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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-28-000-2023-00048-00

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-28-000-2023-00048-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. NEGAR la pretensión de la demanda de nulidad presentada por el señor Harold Eduardo Sua Montaña contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional y el Senado de la República, relacionada con el Decreto 840 del 29 de mayo de 2023, «Por el cual se asciende a un Oficial General de la Policía Nacional», mediante el cual se ascendió al mayor general William René Salamanca Ramírez al grado de general. Segundo. SIN CONDENA en costas. Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, REALIZAR las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el expediente. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-28-000-2023-00048-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD.
Radicación: 11001-03-28-000-2023-00048-00 (5379-2023)
Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandados: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Senado de la
República – William René Salamanca Ramírez

Temas: Acto de ascenso de un oficial general de la Policía Nacional –
Efectos de la falta de publicación del acto de reincorporación y
designación – Aprobación del ascenso en sesión mixta del
Senado. NIEGA LAS PRETENSIONES.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

1. Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo –CPACA–, promovido por el señor Harold Eduardo
Sua Montaña contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional y el Senado de la
República, con la vinculación del señor William René Salamanca Ramírez como
tercero con interés, con el fin de que se acceda a la siguiente pretensión:

PRETENSIÓN1

2. El demandante solicitó que se declare la nulidad del Decreto 840 del 29 de
mayo de 2023, «Por el cual se asciende a un Oficial General de la Policía Nacional»,
mediante el cual el Gobierno nacional ascendió al mayor general William René
Salamanca Ramírez al grado de general, decisión que fue aprobada por el Senado
de la República en sesión del 16 de junio de 2023.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

3. Que el 16 de junio de 2023 el Senado de la República celebró una reunión
bajo modalidad mixta, por disposición de su mesa directiva. Indicó que el orden del
día previó como único punto la aprobación del ascenso del señor William René

1 Véanse los índices 00003 –demanda– y 000041 –subsanación– de SAMAI.

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Salamanca Ramírez al grado de general de la Policía Nacional.

4. Afirmó que el señor William René Salamanca Ramírez fue reintegrado a la
Policía Nacional y nombrado director general de esa institución mediante un acto
leído en una ceremonia realizada el 9 de mayo de 2023. Que buscó dicho acto en
el Diario Oficial, pero únicamente encontró uno publicado el 3 de octubre de 2022,
mediante el cual el señor Salamanca Ramírez había sido nombrado en el Consulado
General de Colombia en Miami. Por ello, formuló peticiones para obtener constancia
de la publicación y copia del acto de reintegro y nombramiento.

5. Que la Imprenta Nacional le informó que, después de revisar los índices del
Diario Oficial correspondientes a 2022 y hasta la fecha de las solicitudes, no
encontró registro de la publicación del acto de nombramiento del director general de
la Policía Nacional. También indicó que no halló información relacionada con las
publicaciones 1893 de 2022 y 0035 de 2023.

6. Agregó que el decreto mediante el cual el general fue reintegrado a la Policía
Nacional y nombrado director general de esa institución no figuraba en las ediciones
del Diario Oficial publicadas entre el 20 de mayo y el 16 de junio de 2023.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

7. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
artículo 65; artículo 20 del Decreto Ley 1791 de 2000 y el artículo 3 de la Ley 5 de
1992. También sustentó sus argumentos en las sentencias C-242 de 2020, C-125,
C-270, C-320 y C-447 de 2022 de la Corte Constitucional y en la sentencia del
Consejo de Estado, proferida dentro del proceso de nulidad electoral con radicación
11001-03-28-000-2021-00033-00.

8. Sostuvo que el acto acusado fue expedido irregularmente porque, al
momento de aprobarse el ascenso, no se había publicado el acto mediante el cual
el señor Salamanca Ramírez fue reincorporado al servicio activo y designado
director general de la Policía Nacional. Que, conforme a la sentencia dictada en el
proceso 11001-03-28-000-2021-00033-00, la falta de publicidad de un acto de
nombramiento afecta sus efectos frente a sus destinatarios y terceros.

9. Consideró que la ausencia de publicación hacía inoponible la reincorporación
frente a los senadores y demás terceros. Por esta razón, consideró que el señor
Salamanca Ramírez no cumplía la condición de encontrarse «en servicio activo»,
prevista en el artículo 20 del Decreto Ley 1791 de 2000 para acceder al ascenso.

10. Agregó que la modalidad mixta bajo la cual sesionó el Senado no era
procedente. Que la Sentencia C-242 de 2020, invocada para autorizar esa forma de
reunión, y las sentencias C-125, C-320 y C-447 de 2022 la contemplaron como una
posibilidad excepcional y transitoria, supeditada a situaciones de emergencia como
la ocasionada por la pandemia de la COVID-19.

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11. De acuerdo con esa jurisprudencia, consideró que el grado de presencialidad
debía ser mayor según la importancia de la decisión y que las votaciones debían
efectuarse, en lo posible, de manera presencial cuando la Constitución estableciera
una mayoría especial o un procedimiento de aprobación con requisitos específicos.
Afirmó que las circunstancias excepcionales que justificaron la virtualidad no
concurrían para la sesión cuestionada, pues la emergencia había finalizado después
de la declaración emitida por la Organización Mundial de la Salud el 5 de mayo de
2023.

12. Concluyó que no era viable acudir al artículo 3.º de la Ley 5.ª de 1992 para
justificar la modalidad mixta, debido a que la integración normativa admitida por la
Sentencia C-242 de 2020 estuvo circunscrita al contexto de la pandemia. En
consecuencia, consideró que esta circunstancia también configuró la causal de
expedición irregular del acto acusado.

TRÁMITE DE ÚNICA INSTANCIA

13. La demanda fue presentada inicialmente en ejercicio del medio de control de
nulidad electoral. Por auto del 31 de julio de 2023, la Sección Quinta del Consejo de
Estado remitió el proceso a la Sección Segunda, al considerar que el acto que
confirió el ascenso no tenía naturaleza ni contenido electoral2. Esta decisión fue
confirmada el 18 de agosto de 2023, al resolverse el recurso de reposición
formulado por el demandante3. Posteriormente, mediante auto del 28 de febrero de
2024, el despacho adecuó el medio de control al de nulidad previsto en el artículo
137 del CPACA e inadmitió la demanda4. Después de subsanada, la demanda fue
admitida mediante auto del 4 de junio de 20245.

14. El señor Salamanca Ramírez6, vinculado como tercero con interés, sostuvo
que el Decreto 694 del 9 de mayo de 2023, mediante el cual fue reincorporado al
servicio activo y designado director general de la Policía Nacional, cumplió los
requisitos constitucionales y legales aplicables. Expresó que se trataba de un acto
de carácter particular y concreto, cuyos efectos surgieron a partir de su
comunicación, sin que su publicación en el Diario Oficial constituyera una condición
para su eficacia, de conformidad con el artículo 95 del Decreto 2150 de 1995.

15. Agregó que el ascenso al grado de general se adelantó con sujeción a la
Constitución, el Decreto Ley 1791 de 2000 y la Resolución nro. 79 de 2015 de la
Mesa Directiva del Senado. Indicó que el Decreto 840 de 2023, la hoja de vida, los
informes de ponencia y las actas relacionadas con el trámite fueron publicados en
las Gacetas del Congreso correspondientes. Por ello, afirmó que el actor no acreditó
la causal de expedición irregular ni desvirtuó la presunción de legalidad del acto

2 Véase índice 00006 de SAMAI.
3 Véase índice 00012 de SAMAI.
4 Véase índice 00027 de SAMAI.
5 Véase índice 00044 de SAMAI.
6 Véase índice 00060 de SAMAI.

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acusado.

16. En auto separado del 4 de junio de 2024 se corrió traslado de la solicitud de
suspensión provisional, la cual fue negada en el auto del 26 de agosto de 20247. El
auto del 4 de febrero de 2025 indicó que no había medidas de saneamiento por
adoptar, que no se propusieron excepciones previas y que el litigio no era
susceptible de conciliación. En esa providencia se precisó que debía definirse la
legalidad del Decreto 840 del 29 de mayo de 2023, mediante el cual el ministro de
Defensa Nacional ascendió al mayor general Salamanca Ramírez al grado de
general. También se incorporaron los documentos aportados por las partes, se
ordenó oficiar a la Imprenta Nacional para que certificara si el Decreto 694 de 2023
fue publicado en el Diario Oficial y se requirió al tercero para que allegara los anexos
anunciados en la contestación8.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

17. El demandante9 reiteró que el Decreto 840 del 29 de mayo de 2023 fue
expedido irregularmente. Que el Senado aprobó el ascenso del señor William René
Salamanca Ramírez en una reunión semipresencial, pese a que, según la
jurisprudencia constitucional invocada, esta modalidad fue admitida para
situaciones excepcionales como las derivadas de la pandemia de la COVID-19 y las
votaciones debían realizarse, en lo posible, de manera presencial cuando la
Constitución estableciera una mayoría especial o un procedimiento con requisitos
específicos.

18. Insistió en que el acto por el que fue reincorporado a la Policía Nacional no
se publicó en el Diario Oficial. En su criterio, esa omisión impidió que la
reincorporación produjera efectos frente a terceros y, por tanto, que pudiera
considerarse cumplida la condición de encontrarse «en servicio activo», exigida por
el artículo 20 del Decreto Ley 1791 de 2000 para acceder al ascenso. Agregó que
las pruebas incorporadas demostraban tanto la falta de publicación como la
celebración de la sesión semipresencial, aunque las partes discrepaban acerca de
la incidencia de esos hechos en la legalidad del acto acusado. En consecuencia,
mantuvo la pretensión de nulidad.

19. Las entidades demandadas, el tercero con interés y el Ministerio Público no
presentaron alegatos de conclusión ni concepto dentro del término concedido.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

20. Corresponde a la Sala determinar si el Decreto 840 del 29 de mayo de 2023,

7 Véase índice 00061 de SAMAI.
8 Véase índice 00080 de SAMAI.
9 Véase índice 00126 de SAMAI.

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mediante el cual se ascendió al mayor general William René Salamanca Ramírez al
grado de general de la Policía Nacional, debe declararse nulo por expedición
irregular, debido a que el acto que dispuso su reincorporación al servicio activo no
fue publicado en el Diario Oficial y a que el Senado de la República aprobó el
ascenso en una sesión celebrada bajo modalidad mixta.

La falta de publicación del Decreto 694 de 2023

21. El artículo 173, numeral 2, de la Constitución atribuyen al presidente de la
República la competencia para conferir grados a los miembros de la fuerza pública
y ordenan someter a la aprobación del Senado aquellos que correspondan. El
artículo 189, numeral 19, ibidem le confiere la competencia a este último para
aprobar o improbar los ascensos de la fuerza pública.

22. En desarrollo de estas disposiciones, el Decreto Ley 1791 de 2000, artículo
20, prevé que los ascensos se conferirán a los oficiales, integrantes del nivel
ejecutivo y suboficiales «en servicio activo» que cumplan los requisitos establecidos.
Por su parte, el artículo 26 ibidem autoriza al Gobierno nacional para escoger a los
oficiales –brigadieres y mayores generales– que serán ascendidos a los grados de
mayor general, teniente general y general, siempre que reúnan las condiciones
legales. Su parágrafo regula el ascenso del oficial general que desempeñe en
propiedad la Dirección General de la Policía Nacional.

23. Finalmente, el artículo 27 señala que los grados de oficiales generales
conferidos por el Gobierno deben someterse a la aprobación del Senado y que:
«obtenida dicha aprobación, los ascensos producirán todos los efectos desde la
fecha en que se otorguen».

24. La reincorporación al «servicio activo» tiene una regulación específica en el
artículo 70 del Decreto Ley 1791 de 2000. La disposición establece que el personal
retirado por solicitud propia o por llamamiento a calificar servicios puede ser
reincorporado en cualquier tiempo, a solicitud de parte o por voluntad del Gobierno
nacional o de la Dirección General de la Policía, según el caso, previo concepto
favorable de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para los oficiales. El
régimen especial determina, entonces, quién puede ser reincorporado, cuál es la
autoridad competente y qué concepto debe obtenerse, pero no establece una forma
particular para publicar, notificar o comunicar la decisión.

25. En ausencia de una regla especial sobre este último aspecto, deben
examinarse las disposiciones generales del CPACA. El artículo 65 regula la
publicación de los actos administrativos de carácter general y agrega en su
parágrafo que «también deberán publicarse los actos de nombramiento y los actos
de elección distintos a los de voto popular». El artículo 66 dispone que «los actos
administrativos de carácter particular deberán ser notificados» de acuerdo con las
reglas previstas en los artículos siguientes. A su vez, el artículo 72 establece que,
aun cuando no se hubieren satisfecho las formalidades de la notificación, la decisión

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produce efectos si el interesado revela que la conoce, la consiente o interpone los
recursos legales.

26. El parágrafo del artículo 95 del Decreto Ley 2150 de 1995, invocado por el
tercero con interés, prescribe que los actos administrativos particulares y concretos
«surtirán sus efectos a partir de su notificación y no será necesaria su publicación».
Esta disposición no excluye el deber específico de publicar los actos de
nombramiento previsto posteriormente en el artículo 65 del CPACA, pero sí confirma
que la eficacia de las demás decisiones particulares frente a su destinatario
depende de su notificación o del conocimiento que este haya tenido de ellas, no de
su publicación en el Diario Oficial.

27. En este caso, mediante el Decreto 694 del 9 de mayo de 2023, el Gobierno
nacional adoptó dos determinaciones que, aunque quedaron incorporadas en el
mismo instrumento, tienen un objeto jurídico distinto. El artículo 1 ordenó:

«Artículo 1. Reincorporación. Reincorpórese al servicio activo de la
Policía Nacional, al señor Mayor General SALAMANCA RAMÍREZ
WILLIAM RENÉ, […] a partir de la comunicación del presente acto
administrativo».

28. El artículo 2 lo designó director general de la Policía Nacional y el artículo 3.º
ordenó: «Comuníquese por intermedio de la Dirección de Talento Humano de la
Policía Nacional el presente acto administrativo». Por último, el artículo 4.º señaló
que el decreto regía desde su expedición.

29. La distinción explicada es relevante porque la condición prevista en el artículo
20 del Decreto Ley 1791 de 2000, sobre la cual se construyó el cargo –
argumentando su omisión–, consistía en que el oficial se encontrara en «servicio
activo». Conforme al recuento normativo, esa situación jurídica derivaba de la
reincorporación dispuesta en el artículo 1 del Decreto 694 de 2023 y no de la
publicación de su designación como director general.

30. La reincorporación no constituye un nombramiento ni una elección. Se trata
de la decisión mediante la cual un integrante retirado de la institución vuelve al
servicio activo, en las condiciones señaladas por el artículo 70 del Decreto Ley 1791
de 2000. Por ello, no se encuentra comprendida en el deber especial de publicación
previsto en el parágrafo del artículo 65 del CPACA para los actos de nombramiento
y elección. Su eficacia frente al destinatario dependía de la comunicación o
notificación ordenada en el propio decreto y, en todo caso, del conocimiento efectivo
que este hubiera tenido de la decisión.

31. En el asunto examinado, el actor no demandó la nulidad del Decreto 694 de
2023 dentro de este proceso ni formuló un cargo sustentado en la ausencia de
comunicación de la reincorporación. Su reproche se concentró en la falta de
publicación y en la consecuente inoponibilidad del acto frente a los senadores. No

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obstante, la publicación no era la formalidad de la cual dependía la eficacia de la
reincorporación frente a su destinatario y a la Administración que la ordenó.
Además, el Senado conoció los antecedentes oficiales sometidos a su
consideración y adelantó el procedimiento con base en el Decreto 840 de 2023, la
hoja de vida del oficial y la documentación remitida por el Gobierno nacional.

32. En esas condiciones, la falta de publicación del Decreto 694 de 2023 no
permite concluir que el señor William René Salamanca Ramírez permaneciera
retirado de la Policía Nacional cuando el Gobierno le confirió el ascenso. La
reincorporación produjo efectos a partir de su comunicación y fue conocida y
aceptada por el destinatario. Por ello, no se demostró el incumplimiento de la
condición de encontrarse «en servicio activo» prevista en el artículo 20 del Decreto
Ley 1791 de 2000.

33. Incluso si se entendiera que la falta de publicación configuró un
incumplimiento respecto de la designación como director general, no se acreditó
que esa omisión hubiera alterado el procedimiento de ascenso, impedido al Senado
examinar la hoja de vida del oficial o afectado la formación de su voluntad. En
consecuencia, tampoco se demostró la existencia de una formalidad sustancial cuya
inobservancia tuviera la capacidad de invalidar el Decreto 840 de 2023, por lo cual,
el primer cargo no prospera.

La aprobación del ascenso en una sesión mixta del Senado

34. La Constitución regula las condiciones básicas de funcionamiento del
Congreso. El artículo 145 establece el quorum necesario para abrir las sesiones y
adoptar decisiones; el artículo 146 dispone que, salvo regla constitucional especial,
las decisiones se toman por la mayoría de los votos de los asistentes; y el artículo
149 prevé que las reuniones efectuadas fuera de las condiciones constitucionales
carecen de validez. No obstante, ninguna de estas normas exige de forma expresa
que todas las reuniones del Congreso deban celebrarse exclusivamente mediante
presencia física.

35. La Ley 5 de 1992 tampoco reguló originalmente las sesiones virtuales o
mixtas. Ante ese vacío, su artículo 3, autoriza acudir a las normas que regulen
casos, materias o procedimientos semejantes y, en su defecto, a la jurisprudencia y
doctrina constitucional. El artículo 130, por su parte, únicamente autoriza la
utilización de procedimientos electrónicos para acreditar el sentido del voto de cada
congresista y el resultado de la votación, por lo que no constituye, en sí mismo, una
habilitación para celebrar sesiones virtuales o mixtas.

36. Durante la emergencia derivada de la pandemia, el Senado expidió la
Resolución 001 del 24 de julio de 2020. En ella acudió, por integración normativa,
al artículo 63 del CPACA, que permite a los organismos colegiados deliberar, votar
y decidir mediante conferencia virtual. La resolución reconoció que la presencialidad
era la regla general, autorizó las sesiones no presenciales y garantizó la posibilidad

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de que los senadores que lo decidieran asistieran físicamente a la sede del
Congreso. Su artículo 1 dispuso que esa modalidad se mantendría «hasta tanto no
se profiera otra norma que la remplace», aunque las consideraciones que motivaron
su expedición estuvieron vinculadas a la emergencia sanitaria y a la protección de
la salud.

37. La Sentencia C-242 de 2020 declaró inexequible el artículo 12 del Decreto
Legislativo 491 de 2020, que había regulado las sesiones virtuales de órganos
colegiados. La decisión no consideró que el uso de medios tecnológicos fuera
contrario a la Constitución. La Corte concluyó que el Congreso contaba con
autonomía y con mecanismos de integración normativa para regular su
funcionamiento, sin que resultara necesario que el Gobierno lo hiciera mediante un
decreto legislativo. También precisó que la presencialidad es la forma general y
preferente de funcionamiento de las corporaciones públicas, que no puede
impedirse la asistencia física de sus integrantes y que el grado de presencialidad
debe valorarse según la importancia de la decisión.

38. Las sentencias C-125, C-320 y C-447 de 2022 reiteraron que las sesiones
virtuales o mixtas constituyeron una posibilidad excepcional, particularmente
utilizada durante las restricciones ocasionadas por la pandemia. Sin embargo,
ninguna estableció que la sola utilización de esa modalidad produjera la invalidez
de lo aprobado. La Corte examinó en cada caso si se preservaron la identificación
de los congresistas, la deliberación, la publicidad, la participación, el quorum y las
mayorías.

39. La Sentencia C-320 de 2022 indicó que las votaciones deben efectuarse, «en
lo posible», de manera presencial cuando la Constitución establezca una mayoría
especial o un procedimiento de aprobación con requisitos específicos. Esta
expresión no consagra una prohibición absoluta ni convierte la presencia física en
requisito de validez para todas las decisiones del Congreso. Exige valorar la
naturaleza de la actuación y las garantías efectivamente preservadas.

40. En el caso concreto, está demostrado que la Comisión Segunda celebró una
sesión mixta el 7 de junio de 202310 y que la plenaria del Senado aprobó el ascenso
en esa misma modalidad el 16 de junio siguiente11. La circunstancia no fue
controvertida por las partes y fue confirmada por la información oficial de la
corporación.

41. También es cierto que esas sesiones tuvieron lugar después del contexto
sanitario que dio origen a las medidas excepcionales adoptadas en 2020. Sin
embargo, esa circunstancia no basta para declarar la nulidad.

42. La Sala ha explicado que los requisitos para que se predique este concepto
son: i) que se haya dictado por autoridad competente; ii) que su contenido se ajuste

10 Véase la página 1 del archivo contenido en el índice 00025 de SAMAI.
11 Véase el índice 00025 de SAMAI.

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a la Constitución y al ordenamiento jurídico vigente; iii) que su expedición se haya
llevado a cabo de manera regular; iv) que los motivos que lo justifican resultan
acordes con la realidad; y v) que el ejercicio de la atribución con base en la cual se
profirió satisfaga intereses públicos o los específicos a los que responde dicha
competencia.

43. Los vicios invalidantes de los actos administrativos en nuestro ordenamiento
jurídico aluden a todas aquellas circunstancias que tienen la capacidad de
suprimirles validez a las manifestaciones de voluntad de la administración como
consecuencia del incumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para que
estas se produzcan conforme a derecho.

44. En esa medida, no cualquier circunstancia o defecto de procedimiento tiene
la capacidad de configurar una causal de nulidad de los actos administrativos; por
lo tanto, es necesario que el vicio «externo», según explica Santofimio Gamboa,
suponga un defecto de procedimiento sustancial y no simplemente formal, de los
que no generan nulidad12.

45. Adicionalmente, las pruebas demuestran, además, que en la Comisión
Segunda se verificó el quorum, se dio lectura a la proposición final del informe de
ponencia y se realizó una votación nominal. El registro consignó nueve votos por el
sí y ninguno por el no. También quedó constancia de los integrantes que
participaron y del sentido de cada voto.

46. En la plenaria, la propuesta fue aprobada por unanimidad en sesión mixta.
La información oficial registra la intervención de los ponentes, la presencia de los
ministros del Interior y de Defensa y la participación del señor William René
Salamanca Ramírez.

47. Para acreditar la nulidad era indispensable acreditar que la modalidad
empleada desconoció una regla obligatoria o comprometió alguna garantía esencial
de la formación de la voluntad parlamentaria. La sola afirmación de que había
terminado la emergencia sanitaria no satisface esa carga, e implica que la
realización de sesiones mixtas implique un vicio sustancial.

48. Es claro que la presencialidad constituye la forma preferente de
funcionamiento del Congreso y el uso de medios virtuales no puede convertirse en
una práctica que reduzca la deliberación, la publicidad o la participación
democrática. Sin embargo, la jurisprudencia citada por el actor no estableció una
nulidad automática para toda sesión mixta adelantada por fuera de la pandemia. Su
alcance consiste en exigir que esa modalidad esté jurídicamente sustentada y
preserve las garantías propias del procedimiento parlamentario.

49. En este asunto, no se individualizó la norma que habría sido desconocida ni

12 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. Acto administrativo: Procedimiento, eficacia y validez.

Universidad Externado de Colombia.

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se demostró una afectación del quorum, las mayorías, la deliberación, la publicidad,
la identificación de los participantes o la autenticidad de la votación. Por tanto, la
modalidad mixta, considerada de forma aislada, no constituye una irregularidad
sustancial con capacidad para invalidar la aprobación impartida por el Senado ni el
Decreto 840 de 2023; por lo tanto, el segundo cargo tampoco prospera.

50. En consecuencia, la parte demandante acreditó que el Decreto 694 del 9 de
mayo de 2023 no fue publicado en el Diario Oficial y que el ascenso del señor
William René Salamanca Ramírez fue aprobado en sesiones mixtas del Senado.
Sin embargo, no demostró que la falta de publicación hubiera impedido que la
reincorporación produjera efectos frente a su destinatario ni que, por ese motivo, el
oficial permaneciera retirado cuando se le confirió el ascenso.

51. La reincorporación produjo efectos a partir de su comunicación y fue conocida
y aceptada por el interesado. La ausencia de publicación podía comprometer el
deber de publicidad de la designación, pero no desvirtuó la condición de servicio
activo ni afectó sustancialmente la formación del Decreto 840 de 2023, a través del
cual se le ascendió como general.

52. De igual forma, aunque la presencialidad era la modalidad ordinaria y
preferente para el funcionamiento del Senado, no se acreditó una norma que
prohibiera la sesión mixta en el procedimiento examinado ni una afectación concreta
de las garantías que estructuraron la deliberación y la votación. El trámite respetó
el procedimiento previsto para el ascenso, se verificaron el quorum y las mayorías
y no se demostró una irregularidad sustancial.

53. En consecuencia, la presunción de legalidad del Decreto 840 del 29 de mayo
de 2023 no fue desvirtuada y se negará la pretensión de nulidad.

Condena en costas

54. El artículo 188 del CPACA establece que, por regla general, no habrá
condena en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de interés público; y que,
excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este escenario cuando la
demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal. La norma hace
referencia a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de lo particular al
abordar asuntos de provecho general o común que pueden ser promovidos por
cualquier persona y no persiguen el reconocimiento de derechos subjetivos en favor
de un sujeto determinado.

55. En el caso concreto, se tiene que el medio de control fue presentado en
ejercicio del medio de control de nulidad, el cual trasciende de la esfera particular a
la general al abordar asuntos de interés común que pueden ser promovidos por
cualquier persona y no persigue el reconocimiento de derecho subjetivo alguno.
Adicionalmente, no se advierte que la demanda haya carecido manifiestamente de
fundamento legal, toda vez que se plantearon cuestionamientos jurídicos contra los

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Radicación: 11001-03-28-000-2023-00048-00 (5379-2023)

actos administrativos demandados que debieron ser analizados tanto al decidir la
medida cautelar como en la sentencia. En consecuencia, se prescindirá de la
condena en costas en el presente proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. NEGAR la pretensión de la demanda de nulidad presentada por el señor
Harold Eduardo Sua Montaña contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional y
el Senado de la República, relacionada con el Decreto 840 del 29 de mayo de 2023,
«Por el cual se asciende a un Oficial General de la Policía Nacional», mediante el
cual se ascendió al mayor general William René Salamanca Ramírez al grado de
general.

Segundo. SIN CONDENA en costas.

Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, REALIZAR
las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el expediente.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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