Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2020-00096-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Elección del representante de los exrectores ante el consejo superior: no hubo indebida participación de 2 ex rectores en el…
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2020-00096-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2020-00096-00
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate
8 de julio de 2021
NULIDAD ELECTORAL – Contra el acto de designación del representante de los ex rectores de la Universidad Militar Nueva Granada ante el Consejo Superior Universitario / MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO - De la calidad de ex rector para ser elegido representante de los ex rectores / ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS EXRECTORES ANTE EL CONSEJO SUPERIOR – Las normas relativas a la calidad del representante de los ex rectores de la Universidad, no distinguen que el cargo de rector se haya desempeñado en propiedad o encargo / PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN JURÍDICA - Aplicación
Reprochó el accionante, que el demandado no cumple el requisito para ser rector, (…) porque en su condición de coronel desempeñó en encargo la dignidad, de manera tal que nunca la ostentó en propiedad y por consiguiente, no podía ser elegido representante de los ex rectores ante el Consejo Superior Universitario. (…). Sobre la trayectoria del demandado en la Universidad Militar Nueva Granada, de los documentos aportados al presente trámite (…), se subrayó que fue encargado varias veces de la Rectoría de la Universidad. (…). Por lo tanto, en aplicación del principio de interpretación jurídica, según el cual donde no distingue la ley no le corresponde distinguir al interprete, si las normas relativas a las calidades del representante de los ex rectores de la Universidad, no exigen que el cargo de rector se haya desempeñado como titular, ni prohíben que la representación de tal sector en el Consejo Superior sea ejercida por una persona que ocupó en encargo dicho empleo, (I) no es de recibo que el actor sostenga que el ordenamiento jurídico estableció como condición que la mencionada dignidad haya sido ejercida en propiedad, (II) ni que se califique de ilegal la designación del señor Augusto Pradilla Giraldo objeto del presente proceso, porque fue encargado de la representación legal de la institución educativa. Añádase a lo expuesto, que la elección controvertida es la del demandado como representante de los ex rectores en el Consejo Superior Universitario, para la cual se insiste, en cuanto a las calidades sólo se exigen ser ex rector y no estar en alguna de las inhabilidades para ocupar un asiento en el referido cuerpo colegiado, más no es materia de análisis, la validez de los actos administrativos mediante los cuales se designó al señor Augusto Pradilla Giraldo como rector, puesto que no corresponde establecer si podía o no ser encargado de tal dignidad aunque no ostentara el grado “Oficial General o de Insignia de las Fuerzas Militares de Colombia”, que exige el artículo 28 de los estatutos. En ese orden de ideas, como la condición de ex rector del demandado tiene como sustento actos administrativos que gozan de presunción de legalidad, entre los que se destaca el Acuerdo 009 del 6 de agosto de 1998 del Consejo Superior Universitario, del cual se infiere que en anterior oportunidad fue designado para ser rector de la institución educativa ante la vacancia definitiva que en su momento se presentó de dicho empleo, en criterio de la Sala, el [demandado] (…) cumplió con la calidad exigida por la normatividad especial para representar en el mencionado cuerpo colegiado a quienes fueron rectores de la Universidad.
NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a la aplicación del principio de interpretación jurídica, según el cual donde no distingue la ley no le corresponde distinguir al intérprete, consultar: Corte Constitucional, sentencia C-317 del 3 de mayo de 2012, M.P. María Victoria Calle Correa.
ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS EXRECTORES ANTE EL CONSEJO SUPERIOR – No hubo indebida participación de 2 ex rectores en el trámite de expedición del acto acusado
Otro de los motivos de inconformidad es el atinente a la indebida participación de los señores Augusto Pradilla Giraldo y Jesús Armando Arias Cabrales en el trámite de expedición del acto acusado, el primero, porque no fue rector en propiedad de la Universidad, y el segundo, porque está inhabilitado al haber sido condenado penalmente, razones que se invocaron en el libelo genitor para predicar que no podían votar para la elección del representante de los ex rectores ante el Consejo Superior Universitario. En cuanto a la situación del señor Pradilla Giraldo, se reiteran las consideraciones expuestas en el anterior acápite, consistentes en que ostentó la condición de rector, y que las normas atinentes a la elección del representante de los ex rectores ante el Consejo Superior Universitario, no distinguen que el cargo de rector se haya desempeñado en propiedad o encargo, condición que tampoco contempla la regulación atinente al procedimiento para la designación de dicho representante, que simplemente indica que para ésta participarán los ex rectores (art. 32 del Acuerdo 03 del 30 de marzo de 2016). (…). Respecto del señor Jesús Armando Arias Cabrales, la parte demandante aportó como fundamento de la presunta inhabilidad en que se encontraba para votar por el representante de los ex rectores ante el Consejo Superior Universitario, una copia de la sentencia del 23 de septiembre de 2019 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que resolvió no casar el fallo del 24 de octubre de 2014 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que confirmó la condena de 35 años de prisión y 20 de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas, impuesta al señalado ciudadano mediante providencia del 28 de abril de 2011 por el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, por la comisión del delito de desaparición forzada, que tuvo lugar con ocasión de la toma del Palacio de Justicia en el mes de noviembre de 1985. (…). En este punto resulta indispensable aclarar, que la participación del señor Arias Cabrales se limitó a indicar a su juicio quién debía representar a los ex rectores en el Consejo Superior de la Universidad Militar Nueva Granada, sin que se observe que tal manifestación la haya realizado en virtud de una vinculación laboral o contractual con el Estado de la que pudiera predicarse que su intervención constituyó el ejercicio de una función pública. (…). Se trató simplemente del derecho al voto, debido a que hace varios años fue rector de una institución educativa, y como tal está legitimado para participar en la elección del ex rector que debe ocupar un lugar en el órgano colegiado de mayor jerarquía, siendo este último junto con otras personas legalmente investidas como integrantes del Consejo Superior, quienes adopten decisiones que pueden constituir función pública, que en modo alguno pueden atribuírsele al señor Arias Cabrales, que participó en un estadio anterior, circunscribiendo su proceder al ejercicio del derecho a elegir que le es reconocido por el ordenamiento jurídico dada la condición que ostentó, más no en consideración a facultades o calidades actuales de las cuales pudiere aseverarse que ejecutó actividades encaminadas a cumplir los fines del Estado, por lo que resultaría incorrecto sostener que por el hecho de votar haya ejercido una función pública en contravención de la condena decretada. Ahora bien, también es cierto que la pena no privativa de la libertad impuesta al señor Jesús Armando Arias Cabrales, como se desprende del artículo 44 de Código Penal, también implica restricción a sus derechos políticos, entre los que se encuentra el de elegir.
Frente a esta circunstancia, el Consejo Superior Universitario destacó que el señor Jesús Armando Arias Cabrales fue aceptado en la Jurisdicción Especial para la Paz mediante la Resolución N° 1571 del 15 de mayo de 2020 de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que en el mismo acto le concedió libertad transitoria, condicionada y anticipada, por lo que desde ese momento y de conformidad con el artículo 2° del Acto Legislativo 01 de 2017, podía hacer parte del trámite de expedición de la designación cuestionada. (…). De la norma transcrita [parágrafo al artículo 122 de la Constitución Política] se destacan los apartes según los cuales, a los miembros de la fuerza pública que se sometan a la Jurisdicción Especial Para la Paz, se les otorgará el beneficio de ser empleados públicos, trabajadores oficiales o contratistas del Estado, cuando no estén efectivamente privados de su libertad, aunque (I) no puede reincorporarse al servicio activo de conformidad con la Ley 1820 de 2016 (parágrafo 2° del artículo 51), (II) ni hacer parte de organismos de seguridad, defensa del Estado, Rama Judicial u órganos de control, cuando fueron sancionados por graves violaciones a los derechos humanos o graves infracciones al derecho internacional humanitario. (…). Precisamente, fue la decisión proferida dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, la que le permitió gozando de su libertad, intervenir en el trámite de designación del representante de los ex rectores ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Militar Nueva Granada, actuación que valga la pena destacar, no se evidencia contraria a las restricciones que estableció el parágrafo del artículo 122 de la Constitución Política, respecto la relación que pueden tener con entidades estatales, los miembros de la fuerza pública condenados por la comisión de delitos relacionados con el conflicto armado interno. Lo anterior, porque la Universidad Militar Nueva Granada, según lo establece el artículo 1 de la Ley 805 de 2003, es un ente universitario autónomo vinculado al Ministerio de Educación Nacional, de manera tal que la relación que tiene el señor Jesús Armando Arias Cabrales como ex rector con la institución educativa y que le permitió participar en la designación de un integrante del Consejo Superior Universitario, en manera alguna significó que volvió a pertenecer a un organismo de seguridad o de defensa del Estado. Es más, la participación del señor Jesús Armando Arias Cabrales en el trámite electoral, que se subraya, simplemente se hizo en su condición de ex rector, tampoco representó que contractual o laboralmente retornara a la institución educativa (lo que prima facie sería viable en el marco del artículo 122 Superior) y mucho menos, que se reincorporara al servicio activo en el Ejército Nacional. (…). Es más, se advierte que la parte actora para sustentar la presunta inhabilidad del señor Arias Cabrales para participar en el trámite electoral, hizo referencia al artículo 13 del del reglamento del Consejo Superior Universitario, esto es, del Acuerdo 03 del 30 de marzo de 2016, que como lo señaló el Ministerio Público en su intervención, resulta impertinente, pues se ocupa de consagrar algunas inhabilidades para los miembros del anterior cuerpo colegiado, es decir, para quienes ocupan un asiento en el mismo, más no respecto de quienes eligen a éstos. En este caso, el señor Jesús Armando Arias Cabrales no fue elegido representante de los ex rectores en el Consejo Superior Universitario, cuestión distinta es que participó en el trámite de designación de éste, razón por la cual el artículo 13 ibidem que no está dirigido a regular las situaciones de inhabilidad de quienes eligen a dicho representante, no constituye una norma aplicable a la situación del anterior ciudadano, por lo que tampoco hay lugar a considerar que fue desconocido.
En conclusión, se descartan las razones expuestas por el demandante para reprochar la intervención de los señores Augusto Pradilla Giraldo y Jesús Armando Arias Cabrales en el trámite de expedición del acto acusado, por el contrario, se advierte que como ex rectores estaban facultados para tal fin, sin que se advierta sobre el particular alguna situación de inhabilidad.
NOTA DE RELATORÍA: De la participación en la elección del representante de los ex rectores en el Consejo Superior de la Universidad Militar Nueva Granada, sin que se observe que tal manifestación la haya realizado en virtud de una vinculación laboral o contractual con el Estado de la que pudiera predicarse que su intervención constituyó el ejercicio de una función pública, esto es, como parte de una “actividad desplegada por un órgano del Estado, encaminada a cumplir con sus atribuciones o fines, (…) que se ejerce, por regla general, a través, de los servidores públicos”, consultar: Consejo de Estado, sentencia de 29 de septiembre de 2009, M.P. Victor Hernando Alvarado Ardila, Rad.: 25000-23-15-000-2006-02002-01. En el mismo sentido ver: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 10 de marzo de 2011, M.P. María Claudia Rojas Lasso, Rad. 52001-23-31-000-2005-00908-01(AP); Corte Constitucional sentencia C-563 del 7 de octubre de 1998. M.P. Antonio Barrera Carbonell y Carlos Gaviria Diaz. Sobre la posibilidad de que quienes se sometan a la JEP, puedan ejercer los cargos de empleado público, trabajador oficial o contratista del Estado, consultar: Corte Constitucional, sentencia T-467 del 3 de noviembre de 2020, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Sobre la suspensión de las inhabilidades derivadas de las condenas por delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, consultar: Corte Constitucional, sentencia C-080 del 15 de agosto de 2018, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS EXRECTORES ANTE EL CONSEJO SUPERIOR – Presunta expedición irregular porque la votación se hizo mediante mensajes por correos electrónicos / ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS EXRECTORES ANTE EL CONSEJO SUPERIOR – Pese a que no se realizó la reunión para que los exrectores votaran tal circunstancia no resulta suficiente para anular la designación cuestionada
Otro de los motivos de inconformidad consiste, en que según el artículo 32 del Acuerdo 03 de 2016, para la elección del representante de los exrectores ante el Consejo Superior Universitario se requiere celebrar una reunión, que no se llevó a cabo presencial o virtualmente, porque en su lugar se requirió el voto de aquéllos a través de correos electrónicos y simplemente se hizo una sesión para escrutar los sufragios, situación que la parte demandante consideró una irregularidad que afecta la validez de la designación cuestionada. (…). Como puede apreciarse, la norma transcrita [artículo 32 del Acuerdo 03 de 2016] es clara en establecer que la mencionada elección [de representante de los ex rectores en el Consejo Superior Universitario] debe efectuarse en una reunión con la participación de los ex rectores, que tienen hasta dos sesiones para materializar la designación, de lo contrario estará a cargo del Consejo Superior Universitario, a partir del listado de ex rectores elegibles, presentado por el secretario del cuerpo colegiado. En contraste con los anteriores parámetros, se advierte a partir de las pruebas aportadas al proceso, que la reunión que se realizó para la elección del representante de los ex rectores ante el Consejo Superior, no tuvo como fin que éstos votaran, sino que se contabilizaran los sufragios enviados mediante correos electrónicos. (…). [S]e tiene que en el inicio del trámite eleccionario y con ocasión de la situación sanitaria por la pandemia por Covid-19, se descartó la alternativa de celebrar una reunión presencial para la elección de los representantes de los ex rectores ante el Consejo Superior. Asimismo, se evidencia según el acta que contiene la elección acusada, que se planteó la alternativa de una sesión virtual, pero la misma fue descartada porque 2 ex rectores manifestaron no manejar las herramientas tecnológicas para participar a través de dicha modalidad, por lo que, por directriz del presidente del señalado órgano colegiado, se estableció que los ex rectores votarían mediante correo electrónico, como en efecto ocurrió. (…). [S]e evidencia, que la actuación de la institución educativa ante la situación sanitaria por la pandemia por Covid-19 no fue clara, porque en primer lugar se descartó la realización de una sesión presencial con la participación de los ex rectores para elegir a su representante, pero finalmente se les invitó a las instalaciones de la universidad para que contabilizaran los votos. Se destaca esta circunstancia, porque tal forma de proceder revela que no existió coherencia en la directriz atinente a la celebración o no de reuniones presenciales con participación de los ex rectores, para el trámite de elección de su representante ante el Consejo Superior Universitario. (…). [C]omoquiera que el anterior precepto [artículo 32 del Acuerdo 03 de 2016] no impone que la celebración de la reunión de los ex rectores para elegir a su representante debe llevarse a cabo de manera presencial, considera la Sala que deja abierta la posibilidad de celebrarla de forma virtual, alternativa que se descartó bajo una razón insuficiente, consistente en que dos de los ex rectores manifestaron no manejar las herramientas tecnológicas para tal fin, aunque dicha situación no se advierte insuperable. (…). A partir de las consideraciones expuestas salta a la vista, que al no celebrarse la reunión de que trata el artículo 32 del reglamento del Consejo Superior Universitario, se incurrió en una irregularidad en el proceso eleccionario, pues se pasó por alto una de las exigencias de que trata el anterior precepto. (…).. Desde este punto de vista, debe tenerse presente que el fin esencial de la reunión de que trata el artículo 32 del Acuerdo 03 de 2016, es que los ex rectores voten para elegir a su representante ante el Consejo Superior, que lleguen a una decisión mayoritaria sobre el particular, para lo cual tienen hasta 2 sesiones, so pena de que la designación la realice el anterior cuerpo colegiado.
A juicio de la Sala tal finalidad se cumplió. (…). Por consiguiente, está acreditado que la mayoría de los ex rectores que fueron involucrados al trámite eleccionario, expresaron su deseo de ser representados por el señor Augusto Pradilla Giraldo, motivo por el cual la finalidad que persigue el artículo 32 ibidem se cumplió, sin desconocer desde luego, que no se atendió la exigencia de la reunión que se previó para tal efecto. (…). En relación con la situación antedicha se itera, el demandante no explicó de qué manera la referida irregularidad afectó el resultado de la elección, ni aportó elementos de juicio a partir de los cuales razonablemente pudiera sostenerse que de haberse llevado a cabo la reunión de manera presencial o virtual, se habría llegado a una decisión distinta a la controvertida en esta oportunidad. Por el contrario, a partir de las pruebas aportadas se tiene, que si bien es cierto la mentada reunión no se celebró, los electores tuvieron la oportunidad de manifestar la opción de su preferencia, constatar el sentido de los votos y por ende, que quien los represente en el Consejo Superior sea la persona que mayor respaldo obtuvo. En conclusión, pese a que en el proceso de objeto de análisis no se celebró una reunión para que los ex rectores votaran por su representante ante el anterior órgano colegiado, debido a la forma en que se llevó a cabo el trámite electoral, tal circunstancia no resulta suficiente para anular la designación cuestionada.
NOTA DE RELATORÍA: En cuanto al principio de la eficacia del voto, conforme al cual, el acto electoral solamente puede ser anulado si se demuestra que dichas irregularidades tienen la incidencia de modificar el resultado de la contienda electoral, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 16 de marzo de 2017, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 54001-23-33-000-2016-00002-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de, 15 de diciembre de 2016, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 13001-23-33-000-2016-00106-01. Sobre las irregularidades y que debe evaluarse si transcendieron al resultado de la designación y/o implicaron el desconocimiento de presupuestos indispensables para predicar su legalidad, porque en caso contrario, en aplicación del principio de la eficacia del voto, no habría razón suficiente para excluir el nombramiento o elección del ordenamiento jurídico, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 18 de diciembre de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-28-000-2019-00036-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 1 de julio de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad.13001-23-33-000-2019-00264-03.
INTERVENCIÓN DE TERCEROS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – La participación de personas distintas a los ex rectores en el trámite electoral no está prohibida dentro del trámite de elección
De otra parte, reprocha el accionante que en el trámite de la elección, concretamente en la sesión del 10 de noviembre de 2020, en la que se verificaron los votos efectuados, asistiera el secretario del Consejo Superior Universitario, la representante de las directivas académicas, la representante de los egresados, la representante de los estudiantes, la jefe de la Oficina Asesora Jurídica y la jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión, aunque la normatividad pertinente no contemplan la participación de tales sujetos, o que deban cumplir alguna labor de supervisión y/o control. (…). [L]e asiste razón al actor al considerar, que el artículo 32 del Acuerdo 03 de 2016, que contempla el trámite de elección del representante de los ex rectores, no prevé la intervención de los representantes de las directivas académicas, de los egresados, de los estudiantes, o de los jefes de las oficinas Asesora Jurídica y de Control Interno, por lo que prima facie su participación no era necesaria o indispensable para la adopción de una decisión, que en primera instancia le corresponde a los ex rectores y subsidiariamente al Consejo Superior Universitario. No obstante lo anterior, la anterior disposición tampoco prohíbe que en el trámite respectivo se pueda contar con la intervención de personas distintas a los ex rectores de la institución educativa, verbigracia, los integrantes de algunos de los órganos y dependencias de apoyo, asesoramiento y control de la institución educativa, o los pertenecientes a la dirección institucional y académica de la Universidad, los cuales hacen parte de la estructura de ésta según el artículo 17 de los estatutos, y que eventualmente podrían facilitar que los ex rectores o el Consejo Superior, según el caso, adopten la decisión definitiva. Por lo tanto, aunque cierto es que la intervención de la mayoría de los sujetos identificados por la parte accionante no está contemplada en las normas que rigen el trámite electoral objeto de estudio, también lo es que la normatividad universitaria no proscribe que para la elección del representante de los ex rectores se cuente con el apoyo, acompañamiento y/o asesoría de otros integrantes de la institución educativa, que desde luego, deben respetar la competencia de los facultados para ejercer el derecho al voto. (…). Especial consideración merece la participación del secretario general del Consejo Superior Universitario, porque a diferencia de lo que indicó el demandante, sí está contemplada en el artículo 32 del Acuerdo 03 de 2016. (…). A juicio de la Sala, que la normatividad pertinente [artículo 32 del Acuerdo 03 de 2016] le haya asignado al secretario del Consejo Superior las anteriores facultades, justificó su intervención en el trámite electoral, en aras de facilitar que los ex rectores eligieran a su representante, en especial, dadas las dificultades que se presentaron con ocasión de la pandemia por Covid-19. En ese sentido también se observa, que aunque la parte accionante califica la intervención del secretario como una “intromisión indebida, una usurpación, una simulación”, no se advierte de las pruebas aportadas, que su participación haya significado el desconocimiento del sentido de los votos de los ex rectores, de la voluntad mayoritaria y/o de la competencia que les fue atribuida para ser quienes adoptaban la decisión correspondiente. (…). Por el contrario, las pruebas aportadas dan cuenta que la intervención del secretario tuvo como fin propiciar la participación de los ex rectores para que eligieran a su representante, dar fe de la voluntad de los mismos y respetar la decisión mayoritaria, que en esencia corresponden a los intereses que buscan garantizar las normas relativas a la aludida elección.
No desconoce la Sala que el principal reproche que hizo el demandante a la intervención del secretario está relacionada con el hecho de que en virtud de los correos que envió, no se realizó la reunión presencial o virtual de los ex rectores para la señalada elección, situación que como líneas atrás se indicó, no constituye una irregularidad que tenga la virtualidad de afectar la validez del acto enjuiciado, pues se itera, pese a la omisión en que se incurrió, los electores manifestaron su voluntad, esta no fue tergiversada, no se advierte que se hayan vulnerado sus garantías fundamentales, ni se acreditó que de haberse celebrado dicha sesión otro sería el resultado de la elección. En ese orden de ideas, tampoco se evidencia frente a dicho funcionario alguna conducta que justifique remitir copia de la presente actuación a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones pertinentes, como lo solicita el demandante, desde luego, sin perjuicio de lo que establezcan éstas y de la posibilidad que tiene el actor de acudir directamente a ellas, en especial, cuando no es materia del presente proceso realizar un análisis subjetivo de la conducta de quienes participaron el proceso electoral, pues una de las notas distintivas del medio de control de nulidad electoral, es realizar un juicio objetivo de legalidad del acto de elección. En suma, tampoco le asiste razón al demandante al considerar que la intervención del secretario del Consejo Superior Universitario, de las representantes de las directivas académicas, de los egresados, de los estudiantes y de las jefes de las oficinas Asesora Jurídica y de Control Interno de Gestión, puso entredicho la validez de la designación objeto de estudio. (…). Esclarecido que el acto de elección del señor Augusto Pradilla Giraldo como representante de los ex rectores ante el Consejo Superior de la Universidad Militar Nueva Granada mantiene su presunción de legalidad, se negarán todas las pretensiones de la demanda.
NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a que el juez está llamado a hacer un juicio sobre la legalidad del acto de elección, es decir, su correspondencia o no con el orden jurídico, sin efectuar calificación alguna sobre las razones o el contexto en que se configuró la causal de nulidad invocada, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 27 de septiembre de 2016, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. (SU) 11001-03-15-000- 2014-03886-00. Criterio reiterado en: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1 de diciembre de 2016, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 50001-23-33-000-2015-00006-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 18 de febrero de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 05001-23-33-000-2019-02852-02).
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 122 PARÁGRAFO / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 149 NUMERAL 3 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 276 INCISO 3 /
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 11001-03-28-000-2020-00096-00
Actor: EDUARDO ANTONIO HERRERA BERBEL
Demandado: AUGUSTO PRADILLA GIRALDO - REPRESENTANTE DE LOS EX RECTORES ANTE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
Referencia: NULIDAD ELECTORAL - Condiciones para ser representante de los ex rectores en el Consejo Superior de la Universidad Militar Nueva Granada – Garantías concedidas por la Jurisdicción Especial para la Paz para los actores del conflicto armado - Principio de eficacia del voto
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia en el marco del proceso de nulidad electoral de la referencia, en el cual se solicitó la nulidad del Acta No. 1 del 10 de noviembre de 2020, contentiva de la reunión de elección del representante de los ex rectores de la Universidad Militar Nueva Granada ante el Consejo Superior Universitario del ente educativo.
ANTECEDENTES
La demanda
1. El señor Eduardo Antonio Herrera Berbel, presentó el 25 de noviembre de 2020, demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, en la cual solicitó que se declare:
“PRIMERO: QUE SON NULOS los actos ejecutados entre el 22 de octubre de 2020 y el 10 de noviembre de 2020, por medio de los cuales el señor Vice- Rector General de la Universidad Militar Nueva Granada, Brigadier General ® ALFONSO VACA TORRES, en su condición como secretario del Honorable Consejo Superior Universitario, inició, tramitó y culminó un ilegal e irreglamentario procedimiento que declaró la elección del coronel ® AUGUSTO PRADILLA GIRALDO, como representante de los Exrectores de la Universidad Militar Nueva Granada ante el Honorable Consejo Superior Universitario de la misma Casa de Estudios, tal como consta en los documentos y actas cuyas copias simples adjunto, debido a que el señor Vice- Rector General de la Universidad Militar Nueva Granada, y Secretario del Consejo Superior Universitario, se ha negado injustificadamente a suministrarme copia formal de tales documentos, tal como lo demuestro adjuntado copia de los escritos de petición que en tal sentido he elevado, sin obtener respuesta.
SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo anterior, el cargo de representante de los Exrectores ante el Honorable Consejo Superior Universitario, para que cual fue elegido ilegal e irreglamentariamente el coronel ® AUGUSTO PRADILLA GIRALDO, no debe ser ocupado por el mismo.
TERCERO: Que se debe adelantar un nuevo procedimiento para la elección del representante de los Exrectores de la Universidad Militar Nueva Granada, para los exrectores elijan a su representante ante el Honorable Consejo Superior Universitario, en los precisos términos establecidos en el artículo 32 del Acuerdo 03 de 2016, por medio del cual el Consejo Superior Universitario expidió el Reglamento del Consejo Superior Universitario, de cuyo contenido me permito adjuntar un ejemplar.
CUARTO: Que se ordene la compulsa de copias con destino a las autoridades competentes, para que se investigue el comportamiento DOLOSO del Brigadier General ® ALFONSO VACA TORRES, Vice- Rector General de la Universidad Militar Nueva Granada y secretario del Consejo Superior Universitario.”
Hechos
2. Adujo el actor, que el 22 de octubre de 2020, el vice-rector general de la Universidad Militar y secretario del Consejo Superior Universitario, brigadier general (r) Alfonso Vaca Torres, informó a los ex rectores de la institución educativa, que debido a la actual situación de salud que se presenta a nivel nacional y local, no era posible realizar una reunión presencial para elegir al representante de éstos ante el referido Consejo, motivo por el cual les solicitó enviar por correo electrónico, a más tardar el 4 de noviembre de 2020, el nombre del ex rector que estimaban debía representarlos.
3. Precisó el demandante, que el mismo día dirigió comunicación al secretario del Consejo Superior Universitario, instándolo a que en el procedimiento para la elección del representante de los ex rectores ante el órgano universitario, se observara lo prescrito en el artículo 32 del Acuerdo 03 de 2016, al tiempo que expresó su propia postulación como candidato.
4. Señaló que algunos electores ejercieron su derecho al voto mediante correo electrónico, los cuales considera que son nulos, debido a que no se respetó el protocolo previsto en el artículo 32 del Acuerdo 03 de 2016, esto es, que no llevó a cabo el proceso de sufragio en una reunión como lo consagra la norma estatutaria, en razón a que:
El 23 de octubre de 2020, el señor brigadier general Carlos Leongómez Mateus ex rector de la Universidad, a través de correo electrónico manifestó su voto en favor del coronel (r) Augusto Pradilla Giraldo.
El mismo día, por el correo electrónico el mayor general Manuel Sanmiguel Buenaventura efectuó su voto por el coronel (r) Augusto Pradilla Giraldo.
Mediante comunicación del 23 de octubre de 2020, el coronel (r) Augusto Pradilla Giraldo se postuló como candidato y expresó su voto en favor de sí mismo.
El 29 de octubre del año que cursó, por correo electrónico, el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales ejerció su derecho al voto en favor del coronel Augusto Pradilla Giraldo.
El 9 de noviembre de 2020, el brigadier general (r) Adolfo Clavijo Ardila, a través del correo electrónico ejerció su derecho al voto y manifestó su decisión en favor del mayor general (r) Eduardo Antonio Herrera Berbel.
5. Manifestó que el 25 de octubre de 2020, por correo electrónico, el brigadier general (r) Hugo Rodríguez Durán, instó al Consejo Superior para que se cumpliera con lo previsto en el artículo 32 del Acuerdo 03 de 2016, en el trámite del proceso electoral para la escogencia del representante de los ex rectores.
6. Expuso que el 10 de noviembre del año que trascurrió, se realizó una reunión en la sala de juntas del cuarto piso del edificio administrativo de la Universidad Militar Nueva Granada, relativa a la elección del representante de los ex rectores, en la que se dejó constancia que asistieron de manera presencial los señores: Jesús Armando Arias Cabrales, Augusto Pradilla Giraldo y, de manera virtual, Eduardo Antonio Herrera Berbel. Agregó que comparecieron como invitados el secretario del Consejo Superior Universitario (Alfonso Vaca Torres), la representante de las directivas académicas (María Irma Botero Ospino), la representante de los egresados (Wendy Kimberly Cabezas Pico), la representante de los estudiantes (Natalia Isabel Rodríguez Durán), la jefe de la Oficina Asesora Jurídica (Claudia Esther Pérez Duarte) y la jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión (Sara María Barraza Barrera), quienes no conforman el cuerpo electoral.
7. Precisó que como consecuencia del mencionado procedimiento que calificó de ilegal e irreglamentario, ejecutado por orden y dirección del brigadier general (r) Alfonso Vaca Torres, fue escogido el coronel (r) Augusto Pradilla Giraldo, como representante de los ex rectores, con 4 votos a favor. Esto teniendo en cuenta, la lectura de los correos electrónicos que enviaron aquéllos.
8. Indicó que junto con el brigadier general (r) Hugo Rodríguez Durán, insistieron en que se realizara el proceso electoral en los términos consagrados en el artículo 32 del Acuerdo 03 de 2016, dando la posibilidad de reunirse a los ex rectores de la Universidad Militar Nueva Granada, inclusive manera virtual, lo cual no ocurrió.
9. Además de lo anterior, sostuvo que el demandado fue elegido aunque no se desempeñó como rector en propiedad de la Universidad.
1.1.2. Concepto de violación
10. Invocó como normas violadas los artículos constitucionales 29, 69 y 209, los artículos 28, 62, 64 y 65 de la Ley 30 de 1992; los artículos 34 y 35 del CGP; el artículo 32 del Acuerdo 03 de 2016 (reglamento del Consejo Superior Universitario de la señalada institución educativa) y el artículo 9 literal d) del Acuerdo 13 de 2010 (Estatuto General de la Universidad Militar Nueva Granada).
11. En cuanto a los vicios de procedimiento alegados, aseveró que, pese a que no existe una norma que habilite la participación de miembros del Consejo Superior en la elección del representante de los ex rectores, las señoras: María Irma Botero Ospina (representante de las directivas académicas); Wendy Kimberly Cabezas Pico (representante de los egresados) y Natalia Isabel Rodríguez Durán (representante de los estudiantes), se hicieron presentes en una reunión que se denominó de “escrutinio”. Igualmente, indicó que es censurable su intromisión porque lo que se buscó fue dar una aparente legalidad con su presencia, frente a la actuación del vicerrector en este proceso electoral.
12. Agregó que “tampoco está previsto y por lo mismo no está permitido que el acto electoral, sea auditado, vigilado, supervisado y controlado por otros miembros del Consejo Superior Universitario ni por otros servidores públicos de la Universidad Militar Nueva Granada”.
13. Aseguró que en la reunión para la lectura de los votos, de los tres ex rectores que asistieron, sólo él podía válidamente participar, porque el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales estaba inhabilitado al haber sido condenado penalmente, y el coronel (r) Augusto Pradilla Giraldo ocupó el cargo de rector en encargo, nunca en propiedad, toda vez que de acuerdo con el numeral 1° del artículo 28 de los estatutos, no cumplía con el requisito de ser oficial general o de insignia de las fuerzas militares, por lo que en estricto sentido no podía participar en el trámite electoral.
14. En cuanto a la situación del general (r) Jesús Armando Arias Cabrales indicó, que al habérsele permitido votar pese a su situación judicial, se desconoció el artículo 13 del reglamento del Consejo Superior Universitario.
15. Adujo que es irregular el procedimiento de elección desarrollado a través de correos electrónicos, ya que los ex rectores expresaron su voluntad al margen de la reunión que reglamentariamente debió celebrarse de manera virtual o presencial, conforme con el artículo 32 del Acuerdo 03 de 2016. Por ello, no se cumplió lo dispuesto en las normas en que debía fundarse y, por lo tanto, no existe acta con la firma de los ex rectores, porque el secretario de Consejo Superior Universitario lo impidió.
16. Insistió en que el artículo 32 del Acuerdo 03 de 2016, establece que el representante será elegido entre los ex rectores de la Universidad Militar, en reunión que para tal fin ellos realicen. Manifestó que, de esta actividad se elaborará un acta suscrita por los participantes y se enviará al secretario del Consejo Superior. Agregó que, en ninguna parte del reglamento se prevé que el anterior funcionario se inmiscuya en el procedimiento ni en el acto electoral.
17. Adujo que se esgrimió como razón única para hacer la elección de esa manera y no como está establecido reglamentariamente, la pandemia por Covid-19 y la necesidad de evitar contagios, pero contradictoriamente se citó y celebró una reunión el 10 de noviembre de 2020, en la que participaron 8 personas, la mayoría de ellas ajenas al proceso electoral porque no son ex rectores.
18. Manifestó que, no está permitido que el secretario del Consejo Superior disponga de manera caprichosa cómo se debe realizar la elección del representante de los ex rectores, ni está previsto que el procedimiento sea auditado, vigilado, supervisado y controlado por otros miembros del órgano superior ni por otros servidores de la Universidad; el acto electoral es exclusivo, privativo y excluyente de quienes se encuentren habilitados para elegir y ser elegidos. Indicó que, este procedimiento se apoyó en un contradictorio concepto proferido por la oficina jurídica de la Universidad, cuyo contenido se entregó con el libelo genitor.
19. Señaló que en virtud del principio de autonomía universitaria, dispuesto en el artículo 69 Superior, los entes educativos pueden expedir sus estatutos y designar sus autoridades académicas y administrativas; sin embargo, este principio no es absoluto, pues su ejercicio debe enmarcarse en los postulados de la Constitución según el artículo 28 de la Ley 30 de 1992.
20. Afirmó que, los artículos 1, 2 y 3 del Acuerdo 03 de 2016 “Por medio del cual se expidió el Reglamento del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Militar Nueva Granada”, aplicable a los miembros y al secretario general del ente educativo, establecen la forma en que dicho Consejo se organiza y funciona, regulación que se interpreta en armonía con la Constitución, las Leyes 30 de 1992 y 805 de 2003 y con el Estatuto de la Universidad. Asimismo, mencionó que en el capítulo II, artículos 8 a 17 del mencionado acuerdo, se consagran los deberes, inhabilidades, prohibiciones, incompatibilidades, conflicto de intereses, impedimentos y recusaciones.
21. Finalmente, como cargo de naturaleza subjetiva indicó, que el señor Augusto Pradilla Giraldo, no podía participar en el proceso de elección del representante de los ex rectores ni ser elegido para tal dignidad, pues insistió, se desempeñó como rector encargado porque no ostentaba el grado de oficial general o de insignia, y si bien después le fue concedido grado de brigadier general, ello fue de forma honorífica.
Actuaciones Procesales
1.2.1 Admisión de la demanda
22. A través de proveído del 16 de diciembre de 2020, la magistrada ponente inadmitió la demanda para que el actor (I) dirigiera su libelo introductorio contra el coronel (r) Augusto Pradilla Giraldo, en su condición de representante de los ex rectores al Consejo Superior Universitario y respecto al presidente del Consejo Superior Universitario, conforme la regla del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011; (II) indicara el canal digital donde podían ser notificadas las partes; y (III) enviara copia de la demanda, sus anexos y de su escrito de subsanación, al demandado y al presidente del Consejo Superior Universitario, salvo que desconociera las direcciones electrónicas y físicas de notificación.
23. Mediante auto del 25 de febrero de 2021, el despacho conductor del proceso dispuso la admisión de la demanda de la referencia, ordenó la notificación personal al demandado, al presidente del Consejo Superior Universitario y por su conducto a los demás miembros que intervinieron en el acto de elección demandado, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
1.2.2. Contestación - Consejo Superior de la Universidad Militar Nueva Granada y Augusto Pradilla Giraldo
24. La apoderada judicial del Consejo Superior y el señor Augusto Pradilla Giraldo, mediante correo electrónico del 5 de abril de 2021, allegó escrito de contestación de la demanda, en el que solicitó que se negaran la totalidad de las pretensiones de la demanda. Adicionalmente, pidió que “se verifique si la pretensión número cuarta del libelo se transmuta en una conducta jurídicamente temeraria por existir una intención clandestina que va más allá de verificar la legalidad de la elección objeto de control judicial en el evento que la deducción sea positiva, ruego a su señoría se impartan las decisiones a que haya lugar ante las autoridades disciplinarias o penales correspondientes”.
25. En cuanto a los reproches de índole subjetivo, afirmó que contrario a lo dicho por el actor, el brigadier general Augusto Pradilla Giraldo, es un oficial de insignia de la reserva de las fuerzas militares, dignidad que se encuentra sustentada en el reconocimiento otorgado por el Gobierno Nacional de conformidad con el Decreto No. 1929 del 29 de noviembre de 2016.
26. Asimismo, aseguró que el señor Pradilla Giraldo tiene la condición de ex rector de la Universidad Militar Nueva Granada, por tanto tenía el derecho a postularse y votar en el proceso eleccionario mediante el cual se buscaba elegir al representante de este sector ante el Consejo Superior de la mentada institución. En sustento de lo anterior, comentó que lo dicho se puede extraer de las designaciones anteriores en las que no ha sido censurada su participación.
27. Aseveró que el demandado tenía la condición de ex rector, en la medida en que fungió como encargado de la primera autoridad de la institución entre los años 1998 a 2000. Destacó que dicha circunstancia no es impedimento para la designación objeto de este proceso, en tanto el reglamento de la Universidad no distingue, si la calidad de ex rector se adquiere cuando una persona es elegida o encargada de la rectoría de la institución educativa.
28. Frente a los cuestionamientos de tipo objetivo, indicó que por las especiales circunstancias que está atravesando el país debido al Covid-19, la reunión electoral no se realizó de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 del Acuerdo 03 del 30 de marzo de 2016, empero, en uso de las herramientas tecnológicas, se brindó la posibilidad de elegir al representante de los ex rectores en dos formas, presencial o virtual mediante la plataforma “meet” (de la que se hizo uso en la sesión del 10 de noviembre de 2020). Agregó que se garantizó un proceso trasparente y democrático, por cuanto se dio lectura de los votos de manera diáfana en presencia de 3 electores y 5 testigos.
29. Adicionalmente, afirmó que la participación de personas distintas a los ex rectores en la sesión en que se declaró la elección controvertida, obedeció a la invitación de testigos y veedores con el fin de garantizar la transparencia de las actuaciones adelantadas.
30. Aseguró que no es de recibo cuestionar la participación del general (r) Jesús Armando Arias Cabrales debido a una condena penal, puesto que el actor omitió mencionar la Resolución No. 1571 del 15 de mayo del 2020, mediante la cual el militar mencionado se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz y se le concedió libertad transitoria, condicionada y anticipada, lo que quiere decir que al momento de la elección demanda, gozaba de plenos derechos.
31. Añadió, que por el hecho de haberse acogido el señor Arias Cabrales a la mencionada jurisdicción, le era aplicable el artículo 2 del Acto Legislativo 01 de 2017, que agregó un parágrafo al artículo 122 Superior, que a su vez le permitió ejercer nuevamente funciones públicas y, por ende, participar en el proceso electoral que se cuestiona en esta oportunidad.
1.2.3. Pronunciamiento del demandante
32. Solicitó que “se verifique si la pretensión cuarta contenida en el escrito de la demanda, se trasmuta en una conducta jurídicamente relevante – Temeraria- porque en criterio de la distinguida abogada [del Consejo Superior Universitario] existe una intención clandestina que va más allá de verificar la legalidad de la elección objeto de control judicial, invocando que de ser positiva la existencia del insano proceder clandestino, se proceda por el Honorable Consejo de Estado a la correspondiente compulsa de copias penales y disciplinarias”.
33. Advirtió que en su demanda fue claro en precisar que se convocó a “una supuesta reunión”, sin embargo, indicó que a su juicio ésta no se llevó acabo, pues simplemente los ex rectores fueron citados para leer los votos que había sido depositados, lo que quiere decir que a todas luces se vulneró el proceso establecido en los estatutos de la universidad.
34. Reiteró que al coronel Augusto Pradilla Giraldo solamente le concedieron un grado honorario, al cual no se le puede dar el alcance de oficial de insignia de las reservas militares, como lo pretende la abogada del Consejo Superior Universitario.
1.2.4. Trámite de instancia
35. Mediante auto del 4 de mayo de 2021, se negaron las peticiones de naturaleza probatorias efectuadas, toda vez que los elementos de juicios solicitados obraban en el expediente y fueron debidamente incorporados. De oficio se ordenó al Consejo Superior de la Universidad Militar Nueva Granada, que allegara la historia laboral del demandado y que certificara que los antecedentes administrativos del acto acusado fueron aportados en su totalidad.
36. Finalmente, se dispuso que en firme las anteriores decisiones, debía correrse traslado a los sujetos procesales para alegar de conclusión por escrito, de conformidad con lo previsto en el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011 y el numeral 1° del artículo 13 del Decreto Legislativo 806 de 2020, con el fin de dictar sentencia anticipada.
1.2.5. Alegatos de conclusión
1.2.5.1. La parte demandante
37. Reiteró los argumentos expuestos con anterioridad. Citó las normas que regulan el funcionamiento de la institución educativa y la autonomía universitaria, para luego decir que se vulneraron teniendo en cuenta que no se efectuó una reunión electoral como correspondía, puesto que si bien se envió un correo electrónico convocando a los ex rectores para la elección, lo que se buscaba era que sufragaran por ese medio.
38. Insistió en que el demandado no podía ser elegido como representante de los ex rectores, puesto que nunca resultó electo como rector, toda vez que para ostentar dicha dignidad era necesario ser oficial general o de insignia de las fuerzas militares, rango que no le fue reconocido.
39. Indicó que si en gracia de discusión se aceptara la condición de rector del demandado en virtud del encargo que asumió, entonces debieron citarse a la reunión electoral al “Mayor General GABRIEL EDUARDO CONTRERAS OCHOA, Brigadier General ALBERTO BAYARDO BRAVO SILVA, Mayor General JAIRO ALFONSO APONTE PRIETO”, porque ostentaron la mentada dignidad a través de un encargo.
40. Advirtió, que el señor Pradilla Giraldo no fue nombrado como rector encargado, pues simplemente lo encargaron de las funciones de dicho empleo, por lo tanto, nunca fue elegido como rector, por lo que no podía asumir la representación de quienes representaron legalmente a la institución educativa.
1.2.5.2. La parte demandada
41. Solicitó nuevamente la negativa de las pretensiones, argumentando que no se observó ninguna vulneración durante el proceso eleccionario, muestra de ello es que de los 7 ex rectores habilitados para elegir a su representante ante el Consejo Superior, 5 estuvieron de acuerdo en votar por correo electrónico y solamente 2 no apoyaron esa forma de manifestar la voluntad.
42. Afirmó, que si bien la reunión no se celebró de acuerdo a lo estipulado en los estatutos, lo cierto es que en aras de cumplir con los protocolos establecidos por el Gobierno Nacional ante la pandemia que afronta el país, se buscó la manera adecuada de garantizar la debida conformación de los organismos y dependencias de la Universidad.
43. Insistió en que el demandado ostenta un rango militar que le permitió aspirar a la rectoría de la Universidad y que podía desempeñar la responsabilidad que se cuestiona en esta oportunidad, en la medida en que fungió como rector de la institución entre los años 1998 y 2000.
44. Por último, refirió que el señor Jesús Armando Arias podía ejercer el derecho al voto, por cuanto no se encuentra inhabilitado al acogerse a la justicia especial para la paz, en virtud de la cual fue dejado en libertad.
1.2.5.3. Concepto del Ministerio Público
45. Solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda. Indicó que revisado el material probatorio se encontró que el demandado fue rector encargado de la Universidad Militar Nueva Granada, así mismo gozaba de la calidad de ex rector de la institución desde el año 2000, época desde la cual ha venido participando en la elección del representante de dicho grupo ante el Consejo Superior.
45. Aseveró que en el año 2016, al demandado se le confirmó el grado de brigadier general honorario. Sin embargo advirtió, que los estatutos no exigen algún rango militar para ser representante de los ex rectores, pues simplemente indican que quien pretenda postularle para dicho dignidad debió ser rector de la institución.
46. Por otra parte, la Agente del Ministerio Público señaló, que si bien en el proceso de elección se presentaron situaciones extraordinarias relacionadas con la pandemia por Covid-19, que impidieron la reunión de que trata la normatividad universitaria, ninguna de ellas tiene la naturaleza o potencial de viciar de nulidad el acto electoral, porque durante el trámite de su expedición se respetaron las garantías fundamentales y la voluntad de los ex rectores como los responsables de la designación.
47. Por último, precisó en cuanto a la participación del señor Jesús Armando Arias Cabrales que estaba permitida, debido a que la inhabilidad derivada de una condena penal en su contra no puede cercenarle su derecho a votar en este caso, toda vez que la causal de inelegibilidad invocada (art. 13 de Acuerdo 03 de 2016) se predica de quien pretenda ser elegido como integrante del Consejo Superior Universitario, pero de ninguna manera a quienes emitan su voto para elegir a sus representantes.
CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
48. La Sala es competente para decidir la presente controversia, en virtud de lo establecido en los artículos 149, numeral 3, en consonancia con lo dispuesto por el artículo 276, inciso 3, de la Ley 1437 de 2011, al igual que lo normado en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 –Reglamento del Consejo de Estado, expedido por la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problemas Jurídicos
49. Antes de delimitar los problemas jurídicos a resolver a través de la presente providencia, advierte la Sala que el demandante al alegar de conclusión incluyó motivos de inconformidad que no presentó ni desarrolló al ejercer en la oportunidad legalmente establecida el medio de control de nulidad electoral.
50. De una parte, indicó que si en gracia de discusión se aceptara que el demandado válidamente podía ser representante de los ex rectores porque fue rector en encargo, debió haberse citado a los señores Gabriel Eduardo Contreras Ochoa, Alberto Bayardo Bravo Silva y Jairo Alfonso Aponte Prieto, que también fueron encargados de la rectoría de la Universidad, con lo cual finalmente argumentó, que en el trámite de elección no fueron vinculados todas las personas que debían comparecer.
51. De otra parte, reprochó que el demandado fue encargado de las funciones de rector, pero no del empleo, por lo que no podía considerase que en realidad ocupó éste, y por ende, no puede representar en el Consejo Superior Universitario a los ex rectores.
52. Se destacan estos motivos de inconformidad, porque al constituir cargos distintos a los desarrollados en la demanda, debieron exponerse durante el término de caducidad del medio de control de nulidad electoral, no con posterioridad. Además, el hecho de que se desarrollen hasta los alegatos de conclusión resulta contrario al derecho de la defensa de la contraparte, pues durante el trámite judicial no tuvo la oportunidad de conocerlos y controvertirlos, razones suficientes para considerar que no pueden ser analizados en la sentencia.
53. Precisado lo anterior, estima la Sala que los siguientes son los problemas jurídicos a resolver frente a la legalidad de la elección del señor Augusto Pradilla Giraldo como representante de los ex rectores en el Consejo Superior de la Universidad Militar Nueva Granada:
Si el demandado por el hecho de haber desempeñado en encargo el cargo de rector de la Universidad Militar, no podía ser elegido representante de los ex rectores en el Consejo Superior Universitario.
Si por la misma circunstancia el señor Augusto Pradilla Giraldo no podía participar en la elección del representante de los ex rectores ante el Consejo Superior Universitario, al igual que el señor Jesús Armando Arias Cabrales, pero éste por el hecho de haber sido condenado como coautor del delito de desaparición forzada por hechos relacionados con la toma del Palacio de Justicia en el mes de noviembre de 1985, a pena de 35 años de prisión y accesoria de inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones pública por el término de 20 años, aunque en relación con tal condena la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz mediante la Resolución N° 1571 del 15 de mayo de 2020, aceptó el sometiendo del señor Arias Cabrales a dicha jurisdicción y le concedió libertad transitoria, condicionada y anticipada.
Si la elección enjuiciada es contraria al artículo 32 del Acuerdo 03 de 2016, por el hecho de que los votos que permitieron la designación se enviaron mediante correo electrónico.
Si la participación del secretario del Consejo Superior Universitario, la representante de las directivas académicas, la representante de los egresados, la representante de los estudiantes, la jefe de la Oficina Asesora Jurídica y la jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión, en la sesión del 10 de noviembre de 2020, es contraria a las normas que rigen el proceso de elección del representante de los exrectores de la Universidad.
54. De establecerse que alguna(s) de irregularidades denunciadas se configuraron, tendrá que constatarse si tiene(n) o no la incidencia para declarar la nulidad de designación cuestionada.
2.3. Análisis del caso en concreto
2.3.1. De la calidad de ex rector para ser elegido representante de los ex rectores en el Consejo Superior Universitario
55. Reprochó el accionante, que el demandado no cumple el requisito para ser rector, consistente en ser oficial general o de insignia de las Fuerzas Militares de Colombia, en servicio activo o en retiro, previsto en el numeral 1° del artículo 28 del Acuerdo 13 de 2010, por medio del cual el Consejo Superior Universitario dictó los estatutos de la Universidad Militar Nueva Granada. Lo anterior, porque en su condición de coronel desempeñó en encargo la dignidad, de manera tal que nunca la ostentó en propiedad y por consiguiente, no podía ser elegido representante de los ex rectores ante el Consejo Superior Universitario.
56. Al contestarse la demanda se destacó, que el artículo 9 del Decreto 1790 de 2000 consagró la posibilidad del Gobierno Nacional de conceder grados honoríficos a los oficiales de las fuerzas militares, y que en ejercicio de tal potestad el presidente de la República expidió el Decreto N° 1929 del 29 de noviembre de 2016, mediante el cual le otorgó al señor Augusto Pradilla Giraldo el grado de brigadier general honorario. Además, que éste en múltiples oportunidades fue encargado como rector de la institución educativa, por lo que sí reúne los requisitos para ser representante de los ex rectores.
57. Sobre la trayectoria del demandado en la Universidad Militar Nueva Granada, de los documentos aportados al presente trámite como soporte de su hoja de vida, se subrayó que fue encargado varias veces de la Rectoría de la Universidad, la primera de ellas mediante el Acuerdo 006 del 30 de septiembre de 1997, momento para el cual ostentaba el cargo de coronel y la última a través de la Resolución 078 del 23 de enero de 2003, instante para el cual tenía el cargo de coronel retirado.
58. De los encargos efectuados se destaca el realizado a través del Acuerdo 009 del 6 de agosto de 1998 del Consejo Superior Universitario, cuando el señor Augusto Pradilla Giraldo ostentaba el grado de coronel retirado. Dicho encargo obedeció a la renuncia del entonces rector, lo que quiere decir que el demandado suplió la vacancia absoluta del empleo, situación que se extendió según la contestación de la demanda, hasta el 31 de julio de 2000.
59. De las anteriores circunstancias se advierte, que el señor Pradilla Giraldo se desempeñó como rector encargado de la Universidad con anterioridad a que le fuera conferido el grado brigadier general honorario (el 29 de noviembre de 2016), por lo que el demandante afirmó que no ocupó tal dignidad como titular, debido a que no ostentaba el requisito previsto el artículo 28.1 de los estatutos, de ser “Oficial General o de Insignia de las Fuerzas Militares de Colombia, en servicio activo o en retiro”.
60. No obstante lo anterior, al analizar el artículo antes referido, los demás que componen los estatutos de la Universidad, así como el Acuerdo 03 del 30 de marzo de 2016 (por el cual se expidió el reglamento del Consejo Superior Universitario), en especial el 8° y el 32, en cuanto a las calidades para ser representante de los ex rectores en el anterior órgano colegiado, simplemente se indica ser ex rector, sin que las normas de la institución educativa precisen que el referido empleo se haya desempeñado en encargo o en propiedad.
61. Asimismo, tampoco se advierte de los artículos 20 del Acuerdo 13 del 10 de noviembre de 2010 y 13 del Acuerdo 03 del 30 de marzo de 2016, que contienen las inhabilidades para ser integrante del Consejo Superior Universitario de la Universidad Militar Nueva Granada, alguna relacionada con la condición de haber ejercido el cargo de rector en encargo.
62. Por lo tanto, en aplicación del principio de interpretación jurídica, según el cual donde no distingue la ley no le corresponde distinguir al interprete, si las normas relativas a las calidades del representante de los ex rectores de la Universidad, no exigen que el cargo de rector se haya desempeñado como titular, ni prohíben que la representación de tal sector en el Consejo Superior sea ejercida por una persona que ocupó en encargo dicho empleo, (I) no es de recibo que el actor sostenga que el ordenamiento jurídico estableció como condición que la mencionada dignidad haya sido ejercida en propiedad, (II) ni que se califique de ilegal la designación del señor Augusto Pradilla Giraldo objeto del presente proceso, porque fue encargado de la representación legal de la institución educativa.
63. Añádase a lo expuesto, que la elección controvertida es la del demandado como representante de los ex rectores en el Consejo Superior Universitario, para la cual se insiste, en cuanto a las calidades sólo se exigen ser ex rector y no estar en alguna de las inhabilidades para ocupar un asiento en el referido cuerpo colegiado, más no es materia de análisis, la validez de los actos administrativos mediante los cuales se designó al señor Augusto Pradilla Giraldo como rector, puesto que no corresponde establecer si podía o no ser encargado de tal dignidad aunque no ostentara el grado “Oficial General o de Insignia de las Fuerzas Militares de Colombia”, que exige el artículo 28 de los estatutos.
64. En ese orden de ideas, como la condición de ex rector del demandado tiene como sustento actos administrativos que gozan de presunción de legalidad, entre los que se destaca el Acuerdo 009 del 6 de agosto de 1998 del Consejo Superior Universitario, del cual se infiere que en anterior oportunidad fue designado para ser rector de la institución educativa ante la vacancia definitiva que en su momento se presentó de dicho empleo, en criterio de la Sala, el señor Augusto Pradilla Giraldo cumplió con la calidad exigida por la normatividad especial para representar en el mencionado cuerpo colegiado a quienes fueron rectores de la Universidad.
De la supuesta participación indebida de 2 ex rectores en el trámite de expedición del acto acusado
65. Otro de los motivos de inconformidad es el atinente a la indebida participación de los señores Augusto Pradilla Giraldo y Jesús Armando Arias Cabrales en el trámite de expedición del acto acusado, el primero, porque no fue rector en propiedad de la Universidad, y el segundo, porque está inhabilitado al haber sido condenado penalmente, razones que se invocaron en el libelo genitor para predicar que no podían votar para la elección del representante de los ex rectores ante el Consejo Superior Universitario.
66. En cuanto a la situación del señor Pradilla Giraldo, se reiteran las consideraciones expuestas en el anterior acápite, consistentes en que ostentó la condición de rector, y que las normas atinentes a la elección del representante de los ex rectores ante el Consejo Superior Universitario, no distinguen que el cargo de rector se haya desempeñado en propiedad o encargo, condición que tampoco contempla la regulación atinente al procedimiento para la designación de dicho representante, que simplemente indica que para ésta participarán los ex rectores (art. 32 del Acuerdo 03 del 30 de marzo de 2016).
67. Así las cosas, como el demandado fue rector de la institución educativa, podía participar el procedimiento de expedición del acto acusado, respecto del cual se insiste, las normas aplicables no establecen como condición que sólo pueden votar quienes ocuparon en propiedad el señalado empleo, y mucho menos excluyen del señalado espacio de participación, a los que lo desempeñaron en encargo, como ocurrió con el señor Augusto Pradilla Giraldo, de manera tal que su intervención en el trámite que dio lugar a la elección controvertida no fue contraria al ordenamiento jurídico.
68. Respecto del señor Jesús Armando Arias Cabrales, la parte demandante aportó como fundamento de la presunta inhabilidad en que se encontraba para votar por el representante de los ex rectores ante el Consejo Superior Universitario, una copia de la sentencia del 23 de septiembre de 2019 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que resolvió no casar el fallo del 24 de octubre de 2014 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que confirmó la condena de 35 años de prisión y 20 de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas, impuesta al señalado ciudadano mediante providencia del 28 de abril de 2011 por el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, por la comisión del delito de desaparición forzada, que tuvo lugar con ocasión de la toma del Palacio de Justicia en el mes de noviembre de 1985.
69. En cuanto a la sanción no privativa de la libertad que le fue impuesta al señor Arias Cabrales, se tiene de conformidad con el artículo 44 del Código Penal, que “la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas priva al penado de la facultad de elegir y ser elegido, del ejercicio de cualquier otro derecho político, función pública, dignidades y honores que confieren las entidades oficiales” (destacado fuera de texto).
70. En este punto resulta indispensable aclarar, que la participación del señor Arias Cabrales se limitó a indicar a su juicio quién debía representar a los ex rectores en el Consejo Superior de la Universidad Militar Nueva Granada, sin que se observe que tal manifestación la haya realizado en virtud de una vinculación laboral o contractual con el Estado de la que pudiera predicarse que su intervención constituyó el ejercicio de una función pública, esto es, como parte de una “actividad desplegada por un órgano del Estado, encaminada a cumplir con sus atribuciones o fines, (…) que se ejerce, por regla general, a través, de los servidores públicos”.
71. Se trató simplemente del derecho al voto, debido a que hace varios años fue rector de una institución educativa, y como tal está legitimado para participar en la elección del ex rector que debe ocupar un lugar en el órgano colegiado de mayor jerarquía, siendo este último junto con otras personas legalmente investidas como integrantes del Consejo Superior, quienes adopten decisiones que pueden constituir función pública, que en modo alguno pueden atribuírsele al señor Arias Cabrales, que participó en un estadio anterior, circunscribiendo su proceder al ejercicio del derecho a elegir que le es reconocido por el ordenamiento jurídico dada la condición que ostentó, más no en consideración a facultades o calidades actuales de las cuales pudiere aseverarse que ejecutó actividades encaminadas a cumplir los fines del Estado, por lo que resultaría incorrecto sostener que por el hecho de votar haya ejercido una función pública en contravención de la condena decretada.
72. Ahora bien, también es cierto que la pena no privativa de la libertad impuesta al señor Jesús Armando Arias Cabrales, como se desprende del artículo 44 de Código Penal, también implica restricción a sus derechos políticos, entre los que se encuentra el de elegir.
73. Frente a esta circunstancia, el Consejo Superior Universitario destacó que el señor Jesús Armando Arias Cabrales fue aceptado en la Jurisdicción Especial para la Paz mediante la Resolución N° 1571 del 15 de mayo de 2020 de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que en el mismo acto le concedió libertad transitoria, condicionada y anticipada, por lo que desde ese momento y de conformidad con el artículo 2° del Acto Legislativo 01 de 2017, podía hacer parte del trámite de expedición de la designación cuestionada.
74. Al revisar la anterior resolución, se corrobora que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas aceptó el sometimiento del señor Jesús Armando Arias Cabrales a la Jurisdicción Especial para la Paz, respecto del proceso en el que se le halló responsable del delito de desaparición forzada. Esto al constatar en el marco del artículo transitorio 5 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2017, que la conducta por la que se juzgó al ciudadano antes señalado fue cometida con anterioridad al 1° de diciembre de 2016, en su condición de miembro de la fuerza pública y que incurrió en un crimen de lesa humanidad en el marco del conflicto armado interno.
75. Asimismo, en la mencionada providencia se estableció que el señor Arias Cabrales tiene derecho a la libertad transitoria, condicionada y anticipada (respecto del proceso en el que se le halló responsable del delito desaparición forzada), como “una medida propia del escenario de justicia, concebida para construir confianza y facilitar terminación del conflicto armado interno, que debe aplicarse de manera preferente como medio para contribuir al logro de la paz estable y duradera” (…) “Como su nombre precisa, este beneficio no resuelve en forma definitiva la situación jurídica del compareciente y por su carácter esencialmente condicionado, no es un fin en sí mismo, sino un instrumento al servicio de los objetivos para los que fue constituido el Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación y No Repetición”. En ese sentido, puede llegar a revocarse si el beneficiario no atiende las obligaciones que supeditan la medida”.
76. Esto teniendo en cuenta, que al señor Arias Cabrales como agente del Estado que cometió un delito relacionado con el conflicto armado y que se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz, conforme con el artículo transitorio 17 de la Constitución (adicionado por el artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2017), se le aplica el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, dentro del cual se encuentra el derecho a la libertad transitoria, condicionada y anticipada, para el cual se requiere acreditar los requisitos de los artículos 51 a 53 de la Ley 1957 de 2019, que se estimaron cumplidos respecto del mencionado ciudadano y que la Resolución N° 1571 del 15 de mayo de 2020 resumió de la siguiente manera:
“Que el beneficiario acredite la condición de agente del Estado miembro de la fuerza pública para el momento de los hechos.
Que el agente del Estado esté condenado o procesado por haber cometido conductas punibles antes de la entrada en vigor del Acuerdo Final, por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno.
Que el beneficiado suscriba acta de compromiso en la que manifieste libre y voluntariamente la intención de acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz y, a su vez, que no saldrá del país sin previa autorización de esta, e informar todo cambio de domicilio.
Que se comprometa, una vez entre a funcionar el Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación y No Repetición, a contribuir con la verdad, la no repetición, la reparación inmaterial de las víctimas y a atender los requerimientos de los órganos del sistema.
De manera particular, el beneficio de la LTCA [libertad transitoria, condicionada y anticipada] establece como condición que no se trata de delitos de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, toma de rehenes u otra privación de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, sustracción de menores de conformidad con el Estatuto de Roma, salvo que el beneficiario haya estado privado de libertad un tiempo igual o superior a cinco (5) años, conforme lo establecido para las sanciones alternativas en la Jurisdicción Especial para la Paz” (destacado fuera de texto).
77. En atención a que el señor Jesús Armando Arias Cabrales se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz y cumple con los requisitos para que se le otorgara la libertad transitoria, condicionada y anticipada, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ordenó que la citada resolución debía ser comunicada a la División de Antecedentes de la Procuraduría General de la Nación y a la DIJIN, con el fin de garantizarle la prerrogativa de que trata el artículo 2° del Acto Legislativo 01 de 2017, que agregó un parágrafo al artículo 122 de la Constitución Política y que reza:
“ARTÍCULO 2o. Agréguese un parágrafo al artículo 122 de la Constitución Política:
PARÁGRAFO. Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley condenados por delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, que hayan suscrito un acuerdo de paz con el Gobierno o se hayan desmovilizado individualmente, siempre que hayan dejado las armas, se hayan acogido al marco de justicia transicional aplicable en cada caso, entre estos la Jurisdicción Especial para la Paz en los términos de este acto legislativo y no hayan sido condenados por delitos dolosos posteriores al acuerdo de paz o a su desmovilización, estarán habilitados para ser designados como empleados públicos o trabajadores oficiales cuando no estén efectivamente privados de su libertad, bien sea de manera preventiva o en cumplimiento de la sanción que les haya sido impuesta y para celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado. Las personas a las que se refiere el presente artículo no quedarán inhabilitadas para el ejercicio de una profesión, arte u oficio.
La anterior disposición aplicará igualmente a los miembros de la Fuerza Pública que se sometan a la Jurisdicción Especial para la Paz, quienes podrán ser empleados públicos, trabajadores oficiales o contratistas del Estado, cuando no estén efectivamente privados de su libertad, bien sea de manera preventiva o en cumplimiento de la sanción que les haya sido impuesta, sin perjuicio de la prohibición de reincorporación al servicio activo prevista en la Ley 1820 de 2016 para las situaciones en ella señaladas.
Como aporte a las garantías de no repetición, el Estado colombiano garantizará que los hechos que ocurrieron en el pasado no se repitan, y para ello implementará las medidas referidas en el Acuerdo General de Paz en esta materia. Quienes sean sancionados por graves violaciones de derechos humanos o graves infracciones al derecho Internacional Humanitario, no podrán hacer parte de ningún organismo de seguridad, defensa del Estado, Rama Judicial ni órganos de control” (Destacado fuera de texto).
78. De la norma transcrita se destacan los apartes según los cuales, a los miembros de la fuerza pública que se sometan a la Jurisdicción Especial Para la Paz, se les otorgará el beneficio de ser empleados públicos, trabajadores oficiales o contratistas del Estado, cuando no estén efectivamente privados de su libertad, aunque (I) no puede reincorporarse al servicio activo de conformidad con la Ley 1820 de 2016 (parágrafo 2° del artículo 51), (II) ni hacer parte de organismos de seguridad, defensa del Estado, Rama Judicial u órganos de control, cuando fueron sancionados por graves violaciones a los derechos humanos o graves infracciones al derecho internacional humanitario.
79. Respecto de esta prerrogativa, que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas estimó le asiste al señor Jesús Armando Arias Cabrales en la Resolución N° 1571 del 15 de mayo de 2020, la Corte Constitucional en la sentencia T-467 de 2020 destacó:
“68. A continuación, la Sala referirá brevemente algunos pronunciamientos de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP que han aplicado la regla contenida en el parágrafo del artículo 122 superior. En especial, se han ocupado de precisar la forma en que la Procuraduría debe actualizar el registro de las inhabilidades de los miembros de la Fuerza Pública que comparecen ante esa jurisdicción:
• Resolución 2501 de 13 de diciembre de 2018: Sobre la aplicación del artículo 122 de la Constitución Política, modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo 01 de 2017, a un miembro de la Fuerza Pública, ese despacho consideró lo siguiente:
“(…) la Sala encuentra que existe una norma de carácter constitucional que expresamente habilita a los miembros de la fuerza pública que hayan sido beneficiados con libertad transitoria, condicionada y anticipada a la luz de la Ley 1820 de 2016, la suspensión de la orden de captura o la revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento conforme al Decreto 706 de 2017, a vincularse contractual o laboralmente con el Estado, la cual opera de iure una vez sea concedida la libertad.
Lo anterior sin perjuicio de dos excepciones; i) una prohibición para pertenecer a organismos de seguridad, de defensa del Estado, a la Rama Judicial o a órganos de control para aquellas personas que hayan sido sancionadas por graves violaciones a derechos humanos y al derecho internacional humanitario y ii) una segunda prohibición para reintegrar a los miembros de la fuerza pública condenados o sancionados al servicio activo, conforme al parágrafo segundo del artículo 51 de la Ley 1820 de 2016.”
(…)
• Resolución 1050 del 20 de marzo de 2019: Sobre la aplicación del parágrafo del artículo 122 de la Constitución a un miembro de la Fuerza Pública y la orden a la Procuraduría, precisó lo siguiente:
“Adicionalmente, se ordenará a la Procuraduría General de la Nación incluya una anotación en el certificado de antecedentes (…) en el que aclare que conforme al artículo 122 de la Constitución Política este podrá ser empleado público, trabajador oficial o contratista del Estado, dado su sometimiento a la JEP y la concesión del beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada, además de poder ejercer libremente una profesión, arte u oficio, sin perjuicio de la prohibición de pertenecer a organismos de seguridad, de defensa del Estado, a la rama judicial o a órganos de control y de reincorporación al servicio activo prevista en la Ley 1820 de 2016 para las situaciones en ella señaladas. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 2° del Acto Legislativo 01 de 2017, que establece la obligación del Ministerio Público de actualizar la base de datos de antecedentes penales y disciplinarios de las personas.” (Énfasis agregado)
• Resolución 1170 del 29 de marzo de 2019: Esta providencia, reiteró la fórmula de decisión de la siguiente manera:
“Adicionalmente, se solicitará a la Procuraduría General de la Nación que incluya una anotación en el certificado de antecedentes de (…) en la que aclare que conforme al artículo 122 de la Constitución Política este podrá ser empleado público, trabajador oficial o contratista del Estado, dado su sometimiento a la JEP y la concesión del beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada, además de poder ejercer libremente una profesión, arte u oficio, sin perjuicio de la prohibición de pertenecer a organismos de seguridad, de defensa del Estado, a la rama judicial o a órganos de control y de reincorporación al servicio activo prevista en la Ley 1820 de 2016 para las situaciones en ella señaladas. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 2° del Acto Legislativo 01 de 2017, que establece la obligación del Ministerio Público de actualizar la base de datos de antecedentes penales y disciplinarios de las personas.” (Énfasis agregado)
2. En suma, la JEP, en aplicación del parágrafo del artículo 122 de la Constitución, no ha ordenado la eliminación o desactivación de las inhabilidades de los comparecientes que se acogen a esa jurisdicción. Las decisiones han materializado los contenidos superiores a través de la solicitud a la Procuraduría para que incluya una anotación en el certificado de antecedentes que aclare que el compareciente podrá ser empleado público, trabajador oficial o contratista del Estado por su sometimiento a la JEP. También, dicho registro debe advertir la prohibición para pertenecer a organismos de seguridad, de defensa del Estado, a la Rama Judicial o a órganos de control y de reincorporación al servicio activo prevista en la Ley 1820 de 2016” (El destacado es nuestro).
80. Como puede apreciarse, la Corte Constitucional, teniendo en cuenta algunos pronunciamientos de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, ha ratificado que quienes se sometan a ésta y se les haya concedido la libertad transitoria, condicionada y anticipada, que como se vio con anterioridad, también aplica a los miembros de la fuerza pública que fueron condenados penalmente, tienen derecho a ejercer libremente una profesión, arte u oficio, a vincularse contractual o laboralmente con el Estado, sin perjuicio de (I) la prohibición de pertenecer a organismos de seguridad, de defensa del Estado, a la rama judicial o a órganos de control (aplicable a quienes fueron sancionados por graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario) y (II) de reincorporarse al servicio activo, conforme con el parágrafo 2° del artículo 51 de la Ley 1820 de 2016.
81. Se ha hecho alusión a los anteriores aspectos, porque si bien es cierto que señor Jesús Armando Arias Cabrales fue condenado penalmente a 35 años de prisión y 20 de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas, también lo es que con posterioridad a la sentencia de segunda instancia (del 24 de octubre de 2014) que confirmó la anterior sanción, se firmó el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (el 24 de noviembre de 2016), en virtud del cual en un contexto de justicia transicional, se han proferido normas como Ley 1820 de 2016, el Acto Legislativo 01 de 2017 y la Ley 1957 de 2019, que en aras de materializar en la medida de lo posible los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición, han concedido algunas prerrogativas a los actores del conflicto armado, como los miembros de la fuerza pública que incurrieron en violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, e inclusive, que hayan sido sancionados penalmente por tales conductas.
82. Dentro de tales prerrogativas se encuentra, como se expuso líneas atrás, la libertad transitoria, condicionada y anticipada y el derecho a ejercer libremente una profesión, arte u oficio, a vincularse contractual o laboralmente con el Estado, desde luego, con algunas restricciones.
83. Quiere decir esto, que nos encontramos ante un nuevo escenario normativo para quienes hicieron parte del conflicto armado interno y fueron acogidos por la Jurisdicción Especial para la Paz, respecto de quienes el constituyente y el legislador con el fin de alcanzar la paz y la garantía de los derechos antes señalados, les permitieron gozar de ciertas garantías, que en tiempos de normalidad, esto es, bajo un contexto de justicia que no afronte una transición como la que atraviesa el Estado y la sociedad colombiana en medio de un conflicto armado, no podrían ejercerse.
84. Se trae a colación el artículo 2° del Acto Legislativo 01 de 2017, que agregó un parágrafo al artículo 122 de la Constitución Política, porque si bien hace referencia a medidas relacionadas con los derechos a la libertad de oficio y al trabajo de quienes se acojan a la Jurisdicción Especial para la Paz, incluidos quienes hayan sido condenado penalmente, tal prerrogativa conlleva como lo señaló en los siguientes términos la Corte Constitucional en la sentencia C-080 de 2018, la suspensión de las inhabilidades derivadas de las condenas por delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, verbigracia la que invoca el accionante para sostener que el señor Arias Cabrales no podía participar en el proceso de elección del representante de los ex rectores en la Universidad Militar Nueva Granada:
“El parágrafo del artículo 122 de la Constitución, por su parte, dispone igualmente la suspensión de las inhabilidades derivadas de las condenas por delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Esta regla no resulta aplicable a los miembros de las FARC-EP que suscribieron el Acuerdo Final, por cuanto su situación sobre el particular se rige por el parágrafo del artículo transitorio 20, el cual constituye para ellos regla especial derivada del Acuerdo Final, en el cual se acordó expresamente dicho tratamiento en materia de inhabilidades. Así las cosas, el parágrafo del artículo 122 de la Constitución, regla transitoria aplicable al actual proceso de justicia transicional, regula situaciones no previstas en el artículo transitorio 20, razón por la que ha de entenderse aplicable a los miembros de las FARC-EP que se hubieren desmovilizado individualmente, a los miembros de la fuerza pública y a quienes llegaren a suscribir acuerdos de paz y de sometimiento a la JEP, siempre que cumplan las siguientes condiciones: (i) en relación con los desmovilizados individualmente, que hayan dejado las armas, se hayan acogido a la Jurisdicción Especial para la Paz y no hayan sido condenados por delitos dolosos posteriores a su desmovilización, (ii) en relación con los miembros de la fuerza pública, que se sometan a la Jurisdicción Especial para la Paz, y (iii) en relación con los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley que llegaren a suscribir un acuerdo de paz con el Gobierno, que hayan dejado las armas, se hayan acogido a la Jurisdicción Especial para la Paz en los términos del Acto Legislativo 01 de 2017 y no sean condenados por delitos dolosos posteriores al acuerdo de paz o a su desmovilización” (Destacado fuera de texto).
85. Bajo ese entendimiento y sin perder de vista que respecto del señor Jesús Armando Arias Cabrales, la autoridad competente (la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas) aceptó su sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz, le concedió la libertad transitoria, condicionada y anticipada y reconoció que le asiste el derecho de ejercer libremente una profesión, arte u oficio, e inclusive, a vincularse contractual o laboralmente con el Estado, salta a la vista que se presentó una modificación respecto de los términos en que con anterioridad por la comisión un delito relacionado con el conflicto armado interno se le privó de la libertad y se le impuso inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
86. Precisamente, fue la decisión proferida dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, la que le permitió gozando de su libertad, intervenir en el trámite de designación del representante de los ex rectores ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Militar Nueva Granada, actuación que valga la pena destacar, no se evidencia contraria a las restricciones que estableció el parágrafo del artículo 122 de la Constitución Política, respecto la relación que pueden tener con entidades estatales, los miembros de la fuerza pública condenados por la comisión de delitos relacionados con el conflicto armado interno.
87. Lo anterior, porque la Universidad Militar Nueva Granada, según lo establece el artículo 1 de la Ley 805 de 2003, es un ente universitario autónomo vinculado al Ministerio de Educación Nacional, de manera tal que la relación que tiene el señor Jesús Armando Arias Cabrales como ex rector con la institución educativa y que le permitió participar en la designación de un integrante del Consejo Superior Universitario, en manera alguna significó que volvió a pertenecer a un organismo de seguridad o de defensa del Estado.
88. Es más, la participación del señor Jesús Armando Arias Cabrales en el trámite electoral, que se subraya, simplemente se hizo en su condición de ex rector, tampoco representó que contractual o laboralmente retornara a la institución educativa (lo que prima facie sería viable en el marco del artículo 122 Superior) y mucho menos, que se reincorporara al servicio activo en el Ejército Nacional.
89. Por lo tanto, si la autoridad judicial competente, con fundamento en la Constitución Política y la ley, le reconoció al señor Jesús Armando Arias Cabrales el derecho a ejercer libremente una profesión, arte u oficio, e inclusive, a vincularse contractual o laboralmente con el Estado (con las restricciones mencionadas que no se advierten desconocidas), a pesar de la condena que existe en su contra, tampoco hay lugar a considerar que la pena que le fue impuesta le impide participar en la condición de ex rector que ostenta, en la elección de uno de los miembros del Consejo Superior de la Universidad Militar Nueva Granada.
90. Es más, se advierte que la parte actora para sustentar la presunta inhabilidad del señor Arias Cabrales para participar en el trámite electoral, hizo referencia al artículo 13 del del reglamento del Consejo Superior Universitario, esto es, del Acuerdo 03 del 30 de marzo de 2016, que como lo señaló el Ministerio Público en su intervención, resulta impertinente, pues se ocupa de consagrar algunas inhabilidades para los miembros del anterior cuerpo colegiado, es decir, para quienes ocupan un asiento en el mismo, más no respecto de quienes eligen a éstos.
91. En este caso, el señor Jesús Armando Arias Cabrales no fue elegido representante de los ex rectores en el Consejo Superior Universitario, cuestión distinta es que participó en el trámite de designación de éste, razón por la cual el artículo 13 ibidem que no está dirigido a regular las situaciones de inhabilidad de quienes eligen a dicho representante, no constituye una norma aplicable a la situación del anterior ciudadano, por lo que tampoco hay lugar a considerar que fue desconocido.
92. En conclusión, se descartan las razones expuestas por el demandante para reprochar la intervención de los señores Augusto Pradilla Giraldo y Jesús Armando Arias Cabrales en el trámite de expedición del acto acusado, por el contrario, se advierte que como ex rectores estaban facultados para tal fin, sin que se advierta sobre el particular alguna situación de inhabilidad.
De la elección mediante mensajes por correos electrónicos
93. Otro de los motivos de inconformidad consiste, en que según el artículo 32 del Acuerdo 03 de 2016, para la elección del representante de los exrectores ante el Consejo Superior Universitario se requiere celebrar una reunión, que no se llevó a cabo presencial o virtualmente, porque en su lugar se requirió el voto de aquéllos a través de correos electrónicos y simplemente se hizo una sesión para escrutar los sufragios, situación que la parte demandante consideró una irregularidad que afecta la validez de la designación cuestionada.
94. Con el fin de analizar el referido cargo, se traerá a colación el artículo antes señalado y seguidamente se hará un recuento de conformidad con las pruebas aportadas al proceso, de las principales actuaciones relacionadas con el trámite eleccionario.
95. En cuanto al primer asunto, se tiene que la norma que establece los parámetros para elegir al represente de los ex rectores de la Universidad Militar reza así:
“ARTÍCULO 32. Elección del representante de los ex rectores de la Universidad Militar. El procedimiento para la elección del representante de los ex rectores ante el Consejo Superior Universitario será el siguiente:
1. El Secretario del Consejo Superior Universitario requerirá a los ex rectores para que elijan a su representante.
2. El representante será elegido entre los ex rectores de la Universidad Militar, en reunión que para tal fin ellos mismos realicen. De esta actividad, se elaborará un acta suscrita por los participantes y se enviará al Secretario del Consejo Superior Universitario.
3. El Secretario del Consejo Superior Universitario comunicará el resultado a dicho organismo.
4. Si no fuera posible la elección de un ex rector en dos reuniones celebradas para tal fin, el Consejo Superior Universitario elegirá al representante, del listado de ex rectores elegibles, presentado por el Secretario del Consejo Superior” (Destacado fuera de texto).
96. Como puede apreciarse, la norma transcrita es clara en establecer que la mencionada elección debe efectuarse en una reunión con la participación de los ex rectores, que tienen hasta dos sesiones para materializar la designación, de lo contrario estará a cargo del Consejo Superior Universitario, a partir del listado de ex rectores elegibles, presentado por el secretario del cuerpo colegiado.
97. En contraste con los anteriores parámetros, se advierte a partir de las pruebas aportadas al proceso, que la reunión que se realizó para la elección del representante de los ex rectores ante el Consejo Superior, no tuvo como fin que éstos votaran, sino que se contabilizaran los sufragios enviados mediante correos electrónicos. Lo expuesto se establece a partir de las siguientes circunstancias:
Mediante oficios del 22 de octubre de 2020, enviados por correo electrónico el mismo día, suscritos por el brigadier general Alfonso Vaca Torres en su condición de vicerrector general y secretario general del Consejo Superior de la Universidad Militar Nueva Granada, dirigidos a los ex rectores de la misma institución Adolfo Clavijo Ardila, Augusto Pradilla Giraldo, Manuel Sanmiguel Buenaventura, Jesús Armando Arias Cabrales, Eduardo Antonio Herrera Berbel, Hugo Rodríguez Durán y Carlos Leongómez Mateus, se les informó y solicitó lo siguiente:
Que el 20 de noviembre de 2020 finalizaría el periodo del representante de los exrectores en el Consejo Superior Universitario, por lo que conforme con el artículo 32 del Acuerdo 03 de 2016 del mismo cuerpo colegiado, resultaba necesario elegir al reemplazo.
Que por la “actual situación de salud que se presenta a nivel nacional y local”, no era posible realizar una reunión presencial de los exrectores para la mencionada designación, motivo por el cual les solicitó enviar por correo electrónico a más tardar el 4 de noviembre de 2020, el nombre del ex rector que estiman debe representarlos.
Que una vez contara con las correspondientes respuestas, en presencia de la “Oficina Asesora Jurídica y Control Interno de la Universidad, como testigos”, se elaboraría un acta con los respectivos resultados.
Que el día 10 de noviembre de 2020 se comunicaría la decisión final a los ex rectores.
El mayor general (r) Eduardo Antonio Herrera Berbel, invocando la condición de ex rector, mediante escrito del 22 de octubre de 2020, dirigido al vicerrector y secretario de la Universidad, indicó que el procedimiento de elección del representante de los ex rectores ante el Consejo Superior Universitario se debe llevar a cabo de conformidad con el artículo 32 del Acuerdo 03 de 2016 y no en la forma propuesta, por lo que sugirió que la sesión correspondiente se celebre de manera virtual, lo cual “se aviene a las actuales condiciones generadas por la pandemia del COVID-19”. Adicionalmente, se postuló como candidato para la referida dignidad.
Mediante correo del 23 de octubre de 2020, el ex rector Manuel Sanmiguel Buenaventura, votó por el señor Augusto Pradilla Giraldo como representante de los exrectores.
A través de correo del 23 de octubre de 2020, el ex rector Carlos Leongómez Mateus, propuso como candidato a representante del mencionado estamento al general Augusto Pradilla Giraldo.
A través de correo del 29 de octubre de 2020, el ex rector Jesús Armando Arias Cabrales postuló al señor Augusto Pradilla Giraldo.
A través de escrito del 23 octubre de 2020, el ex rector Augusto Pradilla Giraldo presentó su nombre para ser elegido representante de los exrectores.
Mediante correo del 25 de octubre de 2020, dirigido al Consejo Superior Universitario, el ex rector Hugo Rodríguez Durán advirtió que la mentada elección debía realizarse de acuerdo con el artículo 32 del Acuerdo N° 03 de 2016.
El secretario del Consejo Superior Universitario mediante correos del 8 de noviembre de 2020, invitó a los ex rectores de la Universidad el 10 de noviembre de 2020 en las instalaciones de la misma (quinto piso edificio administrativo), “para el procedimiento de lectura de los correos enviados para la selección del Representante de los señores Ex – Rectores ante el Consejo Superior Universitario” (destacado fuera de texto).
Mediante correo del 9 de noviembre de 2020, el ex rector Adolfo Clavijo Ardila votó para la referida dignidad por el señor Eduardo Herrera Berbel.
Mediante correo del 10 de noviembre de 2020, el secretario del Consejo Superior Universitario, le envió a los exrectores, un link para conectarse a las 10:00 a.m. a una reunión “con el fin de dar lectura de los correos enviados para la selección del Representante de los señores Ex – Rectores”.
Según el acta del 10 de noviembre de 2020, en las instalaciones de la Universidad Nueva Granada, se reunieron presencialmente los ex rectores Jesús Armando Arias Cabrales y Augusto Pradilla Giraldo, y mediante la herramienta meet el ex rector Eduardo Antonio Herrera Berbel. Adicionalmente, como “invitados” comparecieron el secretario del Consejo Superior Universitario (Alfonso Vaca Torres), la representante de las directivas académicas (María Irma Botero Ospino), la representante de los egresados (Wendy Kimberly Cabezas Pico), la representante de los estudiantes (Natalia Isabel Rodríguez Durán), la jefe de la Oficina Asesora Jurídica (Claudia Esther Pérez Duarte) y la jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión (Sara María Barraza Barrera).
En la sesión correspondiente, el secretario del Consejo Superior Universitario dio lectura a los correos electrónicos allegados para la elección del representante de los ex rectores, dejando constancia de lo siguiente:
Correo remitido por
Voto por
Carlos Leongómez Mateus
Augusto Pradilla Giraldo
Manuel San Miguel Buenaventura
Augusto Pradilla Giraldo
Augusto Pradilla Giraldo
Augusto Pradilla Giraldo
Jesús Armando Arias Cabrales
Augusto Pradilla Giraldo
Adolfo Clavijo Ardila
Eduardo Antonio Herrera Berbel
Hugo Rodríguez Durán
No votó. Indicó que la elección debía regirse por el artículo 32 del Acuerdo 03 de 2016
Eduardo Antonio Herrera Berbel
No votó, postuló a Eduardo Antonio Herrera Berbel
El señor Eduardo Antonio Herrera Berbel precisó, que en el correo que envió no voto por sí mismo, sino que se postuló para el cargo, lo cual es distinto. Además, que no estaba de acuerdo con el proceso eleccionario, pues no se siguieron las pautas del artículo 32 del reglamento del Consejo Superior Universitario.
Frente a tal circunstancia el secretario indicó, que la norma antes señalada es clara, pero que las circunstancias de salud que se afrontan a nivel nacional llevaron a plantear la celebración de la reunión de manera virtual, pero que 2 de los exrectores manifestaron que no manejaban las herramientas tecnológicas necesarias, por lo que se le preguntó al presidente del Consejo Superior cómo debía procederse, ante lo cual éste indicó que cada participante diera a conocer su candidato mediante correo electrónico.
Seguidamente aseveró el ex rector Augusto Pradilla Giraldo, que en derecho lo que no está prohibido la ley lo permite, y que en esta ocasión obtuvo la mayoría de votos para representar a los ex rectores en el Consejo Superior Universitario.
Teniendo en cuenta las anteriores intervenciones, el secretario del Consejo declaró que el escrutinio quedaba de la siguiente manera:
4 votos para el señor Augusto Pradilla Giraldo.
1 voto para el señor Eduardo Antonio Herrera Berbel.
2 abstenciones de los señores Hugo Rodríguez Durán y Eduardo Antonio Herrera Berbel.
De conformidad con el acta 07 de 2020, el 2 de diciembre de 2020 el señor Augusto Pradilla Giraldo se posesionó ante la Secretaría del Consejo Universitario, como miembro de éste en su condición de representante de los ex rectores, según el acta de la reunión celebrada el 10 de noviembre de 2020.
98. A partir de las anteriores consideraciones, se tiene que en el inicio del trámite eleccionario y con ocasión de la situación sanitaria por la pandemia por Covid-19, se descartó la alternativa de celebrar una reunión presencial para la elección de los representantes de los ex rectores ante el Consejo Superior. Asimismo, se evidencia según el acta que contiene la elección acusada, que se planteó la alternativa de una sesión virtual, pero la misma fue descartada porque 2 ex rectores manifestaron no manejar las herramientas tecnológicas para participar a través de dicha modalidad, por lo que, por directriz del presidente del señalado órgano colegiado, se estableció que los ex rectores votarían mediante correo electrónico, como en efecto ocurrió. Además, se observa que finalmente se invitó (el 8 de noviembre de 2020) a los ex rectores a una reunión presencial el 10 de noviembre de 2020, para dar lectura a los correos electrónicos que contenían los sufragios, aunque también el mismo día, se envió a aquéllos un link para comparecer a la sesión de manera virtual.
99. Del relato de lo ocurrido se evidencia, que la actuación de la institución educativa ante la situación sanitaria por la pandemia por Covid-19 no fue clara, porque en primer lugar se descartó la realización de una sesión presencial con la participación de los ex rectores para elegir a su representante, pero finalmente se les invitó a las instalaciones de la universidad para que contabilizaran los votos.
100. Se destaca esta circunstancia, porque tal forma de proceder revela que no existió coherencia en la directriz atinente a la celebración o no de reuniones presenciales con participación de los ex rectores, para el trámite de elección de su representante ante el Consejo Superior Universitario.
101. El recuento efectuado da cuenta que la reunión para dicha elección, con la participación de los ex rectores no se llevó a cabo, ni presencial o virtualmente, aunque es exigida por el artículo 32 del reglamento del Consejo Superior Universitario, y que la celebrada con la participación de 3 de los 7 que participaron el trámite correspondiente, tuvo un propósito distinto, hacer un recuento de los votos que con anterioridad se enviaron mediante correo electrónico.
102. Asimismo, comoquiera que el anterior precepto no impone que la celebración de la reunión de los ex rectores para elegir a su representante debe llevarse a cabo de manera presencial, considera la Sala que deja abierta la posibilidad de celebrarla de forma virtual, alternativa que se descartó bajo una razón insuficiente, consistente en que dos de los ex rectores manifestaron no manejar las herramientas tecnológicas para tal fin, aunque dicha situación no se advierte insuperable, pues por ejemplo, pudo ofrecérseles la asistencia correspondiente para contar con su participación; además, tampoco se expone por qué motivo sin su comparecencia sería imposible adoptar una decisión.
103. A partir de las consideraciones expuestas salta a la vista, que al no celebrarse la reunión de que trata el artículo 32 del reglamento del Consejo Superior Universitario, se incurrió en una irregularidad en el proceso eleccionario, pues se pasó por alto una de las exigencias de que trata el anterior precepto.
104. No obstante lo anterior, frente a la mencionada irregularidad, resulta necesario establecer si tiene la virtualidad de afectar la legalidad la elección, que fue producto de la voluntad mayoritaria de los ex rectores que participaron durante todo el procedimiento, dicho de otro de modo, si a partir de lo probado en el proceso, el hecho de no haber celebrado la reunión de que trata el artículo 32 del Acuerdo 03 de 2016, da lugar a anular la elección del representante de los ex rectores ante el Consejo Superior Universitario.
105. El análisis anunciado deviene necesario, en la medida que el vicio a que hace alusión el demandante está inescindiblemente relacionado con la votación, pues la reunión de que trata el artículo 32 ibidem tiene como propósito fundamental que los ex rectores elijan en ella a su representante, por lo que al tenor del artículo 287 de la Ley 1437 de 2011, surge la necesidad de establecer si la mentada irregularidad afecta el resultado de la designación, pues en caso contrario debe prevalecer la voluntad de electorado.
106. Vale la pena recordar, que la norma antes señalada constituye una manifestación del principio de la eficacia del voto, según el cual como lo ha destacado esta Sección, “en los procesos de índole objetiva, es decir aquéllos en los cuales de discute la ocurrencia de irregularidades en la votación o en los escrutinios, el acto electoral solamente puede ser anulado si se demuestra que dichas irregularidades tienen la incidencia de modificar el resultado de la contienda electoral. De lo contrario, debe preservarse la voluntad legítima mayoritaria de los electores” (Destacado fuera de texto).
107. En el mismo sentido ha señalado esta Sección:
“(…) (La) legislación por excelencia para las elecciones por voto popular, en su catálogo de principios, destaca el llamado principio de eficacia del voto, definido como la preponderancia de la interpretación que le dé validez al voto para que así represente la expresión de la libre voluntad del elector.
Principios análogos y de redacción similar se encuentran en el principio del efecto útil de la norma o la ponderación que hace el Código Civil frente a las máximas de interpretación de la ley, en las que se encuentran en tensión, en mayor o menor grado, las posibles interpretaciones o aspectos hermenéuticos frente a la aplicación de las normas.
Por eso, en forma constante, la jurisdicción electoral ha entendido y así lo ha manifestado a los sujetos procesales, a lo largo de sus pronunciamientos judiciales, que el hecho de que exista y se prueben irregularidades en el proceso de electoral administrativo, no conlleva per se la nulidad del acto electoral que la declara.
Para el lector desprevenido y en grado sumo acontece con los sujetos procesales, les parece casi paradójico que habiéndose demostrado irregularidades, se mantenga al elegido en su cargo o curul.
Pues bien no ha de olvidarse que se encuentran en tensión varios derechos, unos de espectro mucho más amplio que deben ser protegidos, así pues el ejercicio de los derechos fundamentales políticos a elegir y ser elegido tiene su alter ego como ser político público en la voluntad popular, en la democracia y en el mantenimiento de la institucionalidad del Estado en el que una de sus manifestaciones es propender por garantizar la evolución normal del desenvolvimiento del Estado, a través de los servidores designados por el conglomerado.
Es por ello, que con base en el principio de la eficacia del voto o del efecto útil de la norma, acreditadas las irregularidades, ha de pasarse a una última etapa dentro del iter del proceso electoral, para adentrarse en el análisis del impacto de esos votos espurios en el resultado definitivo que dio al elegido el triunfo, pues mientras aquel no sea mutado o modificado a tal punto que se tenga certeza que había otro participante con mejor derecho, la declaratoria de la elección se mantendrá incólume” (Destacado fuera de texto).
108. Bajo tal perspectiva, sin pasar por alto que en los procesos electorales (sean o no de carácter popular), pudo incurrirse en irregularidades como la omisión o el desconocimiento de exigencias previamente establecidas, debe evaluarse si transcendieron al resultado de la designación y/o implicaron el desconocimiento de presupuestos indispensables para predicar su legalidad, porque en caso contrario, en aplicación del principio de la eficacia del voto, no habría razón suficiente para excluir el nombramiento o elección del ordenamiento jurídico.
109. Desde este punto de vista, debe tenerse presente que el fin esencial de la reunión de que trata el artículo 32 del Acuerdo 03 de 2016, es que los ex rectores voten para elegir a su representante ante el Consejo Superior, que lleguen a una decisión mayoritaria sobre el particular, para lo cual tienen hasta 2 sesiones, so pena de que la designación la realice el anterior cuerpo colegiado.
110. A juicio de la Sala tal finalidad se cumplió, si bien no mediante una reunión, sí a través del mensaje que envió el secretario del Consejo Superior a 7 ex rectores de la Universidad, solicitándoles que expresaran el nombre de quien debía representarlos en el órgano colegiado, y la respuesta a dicho mensaje por parte de aquéllos, de los cuales 4 de votaron por el señor Augusto Pradilla Giraldo, 1 por el señor Eduardo Antonio Herrera Berbel y 2 se abstuvieron.
111. En efecto, se recuerda que mediante oficios del 22 de octubre de 2020 enviados por correo electrónico a los ex rectores, se subrayó (I) que finalizaría el periodo de quien los representaba en el Consejo Superior Universitario, por tanto, que era necesario designar el reemplazo, (II) de manera tal que se les solicitó que indicaran por el mismo medio, a juicio de cada uno, quién los debía representar, (III) para posteriormente computar las respuestas en presencia de la “Oficina Asesora Jurídica y Control Interno de la Universidad, como testigos”, y (IV) darles a conocer la decisión respectiva, precisiones que al realizarse tenían como propósito esencial, claro e inequívoco, obtener de los ex rectores su voto para suplir la vacante en el señalado cuerpo colegiado.
112. En atención a los términos en que se solicitó a los ex rectores que manifestaran su voluntad, expresando el nombre de la persona que los debía representar en el Consejo Superior Universitario, se estima que los correos de respuesta que identificaron quién debería ocupar un asiento en el cuerpo colegiado constituyen votos, aunque en algunos de los mensajes de datos se hayan empleado verbos como postular o presentar para hacer referencia a criterio de cada elector, quién debía representarlos.
113. El anterior entendimiento de las respuestas de los ex rectores fue el que permitió que en la sesión del 10 de noviembre de 2020 se computarán los votos y se concluyera que el ex rector que mayor respaldo obtuvo fue el señor Augusto Pradilla Giraldo, sin que se evidencie que en dicha sesión, antes o después de la misma por parte de quienes lo respaldaron, alguna solicitud de aclaración u objeción sobre el alcance de los correos electrónicos enviados en respuesta a la petición de votar para suplir la mencionada vacante.
114. Las únicas aclaraciones que se realizaron fueron las efectuadas por los señores Hugo Rodríguez Durán y Eduardo Antonio Herrera Berbel, que manifestaron su desacuerdo con el procedimiento que se siguió para la elección, por lo que se dejó constancia en aras de no tergiversar su voluntad, que se abstenían de votar, a diferencia de los otros 5 ex rectores que indicaron mediante correo electrónico quién debía representarlos en el Consejo Superior Universitario, señalado 4 de ellos al señor Augusto Pradilla Giraldo, lo que permitió que se contara con los votos necesarios para materializar la designación que se controvierte en esta oportunidad, sin que se advierta por parte de quienes otorgaron dicho respaldo, alguna queja relativa a una indebida interpretación de su intervención el trámite electoral.
115. Por consiguiente, está acreditado que la mayoría de los ex rectores que fueron involucrados al trámite eleccionario, expresaron su deseo de ser representados por el señor Augusto Pradilla Giraldo, motivo por el cual la finalidad que persigue el artículo 32 ibidem se cumplió, sin desconocer desde luego, que no se atendió la exigencia de la reunión que se previó para tal efecto.
116. Añádase a lo expuesto, que el demandante no alegó ni la Sala advierte a partir de los elementos de juicio aportados al presente trámite, que dicha omisión pusiera en riesgo el derecho a ejercer el voto de manera libre, segura e informada, o que propició que se indujera en error a los electores, por lo que no se advierte razón suficiente para declarar la nulidad de la designación controvertida, en especial, cuando no se discute que refleja la voluntad mayoritaria.
117. En relación con la situación antedicha se itera, el demandante no explicó de qué manera la referida irregularidad afectó el resultado de la elección, ni aportó elementos de juicio a partir de los cuales razonablemente pudiera sostenerse que de haberse llevado a cabo la reunión de manera presencial o virtual, se habría llegado a una decisión distinta a la controvertida en esta oportunidad.
118. Por el contrario, a partir de las pruebas aportadas se tiene, que si bien es cierto la mentada reunión no se celebró, los electores tuvieron la oportunidad de manifestar la opción de su preferencia, constatar el sentido de los votos y por ende, que quien los represente en el Consejo Superior sea la persona que mayor respaldo obtuvo.
119. En conclusión, pese a que en el proceso de objeto de análisis no se celebró una reunión para que los ex rectores votaran por su representante ante el anterior órgano colegiado, debido a la forma en que se llevó a cabo el trámite electoral, tal circunstancia no resulta suficiente para anular la designación cuestionada.
De la participación de personas distintas a los ex rectores en el trámite electoral
120. De otra parte, reprocha el accionante que en el trámite de la elección, concretamente en la sesión del 10 de noviembre de 2020, en la que se verificaron los votos efectuados, asistiera el secretario del Consejo Superior Universitario, la representante de las directivas académicas, la representante de los egresados, la representante de los estudiantes, la jefe de la Oficina Asesora Jurídica y la jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión, aunque la normatividad pertinente no contemplan la participación de tales sujetos, o que deban cumplir alguna labor de supervisión y/o control.
121. En este punto le asiste razón al actor al considerar, que el artículo 32 del Acuerdo 03 de 2016, que contempla el trámite de elección del representante de los ex rectores, no prevé la intervención de los representantes de las directivas académicas, de los egresados, de los estudiantes, o de los jefes de las oficinas Asesora Jurídica y de Control Interno, por lo que prima facie su participación no era necesaria o indispensable para la adopción de una decisión, que en primera instancia le corresponde a los ex rectores y subsidiariamente al Consejo Superior Universitario.
122. No obstante lo anterior, la anterior disposición tampoco prohíbe que en el trámite respectivo se pueda contar con la intervención de personas distintas a los ex rectores de la institución educativa, verbigracia, los integrantes de algunos de los órganos y dependencias de apoyo, asesoramiento y control de la institución educativa, o los pertenecientes a la dirección institucional y académica de la Universidad, los cuales hacen parte de la estructura de ésta según el artículo 17 de los estatutos, y que eventualmente podrían facilitar que los ex rectores o el Consejo Superior, según el caso, adopten la decisión definitiva.
123. Por lo tanto, aunque cierto es que la intervención de la mayoría de los sujetos identificados por la parte accionante no está contemplada en las normas que rigen el trámite electoral objeto de estudio, también lo es que la normatividad universitaria no proscribe que para la elección del representante de los ex rectores se cuente con el apoyo, acompañamiento y/o asesoría de otros integrantes de la institución educativa, que desde luego, deben respetar la competencia de los facultados para ejercer el derecho al voto.
124. Sobre este último aspecto vale la pena destacar, que el demandante no expuso y mucho menos acreditó, de qué manera la intervención en la sesión del 10 de noviembre de 2020 de los representantes de las directivas académicas, de los egresados, de los estudiantes o de los jefes de las oficinas Asesora Jurídica y de Control Interno, afectó el resultado de la elección, es decir, no dio cuenta de cuáles fueron los actos de tales personas, además de asistir a dicha reunión, que podrían haber influido en aspectos sustanciales de la designación o de las garantías esenciales para materializarla.
125. No debe olvidarse que la sesión del 10 de noviembre de 2020 tuvo como fin constatar la voluntad mayoritaria de los ex rectores, y por ende, garantizar que el resultado de la elección correspondiera a la voluntad de aquéllos, hecho que quiso constatarse a través de la presencia de los mencionado invitados, para que dieran fe de lo ocurrido.
126. Es más, del acta que da cuenta de la referida reunión, ni siquiera se evidencia que los señalados invitados hayan tomado alguna determinación sobre el trámite electoral, por lo que se insiste, no existe mérito suficiente para considerar que su asistencia para dar fe de la votación de los ex rectores de la institución y del cómputo de los sufragios, tenga la virtualidad de afectar la validez de la designación.
127. Especial consideración merece la participación del secretario general del Consejo Superior Universitario, porque a diferencia de lo que indicó el demandante, sí está contemplada en el artículo 32 del Acuerdo 03 de 2016, al señalar que (I) es el encargado de convocar a los ex rectores para que realicen la elección, (II) el funcionario al que se le debe informar el sentido de la decisión adoptada, para que (III) la comunique al Consejo y (IV) en caso de que aquéllos no logren elegir a su representante, presentar el listado de candidatos al señalado órgano colegiado para que realice de forma subsidiaria la designación.
128. A juicio de la Sala, que la normatividad pertinente le haya asignado al secretario del Consejo Superior las anteriores facultades, justificó su intervención en el trámite electoral, en aras de facilitar que los ex rectores eligieran a su representante, en especial, dadas las dificultades que se presentaron con ocasión de la pandemia por Covid-19.
129. En ese sentido también se observa, que aunque la parte accionante califica la intervención del secretario como una “intromisión indebida, una usurpación, una simulación”, no se advierte de las pruebas aportadas, que su participación haya significado el desconocimiento del sentido de los votos de los ex rectores, de la voluntad mayoritaria y/o de la competencia que les fue atribuida para ser quienes adoptaban la decisión correspondiente. Ejemplo de esta situación, constituyó el hecho de haber reconocido a partir de la intervención del señor Eduardo Antonio Herrera Berbel en la sesión del 10 de noviembre de 2020, que con el correo que envió no votó por sí mismo, sino simplemente se postuló para el cargo, lo cual es distinto, a partir de lo cual respetando la voluntad del ex rector, se concluyó que se abstuvo de sufragar.
130. En la misma línea argumentativa el peticionario sostuvo, que el secretario del Consejo Superior Universitario dentro del trámite electoral actuó con el fin de materializar propósitos distintos a los amparados por el ordenamiento jurídico, pero tampoco explicó y mucho menos acreditó, cuáles fueron los fines particulares o contrarios a Derecho que a su juicio se persiguieron.
131. Por el contrario, las pruebas aportadas dan cuenta que la intervención del secretario tuvo como fin propiciar la participación de los ex rectores para que eligieran a su representante, dar fe de la voluntad de los mismos y respetar la decisión mayoritaria, que en esencia corresponden a los intereses que buscan garantizar las normas relativas a la aludida elección.
132. No desconoce la Sala que el principal reproche que hizo el demandante a la intervención del secretario está relacionada con el hecho de que en virtud de los correos que envió, no se realizó la reunión presencial o virtual de los ex rectores para la señalada elección, situación que como líneas atrás se indicó, no constituye una irregularidad que tenga la virtualidad de afectar la validez del acto enjuiciado, pues se itera, pese a la omisión en que se incurrió, los electores manifestaron su voluntad, esta no fue tergiversada, no se advierte que se hayan vulnerado sus garantías fundamentales, ni se acreditó que de haberse celebrado dicha sesión otro sería el resultado de la elección.
133. En ese orden de ideas, tampoco se evidencia frente a dicho funcionario alguna conducta que justifique remitir copia de la presente actuación a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones pertinentes, como lo solicita el demandante, desde luego, sin perjuicio de lo que establezcan éstas y de la posibilidad que tiene el actor de acudir directamente a ellas, en especial, cuando no es materia del presente proceso realizar un análisis subjetivo de la conducta de quienes participaron el proceso electoral, pues una de las notas distintivas del medio de control de nulidad electoral, es realizar un juicio objetivo de legalidad del acto de elección.
134. En suma, tampoco le asiste razón al demandante al considerar que la intervención del secretario del Consejo Superior Universitario, de las representantes de las directivas académicas, de los egresados, de los estudiantes y de las jefes de las oficinas Asesora Jurídica y de Control Interno de Gestión, puso entredicho la validez de la designación objeto de estudio.
Conclusión
135. Esclarecido que el acto de elección del señor Augusto Pradilla Giraldo como representante de los ex rectores ante el Consejo Superior de la Universidad Militar Nueva Granada mantiene su presunción de legalidad, se negarán todas las pretensiones de la demanda.
136. Por todo lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta en uso de facultades constitucionales y legales,
RESUELVE:
NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad electoral presentada por el ciudadano Eduardo Antonio Herrera Berbel, contra el acto de designación del representante de los ex rectores de la Universidad Militar Nueva Granada ante el Consejo Superior Universitario del ente educativo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.
Actuaciones Nos. 1 y 3 contenidas en la aplicación SAMAI.
ARTÍCULO 139. NULIDAD ELECTORAL. Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden. Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas.
En elecciones por voto popular, las decisiones adoptadas por las autoridades electorales que resuelvan sobre reclamaciones o irregularidades respecto de la votación o de los escrutinios, deberán demandarse junto con el acto que declara la elección. El demandante deberá precisar en qué etapas o registros electorales se presentan las irregularidades o vicios que inciden en el acto de elección.
En todo caso, las decisiones de naturaleza electoral no serán susceptibles de ser controvertidas mediante la utilización de los mecanismos para proteger los derechos e intereses colectivos regulados en la Ley HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0472_1998.html" \l "1" 472 de 1998.
Acuerdo 03 de 2016 (30 de marzo de 2016). Artículo 32. Elección del representante de los ex rectores de la Universidad Militar. El procedimiento para la elección del representante de los ex rectores ante el Consejo Superior Universitario será el siguiente:
El Secretario del Consejo Superior Universitario requerirá a los ex rectores para que elijan su representante.
El representante será elegido entre los ex rectores de la Universidad Militar, en reunión que para tal fin ellos mismos realicen. De esta actividad, se elaborará un acta suscrita por los participantes y se enviará al Secretario del Consejo Superior.
El Secretario del Consejo Superior Universitario comunicará el resultado a dicho organismo.
Si no fuere posible la elección de un ex rector en dos reuniones celebradas para tal fin, el Consejo Superior Universitario elegirá al representante, del listado de ex rectores elegibles, presentado por el Secretario del Consejo Superior.
“ARTÍCULO 13. Inhabilidades. No podrán ser elegidos como integrantes del Consejo Superior Universitario de la Universidad Militar Nueva Granda, quienes:
1. Se hallen en interdicción judicial o inhabilitados por una sanción disciplinaria o penal.
2. Hubieren sido condenados por delitos contra la administración pública, la administración de justicia o la fe pública, o condenados a pena privativa de la libertad por cualquier delito dentro de los diez años anteriores, exceptuados los culposos y los políticos.
3. Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas, o por ambas. Esta inhabilidad tiene una duración de tres años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción.
4. Haber sido declarado responsable fiscalmente. Esta inhabilidad dura cinco (5) años, prorrogable si no se efectúa el pago establecido en el fallo de la Contraloría en aquel término y, de todos modos, cesa cuando se haga dicho pago.
5. Se encuentren dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los integrantes que ya vienen actuando o el representante legal de la institución de educación superior estatal u oficial”.
Actuación No. 37, contenida en el aplicativo SAMAI. Actuación No. 44, contenida en el aplicativo SAMAI. Actuación No. 53, contenida en el aplicativo SAMAI. Actuación No. 56, contenida en el aplicativo SAMAI.
“ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: 3. De la nulidad del acto de elección del Presidente y el Vicepresidente de la República, de los Senadores, de los Representantes a la Cámara, de los Representantes al Parlamento Andino, del Alcalde Mayor de Bogotá, de los miembros de la Junta Directiva o Consejo Directivo de las entidades públicas del orden nacional, de los entes autónomos del orden nacional y de las Comisiones de Regulación” (énfasis propio). Para el caso de autos se tiene que la Universidad Militar Nueva Granada, según lo establece el artículo 1° de la Ley 805 de 2003, es un ente universitario autónomo del orden nacional, vinculando al Ministerio de Educación Nacional, y la elección cuestionada corresponde a la de uno de los integrantes del Consejo Superior de la institución educativa. La sentencia fue impuesta por el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá mediante sentencia del 28 de abril de 2011, confirmada el 24 de octubre de 2014 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Además, se tiene que el 23 de septiembre de 2019 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió no casar el fallo recurrido, aunque aclaró que la condena contra el señor Jesús Armando Arias Cabrales era en calidad de coautor y no como autor mediato por omisión. La anterior información es extraída de la Resolución N° 1571 del 15 de mayo de 2020 de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, aportada a folio 217 a 305 del escrito de contestación de la demanda del Consejo Superior Universitario, y de la copia referido fallo de casación aportado con la demanda.
“ARTÍCULO 28. REQUISITOS PAR SER RECTOR. Para ser Rector de la Universidad Militar Nueva Granada, se requiere: 1. Ser Oficial General o de Insignia de las Fuerzas Militares de Colombia, en servicio activo o en retiro. 2. Poseer título Profesional Universitario. 3. Poseer título de Posgrado. Además, deberá cumplir con uno de los siguientes requisitos: 1. Haber sido Director o Comandante de un Instituto o Escuela de Formación o Capacitación de Oficiales o Suboficiales de las Fuerzas Militares, durante un lapso no inferior a un año. 2. Ser profesor militar escalafonado como mínimo en tercera categoría”.
“ARTÍCULO 9. GRADOS HONORARIOS. El Gobierno Nacional podrá conferir grados militares con carácter exclusivamente honorarios a ciudadanos colombianos, así como a oficiales, suboficiales, alumnos y personajes extranjeros que hayan prestado servicios eminentes a las Fuerzas Militares, de acuerdo con reglamentación que expida para el efecto”. Visible a folio 89 del documento digital mediante el cual el Consejo Superior Universitario contestó la demanda. Allegados en virtud de la prueba de oficio decretada mediante auto del 4 de mayo de 2021. Folio 140 del documento digital correspondiente a la hoja de vida del demandado. Folio 263 del anterior documento. Sobre los encargos del demandado en la rectoría de la universidad, adicionalmente se constataron los siguientes actos administrativos: Acuerdo N° 017 del 4 de noviembre de 1997, Acuerdo 009 del 6 de agosto de 1998, Resolución 371 del 29 de marzo de 2001, Resolución N° 507 del 21 de mayo de 2001, Resolución 707 del 24 de julio de 2001, Resolución 845 del 22 de agosto de 2001 y Resolución 1345 del 11 de octubre 2002. Folio 157 del documento digital correspondiente a la hoja de vida del demandado. Folio 5 del documento digital correspondiente a la contestación de la demanda.
“ARTÍCULO 8.
Integración del Consejo Superior Universitario. El Consejo Superior Universitario está integrado por:
(…)
11. un ex rector de la Universidad Militar Nueva Granada.
(…)” (En el mismo sentido se encuentra el artículo 20 de los estatutos generales de la Universidad).
“ARTÍCULO 32. Elección del representante de los ex rectores de la Universidad Militar. El procedimiento para la elección del representante de los ex rectores ante el Consejo Superior Universitario será el siguiente: 1. El Secretario del Consejo Superior Universitario requerirá a los ex rectores para que elijan a su representante. 2. El representante será elegido entre los ex rectores de la Universidad Militar, en reunión que para tal fin ellos mismos realicen. De esta actividad, se elaborará un acta suscrita por los participantes y se enviará al Secretario del Consejo Superior Universitario. 3. El Secretario del Consejo Superior Universitario comunicará el resultado a dicho organismo. 4. Si no fuera posible la elección de un ex rector en dos reuniones celebradas para tal fin, el Consejo Superior Universitario elegirá al representante, del listado de ex rectores elegibles, presentado por el Secretario del Consejo Superior”.
“ARTÍCULO 20. Del Consejo Superior Universitario. El Consejo Superior Universitario es el máximo órgano dirección y gobierno de la Universidad Militar Nueva Granada y está integrado por:
(…)
11. Un ex rector de la Universidad Militar Nueva Granada.
(…)
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las calidades, elección, período de permanencia, derechos, obligaciones e incompatibilidades de los miembros señalados en los numerales 7, 8, 9, 10 y 11, se establecerán en el Reglamento del Consejo Superior Universitario. PARÁGRAFO TERCERO: Los integrantes del Consejo Superior que tuvieren la calidad de empleados públicos, el Rector y Secretario del Consejo, estarán sujetos a los impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades establecidas por la ley y los estatutos. Todos los integrantes del Consejo Superior Universitario, debido a las funciones públicas que desempeñan, serán responsables de las decisiones que adopten”. Estatutos generales de la Universidad Militar Nueva Granada.
“ARTÍCULO 13. Inhabilidades. No podrán ser elegidos como integrantes del Consejo Superior Universitario de la Universidad Militar Nueva Granda, quienes: 1. Se hallen en interdicción judicial o inhabilitados por una sanción disciplinaria o penal. 2. Hubieren sido condenados por delitos contra la administración pública, la administración de justicia o la fe pública, o condenados a pena privativa de la libertad por cualquier delito dentro de los diez años anteriores, exceptuados los culposos y los políticos. 3. Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas, o por ambas. Esta inhabilidad tiene una duración de tres años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción. 4. Haber sido declarado responsable fiscalmente. Esta inhabilidad dura cinco (5) años, prorrogable si no se efectúa el pago establecido en el fallo de la Contraloría en aquel término y, de todos modos, cesa cuando se haga dicho pago. 5. Se encuentren dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los integrantes que ya vienen actuando o el representante legal de la institución de educación superior estatal u oficial”. Reglamento del Consejo Superior Universitario de la Universidad Militar Nueva Granada. Aplicado por ejemplo, por la Corte Constitucional en sentencias como la C-317 del 3 de mayo de 2012, M.P. María Victoria Calle Correa. Teniendo en cuenta que el rector, conforme con el artículo 22 de los estatutos, es “el representante legal y primera autoridad ejecutiva de la Universidad Militar Nueva Granada”. Por el cual se expide el reglamento del Consejo Superior Universitario de la Universidad Militar Nueva Granada. Consejo de Estado, sentencia de 29 de septiembre de 2009, M.P. Victor Hernando Alvarado Ardila, Rad.:
25000-23-15-000-2006-02002-01. En el mismo sentido ver: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 10 de marzo de 2011, M.P. María Claudia Rojas Lasso, Rad. 52001-23-31-000-2005-00908-01(AP). Corte Constitucional sentencia C-563 del 7 de octubre de 1998. M.P. Antonio Barrera Carbonell y Carlos Gaviria Diaz.
“Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones”. Ley 1820 de 2016, artículo 51. Ley 1957 de 2019, artículo 51. Ley 1820 de 2016, artículo 51. Respecto del último requisito, frente al caso del señor Arias Cabrales se destacó que para el 9 de noviembre de 2019 registraba 11 años y 29 días privado de libertad en virtud de la condena que le fue impuesta. Ver el numeral 221 de la parte motiva y el decimoctavo de la Resolución N° 1571 del 15 de mayo de 2020 de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz.
“ARTÍCULO 51. LIBERTAD TRANSITORIA CONDICIONADA Y ANTICIPADA. La libertad transitoria condicionada y anticipada es un beneficio propio del sistema integral expresión del tratamiento penal especial diferenciado, necesario para la construcción de confianza y facilitar la terminación del conflicto armado interno, debiendo ser aplicado de manera preferente en el sistema penal colombiano, como contribución al logro de la paz estable y duradera.
(…)
PARÁGRAFO 2o. En ningún caso los condenados y/o sancionados serán reintegrados al servicio activo”. Corte Constitucional, sentencia T-467 del 3 de noviembre de 2020, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Corte Constitucional, sentencia C-080 del 15 de agosto de 2018, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
“ARTÍCULO 1o. NATURALEZA. La Universidad Militar Nueva Granada es un ente Universitario Autónomo del orden nacional, con régimen orgánico especial, cuyo objeto principal es la educación superior y la investigación, dirigidas a elevar la preparación académica de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en actividad o en retiro; los empleados civiles del sector defensa, los familiares de todos los anteriores, y los particulares que se vinculen a la universidad. Vinculado al Ministerio de Educación Nacional, en lo que a las políticas y a la planeación del sector educativo se refiere”. Visible a folios 39-45 del archivo digital correspondiente a la contestación de la demanda y sus anexos del Consejo Superior de la Universidad Militar Nueva Granada. Folios 48 -58, 60 del anterior documento. Folios 46-47 del anterior documento. Folio 52 del documento en mención. Folio 62 del documento en mención. Folio 61 del mencionado documento. Folio 63 del referido documento. Folio 55 del anterior documento. Folios 64 – 71 del documento en mención. Folio 59 del referido documento. Folio 72 del señalado documento. Folios 73-84 del señalado documento. Folio 85 del referido documento.
“ARTÍCULO 287. PRESUPUESTOS DE LA SENTENCIA ANULATORIA DEL ACTO DE ELECCIÓN POPULAR. Para garantizar el respeto de la voluntad legítima mayoritaria de los electores habrá lugar a declarar la nulidad de la elección por voto popular, cuando el juez establezca que las irregularidades en la votación o en los escrutinios son de tal incidencia que de practicarse nuevos escrutinios serían otros los elegidos” (destacado fuera de texto). Consejo de Estado, Sección Quita, sentencia del 16 de marzo de 2017, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 54001-23-33-000-2016-00002-01. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de, 15 de diciembre de 2016, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 13001-23-33-000-2016-00106-01. Ver por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 18 de diciembre de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate Rad. 11001-03-28-000-2019-00036-00. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia 1º de julio de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad.13001-23-33-000-2019-00264-03.
No puede perderse de vista como lo ha subrayado la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo Estado, como nota distintiva del medio de control de que trata el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, respecto de otros mecanismos que también se ocupan de asuntos de naturaleza electoral, como la pérdida de investidura y la pérdida del cargo, que “el juez está llamado a hacer un juicio sobre la legalidad del acto de elección, es decir, su correspondencia o no con el orden jurídico, sin efectuar calificación alguna sobre las razones o el contexto en que se configuró la causal de nulidad invocada. Es por ello que se habla de un control objetivo de legalidad, en tanto se analiza el acto de elección o designación frente al ordenamiento jurídico. El juzgador no puede hacer examen diverso a la confrontación acto-norma . Es decir, la pretensión de nulidad electoral es la de dejar sin efectos el acto de elección o designación por ser contrario al ordenamiento. El juez solo debe confrontar la disposición que se dice vulnerada con el acto de elección o designación, para determinar si el mismo se aviene o no a los supuestos exigidos por la disposición que se dice desconocida, juicio meramente objetivo que protege la voluntad popular del electorado” (Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 27 de septiembre de 2016, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. (SU) 11001-03-15-000- 2014-03886-00. Criterio reiterado en: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1 de diciembre de 2016, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 50001-23-33-000-2015-00006-01. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 18 de febrero de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 05001-23-33-000-2019-02852-02).
Radicado: 11001-03-28-000-2020-00096-00
Demandante: Eduardo Antonio Herrera Berbel
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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