia y
moralidad de la función pública»26.

21. Sumado a lo expuesto, el a quo explicó que las inhabilidades para ser alcalde
(numerales 2 y 3 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994) resultan aplicables a los
contralores territoriales, en virtud de la remisión expresa del artículo 163 de la Ley
136 de 1994 y a la complementación a su régimen de inhabilidades27. Bajo ese
entendido abordó el fondo del asunto en los siguientes términos:

• Inhabilidad por ejercicio de autoridad administrativa

22. El tribunal encontró acreditado que el demandado ejerció autoridad
administrativa en Villavicencio durante los doce meses anteriores a su elección.
Para sustentar lo anterior, el a quo abordó cada uno de los elementos de la
inhabilidad en los términos que se exponen a continuación.

24
Solicitar a la Contraloría Departamental del Meta que certifique la información relacionada con la planta de
personal de la entidad.
25
Sobre el particular, explicó que, para la época en que fue dictado el auto y conforme la tesis mayoritaria,
resultaba aplicable los dos días previstos en el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, cuando la notificación se
realizara por estado.
26
Indicó que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han precisado que la extensión de inhabilidades de
la Ley 136 de 1994 a los contralores municipales se ajusta a la Constitución Política, por lo que citó: i. «Sentencia
C-367 de 1996, M.P. Julio Cesar Ortiz Gutiérrez» y, ii. «Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, Providencia Del 15 de Octubre De 2020, Radicación Número: 70001-23-33-000-
2020-00035-01, consejera Ponente: Rocío Araújo Oñate».
27
Al respecto, citó: i. «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia
del 5 de agosto de 2021, Radicación: 70001-23-33-000-2020-00035-02, Magistrada Ponente: Rocío Araújo
Oñate», ii. «Sentencia SU-566 de 2019» y iii. «Auto del 15 de octubre de 2020. Radicación 70001-23-33-000-
2020-00035-01. M.P. Rocío Araújo Oñate».

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Demandado: Carlos Alberto López López,
contralor de Villavicencio, periodo 2022-2025
Radicación: 50001-23-33-000-2022-00119-04 (Acum.)

23. En cuanto al elemento objetivo empezó por indicar que el demandado tuvo
la calidad de empleado público, dado que, fue contralor departamental del Meta
para el periodo 2020 - 202128. Seguidamente, abordó el concepto de autoridad
administrativa29 desde los criterios orgánico y funcional.

24. En esa medida, indicó que bajo la noción de ambos criterios se configuró
dicha autoridad, dado que, tratándose del orgánico, el demandado tuvo el cargo
más alto de la Contraloría del Meta, el cual «se encuentra revestido de prerrogativas
especiales de mando y dirección», por lo que tenía «capacidad potencial y real de
ejercer autoridad administrativa».

25. En cuanto al funcional, encontró demostrado que las siguientes funciones,
que desempeñó el acusado, denotan el ejercicio de autoridad administrativa, porque
son manifestaciones de su facultad decisoria, que tienen como propósito cumplir los
fines esenciales de la entidad30:

i.Elaborar el proyecto de presupuesto de la Contraloría Departamental.
ii.Ordenar los gastos de la entidad.
iii.Decidir procesos administrativos sancionatorios.

26. En línea con lo anterior, el tribunal hizo énfasis en la función relacionada con
la ordenación del gasto y sostuvo que bajo dicha facultad el demandado suscribió
dos contratos de prestación de servicio y apoyo a la gestión31, lo cual demuestra el
ejercicio de autoridad administrativa.

27. A su vez, el tribunal encontró acreditado el elemento temporal, dado que el
periodo inhabilitante estuvo comprendido entre el 11 de abril de 2021 al 11 de abril
de 2022 (fecha en la que el demandado fue elegido contralor de Villavicencio) y, en
dicho periodo el demandado: i. ejerció el cargo de contralor departamental del Meta
en 2020 y 2021 y ii. celebró el contrato de prestación de servicios 023 el 30 de
diciembre del 2021 con «Bomberos voluntarios de Villavicencio».

28. Seguidamente, el a quo indicó que el elemento territorial se configuró, dado
que, el demandado ejerció autoridad administrativa «en su expresión endógena» al
ejecutar nombramientos, desvinculaciones32, autorizaciones de vacaciones,
licencias, permisos33 y procesos de responsabilidad fiscal34 en Villavicencio;
municipio en el cual se encuentra ubicada la sede de la Contraloría Departamental

28
De conformidad con: i. acta de sesión ordinaria 006 del 14 de enero de 2020, ii. acta de posesión del 16 de
enero de 2020 y iii. certificado expedido por la secretaría general de la Contraloría Departamental del Meta en
la que se indica que prestó sus servicios desde el 16 de enero de 2020.
29
Para lo cual citó el artículo 190 de la Ley 136 de 1994.
30
Sobre el particular, aludió a la certificación expedida por la secretaría general de la Contraloría Departamental
del Meta.
31
023-21 del 30 de diciembre de 2021 y 016-21 del 20 de diciembre de 2021.
32
Índices 67 y 80, Samai. Expediente 2022 00104-00.
33
Indicó que el demandado concedió 44 autorizaciones de vacaciones, 1 licencia de maternidad, 2 licencias por
luto y 196 permisos. Índices 67 y 80. Expediente 2022 00104-00.
34
Según el informe de la Contraloría Departamental del Meta, para el 2021 fueron tramitadas 30 averiguaciones
preliminares de procesos administrativos sancionatorios fiscales. Índices 67 y 80. Expediente 2022 00104-00.

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del Meta.

29. En adición a lo anterior, acudió a los artículos 6 y 7 de la Ley 1178 de 2007
para indicar que la Contraloría Departamental del Meta ejerce control fiscal de los
recursos provenientes de la estampilla Unillanos, que, para el caso de los
municipios, debe ser recaudado por las tesorerías municipales. En ese sentido,
explicó que la citada entidad podría ejercer dicho control respecto de Villavicencio,
«lo que potencialmente cubre al Concejo de Villavicencio porque este ente es un
recaudador primario».

30. En correspondencia con lo que antecede, el tribunal expuso que, aunque en
el municipio existe una contraloría, lo cierto es que el control relacionado con el
recaudo de la mencionada estampilla es competencia de la Contraloría
Departamental del Meta.

31. Además, señaló que, conforme la normativa citada, dicho control se
materializa «potencialmente o de modo real», cuando la entidad deba iniciar
procesos de responsabilidad fiscal «para recuperar los dineros que se consideren
comprometidos por parte del recaudador de lo que se paga por la estampilla
Unillanos».

32. Bajo ese entendido, sostuvo que el Concejo de Villavicencio es sujeto de
vigilancia y control por parte de la Contraloría Departamental del Meta, porque
para el año fiscal 2021 recaudó $1.627.966, derivados de la estampilla Unillanos,
tal como lo certificó el 13 de mayo de 2022 el propio presidente de dicha
corporación.

33. Frente a lo anterior, el tribunal puso de presente que el demandado solicitó
al Concejo de Villavicencio «aclarar aspectos relacionados con dicha estampilla»;
no obstante, las preguntas fueron planteadas de manera general, por lo que la
respuesta35 de la mentada corporación no desvirtúa la información relacionada
con el recaudo de las estampillas para la vigencia fiscal de 2021.

34. Aunado a lo que antecede, el a quo advirtió que en la citada respuesta se
indicó que el encargado de declarar y pagar el recaudo de la estampilla Unillanos
es el representante legal del Concejo de Villavicencio, esto es, «el presidente del
concejo y, potencialmente por las ausencias de este, el primero y segundo
vicepresidente de dicha corporación de elección popular».

35. Seguidamente, indicó que el municipio recaudó la estampilla Unillanos y
sobre dicho rubro la Contraloría Departamental del Meta, encabezada por el
demandado, ejerció control fiscal, pues de conformidad con el acervo probatorio36,

35
i. Oficio No. 873 MS 100.16-242/2022 del 18 de octubre de 2022 y, ii. Oficio 427 100, 16 – 087/2022 del 17
de mayo de 2022.
36
i. Acta de comité de vigilancia fiscal 01 del 11 de diciembre de 2020, ii. Informe final de la auditoría
gubernamental con enfoque integral modalidad especial a la universidad de los llanos vigencia 2016-2019, iii.

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Demandantes: Jorge Alejo Calderón Perilla y otros
Demandado: Carlos Alberto López López,
contralor de Villavicencio, periodo 2022-2025
Radicación: 50001-23-33-000-2022-00119-04 (Acum.)

la entidad encontró un hallazgo administrativo con incidencia fiscal y disciplinaria
contra el municipio de Villavicencio, por efectuar recaudos inferiores a los
establecidos en la ordenanza 724 de 2010.

36. Frente a lo anterior, explicó que, aunque la auditoria se adelantó a la
Universidad de los Llanos, lo cierto es que los recaudos provenían de, entre otros,
el municipio de Villavicencio, por lo que el control fiscal se realizó «de manera
indirecta o incluso directa».

37. Asimismo, trajo a colación los documentos37 en los que se indicó que el
requerimiento de un plan de mejoramiento por parte del ente de control fiscal hacia
el municipio obedeció a un «error involuntario» por parte del equipo auditor, pues el
municipio «no es sujeto vigilado»38 y, dicha petición debía dirigirse a la entidad
auditada, esto es, la Universidad de los Llanos.

38. Sobre el particular, el tribunal sostuvo que dichas pruebas no desvirtúan que
la Contraloría Departamental del Meta ejerció control fiscal «de manera
indirecta» sobre los recursos derivados de la estampilla Unillanos que fueron
recaudados por el municipio de Villavicencio.

39. En adición a lo anterior, el tribunal precisó que el ejercicio de autoridad
administrativa «se configura no solo por el ejercicio efectivo de dicha potestad, sino
también por la posibilidad real y jurídica de ejercerla sobre el electorado»; luego,
aunque no llevó a cabo alguna auditoria por parte de la Contraloría
Departamental del Meta al Concejo de Villavicencio, lo cierto es que tenía la
competencia para hacerlo, pues, se demostró que dicha corporación recaudó los
recursos derivados de la estampilla Unillanos.

40. Por último, el tribunal encontró probado los cargos de nulidad denominados
«principio de igualdad», «principio de legalidad», «No declarar ni desvirtuar la
presunta inhabilidad», «Desconocer los conceptos emitidos sobre la inhabilidad por
autoridad competente», «incumplimiento del deber funcional», «Artículo 6°
constitucional» y las causales de nulidad de violación de las normas en que debería
fundarse y expedición irregular del acto, porque: i. se desconoció el principio de
igualdad, ii. se omitió verificar la inhabilidad en la que incurrió el demandado.

• Inhabilidad por celebración de contratos

41. En este punto, el tribunal abordó el estudio de la inhabilidad de los numerales

Oficio del 29 de diciembre de 2020 suscrito por Carlos Alberto López López, dirigido al municipio, para enviar
el informe final de auditoria gubernamental con enfoque integral modalidad especial vigencia 2016 – 2019 y
solicitar un plan de mejoramiento por los hallazgos de tipo administrativo, iv plan de mejoramiento presentado
por el alcalde de Villavicencio a la Contraloría Departamental del Meta, mediante oficio D.A. 1000-19.18/0064
del 22 de enero de 2021.
37
Oficio del 18 de noviembre de 2021 y, correo electrónico del 19 de noviembre de 2021.
38
Sobre este punto el demandado aportó certificado del 18 de mayo de 2022, en la que el contralor
departamental del meta señaló que el municipio de Villavicencio, sus entidades descentralizadas, el concejo
municipal y los concejales, no son sujetos de vigilancia y control de la Contraloría Departamental del Meta.

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Demandado: Carlos Alberto López López,
contralor de Villavicencio, periodo 2022-2025
Radicación: 50001-23-33-000-2022-00119-04 (Acum.)

2 y 3 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994.

42. Tratándose del numeral 2 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 relacionó los
contratos suscritos39 por el demandado en calidad de contralor departamental del
Meta, que tuvieron como lugar de ejecución Villavicencio.

43. Sobre el particular, indicó que, del objeto de los contratos celebrados por
el demandado no se advierte algún tipo de influencia sobre los miembros del
concejo (nominador), que les haya otorgado ventaja frente a los demás aspirantes
al cargo de contralor municipal, por lo que no se configura la inhabilidad por
celebración de contratos.

44. En cuanto a la inhabilidad contemplada en el numeral 3 del artículo 95 de la
Ley 136 de 1994, en igual sentido sostuvo que, no se configuran los elementos
material y subjetivo, en tanto que, «no se demostró que el demandado celebró
contrato alguno con entidades públicas, y menos aún que de dicha relación
contractual se desprendiera un interés propio o de terceros».

45. Finalmente, el a quo señaló que no se acreditó que el acto demandado diste
del propósito del buen servicio y tampoco su uso con fines distintos a los previstos
por la norma.

D. Recursos de apelación

46. El demandado40 solicitó que se revoque la sentencia41 y se niegue las
pretensiones de la demanda, con fundamento en los argumentos que se exponen a
continuación.

47. En primer término, alegó la falta de congruencia42 entre la fijación del litigio y
la sentencia, dado que en esta última el tribunal encontró configuradas las causales
generales de nulidad43 y las denominadas «no declarar ni desvirtuar la presunta
inhabilidad», «desconocer los conceptos emitidos sobre la inhabilidad por autoridad
competente», «incumplimiento del deber funcional» y «artículo 6° constitucional»;
sin embargo, dichos aspectos no fueron incluidos en el problema jurídico fijado por
el tribunal.

48. En segundo lugar, reprochó la interpretación que se dio de los numerales 2 y
3 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, pues, a su juicio, «mal se hace que se dé
un alcance de tal implicación a una norma que solo en lo que sea aplicable, a los

39
Índices 67 y 80, Samai. Expediente 2022-00104-00 y contratos 023-2 de 2021 y 016 de 2021.
40
Índice 622, Samai – Expediente 2022-00119.
41
A excepción de la negativa en condena en costas y los numerales decimocuarto, decimoquinto,
decimoséptimo y decimoctavo de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia.
42
Para lo cual citó los artículos 180, 187 del CPACA, 281 del CGP y las siguientes providencias del Consejo de
Estado i. Rad: 540012331000200101915-02 (55058), ii. 3 de noviembre de 2022, rad: 76001-23-33-000-2022
00050-01, iii. 9 de junio de 2022, rad: 27001-23-31-000 2019-00062-02 y, iv. 14 de diciembre de 2023, rad:
18001 23-33-000-2022-00144-02.
43
Infracción de las normas en que debería fundarse y expedición irregular del acto.

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contralores municipales o distritales, pero no a todos los contralores territoriales».

49. Como tercer punto, indicó que conforme la jurisprudencia44, para que la
inhabilidad se estructure resulta necesario que la autoridad se ejerza sobre la
corporación pública que realizó la elección. En esa línea, cuestionó la
configuración de cada uno de los elementos de dicha inhabilidad en los términos
que se exponen a continuación:

50. Sostuvo que el tribunal encontró configurado el elemento objetivo,
únicamente, con la acreditación del ejercicio en el cargo de Contralor Departamental
del Meta para el periodo 2020 – 2021. Además, indicó que la definición de autoridad
administrativa contemplada en el artículo 190 de la Ley 136 de 1994 no resulta
aplicable porque dicha norma refiere al nivel municipal, es decir, mientras que el
cargo por él ejercido, antes de su nombramiento, es de naturaleza departamental.

51. Seguidamente, señaló que «de manera irregular» el 5 de octubre de 2025 el
tribunal valoró una prueba no decretada, al acudir al sitio web de la Contraloría
Departamental del Meta para justificar el criterio orgánico, el cual, a su juicio, no
se encuentra configurado, «sin tener en cuenta la pertinencia, necesidad, legalidad,
procedencia y debido proceso».

52. De manera subsiguiente, sostuvo que el tribunal no tuvo en cuenta los
artículos 267 de la Constitución Política y 2 de la Ley 339 de 1996, de los cuales es
posible colegir que la Contraloría Departamental del Meta no tiene competencia
respecto de Villavicencio, pues dicho territorio cuenta con contraloría municipal.

53. No obstante, abordó las funciones que, a juicio del tribunal, dan cuenta de la
inhabilidad alegada y empezó por explicar que la elaboración del proyecto de
presupuesto no implica autoridad administrativa, en tanto que, conforme al numeral
15 del artículo 9 de la Ley 330 de 1996, dicha facultad obedece a una atribución de
«mero trámite» que no supone poder dispositivo o decisorio, lo cual se ratifica con
el objeto de la Ley 1416 de 2010, en donde se «establece la forma en que este se
calcula».

54. Luego, puso de presente que el tribunal no tuvo en cuenta que la función de
ordenación de gasto fue delegada y explicó que, en todo caso, no ocurrió el
supuesto que trae el artículo 190 de la Ley 136 de 1994, consistente en «ordenar
gastos con cargo a fondos municipales», pues, su labor fue del orden
departamental.

55. Seguidamente, resaltó que, en el acervo no reposa alguna prueba
relacionada con procesos administrativos sancionatorios en contra de Villavicencio
y su concejo, máxime si se tiene en cuenta que, dicha facultad no puede recaer en
el referido municipio y tampoco sobre la mentada corporación.

44
Al respecto, citó: Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2021, rad: 70001-23-33-000-2020-00035-
02.

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56. Por otra parte, alegó confusión frente a la conclusión en la que el tribunal
indicó que con la existencia de los contratos se configuró la inhabilidad por ejercicio
de autoridad administrativa, pero, de manera posterior, advirtió que no se estructuró
la inhabilidad por celebración de contratos; situación que, a su juicio, «rompe con la
exigencia restrictiva de la interpretación».

57. Con fundamento en lo expuesto concluyó que no se acreditó el elemento
objetivo, por lo que no habría lugar a presumir la configuración de la inhabilidad y
tampoco la potencialidad de influir sobre sus electores, es decir, los miembros del
Concejo de Villavicencio.

58. Enseguida, mencionó los elementos temporal y territorial, e indicó que el
tribunal desconoció la decisión del Consejo de Estado en sede cautelar45, en donde
se estableció que el despliegue de autoridad administrativa debe darse en el mismo
lugar donde se lleva a cabo la elección y, tener la intención de beneficiarse al
incidir en la voluntad del elector, esto es, el Concejo de Villavicencio.

59. Asimismo, el demandado citó los apartes de la sentencia en los que el tribunal
indicó que el elegido ejerció autoridad administrativa durante el año anterior a su
elección porque confirió comisiones, licencias, vacaciones y realizó nombramientos
y desvinculaciones e indicó que el a quo incurrió en error al aplicar la potencialidad
y con ello justificar la posible afectación de la voluntad del elector, pues, a su juicio,
debe probarse el uso abusivo de sus facultades respecto de su nominador.46

60. Aunado a lo anterior, refutó las conclusiones del tribunal respecto a la
estampilla Unillanos y puso de presente que la certificación que se tuvo en cuenta
para respaldarlas data del 13 de mayo de 2022, «es decir, posterior a la elección».
Además, sostuvo que no se valoró el oficio 873 de 202247, del cual, a su juicio, es
posible colegir que el Concejo de Villavicencio no tiene la atribución legal para
recaudar la mentada estampilla, máxime si se tiene en cuenta que es una renta de
orden departamental con destinación específica, «que no hace parte del
presupuesto de rentas de municipio de Villavicencio y menos aún del Concejo
Municipal de Villavicencio».

61. Por otra parte, indicó que el tribunal no resolvió el desconocimiento de los
documentos sobre los que se aduce que fueron suscritos de forma digital, el oficio
del 29 de diciembre de 202048 y el correo electrónico del 19 de noviembre de 202149,
e indicó que para sustentar su solicitud allegó pruebas50 que, en su concepto, no
fueron valoradas.
45
«Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. C.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio. Auto del 28 de julio de 2022. Rad. No. 50001-23-33-000-2022-00104-01».
46
Páginas 20 a 22 del recurso de apelación.
47
Emitido por el Concejo de Villavicencio.
48
«a folio 97 de la sentencia».
49
«a folio 99».
50
i. Declaración juramentada de Beima Yuliet Girata Hernández, ii. comunicación citada en el folio 98 de la
sentencia y iii. comunicación de la ingeniera Sandra Castaño.

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62. A su vez, puntualizó que, «está fuera de contexto» aseverar que, conforme
el artículo 2 del Decreto Ley 403 de 2020, cualquiera que recaude la estampilla
Unillanos podría ser sujeto de control de la Contraloría Departamental del Meta,
pues, a su juicio, la interpretación de la norma debe llevarse a cabo con observancia
de la definición de vigilancia y control fiscal, dado que, según los artículos 267 y
268.5 de la Constitución Política, dicha facultad recae sobre quienes ejercen gestión
fiscal.

63. Adicionalmente, citó apartes de la providencia en la que el Consejo de
Estado51 se pronunció, en segunda instancia, sobre la petición cautelar, con la
finalidad de reiterar la excepción de inconstitucionalidad, que fue planteada
inicialmente en su contestación.

64. De otro lado, reiteró la solicitud de exclusión de las pruebas aportadas por la
parte demandante y las decretadas de oficio52, en iguales términos en que fueron
expuestos inicialmente. Además, elevó la misma petición respecto del oficio
310.01.07.842/18 del 31 de diciembre de 2020 de la Contraloría Departamental del
Meta.

65. Asimismo, cuestionó la decisión de compulsar copias a la Fiscalía General
de la Nación en contra de los 19 concejales53 que participaron en su elección,
porque, en su concepto, no fue debidamente motivada.

66. Posteriormente, controvirtió el numeral decimosexto54 relacionado con la
compulsa de copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su contra, en
tanto que, en su concepto, durante el trámite del proceso no actuó como abogado,
sino «como demandado en causa propia».

67. Por su parte, el apoderado judicial del Concejo de Villavicencio solicitó que
se revoque «en su integridad» la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se
niegue las pretensiones de la parte actora. También, reiteró la solicitud de nulidad55
ante la falta de vinculación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas;
institución que «acompañó todas y cada una de las actividades del concurso
público».

68. Para argumentar lo anterior, sostuvo que el nombramiento del demandado
se ajustó al ordenamiento jurídico, en tanto que, los reproches relacionados con la

51
Numeral 132.
52
En autos del 24 de febrero de 2023 y 31 de marzo de 2023.
53
Numeral decimotercero de la sentencia de primera instancia: «compulsar copias a la Fiscalía General de la
Nación, con el fin que se investigue la presunta configuración de la conducta punible descrita en el artículo 453
del Código Penal, denominada Fraude Procesal o la que corresponda, respecto de los miembros del Concejo
Municipal de Villavicencio […]».
54
«DECIMOSEXTO: COMPULSAR copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta, para que
determine la posibilidad de iniciar la investigación disciplinaria por la actuación de Carlos Alberto López López
quien actuó en causa propia dentro del presente asunto, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia».
55
Para lo cual acudió al artículo 294 del CPACA (nulidades originadas en la sentencia).

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inhabilidad fueron debidamente abordados en su oportunidad, sin que se lograra
establecer su configuración. Además, precisó que, la competencia para estudiar
dicha figura recae en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

69. Seguidamente, cuestionó la decisión de compulsar copias a la Fiscalía
General de la Nación en contra de los 19 concejales que eligieron al demandado,
porque a su juicio, no se encuentra debidamente sustentada, pues «no se expresa
las razones de hecho y de derecho donde se pueda presuntamente configurar el
tipo penal de Fraude Procesal».

70. A su vez, reprochó el actuar del demandante Jorge Alejo Calderón Perilla
porque hizo parte de la terna para elegir al contralor municipal, seguidamente
renunció a su participación y, finalmente, decidió, «por todos los medios»,
cuestionar el proceso de elección en el que resultó elegido el demandado.

71. De otro lado, advirtió que, no se demostró que «la presunta» autoridad
administrativa ejercida por el demandado, «hubiese influido de manera efectiva en
el desarrollo del concurso público, en la toma de decisiones de la plenaria del
concejo municipal».

72. Aunado a lo anterior, explicó que, la competencia de la Contraloría
Departamental del Meta irradia a los municipios que no cuentan con un órgano de
control fiscal; situación que no ocurre en Villavicencio.

73. De otra parte, el demandante Jorge Alejo Calderón Perilla solicitó que se
revoque parcialmente el numeral decimotercero y en su totalidad los numerales,
decimocuarto, decimoquinto, decimoséptimo y decimoctavo, para que, en su lugar:

• Se excluya al concejal Carlos Julio Serrato de la compulsa de copias a la
Fiscalía General.
• Se compulse copias a la Fiscalía General de la Nación contra Carlos Alberto
López López.
• Se compulse copias a la Procuraduría General de la Nación contra el
acusado, los secretarios y magistrados del Tribunal Administrativo del Meta.
• Se compulse copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial contra: el
demandado, tercero Alexander Tejeiro Torres, secretarios y magistrados del
Tribunal Administrativo del Meta.

74. En adición a lo anterior, sostuvo que el tribunal declaró la nulidad de la
elección del contralor de Villavicencio, «pero con débil motivación», dado que, no
tuvo en cuenta la certificación de la Contraloría Departamental del Meta, en la cual
se indicaron las competencias ejercidas por el demandado, que finalmente
configuran la inhabilidad objeto de estudio.

75. En línea con lo que antecede, cuestionó la negativa del cargo de nulidad por
celebración de contratos, e indicó que, su denegación implica que, eventualmente,

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se reprochen los argumentos esbozados por el tribunal y, en consecuencia, se
revoque la decisión de anular el acto enjuiciado.

76. Finalmente, el actor solicitó que se compulse copias a la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial y a la Corte Suprema de Justicia «para que se investigue al
Magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio por el injusto de fraude procesal».

E. Trámite de segunda instancia

77. El 4 de diciembre de 202556, se admitieron los recursos de apelación de las
partes y el Concejo de Villavicencio, se negó la solicitud de pruebas elevada por el
demandado y se ordenó correr traslado para alegar de conclusión y al Ministerio
Público para emitir concepto.

78. En las alegaciones de segunda instancia los recurrentes reiteraron en su
integridad los argumentos expuestos en las apelaciones.

79. El Ministerio Público no se pronunció.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

80. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que, entre otras
cuestiones, anuló la elección de Carlos Alberto López López, como contralor de
Villavicencio.

2.1. Cuestión previa

81. El demandante Jorge Alejo Calderón Perilla, en su escrito de apelación, entre
otros aspectos, cuestionó la declaratoria de nulidad de la elección del contralor de
Villavicencio, con fundamento en que el tribunal no sustentó en debida forma su
decisión, dado que, no tuvo en cuenta la certificación de la Contraloría
Departamental del Meta, en la cual se indicaron las competencias ejercidas por el
demandado, que finalmente, según su dicho, configuran la inhabilidad objeto de
estudio, relacionada con el ejercicio de autoridad administrativa.

82. En línea con lo que antecede, objetó la negativa del cargo de inhabilidad por
celebración de contratos, pues, a su juicio, su denegación implica que,
eventualmente, al elevarse reproches en contra de los argumentos esbozados por
el tribunal, se revoque la decisión de anular el acto enjuiciado.

83. Sobre el particular, la Sala precisa que, de conformidad con el artículo 320

56
Índice 7, Samai.

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del CGP57, el demandante podría cuestionar la decisión, únicamente, si esta última
le fue desfavorable, por lo que, en principio, los cuestionamientos propuestos frente
a la decisión de anular la elección del contralor municipal no resultarían
procedentes, pues finalmente el tribunal accedió a su petición de declarar la nulidad
del acto demandado.

84. No obstante lo anterior, se precisa que, sería del caso analizar el cargo
cuestionado por el demandante en su recurso de apelación, relacionado con la
inhabilidad por celebración de contratos, en tanto que, fue desestimado por el
tribunal en la sentencia de primera instancia, únicamente en el evento de que en
esta sede no se encontraran acreditados los elementos suficientes para
confirmar el fallo.58

85. Sin embargo, como la decisión de anular la elección del demandado será
confirmada, la Sala no entrará a analizar el cargo anteriormente expuesto y se
limitará a abordar los cuestionamientos que resultan contrarios a las pretensiones
del demandante, particularmente aquellas relacionadas con la compulsa de copias
a diferentes entidades59.

2.2. Caso concreto

86. La parte demandada cuestiona, en síntesis: i) no hubo congruencia entre la
fijación del litigio y la sentencia, ii) debía accederse al desconocimiento y la
exclusión de pruebas, iii) no se acreditó el ejercicio de autoridad administrativa
cuando tuvo el cargo de contralor departamental del Meta respecto del municipio de
Villavicencio y tampoco frente a su concejo y, iv) la compulsa de copias.

2.2.1. Congruencia del fallo con la fijación del litigio

87. Pues bien, para argumentar el primer reparo, la parte demandada sostuvo
que el tribunal encontró configuradas las causales generales de nulidad y las
denominadas «no declarar ni desvirtuar la presunta inhabilidad», «desconocer los
conceptos emitidos sobre la inhabilidad por autoridad competente»,
«incumplimiento del deber funcional» y «artículo 6° constitucional»; sin embargo,
sostiene que, dichos aspectos no hicieron parte del problema jurídico planteado en
este caso.

57
«ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia […]». (Énfasis
añadido)
58
Sobre el particular, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
sentencia del 2 de octubre de 2025, rad: 20001233300020240007302, MP. Omar Joaquín Barreto Suárez.
«Finalmente, la sala no estudiará los argumentos del demandante expuestos en su recurso, comoquiera que
no prosperaron los cargos señalados por el demandado y por la Alcaldía de Aguachica (Cesar), tal y como se
advirtió en el auto de 24 de julio de 2025, que admitió la apelación de la parte actora […]»
59
Numerales decimotercero, decimocuarto, decimoquinto, decimoséptimo y decimoctavo.

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88. En este punto, la Sala advierte que le asiste razón al elegido, dado que, las
mencionadas causales propuestas por la parte actora no fueron incluidas en la
fijación del litigio, pues el a quo limitó el estudio del presente asunto al análisis
relacionado con la configuración de las inhabilidades contempladas en los
numerales 2 y 3 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, a saber:

Atendiendo lo anterior, y visto los puntos de controversia que fueron debidamente
expuestos en el capítulo de antecedentes de esta providencia, con base en lo
reseñado en las demandas y sus reformas (expedientes No 2022-00104 y 2022-
00106), junto con las razones de hecho y de derecho aducidos por la parte
demandada y el CONCEJO del MUNICIPIO de VILLAVICENCIO en la contestación
de las demandas y de las reformas a las mismas, el LITIGIO en el presente asunto
se circunscribe a la solución del siguiente interrogante:

¿Si el señor CARLOS ALBERTO LOPEZ LOPEZ, incurrió en la inhabilidad
consagrada en los numerales 2º y 3º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994,
modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, para ser elegido en el cargo
de Contralor del municipio de VILLAVICENCIO, (i) por cuanto en su condición de
CONTRALOR DEL DEPARTAMENTO DEL META ejerció autoridad administrativa en
dicho Municipio dentro de los doce (12) meses anteriores a su elección; y (ii) suscribió,
bajo esa condición, dentro del año anterior a su elección, contratos que debían
ejecutarse en ese Municipio? (Énfasis añadido) (sic a la cita).

89. Bajo ese entendido, el análisis que se desatará en esta instancia se ceñirá al
problema jurídico planteado en la fijación del litigio previamente referido y a los
reparos elevados por los recurrentes, con las precisiones antes referencias en los
concerniente al recurso del demandante, en los términos que se exponen a
continuación.

2.2.2. Sobre la inhabilidad por el ejercicio de autoridad administrativa

90. En este punto, el demandado, en síntesis, alegó que su desempeño como
contralor departamental del Meta, periodo 2020 – 2021, no implicó el ejercicio de
autoridad administrativa en Villavicencio y tampoco en el concejo de dicho
municipio.

91. Para sustentar lo anterior, aludió a las funciones del contralor departamental
del Meta e indicó que: i. debía probarse el uso abusivo de sus facultades como
nominador de la contraloría departamental, ii. la elaboración del proyecto de
presupuesto obedece a una atribución de «mero trámite» que no supone poder
decisorio, iii. la ordenación de gasto fue delegada, iv. la potestad de vigilancia y
control se predica frente a quienes ejercen gestión fiscal, por lo que, la facultad para
iniciar procesos administrativos sancionatorios no recae sobre Villavicencio y el
concejo municipal.

92. En adición a lo anterior, el demandado señaló que «de manera irregular» el
5 de octubre de 2025 el tribunal acudió al sitio web de la Contraloría Departamental
del Meta para justificar el criterio orgánico, «sin tener en cuenta la pertinencia,
necesidad, legalidad, procedencia y debido proceso».

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16

Demandantes: Jorge Alejo Calderón Perilla y otros
Demandado: Carlos Alberto López López,
contralor de Villavicencio, periodo 2022-2025
Radicación: 50001-23-33-000-2022-00119-04 (Acum.)

93. Sobre el particular, la Sala advierte que le asiste razón al extremo pasivo, en
tanto que, la referida prueba no fue decretada por el tribunal, por lo que, no resultaba
pertinente su valoración60 y, en consecuencia, tampoco procedía la acreditación del
criterio orgánico con fundamento en dicho elemento probatorio. No obstante, y como
se demostrará en líneas subsiguientes, el referido aspecto no afecta el análisis y la
decisión a la que se arribará en esta providencia, como se expone a continuación.

94. Pues bien, para abordar el caso, la Sala encuentra necesario precisar que el
numeral 2 del artículo 95 de la Ley 136 de 199461 resulta aplicable a los contralores
territoriales, en atención a la remisión expresa que contempla el artículo 163 de la
misma norma, a saber:

Artículo 163. Inhabilidades. <Artículo subrogado por el artículo 9o. de la Ley 177 de
1994.> No podrá ser elegido Contralor, quien:

a) Haya sido Contralor o Auditor de la Contraloría Municipal en todo o parte del período
inmediatamente anterior, como titular
b) Haya sido miembro de los tribunales que hagan la postulación o del Concejo que deba
hacer la elección, dentro de los tres años anteriores;
c) Esté incurso dentro de las inhabilidades señaladas en el artículo 95 y parágrafo
de esta Ley, en lo que sea aplicable. (Énfasis añadido)

95. En correspondencia con lo anterior, la Corte Constitucional62 declaró
exequible el literal c) de la norma previamente citada, e indicó que «es admisible
constitucionalmente que el legislador prevea para el contralor municipal
inhabilidades adicionales a las establecidas por el artículo 272 de la Carta».

96. De acuerdo con lo que antecede y tal como lo indicó el tribunal, no resulta
procedente acceder a la excepción de inconstitucionalidad reiterada por el
demandado respecto de la norma citada, dado que, tratándose de las inhabilidades
de los contralores, la remisión al régimen de los alcaldes se ajusta a la Constitución
Política63. Así las cosas, la Sala realizará el análisis que corresponde frente a la
60
Sobre el particular, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, rad:
25000-23-41-000-2024-00052-02, sentencia del 21 de agosto de 2021, MP: Pedro Pablo Vanegas Gil. «En ese
orden, salta a la vista que el mensaje de datos (enlace web), consultado por el tribunal de primera instancia
para efectos de la configuración del elemento territorial de la inhabilidad alegada, no obra en el plenario como
medio de prueba […] Conforme ello, como se anticipó, el enlace web no fue solicitado ni incorporado al
expediente, por ende, no podía el tribunal consultar de manera oficiosa la página web del IDRD y mucho menos
proceder a valorar la información ahí encontrada. Para la Sala resulta evidente que tal actuación del tribunal
desconoció los derechos al debido proceso y de defensa del accionado».
61
«ARTÍCULO 95. INHABILIDADES PARA SER ALCALDE. <Artículo modificado por el artículo 37 de la Ley
617 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado
alcalde municipal o distrital:
[…]
2. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado
público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio, o
quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como
ordenador del gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban
ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio. (Énfasis añadido)
62
Sentencia C-367 del 14 de agosto de 1996, expediente: D-1246, MP. Julio Cesar Ortiz Gutiérrez.
63
Sobre el particular, consultar: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta, rad:
66001-23-33-000-2020-00499-03, sentencia del 30 de septiembre de 2021, MP. Rocío Araújo Oñate. «166. De

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Demandantes: Jorge Alejo Calderón Perilla y otros
Demandado: Carlos Alberto López López,
contralor de Villavicencio, periodo 2022-2025
Radicación: 50001-23-33-000-2022-00119-04 (Acum.)

configuración de la inhabilidad endilgada a la parte demandada.

97. Pues bien, el demandado empezó por cuestionar la aplicación del criterio de
potencialidad frente a sus facultades como contralor departamental del Meta para
realizar nombramientos, desvinculaciones y conceder comisiones, licencias y
vacaciones, pues, a su juicio, debía acreditarse el uso abusivo de dichas
competencias ante su nominador y en curso de la convocatoria pública para elegir
al contralor municipal de Villavicencio.

98. En este punto se pone de presente que, en el caso particular, para abordar
la eventual configuración de la inhabilidad endilgada al demandado, resulta
relevante estudiar el ejercicio de autoridad administrativa y su influencia respecto
del concejo de Villavicencio, en tanto que, se trata de la corporación encargada de
elegir al contralor del referido municipio; luego, cualquier competencia que el señor
López López haya ejercido como contralor departamental y que implique dicha
autoridad, solo resultaría relevante, para este asunto, si llegara a tener injerencia
sobre sus nominadores, esto es, el mencionado concejo.

99. Al respecto de esta misma exigencia, esta Sección concluyó:

Al haberse acreditado en el expediente que el contralor durante el año anterior a su
designación ejerció en encargo el mismo cargo y no materializó actos de autoridad
administrativa, para la Sala ese hecho implicó la concreción de funciones de vigilancia
y control sobre sus nominadores, por lo que su elección contrarió los principios de
imparcialidad, transparencia y moralidad, pues con el ejercicio de sus funciones
desequilibró las bases de la convocatoria, que se refiere a una elección por mérito y
no a un escenario donde participe con una posición privilegiada por el ejercicio de
autoridad administrativa en comparación con los demás participantes de la
convocatoria pública64.

100. Así las cosas, la Sala encuentra que frente al citado reproche le asiste razón
al apelante, en tanto que, aunque las facultades relacionadas con la vinculación,
desvinculación y distintas concesiones de índole laboral implican el ejercicio de
autoridad administrativa, lo cierto es que, no se demostró cómo el despliegue de
dichas potestades le otorgaría capacidad de influencia respecto del concejo de
Villavicencio con el que pudiera obtener ventaja respecto de los demás participantes
interesados en la elección del contralor municipal, pues ninguna de las decisiones
adoptadas guarda relación con dicha corporación.

101. Ahora, en cuanto a la elaboración del proyecto de presupuesto, el

acuerdo con las generalidades de las inhabilidades y puntualmente la contenida en el artículo 95.2 de la Ley
136 de 1994, para los contralores territoriales, la Sala se mantiene en la posición conforme con la cual la
remisión expresa de la norma a las inhabilidades establecidas para los alcaldes, es específicamente en
lo que les sean aplicables y, puntualmente, en lo que respecta su numeral 2º, resulta consecuente con
las circunstancias creadas por la Constitución y la ley que imposibilitan que una persona sea elegida, para
un cargo público y con el objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia
de quienes van a a desempeñar un empleos público». (Énfasis añadido). En igual sentido, consultar: rad: 70001-
23-33-000-2020-00035-01, sentencia del 15 de octubre de 2020, MP. Rocío Araújo Oñate.
64
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta, rad: 66001-23-33-000-2020-
00499-03, sentencia del 30 de septiembre de 2021, MP. Rocío Araújo Oñate.

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demandado precisó que, conforme al numeral 15 del artículo 9 de la Ley 330 de
199665, dicha facultad obedece a una atribución de «mero trámite» que no supone
poder dispositivo o decisorio y, en consecuencia, tampoco el ejercicio de autoridad
administrativa, máxime si se tiene en cuenta que la Ley 1416 de 2010 es la
normatividad encargada de establecer la forma en que debe calcularse el
presupuesto.

102. Al respecto, de la lectura de las normas citadas, se advierte que, el contralor
departamental tiene dentro de su órbita funcional la elaboración del proyecto de
presupuesto de la entidad y su presentación al gobernador para que sea
incorporado al proyecto de presupuesto anual de rentas y gastos. Además, se
observa que el cálculo de dicho presupuesto está supeditado a los límites
normativos contemplados en la Ley 1416 de 2010.

103. Partiendo de lo anterior, la Sala pone de presente que la elaboración del
proyecto de presupuesto por parte del contralor departamental no comporta el
ejercicio de autoridad administrativa, en tanto que, la continuidad de su trámite se
encuentra supeditado a que sea presentado al gobernador para que, este a su vez,
lo incorpore al proyecto de presupuesto anual de rentas y gastos, el cual finalmente
es aprobado por la Asamblea Departamental del Meta; aspecto que permite
evidenciar la ausencia de autonomía y poder decisorio por parte del funcionario para
finiquitarlo.

104. Bajo ese entendido y contrario a lo esbozado por el tribunal, frente a la
función previamente expuesta no se encuentra demostrado el despliegue de
autoridad administrativa y, en consecuencia, tampoco se configura la inhabilidad
endilgada al demandado.

105. Ahora bien, el extremo pasivo sostuvo que la función de ordenación de
gasto fue delegada, por lo que no habría lugar a endilgarle el ejercicio de autoridad
administrativa. Al respecto, la Sala encuentra que, en efecto, Carlos Alberto López
López como Contralor Departamental del Meta suscribió la Resolución de
delegación 055 del 17 de febrero de 2020, no obstante, dicha actuación se limitó a
encargar las siguientes funciones en el secretario general de la entidad:

ARTÍCULO 1º. Delegar en el Secretario general las siguientes funciones en cuanto a
gasto y pago, a saber:
a. La ordenación del pago pago de proveedores y terceros.
b. La ordenación del gasto y del pago, relacionada con la nómina de personal de la
entidad, incluido el pago de la remuneración básica mensual, prestaciones sociales,
aportes parafiscales, pagos por seguridad social y demás emolumentos inherentes a
la remuneración de los funcionarios de la entidad
c. La ordenación de los pagos de viáticos, gastos de transporte e indemnización por
vacaciones no disfrutadas.

65
«ARTÍCULO 9o. ATRIBUCIONES. Los Contralores Departamentales, además de lo establecido en el artículo
272 de la Constitución Política, ejercerán las siguientes atribuciones: […]
15. Elaborar el proyecto de presupuesto de la Contraloría y presentarlo al Gobernador dentro de los términos
establecidos por la ley para ser incorporado al proyecto de presupuesto anual de rentas y gastos».

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d. La ordenación de gastos relacionada con el pago de servicios públicos
domiciliarios.
e. La ordenación del gasto por concepto de caja menor.

ARTÍCULO 2°. En materia de contratación administrativa, asígnesele al Secretario
General, las siguientes funciones a saber:
a. Realizar y dirigir toda la etapa precontractual, sin que con ello se entienda que está
facultado para firmar contratos, aceptaciones de oferta, actos administrativos y
demás, que sean actos de disposición, pues esta facultad reposa en el Contralor
Departamental del Meta.
b. Realizar la evaluación de las ofertas.
c. Atender las audiencias públicas que en materia de contratación administrativa se
generen en el proceso, cuando el Contralor Departamental del Meta, este ausente o
este mediante memorando le autorice y delegue para dicha audiencia.
d. Vigilar que la ejecución de todos los contratos que suscriba la entidad, se haga
conforme a derecho e informar de cualquier anormalidad de manera inmediata al
supervisor del contrato y al Contralor Departamental del Meta.
e. Elaborar y firmar con Vo. Bo. las solicitudes y actas de adición de los contratos,
actas de terminación y actas de liquidación de los contratos, para la firma del Contralor
Departamental del Meta. (sic)

106. De lo anterior se observa que el contralor departamental delegó algunos
aspectos relacionados con la ordenación de gasto, por lo que, no podría entenderse
que se desprendió por completo de dicha función. En esa medida y de conformidad
con la naturaleza de la autoridad administrativa, es posible evidenciar que el
entonces contralor departamental del Meta tenía en su órbita competencial, aquella
con poder decisorio y de mando, relacionada con la ordenación del gasto.

107. En correspondencia con lo que antecede, se acreditó que, bajo la función
de ordenación de gasto el demandado, en calidad de contralor departamental,
suscribió los siguientes contratos, a saber:

Lugar de
Contrato Partes Objeto
ejecución
Prestación del servicio de apoyo a la gestión pública
para realizar auditoría de seguimiento para verificar el
cumplimiento del sistema de gestión de la calidad de
016 del 20 Contralor del Meta
la Contraloría Departamental del Meta bajo la Norma
de (Carlos Alberto López
ISO9001:2015 para las actividades de «vigilancia de la Villavicencio
diciembre López) e ICONTEC67
gestión fiscal de las personas naturaleza y jurídicas que
de 202166
manejan bienes o fondos del orden departamental y de
aquellos recursos que siendo municipales no cuentan
con contraloría municipal».
Contralor del Meta Prestación de servicios y apoyo a la gestión para la
023 del 30
(Carlos Alberto López expedición del Certificado de Seguridad Ley 1575 de
de
López) y Bomberos 2012 y 3 capacitaciones sobre manejo de extintores, Villavicencio
diciembre
voluntarios de primeros auxilios, evacuación grupal para funcionarios
de 2021
Villavicencio. de la Contraloría.

108. Pues bien, esta Sala pone de presente que, aunque los citados contratos
tuvieron como génesis la facultad de ordenación de gasto y tienen como lugar de
ejecución Villavicencio, lo cierto es que no se evidencia de sus objetos contractuales
que tuvieran como destinatario (directos ni indirectos) al Concejo de Villavicencio y,
66
Páginas 162 a 166. Demanda (2022-00119-00).
67
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC.

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Demandado: Carlos Alberto López López,
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Radicación: 50001-23-33-000-2022-00119-04 (Acum.)

en consecuencia, tampoco se advierte que de dichos negocios jurídicos se
desprenda la capacidad de influencia por parte del entonces contralor
departamental frente a sus nominadores.

109. Así las cosas, se debe reiterar la tesis de este juez de lo electoral68 según la
cual no basta con el ejercicio de la autoridad, sino que debe probarse la influencia
de las decisiones adoptadas ante el nominador, para así poder estructurar la casual
de inhabilidad enrostrada al demandado.

110. Por otra parte, respecto a la facultad de vigilancia y control fiscal de la
estampilla Unillanos, el demandado refutó dos aspectos, el primero relacionado
con la certificación que da cuenta del recaudo de la estampilla por parte del
Concejo de Villavicencio y, el segundo, encaminado a poner de presente que
cualquier recaudo del tributo no implica vigilancia y control, porque dicha
facultad recae, únicamente, sobre quienes ejercen gestión fiscal.

111. Pues bien, para abordar los reproches previamente enunciados, resulta
oportuno hacer alusión al contenido del artículo 3 de la Ley 610 de 2000, para
puntualizar que la gestión fiscal refiere a las actividades de índole económico,
jurídico y tecnológico que realizan, entre otros sujetos, los servidores públicos que
administran, recaudan y manejan recursos públicos, a saber:

ARTÍCULO 3o. GESTION FISCAL. Para los efectos de la presente ley, se entiende
por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y
tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho
privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la
adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración,
custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y
disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión
de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción
a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad,
moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales.
(Énfasis añadido)

112. En línea con lo que antecede, la Sala encuentra necesario acudir a las
normas que contemplan la competencia de vigilancia y control fiscal, propia
de las contralorías. En ese sentido, el artículo 267 de la Constitución Política69

68
Sobre el particular, consultar: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta, rad:
66001-23-33-000-2020-00499-03, sentencia del 30 de septiembre de 2021, MP. Rocío Araújo Oñate. «166. De
acuerdo con las generalidades de las inhabilidades y puntualmente la contenida en el artículo 95.2 de la Ley
136 de 1994, para los contralores territoriales, la Sala se mantiene en la posición conforme con la cual la
remisión expresa de la norma a las inhabilidades establecidas para los alcaldes, es específicamente en
lo que les sean aplicables y, puntualmente, en lo que respecta su numeral 2º, resulta consecuente con
las circunstancias creadas por la Constitución y la ley que imposibilitan que una persona sea elegida, para
un cargo público y con el objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia
de quienes van a a desempeñar un empleos público». (Énfasis añadido). En igual sentido, consultar: rad: 70001-
23-33-000-2020-00035-01, sentencia del 15 de octubre de 2020, MP. Rocío Araújo Oñate.
69
«ARTICULO 267. <Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 4 de 2019. El nuevo texto es el
siguiente:> La vigilancia y el control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría General de la
República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen
fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos. La

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Radicación: 50001-23-33-000-2022-00119-04 (Acum.)

señala que dicha atribución es función pública, que tiene como propósito la
vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares que manejen
fondos o recursos públicos.

113. A su vez, en la Ley 330 de 199670 se indicó que las contralorías
departamentales ejercen la función pública de control fiscal «en su respectiva
jurisdicción», lo cual, guarda estrecha relación con el artículo 272 constitucional, en
el cual se puntualizó que «los contralores departamentales, distritales y municipales
ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor
General de la República en el artículo 268 en lo que sea pertinente […]».

114. De lo anterior se colige que las contralorías ejercen la función pública
previamente referida en su respectiva jurisdicción, por lo que, en principio,
tratándose del caso particular, la Contraloría Departamental del Meta no estaría
facultada para ejecutar dicha competencia en Villavicencio71, toda vez que ese
territorio cuenta con su respectivo ente fiscal municipal, como lo advirtió el
demandado en la alzada.

115. Pues bien, en este punto resulta necesario acudir a la Ley 1178 de 200772,
mediante la cual se autorizó a la Asamblea Departamental del Meta para ordenar
la emisión de la estampilla Universidad de los Llanos, con la finalidad de advertir
que la Contraloría Departamental del Meta tiene competencia para ejercer
vigilancia y control fiscal de los recursos derivados de dicho concepto.

116. En línea con lo que antecede, mediante Ordenanza 662 del 29 de noviembre
de 200873 la Asamblea Departamental del Meta autorizó la emisión de la citada
estampilla y reiteró que la facultad de vigilancia y control fiscal estaría a cargo
de la contraloría departamental, a saber:

ARTÍCULO 14. CONTROL FISCAL. El control fiscal sobre los recaudos
provenientes de la estampilla emitida mediante la presente Ordenanza estará a
cargo de la Contraloría Departamental. (Énfasis añadido)

117. Ahora, la Sala encontró demostrado que, para la vigencia fiscal de 2021, el
Concejo de Villavicencio, en efecto, recaudó recursos derivados de la
estampilla Unillanos por la suma de $1.627.966. Lo anterior de conformidad con

ley reglamentará el ejercicio de las competencias entre contralorías, en observancia de los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad. El control ejercido por la Contraloría General de la República será
preferente en los términos que defina la ley […]». (Énfasis añadido)
70
«ARTÍCULO 1º. COMPETENCIA. Corresponde a las Contralorías Departamentales ejercer la función pública
de control fiscal en su respectiva jurisdicción, de acuerdo con los principios, sistemas y procedimientos
establecidos en la Constitución y la ley».
71
Sobre el particular, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, rad:
76001-23-31-000-2008-00176-03, sentencia del 6 de agosto de 2009, MP. Filemón Jiménez Ochoa. «Es de
anotar que la Contraloría Municipal de Santiago de Cali es un ente de control autónomo y que la gestión que
realiza no se ve influida por la Contraloría Departamental, la cual sólo realiza control fiscal a los municipios, en
aquellos donde no existe una contraloría propia».
72
«ARTÍCULO 7º. La Contraloría Departamental ejercerá el control y vigilancia fiscal de los recursos
provenientes de la estampilla autorizada».
73
«Por la cual se autoriza la emisión de la Estampilla “Universidad de los Llanos” 32 años construyendo
Orinoquia». Páginas 172 a 179. Demanda (2022-00119-00).

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el oficio del 13 de mayo de 202274, mediante el cual, el representante legal del
concejo municipal de Villavicencio, señor Walter Cock Echávez, informó sobre los
descuentos que se presentaron en la corporación, así:

Con relación al asunto y conforme a lo solicitado mediante el Oficio radicado No.
355 de mayo 12 del año en curso, referente a los valores retenidos por concepto de
las estampillas Unillanos y Procultura, me permito certificar que en los registros
contables de la Corporación correspondiente al año fiscal 2021, se presentan
los siguientes descuentos por estos conceptos:

Auxiliar Concepto Valor
24072204 ESTAMPILLA PROUNILLANOS 1% 1,627,966

118. Aunado a lo que antecede, el 4 de noviembre de 2021 el entonces contralor
municipal de Villavicencio, Diego Meyer Artunduaga, ratificó que los recursos
relacionados con la estampilla Unillanos son del nivel departamental, por lo
que el ente de control correspondiente es la Contraloría Departamental del
Meta75:

Asunto: Respuesta oficio 1020-19.18/0374 auditoria No. 23 de 2020 CDM – a la
Estampilla Unillanos.

[…]

De acuerdo a la revisión de los documentos enviados por usted, sobre la Auditoría
Realizada por la Contraloría Departamental del Meta, a la Estampilla Unillanos,
pudimos conocer el contenido de la misma, ya que desconocíamos la existencia de
esta auditoria debido a que no fue comunicado a este ente de control por parte de la
Contraloría Departamental, evidenciando en la trazabilidad y soportes que usted nos
envía y los inconvenientes que se han presentado para la suscripción y seguimiento
al plan de mejoramiento, como resultado de esta auditoría. Me permito informar que
teniendo en cuenta que los recursos correspondientes al recaudo de la estampilla
Unillanos, objeto de la Auditoria son del nivel Departamental, lo cual no de nuestra
competencia, pues nuestro sujeto de control que es el Municipio de Villavicencio no
se evidencia un menoscabo en sus recursos, Por lo anterior no es competencia de
este ente de control suscribir y hacer seguimiento a dicho plan de
mejoramiento. (sic)

119. Así, desde el espectro general de la función de vigilancia y control fiscal, la
Contraloría del Meta no tendría injerencia alguna en Villavicencio y tampoco en el
concejo municipal; sin embargo, al tenor de la especificidad de la normativa
relacionada con la estampilla Unillanos, dicho ente de control fiscal
departamental tenía el deber legal de vigilar y controlar el recaudo del
mentado tributo que realizó la corporación edilicia.

120. En este punto, resulta relevante señalar que, la competencia relacionada con
la vigilancia y control fiscal se configura como una facultad propia del ejercicio de
autoridad administrativa, en tanto que, implica autonomía decisoria, tal como lo

74
Oficio 412 Nro. 100-159/2022. Página 158 anexos reforma de la demanda (2022-00104-00).
75
Oficio 300-3-1-2778. Página 200 anexos reforma de la demanda (2022-00104-00).

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ha decantado la jurisprudencia de esta Sección en los siguientes términos:

De esta forma, se evidencia que de acuerdo con las citadas funciones y la gestión
realizada por el señor Hurtado Bedoya como contralor municipal en encargo, durante
el periodo inhabilitante ya mencionado, realizó distintas actividades que
demuestran sin duda alguna el ejercicio de autoridad administrativa pues contó
con facultades de autonomía decisoria y determinación para abordar asuntos
propios de la entidad y de esta forma propender por su adecuada
administración.

Esto cobra mayor fuerza, si se tiene en cuenta que en la estructura de la entidad es
el cargo con mayor rango de jerarquía y por tal motivo, se atribuyen funciones de
direccionamiento del ejercicio del control fiscal, la fijación de políticas y
programas, representación legal, ordenar el gasto, imposición de sanciones, delegar
y desconcertar funciones, dirigir el sistema de control interno, expedir actos
administrativos y celebrar contratos, entre otras76.

121. De conformidad con la normatividad expuesta y las pruebas relacionadas, la
Sala advierte que, la Contraloría Departamental del Meta tenía la facultad de vigilar
y controlar los recursos derivados de la estampilla Unillanos, que fueron retenidos
o recaudados77 por el concejo de Villavicencio, lo cual resulta suficiente para advertir
el ejercicio de autoridad administrativa por parte del demandado frente a sus
nominadores.

122. Así, lo anterior deja entrever que dicha facultad deriva en el ejercicio de
autoridad administrativa que influye en el concejo de Villavicencio, por parte del
entonces contralor departamental (accionado), porque, atendiendo a su deber legal,
se itera, debía vigilar y controlar el recaudo de los recursos derivados de la
estampilla Unillanos.

123. Sumado a lo dicho, la Sala no puede desconocer que dicha atribución pudo
derivar en la configuración de una posición privilegiada y de ventaja respecto de los
demás aspirantes, con lo cual, la Sala encuentra configurada la inhabilidad
contemplada en el artículo 95 de la Ley 136 de 199478, pues contrario al dicho de la

76
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta, rad: 66001-23-33-002-2020-
00494-01, sentencia del 21 de enero de 2021, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
77
Resulta pertinente señalar que al respecto la Corte Constitucional en la C438 de 2022, concluyó «[e]n
conclusión, son gestores fiscales, y en caso de que se produzca un daño al patrimonio público, presuntos
responsables fiscalmente, los servidores públicos y/o los particulares que por habilitación legal, administrativa
o contractual manejen o administren bienes y recursos públicos y que tengan capacidad decisoria frente a los
mismos por haber sido dispuestos a su cargo. En razón a ello, indistintamente de la condición pública o privada
del ejecutor o del poder jurídico o fuente de la cual se derivan las obligaciones fiscalizadoras, es la gestión
fiscal la que constituye el elemento decisorio y determinante de las responsabilidades inherentes al
recibo, percepción, recaudo, administración, gestión, disposición o destinación de dichos bienes o
recursos de naturaleza pública» (Negrilla fuera de texto original).
78
Sobre el particular, consultar: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta, rad:
66001-23-33-000-2020-00499-03, sentencia del 30 de septiembre de 2021, MP. Rocío Araújo Oñate «161. Al
haberse acreditado en el expediente que el contralor durante el año anterior a su designación ejerció en encargo
el mismo cargo y no tal materializó actos de autoridad administrativa, para la Sala ese hecho implicó la
concreción de funciones de vigilancia y control sobre sus nominadores, por lo que su elección contrarió
los principios de imparcialidad, transparencia y moralidad, pues con el ejercicio de sus funciones
desequilibró las bases de la convocatoria, que se refiere a una elección por mérito y no a un escenario
donde participe con una posición privilegiada por el ejercicio de autoridad administrativa en
comparación con los demás participantes de la convocatoria pública».

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Demandantes: Jorge Alejo Calderón Perilla y otros
Demandado: Carlos Alberto López López,
contralor de Villavicencio, periodo 2022-2025
Radicación: 50001-23-33-000-2022-00119-04 (Acum.)

defensa sí está probado su influjo sobre su nominador, al ser este último pasible de
control fiscal que para ese entonces estaba en cabeza del demandado, dada su
calidad de contralor departamental.

124. Por último, resulta relevante señalar que, en el presente asunto no resulta
aplicable el antecedente jurisprudencial decantado por la Corte Constitucional en la
SU-207 de 202279, en la cual, tratándose de la inhabilidad de quien fuera elegido
por voto popular, se planteó el deber de realizar un análisis específico de la
probabilidad real «más allá de potencial» de ejercer la autoridad administrativa que
llevara a incidir en los electores.

125. Lo anterior con fundamento en que, precisamente, en el citado caso se
abordó el estudio de las inhabilidades respecto de un funcionario municipal elegido
por voto popular, quien tenía parentesco con un servidor departamental; mientras
que, el asunto que nos ocupa se encaminó al examen de la inhabilidad por ejercicio
de autoridad administrativa del propio demandado como un funcionario público y
que, como quedó demostrado tiene como nominadores al concejo de Villavicencio,
respecto de los cuales pudo ejercer sus deberes de control fiscal.

126. En igual sentido, se advierte que, tampoco resultaría compatible abordar este
caso en los mismos términos en que recientemente esta Sección80 estudió la
inhabilidad por ejercicio de autoridad administrativa por parentesco respecto del
gobernador del Putumayo, en tanto que, como se esbozó en líneas anteriores, se
trató de un análisis frente a un servidor público de elección popular, lo que no se
presenta en el asunto de la referencia.

2.2.3. Otros aspectos cuestionados

127. El demandado adujo que el tribunal no resolvió su solicitud de
desconocimiento de documentos81 y reiteró su petición de exclusión de las pruebas
aportadas por la parte demandante y las decretadas de oficio82.

128. Sobre el particular, la Sala pone de presente que, no resulta procedente
abordar dichos reproches en esta sede, pues, contrario a lo aducido por el
demandado, del expediente se observa que ambas peticiones fueron abordadas por
el tribunal de manera negativa en auto del 10 de abril de 2024 y en la sentencia de
primera instancia, respectivamente.83

79
Corte Constitucional, sentencia de unificación 207 del 9 de junio de 2022, expedientes: T-8.361.046 y T-
8.425.408 acumulados, MP. José Fernando Reyes Cuartas.
80
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, rad: 11001-03-28-000-2025-
00037 (acum), sentencia del 29 de enero de 2026, MP. Omar Joaquín Barreto Suárez.
81
Documentos sobre los que se aduce que fueron suscritos de forma digital, el oficio del 29 de diciembre de
2020 «a folio 97 de la sentencia», y el correo electrónico del 19 de noviembre de 2021 «a folio 99».
82
En autos del 24 de febrero de 2023 y 31 de marzo de 2023.
83
Sobre el particular, en la sentencia de primera instancia se indicó lo siguiente: «[…] Asimismo, en auto del 10
de abril de 2024 se resolvió sobre la exclusión y desconocimiento de las pruebas incorporadas en auto del 24
de febrero de 2023 y las decretadas en auto del 31 de marzo de 2023». A su vez, el a quo se remitió a lo
expuesto en las providencias del 5 de julio de 2023 y del 10 de abril de 2024.

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Demandado: Carlos Alberto López López,
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129. Finalmente, frente a las decisiones de negar y compulsar copias a la Fiscalía
General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, la Sala advierte que dichos cuestionamientos realizados por
las partes no tienen asidero, en tanto que, obedecen a la facultad del juez, sin que
resulte necesario entrar a demostrar la ocurrencia de las conductas (disciplinarias o
penales), como lo pretende el recurrente, pues precisamente será la respectiva
autoridad correspondiente la que se encargue, en el ámbito de sus competencias,
de adelantar y adoptar las decisiones a las que haya lugar.

130. Sumado a lo anterior, se advierte a las partes que, si es su deseo, pueden
presentar de manera directa, ante el organismo competente, para formular las
quejas y las denuncias que consideren pertinentes, sin que resulte necesario la
intervención de este juez de lo electoral.

131. Ahora, la Sala precisa que, no resulta procedente abordar la petición de
nulidad elevada por el apoderado judicial del Concejo de Villavicencio, relacionada
con la falta de vinculación de la Universidad Francisco José de Caldas, en tanto
que, dicha solicitud fue rechazada de plano por el a quo el 9 de septiembre de
202584, esto es, en providencia anterior al fallo de primera instancia.

132. Para finalizar, la Sala negará la petición del actor de que se «compulse»
copias del expediente a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la Corte
Suprema de Justicia «para que se investigue al Magistrado Carlos Enrique Moreno
Rubio por el injusto de fraude procesal», pues su petición alude a una providencia
de la cual no se aborda su análisis en esta sentencia por no ser la providencia
apelada y, porque no se advierte mérito alguno para acceder a dicha solitud.

2.3. Conclusión

133. De conformidad con los argumentos expuestos, la Sala encuentra
configurada la inhabilidad contemplada en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, en
tanto que, se demostró el ejercicio de autoridad administrativa por parte del
demandado frente a su nominador esto es, el Concejo Municipal de Villavicencio,
durante el año anterior a su elección.

134. Así las cosas, es lo procedente confirmar la sentencia del Tribunal
Administrativo del Meta, que declaró la nulidad de la elección de Carlos Alberto
López López como contralor municipal de Villavicencio, por los motivos expuestos
en esta providencia.

135. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

84
Auto interlocutorio 384. El tribunal puso de presente la falta de legitimación por parte del demandado para
velar por los intereses de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; además, advirtió que, si el concejo
pretendía alegar la falta de integración de los litisconsortes necesarios, debía ponerlo de presente como
excepción durante el traslado para contestar la demanda.

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Demandantes: Jorge Alejo Calderón Perilla y otros
Demandado: Carlos Alberto López López,
contralor de Villavicencio, periodo 2022-2025
Radicación: 50001-23-33-000-2022-00119-04 (Acum.)

Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

III. FALLA:

PRIMERO. Confirmar la sentencia de 29 de octubre de 2025 del Tribunal
Administrativo del Meta, Sala de Decisión No. 2, que, entre otras decisiones, declaró
la nulidad de la elección de Carlos Alberto López López, conforme las
consideraciones de la presente decisión.

SEGUNDO. Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Aclara el voto

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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