Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 13001-23-33-000-2023-00475-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 13001-23-33-000-2023-00475-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 13001-23-33-000-2023-00475-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
20 de marzo de 2025
Demandantes: Reinaldis Gil Alemán y otros
Demandado: Omar Devanis Esparragoza Ponce
Rad.: 13001-23-33-000-2023-00475-01 (ppal)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicado: 13001-23-33-000-2023-00475-01 (principal)
13001-23-33-000-2023-00493-00 (acumulado)
13001-23-33-000-2024-00028-00 (acumulado)
13001-23-33-000-2024-00031-00 (acumulado)
Demandantes: REINALDIS GIL ALEMÁN, ALEXANDER TOLOSA
MORENO, DIEGO WALDRÓN GUERRERO Y ALBEIRO
OCTAVIO CONTRERAS
Demandado: OMAR DEVANIS ESPARRAGOZA PONCE – ALCALDE DE
CANTANGALLO (BOLÍVAR), PERÍODO 2024 - 2027
Tema: Aplicabilidad de la incompatibilidad del artículo 38.7 de la Ley
617 de 2000 a los personeros. Doble militancia en la modalidad
de apoyo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por los demandantes
Reinaldis Gil Alemán y Alexander Tolosa Moreno, contra la sentencia de 1º de
agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. Procesos 2023-00475-00 y 2024-00028-00
1.1 Demandas
Los ciudadanos Reinaldis Gil Alemán1 y Diego Waldrón Guerrero2, en demandas
separadas, ejercieron el medio de control de nulidad electoral consagrado en el
artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
1 A través de apoderado judicial: David de Jesús Fajardo Cardozo, identificado con la CC. 9.310.108
de Corozal (Sucre) y tarjeta profesional de abogado 42.816 del CSJ.
2 En nombre propio.
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Demandantes: Reinaldis Gil Alemán y otros
Demandado: Omar Devanis Esparragoza Ponce
Rad.: 13001-23-33-000-2023-00475-01 (ppal)
Administrativo, con el fin de solicitar la nulidad del acto de elección del señor Omar
Devanis Esparragoza Ponce como alcalde de Cantangallo – Bolívar (período 2024
– 2027), contenido en el formulario E-26 ALC del 9 de noviembre de 2023.
1.2 Hechos relevantes
Los demandantes destacaron como supuestos fácticos comunes a sus causas los
siguientes:
Indicaron que el demandado fue elegido personero del municipio de Cantagallo,
departamento de Bolívar, mediante Resolución 008 del 10 de enero de 2020,
expedida por el concejo municipal de ese ente territorial, empleo al que renunció el
15 de septiembre de 2022, siendo aceptada esa dimisión el 27 de octubre de ese
mismo año, a través de la Resolución 502 de esa misma fecha.
Resaltaron que, el 25 de julio de 2023, el demandado se inscribió por el Partido
Conservador Colombiano como candidato a la Alcaldía de Cantagallo, en el marco
de las elecciones territoriales que se llevaron a cabo el pasado 29 de octubre de
2023; cargo de elección popular en el que fue elegido, tal como consta en el
formulario E-26 ALC del 9 de noviembre de 2023.
1.3 Concepto de la violación
Con base en los anteriores supuestos fácticos, los demandantes afirmaron que el
acto acusado está incurso en la causal de nulidad consagrada en el artículo 275.5
del CPACA, por cuanto con la elección del demandado se infringieron los artículos
1, 2, 4, 29, 40 y 103 de la Carta Política; 1, 99, 192 del Código Electoral; 84 del
CPACA; 95, numeral 5º y 175 de la Ley 136 de 1994; 38 y 39 de la Ley 617 de 2000.
Sustentaron lo anterior en que, de acuerdo con la inhabilidad contemplada en el
numeral 5º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, no podrá ser inscrito como
candidato, ni elegido alcalde, quien haya desempeñado el cargo de contralor o
personero del respectivo municipio, en un período de doce (12) meses antes de la
fecha de la elección.
De otro lado, referenciaron el artículo 175 de la referida ley conforme al cual a los
personeros también les son aplicables las incompatibilidades y prohibiciones de los
alcaldes. Al amparo de esta previsión, acudieron a los artículos 38.7 y 39 de la Ley
617 de 20003 que proscriben a los mandatarios municipales inscribirse como
candidato a cualquier cargo de elección popular durante el período para el cual fue
elegido el servidor y hasta 12 meses después del vencimiento de este o de la
aceptación de la renuncia.
3 Sustento normativo que también comparte el demandante Diego Waldrón Guerrero.
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Demandantes: Reinaldis Gil Alemán y otros
Demandado: Omar Devanis Esparragoza Ponce
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Invocaron la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado, el 7 de
junio de 2016, MP Alberto Yepes Barreiro, Rad. 2015-00051-00 y la SU-625 del
20154, expedida por la Corte Constitucional, según las cuales, el extremo temporal
final para contabilizar el plazo de la incompatibilidad en comento es el acto de
inscripción y no la fecha de la elección. Bajo este parámetro, se advirtió que el
demandado «se inscribió como candidato el día de fecha 25 de julio de 2023, y fue
aceptada dicha inscripción el día 29 de julio de 2023, bajo el radicado No
E6ALC050140000006001, (…) lo que indica que debió renunciar el 28 de julio de
2022, por lo tanto se encontraba inhabilitado para inscribirse.»5, al haber dimitido el
15 de septiembre de 2022.
2. Procesos 2023-00493-00 y 2024-00031-00
1.1 Demandas
Los ciudadanos Alexander Tolosa Moreno6 y Albeiro Octavio Contreras Mazo7, en
demandas separadas, ejercieron el medio de control de nulidad electoral
consagrado en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo para, igualmente, solicitar la nulidad del acto de elección
ya referido.
1.2 Hechos relevantes
Los demandantes destacaron como supuestos fácticos comunes a sus causas los
siguientes:
Adujeron que el demandado, inscrito por el Partido Conservador a la Alcaldía de
Cantagallo – Bolívar, apoyó a los candidatos del Partido Verde Steven Arteaga,
Mary Johana Parrado y Lizandro Godoy durante la pasada campaña electoral del
año 2023. Destacó diferentes sucesos, que narra en los siguientes términos:
• El 13 de agosto de 2023, en la página de Facebook del demandado, el candidato
posteó un carrusel de fotos con la siguiente descripción: “Un encuentro significativo
con la comunidad del barrio Santropel” Fue un honor estar acompañado por los
aspirantes al concejo mientras compartía las propuestas clave de mi programa de
gobierno”. En el carrusel de fotos se encuentra una en la que el señor OMAR
ESPARRAGOZA está sentado junto al candidato al concejo, por el partido verde,
STEVEN ARTEAGA, quién vestía una camiseta blanca y una gorra negra; al lado
de él, se encontraba la candidata al concejo por el partido verde, MARY JOHANA
PARRADO, quién usaba un jean negro y gafas.
4 Referente jurisprudencial destacado por ambos libelistas.
5 Aparte extraído de la demanda del señor Reinaldis Gil Alemán.
6 A través de apoderado judicial: Carlos Alfaro Fonseca, identificado con cédula de ciudadanía
13.822.135 de Bucaramanga y tarjeta profesional 36.946 del CS de la J.
7 En nombre propio.
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Demandantes: Reinaldis Gil Alemán y otros
Demandado: Omar Devanis Esparragoza Ponce
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En otra fotografía, se observa también al señor LIZANDRO GODOY, aspirante al
concejo por el partido verde, con un micrófono en la mano (lo que evidencia que
realizó una intervención). También hay una fotografía en la que se observa al señor
OMAR ESPARRAGOZA, acompañado de STEVEN ARTEAGA, MARY JOHANA
PARRADO y LIZANDRO GODOY, candidatos del partido verde. Lo anterior prueba
que el señor OMAR ESPARRAGOZA, era conocedor de las aspiraciones al concejo
por el partido verde, de STEVEN ARTEAGA, MARY JOHANA PARRADO y
LIZANDRO GODOY, pues en la publicación dice: “Fue un honor estar acompañado
por los aspirantes al concejo” (…) así mismo se evidencia que la logística
desplegada por el candidato OMAR ESPARRAGOZA, para la realización de la
reunión, fue puesta al servicio de los candidatos al concejo del partido verde.
− El 19 de septiembre de 2023 en el perfil de Facebook, OMAR ESPARRAGOZA
(candidato-político), posteó un carrusel de fotografía con la descripción: “¡gran día
en la vereda Medio San Juan! “continuamos llegando a la zona rural de nuestro
municipio con el mensaje de esperanza y progreso. Fue un honor ser recibido con
tanto agrado por la comunidad”. - En el carrusel de fotos posteado se encuentra una
fotografía en la que va el candidato OMAR ESPARRAGOZA, en la vereda
acompañado del candidato al concejo por el partido verde, LIZANDRO GODOY,
quien estaba vestido con un polo blanco, una gorra blanca con verde y un pantalón
gris oscuro.
− El día 20 de septiembre de 2023, el candidato al concejo por el partido verde,
LIZANDRO GODOY, posteó un vídeo de una reunión en una vereda, con la siguiente
descripción: “soy Lizandro Godoy y quiero ser concejal del municipio de Cantagallo
por eso Me comprometo con lo constitucionalmente se puede cumplir”. En el video
se evidencia una fotografía de portada que es la misma descrita en el hecho anterior,
la ropa del candidato LIIZANDRO GODOY, es la misma que llevaba en la fotografía,
el sitio de la reunión estaba decorado con la publicidad de OMAR ESPARRAGOZA,
a un costado del sitio al lado izquierdo, se observa a OMAR ESPARRAGOZA, con
un polo blanco y una gorra de igual color. Al escuchar el audio, evidentemente, el
candidato al concejo está explicando lo que como concejal constitucional y
legalmente podría hacer, lo que concuerda con la descripción del vídeo.
− En la página de Facebook de OMAR ESPARRAGOZA (candidato-político), el 22
de septiembre de 2023, este posteó una publicación en la que invitaba a los jóvenes
(votantes) al encuentro de carácter político, con el fin de escucharlos. En la
publicación, el candidato los invita a trabajar juntos por un futuro brillante del
municipio y los insta a unirse a su proyecto político, así: “únete a nosotros hoy y se
parte del cambio que Cantagallo necesita”. El 24 de septiembre de 2023, en la
página del Facebook el candidato, posteó un video con el resumen de lo ocurrido,
indicando que: “porque somos la renovación también es un proyecto político de los
jóvenes”. En el vídeo, se observa a los señores STEVEN ARTEAGA y LIZANDRO
GODOY, con micrófono en la mano, desde el segundo 51 a 54 del video; lo que
indica que tuvieron participación en el evento de proselitismo político.
Aunado a lo anterior, el demandate Tolosa Moreno destacó como hecho relevante
que el demandado había sido personero municipal de Cantagallo y que no había
renunciado a tal empleo con la anticipación de 12 meses que establece la ley,
contados a partir de esa dimisión, incurriendo así en la incompatibilidad
contemplada en el artículo 38.7 de la Ley 617 de 2000 que, a la postre, se convirtió
en inhabilidad para el demandado.
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Demandantes: Reinaldis Gil Alemán y otros
Demandado: Omar Devanis Esparragoza Ponce
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1.3 Concepto de la violación
Con base en los anteriores supuestos fácticos, los demandantes alegaron que el
acto acusado desconoció los artículos 40, 95 y 107 de la Carta Política; 1, 99, 192
del Código Electoral; 95.5 y 175 de la Ley 136 de 1994 y los artículos 38.7 y 39 de
la Ley 617 de 2000.
La parte actora fundamentó esta aseveración en dos razones a saber: i) por cuanto
consideraron que el demandado incurrió en doble militancia al apoyar a los
candidatos al Concejo Municipal de Cantagallo (Bolívar) Steven Arteaga, Mary
Johana Parrado Y Lizandro Godoy, avalados e inscritos por el Partido Verde y, ii)
en razón a que, si bien al accionado le fue aceptada la renuncia al cargo de
personero del municipio de Cantagallo, no transcurrieron más de doce (12) meses
entre este último suceso y su inscripción como candidato a la alcaldía de ese ente
territorial, incurriendo así en la incompatibilidad contemplada en el artículo 38.7 de
la Ley 617 de 2000 que, posteriormente, con ocasión de su postulación, se convirtió
en una inhabilidad.
3. Contestaciones a las demandas
3.1 Demandado – Omar Devanis Esparragoza Ponce
El demandado se opuso a las pretensiones de las demandas, con base en los
siguientes argumentos:
En relación con la inhabilidad alegada, reconoció que había ejercido como
personero del municipio de Cantagallo, con fundamento en la elección materializada
a través de la Resolución 008 de 10 de enero de 2020, pero aclaró que su
desempeño en el cargo solo se extendió hasta el 27 de octubre de 2022, cuando le
fue aceptada la renuncia al empleo. Además, dijo que no era cierto que estuviera
incurso en el supuesto alegado, en razón a que el plazo de los 12 meses debía
contarse desde la realización de los comicios, hacia atrás, y no con antelación a la
inscripción de la candidatura.
Congruente con lo anterior, concluyó que renunció al cargo de personero con una
antelación superior a un año contado a partir de la fecha en que debían llevarse a
cabo las justas electorales, por ello no se configura la inhabilidad alegada.
En lo referente a la incompatibilidad –artículo 38.7 de la Ley 617 de 2000–, afirmó
que no le es aplicable la misma, pues consideró que no es válido extender a los
personeros ese supuesto previsto para los alcaldes, pues la norma que rige la
situación fáctica de los primeros –los personeros– es el artículo 95, numeral 5, de
la Ley 136 de 1994, para lo cual, tuvo como sustento la jurisprudencia de la Sección
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Demandantes: Reinaldis Gil Alemán y otros
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Quinta del Consejo de Estado que ha dicho que la aludida incompatibilidad de los
alcaldes prevista en el artículo 38 de la Ley 617 de 2000 no es aplicable a los
personeros.
Indicó que en sentencia SU 261-2021 la Corte Constitucional reiteró el carácter
taxativo y restrictivo del régimen de limitaciones al ejercicio del derecho fundamental
de acceso a los cargos públicos, por consiguiente, las limitaciones para acceder al
cargo de alcalde no admiten analogías ni aplicaciones extensivas, sino que se
deben aplicar de manera taxativa y restringida, de manera que la interpretación
propuesta por el demandante desconoce los parámetros bajo los cuales deben
analizarse esas limitaciones.
Reconoció que, en sentencia de 7 de junio de 2016, la Sección Quinta del Consejo
de Estado, unificó jurisprudencia sobre (i) la definición del extremo temporal inicial
de la incompatibilidad prevista para alcaldes y gobernadores, en los artículos 31-7
y 32, 38-7 y 39 de la Ley 617 de 2000, (ii) el alcance de la aplicación de los principios
pro homine y pro electoratem en materia electoral y (iii) los efectos de la declaratoria
de nulidades electorales por vicios subjetivos. Sin embargo, esa decisión no es
aplicable al caso, en razón a que los artículos 38 y 39 de la Ley 617 de 2000 no se
extienden a los personeros.
En cuanto a la doble militancia que se le atribuye, precisó que no existe prueba del
apoyo indebido censurado, toda vez que no se puede establecer que los señores
Steven Arteaga, Mary Johana Parrado y Lizandro Godoy hayan sido inscritos ante
la Registraduría Nacional de Estado Civil, como candidatos. Tampoco la fecha en
que ocurrió esa inscripción y que hayan participado en los comicios del 29 de
octubre de 2023 para el Concejo de Cantagallo, puesto que no se aportaron los
Formularios E-6, E-7 y E-8 de inscripción de la lista de aspirantes.
Sostuvo que los eventos en los que compartió la mesa o tarima con las personas
mencionadas en la demanda no fueron organizados por él, sino por la comunidad y
que solo acudió a los mismos como invitado. Además, resaltó que, en ninguna de
las publicaciones, fotografías y/o videos, se evidencia que estuviera brindando su
apoyo a dichos candidatos.
3.2 Registraduría Nacional de Estado Civil - RNEC
La apoderada de la RNEC alegó que esa entidad no era competente para suspender
o decretar la nulidad del acto administrativo del alcalde municipal de Cantagallo, ya
que el mismo fue proferido por la comisión escrutadora y no por esta entidad. Agregó
que ese organismo tiene funciones específicas dentro del proceso electoral tales
como: realizar el proceso de organización de las elecciones, de los diferentes
mecanismos de participación y de elaboración de los respectivos calendarios
electorales, razón por la cual, no es el sujeto procesal llamado a hacer parte de la
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presente acción de nulidad electoral; por tanto, planteó la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva.
3.3 Consejo Nacional Electoral - CNE
El apoderado del CNE indicó que ante dicha corporación no se presentó solicitud
de revocatoria de inscripción del demandado con fundamento en algún apoyo a
candidatos diferentes del Partido Conservador, por lo tanto, no tuvo conocimiento
en sede administrativa de ese aspecto de la litis, por lo que corresponde al juez de
la causa decidir el fondo de las pretensiones hoy planteadas, decisión que esa
entidad acataría.
En cuanto al cargo por inhabilidad, manifestó que sí recibió solicitud de revocatoria
con sustento en que el entonces candidato, al haber ejercido como personero del
municipio de Cantagallo, Bolívar, estaba incurso en la incompatibilidad contenida en
el numeral 5 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, teniéndose como extremo
temporal de la prohibición, no la fecha de las elecciones sino la fecha de la
inscripción de la candidatura. Dicha petición fue atendida en forma negativa,
mediante Resolución 13526 de 2023, la cual, fue confirmada por Resolución 14926
del 27 de octubre de 2023.
Al margen de lo anterior, alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva.
4. Actuaciones relevantes en primera instancia posteriores a la acumulación
Una vez proferido el auto del 12 de febrero de 2024, mediante el cual se acumularon
los procesos, se llevó a cabo la diligencia de sorteo de ponente, correspondiéndole
al magistrado Moisés Rodríguez Pérez continuar con la sustanciación conjunta de
los expedientes. Transcurrido lo anterior, por auto del 29 de mayo de 2024, se
declaró no probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda formulada
por el apoderado del demandado.
Posteriormente, a través de auto de 17 de junio de 2024 se dio aplicación a la figura
de la sentencia anticipada; se tuvieron como pruebas las documentales allegadas
con la demanda y el expediente administrativo anexo a la contestación y se corrió
traslado para alegar de conclusión. En esa providencia se fijó el litigio en los
siguientes términos:
Teniendo en cuenta lo anterior, los problemas jurídicos a resolver en este caso son
los siguientes:
¿Debe declararse la nulidad del acto de elección del señor Omar Devanys
Esparragoza Ponce, como alcalde del Municipio de Cantagallo Bolívar, el cual se
encuentra contenido en el formulario E-26 del 9 de noviembre de 2023?
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Demandantes: Reinaldis Gil Alemán y otros
Demandado: Omar Devanis Esparragoza Ponce
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Para resolver lo anterior, se entrará a estudiar si:
¿Se encuentra probado en el proceso que el señor Omar Devanys Esparragoza
Ponce incurrió en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
contempladas en el numeral 5° del artículo 95 y 175 de la Ley 136, y los artículos
38 y 39 de la Ley 617 de 2000, al participar en las elecciones del 29 de octubre de
2023?
¿Se encuentra probado en el proceso que el señor Omar Devanys Esparragoza
Ponce incurrió en doble militancia durante la campaña para las elecciones de
alcalde Municipal de Cantagallo – Bolívar, por haber apoyado a otros candidatos al
Concejo Municipal de otros partidos políticos?
1.6 La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 4, a través de sentencia
del 1º de agosto de 2024, negó las pretensiones de la demanda por las siguientes
razones:
En cuanto a la inhabilidad alegada
Hizo un recuento de diferentes referentes jurisprudenciales en los que se analizaron
las normas que rigen las causales de inhabilidad e incompatibilidad alegadas por
los demandantes, conforme a los cuales concluyó que, para el caso de los
personeros que aspiran a ser alcaldes, la inhabilidad que se les debe aplicar es la
establecida en el artículo 37.5 de la Ley 617 de 2000, o lo que es lo mismo, el
artículo 95.5 de la Ley 136 de 1994, que establece que el extremo temporal final de
la inhabilidad para ser alcalde se contabiliza desde la elección y no desde la
inscripción.
Explicó que, en atención del principio de especialidad, la previsión establecida en el
citado artículo 95.5 es más específica para regular la situación debatida, pues esta
se refiere directamente a la imposibilidad de los personeros para ser elegidos
alcaldes. Adicionalmente, dijo que debe dársele preeminencia en este caso al
principio hermenéutico pro libertate, que indica que «entre dos interpretaciones
alternativas posibles de una norma que regula una inhabilidad, se debe preferir
aquella que menos limita el derecho de las personas a acceder igualitariamente a
los cargos públicos» (Sentencia C- 147 de 1998).
Consideró que las sentencias de unificación alegadas por los demandantes no son
aplicables al caso en comento, comoquiera que los asuntos analizados en la
mismas son completamente diferentes; allí se estudiaron los artículos 38.7 y 39 de
la Ley 617 de 2000, en relación con los gobernadores y alcaldes, mientras que en
esta ocasión se estudia es frente a los personeros a quienes no se les puede aplicar
de forma extensiva y automática todas las incompatibilidades de los alcaldes.
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Acorde con lo anterior, concluyó que el demandado no incurrió en la causal de
inhabilidad del artículo 95.5 de la Ley 136 de 1994 comoquiera que: i) se posesionó
como personero de Cantagallo el 21 de enero de 2020, para ejercer como tal del 1º
de marzo de 2020 al 29 de febrero de 2024; ii) presentó renuncia al cargo el día 15
de septiembre de 2022, la cual le fue aceptada mediante Resolución No. 502 del 27
de octubre de 2022, con efectividad desde esa misma fecha; iii) fue elegido alcalde
en las justas celebradas el 29 de octubre de 2023. Demuestra lo anterior que la
elección se llevó a cabo con posterioridad a los 12 meses de que trata la norma en
comento.
En relación con la doble militancia
En lo referente al elemento subjetivo, el a quo lo encontró acreditado a través de
una certificación expedida por el partido Conservador Colombiano y de los
formularios E-6 y E-8 donde consta la inscripción del demandado. En cuanto al
elemento modal, se probó que la referida colectividad inscribió una lista al Concejo
de Cantagallo-Bolívar conformada por 9 personas.
Respecto del elemento objetivo, concluyó que, de las publicaciones realizadas por
el señor Omar Esparragoza, en su cuenta de Facebook, no se puede deducir que
haya realizado un apoyo directo y expreso en favor de los candidatos al concejo por
el Partido Verde Steven Arteaga, Lizandro Godoy y Mary Johana Parrado. Lo
anterior, teniendo en cuenta que aquel siempre vistió con sus colores
representativos, y los lugares en los cuales hizo presencia primaba la propaganda
policita de su partido.
En cuanto a las publicaciones de las redes sociales de Lizandro Godoy y Mary
Johana Parrado, las mismas no pueden dársele mayor valor probatorio, en la
medida en que dichos perfiles no fueron reconocidos por sus propietarios dentro del
proceso, por lo cual se desconoce si los mismos pertenecen a estos candidatos o
son perfiles falsos realizados para causar confusión.
Enfatizó en que no existen otro tipo de pruebas que permitan evidenciar y llevar a
una convicción total de la existencia de la doble militancia, pues lo que se advierte
es que en algunos eventos de proselitismo político, participaron los aspirantes al
concejo Steven Arteaga, Lizandro Godoy y Mary Johana Parrado, junto con Omar
Esparragoza, pero no se advierte en manera alguna que exista un acuerdo entre los
candidatos referidos para captar votos, ni que los eventos hayan sido organizados
de manera conjunta, que los candidatos se hayan identificado con un logo, o colores
en común para demostrar unión ante el electorado, que hayan usado algún tipo de
propaganda política conjunta y demás. Por el contrario, lo que sí se observa es que,
a pesar de coincidir en algunos eventos políticos, cada candidato iba identificado
con su partido y colores distintivos.
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1.7 Los recursos de apelación
Dos de los cuatro demandantes interpusieron recurso de apelación, así:
1.7.1 Alexander Tolosa Moreno
Reiteró que el demandado apoyó durante su campaña a candidatos de la lista del
Partido Verde al Concejo Municipal de Cantagallo, sin contar con un acuerdo de
coalición que avalara tal respaldo, incurriendo con esto en la prohibición de doble
militancia. Describió en los siguientes términos los supuestos apoyos:
El 13 de agosto de 2023, en la página de Facebook del demandado, el candidato
posteó un carrusel de fotos con la siguiente descripción: “Un encuentro significativo
con la comunidad del barrio Santropel” Fue un honor estar acompañado por los
aspirantes al concejo mientras compartía las propuestas clave de mi programa de
gobierno”. En el carrusel de fotos se encuentra una en la que el señor Omar
Esparragoza, está sentado junto al candidato al concejo, por el partido verde,
Steven Arteaga, quién vestía una camiseta blanca y una gorra negra; al lado de él,
se encontraba la candidata al concejo por el partido verde, Mary Johana Parrado,
quién usaba un jean negro y gafas. En otra fotografía, se observa también al señor
Lizandro Godoy, aspirante al concejo por el partido verde, con un micrófono en la
mano (lo que evidencia que realizó una intervención). También se aportó una
fotografía en la que se observa al señor Omar Esparragoza, acompañado de
Steven Arteaga, Mary Johana Parrado y Lizandro Godoy, candidatos del partido
verde. Lo anterior prueba que el señor Omar Esparragoza, era conocedor de las
aspiraciones al concejo por el partido verde, de Steven Arteaga, Mary Johana
Parrado y Lizandro Godoy, pues en la publicación dice: “Fue un honor estar
acompañado por los aspirantes al concejo” (…) así mismo se evidencia que la
logística desplegada por el candidato Omar Esparragoza, para la realización de la
reunión, fue puesta al servicio de los candidatos al concejo del partido verde.
− El 19 de septiembre de 2023 en el perfil de Facebook, Omar Esparragoza
(candidato-político), posteó un carrusel de fotografía con la descripción: “¡gran día
en la vereda Medio San Juan! “continuamos llegando a la zona rural de nuestro
municipio con el mensaje de esperanza y progreso. Fue un honor ser recibido con
tanto agrado por la comunidad”. - En el carrusel de fotos posteado se encuentra una
fotografía en la que va el candidato Omar Esparragoza, en la vereda acompañado
del candidato al concejo por el partido verde, Lizandro Godoy, quien estaba vestido
con un polo blanco, una gorra blanca con verde y un pantalón gris oscuro.
− El día 20 de septiembre de 2023, el candidato al concejo por el partido verde,
Lizandro Godoy, posteó un vídeo de una reunión en una vereda, con la siguiente
descripción: “soy Lizandro Godoy y quiero ser concejal del municipio de Cantagallo
por eso Me comprometo con lo constitucionalmente se puede cumplir”. En el video
se evidencia una fotografía de portada que es la misma descrita en el hecho anterior,
la ropa del candidato Lizandro Godoy, es la misma que llevaba en la fotografía, el
sitio de la reunión estaba decorado con la publicidad de Omar Esparragoza, a un
costado del sitio al lado izquierdo, se observa a Omar Esparragoza, con un polo
blanco y una gorra de igual color. Al escuchar el audio, evidentemente, el candidato
al concejo está explicando lo que como concejal constitucional y legalmente podría
hacer, lo que concuerda con la descripción del vídeo.
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Demandantes: Reinaldis Gil Alemán y otros
Demandado: Omar Devanis Esparragoza Ponce
Rad.: 13001-23-33-000-2023-00475-01 (ppal)
− En la página de Facebook de Omar Esparragoza (candidato-político), el 22 de
septiembre de 2023, este posteó una publicación en la que invitaba a los jóvenes
(votantes) al encuentro de carácter político, con el fin de escucharlos. En la
publicación, el candidato los invita a trabajar juntos por un futuro brillante del
municipio y los insta a unirse a su proyecto político, así: “únete a nosotros hoy y se
parte del cambio que Cantagallo necesita”.
• El 24 de septiembre de 2023, en la página del Facebook el candidato, posteó un
video con el resumen de lo ocurrido, indicando que: “porque somos la renovación
también es un proyecto político de los jóvenes”. En el vídeo, se observa a los
señores Steven Arteaga y Lizandro Godoy, con micrófono en la mano, desde el
segundo 51 a 54 del video; lo que indica que tuvieron participación en el evento de
proselitismo político.
Acotó que está demostrado que el demandado (sujeto activo), apoyó a los señores
Lizandro Godoy, Steven Antonio Arteaga Martínez y Mary Johana Parrado Nova
(conducta prohibida), candidatos por el partido Alianza Verde al Concejo Municipal
de Cantagallo cuando su colectividad, el Partido Conservador, inscribió lista propia
a la misma corporación pública (elemento modal), y que esto se desarrolló durante
el lapso de la pasada campaña electoral (elemento temporal).
1.7.2 Reinaldis Gil Alemán
Trajo a colación nuevamente los artículos 95 y 175 de la Ley 136 de 1994; 38 y 39
de la Ley 617 de 2000, así como la sentencia del 7 de junio de 2016, expedida por
la Sección Quinta dentro del radicado 2015-00051-00. Conforme a estos referentes,
reiteró que la incompatibilidad de los alcaldes contenida en el numeral 7 del artículo
38 de la Ley 617 de 2000, aplicable por extensión legal a los personeros, tiene como
extremo final la fecha de inscripción como candidato, y no la fecha de elección,
como lo sugiere el demandado.
A manera de conclusión, dijo:
1. Un Personero Municipal, en virtud de la incompatibilidad prevista en el artículo 39
de la Ley 136 de 1994, aplicado por remisión a los Personeros, no podrá inscribirse
para ser elegido alcalde municipal, dentro de los 12 meses siguientes a su renuncia
o a la terminación del período legal.
2. Para que no se configure la inhabilidad para que el Personero Municipal pueda
aspirar a ser candidato a la alcaldía del municipio donde ejerció el cargo o de otro
distinto, deberá inscribir su candidatura cuando hayan transcurrido 12 meses de
haberse retirado de su cargo de Personero o haya finalizado su período
constitucional. Por lo tanto, el ex personero deberá tener presentes las fechas de
inscripción a las candidaturas y, con base en ellas, establecer la fecha máxima en
la que puede desvincularse8.
1.8. Actuaciones de segunda instancia
8 Sic a toda la cita.
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Demandantes: Reinaldis Gil Alemán y otros
Demandado: Omar Devanis Esparragoza Ponce
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Mediante auto del 30 de septiembre de 20249 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de primera instancia y se
ordenó correr traslado a las partes para alegar y a la agente del Ministerio Público
para conceptuar, si a bien lo tenía.
En la oportunidad procesal concedida, los señores Alexander Tolosa Moreno y
Reinaldis Gil Alemán10 reiteraron los argumentos expuestos en los respectivos
recursos de apelación.
Por su parte, el apoderado del demandado alegó que, a lo largo de los documentos
presentados por los recurrentes, nunca se refieren en forma directa al análisis que
hizo el tribunal; no se explicó por qué razón esos argumentos son errados y ameritan
que la Sección Quinta revoque el fallo de primera instancia. Sin embargo, advirtió
que, en el evento en el que la sala electoral estime procedente el estudio de esos
escritos, reitera los argumentos expuestos tanto en las contestaciones de las
demandas, como en los alegatos de conclusión presentados en primera instancia.
Por auto del 7 de febrero de 202511, se ordenó correr traslado del escrito de
recusación interpuesto por el demandante Alexander Tolosa Moreno12 contra la
delegada de la Procuraduría General de la Nación. Tal solicitud fue rechazada de
plano a través de auto del 19 de febrero del citado año13.
1.9 Concepto del Ministerio Público14
La procuradora séptima delegada ante esta corporación solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia por las siguientes razones:
Advirtió que, a primera vista, bien podría extenderse a los personeros la
incompatibilidad prevista para los alcaldes en el numeral 7º del artículo 38 de la Ley
617 de 2000. Sin embargo, enfatizó en que lo aplicable al accionado es la inhabilidad
específica dispuesta por el legislador en el artículo 95, numeral 5 de la Ley 136 de
1994, modificado por el numeral 5 del artículo 37 de la Ley 617 de 2000, que
establece como criterio prohibicionista para ser elegido alcalde, el haber
desempeñado el cargo de personero del respectivo municipio en un período de 12
meses antes de la fecha de la elección.
9 Anotación 6 del sistema de gestión judicial SAMAI.
10
Anotación 14 del sistema de gestión judicial SAMAI.
11 Anotación 22 del sistema de gestión judicial SAMAI.
12
Anotación 11 del sistema de gestión judicial SAMAI.
13 Anotación 29 del sistema de gestión judicial SAMAI.
14 Anotación 19 del sistema de gestión judicial SAMAI.
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Recalcó que el legislador previó una inhabilidad específica para ser alcalde cuando
la persona haya ocupado previamente cargo de personero municipal y, por tal razón,
en atención a los principios de interpretación restrictiva de las inhabilidades y de
especialidad, no es razonable extender al demandado la incompatibilidad-
inhabilidad prevista en el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000.
En cuanto a la sentencia del 7 de junio de 2016, expedida dentro del proceso con
radicado 11001-03-28-000-2015-00051-00, precisó que no resulta aplicable al caso,
pues en aquella se unificó que, el vocablo período, para efectos de determinar la
prohibición de los artículos 38.7 y 39 de la Ley 617 de 2000, debía ser entendida
desde una única perspectiva: la institucional u objetiva. Mientras que, en el caso sub
examine, la inhabilidad que se adecua es la establecida en el artículo 95, numeral
5 de la Ley 136 de 1994, modificado por el numeral 5 del artículo 37 de la Ley 617
de 2000, que es clara en punto a los destinatarios y el período inhabilitante.
En relación con la doble militancia alegada, analizó los supuestos respaldos que el
demandado expresó los días 13 de agosto, 19 de septiembre, 20, 22 y 24 de
septiembre, frente a los cuales concluyó que no hay verdaderas y auténticas
expresiones de apoyo por parte del demandado hacia los candidatos al concejo
municipal inscritos por el Partido Verde.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso
de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia del 1º de agosto de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, de conformidad con lo
establecido en los artículos 15015 y 152 numeral 7.a del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo16.
2.2. Cuestión previa - falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Registraduría Nacional del Estado Civil
15 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 150.
Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. «El Consejo de
Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones
de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación…»
16 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 152.
Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. «Los tribunales administrativos
conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
(…)
7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:
(…)
a. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar curul, según el caso, de los diputados
de las asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes
municipales y distritales…»
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Esta Sala de decisión considera necesario advertir que, aun cuando la Registraduría
Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral propusieron la excepción
en comento, el tribunal de primera instancia omitió resolverla. Comoquiera ese es
un aspecto procesal que puede y debe declararse de oficio17, se procederá a decidir
este asunto.
De cualquier forma, se conmina al Tribunal Administrativo de Bolívar, que en lo
sucesivo atienda el procedimiento previsto para la resolución de ese tipo de
excepciones.
La falta de legitimación en la causa por pasiva hace parte de las excepciones mixtas
consagradas en el numeral 3º del artículo 182A del CPACA. Este medio de defensa
se configura, en el caso de la generalidad de los medios de control que cuestionan
la presunción de legalidad del acto administrativo, cuando la entidad no es la autora
del acto o no intervino en su adopción. Para la especialidad del proceso de nulidad
electoral contra el acto electoral, ocurre cuando el demandado no es el designado
(elegido, nombrado o llamado) y, eventualmente, cuando al citar a una autoridad o
entidad, ésta resulta ajena a la relación jurídico-sustancial que se discute.
En lo que concierne a la Registraduría Nacional del Estado Civil, debe advertirse
que la competencia que tiene esta entidad en materia de inscripción de candidaturas
es clara, y no incluye la revisión de causales de carácter subjetivo de nulidad
electoral. Debe decirse que únicamente su rol se refiere a la verificación de que
quienes participen en consultas de carácter popular o internas de un partido,
movimiento o agrupación política no se inscriban por otro diferente en el mismo
proceso electoral o se pretenda la inscripción de uno distinto al seleccionado
mediante dicho mecanismo. Tampoco contabiliza los votos, de suerte que no se
puede decir que tuvo injerencia en las resultas de dicha jornada.
De modo que, en relación con la naturaleza de los vicios por los cuales se acusa la
legalidad del acto de elección demandado, esto es, haber incurrido en una causal
de inhabilidad y en doble militancia, es posible advertir que esta causal no se
enmarca en la órbita de sus funciones por lo que no se amerita mantener su
vinculación en el presente proceso.
17 Artículo 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará
un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los
razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las
conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen.
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el
fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida
todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. Para
restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir
disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas. (Negrilla fuera de
texto).
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En relación con el Consejo Nacional Electoral, se recuerda que la procedencia de
su invitación legal debe ser estudiada a la luz de los postulados generales de la
legitimación en la causa que se aludieron en líneas anteriores. De esta forma, su
vinculación dependerá del mayor o menor grado de conexidad que tengan las
censuras o irregularidades advertidas en la demanda con las actuaciones que
desplegó el citado órgano en el marco del proceso electoral18.
En este orden de ideas, comoquiera que uno de los vicios advertidos y que
presuntamente derivan en la ilicitud del acto acusado fueron objeto de
pronunciamiento por parte de la referida entidad19, la Sala no tiene argumento
alguno para desvincular al CNE del proceso, por el contrario, se advierte con
claridad el elemento sustancial de la legitimación en la causa, esto es, una relación
intrínseca entre las actuaciones desplegadas por la autoridad y las censuras que
sustentan la pretensión anulatoria.
Acorde con lo anterior, en la parte resolutiva de esta providencia se declarará
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por
la Registraduría Nacional del Estado Civil.
2.3. Problema jurídico
En el marco de los argumentos expuestos en los recursos de apelación,
corresponde a esta Sección determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia
del 1º de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que
negó las pretensiones de la demanda.
Para el efecto, se debe establecer si le asiste razón a los recurrentes en cuanto
aducen que el demandado: i) no podía ser elegido alcalde al incurrir en la inhabilidad
derivada de la incompatibilidad prevista en el artículo 38, numeral 7 de la Ley 617
de 2000; esto por cuanto debió inscribirse a ese cargo una vez transcurriera un año
después de haber dejado el empleo de personero de Cantagallo (Bolívar); ii) incurrió
en doble militancia al apoyar a unos candidatos al concejo del referido postulados
por el Partido Verde, esto es, una colectividad diferente a la que pertenece.
Así, entonces, con el fin de emitir un pronunciamiento, la Sala abordará la segunda
instancia desde los siguientes ejes temáticos: i) de las inhabilidades y su
interpretación restrictiva ii) doble militancia en la modalidad de apoyo y iii) caso
concreto.
18 Al respecto, consúltese el auto proferido en audiencia inicial, el 27 de noviembre de 2019, MP
Rocío Araujo Oñate, Rad. 11001-03-28-000-2019-00024-00.
19 En el expediente obra copia del auto de 30 de agosto de 2023, mediante el cual, el CNE avocó
conocimiento de una solicitud de revocatoria del acto de inscripción del demandado, en cuanto el
entonces solicitante alegaba que había incurrido en el supuesto contemplado en el artículo 38.7 de
la Ley 617 de 2000.
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2.4 De las inhabilidades y su interpretación restrictiva
Las inhabilidades están erigidas como especiales condiciones objetivas que pueden
recaer sobre una persona y que tienen como único fin que quienes accedan o estén
en la función pública desempeñen su cargo bajo los criterios de igualdad, eficiencia,
moralidad e imparcialidad, garantizando de esta forma la prevalencia de los
intereses generales de la comunidad sobre los personales20.
En este sentido, las diferentes circunstancias que configuran una inhabilidad
examinan la órbita personal del aspirante o servidor en ejercicio, de manera que
«auscultan en los antecedentes personales, las relaciones familiares, el ejercicio
profesional y las actividades lucrativas del interesado»21.
Acorde con lo anterior, al constituir las inhabilidades una restricción al derecho de
acceso a cargos públicos, la Constitución Política de 1991 dispuso que el desarrollo
de su régimen jurídico tiene una cláusula de reserva legal, lo cual ha sido enfatizado
por parte de esta Corporación, estableciéndose en diferentes oportunidades que el
único facultado para estructurar las circunstancias especiales que limitan el referido
derecho es el legislador22.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta el principio de interpretación restrictiva que
rige en materia electoral, según el cual las inhabilidades e incompatibilidades no
pueden aplicarse de manera genérica por extensión ni analogía, toda vez que
implican la restricción de derechos fundamentales y políticos.
Sobre la materia, la Sección Quinta de manera reiterada ha sostenido 23:
Por lo anterior, la Sala considera que, en atención con las limitaciones a los derechos
políticos que se derivan de las inhabilidades e incompatibilidades, se ha establecido
que, respecto de su aplicación, es necesario observar los criterios de interpretación
restrictiva y no la analógica o extensiva.
Este criterio fue reiterado, en la sentencia del 11 de julio del 201924 y retomado, entre
otros, en los fallos de 22 de abril y 5 de agosto de 202125, al indicar que “[l]a Sección
20 Sentencia C-564 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell. Ver también sentencias C-558 de 1994
M.P. Carlos Gaviria Díaz, sentencia C-483 de 1998 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
21 OSORIO CALDERIN, Ana Carolina, Manual de Inhabilidades Electorales, 2ª Edición, Grupo
Editorial Ibáñez, 2014, p. 24.
22 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 19 de septiembre de 2013, radicado Nº
110010328000201200051-00, 110010328000201200052-00 y 110010328000201200057-00
Acumulado. CP. Alberto Yepes Barreiro Dte: Eduardo Carmelo Padilla Hernández y otros.
23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 30 de
septiembre de 2021. Expediente: 66001233300020200049903. M.P. Dra. Rocío Araújo Oñate.
24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. M.P. Rocío Araújo
Oñate. Sentencia de 11 de julio de 2019. radicación número 54001-23-33-000-2018-00220-02.
25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. M.P. Rocío Araújo
Oñate. Sentencia del 22 de abril de 2021. Radicación Número 15001-23-33-000-2020-00120-01 y
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Quinta ha sido constante en reiterar que en la medida en que las inhabilidades
implican la afectación del derecho fundamental a la participación política, en sus
modalidades de ser elegido y acceder al desempeño de funciones y cargos públicos,
la interpretación de su alcance es restrictiva26”.
Así, entendiendo el criterio de interpretación restrictiva como aquel que busca la
aplicación de la norma a casos concretos27, los jueces, al momento de determinar
la ocurrencia de una inhabilidad o incompatibilidad respecto de quien pretende
ocupar un cargo público, deben limitarse al alcance de los verbos rectores
empleados por el legislador “-por ejemplo, la gestión de negocios-, a las situaciones
de orden jurídico que la originan y su prueba plena -v. gr. el parentesco-, así como
a los límites de orden temporal -ejemplo, durante el año anterior a la elección-,
espacial -v.gr. a la jurisdicción donde se llevará a cabo la elección- y a las calidades
respecto de quienes se predican”28.
Esta línea de interpretación conlleva a que dichos condicionamientos se apliquen de
forma concreta a las situaciones o eventos que el constituyente y en su desarrollo
el legislador, según el caso, determinaron como circunstancias de inelegibilidad, sin
que para el efecto puedan considerarse otros distintos.
Así entonces, al momento de establecer la configuración de una inhabilidad, prima
el criterio interpretativo restrictivo, entendido en la forma como se señaló en
precedencia y, de ninguna manera, el estudio que emprenda el operador judicial
puede conllevar extensiones, analogías o interpretaciones amplias, que conlleven a
la aplicación del presupuesto normativo a situaciones diversas a las previstas por el
constituyente y/o el legislador, o a vaciar de contenido las mismas en detrimento de
su eficacia.
Criterio de interpretación que se predica respecto de inhabilidades e
incompatibilidades y que busca entonces, aumentar la eficacia y vigencia de las
garantías constitucionales respecto de quienes aspiran a ocupar cargos públicos,
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 5 de agosto de 2021. Rad. 70001-23-33-000-
2020-00035-02, M.P. Rocío Araújo Oñate.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 30 de
mayo de 2019, M.P: Carlos Enrique Moreno Rubio, Radicado No. 18001-23-33-000-2018-00194-01.
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de marzo de 2019, radicación 11001 - 03-28-
000-2018-00603-00, M.P. Rocío Araújo Oñate. En cuanto a las condiciones que se deben verificar
cuando una persona pretenda el acceso a un cargo o empleo y su relación con las causales de
inhabilidad, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de septiembre de 2016,
rad. 11001-03-28-000-2016-00001-00 (Acumulado), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Con
respecto a la distinción entre las calidades para acceder a un cargo y las causas de inhabilidad,
consultar entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 11 de Marzo de 1999,
radicado 1847, M.P. Mario Alario Méndez. Acerca del otorgamiento del aval como requisito formal
para la inscripción de candidatos, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de
diciembre de 2013, radicación 11001-03-28-000-2013-00037-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro. En
cuanto al principio democrático, Ver: Corte Constitucional, sentencia de 3 de marzo de 1994, exp. C-
089, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Acerca de la triple finalidad que cumple el requisito del aval,
consultar entre otros: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 11 de Julio de 2013,
radicado 60001-23-31-000-2012-00004-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro. En cuanto al otorgamiento
del aval y el responsable de ello, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 13 de
agosto de 2009, radicación 11001-03-28-000-2006-00011-00(3944-3957), M.P. Filemón Jiménez
Ochoa.
27 Criterio acogido por la sala plena de lo contencioso administrativo en: sentencia del 29 de enero
del 2019. M.P. Rocío Araújo Oñate. radicación 11001-03-28-000-2018-00031-00(su).
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, MP. Rocío Araújo
Oñate, radicación 15001-23-33-000-2020-00120-01, sentencia de 22 de abril de 2021.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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pues solamente en los eventos y bajo las condiciones que ellas consagran, es
procedente predicar su configuración, máxime si se tiene en cuenta que, en todo
caso, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades ha sido concebido como un
límite legítimo y válido a los derechos políticos, conforme al cual, si se advierte la
configuración de alguna causal, ello no conlleva a que de allí se predique la
vulneración de estas prerrogativas superiores, sino que, por el contrario, evita el
desconocimiento de los intereses superiores respecto de quienes ocupan cargos
públicos.
Así las cosas, resulta innegable el carácter restrictivo en punto a la interpretación
que de las causales de inhabilidad efectúa el operador judicial, pues si bien el
constituyente y el legislador previeron unos límites al ejercicio del derecho a ser
elegido de cara a unos valores que superan la esfera de esa prerrogativa, ello no
puede derivar en ejercicios hermenéuticos –por ejemplo, la analogía o exegesis
amplia– que procuren edificar un contenido genérico del supuesto inhabilitante
objeto de análisis.
2.5. Doble militancia por apoyo a candidato de un partido distinto
Una de las preocupaciones que ha motivado las reformas políticas adoptadas en
las últimas dos décadas tiene que ver con el fortalecimiento de la disciplina
partidista, que persigue, a su vez, contribuir al funcionamiento de colectividades y
bancadas sólidas, consistentes y con vocación de permanencia. Así lo demuestran
los Actos Legislativos 01 de 2003 y 01 de 2009, por medio de los cuales se introdujo
y reguló, entre otros asuntos, la prohibición de doble militancia.
En tal sentido, de conformidad con el artículo 107 de la Constitución Política, ningún
ciudadano podrá pertenecer simultáneamente a más de un partido político. En
consonancia, la misma norma dispone que los miembros de corporaciones públicas
que decidan cambiar de partido para aspirar a una próxima elección están
compelidos a renunciar a la curul por lo menos 12 meses antes de la fecha en que
inician las inscripciones de candidatos de los comicios respectivos.
Estas dos hipótesis constituyen la antesala de la restricción en comento,
desarrollada por la Ley 1475 de 2011 (artículo 2º) e instituida como causal de
nulidad electoral por la Ley 1437 del mismo año (artículo 275, numeral 8).
A partir del marco normativo que la regula, la jurisprudencia de esta Sección ha
esquematizado de forma reiterada y pacífica las modalidades en las que se
manifiesta la doble militancia política, según sus destinatarios y las conductas
proscritas29:
29 Entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de octubre de 2022, radicado
11001-03-28-000-2022-00054, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Sentencia de 15 de diciembre de
2022, radicado 11001-03-28-000-2022-00179-00, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de
10 de marzo de 2022, radicado 76001-23-33-000-2019-01141-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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a) Ciudadanos: pertenencia simultánea a más de un partido, movimiento político o
grupos significativo de ciudadanos.
b) Candidatos en consultas: inscripción por una organización política distinta, en el
mismo proceso electoral.
c) Miembros de corporaciones públicas de elección popular: inscripción como
candidato para la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto de
aquel que lo avaló, con dos excepciones, primera, que renuncie a la curul antes de
los 12 meses que preceden al primer día de inscripciones y segunda, que la
colectividad sea disuelta o pierda la personería jurídica por causas diferentes a una
sanción.
d) Directivos de organizaciones políticas, candidatos y elegidos: apoyar a
candidatos de organizaciones políticas diferentes a la que pertenecen y les otorgó
aval, según el caso, salvo que la respectiva organización no esté participando con
aspirantes para la correspondiente elección ni haya manifestado su apoyo expreso
a determinada campaña de otro partido o movimiento.
e) Directivos de partido o movimiento político: inscripción como candidatos o
designación como directivos de organizaciones políticas diferentes, salvo que medie
renuncia a la respectiva dignidad 12 meses antes de uno u otro hecho.
En particular, la doble militancia en la modalidad de apoyo que se brinda a un
candidato inscrito por un partido distinto al de la propia afiliación30, relacionada en
el literal d) anterior, está prevista en el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011, en los
términos que se transcriben enseguida:
Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control,
dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos
en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos
distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se
encuentren afiliados.” (Negrilla fuera de texto)
Con base en la literalidad de la norma en comento, esta Sección 31 ha reconocido
que la configuración de los apoyos prohibidos por la legislación electoral resulta de
la acreditación conjunta de 5 presupuestos, así:
Sentencia de 9 de septiembre de 2021, radicado 25000-23-41-000-2019-01112-01, MP. Rocío
Araújo Oñate (e). Sentencia de 27 de julio de 2021, radicado 47001-23-33-000-2020-00023-02, MP.
Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 19 de agosto de 2021, radicado 47001-23-33-000-2019-
00808-02, MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia de 20 de noviembre de 2015, radicado 11001-
03-28-000-2014-00091-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 4 de agosto de
2016, radicado 63001-23-33-000-2016-00008-01, MP. Alberto Yepes Barreiro.
30 Sobre las modalidades de doble militancia, ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia de 21 de octubre de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2020-00075-01, MP. Carlos Enrique
Moreno Rubio. Sentencia de 14 de octubre de 2021, Rad. 47001-23-33-000-2019-00807-01, MP.
Pedro Pablo Vanegas Gil. Sentencia de 26 de agosto de 2021, Rad. 05001-23-33-000-2019-02946-
01(Acum), MP. Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 19 de agosto de 2021, Rad. 47001-23-33-000-
2019-00808-02.
31 Con relación a los presupuestos de la doble militancia por apoyo a candidato inscrito por un partido
distinto, por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 26 de agosto de 2021,
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i. Elemento subjetivo
El deber de abstención que se deriva de la prohibición de la doble militancia en su
modalidad de apoyo cobija, además de quienes detentan cargos de dirección,
gobierno, administración o control en los partidos y movimientos políticos, a los
miembros de las organizaciones políticas que han sido elegidos o aspiran a serlo
en cargos o corporaciones de elección popular.
Por lo anterior, la demostración de esta manifestación de doble militancia exige que
el demandado ostente cualquiera de las calidades referidas.
ii. Elemento objetivo
La conducta proscrita consiste en apoyar a aspirantes inscritos por partidos y
movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos que difieren de aquel al
que pertenece el accionado. Así, el concepto de apoyo ha sido caracterizado por
esta Sala Electoral como «…la ayuda, asistencia, respaldo o acompañamiento de
cualquier forma o en cualquier medida a un candidato distinto al avalado o apoyado
por la respectiva organización política.»32
Sin embargo, la generalidad de esta noción ha sido precisada por la Sección en el
tratamiento jurisprudencial que durante los años ha procurado a esta modalidad de
doble militancia, en el sentido de delimitar no solo la naturaleza de los actos que
pueden revelar la existencia del respaldo sancionado, sino a la vez el grado de
convicción que debe derivarse de las pruebas para acreditar la presencia del apoyo
ilegal.
En lo que refiere a la naturaleza del apoyo, la Sala ha reconocido que la asistencia
censurada debe ser el resultado de la ejecución de actos positivos y concretos que
demuestren el favorecimiento político al candidato de otra organización. En ese
orden, en decisión de 31 de octubre de 2018, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio,
esta Judicatura explicó al respecto:
Sobre el primer aspecto, realmente no existe controversia pues de tiempo atrás la
Sala mantiene el criterio según el cual la estructuración de dicha prohibición exige
radicado 05001-23-33-000-2019-02946-01(acum.), MP. Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 21 de
octubre de 2021, radicado 47001-23-33-000-2020-00075-01, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.
Sentencia de 6 de octubre de 2016, radicado 50001-23-33-000-2016-00077-01, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, radicado
52001-23-33-000-2015-00841-01, MP. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de
2016.
32 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-
000-2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018.
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necesariamente la ejecución de actos positivos y concretos de apoyo en favor
del candidato perteneciente a otro partido político.33
De conformidad con ello, el entendimiento de la ayuda prohibida ha tenido como
sustento la unión de dos tipos de presupuestos, relacionados con la puesta en
marcha de acciones –presupuesto modal– que buscan el patrocinio de una
candidatura ajena a la organización política que acompaña al demandado –
presupuesto teleológico–.
Desde esta perspectiva, la Sala consideró, en providencia de 7 de diciembre de
2016, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, que las abstenciones atribuidas por la
parte actora al concejal acusado –cimentadas en la realización de reuniones
políticas sin la presencia del aspirante a la Alcaldía de Soacha inscrito por el partido
que lo avalaba–, no disponían de la virtualidad de configurar la doble militancia por
apoyo de cara a la ausencia de actos positivos y concretos que permitieran
materializarla. En ese punto, la Sección expuso:
Lo que exige el texto de la norma es precisamente lo contrario: la ejecución de actos
positivos de apoyo a un candidato diferente de aquel inscrito por el partido al cual
pertenece el concejal demandado.
(…)
Entonces no resulta procedente extender sus alcances a otras situaciones no
contempladas en la norma, diferentes de los actos de apoyo, como la decisión de
llevar a cabo actos políticos sin el acompañamiento del candidato del partido,
en este caso a la alcaldía, como señaló el actor.34 (Negrilla fuera de texto)
En ese mismo sentido, ha pregonado que no pueden, en principio, considerarse
como actos de apoyo ante la ausencia demostrativa del elemento teleológico de la
noción, la impresión de volantes publicitarios respecto de los cuales se omitió probar
su socialización y distribución para el fortalecimiento de la campaña política de un
candidato afiliado a otro movimiento35; las palabras de agradecimiento entre
aspirantes políticos36; así como la existencia de publicidad perteneciente a un
33 Rad. 11001-03-28-000-2018-00032-00.
34 Rad. 2500-23-41-000-2015-02347-00.
35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-
000-2015-00841-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016. “Ahora
bien, aunque la Sala no desconoce la vocación de permanencia que tiene un volante publicitario de
estas características, lo cierto es que el demandante no demostró que aquellos fueran socializados,
distribuidos o publicitados después del 25 de septiembre de 2015 - fecha en la que el partido Opción
Ciudadana decidió apoyar la candidatura del señor Cuarán Castro-, pues la mera impresión de los
mismos no acredita la conducta proscrita por el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011.” (Negrilla fuera
de texto).
36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-
000-2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018: “A
diferencia de lo expuesto por la parte actora, subraya la Sala que el video que sustentó la tacha de
falsedad permite establecer que las manifestaciones hechas por el demandado no están fuera de
contexto en la prueba allegada con la demanda, puesto que no son simples palabras de
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aspirante avalado por otra organización, cuando los medios de convicción allegados
no permiten aseverar que su presencia responde a la voluntad del accionado, como
una manifestación de apoyo.
En consonancia, la Sección señaló en sentencia de 31 de enero de 2019, M.P.
Rocío Araújo Oñate37:
…[E]s evidente que de las imágenes aportadas, no se evidencian elementos que, por
ejemplo permitan definir cuándo fueron realizadas las reuniones respectivas y, entre
otras cosas, si fue el demandado quien dispuso, autorizó, convino o consintió
tales actividades proselitistas y menos que de ellas se derive el cuestionado
apoyo.” (Negrilla fuera de texto)
Pero no solo estos aspectos38 del respaldo proscrito han sido modelados por la
jurisprudencia de la Sección Quinta, pues igualmente ella ha hecho referencia a la
frecuencia con la que deben producirse las acciones que denotan asistencia, por
lo que los actos de acompañamiento político no requieren ser actos de tracto
sucesivo o continuo, sino instantáneos, de donde se colige que la configuración de
esta modalidad de la doble militancia puede probarse a través de una sola
manifestación de apoyo en el contexto de la campaña política39.
De otra parte, se ha establecido que el apoyo indebido se configura de manera
independiente al resultado electoral obtenido por el candidato asistido –carácter
autónomo del patrocinio– razón por la que no se hace necesario que «…el apoyo
tenga incidencia real en el resultado de la elección, pues al regular la doble militancia
la Ley 1475 de 2011 no incluyó ninguna condición de este carácter, ni limitó sus
alcances a este tipo de factores.»40
Finalmente, la Sala ha expresado que la probanza del comportamiento prohibido en
la legislación electoral debe llevar al juez a un estado de convicción que, más allá
de cualquier duda razonable, permita acreditar la ocurrencia de un actuar a través
del cual se persigue el impulso proselitista de una candidatura extraña a la avalada
por el partido o movimiento político del que hace parte el accionado.
Así, en la citada decisión de 31 de enero de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, esta
Judicatura aseveró respecto de la acreditación probatoria del apoyo:
De esa manera, la Sala estima pertinente aclarar que la demostración del presunto
apoyo de un candidato a otro que pertenece a una colectividad política distinta, debe
agradecimiento dirigidas al señor Acosta Acosta sino expresiones concretas de respaldo a su
candidatura por Bogotá.” (Negrilla fuera de texto)
37 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de enero de 2019, MP Rocío Araújo Oñate,
Rad. 11001-03-28-000-2018-00008-00.
38 La naturaleza del apoyo.
39 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-
000-2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de octubre de 2018.
40 Ibidem.
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aflorar de manera evidente o de bulto, es decir, revistiendo al operador judicial
tantos elementos de juicio que permita superar toda duda razonable para que
éste pueda colegir que en el caso en concreto se presentó la causal de nulidad
endilgada (doble militancia) y de esa forma advertir que el candidato traicionó la
voluntad de su electorado.
Lo que ha ocurrido, por ejemplo, cuando en el expediente obran medios de
convicción de los que se derivan patrocinios políticos claros, como la invitación al
electorado a sufragar por un aspirante Conservador a la Gobernación del Tolima,
cuando se ostenta la condición de candidato del Partido Alianza Verde a la
Asamblea departamental, en el marco de programas radiales41.
Por último, la Sección resalta que, como fuere estimado en providencia de 20 de
agosto de 2020, el actuar objeto de sanción se centra en el ofrecimiento de apoyos,
y no en el recibimiento de respaldos por parte de un candidato:
Al respecto, resulta del caso precisar que la conducta prohibida, en materia de doble
militancia, consiste en apoyar candidatos distintos a los propios del partido o
movimiento político al cual se encuentran afiliados, no recibir apoyo de
agrupaciones políticas diferentes a la que inscribe a un aspirante a un cargo de
elección popular.42
iii. Elemento temporal
Se ha destacado que, a pesar de que el inciso 2° del artículo 2° de la Ley 1475 de
2011, no hace referencia expresa al periodo o plazo en el que deben producirse los
apoyos, una interpretación sistemática y con efecto útil de la norma conlleva aceptar
que la materialización de la asistencia indebida debe suceder en el contexto de la
campaña política, toda vez que «…solo durante ese lapso se puede hablar de
candidatos en el sentido estricto de la palabra»43; término que se extiende desde el
momento en el que el ciudadano acusado inscribe su aspiración y hasta la fecha de
la elección.
iv. Elemento modal de la conducta
La incursión en la prohibición de doble militancia en su modalidad de apoyo exige
que el partido o movimiento político que avaló la postulación del acusado haya
inscrito una candidatura propia al cargo de elección popular de que se trate,
comoquiera que solo en estos eventos puede reprocharse la defraudación a la
41 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 730001-23-33-
000-2015-00806- 01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 29 de septiembre de 2016.
42 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-
000-2019-00088-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 20 de agosto de 2020.
43 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-
000-2015-00841-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016.
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lealtad partidista exigida al candidato sometido al medio de control de nulidad
electoral.
Sin embargo, no solo la inscripción da por acreditado este presupuesto, teniendo en
cuenta que, como ha sido admitido por la jurisprudencia reciente de esta Sala de
Sección, el desconocimiento de los apoyos expresos dados por un partido o un
movimiento político a una causa proselitista distinta de la suya, –aunque no exista
registro de una aspiración particular–, pueden llevar a cristalizar igualmente la
causal de inelegibilidad erigida en el artículo 2, inciso 2º, de la Ley 1475 de 2011.
Así, en sentencia de 24 de noviembre de 2016, M.P. Alberto Yepes Barreiro, la Sala
concluyó en relación con este aspecto
Como se explicó en el acápite 3.2 de esta providencia, lo que la modalidad de doble
militancia atribuida proscribe es el apoyo a un candidato diferente al inscrito o
apoyado por una determinada colectividad política, lo cual necesariamente
presupone que el partido o movimiento político bien haya inscrito un candidato propio
para determinado cargo de elección popular o en su defecto que haya decidido, de
forma expresa, apoyar a un candidato de otra organización política.44
Así, la materialización del elemento modal de la conducta proscrita pasa por la
demostración de la inscripción de candidatos pertenecientes a la estructura política
de la que hace parte el accionado o a la existencia de manifestaciones explícitas,
mediante las cuales su partido se compromete de lleno con la candidatura postulada
por un movimiento distinto, lo que obliga al demandado a respetar sus directrices,
sin que sus intereses puedan anteponerse a aquellos de la colectividad.
v. Elemento territorial
El examen construido por la Sección especializada en asuntos electorales del
Consejo de Estado permite advertir que el respaldo recriminado por el legislador
estatutario de 2011 puede producirse en el seno de una misma circunscripción
electoral –v. gr., la asistencia política prestada por un candidato al concejo a la
aspiración proselitista de un candidato a la alcaldía de la misma municipalidad–,
pero también en el escenario de circunscripciones territoriales diversas.
En palabras de esta Sala de Decisión:
Por último, la Sala estima que la circunstancia de que el apoyo haya sido brindado a
un candidato que aspiraba a la Cámara de Representantes por una circunscripción
territorial diferente, como era Bogotá, no incide en la configuración de la doble
militancia política.45
44 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-
000-2015-00841-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016.
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, radicado 11001-03-
28-000-2018-00032-00, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, sentencia de 31 de octubre de 2018.
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De esta manera, la parte actora deberá acreditar que, sin importar la coincidencia o
no de circunscripciones electorales, el acusado acompañó a través de actos
positivos y concretos las aspiraciones políticas de un candidato avalado por una
organización distinta de la suya, fomentando sus posibilidades de acceso a un cargo
de elección popular.
Decantados estos presupuestos y, previo a abordar el estudio del caso concreto,
esta judicatura hilvanará unas breves ideas que permitan absolver los
cuestionamientos probatorios elevados por las partes durante este trámite judicial.
En tales condiciones, el acervo probatorio resulta ser determinante para establecer
con certeza que durante el periodo señalado el demandado desplegó actos de
respaldo a un candidato inscrito por una organización política diferente a aquella
que lo avaló, pese a que esta colectividad también tenía aspirantes, inscritos o por
adhesión a la campaña, para el respectivo cargo o corporación.
Así mismo, tanto la Corte Constitucional46 como esta Sala47 han perfilado la doble
militancia, tratándose de candidatos inscritos en coalición. En este ámbito, teniendo
en cuenta que cada partido coaligado otorga avales individuales a sus candidatos,
se ha considerado, de acuerdo con la finalidad de la prohibición, que deben
favorecer, en primer término, a los que pertenecen a su misma colectividad y solo a
falta de estos, es posible respaldar a alguno de los inscritos por las demás
organizaciones que suscriben el acuerdo, siempre que su colectividad de base les
haya dejado en libertad para hacerlo.
En suma, la nulidad de una elección por cuenta de la causal de doble militancia por
apoyo a un candidato está condicionada a los presupuestos consagrados en la
norma e interpretados en sede judicial, atendiendo al propósito del legislador, al
efecto útil de la disposición que consagra la prohibición e integrando el principio de
capacidad electoral, que debe orientar al operador jurídico al resolver las
controversias de esta naturaleza.
2.6. Caso concreto
En el presente caso, los recursos de apelación conllevan el análisis de dos causales
de nulidad48 que, si bien tienen en común la vocación de viciar la legalidad del acto
de elección, son tópicos diferentes que amerita su estudio por separado, tal cual
como se hará en los apartes subsiguientes. En este punto, vale la pena precisar
46 Corte Constitucional, sentencias SU-213 de 2022 y T-263 de 2022.
47 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 1º de julio de 2021, radicado 11001-03-28-000-
2020-00018-00, MP. Rocío Araújo Oñate. Auto de 27 de octubre de 2022, radicado 11001-03-28-
000-2022-00271-00, MP. Rocío Araújo Oñate.
48 Numerales 5 y 8 del artículo 275 del CPACA.
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que, contrario a lo aducido por el demandado en sus alegatos de conclusión, la Sala
considera que los respectivos escritos de impugnación dan cuenta de una debida
carga argumentativa, pues allí se insiste en la tesis contraria a aquella que adoptó
el a quo en su sentencia; por consiguiente, es dable analizarla.
2.4.1 Análisis de la inhabilidad derivada de la incompatibilidad contemplada
en el artículo 38.7 de la Ley 617 de 2000 y la prevista en el artículo 95.5 de la
Ley 136 de 1994
En este aspecto, el recurrente insiste en la tesis que ha sostenido desde el inicio del
trámite judicial, la cual se fundamenta en que, al haber sido el demandado
personero del municipio de Cantagallo49, le eran aplicables las incompatibilidades
previstas para los alcaldes, según lo permite el artículo 175 de la Ley 136 de 1994.
Al amparo de esta remisión normativa, dice que el demandado incurrió en la
incompatibilidad de los mandatarios locales contemplada en el artículo 38.7 de la
Ley 617 de 2000 que, a la postre, derivó en una inhabilidad para aquel.
Al respecto, vale la pena llamar la atención en punto a que la Sala ya tuvo la
oportunidad de estudiar un caso de contornos fácticos y jurídicos similares al que
ahora es objeto de análisis, razón por la cual, se reiterará el análisis que en aquella
ocasión se adoptó frente al tema que aquí se discute50.
Sea lo primero traer a colación la literalidad del artículo 175 de la Ley 136 de 1994:
ARTÍCULO 175. Incompatibilidades. Además de las [in]compatibilidades y
prohibiciones previstas para los alcaldes en la presente Ley en lo que corresponda
a su investidura, los personeros no podrán:
a) Ejercer otro cargo público o privado diferente;
b) Ejercer su profesión, con excepción de la cátedra universitaria.
PARÁGRAFO. Las incompatibilidades de que trata este Artículo se entienden sin
perjuicio de las actuaciones que deba cumplir el personero por razón del ejercicio
de sus funciones. (Subrayas de la Sala)
De la disposición en comento se extrae que, además de los supuestos descritos en
los literales a) y b), fue voluntad del legislador extender a los personeros las
causales de incompatibilidad previstas para los alcaldes municipales. Aunado a lo
anterior, se observa que dicha remisión normativa debe entenderse en lo que resulta
aplicable al cargo en específico de personero.
49 Entre el 10 de enero de 2020 y el 27 de octubre de 2022.
50 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 19 de septiembre de 2024, MP Luis Alberto
Álvarez Parra, radicado 05001-23-33-000-2023-01242-01 (principal).
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Demandantes: Reinaldis Gil Alemán y otros
Demandado: Omar Devanis Esparragoza Ponce
Rad.: 13001-23-33-000-2023-00475-01 (ppal)
Frente a las incompatibilidades, esta Sala ha explicado que51:
Son aquellas prohibiciones que aplican a quienes han sido elegidos o nombrados, o
a quienes en el pasado lo fueron, y que, por mandato constitucional o legal, no
pueden incurrir en ciertas actuaciones mientras ejerzan el cargo para el cual fueron
electos, y en muchas oportunidades incluso cobijan un tiempo adicional.
En otro pronunciamiento, se dijo lo siguiente52:
Se trata de una limitación para desplegar una actividad por el hecho de ocupar un
cargo, circunstancia que no genera la nulidad del acto electoral, pues a diferencia
de las inhabilidades, que constituyen impedimentos para el ejercicio de un empleo,
las incompatibilidades son circunstancias que ocurren con posterioridad a la
elección, el nombramiento o la posesión.
No obstante, también se ha aceptado que algunas incompatibilidades se tornen en
inhabilidades, por lo que pueden ser analizadas en el marco de la nulidad electoral,
así53:
No obstante, la prohibición objeto de examen, consistente en no ocupar un empleo
público o privado durante los doce (12) meses posteriores al vencimiento del período
del cargo de personero, describe una conducta prohibitiva constitutiva de una
incompatibilidad a la luz del precepto antes mencionado, pero que se torna en
inhabilidad para asumir un nuevo empleo público, durante dicho lapso54 lo que
faculta su análisis dentro del medio de control de nulidad electoral bajo estas
consideraciones…
Ahora bien, la incompatibilidad invocada por el recurrente en el caso concreto es la
consagrada en el numeral 7 del artículo 38 de la Ley 617 de 2000 que señala:
ARTÍCULO 38.- Incompatibilidades de los alcaldes. Los alcaldes, así como los
que los reemplacen en el ejercicio del cargo no podrán:
(…)
51 Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 19 de septiembre de 2013, MP Alberto Yepes
Barreiro, radicado 11001032800020120005500.
52 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 4 de diciembre de 2014, MP Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez, radicado 11001-03- 28-000-2014-00006-00.
53 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 12 de agosto de 2021, MP Dr. Luis Alberto
Álvarez Parra, radicado 54001233300020200050602.
54 “Así las cosas, la prohibición dirigida al gobernador o a quien sea designado en su reemplazo –sin
importar el título–, de inscribirse como candidato a cualquier cargo o corporación de elección popular
dentro de los doce (12) meses siguientes al vencimiento del período para el cual fue elegido o
designado, pese a la impropiedad de los artículos 31 y 32 de la Ley 617 de 2000 que la reducen a
una causal de incompatibilidad, materialmente, constituye una inhabilidad genérica para acceder a
otros cargos o empleos públicos. En tal virtud, quien habiendo ejercido como gobernador, se inscriba
como candidato a cualquier cargo o corporación de elección popular, como es el caso de la Asamblea
Departamental, dentro de los doce (12) meses siguientes a la cesación de sus funciones, incurre en
causal de inhabilidad para ser elegido diputado.” (Corte Constitucional, Sentencia SU 625 de 2015).
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Demandantes: Reinaldis Gil Alemán y otros
Demandado: Omar Devanis Esparragoza Ponce
Rad.: 13001-23-33-000-2023-00475-01 (ppal)
7. Inscribirse como candidato a cualquier cargo de elección popular durante el
período para el cual fue elegido.
De la lectura de la norma se evidencia que se refiere a cargos de elección popular,
es decir, lo que limita es que alguien que ha sido elegido popularmente para una
determinada dignidad renuncie para aspirar a otra posición de la misma naturaleza
durante el período para el que fue elegido.
Al respecto, resulta del caso recordar que la Sección Quinta del Consejo de
Estado55, en la misma sentencia de unificación invocada por el recurrente, precisó
que si bien dicha incompatibilidad puede tornar en una inhabilidad tampoco resulta
aplicable a todos los casos, sino a aquellos cargos uninominales de elección popular
frente a los cuales los electores votan por un programa de gobierno (voto
programático) y, por ende, el elegido queda vinculado y comprometido a cumplir ese
mandato popular, sin que le sea posible «mientras dure el período para el cual fue
electo, [ ] buscar el favor del electorado para acceder a otros [cargos] de mayor
jerarquía en la estructura estatal».
En tales condiciones, es claro para la Sala que la incompatibilidad endilgada por el
recurrente, en este caso, no resulta aplicable a los personeros, por la sencilla razón
de que estos no son elegidos popularmente, ni por voto programático. Por lo tanto,
no hay lugar a hacer ningún estudio adicional en relación con aquella.
Al margen de lo anterior, en lo que tiene que ver con la inhabilidad consagrada en
el numeral 5 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 modificada por el artículo 37 de
la Ley 617 de 2000, se advierte que aquella es del siguiente tenor:
ARTÍCULO 37.- Inhabilidades para ser alcalde. El Artículo 95 de la Ley 136 de
1994, quedará así:
ARTÍCULO 95.- Inhabilidades para ser alcalde. No podrá ser inscrito como
candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital:
(…)
5. Haber desempeñado el cargo de contralor o personero del respectivo municipio
en un período de doce (12) meses antes de la fecha de la elección. (Se resalta
por la Sala).
En lo que interesa a este caso, de la norma que se aduce desconocida, se pueden
extraer los siguientes elementos que erigen la causal de inhabilidad, a saber:
1) Que quien aspire a ser alcalde municipal se haya desempeñado como
personero o contralor.
55 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente
11001032800020150005100. Providencia del 7 de junio de 2016. M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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2) Que el cargo se hubiere desempeñado dentro de los 12 meses anteriores
a la elección.
3) Que el empleo se haya desempeñado en el municipio donde resultó
elegido alcalde.
Además, para que se configure la inhabilidad se requiere que concurran todos los
elementos que la estructuran, de manera tal que si alguno hace falta aquella no
puede ser declarada probada.
En el caso concreto, está demostrado y nadie controvierte que el señor Omar
Devanis Esparragoza Ponce fungió como personero del municipio de Cantagallo
(Bolívar) entre el 21 de enero y el 27 de octubre de 2022, fecha en la que el concejo
de la referida municipalidad le aceptó su renuncia, mediante Resolución 502 de esta
última fecha56.
A su turno, está acreditado que el demandado inscribió su candidatura a la Alcaldía
de Cantagallo (Bolívar) el 25 de julio de 2023 y que el certamen para elegir al alcalde
de ese municipio tuvo lugar el 29 de octubre siguiente57.
En tales condiciones, es claro que el período inhabilitante trascurrió entre el 29 de
octubre de 2022 y el 29 de octubre de 2023, por lo tanto, como la renuncia del
demandado al cargo de personero se materializó el 27 de octubre de 2022, es
evidente que entre ese hecho y su elección como alcalde de Cantagallo (Bolívar)
transcurrieron más de 12 meses. En este orden, resulta evidente que no se
configura el elemento temporal de la inhabilidad, razón suficiente para no atender
favorablemente el argumento del recurrente.
Aunado a lo anterior, vale la pena reiterar que la aplicación e interpretación de las
inhabilidades es de carácter restrictivo, por lo que, si el legislador fijó con claridad
los extremos temporales en la norma aquí analizada, no le es dable al juez ni a las
partes aplicar o interpretar la disposición legal en forma diferente.
Por tanto, carece de todo fundamento el planteamiento del recurrente según el cual
la inhabilidad bajo estudio debe aplicarse 12 meses antes de la inscripción de la
candidatura al cargo de alcalde, por cuanto, se insiste en que la voluntad del
legislador fue que el período inhabilitante se contara 12 meses antes a la elección
y no a la inscripción.
56 Anotación 3 del sistema de gestión judicial SAMAI.
57 Idem.
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Conforme a lo anterior, la Sala encuentra que ninguno de los reparos esbozados
por el señor Reinaldis Gil Alemán en su escrito de apelación tiene vocación de
prosperidad, por lo que se impone confirmar la sentencia de primera instancia en
este aspecto de la litis.
2.4.2 La configuración de la doble militancia en la modalidad de apoyo
El señor Alexander Tolosa Moreno reiteró en su recurso que con las pruebas
allegadas se acreditó que el demandado, durante el lapso de la pasada campaña
electoral, apoyó a los señores Lizandro Godoy, Steven Antonio Arteaga Martínez y
Mary Johana Parrado Nova, candidatos por el partido Alianza Verde al Concejo
Municipal de Cantagallo pese a que su colectividad, el Partido Conservador,
inscribió lista propia a esa misma corporación pública. En efecto, el recurrente
aportó varias documentales que la sala analizará en los párrafos subsiguientes bajo
el mismo orden de fechas que este mismo trazó en su escrito.
Previo al análisis anunciado, se debe dejar por sentado los siguientes elementos
que estructuran de la doble militancia:
Elemento subjetivo: se acreditó la condición de candidato del demandado conforme
a los formularios E-6 y E-8 allegados al expediente. Asimismo, dicha calidad se
observa en los supuestamente apoyados en el formulario E-26 CON de Cantagallo
(Bolívar), inscritos por el Partido Alianza Verde.
Elemento modal: pese a la ausencia de los formularios E-6 y E-8, a través del E-26
CON se probó que el Partido Conservador Colombiano, colectividad a la que
pertenece el demandado, inscribió lista al Concejo de Cantagallo (Bolívar).
Visto lo anterior, se procede a analizar las conductas objeto de censura en aras de
determinar si se configura o no el elemento objetivo de la doble militancia:
• Publicación del 13 de agosto de 2023 (capturas de pantalla)
Captura 1
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Captura 2 Captura 3
Captura 4
Las anteriores imágenes, frente a las cuales no hubo debate en punto a que fueron
extraídas del perfil de Facebook del demandado, si bien dan cuenta de algunos
momentos en que se ve a al demandado junto a quienes se alega apoyó, de las
mismas no se puede derivar de manera cierta y clara actos de respaldo hacia los
entonces aspirantes. Tampoco es posible advertir de esas fotos distintivos propios
de la aspiración de los presuntamente apoyados, más allá del señalamiento que
hace el demandante.
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Aunado a lo anterior, no se puede advertir la conducta proscrita del texto que
acompaña la publicación de la captura 2, en la que tan solo manifiesta su
agradecimiento por el apoyo recibido y, además, no es posible distinguir a los
candidatos. Por último, si bien el demandante dice en la publicación «cada rostro en
estas fotos es parte esencial de este proceso trasformador…», de ello no podría
considerarse que se refería a los presuntamente apoyados, sino que más bien
aludió a todos los asistentes al evento, pues a espacio seguido expresó en forma
genérica su «agradecimiento a todos por su apoyo y compromiso».
En suma, la sola presencia del demandado con los aspirantes del Partido Verde no
denota su respaldo hacia estos últimos, pues, se recuerda, las expresiones de
apoyo en materia de doble militancia deben ser contundentes y libres de toda duda
en punto a la verdadera intención que transmita con un gesto o palabra.
• Publicación del 19 de septiembre de 2023 (capturas de pantalla)
Tal como lo advierte el recurrente, en la imagen publicada en el perfil de Facebook
del demandado, este último está acompañado de varias personas, entre estas, a su
derecha se encuentra el candidato del Partido Verde, Lizandro Godoy, a quien se le
identifica una vez cotejados sus rasgos físicos con la captura 4 vista en el acápite
anterior; no obstante, el solo hecho de que ambos aspirantes compartieran ese
espacio no conlleva a concluir que el señor Omar Esparragoza haya apoyado al
señor Godoy.
En cuanto a las expresiones que acompañan la publicación: «¡gran día en la vereda
Medio San Juan! “continuamos llegando a la zona rural de nuestro municipio con el
mensaje de esperanza y progreso. Fue un honor ser recibido con tanto agrado por
la comunidad», la Sala no observa palabra alguna que de cuenta de un apoyo
indebido en relación con el candidato en comento del Partido Alianza Verde.
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• Publicación del 20 de septiembre de 2023 (video58)
La sala analizó un video donde el entonces candidato del Partido Verde, Lizandro
Godoy, explica a la comunidad una de las funciones que tiene el concejo municipal
en colaboración con el alcalde. Según el recurrente, «a un costado del sitio al lado
izquierdo, se observa a Omar Esparragoza, con un polo blanco y una gorra de igual
color»; sin embargo, no podría decirse con absoluta certeza que se trata del
demandado.
Al margen de esto, aun si se tratare del accionado, se le ve en una actitud de mera
escucha ante el interlocutor sin mostrar conducta alguna que demuestre un apoyo
indebido; el sitio está ambientado con publicidad del accionado y algunas de las
personas que están allí utilizan distintivos de ambas campañas políticas. Más allá
de esta apreciación del video, no se observa conducta alguna que incursione en la
doble militancia.
• 22 de septiembre de 2023 (captura de imagen)
58Anotación 34 del expediente 2023-00475-01 ; archivo
«Anexos:39_MEMORIALESALD_TestigoDocumentalAzu_0_20250303162809092(.docx) NroActua
34». Ubicación: Carpetas 1300123330002024-00031-00 / Pruebas Demanda
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La imagen simplemente muestra una invitación que hace el demandado a los
«jóvenes de Cantagallo» a asistir a una reunión el 22 de septiembre, con el fin de
escuchar las propuestas de este grupo poblacional. Más allá de eso, no se observa
que esa publicación constituya un acto de apoyo a alguno de los aspirantes del
Partido Verde referenciados por el recurrente.
• 24 de septiembre de 2023 (video59)
En las anteriores capturas de pantalla extraídas del video en comento, publicado en
una red social del demandado, el recurrente destaca la presencia en ese evento de
los candidatos Lizandro Godoy –imagen ubicada en la izquierda– y Steven Arteaga
–imagen ubicada en la derecha–; resalta el hecho de que tomaron el micrófono, en
cuanto «que tuvieron participación en el evento de proselitismo político».
Desde luego, la Sala coincide en esa apreciación, pero más allá de eso no se
encuentra un acto de apoyo por parte del demandado hacia estos aspirantes del
Partido Verde. En este sentido, la sola participación de esos candidatos no
demuestra el respaldo que la ley proscribe y, por último, si bien las imágenes fueron
publicadas en el perfil de la red social del accionado, ese solo hecho no configura
un acto contundente de apoyo
2.5 Conclusión
Acorde con los razonamientos aquí planteados, se concluye que el demandado no
incurrió en la inhabilidad endilgada ni tampoco infringió las normas de la doble
59
WhatsApp Video 2023-12-07 at 3.19.38 PM.mp4
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militancia en la modalidad de apoyo, razón por la cual, se impone confirmar la
sentencia de 1º de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, que negó las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 1º de agosto de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones de la demanda
tendientes a obtener la nulidad del acto de elección de Omar Devanis Esparragoza
Ponce, como alcalde de Cantagallo (Bolívar) para el periodo constitucional 2024-
2027.
TERCERO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su
competencia.
CUARTO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede
recurso ordinario alguno.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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