Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2021-00033-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2021-00033-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2021-00033-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
3 de febrero de 2022
Radicado: 11001-03-28-000-2021-00033-00
Demandante: Dhorton Pino Serna
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUIINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2021-00033-00
Demandante: DHORTON PINO SERNA
Demandado: Acto de elección de la señora ANA SILVIA RENTERÍA
MORENO, como representante de las directivas
académicas ante el Consejo Superior Universitario de la
Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”
Temas: Improcedencia del análisis de fondo de asuntos excluidos en la
admisión de la demanda y fijación del litigio. Incidencia de las irregularidades
como presupuesto para declarar la nulidad de una elección. Falta de
publicación del acto definitivo no es motivo para su anulación.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir mediante sentencia anticipada la demanda de nulidad
electoral contra el acto de elección de la representante de las directivas
académicas ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad
Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba.
I. ANTECEDENTES
1.1.- La demanda
1. El 31 de mayo de 20211, el señor Dhorton Pino Serna, en ejercicio del medio
de control de que trata el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, solicitó la nulidad
del acto de elección2 de la señora Ana Silvia Rentería Moreno como
representante de las directivas académicas ante el Consejo Superior de la
Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”3.
1.2.- Hechos4
2. Indicó que el Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica
del Chocó está conformado por el ministro de educación o su delegado, un
1
Número de actuación 3 en el aplicativo SAMAI, con paso al despacho del 22 de julio de 2021.
2
Contenido en el Boletín No. 1 del 21 de mayo de 2021 y en el oficio del 26 del mismo mes del Comité Electoral que
confirmó los resultados de la designación, según se precisó en el auto admisorio de la demanda.
3
El demandante al subsanar la demanda precisó que la anterior designación es la controvertida. Lo anterior, luego de
que se le explicara mediante providencia del 23 de junio de 2021 que inadmitió la demanda, que en el medio de control
de que trata el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, la pretensión principal debe estar dirigida contra el acto
administrativo definitivo, sin perjuicio del estudio que se realice de la legalidad de las actuaciones previas al que declaró
la elección, nombramiento o llamamiento.
4
Se exponen los relatados por el demandante luego de que subsanara la demanda.
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Demandante: Dhorton Pino Serna
representante del presidente de la República, los representantes de los
profesores, estudiantes, las autoridades académicas, los egresados, el sector
productivo y de los ex rectores. Destacó que la designación de los
representantes de los estamentos de la institución educativa debe efectuarse
mediante “elección universal, directa y secreta”.
3. Relató que el Consejo Superior Universitario expidió el Acuerdo No. 0007 del
30 de abril de 2021, que estableció el proceso de elección del representante de
los ex rectores y el de las directivas académicas en el órgano colegiado.
4. Señaló que antes de la mencionada convocatoria, el 23 de abril de 2021, le
advirtió a la Universidad que los decanos y directores de programa no fueron
designados según lo establecen los artículos 105 y 116 el Acuerdo 0004 del 7 de
noviembre de 2017, situación que en su criterio impedía que participaran en la
elección del representante de las directivas académicas en el Consejo Superior
Universitario.
5. Aseveró que el 23 de abril de 2021, radicó un escrito en la oficina de
Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, con el fin de que
le hiciera seguimiento a la anterior petición, producto de lo cual dicha
dependencia, 2 días antes de la convocatoria para la elección del representante
de las directivas académicas en el Consejo Superior Universitario, le solicitó a la
institución educativa que respondiera el interrogante planteado.
6. Refirió que, pese a las anteriores advertencias, mediante el Acuerdo No.
0007 de 30 de abril de 2021, se fijó el cronograma para elegir al representante
objeto de demanda, motivo por el cual el 20 de mayo del mismo año impugnó la
conformación del censo electoral, alegando que estaban incluidas personas que
no podían votar.
7. Narró que el 24 de mayo de 2021, después de la jornada electoral, impugnó
el boletín No. 1, en el que insistió que los siguientes decanos y directores de
programa no estaban designados de conformidad con la normativa de la
institución educativa, porque no fueron electos, en virtud de una votación
universal, directa y secreta:
5
“ARTICULO 10°. El Artículo 72, del Estatuto General de la Universidad quedará así:
“Artículo 72. DEL DECANO, SU PERIODO Y REMOCIÓN: El Decano es la primera autoridad académica y
administrativa de la respectiva Facultad, elegido por votación universal directa y secreta, por los docentes,
administrativos, egresados y estudiantes de su respectiva facultad, para un periodo institucional de tres (3) años”.
PARÁGRAFO PRIMERO: La ponderación de la votación, se realizará en el Estatuto Electoral, en todos los casos, la
comunidad académica tendrá mayor peso en la ponderación.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando se presente ausencia permanente, se convocará a las elecciones nuevamente, si se
presenta una vacancia temporal el Rector designará al Decano”.
6
ARTICULO 11°. El Artículo 76, del Estatuto General de la Universidad quedará así:
“Artículo 76. DEL DIRECTOR DE PROGRAMAS: Cada Facultad tendrá un director de Programas elegido por votación
universal directa y secreta de los docentes, administrativos, egresados y estudiantes de su respectivo programa, para
un periodo institucional de tres (3) años”.
PARÁGRAFO PRIMERO: La ponderación de la votación, se realizará en el Estatuto Electoral; en todos los casos, la
comunidad académica tendrá mayor peso en la ponderación.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando se presente ausencia permanente, se convocará a las elecciones nuevamente, si se
presenta una vacancia temporal el Rector designará al director de Programas”.
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Demandante: Dhorton Pino Serna
VICENTE COPETE CORDOBA Decano
EUSTAQUIO OLAVE URRUTIA Decano
LEIDY VERTH VIAFARA RENTERIA Decana
RESFA OFIR RIOS PEÑA Decana
HUMBARTO MENA MENA Decano
RICARDO EMIRO LEDESMA COPETE Decano
JHON TEYLOR RENGIFO MOSQUERA Decano
JHON JAIRO MOSQUERA CORDOBA Decano
JOHANA EDELMIRA MAYA LOZANO Directora de Programa
MOIRA ISABEL LEMUS RENTERIA Directora de Programa
GEORGE YEAM CHAVEZ ARIAS Director de Programa
JARRINSON PALACIOS COPETE Director de Programa
JUAN CARLOS OREJUELA VEGA Director de Programa
DECIO MARMOLEJO MURILLO Director de Programa
YUBERT PALACIOS TORRES Director de Programa
MARCO ANTONIO TORRES MARTINEZ Director de Programa
8. Afirmó que, en respuesta a la anterior petición, el 26 de mayo de la presente
anualidad, el Comité Electoral le informó que “los encargos de los actuales
decanos como directores de programa se llevaron a cabo conforme a una facultad
otorgada al señor rector, mediante el acuerdo 020 del 5 de julio de 2018”. Subrayó
que consultó el acuerdo en la página web de la Universidad, pero que no hace
parte de aquélla, empero, el mismo le fue remitido por el referido Comité
mediante correo electrónico del 31 de mayo de 2021.
9. Aseveró que el 11 de junio de 2021, reiteró la petición que elevó el 23 de
abril de la misma anualidad, y además solicitó “copia de los actos de posesión de
quienes resultaron electos producto del proceso de convocatoria que se fijó mediante
el acuerdo 0007 del 30 de abril de 2021”, pero que ante la referida solicitud la
institución educativa guardó silencio, por lo que a “la fecha que no se conoce nada
acerca de las actas de posesión de los electos ante el Consejo Superior y mucho
menos los actos de posesión de algunos de los decanos y directores de programa”.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación7
10. Según el artículo 26 del Acuerdo No. 0001 de 2017 (estatutos de la
Universidad), modificado por el Acuerdo No. 0004 del mismo año, el
representante de las directivas académicas ante el Consejo Superior
Universitario es elegido por los vicerrectores de (i) docencia, (ii) extensión y
proyección social y, (iii) el de investigaciones, los decanos y directores de
programa. Destacó que tales electores suman 16 miembros de la comunidad
académica.
11. Afirmó que de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo No. 0021 de 20118,
al Comité Electoral le corresponde avalar los listados de los sufragantes para
cada elección, obligación que estima fue desatendida porque no se pronunció
respecto de la petición que elevó el 20 de mayo de 2021, a través de la cual
7
Se exponen los relatados por el demandante luego de que subsanara la demanda.
8
El Estatuto Electoral de la Universidad.
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impugnó la conformación del censo electoral, porque en su criterio estaban
incluidos decanos y directores de programa que no podían votar para elegir al
representante de las directivas ante el Consejo Superior Universitario, en tanto
no fueron designados según lo previsto en los artículos 10 y 11 del Acuerdo No.
0004 del 7 de noviembre de 2017, esto es, mediante un proceso de votación
universal, directa y secreta. Estimó que dicha irregularidad implicó un
desconocimiento del derecho al debido proceso que, a su vez, constituyó
una irregularidad en la expedición del acto acusado.
12. En la misma línea argumentativa, sostuvo que se desconocieron por falta
de aplicación los artículos 10 y 11 del Acuerdo No. 0004 de 2017, porque en
la elección cuestionada participaron decanos y directores de programa que no
fueron designados, conforme con los anteriores preceptos.
13. Bajo el amparo de la causal de nulidad denominada desconocimiento de
las normas en que debía fundarse, indicó que el Acuerdo No. 0007 del 30 de
abril de 2021, que estableció el proceso de elección del representante de los ex
rectores y el de las directivas académicas en el órgano colegiado, debió
sustentarse en los artículos 10 y 11 del Acuerdo No. 0004 de 2017, en cuanto a
la conformación del censo electoral, pero no lo hizo.
14. Por otro lado, invocó la causal de nulidad de expedición irregular, porque
el censo electoral fue publicado por el secretario general de la Universidad “un
día antes de las elecciones como está escrito en el acuerdo 0007 de 30 de abril de
2021”, aunque el parágrafo primero del artículo 20 y el artículo 22 del Acuerdo
No. 0021 de 2011, establecen que aquél debe ser publicado (I) por el Comité
Electoral (II) 3 días antes de los sufragios. Argumentó que esta situación
significó que no se contara con el tiempo necesario para resolver las objeciones
presentadas y superar las irregularidades denunciadas que están
estrechamente relacionadas con el derecho de la comunidad universitaria a
verificar “no solo los requisitos de los candidatos sino también de aquellos que
conforman el Censo Electoral del estamento de las Directivas Académicas”.
15. De otra parte, indicó que según la publicación que se efectúa en la página
web de la Universidad, puede apreciarse que mediante las resoluciones N°
6317 y 6327 del 8 de agosto de 2018, se nombraron a los siguientes decanos y
directores de programa:
“Frente a los nombramientos de encargos de los Decanos, conforme a la
publicación que se hiciera de los mismos en la página web de la institución
educativa, estos nombramientos se surtieron mediante la Resolución Nro. 6317
del 8 de agosto de 2018, así:
RUBI MERCEDES CARDONA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
CASTRO DE LA SALUD
RESFA OFIR RIOS PEÑA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
SOCIALES Y HUMANAS
JOSE HARRY COPETE ARROYO DECANO DE LA FACULTAD DE
INGENIERIAS
LUIS VICENTE COPETE CORDOBA DECANO DE LA FACULTAD DE ARTES
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JHON TAILOR RENGIFO DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
MOSQUERA NATURALES
HUMBERTO MENA MENA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y
CONTABLES
WINNER MOSQUERA RIOS DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO
Y CIENCIAS POLÍTICAS
ANA SILVIA RENTERIA MORENO DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN
Y para el caso de los directores de programa, estos fueron nombrados mediante
la resolución Nro. 6327 del 8 de agosto de 2018, y sus nombres recayeron en los
siguientes docentes:
EDELMIRA MAYA DE LOZANO DIRECTORA DE PROGRAMA FACULTAD
DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
JESLY ROSA BLANDON PEREA DIRECTORA DE PROGRAMAS FACULTAD
DE INGENIERIA
JOHANA EDELMIRA LOZANO DIRECTORA DE PROGRAMAS FACULTAD
MAYA DE ARTES
ZULEIMA MOSQUERA MURILLO DIRECTORA DE PROGRAMAS DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES
JUAN CARLOS OREJUELA VEGA DIRECTOR DE PROGRAMAS DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y
CONTABLES
GUILLERMO RICARD PEREA DIRECTOR DE PROGRAMAS FACULTAD
DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
MOIRA ISABEL LEMUS RENTERIA DIRECTORA DE PROGRAMAS DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
DANILSON MENA ABADIA DIRECTOR DE PROGRAMAS DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
EDUCACIÒN
16. Seguidamente, recordó que en el trámite electoral que dio origen a la
elección de la representante de las directivas académicas ante el Consejo
Superior Universitario impugnó el boletín No. 1, insistiendo en su reclamo por la
indebida conformación del censo, ante lo cual el Comité Electoral le indicó que
el nombramiento de los decanos y directores de programa se realizó con
fundamento en el Acuerdo N° 020 del 5 de julio 2018, que sólo le fue
suministrado el día en que radicó la demanda de la referencia y no se
encontraba en la página web de la Universidad.
17. Hizo la anterior precisión, porque al contar con el Acuerdo N° 020 de 2018
advirtió, que el Consejo Superior le otorgó al rector de la Universidad la facultad
de nombrar decanos y directores de programa hasta que se efectuara un nuevo
proceso de elección y que el mismo acto administrativo en el artículo segundo
previó un cronograma, según el cual las designaciones debían realizarse el 9 de
octubre de 2018 y las posesiones el 21 de diciembre del mismo año.
18. Subrayó la anterior circunstancia, porque a su juicio es claro que el rector
en lugar de propiciar que se realizara el proceso de elección de que trata el
Acuerdo No. 020 de 2018, continuó nombrando a decanos y directores
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programa, invocando el mismo acto administrativo, aunque le concedió de
forma limitada la facultad de nombrar directamente a personas en tales cargos.
19. Respecto de la anterior circunstancia, al contrastar los listados de las
personas nombradas como decanos y directores de programas a través de las
Resoluciones No. 6317 y 6327 del 8 de agosto de 2018, con el censo electoral
que dio lugar a la designación de la representante de la directivas académicas
ante el Consejo Superior Universitario, concluyó que el rector de la
institución luego de expirado el término para realizar designaciones de
conformidad con el Acuerdo No. 020 de 2018, nombró a las siguientes
personas:
EUSTAQUIO OLAVE URRUTIA Decano
LEIDY VERTH VIAFARA RENTERIA Decano
RICARDO EMIRO LEDESMA COPETE Decano
JHON JAIRO MOSQUERA CORDOBA Decano
GEORGE YEAM CHAVEZ ARIAS Director de Programas
JARRISON PALACIOS COPETE Director de Programas
DECIO MARMOLEJO MURILLO Director de Programas
YUBERT PALACIOS TORRES Director de Programas
MARCO ANTONIO TORRES MARTINEZ Director de Programas
20. Insistió en que para esclarecer lo ocurrido solicitó infructuosamente copia
de los actos de nombramiento y posesión de los decanos y directores de
programa de la Universidad.
21. En relación con las anteriores circunstancias, además de insistir en que el
trámite de expedición del acto cuya nulidad se pretende participaron
decanos y directores de programa que no estaban habilitados para votar,
indicó que se incurrió en la causal de nulidad de expedición irregular por
incumplimiento de la obligación de publicar los actos de designación,
contenida en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.
22. Esto toda vez que “en la actualidad no se ha hecho público o mejor publicado no
solo el acto de posesión o nombramiento de quien resultó electa por las directivas
académicas dentro del proceso eleccionario contenido en el acuerdo 0007 de 2021,
sino además los actos de posesión de los decanos y directores de programa que
fueron vinculados en la universidad después de los encargos de nombramiento
contenidos en las resoluciones 6317 y 6327 de 2018”. Sobre el particular relacionó a
las personas que se encuentran en la anterior tabla.
23. Señaló que, al no estar publicados los anteriores nombramientos, no se
podía realizar un verdadero control judicial sobre ellos, lo que motivó que el 23
de abril y 11 de junio de 2021, solicitara copia de los documentos que dan
cuenta de dichas designaciones, sin que la Universidad profiriera la respuesta
correspondiente, violando su derecho de petición.
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24. Indicó que en la misma irregularidad se incurrió al no publicarse el
Acuerdo 020 del 5 de julio de 2018, con fundamento en el cual se han
realizado las designaciones de los directores de programa y decanos. Lo
anterior, aunque dicho Acuerdo le fue remitido por correo electrónico el mismo
día que presentó la demanda de la referencia.
25. Añadió que “ante la negativa de la institución educativa de darle publicidad a sus
actuaciones, es pertinente reiterar que es un deber constitucional y legal que estas
autoridades cumplan con lo que se establece en el mandato expreso, ya que su actuar
omisivo en relación con este tema, no solo desorienta al ciudadano sino también que le
deja un manto de duda acerca de las verdaderas intenciones que tienen las
autoridades de la universidad en la toma de sus decisiones, por esta razón se debe
instar a las directivas universitarias a adoptar medidas para que los actuales decanos y
directores de programa sean elegidos conforme lo indica la norma (Acuerdo 0004 de 7
de noviembre de 2017 artículos 10 y 11), para de esta forma puedan elegir bajo el
principio de transparencia y en igualdad a un representante suyo ante el seno del
Consejo Superior Universitario”.
26. Finalmente, se observa que en el escrito inicial, luego de reiterar la forma
ilegal en la que el rector nombró a los decanos y directores de programa señaló:
“(…) producto de estas irregularidades es que se ha venido planteando que al
ser el nominador de turno quien haya hecho estas designaciones directas a
través de resoluciones y no conforme a las normas universitarias, vicia a futuro
de alguna manera la elección del nuevo rector, pues después de llevarse a
cabo todo este proceso eleccionario le corresponde al Consejo Superior,
designar al nuevo rector ( Art. 29 numeral 14 acuerdo 0001 de 2017), de allí que
la incidencia de este miembro podría decidir en la elección, producto de ello es
que se ha venido planteando la figura del YO TE ELIJO TU ME ELIGES, pues
no es un secreto que el actual rector en la actualidad está ejerciendo
propaganda en busca de una reelección tal y como fue aportado en el acápite
de las pruebas” (destacado fuera de texto).
2. Trámite
2.1. Admisión de la demanda
27. Con auto del 19 de agosto de 20219, la Sala negó la solicitud de suspensión
provisional del acto acusado y admitió la demanda, haciendo las siguientes
precisiones:
➢ A partir de los elementos de juicio allegados a esa etapa de la actuación
judicial, se consideró que la elección controvertida, es decir, la de la
profesora Ana Silvia Rentería Moreno como representante de las directivas
académicas ante el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del
Chocó “Diego Luis Córdoba”, está contenida de forma conjunta en el Boletín
9
Mediante auto de 23 de junio de 2021, se inadmitió la demanda la cual fue corregida en término.
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No. 1 del 21 de mayo de 2021 y en el oficio del 26 del mismo mes del Comité
Electoral que confirmó los resultados de la designación.
➢ No son objeto de resolución en el presente proceso, aquellos argumentos
tendientes a desvirtuar la presunción de legalidad de actos de designación
distintos a la elección de la señora Ana Silvia Rentería Moreno como
representante de las directivas académicas10. Tampoco, si tales
nombramientos y el Acuerdo 020 del 5 de julio de 2018, que le otorgó al
rector temporalmente la facultad de nominación, adolecen de ilegalidad por
no publicarse según el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011
En ese orden de ideas se concluyó, que “es ajeno al proceso de la referencia
determinar la validez de las resoluciones de nombramiento de los decanos y
directores de programa de la Universidad Tecnológica del Chocó luego de la
vigencia del Acuerdo 020 del 5 de julio de 2018, ni la legalidad de éste, pues
fueron dictados de manera independiente al trámite electoral objeto de estudio en
esta oportunidad, que inició con la convocatoria respectiva, adoptada mediante el
Acuerdo 007 del 30 de abril de 2021” (destacado fuera de texto).
➢ La misma conclusión se predicó sobre el cargo atinente a un vicio “a futuro”
del acto mediante el cual se reelija el rector de la institución educativa por
desconocimiento de la prohibición “yo te elijo, tú me eliges” del artículo 126
de la Constitución, pues está dirigido a cuestionar un eventual acto de
designación, distinto al que es objeto del presente proceso.
➢ Por el contrario, se identificó que sí son susceptibles de analizarse en este
proceso, los siguientes reproches, por estar directamente relacionados con
la designación enjuiciada:
(I) El acto acusado no fue dado a conocer conforme al artículo 65 de la
Ley 1437 de 2011.
(II) El censo electoral fue publicado por el secretario general de la
Universidad “un día antes de las elecciones como está escrito en el acuerdo
0007 de 30 de abril de 2021”, aunque el parágrafo primero del artículo 20 y
el artículo 22 del Acuerdo No. 0021 de 2011 establecen, que aquél debe
publicarse por el Comité Electoral 3 días antes de los comicios.
(III) Que en el censo fueron incluidas personas que no estaban avaladas
para intervenir en los sufragios, aclarando frente a este asunto, que en el
análisis a emprender no resulta pertinente determinar la legalidad de los
nombramientos de los decanos y directores de programa.
10
Se explicó que “resulta imperativo no perder de vista que el acto demandado se circunscribe a la designación de la
señora Ana Silvia Rentería Moreno como representante de las directivas académicas ante el Consejo Superior de la
Universidad Tecnológica del Chocó, y por ende, que únicamente respecto de dicha decisión debe emprenderse la
verificación de los requisitos para admitir la demanda, so pena de permitir, bajo el pretexto de la presunta ilegalidad de
la anterior elección, que se emprenda el estudio de validez de otras que le antecedieron y que debieron controvertirse
de manera independiente, en la oportunidad y bajo las formalidades legalmente previstas”.
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28. De otra parte, en la providencia del 19 de agosto de 2021 se reconoció al
señor Keyner Palacios Berrio como coadyuvante de la parte demandante, quien
intervino para coadyuvar la solicitud de suspensión provisional. Sobre los
argumentos expuestos por este ciudadano para tal efecto, se precisó que no
pueden abordarse los que son ajenos al medio de control de nulidad electoral o
los que van más allá de lo planteado por el demandante como razones para
declarar la nulidad de la elección de la señora Ana Silvia Rentería Moreno.
2.2. Contestaciones
29. Dentro de la oportunidad establecida, se presentaron únicamente las
siguientes:
2.2.1. Ministerio de Educación Nacional
30. El 19 de agosto de 2021, el apoderado judicial allegó escrito en el que
solicitó que: “… se declaren probadas las excepciones propuestas, se absuelva al
Ministerio de Educación Nacional de las súplicas de la demanda y además se condene
en costas, agencias en derecho y demás gastos procesales al demandante”.
31. Destacó que a la entidad se le notificó la existencia de la presente acción
judicial, porque hace parte del órgano directivo de la Universidad con un solo
voto; no obstante, su participación en las deliberaciones que se dan al interior,
son el resultado de una actuación consensuada de las mayorías, por tanto, la
elección de los representantes en el seno de la institución de educación
superior, es la forma en que se materializa el principio de autonomía
universitaria y, en esa medida, el acto impugnado incumbe a un órgano
colegiado y no solo al Ministerio. En este orden de ideas, propuso como
excepción la “falta de legitimación en la causa por pasiva”.
32. No obstante, también argumentó que “no se observa en el caso bajo análisis, la
existencia de hechos o fundamentos de derechos que desvirtúen esta presunción de
legal (sic) de las cual gozan los actos administrativos expedidos”.
2.2.2. Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”
33. Mediante apoderado judicial, en escrito 8 de octubre de 2021, solicitó que
se negaran las pretensiones de la demanda, toda vez que el Consejo Superior,
es el máximo órgano de dirección y gobierno de la Universidad Tecnológica del
Chocó, facultado por la Constitución, la ley y los estatutos, para expedir, revocar
y/o modificar las normas internas que la rigen.
34. En cuanto a los hechos aclaró, que el censo electoral se publicó el 19 de
mayo de 2021 (no el 20 del mismo mes como indicó el demandado), y que lo
pretendido con éste era brindar la oportunidad de realizar reclamaciones para
que el Comité Electoral realizara las correcciones correspondientes, sin
embargo, precisó que no se presentó queja alguna.
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35. Precisó que no se encuentra sustentado en debida forma la violación a los
postulados constitucionales 13, 29 y 40. Indicó que es claro que con el actuar
del ente universitario no se ha infringido el artículo 13 Superior, pues no se
evidencia en qué momento se ha generado discriminación alguna, o se ha dado
un trato diferente a los sufragantes o a las personas que han decidido poner su
nombre en consideración para ser elegidos como representante de las
autoridades académicas ante el Consejo Superior, pues ni los habilitados para
votar en el censo electoral, ni los candidatos impugnaron los actos eleccionarios
y mucho menos los demandaron.
36. Indicó frente a la vulneración del artículo 29 Constitucional, que la
institución de educación superior tiene la facultad de regirse por sus propios
estatutos erigiéndose como las reglas de procedimiento para la selección de
directivos, por lo que no le es permitido acudir a otras regulaciones para la
designación de decanos y directores de programas como lo sugiere el
demandante, al pretender se aplique el estatuto electoral. De esto da cuenta el
Título II, Capítulo III, artículo 26 del Acuerdo No. 0001 de 2017, que dispuso la
facultad de: “…expedir una serie de Acuerdos para garantizar que los cargos de
decanos y directores de programas no estuvieran vacantes mientras se ajusta la
normatividad interna y así poder ejecutar lo estatuido en dicho postulado que relaciona
la parte accionante”.
37. Señaló que el Acuerdo No. 0015 del 29 de mayo de 2018, estableció el
mecanismo para la selección transitoria de decanos y directores de programas
en la Universidad, que fue modificado parcialmente por el Acuerdo No. 0020 del
5 de junio de 2018, que determinó el cronograma de designación, facultando al
rector de la Universidad Tecnológica del Chocó para realizar los nombramientos
de aquéllos, atendiendo la culminación del periodo para el cual fueron elegidos
quienes ostentaban esas dignidades, mientras se surtía el proceso electoral.
38. Afirmó que el trámite electoral que debía adelantarse para la elección
definitiva de decanos y directores de programa fue suspendido a través del
Acuerdo No. 0018 del 24 de septiembre de 2019, por múltiples quejas y
requerimientos por parte de los diferentes estamentos y agremiaciones
sindicales, que reclamaban una reforma estatutaria, lo que generó que en el
entretanto el rector de la institución continuara nombrando a quienes debían
ocupar dichos cargos, con fundamento en el artículo 6611 de la Ley 30 de 1992
y en el artículo 3º12 del Acuerdo No. 0020 del 5 de julio de 2018.
39. Señaló que “…el acto demandado goza de toda la presunción de legalidad, pues
este se deriva de conformidad a lo establecido en las normas internas de la institución,
11
“ARTÍCULO 66. El Rector es el representante legal y la primera autoridad ejecutiva de la universidad estatal u oficial
y será designado por el Consejo Superior Universitario. Su designación, requisitos y calidades se reglamentarán en los
respectivos estatutos.
12
“ARTÍCULO TERCERO. Facultar al Rector de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, para
realizar los nombramientos de los Decanos y Directores de Programa, en atención a la culminación del periodo para el
cual fueron elegidos los actuales dignatarios, mientras se realiza el nuevo proceso electoral.
PARÁGRAFO. Los encargos de Decanos y Directores de Programas serán hasta que se surta el proceso de elección
de los mismos, de acuerdo al cronograma establecido en el artículo segundo”.
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las cuales previamente fueron debatidas y aprobadas por el órgano que legal y
constitucionalmente, se encuentra facultado para hacerlo (Consejo Superior), y es
preciso señalar que, fue el máximo órgano de gobierno y dirección quien facultó al
señor Rector para que nombre a los decanos y directores de programa, hasta tanto se
realicen las elecciones; pero a su vez, también suspendió el proceso eleccionario de
Decanos y Directores de Programa, hasta que se realice una reforma estructural al
estatuto general”.
40. Con relación a la violación al artículo 40 constitucional, aseveró que no se
“vulneró el derecho de elegir y ser elegidos a quienes cumplían con los requisitos para
aspirar a tal dignidad, y menos aún, a quienes debían elegir a tal estamento, como se
dejó claro en párrafos arriba, el Honorable Consejo Superior, haciendo uso de sus
facultades legales y estatutarias, las cuales le confieren la condición de máximo órgano
de dirección y gobierno, FACULTÓ al rector para que nombrara a los decanos y
directores de programas mientras se efectúa el proceso electoral, mismo que se
encuentra suspendido por el mismo órgano, hasta tanto no se realice una reforma
estructural a las normas internas de la institución”.
41. Respecto a la falta de publicación del Acuerdo No. 0020 del 5 de julio de
2018, enfatizó que en este proceso no se está debatiendo la presunción de
legalidad de dicho acto administrativo, “…por consiguiente, a juicio del suscrito, el
concepto y fundamentos de la violación que sustenta la parte actora con relación a este
acápite, no se ajusta a derecho para ser tenida en cuenta en la pretensión de nulidad
electoral de la elección de la representante ante el Consejo Superior de la Universidad
Tecnológica del Chocó, por las Autoridades Académicas”.
42. Señaló que no se configura irregularidad alguna frente al Acuerdo N° 0007
del 30 de abril de 2021 del Consejo Superior Universitario, el acta de
publicación del censo electoral y del boletín No. 1, en razón a que a través del
Acuerdo No. 0018 del 24 de septiembre de 2019, en su artículo 2 se dispuso:
“Suspender las elecciones de Decanos y Directores de Programas hasta que se hagan
las reformas sustanciales al Acuerdo No. 0001 del 09 de agosto de 2017 y No. 0004
del 07 de noviembre de 2017, Estatuto General de la Universidad Tecnológica del
Chocó”.
43. Adujo que la “Falta de individualización de los actos que resolvieron
las reclamaciones propuestas”, en razón a que el señor Pino Serna “…alegó
como reclamaciones circunstancias que a su juicio constituían irregularidades que
configuraban vicios de nulidad, los cargos contenidos en la demanda no poden (sic) ser
estudiados pues no se individualizaron los actos por los cuales fueron resueltas las
impugnaciones, es más, ni siquiera fueron demandados junto con los actos que
declararon la elección de la doctora ANA SILVIA MORENO RENTERIA, debemos tener
presente que el artículo 139 del CPACA, Ley 1437 de 2011 en su segundo párrafo,
manifiesta la obligación de demandar junto con los actos de elección, los actos que
resuelven las impugnaciones.
2.3. Decisión de excepciones previas, fijación del litigio, decreto de
pruebas y traslado para alegar con el fin de dictar sentencia anticipada
44. Mediante providencia del 18 de noviembre de 2021 se resolvió:
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• Declarar no probada la excepción de “falta de individualización de los actos
que resolvieron las reclamaciones propuestas” invocada por la Universidad
Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, en atención a que el actor,
especialmente al subsanar la demanda, identificó tanto el Boletín N° 1
del 21 de mayo de 2021, como el oficio del 26 de mayo de 2021 que lo
confirmó, como las decisiones que contienen la elección controvertida, y
además, expuso de manera clara y precisa los motivos de inconformidad
contra dichas decisiones.
• Declarar no probada la excepción de “falta de legitimación en la causa
por pasiva” del Ministerio de Educación Nacional, en consideración a que
según los artículos 64 de la Ley 30 de 1994 y 26 el Acuerdo 0001 de
201713, el Consejo Superior Universitario, que participó en la formación
del acto acusado, es el máximo órgano de dirección y gobierno de la
Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba y está integrado
entre otros, por el ministro de la anterior cartera o su delegado, quien lo
preside, por lo que es su principal vocero.
• Fijó el litigio el litigio en los siguientes términos: “(…) determinar si debe
declararse la nulidad del acto de elección de la señora Ana Silvia Rentería
Moreno como representante de las directivas académicas de la Universidad
Tecnológica del Chocó, teniendo en cuenta los motivos de inconformidad que
fueron considerados susceptibles de ser analizados en sede de nulidad
electoral.
64. Para tal efecto, resulta necesario resolver los siguientes interrogantes:
(i) ¿Fueron incluidas personas en el censo que no estaban avaladas para
intervenir en la elección del representante de las directivas académicas de la
Universidad Tecnológica del Chocó?, aclarando frente a este asunto, que en el
análisis a emprender no resulta pertinente determinar la legalidad de los
nombramientos de los decanos y directores de programa.
(ii) ¿El censo electoral fue publicado por el secretario general de la Universidad
“un día antes de las elecciones como está escrito en el acuerdo 0007 de 30 de
abril de 2021”, aunque el parágrafo primero del artículo 20 y el artículo 22 del
Acuerdo 0021 de 2011 establecen, que aquél debe publicarse por el Comité
Electoral 3 días antes de los comicios?
(iii) Si la presunta falta de publicación del acto acusado constituye una razón
válida para controvertir su validez, y en caso afirmativo, si debió o no publicarse
conforme con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.
(iv) ¿De establecer que alguna(s) de las situaciones antes descritas tuvieron
lugar, si constituyen irregularidades de tal entidad para anular la elección
enjuiciada?” (destacado fuera de texto).
13
“Por el cual se expide el Estatuto General de Universidad Tecnológica del Chocó ‘Diego Luis Córdoba’”
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• Se ordenó tener como prueba los documentos aportados por los sujetos
procesales y de oficio se dispuso que la Universidad Tecnológica del
Choco allegara la siguiente información:
“(i) Una certificación en la que se indique el nombre y documento de identidad de
las personas que integraban el censo electoral respecto de la elección enjuiciada,
precisando respecto de cada uno de ellas, qué cargo y/o condición ostentaban y
el acto de nombramiento respectivo.
(ii) Copia de los actos de nombramiento o elección que permitió la inclusión en el
censo de cada una de las personas habilitadas para votar por el representante de
las directivas académicas ante el Consejo Superior Universitario de la
Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba y la constancia de
revisión que de ella hiciera el comité electoral.
(iii) Copia de los estatutos generales de la universidad y del estatuto electoral de
la misma, con todas sus modificaciones, vigentes para la fecha en que tuvo lugar
la elección enjuiciada.
(iv) Constancia en la que la universidad certifique que se aportaron el 100% de
los documentos que se erigen como antecedentes del acto demandado.”
• Finalmente, con fundamento en el literal c, numeral 1° del artículo 182A
de la Ley 1437 de 201114, se estimó procedente dictar sentencia
anticipada, por lo que se le otorgó el término de 10 días a las partes e
intervinientes para alegar de conclusión, plazo dentro del cual el
Ministerio Público podría rendir su concepto. Se aclaró que dicho término
correría luego de vencidos los 3 días concedidos a los sujetos procesales
para que se pronunciaran sobre las pruebas decretadas.
2.4. Sobre las pruebas decretadas
45. Mediante escrito del 25 de noviembre de 2021, la institución educativa
atendió las peticiones de carácter probatorio antes mencionadas, de las cuales
se destaca que certificó que el censo para la elección del representante de las
directivas académicas de la Universidad Tecnológica del Chocó, estuvo
conformado por las siguientes personas, de las cuales allegó los actos de
nombramiento correspondientes, que se relacionan a continuación:
N° Calidad Nombre Nombramiento
1 Vicerrector de Ana Silvia Rentería Moreno Resolución 0340 del 7
docencia de febrero de 2020.
2 Vicerrector de Julio Cesar Halaby Guerrero Resolución 2024 del
investigaciones 13 de abril de 2015.
14
“Artículo 182A. Sentencia anticipada. Se podrá dictar sentencia anticipada:
1. Antes de la audiencia inicial:
a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho; b) Cuando no haya que practicar pruebas; c) Cuando solo se solicite
tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese
formulado tacha o desconocimiento; d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes,
inconducentes o inútiles”.
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3 Vicerrectora de Carmen Judith Asprilla de Resolución sin número
extensión y Rentaría ni fecha legible15.
proyección social
4 Decano Facultad de Vicente Copete Córdoba Resolución 6317 del 8
Artes de agosto de 2018.
5 Resolución sin fecha ni
radicado plenamente
Decano Facultad de Eustaquio Olave Urrutia legibles, aunque se
Ciencias de Salud aprecia que fue
expedida en el año
2020.
6 Decano Facultad de Leidy Vereth Viafara Rentería Resolución 752 del 6
Ingenierías de marzo de 2020.
7 Decano Facultad de Resfa Ofir Ríos Peña Resolución 6317 del 8
Ciencias Sociales y de agosto de 2018.
Humanas
8 Decano Facultad de
Ciencias Resolución 6317 del 8
Administrativas, Humberto Mena Mena de agosto de 2018.
Económicas y
Contables
9 Decano Ricardo Emiro Ledezma Resolución 650 del 10
Copete de marzo de 2021.Por
medio de la cual se le
nombró en comisión
como decano de la
Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas.
10 Decano Facultad de Jhon Tailor Rengifo Mosquera Resolución 6317 del 8
Ciencias Naturales de agosto de 2018.
11 Decano Facultad de Jhon Jairo Mosquera Córdoba Resolución 2443 del 1
Ciencias de la de septiembre de
Educación 2020.
12 Director de programa Johana Edelmira Maya Lozano Resolución 6327 del 8
de la Facultad de de agosto de 2018.
Artes
N° Calidad Nombre Nombramiento
13 Director de programa Moira Isabel Lemus Rentaría Resolución 6327 del 8
de Ciencias de la de agosto de 2018.
Salud
14 Director de programa George Yeam Chávez Arias Resolución 831 del 10
Facultad de de marzo de 2020.
Ingenierías
15 Director de programa Jarrinson Palacio Copete Resolución 832 de
de la Facultad de marzo de 2020.
ciencias Sociales y
Humanas
16 Director de programa Juan Carlos Orejuela Vega
de la Facultad de Resolución 6327 del 8
Ciencias de agosto de 2018.
Administrativas y
Contables
17 Director de programa Decio Marmolejo Murillo Resolución 0648 del
de la Facultad de 10 de marzo de 2021.
15
No obstante, esta circunstancia se advierte que durante el trámite de admisión de la demanda, la Universidad también
aportó respecto del nombramiento de la señora Carmen Judith Asprilla de Rentaría como vicerrectora de extensión y
proyección social, la resolución de designación respetiva, respecto de la cual se alcanza apreciar que tiene como fecha
de emisión 7 de junio de 2019.
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Derecho y Ciencias
Políticas
18 Director de programa Yuber Palacio Torres Resolución 0833 del
de la Facultad de 10 de marzo de 2020.
Ciencias Naturales
19 Director de programa Marcos Antonio Torres Resolución 2444 del 1
de la Facultad de Martínez de septiembre de
Ciencias de la 2020.
Educación
46. El 29 de noviembre de 2021, la Universidad Tecnológica del Chocó estimó
que los Acuerdos No. 0015 del 29 de mayo de 2018, 0020 del 5 de julio de
2018, 0012 del 5 de junio de 2019 y 0018 del 24 de septiembre de 2019, no
fueron relacionados dentro de las pruebas decretadas, aunque se encontraban
en el expediente y fueron incorporados en el pronunciamiento que realizó la
institución educativa frente a la solicitud de medida cautelar. En ese orden de
ideas, solicitó que los referidos elementos de juicio por su pertinencia, utilidad e
importancia se decreten como pruebas.
47. El demandante consideró que los actos correspondientes a los numerales
28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 de la tabla contenida en párrafo 72 del
auto del 18 de noviembre de 202116, en el que se relacionaron varias de las
pruebas decretadas, no cumplen “con los requisitos estatuidos en la legislación
colombiana, dado a que dichas resoluciones siendo de nombramiento, no fueron
publicadas por la Universidad Tecnológica del Chocó, por conducto de su secretaria
general, razón por la cual se considera que al no haber sido publicadas como lo exige
el artículo 65 de la ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 15 de la ley 2080 de
2021, mal podría la accionada exigir su validez, sobre todo si se tiene en cuenta que al
omitirse la publicación exigida, dichas resoluciones se consideran ineficaces”.
48. Agregó que la Universidad en el traslado de las pruebas decretadas hizo
referencia a los Acuerdos No. 0015 del 29 de mayo de 2018, 0020 del 5 de julio
de 2018, 0012 del 5 de junio de 2019 y 0018 del 24 de septiembre de 2019,
respecto de los cuales la parte demandante indicó:
“Cuando sabido es que, ninguno de ellos tal y como aconteció con las resoluciones
de nombramiento anteriormente descritas, cumplieron con las ritualidades propias
de este tipo de actos de contenido general, dado a que no fueron publicados, es
16
Dichos numerales corresponde a lo siguiente:
Aportadas por
No.
Prueba demandante UTCH Min Educación
Posesión de Ana Silvia Rentería, como
28 X
representante de las directivas académicas.
29 Resolución No. 0752 del 6 de marzo de 2020. X
31 Resolución No. 0832 del 10 de marzo de 2020. X
33 Resolución No. 0340 del 7 de febrero de 2020. X
34 Resolución de junio de 201916. X
35 Resolución No. 0650 del 10 de marzo de 2021. X
36 Resolución de agosto de 2019. X
37 Resolución No. 0831 del 10 de marzo de 2021. X
38 Resolución No. 0648 del 10 de marzo de 2021. X
39 Resolución No. 0656 del 8 de marzo de 2020. X
40 Resolución No. 0833 del 10 de marzo de 2020. X
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decir, se omitió la exigencia contenida en el artículo 65 de la ley 1437 de 2011,
modificado por el artículo 15 de la ley 2080 de 2021.
Así las cosas, ante la omisión por parte del secretario general de la Universidad
Tecnológica del Chocó, en darle publicidad a los actos que expiden los órganos de
dirección y gobierno de la UTCH, en este caso el consejo superior, pese a contar
con la facultad que le otorga el articulo (sic) 59 numeral 3 del estatuto general, no
puede ahora la demandada ante esta instancia judicial, hacer prevaler dicha
normativa, pues se insiste, la sola omisión en la publicación de estas actuaciones
hace que estos actos pierdan su eficacia”.
49. Mediante escrito del 2 de diciembre de 2021, el presidente del Comité
Electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó precisó que al anterior
órgano colegiado “no le compete hacer revisión, validación, evaluación o alguna
interpretación del censo electoral certificado, puesto que el Estatuto en comento (el
electoral), ya atribuyó la facultad en ese caso a la oficina de Talento Humano para que
lo expida; una vez expedido, la única opción que genera nuevas validaciones y demás,
al censo electoral certificado por la dependencia competente, es la impugnación del
mismo”. En consecuencia, aportó el certificado de dicha oficina del 14 de mayo
de 2021, que fue decretado como prueba en providencia del 18 de noviembre
de 2021.
2.5. Alegatos de conclusión
2.5.1. Parte demandante
50. En respaldo de sus pretensiones argumentó:
51. Que está acreditado que en desconocimiento del artículo 22 del Estatuto
Electoral, (I) el censo para la designación controvertida fue publicado por el
secretario general de la Universidad Tecnológica del Chocó, aunque
correspondía a un asunto en cabeza del Comité Electoral y, (II) que fue dado a
conocer el 19 de mayo de 2021, como expresamente lo reconoció la institución
educativa al contestar la demanda, lo que quiere decir que dicha publicación se
llevó a cabo con 2 días de anticipación a las elecciones y no con 3 como lo
establece la referida norma.
52. Destacó que tales circunstancias revelan el desconocimiento del principio
de legalidad, en concreto, de las pautas que la institución educativa dentro de
su autonomía estableció para la designación cuestionada, cuya vulneración
implicó, que se pasó por alto la competencia del Comité Electoral de avalar el
censo electoral, en especial cuando es ante él y no frente al secretario general
de la Universidad que se deben presentar las reclamaciones correspondientes.
53. Añadió que un asunto es que la Oficina de Talento Humano suministre el
listado que sirve de base al censo electoral y otra que la autoridad
estatutariamente competente avale éste, lo que da cuenta que la referida
irregularidad fue significativa.
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54. Agregó que el desconocimiento del plazo establecido para dar a conocer el
censo antes de las elecciones, conllevó a que no se respetara la totalidad de la
oportunidad que prevén las normas estatutarias para realizar observaciones
ante la autoridad que lo debe revisar y avalar.
55. De otra parte, reiteró que constituyó una irregularidad el hecho de que “el
acto de posesión o nombramiento de quien resultó electa, no había sido publicado
conforme lo establece la ley, y para ello me referí al artículo 65 de la ley 1437,
modificado por el artículo 15 de la ley 2080 de 2021. Pues bien, revisado el plenario
encontramos que, desde que la UTCH, por intermedio de su apoderado ejerció el
derecho de contradicción, no ha sido clara en torno a la ritualidad exigida en la norma
aludida, esto por cuanto simplemente se ha limitado a señalar acerca de la presunción
de legalidad de sus actos, olvidando que esa presunción debe estar ajustada al
desarrollo de una adecuada actuación administrativa”.
56. Reprochó que la parte demandante para justificar que sí publicó el acto de
designación, haya hecho referencia a la publicación del boletín del 21 de mayo
de 2021, aunque es anterior a la posesión que tuvo lugar el 28 de los mismos
mes y año, y además, confundió la anterior forma de notificación con la
comunicación, que tuvo lugar cuando a la demandada se le dio a conocer la
designación en su favor mediante escrito del 27 de mayo de 2021.
57. Subrayó que en consonancia con la obligación legal de publicar los actos
nombramiento, el artículo 59.3 del Estatuto Electoral de la Universidad
Tecnológica del Chocó prescribe que dicha forma de publicidad debe ser
garantizada por el secretario general de la institución educativa, lo que permite
predicar en esta oportunidad, que el anterior funcionario no cumplió con la
obligación que le asiste. “(E)n consecuencia el acto de nombramiento aquí
demandado si bien es válido para el sistema jurídico, si (sic) pierde su eficacia, pues al
no darse a conocer el mismo ante la comunidad universitaria, mal podrían los
ciudadanos ejercer un verdadero control gubernativo o jurisdiccional del mismo, de allí
la importancia insisto de su publicación”.
58. Destacó respecto de la designación de los demás miembros del Consejo
Superior Universitario, como los representantes del sector productivo, de los
estudiantes, docentes y egresados, la institución educativa sí cumplió con la
obligación de publicar los actos de nombramiento o posesión, para lo cual
suministró los links en los que afirma puede corroborarse dicha situación. Esto
para señalar, que no es entendible “porque (sic) se publican unos actos conforme lo
señala la norma en cita y otros no”.
59. Indicó que aunque este no es el proceso para verificar la validez de los
actos que nombraron a los decanos y directores de programa que participaron
en la elección enjuiciada, como se precisó en el auto admisorio de la demanda,
sostuvo que “sin cuestionar la legalidad de los mismos”, se debía referir a ellos por
estar estrechamente relacionados con el censo electoral.
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60. En ese orden destacó que la institución educativa hizo énfasis en los
acuerdos 0015 del 29 de mayo de 2018, 0020 del 5 de julio de 2018, 0012 del 5
de junio de 2019 y 0018 del 24 de septiembre de 2019, como los actos que han
habilitado la designación por parte del rector de decanos y directores de
programa, “sin embargo, al igual que acontece con el acto de nombramiento aquí
enjuiciado, estos acuerdos ninguno de ellos, siendo actos de carácter general, fueron
publicados, lo que indica que sus autoridades crearon normas para conocimiento de
ellos mismos”.
61. Sostuvo que, revisados los actos de nombramiento de los decanos y
directores de programa, se observa que se invocó como sustento el artículo 49
numeral 18 de estatuto general, más no “el acuerdo 0020 del 5 de julio de 2018,
que fue la norma que me oporto (sic) y puso de presente el presidente del comité
electoral, como facultad otorgada al señor rector para realizar dichos nombramientos”.
62. “Lo anterior para significar que el presidente del comité electoral, dado a que no
tenía conocimiento acerca de la publicación del censo electoral, mucho menos conocía
acerca de los requisitos que debían contar quienes aspiraban a dicha representación
como también los requisitos que debían tener los que integraban el censo electoral”.
63. Además, señaló que el 23 de abril de 2021 y 11 de junio del mismo año le
manifestó a las autoridades universitarias su preocupación “acerca de la falta de
requisitos de los decanos y directores de programa para participar de la elección del
representante del sector de las directivas académicas”, y que dicha petición sólo fue
atendida el 26 de agosto de 2021.
64. Cuestionó que la institución educativa desde el año 2018 le haya conferido
facultades al rector para nombrar decanos y directores de programa, mientras el
Consejo Superior realizaba la referida reglamentación, pero que éste no haya
cumplido su cometido.
65. Argumentó que, la Universidad debió responder los cuestionamientos
relativos a los nombramientos de los anteriores servidores públicos antes de la
celebración de las elecciones que dieron lugar a la designación de la
representante de las directivas académicas.
66. Finalmente, cuestionó que los 16 votos que obtuvo la señora Ana Silvia
Rentería Moreno para ser elegida hayan sido la expresión libre, espontánea y
soberana del sector, porque los actos de nombramiento de los decanos y
directores de programa que intervinieron “se desprenden del mismo nominador”.
67. Formuló dicho interrogante para argüir que “la demandada en sus diferentes
pronunciamientos ha expresado que quienes aparecían en el listado estaban actos
(sic) para votar, sin embargo, partiendo de la lógica y el sentido común difícilmente su
dicho tiene asidero ya que no cabe duda que la subordinación o dependencia nos
limita, lo cual nos conlleva a declararnos impedidos en la toma de una decisión o
incluso se pueden recusar a aquellos servidores cuando de su decisión se denota un
vínculo con la autoridad superior que ha de beneficiarse de ella (artículo 126 c.n)”.
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2.5.2. Universidad Tecnológica del Chocó
68. Reiteró que según el Acuerdo No. 0001 de 2017 y sus modificaciones, los
decanos y directores de programa deben ser elegidos a través de votación
universal de los estamentos correspondientes (docentes, administrativos,
egresados y estudiantes), pero que dicho mandato no ha entrado a regir por
disposición del Consejo Superior, en consideración a que en el Estatuto
Electoral no se encuentra regulado el procedimiento de dichas elecciones, ni la
ponderación de los estamentos involucrados.
69. Por la anterior razón y con el fin de permitir la designación de tales cargos
mientras se supera la ausencia de reglamentación, el Consejo Superior expidió
los acuerdos 0015 del 29 de mayo de 2018, 0020 del 5 de julio de 2018, 0012
del 5 de junio de 2019 y 0018 del 24 de septiembre de 2019, a partir de los
cuales se le ha permitido al rector realizar el nombramiento de decanos y
directores de programa.
70. Esto para concluir que no es admisible por parte del accionante, establecer
como argumento para que se anule la elección de la ciudadana Ana Silvia
Rentería Moreno, ante el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del
Chocó, la supuesta forma irregular en la que el rector ha realizado
nombramientos.
71. Precisó que en “las elecciones para elegir representante por las Autoridades
Académicas ante el Consejo Superior Universitario, se presentaron 3 candidatos, y el
censo electoral establecía que, habilitados para votar habían 19 autoridades
académicas, de los cuales según el Boletín 001, 16 votos fueron a favor de la doctora
Ana Silvia, un voto nulo y un voto para cada uno de los otros candidatos, lo que queda
más que claro que, es una elección valida (sic), revestida de legalidad, la cual
consideramos debe ser revalidad (sic) por el Honorable Consejo de Estado”.
2.5.3. Coadyuvante de la parte demandante
72. El señor Keyner Palacios Berrio reiteró los argumentos de los alegatos de
conclusión de la parte que ayuda, en cuanto a la falta de difusión del censo
electoral 3 días antes de las elecciones y por la autoridad competente y; la falta
de publicación del acto de designación de la representante de las directivas
ante el Consejo Superior, como una omisión que conlleva el desconocimiento
del artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, que la decisión enjuiciada carezca de
eficacia y que no pudiera ejercerse un verdadero control ciudadano de la
misma.
2.5.4 Ministerio de Educación Nacional
73. Solicitó que se niegue la prosperidad de las pretensiones y en su lugar se
mantenga incólume el acto de elección que se demanda. Sin embargo, frente a
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éste hizo alusión a la designación del representante del sector productivo ante
el Consejo Superior Universitario por supuesta falta de participación de todos
los interesados en dicha designación, lo que en manera alguna corresponde al
objeto del presente proceso.
74. Seguidamente, de un lado destacó, que dicho Consejo está conformado por
10 integrantes, 9 de ellos con voto, entre los que se encuentra el Ministerio de
Educación, por lo que las decisiones que adopta el órgano colegiado podrían
ser contrarias a la voluntad de la cartera ministerial. De otro, hizo referencia
general a la importancia del principio de la autonomía universitaria.
2.6. Concepto del Ministerio Público
75. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó que se
nieguen las súplicas de la demanda por las siguientes razones:
76. En cuanto a la falta de publicación del acto acusado sostuvo que “no se
constituye en causal de nulidad, sino de oponibilidad a sus destinatarios; por lo tanto, la
presunta pretermisión de la publicidad del acto administrativo demandado no afecta su
validez, sino su eficacia17”.
77. Frente al motivo de inconformidad relativo a la publicación extemporánea
del censo, arguyó que no existen elementos de juicio que permitan desvirtuar
que la fecha de publicación de aquél fue el 18 de mayo de 2021, conforme a la
certificación suscrita por el secretario general de la Universidad.
78. De otro lado, subrayó que está probado que el referido censo fue publicado
por el secretario general de la Universidad, aunque según la regulación de ésta
tal tarea la debía realizar el Comité Electoral, por lo que el primero actuó con
falta de competencia, que constituye el vicio “más grave de los extravíos que
puede afectar la validez de un acto, y por el carácter de orden pública, es posible su
examen incluso en forma oficiosa; sin que en nuestro entender sea susceptible, incluso
del juicio de incidencia”.
79. Trajo a colación algunas consideraciones de la sentencia del 29 de
septiembre de 2016 de la Sección Quinta del Consejo de Estado18, sobre la
falta de competencia en una demanda de nulidad electoral contra el personero
de Rionegro, destacando que tal error no puede ser subsanado. Empero, a
renglón seguido en los siguientes términos argumentó que tales
consideraciones no resultan aplicables al caso de autos:
17
Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección C, CP Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Rad.
25000232600020050028001, Sentencia del 13 de abril de 2011. Puede verse también, Consejo de Estado. Sección
Segunda, CP: Diego Younes Moreno, Exp. 5298, Auto del 24 de octubre de 1990; Consejo de Estado, Sección
Segunda, CP Álvaro Lecompte Luna, Exp. 6121, Auto del 23 de octubre de 1991; Consejo de Estado, Sección Primera,
CP Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, Sentencia de 29 de noviembre de 2010.
18
Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. No. 05001-23-33-000-2016-00254-02, Sentencia
del 29 de septiembre de 2016.
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“No obstante lo anterior, en el caso sub examine, no se expidió un acto
administrativo sin competencia sino la realización de un hecho material
(publicación del censo electoral), lo que no encuadra en la definición de la falta de
competencia como quiera, que el Secretario General no adopta una decisión sin
competencia material, territorial, o temporal, como quiera que se repite, solo
publica el censo electoral que de conformidad con el artículo 20 del Estatuto
Electoral, previamente debe ser generado por el Jefe de Talento Humano y la
oficina de Admisiones, Registro y Control Académico. En este caso, si bien, el
censo electoral solo lo genera el primero, esta irregularidad, no fue objeto de
reproche en el plenario.
Con todo, en sede de la acción de nulidad electoral, se enjuicia el acto de elección
mismo, por infracción de las normas en que debía fundarse y por expedición
irregular, y adicionalmente por las irregularidades, probadas y con incidencia
directa, de los actos previos o preparatorios,19 lo que excluye, indefectiblemente,
a los hechos materiales (publicación), como lo aquí acontecido”.
80. Finalmente, en cuanto a la intervención irregular de los decanos y directores
de programas en el trámite electoral consideró que el reproche es infundado,
“habida cuenta que el Estatuto General de la UTCH (art. 26.4) sólo exige como
condición para su elección que el postulante ostente la calidad de Directiva Académica
(Vicerrector, Decano o Director de Programa), sin que pueda entenderse, válidamente,
que la forma en que hayan sido escogidos, vale decir, por elección o nombramiento,
afecte su escogencia, o se constituya en una condición preestablecida para acceder a
la representación de las Directivas Académicas ante el CSU”.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
81. De conformidad con lo establecido en el numeral 3° del artículo 149 de la
Ley 1437 de 201120 y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado, esta Sección es competente para conocer y
decidir en única instancia la presente controversia.
2.2. Cuestión previa - asuntos que no susceptibles de analizarse en la
sentencia
19
Ver entre muchas las siguientes providencias. CE, Sección Quinta, C.P Alberto Yepes Barreiro, Exp. 11001- 03-28-
000-2016-00011-00, Auto de 18 de febrero de 2016; CE, CP. Alberto Yepes Barreiro, rad. 440012331000201100207 01,
sentencia del 24 de abril de 2013; CE, CP. Alberto Yepes Barreiro, rad 68001-23-31-000-2011-01057-01, sentencia del
6 de mayo de 2013; CE, CP. Alberto Yepes Barreiro, rad 11001-03-28-000-2014-000128- 00 y 11001-03-28-000-2014-
000125-00 (Acumulados), sentencia del 03 de agosto de 2015.
20
ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA: El Consejo de Estado, en
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con
arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: 3. De la
nulidad del acto de elección del Presidente y el Vicepresidente de la República, de los Senadores, de los
Representantes a la Cámara, de los Representantes al Parlamento Andino, del Alcalde Mayor de Bogotá, de los
miembros de la Junta Directiva o Consejo Directivo de las entidades públicas del orden nacional, de los entes
autónomos del orden nacional y de las Comisiones de Regulación.” (Subrayas fuera de texto). Esto en consideración, a
que la designación cuestionada recae en un miembro del Consejo Superior de una universidad del orden nacional,
según el artículo 5° de los estatutos de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, contenidos en el
Acuerdo 0001 del 9 de agosto de 2017.
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82. Antes de proceder a la resolución de fondo de las circunstancias por las
cuales se admitió la demanda y se fijó el litigio, resulta necesario identificar
algunas peticiones y argumentos expuestos por los sujetos procesales en el
traslado de las pruebas practicadas y en los alegatos de conclusión, que
corresponden a cuestiones que no son susceptibles de analizarse en esta
oportunidad, comoquiera que implican un estudio de legalidad de decisiones
distintas y autónomas a la designación de la demandada como representante
de las directivas académicas ante el Consejo Superior de la Universidad
Tecnológica del Chocó y/o constituyen cargos nuevos contra ésta que fueron
planteados extemporáneamente.
83. De una parte, se hace alusión a las razones que una vez más expuso el
demandante contra la legalidad de las designaciones de los decanos y
directores de programa de la Universidad, que intervinieron en la elección
objeto del presente asunto, debido a que:
(I) No fueron producto de una elección conforme a los estatutos de la
institución educativa, esto es, mediante un proceso de votación universal,
directo y secreto.
(II) Porque simplemente fueron el resultado de la voluntad del rector,
auspiciada por la falta de reglamentación por el Consejo Superior
Universitario de las condiciones en las que deben ser elegidos los
decanos y directores de programa.
(III) Porque no fueron publicados.
(IV) Debido a que la institución educativa alega que las designaciones de
los anteriores servidores públicos se efectuaron de conformidad con los
acuerdos 0015 del 29 de mayo de 2018, 0020 del 5 de julio de 2018, 0012
del 5 de junio de 2019 y 0018 del 24 de septiembre de 2019 del Consejo
Superior Universitario, que no fueron publicados conforme al artículo 65 de
la Ley 1437 de 2011.
(IV) Que revisados los actos que contienen tales designaciones, se invocó
como sustento el artículo 49 numeral 18 de estatuto general, mas no “el
acuerdo 0020 del 5 de julio de 2018, que fue la norma que me oporto (sic) y puso
de presente el presidente del comité electoral, como facultad otorgada al señor
rector para realizar dichos nombramientos”.
84. Aunque en los alegatos de conclusión la parte demandante afirmó que no
está cuestionando la legalidad de los nombramientos de los decanos y
directores de programa, sino simplemente la conformación del censo para la
elección del representante de las directivas académicas ante el Consejo
Superior, como puede apreciarse, formula razones concretas dirigidas a
cuestionar la validez de los primeros contenidos en actos independientes,
autónomos, que se presumen legales, respecto de los cuales en su momento
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oportuno debió cuestionarse su legitimidad, en lugar de hacerlo de manera
indirecta en el presente proceso.
85. En efecto, tal como se precisó en el auto del 19 de agosto de 2021, que
admitió la demanda y resolvió la solicitud de medida cautelar, la Sala desde el
inicio de la controversia determinó que el libelo introductorio era admisible, pero
excluyendo entre otros asuntos ajenos al proceso de la referencia, como lo ha
hecho en casos similares21, lo atinente a la legalidad de la designación de los
referidos servidores públicos y del Acuerdo 020 del 5 de julio de 2018, que
permitió que el rector de la institución nombrara a éstos.
86. Es más, por la anterior precisión al fijarse el litigio mediante providencia del
18 de noviembre de 2021, que tampoco fue impugnada por los sujetos
procesales, se estableció que uno de los problemas a resolver era el siguiente:
“¿Fueron incluidas personas en el censo que no estaban avaladas para intervenir en
la elección del representante de las directivas académicas de la Universidad
Tecnológica del Chocó?, aclarando frente a este asunto, que en el análisis a
emprender no resulta pertinente determinar la legalidad de los nombramientos
de los decanos y directores de programa” (destacado fuera de texto).
87. En ese orden de ideas, resulta impertinente que el demandante pese a la
precisión hecha sobre la imposibilidad de definir aspectos atinentes a la
legalidad de actos de elección de carácter definitivo, distintos al de designación
de la señora Ana Silvia Rentería Moreno, como representante de las directivas
académicas ante el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó,
insista en los referidos motivos de inconformidad, a pesar de su exclusión
mediante autos del 19 de agosto y 18 de noviembre de 2021, que quedaron en
firme ante la falta de interposición de recursos.
88. La misma conclusión resulta aplicable a las consideraciones que efectuó la
institución educativa, dirigidas a demostrar la legalidad de la designación de los
decanos y directores de programa de la institución, haciendo énfasis en la
facultad del rector para nombrarlos con fundamento en los Acuerdos No. 0015
del 29 de mayo de 2018, 0020 del 5 de julio de 2018, 0012 del 5 de junio de
2019 y 0018 del 24 de septiembre de 2019, y su insistencia para que se tengan
como pruebas, a pesar de que, se reitera, no es objeto del presente asunto la
validez de las anteriores normas, si fueron o no publicadas y/o si con
fundamento en ellas correcta o incorrectamente el representante legal de la
institución nombró a quienes presiden las facultades de la Universidad.
89. Bajo la anterior perspectiva, tampoco resulta admisible que el demandante
en su intención de continuar cuestionando el nombramiento de los decanos y
21 Ver por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 29 de julio de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra,
Rad. 11001-03-28-000-2021-00031-00. En este proceso la demanda se admitió precisando que los motivos de
inconformidad debían circunscribirse al acto de elección acusado, aunque algunos de ellos hicieran referencia a
presuntas irregularidades en designaciones distintas a aquella cuya nulidad se solicitó.
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directores de programa de la institución educativa, luego de vencida la
oportunidad para ello, indique que no pueden tenerse en cuenta los actos de
nombramientos de dichos funcionarios porque no fueron publicados, toda vez
que con dicha afirmación, que se efectuó sin el debido sustento, persigue
insistir en que se declare que dichas designaciones son contrarias al artículo 65
de la Ley 1437 de 2011, para que se determine que son ilegales, perdiendo de
vista la decisión respecto de la cual se admitió la demanda y debe emprenderse
el juicio de validez.
90. Por otra parte, se observa que el demandante al alegar de conclusión hizo
alusión a motivos de inconformidad o elementos de juicio que no había
expuesto con anterioridad, por lo que constituyen asuntos nuevos que no están
llamados analizarse en la sentencia, so pena de desconocer los términos en
que fue fijado el litigio y el derecho a la defensa de la parte demandada que no
tuvo la oportunidad de pronunciarse.
91. Sobre el particular, el actor destacó respecto de la designación de los
representantes del sector productivo, los estudiantes, docentes y egresados
ante el Consejo Superior, que la institución educativa cumplió con la obligación
de publicar los actos de nombramiento o posesión, a diferencia de lo que
ocurrió con la elección enjuiciada, para lo cual suministró los links en los que
afirma puede corroborarse dicha situación, y por ende, el tratamiento disímil;
comparativo e información que se insiste, no fue expuesta con anterioridad
como una circunstancia de hecho que dé cuenta de la ilegalidad del acto
enjuiciado.
92. Asimismo, se tiene que en sus alegatos transcribió el contenido de un oficio
del 26 de agosto de 2021 para ilustrar la forma en que la institución educativa
se pronunció sobre sus solicitudes “acerca de la falta de requisitos de los decanos y
directores de programa para participar de la elección del representante del sector de
las directivas académicas”, aunque dicho documento no fue aportado en las
oportunidades correspondientes para ser tenido como prueba, y lo más
relevante, con él pretende insistir en la declaratoria de ilegalidad de
designaciones diversas a la que es objeto de estudio en esta oportunidad.
93. También se aprecia que el señor Pino Serna al finalizar los alegatos de
conclusión de forma vaga e imprecisa cuestionó la imparcialidad de los 16
directivos académicos que votaron en favor de la demandada, aduciendo una
situación de "subordinación o dependencia” que no explica, pero respecto de la
cual indica podría existir una situación de impedimento porque “se denota un
vínculo con la autoridad superior que ha de beneficiarse de ella (artículo 126 c.n)”.
94. Se destaca el anterior reproche, cuyo desarrollo no es claro, porque
tampoco fue expuesto de manera precisa e inteligible al presentarse o
subsanarse la demanda, por lo que tampoco hizo parte de la fijación del litigio,
de manera tal que resulta extemporáneo y contrario al derecho a la defensa de
la demandada su exposición en los alegatos de conclusión.
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95. Añádase a lo expuesto, que si bien el actor en la demanda invocó el artículo
126 de la Constitución Política, que se cita en el anterior cargo, lo hizo para
predicar la existencia de un vicio “a futuro” del acto mediante el cual se reelija el
rector de la institución educativa por desconocimiento de la prohibición “yo te
elijo, tú me eliges” de la mencionada norma constitucional, motivo de
inconformidad que en el auto del 19 de agosto de 2021 se determinó es ajeno a
la discusión relativa a legalidad de la elección de la demanda, y por ende, que
no es susceptible de analizarse en esta oportunidad.
96. Así las cosas, identificados los asuntos ventilados por los sujetos
procesales después del decreto de pruebas y la fijación de litigio, que son
ajenos a la legalidad de la designación de la demandada como representante
de las directivas académicas ante el Consejo Superior de la Universidad
Tecnológica de Chocó, o que relacionados con aquélla fueron planteados
extemporáneamente, resulta pertinente establecer cuáles son los problemas
jurídicos a resolver en esta oportunidad, en torno a la validez de la elección
materia de este proceso.
2.3. Problemas jurídicos
97. En consonancia con lo establecido en la fijación del litigio y los argumentos
presentados por los sujetos procesales durante la presente actuación, a fin de
definir si la elección de la señora Ana Silvia Rentería Moreno como
representante de las directivas académicas de la Universidad Tecnológica del
Chocó, debe anularse o mantenerse en el ordenamiento jurídico, corresponde
a la Sala resolver los siguientes interrogantes:
(I) ¿Fueron incluidas personas en el censo que no estaban avaladas para
intervenir en la elección del representante de las directivas académicas de la
Universidad Tecnológica del Chocó?, aclarando frente a este asunto, que en
el análisis a emprender no resulta pertinente determinar la legalidad de los
nombramientos de los decanos y directores de programa.
(II) ¿El censo electoral fue publicado por el secretario general de la
Universidad en desconocimiento del parágrafo primero del artículo 20 y el
artículo 22 del Acuerdo 0021 de 2011 que establecen, que aquél debe
publicarse por el Comité Electoral 3 días antes de los comicios?
(III) Si la presunta falta de publicación del acto acusado constituye una razón
válida para controvertir su validez, y en caso afirmativo, si debió o no
publicarse conforme con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.
(IV) ¿De establecer que alguna(s) de las situaciones antes descritas tuvieron
lugar, si constituyen irregularidades de tal entidad para anular la elección
enjuiciada?
2.4. Caso en concreto
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2.4.1. Conformación del censo por las personas legitimadas
98. Frente al primer interrogante planteado, resulta necesario recordar que
conforme al artículo 26.4 del Estatuto General22 de la Universidad Tecnológica
del Chocó “Diego Luis Cardona”, se define la composición del Consejo Superior
Universitario, así: “un (1) representante de las directivas académicas de la
Universidad, elegido mediante votación universal, directa y secreta; entendiéndose por
tales, los Vicerrectores de Docencia, Extensión y Proyección Social, de
Investigaciones, los Decanos y los Directores de Programas”.
99. En consonancia con lo anterior, respecto de la elección enjuiciada, el
artículo 10° del Acuerdo N° 0007 de 202123, mediante el cual se reglamentó la
respectiva convocatoria, en cuanto a la conformación del censo electoral hizo
referencia a que lo componen los señalados vicerrectores, decanos y directores
de programa.
100. Quiere decir, que la debida conformación del censo depende de si está o
no compuesto por la totalidad de las personas que al interior de la comunidad
universitaria desempeñan los anteriores cargos (sin distinguir si de forma
permanente o temporal), y por ende, la condición de directores académicos,
legitimados para elegir a su representante ante el Consejo Superior.
101. Al preguntarle a la institución educativa sobre quiénes conformaron el
censo de la elección cuestionada, suministró el listado de personas con sus
cargos descritos en el numeral 45 de esta providencia y, además, aportó los
respectivos actos de nombramiento, en aras de confirmar su condición de
vicerrectores, decanos y directores de programa, esto es, de personas
avaladas para intervenir en la designación objeto de estudio en este proceso.
102. Al revisar dicho listado, se tiene que coincide con el certificado del 14 de
mayo de 2021 expedido por el jefe de talento humano y servicios
administrativos de la Universidad, que fue adjuntado en la publicación del
censo electoral que realizó el secretario general de ésta24.
103. Por lo tanto, en el censo electoral fueron incluidos los electores que
podían elegir al representante de las directivas académicas de la
Universidad Tecnológica del Chocó, esto es, los vicerrectores, decanos y
directores de programa, quienes según la institución educativa y los actos de
nombramiento correspondientes ostentaban tales condiciones para el momento
de la votación, en virtud de decisiones que como se explicó en el acápite 2.2 de
22
Acuerdo 0001 del 9 de agosto de 2017, aportado al presente proceso.
23
“ARTÍCULO 10°. CENSO ELECTORAL. Para las elecciones que aquí se convocan, podrán votar siempre que se
encuentran en el listado oficial del censo electoral que estará conformado por directivos académicos (Vicerrector de
Investigación, de Docencia y Extensión y Proyección Social, Decanos y Directores de Programa) y por los Ex rectores
de la Universidad Tecnológica del Chocó”.
24
Según documento fechado el 18 de mayo de 2021, suscrito por el mentado secretario, que hace parte de los
antecedentes administrativos.
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esta decisión, se presumen legales y cuya validez no es objeto del presente
proceso.
104. Dicho de otra manera, no se advierte una indebida conformación del
censo electoral, pues hicieron parte de él los directivos académicos, sin que la
parte accionada haya acreditado que no ostentaban tal condición para la fecha
de las elecciones, o que algunos de los que sí la tenían no fueron incluidos en
aquél, pues se insiste, limitó su alegato a controvertir la legalidad de los
nombramientos correspondientes, a exponer las razones por las cuales los
decanos y directores de programa no debieron ser designados directamente
por el rector, sino mediante una votación universal, directa y secreta, a
controvertir decisiones autónomas, producidas de manera independiente a la
cuestionada en esta oportunidad, cuya presunción de legalidad no está llamada
a desvirtuarse en el trámite de la referencia, como se le advirtió a los sujetos
procesales al admitir la demanda y fijar el litigio.
2.4.2. Publicación del censo electoral
105. En cuanto a los motivos de inconformidad relativos a la publicación del
censo electoral, el demandante estima desconocidos los siguientes preceptos
del Acuerdo No. 0021 de 2011, por medio del cual el Consejo Superior profirió
el Estatuto Electoral:
“ARTÍCULO 20. CENSO ELECTORAL. Todos los actores de los estamentos y
sectores universitarios podrán votar siempre que se encuentren en el listado
oficial del censo electoral que para el efecto genere el Jefe de Talento Humano y
la oficina de Admisiones, Registro y Control Académico. En el evento que alguna
persona no aparezca en el listado oficial, podrá solicitar verificación ante el
Consejo Electoral, 3 días hábiles antes de la elección. El Secretario General de la
Universidad proveerá los listados de votantes aptos para cada mesa, conforme a
la distribución que se realice de las mismas.
PARÁGRAFO PRIMERO. El Consejo Electoral ordenará la exposición pública
del censo electoral durante el plazo establecido en el calendario electoral, en la
página web y en las carteleras de la universidad.
PARÁGRAFO SEGUNDO. El censo electoral hará constar para cada elector, la
calidad que ostenta y el número del documento nacional de identidad, los
apellidos y el nombre, y lugar en que le corresponde ejercer su derecho al voto;
en ningún caso un elector podrá fijar en el censo electoral más de una
circunscripción”.
“ARTÍCULO 22. Con tres días de anticipación al día de las elecciones y en
lugares visibles, en las sedes de la Universidad, el Comité Electoral publicará las
listas de sufragantes que serán usadas en la jornada electoral para efectos de
verificación de los votantes que se consideren en capacidad de votar y quienes
en caso de no figurar, procederán según establezca el Consejo Electoral
Universitario”. (subrayado fuera de texto).
106. Frente a estas normas y otras relativas al Estatuto Electoral, es importante
aclarar que emplea los términos Consejo y Comité Electoral para referirse a la
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misma autoridad, esto es, la encargada de la “inspección, control y vigilancia de
los diversos procesos electorales que adelante la Universidad” (art. 2).
107. Lo anterior se aprecia, por ejemplo, en el artículo 3° del anterior estatuto,
relativo a la conformación del órgano electoral que reza:
“ARTÍCULO 3. El Comité Electoral Universitario tendrá carácter permanente y
estará integrado por:
✓ un delegado del personal administrativo, designado por el Sindicato de
Trabajadores y empleados administrativos.
✓ Un representante del sector administrativo designado por el Rector quien
ejercerá sus funciones solo cuando quien oficie como Rector en propiedad no
haya formalizado su aspiración por la reelección en el cargo.
✓ Un representante de los docentes, elegido por ellos, por votación universal,
nominal y secreta.
✓ El Secretario General de la Universidad Tecnológica del Chocó "Diego Luis
Córdoba", o quien haga sus veces, con voz pero sin voto.
✓ Un representante de los estudiantes, elegidos por ellos por votación universal,
nominal y secreta.
✓ Un representante de los egresados, elegido por ellos por votación universal
nominal y secreta.
PARAGRAFO PRIMERO: Presidirá el Consejo Electoral el miembro que para
cada sesión sea designado por la mayoría simple de sus integrantes con derecho
a voto. (…)” (destacado fuera de texto).
108. Añádase a lo expuesto que, de la revisión del Estatuto General de la
Universidad, en cuanto a la estructura de la organización electoral, solo se
hace referencia en el artículo 111 al Comité Electoral.
109. Precisado lo anterior, se recuerda que el actor considera vulnerados los
artículos 20 y 22 transcritos, en cuanto establecen que el censo electoral (I)
deberá publicarse con 3 días de anticipación a las elecciones (II) por parte del
Comité Electoral, debido a que el plazo no fue respetado y porque el censo lo
publicó el secretario general de la Universidad.
110. En cuanto a la publicación del censo con la antelación de 3 días que
señala el Estatuto Electoral, se evidencia que no fue contemplada por el
acuerdo de convocatoria, comoquiera que en el artículo 20 estableció que
aquél se publicaría el 20 mayo de 2021 y las elecciones se realizarían al día
siguiente. Para mayor ilustración se transcribe parte del anterior precepto:
“ARTÍCULO 20: Calendario Electoral. La elección del Representante de las
Directivas Académicas y Ex rectores ante el Consejo Superior Universitario de
que trata el presente acuerdo, se desarrollará en el siguiente calendario:
ACTIVIDAD FECHA HORA
PUBLICACIÓN DE CENSO 20 de mayo de 2021 5:00 p.m
ELECTORAL
REPORTE NOMBRES 3:00 p.m
TESTIGOS ELECTORALES 20 de mayo de 2021
EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE 4:00 p.m.
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CREDENCIALES A LOS 20 de mayo de 2021
TESTIGOS ELECTORALES
ELECCIONES Y ESCRUTINIO 21 de mayo de 2021 8:00 a.m. a 4: 00
GENERAL p.m,
(…)” (subrayado fuera de texto).
111. No pasa por alto la Sala que aunque los artículos 20 y 22 del Estatuto
Electoral establecen que la publicación del censo debe realizarse con 3 días de
anticipación, también lo es que el parágrafo primero del artículo 20 señala que
el Comité Electoral ordenará la exposición de aquél “durante el plazo establecido
en el calendario electoral”, abriendo la posibilidad de dar a conocer el listado de
sufragantes con una antelación distinta a 3 días.
112. Frente a esta circunstancia, a juicio de la Sección debe optarse por la
alternativa interpretativa que armonice el contenido de los referidos preceptos,
que abogue por un entendimiento sistemático de ellos, en especial, que
preserve la consecución de sus objetivos, lo cual se logra predicando que el
censo debe publicarse por lo menos con 3 días antelación a los comicios, en
tanto tal es el plazo establecido estatuariamente para que se denuncien ante la
autoridad competente las eventuales irregularidades y se adopten los
correctivos respectivos. Lo anterior, sin perjuicio de que en aras de brindar un
margen mayor transparencia, se conceda más tiempo a los interesados para
que conozcan los detalles de la conformación del censo antes de las
elecciones.
113. En ese orden ideas, no es de recibo sostener a partir de lo señalado en el
parágrafo primero del artículo 20, que el plazo de publicación del censo puede
ser inferior a 3 días a las elecciones, pues tal conclusión iría en contra del
término concedido por el propio Estatuto Electoral (arts. 20 y 22) para que los
interesados presenten reclamaciones relativas a la conformación del censo, y
por ende, se adopten oportunamente las decisiones relativas a su debida
conformación, aspecto sobre el que se profundizará más adelante.
114. Por lo tanto, salta a la vista que al desarrollarse el cronograma electoral,
no se respetó el plazo mínimo estatutariamente previsto para dar a conocer el
censo.
115. No obstante lo anterior, también es cierto que a partir del análisis del
siguiente documento que hace parte de los antecedentes administrativos, que
podría afirmarse que el censo se publicitó el 18 del mismo mes, es decir,
respetando los 3 días de que trata el artículo 22 del Estatuto Electoral, a saber:
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116. Sin embargo, aunque el anterior documento tiene la referida fecha, no
puede pasarse por alto que la institución educativa como acertadamente lo
resaltó el actor en sus alegatos, al contestar la demanda, indicó que “(…) una
vez revisada la página web de la institución, se evidencia que el censo electoral
se publicó el 19 de mayo, y se deja claro que lo pretendido con la publicación del
censo es, para quien se crea con el derecho de parecer (sic) en el mismo y no lo esté
pueda hacer la reclamación y el comité electoral realizar la subsanación
correspondiente, es preciso señalar que no se realizó ninguna reclamación de
ninguna sufragante por no encontrarse en dicho censo” (destacado fuera de
texto).
117. La afirmación de la Universidad respecto de la fecha de publicación del
censo es relevante, en consideración a que el documento transcrito tiene como
data 18 de mayo de 2021, que puede corresponder al día en que fue expedido,
que no coincide con su publicación, es decir, con el que se da a conocer a
todos los interesados, en especial, a los llamados a participar en la jornada
electoral, circunstancia respecto de la cual la institución educativa declaró,
teniendo como fuente su página web, que ocurrió el 19 de mayo de 2021.
118. En ese orden de ideas, lo dicho en la contestación de la demanda merece
credibilidad, en especial cuando la institución educativa con su dicho termina
reconociendo que no publicó el censo con los 3 días de antelación que exigen
las normas estatutarias, sino sólo con 2 y, además, en consideración a que no
existen otros elementos de juicio que puedan desvirtuar tal situación.
119. Ahora bien, también debe destacarse que los artículos 20 y 22 del
Estatuto Electoral prevén la publicación del censo con la referida antelación,
para que los llamados a votar, que en este caso fueron los directivos
académicos, hagan las observaciones que estimen pertinentes, en especial,
para que en caso de ser omitidos sean incluidos en aquél y así se garantice su
derecho al sufragio.
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120. Así las cosas, del tenor literal de las anteriores disposiciones se
desprende que uno de los principales propósitos de la publicación del censo
con la antelación de 3 días a las votaciones, es brindar un periodo razonable de
tiempo en el que pueda advertirse, si es del caso, cualquier omisión en su
conformación y corregirse las situaciones que impidan la participación de los
legitimados en la jornada electoral.
121. Se destaca esta circunstancia, de una parte, porque la Universidad en la
contestación de la demanda declaró, por parte de los sufragantes, que de
conformidad con los referidos preceptos normativos son los principales
interesados en la debida conformación del censo electoral, que no se realizó
reclamación alguna, lo que resulta consonante con los documentos que se
aportaron como antecedentes del acto acusado, en los que no se observa
petición de tal tipo por los llamados a votar.
122. De otro lado, al revisar el boletín No. 1 que contiene la consolidación de la
votación frente a la elección enjuiciada, se tiene que por los candidatos a
representar las directivas académicas votaron 19 personas25, número que
corresponde a quienes según el censo electoral podían votar, lo que
razonablemente permite afirmar que quienes tenían derecho en su condición
de vicerrectores, decanos y directores de programa a participar en la jornada
electoral, lo hicieron.
123. Ahora bien, no desconoce la Sala que el peticionario en el relato de los
hechos y en relación con el mencionado motivo de inconformidad aseveró, que
el 20 de mayo de 2021, un día antes de las elecciones, presentó una
reclamación relativa a la debida conformación del censo electoral que no fue
respondida, lo que a su juicio denota que no se otorgó el plazo necesario para
que los interesados analizaran la composición del listado de personas
habilitadas para votar y presentaran las objeciones a que hubiere lugar.
124. Sobre este hecho, en primer lugar, se tiene que el actor no está incluido
dentro del censo electoral, es decir dentro del “listado oficial”, de personas con
25
Dice el mentado boletín:
BOLETÍN N° 1
COMITÉ ELECTORAL
ELECCIONES DE LOS REPRESENTANTES A INTEGRAR EL CONSEJO SUPERIOR POR LOS EXRECTORES Y
DIRECTIVAS ACADÉMICAS
SECTOR EXRECTORES (…)
SECTOR AUTORIDADES ACADÉMICAS
CANDIDATOS N° EN EL VOTOS VOTOS EN VOTOS NULOS TOTAL VOTOS
TARJETÓN VÁLIDOS BLANCO
Jhon Jairo 3 1 1
Mosquera
Córdoba
Ana Silvia 1 16 16
Rentería
Moreno
Leidy Verth 2 1 1
Viafara Rentería
Voto nulo 1 1
18 1 19
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“capacidad de votar”, que según el tenor literal de los artículos 20 y 22 del
Estatuto Electoral son los principales destinatarios de la garantía de la debida
conformación de aquél.
125. No obstante, predicando que como ciudadano y/o eventualmente
miembro de la comunidad universitaria podía realizar una reclamación contra el
referido censo luego de su publicación, se observa que en respaldo de su dicho
aportó un documento en formato Word dirigido al Comité Electoral, en el que se
expresan motivos de inconformidad sobre la composición de aquél y la falta de
competencia del funcionario que lo publicó; sin embargo, no se advierte algún
sello de radicación ante la Universidad o la constancia de envío del correo
electrónico correspondiente, a fin de constatar si fue allegado a la mencionada
autoridad en la referida fecha, aunado a que tampoco se encuentra dentro de
los documentos allegados como antecedentes administrativos del acto
acusado.
126. Esta circunstancia impide sostener a partir de los elementos de juicio
aportados a la presente actuación, que luego de publicado el censo electoral se
presentaron reclamaciones relativas a su indebida conformación, como aspecto
a tener en cuenta frente a la garantía que otorgan los artículos 20 y 22 del
Estatuto Electoral, al establecer la publicación de aquél con antelación de 3
días a las votaciones.
127. El análisis de las situaciones antes descritas permite concluir, que sí se
presentó una irregularidad en el trámite electoral, consistente en que el censo
fue publicado 2 días antes de las elecciones, a pesar de lo previsto en los
artículos antes señalados. Sin embargo, también se evidencia que dicha
anomalía no significó de acuerdo con las pruebas aportadas, que se haya
privado a algún directivo académico de ejercer su derecho al voto o que alguien
que no tenía tal prerrogativa lo ejerció.
128. Asimismo, tampoco se observa algún elemento de juicio que permita
considerar que el hecho de que no se haya garantizado un día más para la
publicación del censo electoral, significó en concreto, de manera clara y
precisa, que alguno de los interesados materialmente no pudo realizar alguna
reclamación, y/o que pudo advertirse una situación irregular relativa a las
personas llamadas a ejercer el derecho al voto. Por el contrario, está
acreditado que fueron incluidos quienes ostentaban en virtud de los
nombramientos efectuados, amparados por la presunción de legalidad, la
condición de vicerrectores, decanos y directores de programa, que de
conformidad con el boletín N° 1 sufragaron en su totalidad.
129. Ahora bien, frente al censo se encuentra comprobado a través del
documento cuyo contenido se transcribió en el numeral 115 de esta
providencia, que fue publicado por el secretario general de la Universidad y no
por el Comité Electoral como lo establece el artículo 22 del Estatuto Electoral.
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130. A esta circunstancia debe agregarse, que según el artículo 6°, literal e) del
referido Estatuto, al Comité Electoral le corresponde “avalar los listados de
sufragantes habilitados para cada elección”. De allí que de manera concordante el
mismo cuerpo normativo indique que es el encargado de publicar el censo, y
por ende, que tiene un papel relevante en el certamen democrático, lo que por
cierto desvirtúa la afirmación que hizo dentro de la presente actuación el
presidente del anterior órgano colegiado el 2 de diciembre de 2021, consistente
en que a éste “no le compete hacer revisión, validación, evaluación o alguna
interpretación del censo electoral certificado, puesto que el Estatuto en comento, ya
atribuyó la facultad en ese caso a la oficina de Talento Humano para que lo expida;
una vez expedido, la única opción que genera nuevas validaciones y demás, al censo
electoral certificado por la dependencia competente, es la impugnación del mismo”.
131. En efecto, de manera inequívoca el Estatuto Electoral (art. 6°) le otorga al
citado Comité la responsabilidad de avalar “los listados de sufragantes habilitados
para cada elección”; esto es, de validar que las personas que fueron incluidas en
aquellos por parte del “Jefe de Talento Humano y la oficina de Admisiones, Registro
y Control Académico” (art. 20 del Estatuto Electoral), son las legitimadas para
participar en la jornada democrática, las llamadas a elegir uno de sus
representantes, lo que a su vez implica una verificación de los requisitos
exigidos por las normas internas para tal efecto, responsabilidad que resulta
coherente con las funciones de resolver consultas, quejas e impugnaciones
acerca del desarrollo de los procesos, denunciar en forma sustentada ante el
Consejo Superior Universitario a los infractores de dicho estatuto (literales i y j,
artículo 6°26 del Acuerdo 0021 del 21 de septiembre de 201127) y ser la
autoridad ante la cual se puede recurrir, cuando alguna persona no aparezca
en el censo (arts. 20 y 22 del Estatuto Electoral).
132. No obstante las anteriores consideraciones, tampoco se puede pasar por
alto, que en virtud de las pruebas practicadas y como se ha ilustrado en esta
providencia, (I) el listado de sufragantes fue conformado en debida forma por
las personas que para el día de las votaciones ostentaban la condición de
vicerrectores, decanos y directores de programa, (II) quienes ejercieron el
derecho al voto, y además, (III) no se presentó alguna reclamación relativa a la
indebida inclusión o exclusión de algunos de los electores en la oportunidad
prevista por los artículos 20 y 22 del Estatuto Electoral.
133. En suma, no se evidencian razones para considerar que la omisión de la
publicación del listado de sufragantes por la autoridad que le competía tal
responsabilidad, en concreto haya significado el desconocimiento de los
26
“ARTÍCULO 6. El Comité Electoral tiene las siguientes funciones: (…)
e. Avalar los listados de sufragantes habilitados para cada elección. f. Solicitar a la Rectoría todos los recursos
logísticos para el desarrollo de elecciones. (…)
i. Resolver consultas, quejas e impugnaciones acerca del desarrollo de los procesos electorales y de los candidatos
electos que sean de su competencia, o tramitar ante el Consejo Superior Universitario aquellas que por principio de
autoridad no le competen.
j. Denunciar en forma sustentada y por escrito ante el Consejo Superior Universitario a los infractores del presente
acuerdo. (…)”.
27
“Por el cual se expide el Estatuto Electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó”.
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derechos de los votantes o una afectación a la delimitación y sentido de la
voluntad del electoral.
134. Dicho de otro modo, sin desconocer que el censo no fue publicado por el
Comité Electoral y que se dio a conocer con 2 días anterioridad a las
elecciones y no 3 como correspondía, está acreditado que la delimitación e
identificación de las personas que podían elegir al representante de las
directivas académicas fue correcta, que no se evidencian errores en la
composición de la lista de sufragantes, ni vulneración de los derechos de éstos.
Por el contrario, participaron en la jornada democrática y que de forma
mayoritaria, con 16 de los 19 votos depositados, decidieron que serían
representados por la demandada en el Consejo Superior Universitario.
135. Estas consideraciones están estrechamente relacionadas con el principio
de la eficacia del voto, según el cual como lo ha destacado esta Sección, “en
los procesos de índole objetiva, es decir aquéllos en los cuales de discute la
ocurrencia de irregularidades en la votación o en los escrutinios, el acto electoral
solamente puede ser anulado si se demuestra que dichas irregularidades tienen la
incidencia de modificar el resultado de la contienda electoral. De lo contrario, debe
preservarse la voluntad legítima mayoritaria de los electores”28.
136. En el mismo sentido, ha señalado la Sala Electoral del Consejo de
Estado:
“(…) (La) legislación por excelencia para las elecciones por voto popular, en su
catálogo de principios, destaca el llamado principio de eficacia del voto,
definido como la preponderancia de la interpretación que le dé validez al
voto para que así represente la expresión de la libre voluntad del elector.
Principios análogos y de redacción similar se encuentran en el principio del
efecto útil de la norma o la ponderación que hace el Código Civil frente a las
máximas de interpretación de la ley, en las que se encuentran en tensión, en
mayor o menor grado, las posibles interpretaciones o aspectos hermenéuticos
frente a la aplicación de las normas.
Por eso, en forma constante, la jurisdicción electoral ha entendido y así lo ha
manifestado a los sujetos procesales, a lo largo de sus pronunciamientos
judiciales, que el hecho de que exista y se prueben irregularidades en el
proceso de electoral administrativo, no conlleva per se la nulidad del acto
electoral que la declara.
Para el lector desprevenido y en grado sumo acontece con los sujetos
procesales, les parece casi paradójico que habiéndose demostrado
irregularidades, se mantenga al elegido en su cargo o curul.
Pues bien no ha de olvidarse que se encuentran en tensión varios derechos,
unos de espectro mucho más amplio que deben ser protegidos, así pues el
ejercicio de los derechos fundamentales políticos a elegir y ser elegido tiene su
alter ego como ser político público en la voluntad popular, en la democracia y
en el mantenimiento de la institucionalidad del Estado en el que una de sus
manifestaciones es propender por garantizar la evolución normal del
desenvolvimiento del Estado, a través de los servidores designados por el
conglomerado.
28
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 16 de marzo de 2017, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, Rad.
54001-23-33-000-2016-00002-01.
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Es por ello, que con base en el principio de la eficacia del voto o del efecto útil
de la norma, acreditadas las irregularidades, ha de pasarse a una última etapa
dentro del iter del proceso electoral, para adentrarse en el análisis del impacto
de esos votos espurios en el resultado definitivo que dio al elegido el triunfo,
pues mientras aquel no sea mutado o modificado a tal punto que se tenga
certeza que había otro participante con mejor derecho, la declaratoria de
la elección se mantendrá incólume (Destacado fuera de texto)29
123. Bajo la perspectiva del mentado principio, en el asunto planteado lo primero
que observa la Sala es que el demandante en lo atinente a la falta de
participación de jurados y testigos electorales, y por ende, frente a las situaciones
relevantes de la votación y el escrutinio, únicamente argumentó que la ausencia
de tales sujetos conllevó a que no se advirtieran oportunamente las
irregularidades relativas al número y ubicación de las planchas en el tarjetón de
votación, y por ende, que no se hubieren adoptado los correctivos respectivos
frente a una situación que a su juicio incidió en el resultado de la elección.
124. Como se expuso ampliamente en el apartado 2.4.1 de esta providencia, tan
pronto se advirtió la situación expuesta por el actor sobre los tarjetón (sic) de
votación se tomaron los correctivos pertinentes, y aún más relevante, dicha
circunstancia en manera alguna significó que se pusiera en riesgo el derecho a
ejercer el voto de manera libre, segura e informada, ni que se indujera en error a
los electores, por lo que a su vez, que no se haya brindado la posibilidad de
presentar testigos que eventualmente hubieren advirtieran lo ocurrido, tampoco
tiene la virtualidad de haber afectado el resultado de la jornada electoral.
125. Además de la situación antedicha el demandante en forma alguna hizo
alusión a irregularidades atinentes a la votación y los escrutinios en las que
hubieren podido intervenir los jurados y en especial los testigos, es decir, no
concretó de qué manera la ausencia de éstos afectó el proceso electoral y mucho
menos su resultado.
126. Por lo tanto, no existen situaciones claras, concretas y específicas a partir
de la cuales pueda evaluarse de qué manera la ausencia de los testigos afectó el
resultado de la elección, y por ende, no se avizoran razones suficientes para
considerar que el hecho de no haber permitido la intervención de aquéllos
justifique que se anule una decisión producto de la voluntad mayoritaria”30
(Subrayado fuera de texto).
137. Bajo tal perspectiva, sin pasar por alto que en los procesos electorales,
sean o no de carácter popular, pudo incurrirse en irregularidades como la
omisión o el desconocimiento de exigencias previamente establecidas, a juicio
de la Sala no se advierte que hayan transcendido al resultado de la
designación y/o implicado el desconocimiento de presupuestos indispensables
para predicar su legalidad, pues se itera, en lo que concierne al censo, que
constituyó la etapa en la que se cometieron los señalados errores, fueron
incluidos quienes estatutariamente podían votar, que lo hicieron, por lo que en
aplicación del principio de la eficacia del voto, no se avizoran razones
suficientes para excluir la elección del ordenamiento jurídico31.
29
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de, 15 de diciembre de 2016, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, Rad.
13001-23-33-000-2016-00106-01.
30 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 18 de diciembre de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate Rad. 11001-
03-28-000-2019-00036-00.
31
Sobre la aplicación del principio de la eficacia al voto en similar sentido, ver por ejemplo: Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia del 18 de diciembre de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate Rad. 11001-03-28-000-2019-00036-00.
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia 1º de julio de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad.13001-23-33-000-
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138. En este aspecto, no puede olvidarse que los motivos de inconformidad
relativos a la conformación del censo fueron invocados y analizados a la luz de
la causal de nulidad de expedición irregular, es decir, como errores que
antecedieron la formación del acto de elección y que afectan su legalidad, de
allí que por la naturaleza especial de la decisión controvertida y el principio de
eficacia al voto, como antes se explicó, deba valorarse la incidencia de los
yerros, so pena de sacrificar desproporcionadamente la voluntad mayoritaria y
la consecución de los intereses generales que se persigue con las
designaciones en la administración pública.
139. En conclusión, las irregularidades que tuvieron lugar frente a la
publicación del censo electoral en el trámite de la designación enjuiciada, no
tuvieron la incidencia necesaria para predicar que aquélla debe ser excluida del
ordenamiento jurídico.
2.4.3. Falta de publicación de la designación enjuiciada
140. Resta por resolver el interrogante atinente a si la falta de publicación del
acto acusado constituye una razón válida para controvertir su validez, y en
caso afirmativo, si debió o no publicarse conforme con el artículo 65 de la Ley
1437 de 2011.
141. Sobre este aspecto, se recuerda que las causales de nulidad de los actos
de elección, nombramiento y llamamiento están relacionadas con
circunstancias anteriores o concomitantes a su expedición, esto es, con
las condiciones necesarias para que surja a la vida jurídica cumpliendo las
condiciones de validez que exige el ordenamiento jurídico.
142. En consecuencia, no constituyen causales de nulidad de los actos de
elección, situaciones posteriores al momento en que son dictados, por
ejemplo, la presunta comisión de irregularidades en la publicación de la
designación, por cuanto en estricto sentido no tienen relación con la validez de
ésta (con las condiciones necesarias para reputar que se dictó cumpliendo las
exigencias legalmente establecidas para tal efecto), sino con su eficacia, con
los requisitos necesarios para predicar que surte efectos ante sus destinatarios
y terceros, que es oponible a éstos, para la cual se necesita que se les dé a
conocer.
143. Sobre el particular, desde vieja data la Sección ha considerado:
“Ahora, si se examinan las diferentes causales de nulidad inherentes a los actos
electorales, (…) se advertirá que tienen en común, entre otras cosas, que su
existencia temporal debe ser, cuando menos, anterior o concomitante a la
expedición del respectivo acto administrativo, por ser en ese interregno cuando
se forma o expide el acto administrativo; lo que ocurra de ahí en adelante, en
2019-00264-03. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 8 de julio de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad,
11001-03-28-000-2020-00096-00
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particular con su publicidad, no puede afectar la legalidad del acto, porque
su materialización ya se ha cumplido, al punto que las anomalías subsiguientes
relativas a la publicidad contarán para efectos de eficacia y oponibilidad, nunca
para efectos de validez o legalidad.
Pues bien, como el cargo se cimenta en posibles irregularidades en la
publicación del acto acusado (Acuerdo 005 de 2010), y en virtud a que tales
situaciones, de llegar a existir, no incidirían en su legalidad sino en su eficacia u
oponibilidad, la Sala no puede menos que declarar impróspero el cargo.”32
(Negrilla fuera de texto).
144. Vale la pena aclarar que las anteriores consideraciones resultan
pertinentes respecto de presuntas irregularidades en la publicación del acto
definitivo, por cuanto la omisión en dar a conocer decisiones que anteceden a
éste y que constituyen condiciones relevantes para predicar la legalidad de la
elección, llamamiento o nombramiento, podrían constituir causal de nulidad, por
ejemplo, por desconocimiento del debido proceso o expedición irregular,
situación que no se evidencia en esta oportunidad, por cuanto el motivo de
inconformidad del demandante radica en la falta de publicación del acto
designación en las condiciones previstas por el artículo 65 de la Ley 1437 de
2011, que por las razones antes señaladas, no constituyen una circunstancia
atinente a la validez de la decisión enjuiciada.
145. Por la anterior circunstancia, tampoco resulta relevante para la discusión
sobre la legalidad de la designación acusada, si el secretario general de la
Universidad cumplió con la obligación estatutaria de publicar el acto acusado, o
que ésta no dio a conocer el acto de posesión de la demandada33, pues tales
situaciones son posteriores a la elección controvertida, que no inciden en su
legalidad.
146. Finalmente, se precisa que el hecho que la designación cuestionada no
haya sido publicada, en manera alguna impide que sea controvertida como lo
sostiene el actor en los alegatos. Por el contrario, tal omisión conlleva a que no
corra el término de caducidad para cuestionarlo judicialmente en sede de
nulidad electoral y por tanto que no pueda exigírsele a la ciudadanía atender el
plazo de 30 días para demandarlo, pues no empieza a correr, lo que sin duda
amplía la posibilidad de controvertirlo ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo34.
32
Consejo de Estado, sentencia del 7 de marzo de 2011, M.P. María Nohemí Hernández Pinzón, Rad. 11001-03-28-
000-2010-00006-00. En el mismo sentido, Consejo de Estado, Sección Quinta, auto 19 de agosto de 2021, M.P. Rocío
Araújo Oñate, Rad. 11001-03-28-000-2021-00033-00.
33
En cuanto a la diferencia del nombramiento y la posesión y por qué esta última no es susceptible de control en
nulidad electoral, ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia
del 23 de noviembre de 2017, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, radicado N° 76001-23-33-000-2017-00053-01. Posición
reiterada en Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 13 de febrero de 2020, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-
03-28-000-2020-00030-00. Consejo de Estado, sentencia del 13 de mayo de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad.
11001-03-28-000-2019-00024-00, 11001-03-28-000-2019-00034-00.
34
En tal sentido ver por empleo: Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 8 de agosto de 2019, M.P. Rocío Araújo
Oñate, Rad. 11001-03-28-000-2019-00034-00. Consejo de Estado, Sección Quinta, auto proferido en el curso de la
audiencia inicial del 27 de noviembre de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-28-000-2019-00024-00, 11001-
03-28-000-2019-00034-00. Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 18 de diciembre de 2019, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez, Rad. 11001-03-28-000-2019-00024-00, 11001-03-28-000-2019-00034-00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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37
Radicado: 11001-03-28-000-2021-00033-00
Demandante: Dhorton Pino Serna
Por todo lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.
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38
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