Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00313-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00313-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2022-00313-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
24 de agosto de 2023
Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandada: Diana Marcela Morales Rojas
Secretaria de la Comisión Cuarta Constitucional
Permanente de la Cámara de Representantes
Rad.: 11001-03-28-000-2022-00313-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicado: 11001-03-28-000-2022-00313-00
Demandante: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA
Demandada: DIANA MARCELA MORALES ROJAS – SECRETARIA DE
LA COMISIÓN CUARTA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
(2022-2026)
Tema: Nulidad electoral – expedición irregular del acto de elección
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Cumplidos los requisitos previstos en el artículo 182A del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), la Sala procede a dictar
sentencia anticipada de única instancia dentro del medio de control de nulidad electoral,
previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, contra el acto de elección de la señora
Diana Marcela Morales Rojas como secretaria de la Comisión Cuarta Constitucional
Permanente de la Cámara de Representantes para el período 2022-2026, contenido en
el Acta de sesión plenaria 01 del 2 de agosto de 2022.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
El ciudadano Harold Eduardo Sua Montaña instauró demanda, en ejercicio del medio de
control previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, tendiente a obtener la nulidad
del acto de elección de la señora Diana Marcela Morales Rojas como secretaria de la
Comisión Cuarta Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes para el
período 2022-2026, contenido en el Acta 01 del 2 de agosto de 2022.
1.1. Hechos
Señala el demandante que el 20 de julio de 2022 se realizó la sesión inaugural del
Congreso de la República para el período constitucional 2022-2026 y en el orden del día
se convino tratar los siguientes puntos: i) instalación de las sesiones ordinarias por parte
del entonces presidente de la República, señor Iván Duque Márquez; ii) intervención de
los partidos y movimientos políticos declarados en oposición; iii) toma de juramento y
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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandada: Diana Marcela Morales Rojas
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Permanente de la Cámara de Representantes
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posesión del presidente de la Junta Preparatoria y de los congresistas electos; iv) lectura
y consideración de la renuncia del magistrado del Consejo Nacional Electoral, señor
Jaime Luis Lacouture Peñaloza, y lectura y aprobación del acta de la sesión de
instalación.
Afirma que una vez instaladas las sesiones ordinarias por parte del presidente de la
República, el senador Julián Gallo, vocero de los partidos y movimientos políticos en
oposición, con fundamento en el artículo 14 de la Ley 1909 de 2018 1 ─«Por medio de la
cual se adoptan el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a las
organizaciones políticas independientes»─ , expresó que «dadas las pocas condiciones
que tenemos, me traslado (sic) entonces y los invito al Nuevo (sic) Congreso de la
República que comenzara (sic) a sesionar desde hoy y desde allí haremos nuestra
intervención».
Informa que el pleno del Congreso de la República eligió al señor Juan Diego Gómez
Jiménez como presidente de la Junta Preparatoria2, a quien le correspondió tomar el
juramento de los congresistas electos, los cuales iniciaron su período constitucional el 20
de julio de 2022. Una vez posesionados los senadores y representantes a la Cámara, el
presidente de la Junta Preparatoria indicó: «pido permiso para retinarme (sic) y levantar
la sesión en este momento», frente a lo cual el secretario general de la Corporación,
señor Gregorio Eljach Pacheco, dispuso: «el señor presidente de la junta preparatoria ha
levantado la sesión del congreso pleno».
En este punto, el demandante subraya que dichas palabras implicaban una «moción de
levantamiento de la sesión» o una «proposición especial», señalada en el numeral 5º del
artículo 114, en armonía con el artículo 3 de la Ley 5ª de 1992, y no propiamente la
decisión misma, por lo que tal situación se adecúa en el supuesto de «reunión del
congreso efectuada sin las condiciones constitucionales» establecido en el artículo 149
de la Constitución Política, cuya consecuencia es la carencia de validez de los actos
realizados, pues para que las palabras del presidente de la Junta Preparatoria cumplieran
con claridad su cometido, «debió conjugar el verbo ‘levantar’ en presente indicativo y no
en infinitivo», como tampoco podía el secretario general del Senado contestar el
mencionado interrogante diciendo «sí, acaba de levantarla». En otros términos, lo que
quiere significar el demandante es que el presidente de la citada junta debió señalar, de
1 Artículo 14. «Acceso a medios de comunicación en instalación del Congreso. En la instalación de las sesiones del
Congreso por parte del presidente de la República, luego de la transmisión oficial, las organizaciones políticas
declaradas en oposición al Gobierno nacional tendrán un tiempo de veinte (20) minutos para presentar sus
observaciones y dar a conocer los planteamientos alternativos, en los mismos medios de comunicación social utilizados
para · la transmisión oficial. De no ser posible construir un acuerdo entre las organizaciones políticas declaradas en
oposición, el tiempo será distribuido en proporción a su representación en el Congreso».
2 Artículo 17 de la Ley 5 de 1992: «Posesión de los congresistas. Posteriormente, el Presidente (sic) de la Junta
Preparatoria tomará el juramento de rigor a los Congresistas presentes. Con ello se cumplirá el acto de la posesión
como requisito previo para el desempeño de sus funciones y se contestará afirmativamente a la siguiente pregunta:
Invocando la protección de Dios, ¿juráis sostener y defender la Constitución y las leyes de la República, y desempeñar
fielmente los deberes del cargo? // Este juramento se entenderá prestado para todo el período constitucional. Quienes
con posterioridad se incorporen al Congreso, deberán posesionarse ante el Presidente (sic) de la Cámara respectiva
para asumir el ejercicio de sus funciones».
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forma afirmativa y precisa: «levanto la sesión» y no pedir permiso para «levantar la
sesión».
Además, agrega el demandante que la sesión inaugural del Congreso de la República
concluyó sin abordar los dos (2) puntos finales del orden del día, a saber: i) lectura y
consideración de la renuncia del magistrado del Consejo Nacional Electoral y ii)
aprobación del acta de esa sesión.
Levantada la mencionada sesión, se les informó a los representantes a la Cámara y a los
senadores «mañana, el presidente del senado convocará al Congreso en pleno para que
votemos la renuncia del Magistrado (sic) Jaime Lacouture, una vez se vote esa renuncia,
esta Cámara va a sesionar y va a elegir su mesa directa y su secretaría general».
Ocurrido lo anterior, relata que la sesión de 21 de julio de 2022 fue inicialmente presidida
por el senador Roy Barreras, en su condición de presidente del Congreso, y ordenó
indicar si había quorum en Senado y Cámara, con el fin de abordar el único punto del
orden del día «Lectura y consideración de la renuncia del honorable Magistrado (sic) del
Consejo Nacional Electoral, doctor Jaime Luis Lacouture Peñaloza».
Agotado el anterior punto, el presidente del Congreso de la República manifestó:
«levantamos la sesión del congreso pleno. El Senado de la República sesionará el martes
a los ocho de la mañana en plenaria y luego se instalará comisiones. La Cámara de
Representantes inmediatamente sesionará aquí, presidida por el señor vicepresidente
reelecto tal y como lo ordena el artículo doce y trece de la ley quinta (…)».
Finalizada la instalación, se convocó a sesión ordinaria plena de la Cámara de
Representantes para elegir la mesa directiva. Sin embargo, el representante Juan Carlos
Lozada Vargas manifestó que no era posible elegir al secretario, subsecretario y director
de la Unidad Administrativa de la Cámara de Representante porque se debía citar «con
(sic) mínimo tres días de anticipación a esa elección, lo que quiere decir que hoy es
imposible, ilegal, y si así lo hicieren prevaricarían». Ante esta manifestación, el
representante Alfredo Ape Cuello Baute replicó: «hoy es la sesión inaugural, la sesión
inaugural no tiene fecha, lo que tenía fecha es el día de la instalación del Congreso que
fue lo que hicimos ayer. Hoy es la sesión y hoy es el día que dice la ley quinta que
debemos escoger secretario general, presidente y subsecretario».
En este orden, informa que la Cámara de Representantes eligió al secretario general,
quien estaba inhabilitado habida cuenta de que i) fue magistrado del Consejo Nacional
Electoral y ii) no se discutió una proposición de aplazamiento de dicha elección propuesta
por el Representante a la Cámara Juan Carlos Lozada Vargas.
De otro lado, informa que la plenaria de la Cámara de Representantes sesionó el 26 de
julio y el 2 de agosto de 2022, y eligió a las Comisiones Constitucionales Permanentes,
Legales y Especiales; sin embargo, no votó una solicitud de aplazamiento elevada por el
representante Alfredo Mondragón Garzón sobre la instalación de la Comisión de
Acusaciones.
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Finalmente señala que terminada la plenaria de ese día, los representantes
recientemente escogidos para conformar la «Comisión Quinta (sic) Constitucional
Permanente del Senado (sic) dieron inicio a reunión en la cual eligieron como secretario
de dicha comisión durante los años 2022-2026 a la ciudadana Diana Marcela Morales
Rojas»3.
2. Normas violadas y concepto de violación
La parte actora considera que el acto acusado se encuentra incurso en la causal genérica
del artículo 137 del CPACA, por incurrir en «irregularidades ocurridas en reuniones
congregacionales previas a la elección de Secretario (sic) de la Comisión Cuarta
Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes para el período 2022-
2023»; particularmente, sostuvo que se desconoció el artículo 149 de la Constitución
Política y los artículos 3, 15, 16, 81, 87 y 114 de la Ley 5ª de 1992, la Ley 1909 de 2018
y la Resolución 3134 de 2018 del Consejo Nacional Electoral,
El actor desarrolló el concepto de violación a través de los siguientes cargos:
Cargo uno. La alteración del orden del día. La nulidad del acto de elección de la
secretaria de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente de la Cámara de
Representantes se ocasiona por el hecho que en la sesión inaugural del Congreso de la
República ─2022-2026─ no se agotó la etapa de intervención de las agrupaciones
políticas alternativas. Al respecto, el «Estatuto de la Oposición» prevé que
inmediatamente después de la instalación del Congreso de la República por parte del
presidente, a aquellas organizaciones políticas se les garantice un espacio de 20 minutos
para presentar su visión alternativa y, en el caso particular, sostuvo que su delegado,
Julián Gallo, manifestó que se iba a trasladar a la nueva sede del Congreso «debido a
las pocas condiciones que tenemos» y que desde allí iba a realizar su intervención,
conforme a la Ley 1909 de 2018 y la Resolución 3134 de 2018 del Consejo Nacional
Electoral.
En ese orden, el actor señaló que dicha manifestación correspondió a una proposición,
conforme a los artículos 15, 16, 81 y 114 de la Ley 5ª de 1992, y en esa medida, se alteró
el orden del día, lo que llevó a que la elección del presidente de la Junta Preparatoria y
la posesión de los nuevos congresistas se llevara a cabo sin la intervención de la
oposición.
Esta irregularidad ─la no realización de la intervención de los partidos de oposición y/o la
alteración del orden del día─ repercutió en la ilegalidad de las posteriores actuaciones
adelantadas por esa Corporación de elección popular, incluida la designación de la
3 La Sala aclara que el actor se refiere a la Comisión Cuarta Constitucional Permanente de la Cámara de
Representantes y no a la Comisión Quinta Constitucional Permanente del Senado de la República, pues, según el sitio
oficial web del Congreso de la República, esta última no eligió a la señora Diana Marcela Morales Rojas como secretaria
de dicha comisión, sino al señor David de Jesús Bettin Gómez.
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secretaria de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente de la Cámara de
Representantes, según lo previsto en el artículo 149 Constitucional.
Cargo dos. La sesión de instalación del Congreso de la República del 20 de julio de
2022 se levantó de manera indebida. El actor afirmó que el sustento de la anulación del
acto electoral de la secretaria de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente de la
Cámara de Representantes consistió en la indebida terminación de la sesión inaugural
del periodo legislativo 2022-2026 por parte del presidente de la Junta Preparatoria.
Además, señaló que no se discutieron los dos últimos puntos del orden del día, esto es:
la renuncia formulada por el magistrado del Consejo Nacional Electoral, señor Jaime Luis
Lacouture Peñaloza; y la aprobación del acta de esa sesión plenaria.
Cargo tres. La indebida citación de los congresistas para sesionar. Agrega el actor
que la citación a los representantes a la Cámara para la sesión del 21 de julio de 2022
tampoco se hizo de conformidad con los artículos 38, 40, 80 y 84 de la Ley 5ª de 1992,
pues no provino expresamente del secretario de la corporación, sino del presidente del
Senado.
Cargo cuatro. El informe de la Comisión de Acreditación sobre el señor Jaime Luis
Lacouture Peñaloza era pasible de objeción por desconocer los artículos 135.2 y
179 de la Constitución Política. La validación que hizo la Comisión de Acreditación
sobre el aspirante a ocupar el cargo de secretario general de la Cámara de
Representantes, Jaime Luis Lacouture Peñaloza, fue ilegal, pues independientemente de
que su renuncia como magistrado del Consejo Nacional Electoral se hubiera presentado
el 21 de julio de 2022, lo cierto es que, ejerció el cargo durante los doce (12) meses
anteriores a la elección, por ende, no cumplía las calidades requeridas para
desempeñarse como tal. En ese orden, quien presidió la sesión plenaria del 21 de julio
de 2022 tenía la obligación de objetar el informe de acreditación de la comisión mediante
el procedimiento establecido en el inciso segundo del artículo 61 de la Ley 5ª de 1992;
sin embargo, esto no ocurrió, razón por la cual, considera que se trató de una reunión del
Congreso de la República efectuada sin las condiciones constitucionales, como lo señala
el artículo 149 de la Constitución Política.
Cargo cinco. La elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes se
surtió de manera irregular, toda vez que no se sometió a discusión una proposición
de aplazamiento del representante a la Cámara Juan Carlos Lozada. Aduce el actor
que la elección de la demandada es inválida porque se efectuó sin agotar el trámite de
una proposición de aplazamiento de la sesión elevada por el representante Lozada,
relacionada con las objeciones a la designación del señor Lacouture como secretario
general de la Cámara, a pesar de lo que al respecto dispone el numeral 5 del artículo 123
de la Ley 5ª de 1992, en consonancia con los artículos 43 y 44 ibidem.
Cargo seis. La elección de las Comisiones Constitucionales, Legales y Especiales
de la Cámara de Representantes carecieron de validez. La Plenaria de la Cámara de
Representantes se reunió para elegir las comisiones constitucionales permanentes; sin
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embargo, no se votó una solicitud de aplazamiento elevada por el representante Alfredo
Mondragón Garzón frente a la integración de la comisión de acusaciones, con lo que se
vulneró los artículos 112 a 115 de la Ley 5ª de 1992.
Cargo siete. La inadecuada apertura del registro de la votación al no estar cerrada
la discusión. El 2 de agosto de 2022, la mencionada plenaria continuó con la elección
de las respectivas comisiones, sesión que careció de validez «al haberse abierto el
registro de la votación sin haber sido cerrada la discusión sobre la proposición motivo de
esta», correspondiente a la composición de las Comisiones Constitucionales, Legales y
Especiales de la Cámara, situación que transgredió el artículo 115.4 de la Ley 5ª de 1992.
2. Actuaciones procesales
2.1. Admisión de la demanda
Mediante proveído del 25 de octubre de 20224, se admitió la demanda y se ordenaron las
notificaciones y comunicaciones de rigor. Esta decisión se notificó, de manera personal,
el 3 de noviembre de 20225, a través de envío de mensaje al correo electrónico de la
señora Diana Marcela Morales Rojas (demandada), del presidente de la Comisión Cuarta
Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes y del agente del Ministerio
Público.
Ninguno de los sujetos procesales citados en precedencia intervino durante el término
concedido para contestar la demanda6.
2.2. Trámite de sentencia anticipada
Mediante auto del 15 de junio de 20237, el despacho sustanciador, con fundamento en lo
establecido en el artículo 182A del CPACA, resolvió: i) dar aplicación a la figura de la
sentencia anticipada, ii) incorporar las documentales allegadas y decretar pruebas, iii)
fijar el litigio, iv) correr traslado de las pruebas y v) ordenar a las partes presentar alegatos
de conclusión y al Ministerio Público emitir concepto.
3. Pronunciamiento sobre las pruebas decretadas y aportadas en el proceso
Durante el traslado de las pruebas aportadas y decretadas en el proceso, comprendido
entre el 10 y el 12 de julio de 20238, las partes se pronunciaron, así:
El demandante se pronunció9 e identificó las horas y minutos de los videos de las
sesiones del 20 y 21 de julio y 2 de agosto de 2022 en los que, a su juicio, se incurrió en
4 Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 17
5 Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 25.
6 Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 31.
7 Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 33.
8 Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 33.
9 Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 44.
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varias irregularidades que soportaban las pretensiones de nulidad electoral de su
demanda. En similar sentido, hizo referencia a los órdenes del día de las reuniones del
20 y 21 de julio de 2022 en los que supuestamente se incurrió en yerros que condujeron
a la transgresión de la Ley 5ª de 1992, Reglamento Interno del Congreso de la República.
Finalmente, aseguró que con la elección objeto de censura se desconocieron el artículo
6 de la Ley 3 de 1991 y los artículos 43, 109 y 129 de la Ley 5 de 1992.
Los demás sujetos procesales guardaron silencio
4. Alegatos de conclusión
4.1. El demandante señaló que esta oportunidad resulta «ilusoria (…) por falta de garantía
de imparcialidad objetiva pues con su decisión en esos procesos ya tienen una idea
preconcebida sobre el concepto de violación del escrito genitor del proceso del asunto
sin estar contemplado ello como causal de impedimento o recusación en el régimen
normativo interno ni tal garantía es alcanzable con la acción de tutela dadas las reglas de
reparto al respecto siendo así el sistema interamericano la única vía a través de la cual
sea reconocida»10.
Las demás partes no presentaron escrito de alegatos de conclusión.
4.3. El concepto del Ministerio Público
La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó negar la nulidad del
acto de elección de Diana Marcela Morales Rojas, como secretaria de la Comisión Cuarta
Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, para el período 2022-2026,
por cuanto las supuestas irregularidades relacionadas con la transgresión de los artículos
149 constitucional, 81 de la Ley 5ª de 1992 y 14 de la Ley 1909 de 2018, el indebido
levantamiento de la sesión inaugural del 20 de julio de 2022 y la incorrecta designación
de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, no tienen incidencia alguna en el
acto demandado, que conduzca a declarar su nulidad11.
II. CONSIDERACIONES
1. La competencia
De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 149 de la Ley 1437 de
2011, modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 del 2021 12 y en el artículo 13 del
Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta Sección
es competente para conocer y tramitar en única instancia el proceso de la referencia.
10 Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 46.
11 Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 47.
12 «Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la
distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…) 4. De la
nulidad de los actos de elección expedidos por el Congreso de la República, sus Cámaras y sus comisiones,
(…)» (Negrita y subrayado fuera del texto).
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2. El acto acusado
Acto de elección de la señora Diana Marcela Morales Rojas como secretaria de la
Comisión Cuarta Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes para el
período 2022-2026, contenido en el Acta de sesión plenaria 01 del 2 de agosto de 2022
de la Cámara de Representantes.
3. El problema jurídico
Conforme con la fijación del litigio que se efectuó en la providencia del 15 de junio de
2023, en la que se dio aplicación a la figura de la sentencia anticipada, corresponde a la
Sala determinar si el acto de elección de la señora Diana Marcela Morales Rojas como
secretaria de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente de la Cámara de
Representantes, período 2022- 2026, contenido en el Acta 01 de 2022, está incurso en
causal de nulidad, por violación de los artículos 149 de la Constitución Política, 3, 15, 16,
81, 87 y 114 de la Ley 5ª de 1992, la Ley 1909 de 2018 y la Resolución 3134 de 2018 del
Consejo Nacional Electoral.
Específicamente deberá determinarse si existieron las siguientes irregularidades
señaladas por el actor y de configurarse si tienen la virtualidad de afectar el acto de
elección de Diana Marcela Morales Rojas como secretaria de la Comisión Cuarta
Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, período 2022-2026: i) la
alteración del orden del día establecido para la sesión inaugural del Congreso de la
República, ii) el indebido levantamiento de la sesión en la instalación de la mencionada
corporación, iii) la incorrecta citación a los representantes a la Cámara a la sesión plenaria
del 21 de julio de 2022, iv) la falta de objeción al informe de la Comisión de Acreditación
sobre el señor Jaime Luis Lacouture Peñaloza, v) la elección irregular de la Mesa
Directiva de la Cámara de Representantes, vi) la carencia de validez de la elección de
las Comisiones Constitucionales, Legales y Especiales de la Cámara de Representantes
y vii) la inadecuada apertura del registro de la votación al no estar cerrada la discusión.
4. Cuestiones previas
Antes de analizar las aristas trazadas en el problema jurídico, debe la Sala estudiar,
previamente, i) la posible recusación presentada por el actor en la etapa de alegatos de
conclusión y ii) la ampliación del objeto de litigio propuesto por el demandante el 12 de
julio de 2023 durante el traslado de pruebas consideradas y decretadas.
4.1. La posible recusación presentada por el señor Sua Montaña durante el traslado
de alegatos de conclusión en contra de los integrantes de la Sección Quinta
El 18 de julio de 2023, el demandante durante la etapa de traslado de alegatos de
conclusión afirmó que resulta «ilusoria (…) por falta de garantía de imparcialidad objetiva
pues con su decisión en esos procesos ya tienen una idea preconcebida sobre el
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concepto de violación del escrito genitor del proceso del asunto sin estar contemplado
ello como causal de impedimento o recusación en el régimen normativo interno ni tal
garantía es alcanzable con la acción de tutela dadas las reglas de reparto al respecto
siendo así el sistema interamericano la única vía a través de la cual sea reconocida»13.
La Sala considera que no se estructuró propiamente una recusación en el memorial de
alegatos de conclusión presentado por el señor Sua Montaña por las siguientes razones:
i) el recusante no identificó ninguna causal prevista en el ordenamiento jurídico para
controvertir la independencia e imparcialidad de los funcionarios judiciales, sino que hizo
alusión de manera vaga, imprecisa, abstracta y general a “falta de garantía (sic) de
imparcialidad objetiva»; ii) no demostró ni argumentativa ni probatoriamente su dicho y,
en esa medida, no aludió en su escrito a ninguna causal de recusación; iii) manifestó
expresamente que no se trata de un memorial de recusación.
Así las cosas, por tratarse de prohibiciones que alteran excepcionalmente el ejercicio
natural de la competencia judicial y que no pueden ser objeto de deducción por analogía
ni de interpretaciones subjetivas, se concluye que no existió una petición de recusación
porque no se invocó ninguna causal en contra de los magistrados que integran la Sección
Quinta con la idoneidad de interrumpir el conocimiento del asunto sometido a su
consideración.
4.2. La ampliación del objeto de litigio propuesto por el demandante el 12 de julio
de 2023 durante el traslado de pruebas consideradas y decretadas
En el término para pronunciarse sobre las pruebas, el 12 de julio de 202314, la parte
actora propuso un cargo nuevo relacionado con que las elecciones demandadas no se
realizaron dentro del término del inciso segundo del artículo 6 de la Ley 3 de 1992.
Además, arguyó que se desconocieron los artículos 43, 109 y 129 de la Ley 5ª de 1992
como consecuencia de lo que consideró un levantamiento irregular de la sesión
inaugural. En ese orden, como lo ha explicado la Sala en otras oportunidades15, el cargo
nuevo debió proponerse a través de reforma de la demanda, dentro de los 3 días
siguientes a la notificación del auto admisorio ─art. 278 CPACA─, sin que se perdiera de
vista el término de la caducidad del medio de control electoral.
En el presente caso, el auto admisorio se notificó por estado16 al demandante el 26 de
octubre de 202217, por ende, el término para reformar la demanda corrió hasta el día 31
de ese mes y año. Por tanto, como el nuevo cargo está fechado del 12 de julio 2023, no
se abordará su estudio.
13 Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 46.
14 Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 44.
15 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencias del 20 de abril de 2023, rad. 11001-03-28-000-2022-00203-00
(acumulado 2022-00207-00) y del 13 de ese mes y año, rad. 11001-03-28-000-2022-00195-00 (acumulado 2022-
00200-00), ambos con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate; sentencia del 25 de mayo de 2023, rad. 11001-
03-28-000-2022-00184-00, M.P. Pedro Pablo Vanegas.
16 Como lo ordena el numeral 4 del artículo 277 del CPACA.
17 Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 19.
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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandada: Diana Marcela Morales Rojas
Secretaria de la Comisión Cuarta Constitucional
Permanente de la Cámara de Representantes
Rad.: 11001-03-28-000-2022-00313-00
5. Caso concreto
5.1. La supuesta alteración del orden del día en la sesión inaugural del Congreso
El demandante afirma que la nulidad del acto de elección de la funcionaria demandada
se produce, en primer lugar, por el hecho que en la sesión inaugural del Congreso de la
República del 20 de julio de 2022 no se agotó la etapa de intervención de las
agrupaciones políticas declaradas en oposición. El delegado de las organizaciones
políticas alternativas, Julián Gallo, manifestó que se iba a trasladar a la nueva sede del
Congreso «debido a las pocas condiciones que tenemos» y que desde allí iba a realizar
su intervención, conforme a la Ley 1909 de 2018 y la Resolución 3134 de 2018 del
Consejo Nacional Electoral.
El actor señaló que «sus palabras implicaron una proposición al congreso en pleno de
alterar el orden del día de la sesión inaugural», sin que ello hubiere ocurrido así. Por lo
tanto, esta irregularidad incidió, en su opinión, en la legalidad de las siguientes
actuaciones efectuadas por el Congreso de la República, incluida entonces la
designación de la secretaria de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente de la
Cámara de Representantes.
A la luz de las pruebas aportadas al plenario ─v. video de la sesión inaugural18─, en la
sesión, que tuvo lugar el 20 de julio de 2022, se establecieron los puntos que se iban a
abordar, entre ellos, los siguientes: i) instalación del periodo de sesiones ordinarias del
Congreso por parte del entonces presidente de la República, señor Iván Duque Márquez;
ii) intervención de los partidos y movimientos políticos declarados en oposición, iii) toma
de juramento y posesión del presidente de la Junta Preparatoria19; iv) toma de juramento
y posesión de los congresistas, periodo 2022-2026; v) lectura y consideración de la
renuncia del magistrado del Consejo Nacional Electoral, señor Jaime Luis Lacouture
Peñaloza; vi) lectura y aprobación del acta de la sesión de instalación.
Trazado los puntos a tratar en la sesión inaugural, la Sala evidencia que, una vez agotado
el primer punto ─instalación del periodo de sesiones ordinarias─, el presidente de la Junta
Preparatoria, señor Juan Diego Gómez Jiménez, le concedió el uso de la palabra al
senador Julián Gallo Cubillos como vocero de la fuerza política en oposición, quien
manifestó que realizaría su intervención en otro lugar. Se transcriben expresamente las
manifestaciones del senador Gallo:
18 «https://www.youtube.com/watch?v=jIjfVe63Vjw», lapso de tiempo 3:20:08 a 3:26:02.
19 Artículo 12 de la Ley 5 de 1992: “El día 20 de julio en el inicio del cuatrienio constitucional, en que de conformidad
con la Constitución Política deba reunirse el Congreso en un solo cuerpo para la instalación de sus sesiones, y a partir
de las 3 p.m., los Senadores y Representantes presentes en el Salón Elíptico o en el recinto señalado para tal efecto,
se constituirán en Junta preparatoria.” Y artículo 13 de la Ley 5 de 1992: “La reunión de la Junta preparatoria será
presidida por el Senador que lo hubiere sido del Senado en la última legislatura; a falta de éste, el vicepresidente, que
lo será el Representante a la Cámara que hubiere presidido de igual manera, la legislatura anterior. En defecto de
éstos, el Senador a quien corresponda el primer lugar por orden alfabético de apellidos. Si hubiere dos o más
Senadores cuyos apellidos los coloquen en igualdad de condiciones, preferirá el orden alfabético en el nombre. Como
secretario (ad hoc) servirá el Congresista designado por el presidente de la Junta preparatoria.”
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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandada: Diana Marcela Morales Rojas
Secretaria de la Comisión Cuarta Constitucional
Permanente de la Cámara de Representantes
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Senadores y Senadoras. Ante la mala calidad del sonido, hemos tomado la decisión de
dirigirnos al salón del Senado, donde haremos nuestra intervención de réplica al
Presidente Iván Duque, que como lo hizo durante los últimos cuatro años no tuvo la
gallardía, el talante democrático para escuchar a la oposición, dada las pocas
condiciones que tenemos me traslado entonces y los invito al nuevo Congreso de la
República que comenzará a sesionar en el día de hoy y desde allí haremos nuestra
intervención, muchísimas gracias (se subraya).
Acorde con lo anterior, los congresistas se trasladaron al lugar indicado donde se llevaría
a cabo la sesión plenaria y, una vez situados, el vocero de la oposición efectuó el mismo
20 de julio de 2022 la intervención correspondiente20.
Este hecho probado conduce a la Sala a afirmar que la situación fáctica narrada por el
demandante consistente en que no se le concedió ni el espacio ni la oportunidad para
que las agrupaciones políticas declaradas en oposición al gobierno saliente realizaran su
intervención no es verosímil y, por tanto, se le debe restar fuerza probatoria, pues de los
medios de convicción se observa lo contrario y es que la oposición se le concedieron las
garantías para realizar su intervención.
Por otro lado, el actor señaló que dicha intervención debió ser considerada como una
proposición de modificación al orden del día; no obstante, esta consideración tampoco
tiene respaldo fáctico habida cuenta de que, tal como se revisó, i) la oportunidad para
que los partidos y movimientos declarados en oposición intervinieran fue garantizada
según lo previsto en el orden del día de la sesión; ii) pero el líder de dicho grupo, senador
Julián Gallo Cubillos, en vista de la carencia de condiciones que, en su sentir, se
presentaba, decidió ejercer su derecho posteriormente.
Estas razones conducen a la Sala a tomar distancia de los argumentos del demandante,
más aún cuando, si se admitiera el argumento que hubo una alteración al orden del día,
dicho fenómeno se encuentra regulado plenamente por el artículo 81 de la Ley 5ª de
199221, en el cual se habilita a la respectiva corporación, comisión o uno de sus miembros
a que los asuntos a tratar en las respectivas sesiones puedan ser objeto de alteración,
escenarios que llevan a la Sala a afirmar que no se configuró ninguna irregularidad.
Además, se advierte que la Sección Quinta del Consejo de Estado 22 , en un caso de
connotaciones similares, precisó que los vicios e irregularidades elevadas deben tener
una relación directa con el acto objeto de acusación. Así, la Sección Quinta ha señalado:
Al respecto, la Sala debe precisar en primer término que, le asiste razón a la demandada
y al Ministerio Público al señalar que, los vicios e irregularidades invocados por el actor,
no tienen relación directa con la elección de la Mesa Directiva de la Comisión Segunda
Constitucional Permanente del Senado. Luego, de entrada, existe una imposibilidad de
constatar, bajo la causal de nulidad de infracción de normas superiores, el
20 «https://www.youtube.com/watch?v=YI6A3-mOH4g», tiempo 2:59:16 a 3:11:03.
21 Artículo 81. «Alteración. El orden del día de las sesiones puede ser alterado por decisión de la respectiva Corporación
o Comisión, a propuesta de alguno de sus miembros, con las excepciones constitucionales».
22 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 1 de diciembre de 2022, rad. 11001-03-28-000-2022-00204-00,
M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, citada por la sentencia del 1 de junio de 2023, rad. 11001-03-28-000-2022-00315-
00, M.P. Rocío Araujo Oñate.
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desconocimiento directo de las disposiciones invocadas frente al procedimiento de
elección demandado.
Debe recordarse, como se precisó en el acápite anterior, que para la configuración de
esta causal de nulidad se debe demostrar, por un lado, que las disposiciones que se
estiman infringidas por el acto acusado integran el bloque normativo que le sirve de
marco jurídico, es decir, que regulan la materia en la que se inscribe su objeto y
declaración de voluntad. De otro lado, que, en efecto, al confrontar el acto con tales
normas surge su violación por contradicción o desconocimiento. Sin embargo, los
supuestos fácticos en que se sustentan la demanda en este asunto se refieren a
acontecimientos que nada tienen que ver con la reunión de la Comisión Segunda
Constitucional Permanente del Senado en la que eligió su mesa directiva.
Los reparos del demandante se ubican en unos presuntos vicios previos a la elección
que aquí se demanda y pretende derivar una consecuencia jurídica sobre la validez de
los actos que tuvieron lugar en la sesión inaugural del Congreso, para aducir que toda
actuación surtida con posterioridad no produce efecto alguno y, por lo tanto, se debe
anular.
En los términos citados en la anterior jurisprudencia no le basta al actor presentar su
demanda enunciado vicios e irregularidades desconectados del acto censurado, es decir,
le correspondía acreditar los supuestos de hecho y la prueba correspondiente, evidencia
que puede lograrse a través de cualquier medio probatorio, siempre y cuando esté
edificado sobre la demostración de que la supuesta alteración del orden día de la sesión
inaugural incidió en la validez del acto reprochado, lo cual no se hizo.
Por lo anterior, la Sala llega a dos conclusiones i) a la luz del artículo 14 de la Ley 1909
de 2018, a las agrupaciones políticas constituidas en alternativa de poder para los
ciudadanos se les garantizó el espacio y la oportunidad para realizar su intervenciones;
ii) no hubo una modificación propiamente dicha al orden del día de la sesión inaugural
del Congreso y, si se admitiera hipotéticamente esa posibilidad, no se probó por parte del
actor un vicio que invalidara directamente el acto de elección demandado, razones que
conducen inexorablemente a la Sala a afirmar que este cargo debe ser negado.
5.2. El indebido levantamiento de la sesión de instalación del 20 de julio de 2022
El actor afirmó que la clausura de esta sesión fue ilegal, por cuanto: i) el presidente de la
Junta Preparatoria no fue claro al momento de dar por terminada la sesión inaugural,
pues empleó la expresión «levantar la sesión», cuando lo correcto era indicar que la
sesión «se levanta»; ii) al no hacer parte del orden del día la manifestación del presidente
de la Junta Preparatoria, debió ser tramitada como una proposición ─se refiere a la
solicitud de levantar la sesión─, al tenor de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 114
de la Ley 5ª de 1992; iii) no se discutieron los dos últimos puntos del orden del día, esto
es: la renuncia formulada por el magistrado del Consejo Nacional Electoral, señor Jaime
Luis Lacouture Peñaloza, y y la aprobación del acta de esa sesión plenaria.
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En cuanto al primer y segundo aspecto, debe advertirse que, tal como lo ha señalado
esta Sala en otras oportunidades23, el argumento del actor sugiere una interpretación de
orden gramatical sobre el modo en que se levantó la sesión; sin embargo, de su disenso
no se aviene una argumentación lógica y aceptable que conduzca a pensar que la
exégesis, propuesta por éste vicia los actos posteriores, particularmente la elección de la
secretaria de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes.
Esta afirmación es plausible si se revisa el video de la sesión inaugural del Congreso de
la República contenida en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=jIjfVe63Vjw,
durante la cual el presidente de la Junta Preparatoria, Juan Diego Gómez, expresó de
manera clara, inteligible, cierta e inequívoca, específicamente en los minutos 3:44:18 y
3:45:00, lo siguiente: «yo le pido permiso a los honorables congresistas para retirarme y
levantar la sesión en este momento». En consecuencia, el secretario general Gregorio
Eljach Pacheco entendió, admitió y ejecutó inmediatamente dicha orden cuando expresó:
«el señor presidente de la Junta Preparatoria acabó de levantar la sesión del congreso
en pleno». Por tanto, no existe hesitación para la Sala que amerite sostener que la orden
no fue inteligible respecto al hecho de levantar la sesión inaugural del Congreso.
Adicionalmente, esta Sala24, en una pasada ocasión, analizó un caso idéntico, y precisó
que la argumentación del actor no tiene la virtud de afectar la elección demandada y los
actos posteriores que se realizaron en el Congreso de la República en la medida que: i)
el demandante no ofreció argumentos jurídicos para sustentar el reproche y, además, ii)
los vicios e irregularidades elevadas «no tienen relación directa con la designación
cuestionada en esta oportunidad, pues el reproche que se endilga en esta se presentó
en la sesión inaugural del congreso, cuestión que es ajena al procedimiento eleccionario
que ahora se controvierte».
En cuanto al tercer aspecto, la Sala observa que los puntos de la sesión inaugural que
se abordaron y tramitaron fueron los siguientes: i) instalación por parte del presidente de
la República de las sesiones del Congreso; ii) toma de juramento y posesión del
presidente de la Junta Preparatoria, y iii) juramento y posesión de los congresistas
elegidos para el cuatrienio constitucional 2022-2026.
La Sala destaca, después de analizar el video de la sesión inaugural del 20 de julio de
202225, que no se agotó plenamente el orden del día, específicamente, frente a los dos
puntos anotados por el demandante: i) lectura y consideración de la renuncia del
magistrado del Consejo Nacional Electoral, Jaime Luis Lacouture Peñaloza y ii) lectura y
aprobación del acta de la sesión de instalación.
23 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 25 de mayo de 2023, rad. 11001-03-28-000-2022-00184-00, M.P.
Pedro Pablo Vanegas Gil; 23 de marzo de 2023, rad. 11001-03-28-000-2022-00282-00, MP Carlos Enrique Moreno
Rubio; 1º de diciembre de 2022, rad. 11001-03-28-000-2022-00204-00, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; rad. 11001-
03-28-000-2022-00315-00, sentencia del 1º de junio de 2023, M.P. Rocío Araujo Oñate.
24 Ver, entre otras, las sentencias del Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 1º de diciembre de 2022, rad.
11001-03-28-000-2022-00204-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; 20 de abril de 2023, rad. 2022-00203-00; 18 de
mayo de 2023, rad. 11001-03-28-000-2022-00285-00; rad. 11001-03-28-000-2022-00315-00, sentencia del 1º de junio
de 2023, M.P. Rocío Araujo Oñate; rad. 11001-03-28-000-2022-00186-00, sentencia del 27 de julio de 2023, M.P. Luis
Alberto Álvarez Parra.
25 «https://www.youtube.com/watch?v=jIjfVe63Vjw».
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Sin embargo, frente a este aspecto, el propio reglamento del Congreso de la República
establece en el artículo 80 que «(…) cuando en una sesión no se hubiere agotado el
orden del día señalado para ella, en la siguiente continuará el mismo orden hasta su
conclusión».
En consecuencia, el ordenamiento jurídico autorizaba al presidente de la Junta
Preparatoria a terminar la sesión inaugural y proceder a la discusión de los asuntos
pendientes en la siguiente reunión hasta su terminación, sin necesidad de tramitar una
proposición.
Eso fue efectivamente lo que ocurrió, pues se corrobora que en la sesión del Congreso
de la República del 21 de julio de 2022 se continuó con el orden del día anterior 26;
específicamente entre los minutos 1:56:15 a 1:57:0527 se constata que se aceptó la
renuncia del señor Jaime Luis Lacouture Peñaloza.
Ahora en punto a la lectura y aprobación del acta de la sesión de instalación, la Sala
considera que si bien en el video aportado por el demandante no se evidencia que se
hubiera agotado el último punto del orden del día del 21 de julio, es relevante mencionar
que los vicios e irregularidades alegados por el actor respecto al indebido levantamiento
de la sesión inaugural del 20 de julio de 2022 no tienen efectivamente incidencia ni
relación directa con el acto demandado de la elección de la secretaria de una de las
comisiones de la Cámara de Representantes que conduzca a su nulidad. Por tanto,
resulta evidente que las irregularidades propuestas por el demandante no tienen la
entidad de viciar el acto de elección demandado.
En conclusión, el cargo propuesto por el demandante con fundamento en las censuras
alegadas no está llamado a prosperar.
5.3. Sobre la indebida citación de los congresistas para sesionar
El accionante sostuvo que la citación que se hizo para que la plenaria de la Cámara de
Representantes se reuniera el 21 de julio de 2022 fue realizada por el entonces
presidente del Senado ─Roy Leonardo Barreras Montealegre─ y no por quien fungía
como secretario de la citada corporación, quien, en realidad, tenía la competencia para
dicho fin, por lo que se infringió el artículo 149 de la Constitución Política y los artículos
38, 40, 80 y 84 de la Ley 5ª de 1992. Además, indicó que el orden del día de la fecha
antes descrita no fue suscrito por la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes,
sino por el presidente provisional, señor Carlos Adolfo Ardila Espinosa.
La Sala observa que el artículo 84 de la Ley 5ª de 1992 establece que «La citación de los
Congresistas a las sesiones plenarias y a las de las Comisiones debe hacerse
expresamente por la secretaría y en oportunidad».
26 «https://www.youtube.com/watch?v=8n9kKhNkq8w».
27 Ibid.
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Frente a esta exigencia legal, la Sala considera que si bien, como lo señaló el actor, fue
el presidente del Senado de la República quien suscribió la convocatoria y no el
respectivo secretario, la Sección Quinta ha señalado en casos de similares condiciones
fácticas y jurídicas28, que éste actuó amparado en tres razones.
La primera, porque para el 21 de julio, dicha célula no había escogido todavía secretario
y era en esa precisa fecha en la que se elegiría el respectivo funcionario. La segunda, el
presidente del Congreso de la República es el coordinador de ambas cámaras legislativas
y tenía la obligación de velar por el debido adelantamiento de las sesiones de éstas,
según lo previsto en el artículo 19.4 de la Ley 5ª de 1992. La tercera, el reglamento de la
corporación no apareja una prohibición que le hubiera impedido al presidente realizar la
mencionada citación.
Ahora, en cuanto a que el orden del día de la fecha antes señalada no fue suscrito por la
Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, sino por el presidente provisional, señor
Carlos Adolfo Ardila Espinosa, la Sala indica que el demandante no distingue con claridad
las reuniones que fueron llevadas a cabo el 20 y 21 de julio. En la primera se instruyó
sobre los actos protocolarios para su instalación del periodo 2022-2026. En la segunda,
se continuó y agotó el orden del día respectivo.
En ese orden, si en la primera reunión le correspondía a la Cámara de Representantes
ejecutar los actos protocolarios y no se había aun designado secretario, el artículo 38 de
la Ley 5ª de 1992 prevé que se pueden designar secretarios y presidentes provisionales
o itinerantes, quienes «cumpl[en] su función hasta tanto se efectúen las elecciones
correspondientes y se proceda a su posesión en los términos de ley».
La Sala reitera el criterio expuesto en las sentencias del 23 de marzo29, 1º de junio30 y 27
de julio de 202331 que, al resolver este mismo cargo, consideró lo siguiente: «Ahora, la
primera reunión plenaria de la Cámara de Representantes, fue diferente. Y en todo caso,
aun cuando se acreditara una irregularidad en la citación, porque aquella no fue efectuada
por la secretaría, no se advierte ningún nexo e incidencia del supuesto vicio, con la
reunión del 2 de agosto en la que resultó electa la señora Calderón Perdomo como
secretaria de la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes».
En los anteriores términos, este cargo será negado.
28 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 25 de mayo de 2023, rad. 11001-03-28-000-2022-00302-00, M.P.
Rocío Araujo Oñate; rad. 11001-03-28-000-2022-00186-00, sentencia del 27 de julio de 2023, M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra.
29 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 23 de marzo de 2023, rad. 11001-03-28-000-2022-00282-00, M.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio,
30 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 1º de junio de 2023, rad. 11001-03-28-000-2022-00315-00, M.P.
Rocío Araujo Oñate.
31 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 27 de julio de 2023, rad. 11001-03-28-000-2022-00186-00,
sentencia del 27 de julio de 2023, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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5.4. La falta de objeción al informe de la Comisión de Acreditación sobre el señor
Jaime Luis Lacouture Peñaloza
El demandante considera que el numeral segundo del artículo 135 de la Constitución
Política ordena que quien sea elegido para el cargo de Secretario General de la misma
corporación debe «reunir las mismas calidades señaladas para ser miembro de la
respectiva Cámara», por lo que, a su juicio, no se debe entender únicamente respecto de
las «calidades señaladas para ser miembro de la respectiva Cámara» sino también para
ser Secretario General de la Cámara de Representantes.
Asegura que la inhabilidad prevista en el numeral 2º del artículo 179 de la Constitución
Política es extensible a los candidatos al cargo de secretario general de la Cámara de
Representantes por reenvío normativo indirecto del numeral segundo del artículo 135
constitucional y, por estas razones, la acreditación que hizo la Comisión de Acreditación
del informe del señor Jaime Luis Lacouture Peñaloza fue ilegal, pues independientemente
de su renuncia ─21 de julio de 2022─ a la dignidad de magistrado del Consejo Nacional
Electoral, lo cierto fue que el señor Lacouture ejerció ese cargo durante los doce meses
anteriores a la elección.
En consecuencia, el señor Lacouture no cumplió con las calidades y exigencias para ser
designado en el cargo de Secretario General de la Cámara de Representantes y estaba
inhabilitado por haber sido empleado público con ejercicio de autoridad doce meses antes
de la elección.
En este orden, quien presidía la sesión plenaria del 21 de julio de 2022, debió objetar el
informe de acreditación según el procedimiento administrativo establecido en el inciso
segundo del artículo 6132 de la Ley 5ª de 1992, pero ello no sucedió y se configuró el
supuesto de «reunión del Congreso efectuada sin las condiciones constitucionales»
establecido en el artículo 149 de la Constitución Política cuya consecuencia prevista en
este mismo dispositivo es la carencia de validez y existencia de efecto alguno de los actos
realizados.
Al respecto, la Sala niega el cargo de expedición irregular del acto censurado por tres
razones: i) no se violó el artículo 61 de la Ley 5ª de 1992 en la medida que el presidente
de la Junta Preparatoria solo tenía la obligación de objetar los documentos si no los
hallaba constituidos en forma legal y, según los elementos de convicción acopiados, no
puede verificarse la mencionada irregularidad; ii) esta Sala33 ha insistido en varias
ocasiones en que no es posible censurar una elección con base en los argumentos de
32 Artículo 61. «Objeciones. Cuando el respectivo Presidente objetare los documentos por no hallarlos en la forma legal,
el Congresista a quien esa credencial se refiera no tendrá voz ni voto en las deliberaciones hasta tanto se haga claridad
en ello. // En tratándose de objeciones a otros documentos presentados, éstos se remitirán a la autoridad postulante
para que proceda a su corrección en el término de los ocho (8) días siguientes, o para que disponga el envío de
acreditación de quien ha de reemplazar».
33 Consejo de Estado, Sección Quinta, Auto del 3 de septiembre de 2020, rad. 11001-03-28-000-2020-00057-00. M.P.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; sentencia del 3 de febrero de 2022, rad. 11001-03-28-000-2021-00033-00. M.P.
Rocío Araújo Oñate; auto del 29 de julio de 2021, rad. 11001-03-28-000-2021-00031-00, M.P. Luis Alberto Álvarez
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expedición irregular de otra elección, razón por la cual no es un argumento válido para
atacar la legalidad del Acta de sesión plenaria 01 del 2 de agosto de 2022 de la Cámara
de Representantes que contiene la elección de la secretaria de la Comisión Cuarta
Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes; iii) en consonancia con lo
discurrido, se tiene que la designación del señor Jaime Luis Lacouture Peñaloza fue
objeto de un medio de control autónomo cuya sentencia se profirió el pasado 20 de abril
de 202334 y en la que se dijo que la inhabilidad deprecada en contra del funcionario no
se configuró y, en consecuencia, no se evidencia una transgresión al ordenamiento
jurídico.
En esa medida de acuerdo con lo señalado, no se violó el artículo 149 de la Constitución
Política con la causal de inhabilidad contenida en el artículo 179.2 y las exigencias del
artículo 135.2 Superior ni por transgresión del artículo 61 de la Ley 5ª de 1992. En
consecuencia, no hay lugar a declarar la prosperidad del cargo.
5.5. La elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes fue ilegal,
toda vez que no se sometió a discusión una proposición de aplazamiento del
representante a la Cámara Juan Carlos Lozada por la configuración de la
inhabilidad del señor Jaime Luis Lacouture Peñaloza
El demandante aseguró que la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes fue
indebidamente designada, teniendo en cuenta que se eligió sin estudiar la proposición de
aplazamiento propuesta por el representante Juan Carlos Lozada y porque la sesión
plenaria del 21 de julio de 2022 duró más de cuatro horas sin que se solicitara su
suspensión o prórroga.
Destacó que la proposición no fue considerada por la plenaria de la Cámara de
Representantes del 21 de julio de 2022 y no se presentó un fundamento para explicar
dicha omisión, en la medida en que si bien la decisión se sustentó en los artículos 107 y
110 de la Ley 5ª de 1992, esas normas no contenían ningún soporte normativo válido
para que la corporación no la discutiera, lo que transgredió el artículo 149 de la
Constitución Política.
Agregó, además, que se desconoció el artículo 83 de la Ley 5ª de 1992 35, en la medida
en que la sesión plenaria del 21 de julio de 2022 tuvo una duración mayor a 4 horas, sin
que ninguno de los participantes hubiera solicitado su suspensión o prórroga.
Al respecto, se advierte que el demandante atacó la legalidad de la elección de la
secretaria de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente de la Cámara de
Representantes en contraposición a la legalidad de la designación de la Mesa Directiva
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 20 de abril de 2023, M.P.
Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-28-000-2022-00169-00.
35 «Las sesiones plenarias durarán, al igual que en las Comisiones Permanentes, cuatro (4) horas a partir del momento
en que el Presidente las declare abiertas. La suspensión o prórroga, así como la declaratoria de sesión permanente,
requieren aprobación de la Corporación respectiva».
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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandada: Diana Marcela Morales Rojas
Secretaria de la Comisión Cuarta Constitucional
Permanente de la Cámara de Representantes
Rad.: 11001-03-28-000-2022-00313-00
de la Cámara de Representantes, aspecto frente al cual esta Sala 36 ha reiterado en
muchas ocasiones que «no es posible cuestionar la legalidad de una elección con
fundamento en presuntas irregularidades de un procedimiento eleccionario distinto al que
se encuentra bajo estudio».
Ahora, en la sentencia del 1º de junio de 202337 se manifestó que «aunque en la Sala se
ha permitido que la juridicidad de los actos electorales pueda ser cuestionada a la luz de
las anomalías acontecidas en los actos preparatorios, (…) [se] ha desestimado, por el
contrario, que el concepto de la violación pueda apoyarse en censuras que supongan el
análisis de legalidad de otros actos de elección, distintos al que se demanda, por lo que
no resulta procedente el cuestionamiento planteado».
Respecto a la supuesta vulneración alegada por el demandante, la Sala retomará los
mismos argumentos que se introdujeron en la sentencia del 1º de junio de 202338, en la
que se dijo que la Corte Constitucional39 y esta Sección40 han precisado que «los
congresistas tienen el derecho de presentar una proposición suspensiva, pero también
les asiste el deber de diligencia de formular una moción de orden para que se someta a
discusión lo que propusieron». En otras palabras, el representante Juan Carlos Lozada
«tenía la carga de, antes de que culminara la sesión, elevar la moción de orden para que
los demás representantes la discutieran y decidieran lo que correspondiera, sin embargo,
él no cumplió con ello y no se observa de qué manera esto afecte la legalidad de las
designaciones censuradas».
Por último, se precisó en el fallo del 1º de junio de 2023 que si bien el artículo 8341 de la
Ley 5ª de 1992 determina que las sesiones plenarias tendrán una duración de cuatro
horas, lo cierto es que no establece una prohibición expresa relacionada con que esas
reuniones no puedan durar más tiempo o una consecuencia de que si ello pasare lo
decidido resultaría inválido e ilegal.
36 Consejo de Estado, Sección Quinta, Auto del 3 de septiembre de 2020, rad. 11001-03-28-000-2020-00057-00. M.P.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; sentencia del 3 de febrero de 2022, rad. 11001-03-28-000-2021-00033-00. M.P.
Rocío Araújo Oñate; auto del 29 de julio de 2021, rad. 11001-03-28-000-2021-00031-00, M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra. Estas posturas están recogidas en el fallo del 1º de junio de 2023, rad. 11001-03-28-000-2022-00315-00, M.P.
Rocío Araujo Oñate.
37 Estas manifestaciones se han consignado en muchas otras decisiones en las que el demandante alega exactamente
lo mismo. V. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 1º de junio de 2023, rad. 11001-03-28-000-2022-00315-
00, M.P. Rocío Araujo Oñate.
38 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 1º de junio de 2023, rad. 11001-03-28-000-2022-00315-00, M.P.
Rocío Araujo Oñate.
39 Al respecto, consultar Corte Constitucional sentencias C-1040 de 2005 y C-168 de 2012.
40 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 23 de marzo de 2023, rad. 11001-03-28-000-2022-00282-00, M.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio.
41 Artículo 83. «Día, hora y duración. Todos los días de la semana, durante el período de sesiones, son hábiles para
las reuniones de las Cámaras Legislativas y sus Comisiones, de acuerdo con el horario que señalen las respectivas
Mesas Directivas. // Los días miércoles de cada semana se procederá a la votación de los proyectos de ley o de acto
legislativo cuya discusión estuviere cerrada y sometida a consideración de las plenarias. No obstante, los demás días
serán igualmente hábiles para adoptar se tales decisiones, siempre que mediare una citación oportuna y expresa a
cada uno de los integrantes de la respectiva Corporación legislativa. // Las sesiones plenarias durarán, al igual que en
las Comisiones Permanentes, cuatro (4) horas a partir del momento en que el Presidente (sic) las declare abiertas. La
suspensión o prórroga, así como la declaratoria de sesión permanente, requieren aprobación de la Corporación
respectiva. //Las sesiones de las Comisiones se verificarán en horas distintas de las plenarias de la Cámara
respectiva».
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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandada: Diana Marcela Morales Rojas
Secretaria de la Comisión Cuarta Constitucional
Permanente de la Cámara de Representantes
Rad.: 11001-03-28-000-2022-00313-00
Siguiendo la postura uniformemente trazada por la Sección, «se advierte que este
cuestionamiento es un formalismo que el demandante quiere mostrar como una
transgresión trascendental del ordenamiento jurídico, pero lo cierto es que no es lógico
que se asegure que un acto es inválido e ilegal por el hecho de que los congresistas
trabajen más del tiempo previsto en una disposición normativa».
En los anteriores términos, la Sala niega el cargo formulado por el demandante.
5.6. La carencia de validez de la elección de las comisiones constitucionales,
legales y especiales de la Cámara de Representantes es inválida por no votarse
una solicitud de aplazamiento de la sesión plenaria del 2 de agosto de 2022 elevada
por el representante a la Cámara Alfredo Mondragón Garzón
El actor aseguró que las comisiones constitucionales, legales y especiales de la Cámara
de Representantes fueron indebidamente elegidas, debido a que antes de llevar a cabo
dicha votación no se tramitó la proposición de aplazamiento formulada por el
representante Alfredo Mondragón Garzón, quien, en síntesis, había solicitado que no se
llevara a cabo la elección de la Comisión de Acusaciones, porque quería hacer parte de
ella y su nombre no había sido incluido en la lista.
En la sesión del 2 de agosto de 2022, el congresista indicó lo siguiente: «Por tanto, le
pido al presidente de la Cámara, al doctor David Racero, que excluya de la votación, hoy,
la Comisión de Acusaciones para hasta cuando no haya un acuerdo sobre el tema a
menos que decidan aplastarme en ese momento y sacarme de un plumazo como lo están
haciendo, pero solicitaría de manera respetuosa que se aplace la Comisión de
Acusaciones para que después podamos tener un acuerdo sobre el tema y que no
nos aparezca sorpresas de estas» ─se destaca─.
Acontecimiento que, a juicio del actor, constituye una proposición suspensiva «frente a la
cual el numeral 3 del artículo 114 de la Ley 5ª de 1992 exige discutir y resolver
´separadamente de la principal y con prelación a cualquiera otra que no sea de sesión
permanente´».
Sobre el particular, la Sala en aras de guardar coherencia en la formación de las
decisiones judiciales tomará el criterio de interpretación expuesto en la sentencia del 23
de marzo y replicado en la sentencia del 1º de junio de 202342 que, al resolver este mismo
cargo, consideró:
[A]l respecto, coincide la Sala con la intervención de la demandada al precisar que, en
el Acta 4 de la plenaria de la Cámara de Representantes, publicada en la Gaceta del
Congreso 1023, el representante Alfredo Mondragón Garzón sí radicó la proposición
suspensiva, explicó el contenido de la misma, pero no realizó moción de orden. Ante la
42 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 23 de marzo de 2023, 11001-03-28-000-2022-00282-00, M.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia del 1º de junio de 2023, rad. 11001-03-28-000-2022-00315-00, M.P. Rocío
Araujo Oñate.
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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
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Rad.: 11001-03-28-000-2022-00313-00
ausencia de dicho llamado, no puede derivarse una consecuencia de invalidez de lo
actuado con posterioridad, por las siguientes razones.
En efecto, la Corte Constitucional mediante sentencia C-168 de 2012 precisó sobre el
debate parlamentario, lo siguiente:
“[s]i bien el Reglamento del Congreso reconoce el derecho de los congresistas a formular
proposiciones y a que las mismas se sometan a consideración de la Comisión o Plenaria
respectiva, ello no significa que su sola radicación exima al parlamentario de su deber
de diligencia inherente al trámite de la proposición, en especial, cuando se trata de
propuestas de artículos que no fueron incluidos en el texto publicado y del cual se rindió
ponencia.” Agregó que “(…) el citado deber de diligencia se manifiesta no sólo en la
obligación de radicar la proposición y explicar su contenido, sino también en solicitar,
antes de la culminación y votación del proyecto, su sometimiento a discusión y decisión
mediante una moción de orden”43
Por lo tanto, aun cuando el representante Alfredo Mondragón Garzón haya radicado la
proposición suspensiva y explicó el contenido de la misma, no realizó una moción de
orden, motivo por el cual no se cumplió con el deber de diligencia en el trámite de la
proposición y, por lo tanto, su no discusión no es suficiente para afectar la validez del
trámite realizado por la Cámara de Representantes en dicha sesión.
En el presente proceso se observa que el representante Alfredo Mondragón Garzón no
promovió la moción de orden que le correspondía en cumplimiento de su «deber de
diligencia» y, por ende, no se tramitó la proposición que formuló, en consecuencia, no se
configuró la irregularidad alegada por el demandante.
5.7. La indebida elección de las comisiones constitucionales, legales y especiales
de la Cámara de Representantes, por no haberse cerrado la discusión sobre una
proposición de aplazamiento de la sesión plenaria del 2 de agosto de 2022
El 2 de agosto de 2022, la plenaria de la Cámara de Representantes eligió las respectivas
comisiones; no obstante, a juicio del demandante, dicha sesión careció de validez «al
haberse abierto el registro de la votación sin haber sido cerrada la discusión sobre la
proposición motivo de esta», correspondiente a la composición de Comisiones
Constitucionales, Legales y Especiales de la Cámara ─artículo 115.4 de la Ley 5 de
1992─.
Al respecto, el actor manifestó que, de acuerdo con la citada norma, para dar inicio a una
votación del Congreso de la República se requiere previamente que esté «cerrada la
discusión» sobre la proposición a votar, pero que, en el caso concreto, «al haber dicho el
asumido secretario de la Plenaria del 2 de agosto de 2022 ´se abre el registro señor
presidente´ antes de haber indicado el Presidente (sic) de la misma el cierre de la
discusión sobre la proposición de composición de comisiones constitucionales, legales y
especiales de la Cámara», el mencionado precepto fue transgredido.
Por esta razón, a su juicio, se configura el supuesto de «reunión del Congreso efectuada
sin las condiciones constitucionales» establecido en el artículo 149 de la Constitución
43 Ob. Cit. “Sobre el particular también se pronunció la Corte Constitucional en sentencia C-1040 de 2005”
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Política cuya consecuencia estipulada en ese mismo artículo es la carencia de validez de
los actos realizados.
La Sala retoma los argumentos expuestos en el anterior cargo en el sentido de que, si el
representante Alfredo Mondragón Garzón no formuló la moción de orden, no había
proposición susceptible de ser tramitada y, por esta razón, este cargo tampoco está
llamado a prosperar.
6. Conclusión
Los cargos formulados por el demandante no evidenciaron la nulidad de la elección
censurada y, por lo tanto, se niegan las pretensiones de la demanda.
Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad electoral propuesta
contra el acto de elección de la señora Diana Marcela Morales Rojas como secretaria de
la Comisión Cuarta Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes,
contenido en el Acta de sesión plenaria 01 del 2 de agosto de 2022 de la Cámara de
Representantes, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.
TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede
ningún recurso.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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