Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 23001-23-33-000-2023-00174-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 23001-23-33-000-2023-00174-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 23001-23-33-000-2023-00174-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
21 de noviembre de 2024
Demandantes: Marlon Ariel Vélez Cardona y otro
Demandado: José Félix Martínez Bravo – alcalde de Moñitos (Córdoba)
Radicado: 23001-23-33-000-2023-00174-01 (Acumulado)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Barranquilla, D.E.I.P., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 23001-23-33-000-2023-00174-01 (Principal)
23001-23-33-000-2023-00173-00
23001-23-33-000-2023-00175-00
Demandantes: MARLON ARIEL VÉLEZ CARDONA Y OTRO
Demandado: JOSÉ FÉLIX MARTÍNEZ BRAVO – ALCALDE DE MOÑITOS
(CÓRDOBA) PERIODO 2024-2027
Tema: Inhabilidad por aparecer en el Boletín de Responsables Fiscales.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por los demandantes en
contra de la sentencia del 21 de agosto de 2024 del Tribunal Administrativo de
Córdoba, en la que negó la nulidad de la elección de José Félix Martínez Bravo como
alcalde de Moñitos (Córdoba), período 2024-2027.
I. ANTECEDENTES
1.1 Las demandas1
Los señores Marlon Ariel Vélez Cardona2 y Álvaro José Casseres Matoza3, en ejercicio
del medio de control de nulidad electoral, consagrado en el artículo 139 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitaron que se
declare la nulidad del acto de elección del señor José Félix Martínez Bravo como
alcalde de Moñitos (Córdoba), para el período 2024-2027.
Las pretensiones de las demandas fueron las siguientes:
1.1.1 Expediente 23001-23-33-000-2023-00175-00:
PRIMERO: Que se declare la nulo el acto administrativo de elección del señor José
Félix Martínez Bravo identificado con la cedula de ciudadanía No. 10.937.310, como
1 Anotación 3 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
2 Expedientes 23001-23-33-000-2023-00174-01 y 23001-23-33-000-2023-00173-00
3 Expediente 23001-23-33-000-2023-00175-00
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1
Demandantes: Marlon Ariel Vélez Cardona y otro
Demandado: José Félix Martínez Bravo – alcalde de Moñitos (Córdoba)
Radicado: 23001-23-33-000-2023-00174-01 (Acumulado)
alcalde del Municipio de Moñitos – Cordoba (sic), del 11 noviembre del 2023, contenido
en el formulario E-26 expedida por la Comisión Escrutadora Departamento para el
periodo comprendido 2024-2027, por haber vulnerado lo dispuesto en numeral 5 del
artículo 275 del CPACA, y por haber las Registradoras Municipales Ad Hoc actuar sin
competencia debido a que no se posesionaron.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, una ves (sic) en firme la decisión de
nulidad del acto de elección se cancele la respectiva credencial y se proceda decretar
nuevas elecciones por haber concurrido en una causal subjetiva en numeral 5 del
artículo 275 del CPACA, que no permitía inscribirse, ni hacerse elegir estando vigente
la inhabilidad, en concordancia en el numeral 3 del artículo 288 del CPACA.
1.1.2. Expedientes 23001-23-33-000-2023-00174-01 y 23001-23-33-000-2023-00173-
00:
1. Que se DECLARE, la nulidad del acto administrativo de elección del Municipio de
Moñitos, contenida en la Declaración de Elección, Acta De Escrutinio Formulario E 26
ALC – del Día 11 DE NOVIEMBRE DE 20123 EXPEDIDA POR LA COMISIÓN
ESCRUTADORA MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE MOÑITOS O COMISIÓN
ESCRUTADORA DEPARTAMENTAL DE CÓRDOBA, POR MEDIO DEL CUAL
DECLARA ELECTO, como ALCALDE del Municipio Moñitos-Córdoba, por el partido
CONSERVADOR COLOMBIANO, al Señor JOSÉ FÉLIX MARTÍNEZ BRAVO,
ciudadano colombiano, mayor de edad, identificado con cédula No. 10.937.310,
residente en Moñitos (Córdoba). Periodo constitucional 2024-2027. En Razón a que en
el Acto de Inscripción y en el Acto de Elección, el candidato por el partido Conservador
se encontraba inhabilitado para ejercer cargos públicos, incurriendo presuntamente en
lo tipificado en el Artículo 389A del Código Penal Colombiano. Así Mismo Que Se
Profiera La Correspondiente Cancelación De La ‘Credencial’ Que Lo Acredita Como
Alcalde Elegido En Las Elecciones Realizadas El 29 De Octubre De 2023.
2. Que se DECLARE, la nulidad de los actos administrativos, por medio de los cuales
el Consejo Nacional Electoral declaró la elección a Alcaldía del Municipio de Moñitos
(Córdoba) para el periodo 2024-2027, del candidato electo a la alcaldía, Señor JOSÉ
FÉLIX MARTÍNEZ BRAVO del partido político Conservador Colombiano, como consta
en las Actas de Escrutinio General y parcial cuyas copias adjunto.
3. Que se DECLARE, la nulidad de los actos administrativos de elección del Señor
JOSE (sic) FELIX (sic) MARTINEZ (sic) BRAVO, del partido político Conservador
Colombiano.
4. Que se DECLARE, la nulidad del acto Administrativo de elección a la Alcaldía de
Moñitos (Córdoba), para el periodo 2024-2027 del Señor JOSE (sic) FELIX (sic)
MARTINEZ (sic) BRAVO del partido político Conservador Colombiano, por encontrarse
inhabilitado PARA DESEMPEÑAR CARGOS PÚBLICO LEY 1952 DE 2019 ART. 42
PAR. 1RO.
5. Que se DECLARE, la nulidad del acto Administrativo de inscripción a la Alcaldía de
Moñitos (Córdoba), para el periodo 2024-2027 del Señor JOSE (sic) FELIX (sic)
MARTINEZ (sic) BRAVO del partido político Conservador Colombiano, por encontrarse
inhabilitado PARA DESEMPEÑAR CARGOS PÚBLICO LEY 1952 DE 2019 ART. 42
PAR. 1RO.
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Demandantes: Marlon Ariel Vélez Cardona y otro
Demandado: José Félix Martínez Bravo – alcalde de Moñitos (Córdoba)
Radicado: 23001-23-33-000-2023-00174-01 (Acumulado)
6. Que se SUPRIMA de la votación total del partido Conservador Colombiano los votos
que recibió el Señor JOSÉ FÉLIX MARTINEZ (sic) BRAVO, en las pasadas elecciones
del 29 de octubre de 2023, por encontrarse inmerso en inhabilidad.
7. Que como consecuencia de lo anterior, el cargo de Alcaldía de Moñitos del Señor,
JOSE (sic) FELIX (sic) MARTINEZ (sic) BRAVO del partido Conservador Colombiano,
deberá ser declarada suspendida según se solicita.
8. Que, como consecuencia de lo anterior, el cargo de ALCALDE del Municipio de
Moñitos, en representación JOSE (sic) FELIX (sic) MARTINEZ (sic) BRAVO del partido
Conservador Colombiano, debe ser ocupado por el Señor PEDRO RAMÓN TERRIS
MORELOS del Partido Liberal Colombiano, según VOTACIÓN obtenida.
9. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, el H. Tribunal oficie a la
Fiscalía General de la Nación por la presunta conducta punible ejecutada por el Señor
JOSE (sic) FELIX (sic) MARTINEZ (sic) BRAVO.
1.2 Hechos
Los fundamentos fácticos coinciden, por lo que se resumen en conjunto de la siguiente
manera:
Señalaron que José Félix Martínez Bravo resultó elegido alcalde del municipio de
Moñitos (Córdoba) en las elecciones del 29 de octubre de 2023 con el aval del Partido
Conservador Colombiano.
Adujeron que el señor Martínez Bravo estaba reportado en el Sistema de Información
del Boletín de Responsables Fiscales, razón por la cual se encontraba inhabilitado
para desempeñar cargos públicos.
Explicaron que la Contraloría General del Departamento de Córdoba profirió fallo con
responsabilidad fiscal en contra del demandado por $95.871.986 el 15 de febrero de
2023.
Indicaron que, según la certificación que expide la Contraloría Delegada para la
Responsabilidad Fiscal, una vez consultado el Sistema de información del Boletín de
responsables fiscales y el Sistema de registro de sanciones e inhabilidades de la
Procuraduría General de la Nación, el señor Martínez Bravo aparecía con una
anotación de inhabilidad especial del siguiente tenor: «ALCALDE con la observación
que presenta inhabilidades especiales aplicadas al cargo, además de inhabilidades
para contratar con el estado e inhabilidad para desempeñas cargos públicos desde 12
septiembre del 2023 hasta el 11 septiembre del 2028».
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Demandantes: Marlon Ariel Vélez Cardona y otro
Demandado: José Félix Martínez Bravo – alcalde de Moñitos (Córdoba)
Radicado: 23001-23-33-000-2023-00174-01 (Acumulado)
Agregaron que, además, hubo algunas irregularidades en el escrutinio de las
elecciones territoriales de 2023 en el municipio de Moñitos (Córdoba)4.
1.3 Concepto de la violación
Los demandantes consideraron que en el caso concreto se desconocieron los artículos
2, 6, 90, 103, 107, 122, 293 y 315 de la Constitución Política; 95 de la Ley 136 de 1994
modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000; 275 numeral 5 de la Ley 1437 de
2011; 10 y 28 de la Ley 1475 de 2011 y 42, parágrafo 1 de la Ley 1952 de 2019.
Reiteraron que José Félix Martínez Bravo fue declarado alcalde electo estando
inhabilitado al encontrarse incluido en el Boletín de Responsables Fiscales.
Indicaron que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 275 de la
Ley 1437 de 2011 está prohibido que se elijan candidatos que se hallen incursos en
causales de inhabilidad.
Adujeron que en el presente caso, la inhabilidad del demandado deriva del fallo con
responsabilidad fiscal de la Contraloría Departamental de Córdoba del15 de febrero
del 2023, a través del cual fue hallado responsable.
Insistieron en que para el 11 de noviembre de 2023, fecha en la cual se declaró su
elección, dicho fallo estaba en firme y ejecutoriado, razón por la cual no se podía
declarar al demandado como alcalde electo.
Explicaron que, una vez en firme la decisión, la Contraloría Territorial de Córdoba
informó a la Contraloría General de la República para que se incluyera al demandado
en el Boletín de Responsables Fiscales tal como lo certifica la Contraloría Delegada
para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo.
Señalaron que lo anterior, constituye razón suficiente para declarar la nulidad de su
elección como alcalde de Moñitos, período 2024-2027.
Solicitaron, además que se decretara la suspensión provisional de los efectos del acto
de elección demandado, con fundamento en los mismos argumentos fácticos y
jurídicos de las demandas5.
4 En atención a ello, a través de auto del 26 de enero de 2024 proferido dentro del radicado
23001233300020230017500 se inadmitió la demanda con el fin de que fueran excluidos lo hechos
referentes a causales objetivas. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 281 del
CPACA que prohíbe acumular en una misma demanda causales de tipo subjetivo y objetivo. La
demanda fue subsanada, por lo que finalmente fue admitida únicamente respecto de la casual subjetiva.
5 Fue resuelta negativamente a través de providencias del 25 de enero, y el 6 y 7 de febrero de 2024.
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Demandantes: Marlon Ariel Vélez Cardona y otro
Demandado: José Félix Martínez Bravo – alcalde de Moñitos (Córdoba)
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1.4 Contestación de la demanda
1.4.1 Demandado
Por conducto de apoderado judicial, el señor José Félix Martínez Bravo contestó la
demanda en los siguientes términos:
Precisó que el fallo con responsabilidad fiscal proferido en su contra quedó en firme el
12 de septiembre de 2023, razón por la cual no se encontraba inhabilitado para el
momento de la inscripción de su candidatura a la Alcaldía de Moñitos (Córdoba) el 28
de julio de 2023.
Aclaró que pagó la suma de dinero indicada en dicho fallo, razón por la cual la
inhabilidad invocada por los actores, cesó. De hecho, fue excluido del Boletín de
Responsables Fiscales antes de su posesión en el cargo, razón por la cual no había
impedimento alguno para asumir el cargo.
Recordó que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 1952 de 2019
la inhabilidad en comento cesa con el pago, tal como ocurrió en este caso y consta en
la Resolución 383 del 6 de diciembre de 2023 de la Contraloría Delegada para la
Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo a través de la cual se
le excluyó del referido boletín.
Puso de presente que las inhabilidades están sometidas a una interpretación
restrictiva, razón por la cual no es posible modificar su alcance o aplicación vía
interpretación.
Manifestó su oposición a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, solicitó
denegar su prosperidad.
1.4.2 Consejo Nacional Electoral
A través de apoderado, afirmó que el acto de elección demandado está amparado en
el principio de presunción de legalidad que regula el artículo 88 de la Ley 1437 de
2011.
Precisó que la inhabilidad citada corresponde a una causal subjetiva, esto es, aquella
referente a los requisitos, calidades, condiciones, y obligaciones de los candidatos,
siendo responsabilidad directa del candidato, y del partido que avaló su candidatura,
pronunciarse y demostrar que cumple dichas condiciones.
Explicó que la demanda versa sobre una causal de nulidad sustentada en hechos que
difieren de su competencia constitucional y legal y no refieren a actuaciones u
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omisiones por parte de la entidad; de modo que el medio de control de legalidad
compete a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través del medio de
control de nulidad electoral.
Formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva6.
1.4.3 Registraduría Nacional del Estado Civil
A través de apoderado, intervino en los procesos acumulados, en el sentido de solicitar
que se declare probada a su favor la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva.7
1.4.4 Terceros
Los señores Marlys Morelo Pacheco, Aden Manuel Moreno Hernández, Arcenio Díaz
Pérez y Jorge Armando Mesa Noriega8 manifestaron su intención de coadyuvar las
demandas presentadas en contra de la elección de José Félix Martínez Bravo como
alcalde de Moñitos (Córdoba) con base en los mismos argumentos expuestos por los
actores.
1.5 Actuaciones relevantes de primera instancia
Las demandas fueron admitidas a través de autos del 25 de enero, 6 y 7 de febrero de
2024, respectivamente. A través de dichas providencias también se negó el decreto de
las medidas cautelares solicitadas por los actores.
Los expedientes fueron acumulados mediante proveído del 2 de abril de 2024.
La audiencia inicial tuvo lugar el 26 de junio de 2024, en ella se fijó el litigio en los
siguientes términos:
Así las cosas, el Despacho establece que el OBJETO DE CONTROVERSIA en el
asunto que nos ocupa, se centra en determinar si hay lugar a declarar la nulidad del
acto de elección del señor José Félix Martínez Bravo como Alcalde del Municipio de
Moñitos – Córdoba para el periodo 2024-2027, contenido en el formulario E-26 ALC de
fecha 11 de noviembre de 2023, por encontrarse el demandado incurso en la causal
de inhabilidad contenida en el parágrafo 1 del artículo 42 de la Ley 1952 de 2019, que
daría lugar a configurarse la causal de anulación electoral contenida en el numeral 5
del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.
Lo anterior como quiera que, presuntamente el señor José Félix Martínez Bravo al
momento de la elección y posesión estaba inhabilitado en virtud de la declaratoria de
6 Fue declarada probada en la sentencia de primera instancia del 21 de agosto de 2024.
7 Fue declarada probada en la sentencia de primera instancia del 21 de agosto de 2024.
8 Quienes fueron tenidos como tales dentro del proceso a través de auto del 9 de abril de 2024.
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Demandantes: Marlon Ariel Vélez Cardona y otro
Demandado: José Félix Martínez Bravo – alcalde de Moñitos (Córdoba)
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responsabilidad fiscal impuesta por la Contraloría Departamental delegada para la
Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo.
De igual, manera se analizará si se configura la falta de legitimación en la causa
propuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil, y el Consejo Nacional
Electoral.
Asimismo, se decretaron las pruebas solicitadas por las partes. El 17 de julio siguiente,
tuvo lugar la audiencia de pruebas en la cual se practicó la prueba de interrogatorio de
parte del demandado.
1.6 La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Córdoba a través de sentencia del 21 de agosto de 2024
negó las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes argumentos:
Señaló que está acreditado que el señor José Félix Martínez Bravo fue inscrito por el
Partido Conservador Colombiano como candidato a la Alcaldía del municipio de
Moñitos (Córdoba) para el periodo 2024-2027 y, que mediante formulario E-26 del 11
de noviembre de 2023 fue declarado alcalde electo de dicha municipalidad.
Indicó que fue aportado al expediente certificado expedido por la Contraloría Delegada
para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo del 1° de
diciembre de 2023, en el que se hace constar que consultado el Sistema de
Información del Boletín de Responsables Fiscales “SIBOR” se encuentra un fallo de
fecha 15 de febrero de 2023, de responsabilidad en contra del señor José Félix
Martínez Bravo.
Agregó que también se aportó certificado de antecedentes, expedido el 1 de diciembre
de 2023, por la Procuraduría General de la Nación en el cual se hace constar que una
vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades
«SIRI», el señor José Félix Martínez Bravo registra inhabilidad especial para el cargo
de alcalde con la observación: «presenta inhabilidades especiales aplicadas al cargo,
e inhabilidades fiscales, específicamente inhabilidad para contratar con el Estado y
desempeñar cargos públicos Ley 1952 de 2019, artículo 42, parágrafo 1, con fecha de
inicio 12 de septiembre de 2023 y fecha de fin 11 de septiembre de 2028.»
Mencionó que, con la contestación de la demanda, el señor José Félix Martínez Bravo
aportó escrito dirigido y radicado ante la Contraloría General del Departamento de
Córdoba del 29 de noviembre de 2023, en donde puso de presente el pago efectuado
en la suma de $98.364.658. por concepto de la condena impuesta por dicha entidad el
15 de febrero de 2023 y que, por lo tanto, fue excluido del referido boletín.
Señaló que, si bien la Contraloría General de la República emitió fallo con
responsabilidad fiscal en contra del demandado el día 15 de febrero de 2023, el cual
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Demandantes: Marlon Ariel Vélez Cardona y otro
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quedó en firme el 12 de septiembre siguiente, este pagó el monto de la condena
($98.364.658.) el 29 de noviembre de 2023, razón por la cual, al tenor del parágrafo 1
del artículo 42 de la Ley 1952 de 2019, cesó la inhabilidad invocada por los
demandantes.
Afirmó que, la inhabilidad consagrada en el numeral 4 del artículo 42 de la Ley 1952
de 2019, es para el desempeño de funciones públicas, es decir, que no puede
posesionarse en un cargo de esa naturaleza quien cumpla el supuesto descrito en la
norma; pero aquella no constituye un impedimento para inscribirse como candidato,
así como tampoco ser electo.
Recordó que, las inhabilidades no pueden configurarse por interpretación de la norma,
sino, a partir de la taxatividad de la misma, es decir, del sentido gramatical, originario
y natural de aquella. Por lo tanto, si la inhabilidad alegada es para el desempeño de
funciones públicas, no puede extenderse a un nivel interpretativo que conduzca a
aplicarse respecto de la inscripción de candidatos o la elección de estos.
Arguyó que, al ser la inhabilidad bajo estudio un impedimento para desempeñar cargos
públicos, ha de concluirse que al iniciar el señor José Félix Martínez Bravo su periodo
constitucional como alcalde del municipio de Moñitos en enero de 2024, no se
encontraba inmerso en aquella, pues, esta había cesado el 29 de noviembre de 2023,
cuando pagó la condena, adicional a ello, con la terminación del proceso coactivo de
fecha 1 de diciembre de 2023, y su exclusión del SIBOR como responsable fiscal el 6
de diciembre de ese mismo año.
Concluyó que, en este caso, no se configuró la causal de nulidad electoral contenida
en el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, razón suficiente para negar
las pretensiones de la demanda.
1.7 Los recursos de apelación
1.7.1 Demandante Álvaro José Casseres Matoza:
Inconforme con esta decisión, el demandante interpuso recurso de apelación, con
fundamento en los siguientes argumentos:
Expuso que la sentencia que se impugna, tiene como fundamento la inhabilidad
consagrada en la Ley 1952 de 2019, bajo el título de otras inhabilidades, la cual se
refiere a una situación administrativa totalmente ajena a la que se planteó en la
demanda.
Explicó que el análisis del a quo parte de quien haya sido declarado responsable
fiscalmente será inhábil para el ejercicio de cargos públicos, inhabilidad que, según la
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ley, cesa cuando la contraloría competente declare haber recibido el pago o cuando lo
excluya del boletín de responsables fiscales.
Afirmó que lo pretendido por él es que se declare la nulidad del acto mediante el cual
se declaró a José Félix Martínez como alcalde electo de Moñitos, con base en lo
dispuesto en el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 que dispone que es
causal de nulidad electoral que se elija a candidatos que hallen incursos en causales
de inhabilidad.
Aclaró que no cuestionó el acto de inscripción ni de posesión del demandado sino el
de su elección, por cuanto fue elegido estando incurso en una casual de inhabilidad.
Reiteró que la inhabilidad está demostrada con las pruebas allegadas al proceso,
específicamente, el fallo con responsabilidad fiscal proferido en contra del demandado,
la certificación de inhabilidad de la Procuraduría General de la Nación, el certificado
de ser responsable fiscal expedido por la Contraloría Delegada para la
Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, y el Boletín de
Responsables Fiscales 115, publicado por la Contraloría General de la República.
Reafirmó que el demandado estaba inhabilitado al momento de la elección por cuanto
se encontraba incluido en el Boletín de Responsables Fiscales, razón suficiente para
revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, acceder a las pretensiones de
la demanda.
1.7.2 Demandante Marlon Ariel Vélez Cardona:
El demandante manifestó su inconformidad con la decisión de primera instancia, en
los siguientes términos:
Señaló que la elección de José Félix Martínez Bravo como alcalde del municipio de
Moñitos (Córdoba) el 29 de octubre de 2023 debe ser declarada nula debido a su
inhabilidad para participar en ese proceso electoral.
Indicó que el demandado, según los elementos fácticos y jurídicos presentados, se
encuentra incurso en una inhabilidad establecida en el numeral 1° del artículo 95 de la
Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000 en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 y el numeral 4 del artículo
42 de la Ley 1952 de 2019 y se hallaba en la misma situación para la fecha de su
elección.
Solicitó, en consecuencia, que se declare la nulidad de la elección y se adopten las
medidas necesarias para restaurar la integridad del proceso electoral y el
ordenamiento jurídico.
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Demandantes: Marlon Ariel Vélez Cardona y otro
Demandado: José Félix Martínez Bravo – alcalde de Moñitos (Córdoba)
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1.8 Actuaciones de segunda instancia
Mediante auto del 23 de septiembre de 20249 se admitieron los recursos de apelación
interpuestos por los demandantes en contra de la sentencia de primera instancia.
1.9 Alegatos de conclusión
1.9.1 Demandantes:
No alegaron de conclusión en esta instancia.
1.9.2 Demandado:
No presentó alegatos de conclusión en segunda instancia.
1.10 Concepto del Ministerio Público10
La procuradora séptima delegada ante esta corporación solicitó confirmar la sentencia
impugnada con base en los siguientes argumentos:
Señaló que está probado que el accionado para la fecha de la elección, 29 de octubre
de 2023, estaba inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales a cargo de la
Contraloría General de la República, al haber sido encontrado responsable fiscal por
el manejo inadecuado de recursos públicos.
Destacó que, no obstante, se allegó al proceso el comprobante de pago de la
obligación por responsabilidad fiscal a cargo de José Félix Martínez Bravo por valor de
$98.364.658, bajo el concepto de la sanción impuesta por la Contraloría Departamental
el 15 de febrero de 2023.
Manifestó que, desde el punto de vista fáctico es claro que para la fecha de la elección,
29 de octubre de 2023 y para la momento de la «protocolización», 11 de noviembre de
2023, el demandado se encontraba inhabilitado por la vigencia del fallo con
responsabilidad fiscal del 15 de febrero de 2023; no obstante, para el momento de
ingreso al ejercicio de las funciones públicas ya no pesaba en su contra impedimento
alguno, pues el 6 de diciembre de 2023 fue excluido del referido boletín.
Aclaró que, si bien es cierto que el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011
reseña a su tenor literal que los actos de elección o de nombramiento son nulos,
cuando «se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y
9 Anotación 5 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
10 Anotación 11 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
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Demandantes: Marlon Ariel Vélez Cardona y otro
Demandado: José Félix Martínez Bravo – alcalde de Moñitos (Córdoba)
Radicado: 23001-23-33-000-2023-00174-01 (Acumulado)
requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en
causales de inhabilidad»; también lo es que esa disposición no se puede aplicar de
manera pura y simple como lo pretenden los recurrentes, pues se debe tener
conocimiento del contenido de la causal, la regulación del criterio inhabilitante y el
alcance del presupuesto negativo que haga nugatoria la posibilidad de ser elegido y
de entrar a ocupar cargos públicos.
Adujo que se debe acompasar esta disposición normativa de carácter general con la
premisa de naturaleza especial que se aplica en relación con el cargo y la persona
elegida que se esté cuestionando. En otros términos, el artículo 275-5 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no se puede leer de
manera aislada o desierta, sino que debe complementarse con la regulación especial
y/o particular correspondiente que contempla la razón o causal de inhabilidad.
Consideró que la sentencia apelada debe ser confirmada toda vez que el demandado
pagó y terminó la obligación fiscal dictada en su contra, según los comprobantes
allegados al plenario, con lo que quedó facultado para entrar a ejercer funciones
públicas, pues, la causal de inhabilidad cesó bajo las condiciones y/o criterios del
parágrafo del artículo 42 del Código Disciplinario Único.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver los recursos
de apelación interpuestos por los demandantes contra la sentencia de 21 de agosto
de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, de conformidad con lo
establecido en los artículos 15011 y 152 numeral 7.a del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo12.
11 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 150.
Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. «El Consejo de
Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones
de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones
de autos susceptibles de este medio de impugnación…»
12 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 152.
Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. «Los tribunales administrativos
conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
(…)
7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:
(…)
a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados
de las asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes
municipales y distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos, de los
miembros de los consejos superiores de las universidades públicas de cualquier orden, y de miembros
de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales. Igualmente, de la nulidad de las
demás elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de jueces de paz y jueces de
reconsideración…»
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Demandantes: Marlon Ariel Vélez Cardona y otro
Demandado: José Félix Martínez Bravo – alcalde de Moñitos (Córdoba)
Radicado: 23001-23-33-000-2023-00174-01 (Acumulado)
2.2. Problema jurídico
En el marco de los argumentos expuestos en los recursos de apelación, corresponde
a esta Sección determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 21de agosto
de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que negó las
pretensiones de las demandas presentadas en contra de la elección del señor José
Félix Martínez Bravo como alcalde de Moñitos, período 2024-2027.
Para el efecto, se debe establecer si la elección del señor Martínez Bravo debe
anularse como consecuencia de la configuración de la inhabilidad consagrada en el
numeral 4 del artículo 42 de la Ley 1952 de 2019 en concordancia con lo dispuesto en
el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.
En concreto, se debe determinar el momento en el cual dicha inhabilidad se configura,
es decir, el elemento temporal de aquella.
Así, con el fin de resolver el litigio en esta instancia, la Sala desarrollará los siguientes
ejes temáticos: (i) el marco jurídico y jurisprudencial de la inhabilidad por ser declarado
responsable fiscal; (ii) la interpretación restrictiva de las inhabilidades y (iii) el caso
concreto.
2.3 La inhabilidad derivada de haber sido declarado fiscalmente responsable
Según se tiene, el artículo 42 de la Ley 1952 de 2019, por la cual se expide el Código
General Disciplinario, dispone:
Otras inhabilidades: También constituyen inhabilidades para desempeñar cargos
públicos, a partir de la ejecutoria del fallo las siguientes:
(…)
4. Haber sido declarado responsable fiscalmente.
Parágrafo 1. Quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el
ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los cinco (5) años
siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente. Esta inhabilidad cesará cuando la
Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente,
cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable del boletín de
responsables fiscales.
Si pasados cinco años desde la ejecutoria de la providencia, quien haya sido declarado
responsable fiscalmente no hubiere pagado la suma establecida en el fallo ni hubiere
sido excluido del boletín de responsables fiscales, continuará siendo inhábil por cinco
años si la cuantía, al momento de la declaración de responsabilidad fiscal, fuere
superior a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes; por dos años si la cuantía
fuere superior a 50 sin exceder de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes;
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por un año si la cuantía fuere superior a 10 salarios mínimos legales mensuales
vigentes sin exceder de 50, y por tres meses si la cuantía fuere igual o inferior a 10
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
De la lectura de la norma se extrae que no podrá desempeñar cargos públicos quien
haya sido declarado fiscalmente responsable mediante auto debidamente
ejecutoriado, sin embargo, dicha inhabilidad termina cuando se declare por la
autoridad competente que recibió el pago o que la persona haya sido excluida del
Boletín de Responsables Fiscales.
Así las cosas, pueden extraerse preliminarmente los siguientes elementos de la
inhabilidad:
Uno subjetivo: quien ha sido declarado fiscalmente responsable.
Uno objetivo: la existencia de un fallo con responsabilidad fiscal debidamente
ejecutoriado, de lo que se desprende que no basta con la mera existencia de un
proceso de esta naturaleza en curso.
Uno temporal: la inhabilidad opera desde la ejecutoria del fallo con responsabilidad
fiscal y cesa con: i) el pago de la condena o con la exclusión de la persona del Boletín
de Responsables Fiscales o ii) trascurridos 5 años siguientes a la ejecutoria del fallo
correspondiente.
2.4 De las inhabilidades y su interpretación restrictiva
Las inhabilidades están erigidas como especiales condiciones objetivas que pueden
recaer sobre una persona y que tienen como único fin que quienes accedan o estén
en la función pública, desempeñen su cargo bajo los criterios de igualdad, eficiencia,
moralidad e imparcialidad, garantizando de esta forma la prevalencia de los intereses
generales de la comunidad sobre los personales13.
En este sentido, las diferentes circunstancias que configuran una inhabilidad examinan
la órbita personal del aspirante o servidor en ejercicio, de manera que «auscultan en
los antecedentes personales, las relaciones familiares, el ejercicio profesional y las
actividades lucrativas del interesado»14.
Acorde con lo anterior, al constituir las inhabilidades una restricción al derecho de
acceso a cargos públicos, la Constitución Política de 1991 dispuso que el desarrollo
de su régimen jurídico tiene una cláusula de reserva legal, lo cual ha sido enfatizado
13 Sentencia C-564 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell. Ver también sentencias C-558 de 1994
M.P. Carlos Gaviria Díaz, Sentencia C-483 de 1998 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
14 OSORIO CALDERIN, Ana Carolina, Manual de Inhabilidades Electorales, 2ª Edición, Grupo Editorial
Ibáñez, 2014, p. 24.
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Demandantes: Marlon Ariel Vélez Cardona y otro
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por parte de esta Corporación, estableciéndose en diferentes oportunidades que el
único facultado para estructurar las circunstancias especiales que limitan el referido
derecho es el legislador.15
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta el principio de interpretación restrictiva que
rige en materia electoral, según el cual las inhabilidades e incompatibilidades no
pueden aplicarse de manera genérica por extensión ni analogía, toda vez que implican
la restricción de derechos fundamentales y políticos.
Sobre la materia, la Sección Quinta de manera reiterada ha sostenido 16:
Por lo anterior, la Sala considera que, en atención con las limitaciones a los derechos
políticos que se derivan de las inhabilidades e incompatibilidades, se ha establecido
que, respecto de su aplicación, es necesario observar los criterios de interpretación
restrictiva y no la analógica o extensiva.
Este criterio fue reiterado, en la sentencia del 11 de julio del 201917 y retomado, entre
otros, en los fallos de 22 de abril y 5 de agosto de 202118, al indicar que “[l]a Sección
Quinta ha sido constante en reiterar que en la medida en que las inhabilidades implican
la afectación del derecho fundamental a la participación política, en sus modalidades
de ser elegido y acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, la interpretación
de su alcance es restrictiva19”.
15 Sentencia Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 19 de septiembre de 2013, radicado Nº
110010328000201200051-00, 110010328000201200052-00 110010328000201200057-00 Acumulado.
CP. Alberto Yepes Barreiro Dte: Eduardo Carmelo Padilla Hernández y otros
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 30 de
septiembre de 2021. Expediente: 66001233300020200049903. M.P. Dra. Rocío Araújo Oñate.
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. M.P. Rocío Araújo Oñate.
Sentencia de 11 de julio de 2019. radicación número 54001-23-33-000-2018-00220-02.
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. M.P. Rocío Araújo Oñate.
Sentencia del 22 de abril de 2021. Radicación Número 15001-23-33-000-2020-00120-01 y Consejo de
Estado, Sección Quinta, sentencia del 5 de agosto de 2021. Rad. 70001-23-33-000-2020-00035-02,
M.P. Rocío Araújo Oñate.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 30 de mayo
de 2019, M.P: Carlos Enrique Moreno Rubio, Radicado No. 18001-23-33-000-2018-00194-01. Consejo
de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 14 de marzo de 2019, Radicación 11001 - 03-28-000-2018-
00603-00, M.P. Rocío Araújo Oñate. En cuanto a las condiciones que se deben verificar cuando una
persona pretenda el acceso a un cargo o empleo y su relación con las causales de inhabilidad, consultar:
Consejo De Estado, Sección Quinta, sentencia Del 29 de Septiembre de 2016, Rad. 11001-03-28-000-
2016-00001-00 (Acumulado), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. con respecto a la distinción
entre las calidades para acceder a un cargo y las causas de inhabilidad, consultar entre otras: Consejo
de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 11 de marzo de 1999, Radicado 1847, M.P. Mario Alario
Méndez. Acerca del otorgamiento del aval como requisito formal para la inscripción de candidatos,
consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 9 de diciembre de 2013, Radicación
11001-03-28-000-2013-00037-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro. En cuanto al principio democrático, Ver:
Corte Constitucional, Sentencia de 3 de marzo de 1994, Exp. C-089, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
acerca de la triple finalidad que cumple el requisito del aval, consultar entre otros: Consejo de Estado,
Sección Quinta, Sentencia del 11 de Julio de 2013, Rad. 60001-23-31-000-2012-00004-01, M.P. Alberto
Yepes Barreiro. En cuanto al otorgamiento del aval y el responsable de ello, consultar: Consejo de
Estado, Sección Quinta, Sentencia de 13 de Agosto de 2009, Radicación 11001-03-28-000-2006-00011-
00(3944-3957), M.P. Filemón Jiménez Ochoa.
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Demandantes: Marlon Ariel Vélez Cardona y otro
Demandado: José Félix Martínez Bravo – alcalde de Moñitos (Córdoba)
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Así, entendiendo el criterio de interpretación restrictiva como aquel que busca la
aplicación de la norma a casos concretos20, los jueces, al momento de determinar la
ocurrencia de una inhabilidad o incompatibilidad respecto de quien pretende ocupar un
cargo público, deben limitarse al alcance de los verbos rectores empleados por el
legislador “-por ejemplo, la gestión de negocios-, a las situaciones de orden jurídico que
la originan y su prueba plena -v. gr. el parentesco-, así como a los límites de orden
temporal -ejemplo, durante el año anterior a la elección-, espacial -v.gr. a la jurisdicción
donde se llevará a cabo la elección- y a las calidades respecto de quienes se
predican”21.
Esta línea de interpretación conlleva a que dichos condicionamientos se apliquen de
forma concreta a las situaciones o eventos que el constituyente y en su desarrollo el
legislador, según el caso, determinaron como circunstancias de inelegibilidad, sin que
para el efecto puedan considerarse otros distintos.
Así entonces, al momento de establecer la configuración de una inhabilidad, prima el
criterio interpretativo restrictivo, entendido en la forma como se señaló en precedencia
y, de ninguna manera, el estudio que emprenda el operador judicial puede conllevar
extensiones, analogías o interpretaciones amplias, que conlleven a la aplicación del
presupuesto normativo a situaciones diversas a las previstas por el constituyente y/o el
legislador, o a vaciar de contenido las mismas en detrimento de su eficacia.
Criterio de interpretación que se predica respecto de inhabilidades e incompatibilidades
y que busca entonces, aumentar la eficacia y vigencia de las garantías constitucionales
respecto de quienes aspiran a ocupar cargos públicos, pues solamente en los eventos
y bajo las condiciones que ellas consagran, es procedente predicar su configuración,
máxime si se tiene en cuenta que, en todo caso, el régimen de inhabilidades e
incompatibilidades ha sido concebido como un límite legítimo y válido a los derechos
políticos, conforme al cual, si se advierte la configuración de alguna causal, ello no
conlleva a que de allí se predique la vulneración de estas prerrogativas superiores, sino
que, por el contrario, evita el desconocimiento de los intereses superiores respecto de
quienes ocupan cargos públicos.
Así las cosas, es claro que no resulta conforme con el ordenamiento jurídico electoral
dejar abierta y general una limitación de acceso a cargos públicos.
2.5 Caso concreto
Como viene de explicarse, en este asunto los recurrentes pretenden que se revoque
la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se declare la nulidad del acto de
elección del señor José Félix Martínez Bravo como alcalde de Moñitos (Córdoba),
período 2024-2027, toda vez que, en su criterio, el demandado se encontraba
inhabilitado por estar reportado en el Boletín de Responsables Fiscales.
20 Criterio acogido por la sala plena de lo contencioso administrativo en: sentencia del 29 de enero del
2019. M.P. Rocío Araújo Oñate. radicación 11001-03-28-000-2018-00031-00(su).
21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. M.P.
Rocío Araújo Oñate.
Radicación número 15001-23-33-000-2020-00120-01, sentencia de 22 de abril de 2021.
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Demandantes: Marlon Ariel Vélez Cardona y otro
Demandado: José Félix Martínez Bravo – alcalde de Moñitos (Córdoba)
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En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Córdoba negó las pretensiones de
la demanda, bajo el argumento de que de la lectura del artículo 42 de la Ley 1952 de
2019, la inhabilidad derivada de haber sido declarado responsable fiscalmente para
ocupar cargos públicos se configura al momento de la posesión en el cargo público y
no antes, fecha para la cual el demandado, según está acreditado en el expediente ya
había pagado la condena fiscal por lo que, conforme el parágrafo de la misma norma
ya había cesado su inhabilidad.
Inconformes con la decisión, los demandantes la impugnaron bajo el argumento de
que estaba acreditado que el demandado estaba inhabilitado para la fecha en que fue
elegido alcalde y el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 consagra el
estar inhabilitado al momento de la elección como causal de nulidad electoral.
Al respecto, resulta del caso recordar que la competencia del juez de segunda
instancia se encuentra limitada a los argumentos expuestos en el recurso de apelación
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 320 y 328 del Código General del
Proceso22 aplicables por remisión de los artículos 296 y 306 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo tanto, la Sala
se pronunciará exclusivamente en relación con los reparos concretos formulados por
los recurrentes.
Según se tiene, en este caso está fuera de discusión que el señor José Félix Martínez
Bravo inscribió su candidatura a la Alcaldía de Moñitos el 28 de julio de 2023 con el
aval del Partido Conservador Colombiano; también, que fue encontrado fiscalmente
responsable mediante fallo del 15 de febrero de 2023 y se le condenó al pago de
$95.871.986; que esa decisión quedó en firme el 12 de septiembre de 2023 y que el
demandado pagó dicha suma de dinero el 29 de noviembre siguiente, por lo que el 3
de diciembre de 2023 fue excluido del Boletín de Responsables Fiscales.
22 ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por
el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión… (Se resalta).
ARTÍCULO 328 COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido
al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar
en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.
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Demandado: José Félix Martínez Bravo – alcalde de Moñitos (Córdoba)
Radicado: 23001-23-33-000-2023-00174-01 (Acumulado)
Además, que el demandado fue elegido alcalde del referido municipio en las
elecciones del 29 de octubre de 2023 por lo que tomó posesión del cargo el 1 de enero
de 2024.
Así las cosas, es claro que el señor Martínez Bravo fue declarado fiscalmente
responsable por lo que fue incluido en el Boletín de Responsables Fiscales de la
Contraloría General de la República; no obstante, también está demostrado que la
condena fue pagada razón por la cual fue excluido de aquel, antes de que tomara
posesión en el cargo en cuestión.
Pues bien, lo primero que debe resaltarse para resolver la controversia planteada en
esta instancia, es que la inhabilidad establecida en el numeral 4 del artículo 42 de la
Ley 1952 de 2019 está consagrada para el desempeño de cargos públicos, lo cual
se extrae sin mayor discusión de la lectura de la disposición e implica, en aplicación
del principio de taxatividad e interpretación restrictiva que rige la materia, que no puede
extenderse a otros escenarios como, por ejemplo, para los eventos de la inscripción
de candidaturas a ocuparlos o la elección propiamente dicha.
Al respecto, es claro que en el ordenamiento jurídico colombiano el desempeño propio
de un cargo de esta naturaleza surge a partir de la posesión y no antes, razón por la
cual, conforme con la disposición normativa bajo análisis, reitera la Sala Electoral del
Consejo de Estado que el elemento temporal de la inhabilidad bajo estudio está dado
desde la ejecutoria del fallo de responsabilidad hasta el pago y opera, únicamente para
el momento en que la persona incluida en el Boletín de Responsables Fiscales vaya a
posesionarse en el cargo de que se trate.
Adicionalmente, no puede dejarse de lado que la misma norma (artículo 42 de la Ley
1952 de 2019) en su parágrafo 1 establece que la inhabilidad puede cesar por una de
dos circunstancias: el pago de la condena o la exclusión del Boletín de Responsables
Fiscales.
Ahora bien, respecto de la aplicación del numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de
2011 debe partirse por el análisis de su contenido. Dicha disposición establece:
ARTÍCULO 275. CAUSALES DE ANULACIÓN ELECTORAL. Los actos de elección o
de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código
y, además, cuando:
(…)
5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos
constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de
inhabilidad.
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Radicado: 23001-23-33-000-2023-00174-01 (Acumulado)
Si bien, la norma establece como causal de nulidad electoral elegir a alguien que se
encuentre inhabilitado, lo cierto es que, tal como lo expuso la señora agente del
Ministerio Público, dicha disposición debe interpretarse de manera armónica con la
normativa que consagra la causal de inhabilidad de que se trate, porque en manera
alguna puede modificar la voluntad del legislador plasmada en el catálogo de
inhabilidades.
Al respecto, debe tenerse en cuenta que el legislador es libre de regular y establecer
los elementos de las inhabilidades que consagra en cada norma en particular, sin que
sea viable trasladar los supuestos propios de una hipótesis normativa a otra.
Entonces, si bien el legislador quiso que la inhabilidad consagrada en el numeral 4 del
artículo 42 de la Ley 1952 de 2019 operara para el ejercicio de un cargo público, es
decir, para el momento de la posesión, no puede ampliarse el ámbito de aplicación de
aquella para extenderla al momento de la elección.
En otras palabras, el hecho de que el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de
2011 hable de elección, ello no implica que haya cambiado el elemento temporal de la
casual bajo estudio.
Al respecto, esta Sala de Decisión ya ha dicho23:
En ese mismo sentido, el hecho de que el artículo 275 numeral 5 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establezca que «los
actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo
137 de este código y, además cuando: (…) 5. Se elijan candidatos o se nombren
personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de
elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad» no quiere decir que
haya lugar a modificar el entendimiento del artículo 42 de la Ley 1952 de 2019.
Lo anterior, por cuanto la causal de nulidad electoral en manera alguna indica que todas
las causales de inhabilidad deban entenderse configuradas al momento de la
inscripción de las candidaturas, por el contrario, aquella aplica según corresponda
cuando la respectiva casual se configure plena materialización de todos los elementos
exigidos por el legislador para el efecto.
Así las cosas, se insiste, debe interpretarse dicha disposición de manera armónica con
la normativa que consagre la inhabilidad en concreto, aplicarla en abstracto y de
manera genérica, implicaría desconocer el principio de interpretación restrictiva que
rige las inhabilidades e incluso, el de reserva legal que rige la temática.
Conforme a lo anterior, resultan plenamente vigentes y aplicables las consideraciones
efectuadas por esta Sección frente a la aplicación al ámbito electoral y la temporalidad
23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. 66001-23-33-000-2023-
00315-02 (Principal). Providencia del 10 de octubre de 2024. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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Demandantes: Marlon Ariel Vélez Cardona y otro
Demandado: José Félix Martínez Bravo – alcalde de Moñitos (Córdoba)
Radicado: 23001-23-33-000-2023-00174-01 (Acumulado)
de esta inhabilidad, otrora consagrada en el derogado numeral 4 del artículo 38 de la
Ley 734 de 2002 cuya redacción coincide casi plenamente con la del numeral 4 del
artículo 42 de la Ley 1952 de 2019, cuando dijo24:
El inicio de la norma arroja varias expresiones que evidencian el alcance de la misma,
“También”, alocución adverbial indicativa de agregación, adición, aumento con las
mismas características de los grupos, expresiones o vocablos que le anteceden y que
se mencionaron desde el inicio. Conforme a la definición del Diccionario de la RAE, se
concibe como “Adverbio usado para indicar igualdad, semejanza, conformidad o
relación de una cosa con otra ya nombrada”, por lo que es claro que entraba a engrosar
el gran abanico de imposibilidades en el desempeño de cargo público.
Por otra parte, la norma misma define el momento en que la inhabilidad tiene su génesis
“a partir de la ejecutoria del fallo”, no con la cautelar, no con el auto admisorio o con
el acto de apertura de investigación, sino con la decisión definitiva, la cual no solo debe
estar notificada sino ejecutoriada, lo que de suyo implica, el agotamiento de todos y
cada uno de los recursos de que es susceptible el referido fallo, con la claridad de ese
aparte del texto se zanja la discusión que se ha dado en otros ámbitos y en diversas
situaciones en cuanto en qué momento opera o se entiende inhabilitado el funcionario.
Muy particular resulta el numeral 4º y el parágrafo 1º que es la norma que agrupa a la
Sala en el caso sub lite, por cuanto armonizado con lo antes mencionado, el haber sido
declarado responsable fiscalmente, tiene como supuesto haberlo sido por fallo de
responsabilidad fiscal que se encuentre ejecutoriado, por lo que se recaba debe haber
superado todas las instancias y las actuaciones pos fallo en cuanto hace a los recursos
a que hubiera lugar.
La Sección Quinta considera que la inhabilidad del ejercicio de cargos públicos, que se
prevé en el artículo y numeral en cita, surge porque al funcionario le ha sido imputada
y probada responsabilidad fiscal, mediante fallo ejecutoriado, dado que el correr o paso
del tiempo (5 años prorrogable en caso de no pago), el pago o la exclusión del Boletín
respectivo es la forma de condonar o finiquitar la consecuencia que genera ser sujeto
de declaratoria de responsabilidad fiscal, lo primero, cuando el alcance fiscal es
monetario y lo segundo, cuando el pago de suma de dinero no es procedente.
Ahora bien, nótese que el plazo de la inhabilidad por responsabilidad fiscal es el de
cinco (5) años –ampliables según el inciso 2º del parágrafo 1º en caso de no pago- que
se cuentan al día siguiente a la ejecutoria del fallo, por lo que de la norma se evidencia
que esta inhabilidad tiene tres formas de desaparecer, a saber: una temporal, con el
paso del tiempo, como acontece con la gran mayoría de las circunstancias impeditivas
que el Constituyente o el legislador ha sometido a un límite temporal; otra,
precisamente y en atención a su característica de resarcitoria del erario por pago
total, cuando la Contraloría recibe el pago de la suma que corresponde al alcance
fiscal, sus intereses, gastos, etcétera, es decir, por pago absoluto, o finalmente, por
exclusión –en los casos en que el pago no es procedente- cuando la CGR suprima o
excluya a la persona del Boletín de Responsables Fiscales.
Por lo que se trata de las formas de terminar la inhabilidad, más no de dar surgimiento
o nacimiento a la misma, que como ya se vio, emerge con el fallo en firme o
ejecutoriado, en este caso, la declaratoria de responsabilidad fiscal.
24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente
11001032800020180012400. Providencia del 8 de agosto de 2019. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
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Demandantes: Marlon Ariel Vélez Cardona y otro
Demandado: José Félix Martínez Bravo – alcalde de Moñitos (Córdoba)
Radicado: 23001-23-33-000-2023-00174-01 (Acumulado)
En ese orden de ideas, la Sala ha reiterado la postura expuesta a la luz de lo dispuesto
en el artículo 42 de la Ley 1952 de 201925.
Entonces, teniendo en cuenta que las inhabilidades e incompatibilidades no pueden
interpretarse ni aplicarse de manera genérica por extensión ni analogía, toda vez que
implican la restricción de derechos fundamentales y políticos, no es dable al intérprete
ampliar ninguno de los elementos señalados por el legislador en materia de
inhabilidades, por lo tanto, se reafirma que, en este caso, la limitación está dada para
acceder al ejercicio del cargo público no para inscribirse como candidato o al momento
de la elección, como lo proponen los recurrentes, sino para el instante de la posesión,
es decir, para cuando efectivamente se accede al cargo público.
Así las cosas, encuentra la Sala acertada la lectura de la norma efectuada por parte
del a quo, por cuanto ha de entenderse que la exigencia de no haber sido condenado
fiscalmente opera para el momento de la posesión, que es el acto con el cual se accede
al ejercicio de los cargos públicos, y no, para el de la elección, como parecen
entenderlo los recurrentes.
Entonces, se advierte que, tal como se demostró en el trámite de la primera instancia,
mediante Resolución 383 del 6 de diciembre de 2023 la Contraloría General de la
República excluyó al demandado del Boletín de Responsables Fiscales, razón por la
cual es claro que en esa fecha cesó la inhabilidad endilgada, según lo establece el
parágrafo 1 del artículo 42 de la Ley 1952 de 2019 antes citado.
Así las cosas, es evidente que para el momento en que el demandado efectivamente
accedió al cargo público de alcalde ya no se encontraba inhabilitado.
Por lo tanto, como en este caso para la fecha en que el demandado se posesionó en
el cargo de alcalde no estaba inhabilitado, es claro que no se configura la causal de
nulidad electoral consagrada en el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.
Al margen de lo anterior se advierte que, aunque uno de los recurrentes sostuvo que
el demandado se encontraba incurso en la casual de inhabilidad consagrada en el
numeral 1° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la
Ley 617 de 200026; la argumentación que invocó fue la misma empleada en relación
25
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. 66001-23-33-000-2023-
00315-02 (Principal). Providencia del 10 de octubre de 2024. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
26
ARTÍCULO 37.- Inhabilidades para ser alcalde. El Artículo 95 de la Ley 136 de 1994, quedará así:
"ARTÍCULO 95.- Inhabilidades para ser alcalde. No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni
designado alcalde municipal o distrital:
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Demandantes: Marlon Ariel Vélez Cardona y otro
Demandado: José Félix Martínez Bravo – alcalde de Moñitos (Córdoba)
Radicado: 23001-23-33-000-2023-00174-01 (Acumulado)
con el numeral 4 del artículo 42 de la Ley 1952 de 2019, de hecho, invocó las normas
como si aquellas fueran concordantes, de lo que se extrae que el recurrente entiende
que las condenas a las que se refiere dicha norma incluye las de naturaleza fiscal.
Al respecto, debe precisarse que ello no es así, por cuanto la disposición en cita se
refiere únicamente a sentencias judiciales que hayan impuesto la pena de privación de
la libertad y a la pérdida de investidura, aspectos que no tienen relación con el caso
concreto y que tampoco fueron desarrollados en el escrito de apelación, razón por la
cual, no hay lugar a emitir pronunciamiento alguno sobre la materia.
En consecuencia, al no tener vocación de prosperidad ninguno de los argumentos de
los apelantes hay lugar a confirmar la sentencia del 21 de agosto de 2024 a través del
cual el Tribunal Administrativo de Córdoba negó las pretensiones de las demandas de
nulidad de la elección del señor José Félix Martínez Bravo como alcalde del municipio
de Moñitos (Córdoba), para el período 2024 – 2027.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 21 de agosto de 2024, mediante el cual el
Tribunal Administrativo de Córdoba negó las pretensiones de las demandas que
perseguían la declaratoria de la nulidad de la elección del señor José Félix Martínez
Bravo como alcalde de Moñitos (Córdoba) para el período 2024 – 2027.
SEGUNDO: Ejecutoriada este decisión, devuélvase el expediente al tribunal de origen.
TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede
recurso alguno.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
1. Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad,
excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la
vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se
encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas.
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Demandantes: Marlon Ariel Vélez Cardona y otro
Demandado: José Félix Martínez Bravo – alcalde de Moñitos (Córdoba)
Radicado: 23001-23-33-000-2023-00174-01 (Acumulado)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081 »
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